La inmensa mayoría de la población asiste azorada y confundida a una pelea entre dos polos capitalistas, que los trabajadores ya están pagando con desabastecimiento y que pagarán con una mayor carestía cuando terminen transando en esta pulseada.
El capital agrario quiere una rebaja de retenciones a las exportaciones, que le permita, en especial a los grandes pulpos, acaparar una mayor parte de la renta que genera el alza fenomenal de los precios internacionales.
Al mismo tiempo, ese capital sabotea el pago del impuesto inmobiliario, mediante la evasión y la valuación fraudulenta de sus campos.
El gobierno no acepta el reclamo sobre las retenciones con el argumento de que necesita mantener su política de devaluación del peso, para premiar a los pulpos exportadores automotrices, siderúrgicos, pesqueros, mineros, petroleros, vitivinícolas, citrícolas y de todo otro tipo.
Se trata de una pugna al interior de la clase capitalista, que en cualquier caso derivará en una mayor carestía, que perjudicará, por sobre todo, a los obreros de la industria y del campo, y a la clase media trabajadora.
La Federación Agraria Argentina, cuyo lejano pasado la identifica como representante de los chacareros que luchaban contra los terratenientes, ha hecho en esta ocasión un frente único con ellos y con el conjunto del capital agro-financiero-exportador.
Numerosas organizaciones de izquierda se han adherido a esta alianza esgrimiendo la coartada de que defienden a los pequeños productores.
La CGT, la CTA y otras tendencias populares han elegido ponerse del lado del gobierno que entrega el petróleo; impone topes salariales por debajo de la inflación y no cumple con el 82 por ciento móvil; tiene un pacto empresarial con los grupos mineros y con los que depredan la riqueza pesquera, y también con saqueadores confesos como Taselli o con los amigos del matrimonio que son capitalistas del juego; que defiende a muerte a los pulpos como Techint y los ‘sobreprecios’; ataca y reprime a los docentes y a los trabajadores del subte, del Casino, del Hospital Francés, de Parmalat y tantos otros.
Se ponen del lado del gobierno de Telefónica y Telecom, que superexplotan a los jóvenes de los ‘call center’, pero en cuyo capital se encuentran amigos del oficialismo como Werthein – uno de los principales terratenientes de Argentina.
Es el gobierno de los Eskenazi (Repsol), Elsztain (del pulpo agrario Cresud), Roggio (de Metrovías); Urquía (de la agro-industrial-exportadora Aceitera General Deheza).Es el gobierno de Grobocopatel, compañero de viaje de negocios del matrimonio presidencial. Es el gobierno de la 4 x 4 con la que el ex ministro pingüino Varizat atropelló a las maestras y maestros de Río Gallegos.
¿Puede defender al pueblo un gobierno que defiende con encarnizamiento estos intereses?
La CGT y la CTA se ponen del lado del gobierno que continúa permitiendo que la valuación fiscal de los campos, sobre la que se pagan los impuestos inmobiliarios, sea ochenta veces inferior al precio de mercado de la hectárea de tierra.
La CGT y la CTA llaman a una movilización en apoyo a este gobierno de la gran patronal, movilización que nunca realizaron para luchar contra los techos salariales, por la abolición del trabajo en negro, por el 82% móvil para los jubilados, o el fin de la flexibilidad laboral.
Los obreros no tienen nada para ganar con esta movilización, pero sí mucho para perder, porque al final el gobierno de la entrega minera y la inflación acabará pactando con el gran capital agrario sobre las espaldas de los trabajadores.
Denunciamos que lo que ocurre es un conflicto al interior de la clase capitalista.
Nuestro planteo es:
Nacionalización de los grandes capitales que controlan el 50 por ciento de las tierras y de la producción agraria, y el 90 por ciento del comercio exterior, para impulsar una política de poblamiento agrario en beneficio de chacareros y obreros del campo.
Nacionalización del comercio exterior y de los puertos privados, por donde se contrabandea la producción de Argentina y se evaden miles de millones de pesos.
Defensa del obrero rural: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, control obrero de las condiciones de trabajo y garantía anual de sus ingresos.
Nacionalización de la minería y del petróleo y enjuiciamiento a las camarillas gubernamentales que se han asociado a ellas en las provincias mineras y petroleras.
Eliminación de todos los impuestos al consumo, por impuestos elevados y progresivos a las ganancias y rentas de los grandes capitalistas.
La crisis presente demuestra que se necesita una reorganización del país sobre nuevas bases sociales y políticas.
La salida es obrera, popular y socialista.
Jorge Altamira
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REGIONAL CÓRDOBA
31 de marzo de 2008
29 de marzo de 2008
Nuevo discurso presidencial: Un gobierno a la deriva
La Presidenta de la Nación llamó “al diálogo con el campo”, pero su discurso dejó traslucir que no tiene ninguna salida para la crisis. No puede resignar el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias sin correr el riesgo de producir una crisis fiscal y aumentar las presiones inflacionarias. Lo prueba el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que pretende extender el impuesto a los ingresos brutos, que terminan pagando los consumidores. El estado bonaerense prevé un déficit fiscal de cinco mil millones de pesos para 2008. Una derogación de la movilidad de las retenciones sería una concesión a los especuladores que intervienen en los mercados de futuro, pero no significaría nada para el capital agropecuario, sea grande o pequeño. La propuesta de ofrecer subsidios a los denominados chacareros tampoco ofrece una perspectiva, porque estos no resignarían el reclamo de un mayor precio a cambio de una contraprestación estatal, en especial luego que la presente crisis desencadenara una ruptura política entre las clases propietarias del campo y el gobierno. La ‘solución’ que han pergeñado Lavagna y la UIA – devaluar aún más el peso, hasta 3.50 – para compensar el mantenimiento de las retenciones, no solamente es inviable, llevaría a Argentina a la catástrofe.
Las declaraciones del jefe de impuestos bonaerense, que señaló que la valuación fiscal inmobiliaria de la provincia es ochenta veces inferior al precio de la tierra, muestra la única salida que no consideró la Presidenta: una reformulación integral del sistema impositivo, que grave en forma elevada y progresiva la renta agraria y la ganancia comercial, industrial y bancaria, poniendo fin a la exacción fiscal de los trabajadores, que, entre los diversos impuestos al consumo, dejan en la AFIP el 35 a 40 por ciento de los salarios.
El impasse oficial no podría ser más completo, en especial si se tiene en cuenta que el gobierno, para mantener el subsidio a los exportadores, gasta cuatro mil millones de dólares anuales en arrinconar divisas en el Banco Central, que son desviadas de las inversiones productivas. A esto hay que agregar la crisis fiscal de las provincias, lo que reabre la discusión por la coparticipación de las retenciones y del impuesto al cheque, y el aumento sideral de la deuda externa -15.000 millones de dólares – como resultado de la indexación de la parte de ella que está nominada en pesos. La crisis en curso no es ‘puntual’, es de conjunto – el parate agrario es simplemente la punta del témpano, doblemente importante porque nace de los beneficiarios del sistema económico actual. La crisis que se ha abierto plantea una reorganización fiscal y social de conjunto; los parches acentúan el callejón sin salida).
El llamado de la Presidente “al diálogo” expresa la ruptura del frente agrario oficialista con el gobierno – como lo revela el apoyo de los terratenientes Grobocopatel y Reuteman al paro y a sus reclamos, y el trascendido de que lo mismo plantea el diputado Urquía, empresario de la Aceitera General Deheza. Otra manifestación de esta ruptura son las declaraciones de apoyo al parate agrario por parte gobernadores e intendentes peronistas, y de otros gobernadores e intendentes que venían oficiando de compañeros de ruta del gobierno. Un sector de la burocracia sindical oficial (Uatre, sindicato de la carne) ha hecho causa común con el paro, ignorando por completo las condiciones brutales de superexplotación de la clase obrera agraria. Incluso la Asociación patronal metalúrgica ha salido a apoyar el parate agrario. No hace falta decir que una reducción de las retenciones, que es el reclamo de las entidades patronales del agro, acentuará la carestía para los consumidores, que ya soportan una inflación del 25 por ciento en los precios. La presente crisis constituye un enfrentamiento al interior de la clase capitalista dominante, debido a que han estallado las contradicciones de la política oficial.
Los sectores más concentrados de la cadena agraria, acompañados por la NACION, Clarín, Ámbito, Cronista, la Bolsa de Cereales, la UIA, la Iglesia y los partidos opositores han salido a reclamar la aceptación del ‘diálogo’ para llegar a un compromiso con el gobierno en torno a la movilidad de las retenciones, y rompiendo con los chacareros autoconvocados y los de la Federación Agraria y CRA. La resistencia agraria es más intensa allí donde las condiciones para la sojización son más difíciles, como por ejemplo el centro oeste bonaerense, y alli donde la sojización expulsó a mayor cantidad de capitalistas medios. El bloque agrario va camino a una diferenciación política interna, que ulteriormente podría llevar a formar un gran bloque de obreros y chacareros, pero no con un programa de reducción de retenciones (que pagarían los consumidores) sino con un programa que ponga fin a la dominación de los grandes terratenientes y de los pulpos agrofinancieros.
El impasse de la política económica oficial en su conjunto no puede ser disimulado con invocaciones a los derechos humanos, cuando menos del 1 por ciento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad se encuentran en una instancia avanzada de enjuiciamiento, o cuando la desaparición de Jorge Julio López, o la ‘extraña’ muerte de represores para que no presten testimonio siguen sin clarificarse. La Presidente no parece haber registrado los atropellos y encubrimientos en las comisarías, ni tampoco parece recordar que envió a la gendarmería contra los trabajadores docentes, petroleros y mineros de la provincia que gobernó su marido.
El acto en Parque Norte convalidó los atropellos de los piquetruchos oficialistas, que no movieron nunca más de doscientas personas. El ‘odio a la oligarquía” con que se han justificado estas acciones, está desmentido por las ganancias sin precedentes que ha obtenido esta oligarquía como resultado de la política oficial. Basta ver las cuentas de los grandes pulpos agrarios y de las multinacionales del automóvil, del vino, de la minería y del petróleo, y las igualmente enormes de la ‘burguesía nacional’ que maneja la siderurgia, los olivares, el azúcar, los cítricos, el tabaco, la pesca o los bancos, e incluso los pulpos agrarios que son subsidiados para que produzcan biocombustibles.
El ‘odio a la oligarquía’ disimula que, en palabras del sabueso Montoya, la oligarquía bonaerense paga ochenta veces menos de lo que le corresponde el impuesto inmobiliario rural, e incluso evade lo que debería pagar sobre la base de las irrisorias valuaciones fiscales actuales. Contrariamente a esto, los índices de pobreza han vuelto a aumentar, en medio de la ‘prosperidad’, debido al que crecimiento de los precios minoristas.
Llamamos a la izquierda a plantarse en esta crisis con una posición independiente. A caracterizar la crisis de conjunto del régimen actual y a señalar frente a ella una salida estratégica: la reorganización social del país sobre bases socialistas. A partir de esto la llamamos a plantear la abolición de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos elevados y progresivos a las ganancias capitalistas y a la renta agraria, y a oponer a los planteos sin salida del gobierno y de los capitalistas agrarios, la nacionalización de los grandes latifundios que cubren el 50 por ciento de la superficie agraria productiva, para iniciar un programa de arrendamientos en beneficio de los chacareros y de explotación pública directa. A plantear la nacionalización de los puertos privados, por donde se contrabandea y se evade fiscalmente gran parte de las exportaciones agrarias, y del comercio exterior en su conjunto, y del sistema bancario. A plantear, por sobre todo, la defensa de los obreros agrícolas – por la formación de cuerpos de delegados y comisiones internas en todos los campos y fincas. Con estas medidas se podrá concentrar el ahorro nacional para aplicarlo a un programa de reindustrialización integral y a superar el déficit gigantesco de la infraestructura habitacional, sanitaria y educativa.
Jorge Altamira
Las declaraciones del jefe de impuestos bonaerense, que señaló que la valuación fiscal inmobiliaria de la provincia es ochenta veces inferior al precio de la tierra, muestra la única salida que no consideró la Presidenta: una reformulación integral del sistema impositivo, que grave en forma elevada y progresiva la renta agraria y la ganancia comercial, industrial y bancaria, poniendo fin a la exacción fiscal de los trabajadores, que, entre los diversos impuestos al consumo, dejan en la AFIP el 35 a 40 por ciento de los salarios.
El impasse oficial no podría ser más completo, en especial si se tiene en cuenta que el gobierno, para mantener el subsidio a los exportadores, gasta cuatro mil millones de dólares anuales en arrinconar divisas en el Banco Central, que son desviadas de las inversiones productivas. A esto hay que agregar la crisis fiscal de las provincias, lo que reabre la discusión por la coparticipación de las retenciones y del impuesto al cheque, y el aumento sideral de la deuda externa -15.000 millones de dólares – como resultado de la indexación de la parte de ella que está nominada en pesos. La crisis en curso no es ‘puntual’, es de conjunto – el parate agrario es simplemente la punta del témpano, doblemente importante porque nace de los beneficiarios del sistema económico actual. La crisis que se ha abierto plantea una reorganización fiscal y social de conjunto; los parches acentúan el callejón sin salida).
El llamado de la Presidente “al diálogo” expresa la ruptura del frente agrario oficialista con el gobierno – como lo revela el apoyo de los terratenientes Grobocopatel y Reuteman al paro y a sus reclamos, y el trascendido de que lo mismo plantea el diputado Urquía, empresario de la Aceitera General Deheza. Otra manifestación de esta ruptura son las declaraciones de apoyo al parate agrario por parte gobernadores e intendentes peronistas, y de otros gobernadores e intendentes que venían oficiando de compañeros de ruta del gobierno. Un sector de la burocracia sindical oficial (Uatre, sindicato de la carne) ha hecho causa común con el paro, ignorando por completo las condiciones brutales de superexplotación de la clase obrera agraria. Incluso la Asociación patronal metalúrgica ha salido a apoyar el parate agrario. No hace falta decir que una reducción de las retenciones, que es el reclamo de las entidades patronales del agro, acentuará la carestía para los consumidores, que ya soportan una inflación del 25 por ciento en los precios. La presente crisis constituye un enfrentamiento al interior de la clase capitalista dominante, debido a que han estallado las contradicciones de la política oficial.
Los sectores más concentrados de la cadena agraria, acompañados por la NACION, Clarín, Ámbito, Cronista, la Bolsa de Cereales, la UIA, la Iglesia y los partidos opositores han salido a reclamar la aceptación del ‘diálogo’ para llegar a un compromiso con el gobierno en torno a la movilidad de las retenciones, y rompiendo con los chacareros autoconvocados y los de la Federación Agraria y CRA. La resistencia agraria es más intensa allí donde las condiciones para la sojización son más difíciles, como por ejemplo el centro oeste bonaerense, y alli donde la sojización expulsó a mayor cantidad de capitalistas medios. El bloque agrario va camino a una diferenciación política interna, que ulteriormente podría llevar a formar un gran bloque de obreros y chacareros, pero no con un programa de reducción de retenciones (que pagarían los consumidores) sino con un programa que ponga fin a la dominación de los grandes terratenientes y de los pulpos agrofinancieros.
El impasse de la política económica oficial en su conjunto no puede ser disimulado con invocaciones a los derechos humanos, cuando menos del 1 por ciento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad se encuentran en una instancia avanzada de enjuiciamiento, o cuando la desaparición de Jorge Julio López, o la ‘extraña’ muerte de represores para que no presten testimonio siguen sin clarificarse. La Presidente no parece haber registrado los atropellos y encubrimientos en las comisarías, ni tampoco parece recordar que envió a la gendarmería contra los trabajadores docentes, petroleros y mineros de la provincia que gobernó su marido.
El acto en Parque Norte convalidó los atropellos de los piquetruchos oficialistas, que no movieron nunca más de doscientas personas. El ‘odio a la oligarquía” con que se han justificado estas acciones, está desmentido por las ganancias sin precedentes que ha obtenido esta oligarquía como resultado de la política oficial. Basta ver las cuentas de los grandes pulpos agrarios y de las multinacionales del automóvil, del vino, de la minería y del petróleo, y las igualmente enormes de la ‘burguesía nacional’ que maneja la siderurgia, los olivares, el azúcar, los cítricos, el tabaco, la pesca o los bancos, e incluso los pulpos agrarios que son subsidiados para que produzcan biocombustibles.
El ‘odio a la oligarquía’ disimula que, en palabras del sabueso Montoya, la oligarquía bonaerense paga ochenta veces menos de lo que le corresponde el impuesto inmobiliario rural, e incluso evade lo que debería pagar sobre la base de las irrisorias valuaciones fiscales actuales. Contrariamente a esto, los índices de pobreza han vuelto a aumentar, en medio de la ‘prosperidad’, debido al que crecimiento de los precios minoristas.
Llamamos a la izquierda a plantarse en esta crisis con una posición independiente. A caracterizar la crisis de conjunto del régimen actual y a señalar frente a ella una salida estratégica: la reorganización social del país sobre bases socialistas. A partir de esto la llamamos a plantear la abolición de todos los impuestos al consumo y el establecimiento de impuestos elevados y progresivos a las ganancias capitalistas y a la renta agraria, y a oponer a los planteos sin salida del gobierno y de los capitalistas agrarios, la nacionalización de los grandes latifundios que cubren el 50 por ciento de la superficie agraria productiva, para iniciar un programa de arrendamientos en beneficio de los chacareros y de explotación pública directa. A plantear la nacionalización de los puertos privados, por donde se contrabandea y se evade fiscalmente gran parte de las exportaciones agrarias, y del comercio exterior en su conjunto, y del sistema bancario. A plantear, por sobre todo, la defensa de los obreros agrícolas – por la formación de cuerpos de delegados y comisiones internas en todos los campos y fincas. Con estas medidas se podrá concentrar el ahorro nacional para aplicarlo a un programa de reindustrialización integral y a superar el déficit gigantesco de la infraestructura habitacional, sanitaria y educativa.
Jorge Altamira
28 de marzo de 2008
LA SALIDA ES OBRERA Y SOCIALISTA
ANTE LA CRISIS COMPLETA DEL REGIMEN
Cristina Kirchner ha logrado con su discurso del martes lo que solamente De la Rúa había conseguido antes de ella: suscitar una rebelión popular.
La Presidenta ataca el paro de los grandes pulpos y pequeños y medianos productores agropecuarios desde la ‘caja' de De Vido, los fondos de Santa Cruz, la reprivatización de YPF y la creciente entrega del petróleo; desde los sobreprecios de Skanska, la 4x4 que Varizat tiró contra los docentes de su provincia y el pago de la deuda externa con la plata de la Anses; desde una inflación imparable, techos salariales y, por último, desde las patotas de la burocracia que ella ungió como sus aliadas, que van al ataque de los trabajadores que luchan, o desde los piquetruchos como D'Elía, que encubren las fechorías del oficialismo.
El paro agropecuario expresa el agotamiento definitivo de la política de devaluación monetaria, que según la misma Presidenta enriqueció a los grandes exportadores.
Pero no sólo a los agrarios, sino también a los automotrices, mineros, petroleros y siderúrgicos.
Y no sólo a ellos, sino a los punteros del oficialismo que manejan los subsidios del transporte, del gas, de la luz y de los grandes negociados de obras públicas.
Ahora estamos ante una lucha por el reparto de la renta económica entre diversos sectores capitalistas, cuyas consecuencias las paga el pueblo con carestía y superexplotación.
La Federación Agraria Argentina e incluso muchos chacareros autoconvocados han desvirtuado el carácter independiente de su lucha al aliarse con la Sociedad Rural y con los pulpos agrofinancieros, que serán los mayores beneficiarios de la reivindicación de suspender los aumentos de las retenciones a las exportaciones.
Los pulpos y los terratenientes tienen valuaciones fiscales irrisorias, que han conservado hasta el presente gracias a los Kirchner, los Scioli, los Schiaretti o los Binner.
La oligarquía está presente en los dos lados de la trinchera: los kirchneristas Cresud, Werthein, Urquía, Grobocopatel son grandes latifundistas y agroexportadores.
La Sociedad Rural y los grandes bancos sustentan, en América Latina, la ofensiva de Bush contra los procesos populares o de liberación nacional.
El componente popular de los cortes de ruta agrarios está desnaturalizado por la dirección política y los reclamos del movimiento: bajar las retenciones, que son los de la gran propiedad capitalista agraria.
El Partido Obrero destaca, en esta crisis, el derrumbe completo de la política económica oficial, que es también una expresión de la crisis capitalista mundial.
El gobierno kirchnerista acabará cediendo en toda la línea a las exigencias de los grandes intereses agrarios.
La salida a este derrumbe no pasa por tomar partido por cuál sector capitalista se queda con el fruto del trabajo de la clase obrera y de los productores independientes.
Pasa por impulsar la nacionalización de la gran propiedad agraria y su arrendamiento a los chacareros necesitados de tierra y al servicio del poblamiento agrario, o por la explotación pública directa por los obreros del campo.
Pasa por la nacionalización del comercio exterior y por sobre todo de los puertos privados (por donde los grandes pulpos contrabandean la exportación sin pagar retenciones), bajo control de productores y obreros, para asegurar que los beneficios de la producción sirvan a la industrialización agraria y a superar las grandes carencias sociales.
Ante la crisis abierta llamamos a los trabajadores a no permitir que la burocracia siga manejando las paritarias y a intervenir en ellas para imponer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el fin de la flexibilización laboral.
Se ha abierto una crisis de largo alcance, económica, pero por sobre todo, política. El nacionalismo burgués concluye en un fracaso. El gobierno matrimonial está definitivamente hipotecado. Impulsemos una alternativa obrera y socialista.
Cristina Kirchner ha logrado con su discurso del martes lo que solamente De la Rúa había conseguido antes de ella: suscitar una rebelión popular.
La Presidenta ataca el paro de los grandes pulpos y pequeños y medianos productores agropecuarios desde la ‘caja' de De Vido, los fondos de Santa Cruz, la reprivatización de YPF y la creciente entrega del petróleo; desde los sobreprecios de Skanska, la 4x4 que Varizat tiró contra los docentes de su provincia y el pago de la deuda externa con la plata de la Anses; desde una inflación imparable, techos salariales y, por último, desde las patotas de la burocracia que ella ungió como sus aliadas, que van al ataque de los trabajadores que luchan, o desde los piquetruchos como D'Elía, que encubren las fechorías del oficialismo.
El paro agropecuario expresa el agotamiento definitivo de la política de devaluación monetaria, que según la misma Presidenta enriqueció a los grandes exportadores.
Pero no sólo a los agrarios, sino también a los automotrices, mineros, petroleros y siderúrgicos.
Y no sólo a ellos, sino a los punteros del oficialismo que manejan los subsidios del transporte, del gas, de la luz y de los grandes negociados de obras públicas.
Ahora estamos ante una lucha por el reparto de la renta económica entre diversos sectores capitalistas, cuyas consecuencias las paga el pueblo con carestía y superexplotación.
La Federación Agraria Argentina e incluso muchos chacareros autoconvocados han desvirtuado el carácter independiente de su lucha al aliarse con la Sociedad Rural y con los pulpos agrofinancieros, que serán los mayores beneficiarios de la reivindicación de suspender los aumentos de las retenciones a las exportaciones.
Los pulpos y los terratenientes tienen valuaciones fiscales irrisorias, que han conservado hasta el presente gracias a los Kirchner, los Scioli, los Schiaretti o los Binner.
La oligarquía está presente en los dos lados de la trinchera: los kirchneristas Cresud, Werthein, Urquía, Grobocopatel son grandes latifundistas y agroexportadores.
La Sociedad Rural y los grandes bancos sustentan, en América Latina, la ofensiva de Bush contra los procesos populares o de liberación nacional.
El componente popular de los cortes de ruta agrarios está desnaturalizado por la dirección política y los reclamos del movimiento: bajar las retenciones, que son los de la gran propiedad capitalista agraria.
El Partido Obrero destaca, en esta crisis, el derrumbe completo de la política económica oficial, que es también una expresión de la crisis capitalista mundial.
El gobierno kirchnerista acabará cediendo en toda la línea a las exigencias de los grandes intereses agrarios.
La salida a este derrumbe no pasa por tomar partido por cuál sector capitalista se queda con el fruto del trabajo de la clase obrera y de los productores independientes.
Pasa por impulsar la nacionalización de la gran propiedad agraria y su arrendamiento a los chacareros necesitados de tierra y al servicio del poblamiento agrario, o por la explotación pública directa por los obreros del campo.
Pasa por la nacionalización del comercio exterior y por sobre todo de los puertos privados (por donde los grandes pulpos contrabandean la exportación sin pagar retenciones), bajo control de productores y obreros, para asegurar que los beneficios de la producción sirvan a la industrialización agraria y a superar las grandes carencias sociales.
Ante la crisis abierta llamamos a los trabajadores a no permitir que la burocracia siga manejando las paritarias y a intervenir en ellas para imponer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el fin de la flexibilización laboral.
Se ha abierto una crisis de largo alcance, económica, pero por sobre todo, política. El nacionalismo burgués concluye en un fracaso. El gobierno matrimonial está definitivamente hipotecado. Impulsemos una alternativa obrera y socialista.
ANTE LA CRISIS COMPLETA DEL REGIMEN
LA SALIDA ES OBRERA Y SOCIALISTA
Cristina Kirchner ha logrado con su discurso del martes lo que solamente De la Rúa había conseguido antes de ella: suscitar una rebelión popular.
La Presidenta ataca el paro de los grandes pulpos y pequeños y medianos productores agropecuarios desde la ‘caja' de De Vido, los fondos de Santa Cruz, la reprivatización de YPF y la creciente entrega del petróleo; desde los sobreprecios de Skanska, la 4x4 que Varizat tiró contra los docentes de su provincia y el pago de la deuda externa con la plata de la Anses; desde una inflación imparable, techos salariales y, por último, desde las patotas de la burocracia que ella ungió como sus aliadas, que van al ataque de los trabajadores que luchan, o desde los piquetruchos como D'Elía, que encubren las fechorías del oficialismo.
El paro agropecuario expresa el agotamiento definitivo de la política de devaluación monetaria, que según la misma Presidenta enriqueció a los grandes exportadores.
Pero no sólo a los agrarios, sino también a los automotrices, mineros, petroleros y siderúrgicos.
Y no sólo a ellos, sino a los punteros del oficialismo que manejan los subsidios del transporte, del gas, de la luz y de los grandes negociados de obras públicas.
Ahora estamos ante una lucha por el reparto de la renta económica entre diversos sectores capitalistas, cuyas consecuencias las paga el pueblo con carestía y superexplotación.
La Federación Agraria Argentina e incluso muchos chacareros autoconvocados han desvirtuado el carácter independiente de su lucha al aliarse con la Sociedad Rural y con los pulpos agrofinancieros, que serán los mayores beneficiarios de la reivindicación de suspender los aumentos de las retenciones a las exportaciones.
Los pulpos y los terratenientes tienen valuaciones fiscales irrisorias, que han conservado hasta el presente gracias a los Kirchner, los Scioli, los Schiaretti o los Binner.
La oligarquía está presente en los dos lados de la trinchera: los kirchneristas Cresud, Werthein, Urquía, Grobocopatel son grandes latifundistas y agroexportadores.
La Sociedad Rural y los grandes bancos sustentan, en América Latina, la ofensiva de Bush contra los procesos populares o de liberación nacional.
El componente popular de los cortes de ruta agrarios está desnaturalizado por la dirección política y los reclamos del movimiento: bajar las retenciones, que son los de la gran propiedad capitalista agraria.
El Partido Obrero destaca, en esta crisis, el derrumbe completo de la política económica oficial, que es también una expresión de la crisis capitalista mundial.
El gobierno kirchnerista acabará cediendo en toda la línea a las exigencias de los grandes intereses agrarios.
La salida a este derrumbe no pasa por tomar partido por cuál sector capitalista se queda con el fruto del trabajo de la clase obrera y de los productores independientes.
Pasa por impulsar la nacionalización de la gran propiedad agraria y su arrendamiento a los chacareros necesitados de tierra y al servicio del poblamiento agrario, o por la explotación pública directa por los obreros del campo.
Pasa por la nacionalización del comercio exterior y por sobre todo de los puertos privados (por donde los grandes pulpos contrabandean la exportación sin pagar retenciones), bajo control de productores y obreros, para asegurar que los beneficios de la producción sirvan a la industrialización agraria y a superar las grandes carencias sociales.
Ante la crisis abierta llamamos a los trabajadores a no permitir que la burocracia siga manejando las paritarias y a intervenir en ellas para imponer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el fin de la flexibilización laboral.
Se ha abierto una crisis de largo alcance, económica, pero por sobre todo, política. El nacionalismo burgués concluye en un fracaso. El gobierno matrimonial está definitivamente hipotecado. Impulsemos una alternativa obrera y socialista.
Cristina Kirchner ha logrado con su discurso del martes lo que solamente De la Rúa había conseguido antes de ella: suscitar una rebelión popular.
La Presidenta ataca el paro de los grandes pulpos y pequeños y medianos productores agropecuarios desde la ‘caja' de De Vido, los fondos de Santa Cruz, la reprivatización de YPF y la creciente entrega del petróleo; desde los sobreprecios de Skanska, la 4x4 que Varizat tiró contra los docentes de su provincia y el pago de la deuda externa con la plata de la Anses; desde una inflación imparable, techos salariales y, por último, desde las patotas de la burocracia que ella ungió como sus aliadas, que van al ataque de los trabajadores que luchan, o desde los piquetruchos como D'Elía, que encubren las fechorías del oficialismo.
El paro agropecuario expresa el agotamiento definitivo de la política de devaluación monetaria, que según la misma Presidenta enriqueció a los grandes exportadores.
Pero no sólo a los agrarios, sino también a los automotrices, mineros, petroleros y siderúrgicos.
Y no sólo a ellos, sino a los punteros del oficialismo que manejan los subsidios del transporte, del gas, de la luz y de los grandes negociados de obras públicas.
Ahora estamos ante una lucha por el reparto de la renta económica entre diversos sectores capitalistas, cuyas consecuencias las paga el pueblo con carestía y superexplotación.
La Federación Agraria Argentina e incluso muchos chacareros autoconvocados han desvirtuado el carácter independiente de su lucha al aliarse con la Sociedad Rural y con los pulpos agrofinancieros, que serán los mayores beneficiarios de la reivindicación de suspender los aumentos de las retenciones a las exportaciones.
Los pulpos y los terratenientes tienen valuaciones fiscales irrisorias, que han conservado hasta el presente gracias a los Kirchner, los Scioli, los Schiaretti o los Binner.
La oligarquía está presente en los dos lados de la trinchera: los kirchneristas Cresud, Werthein, Urquía, Grobocopatel son grandes latifundistas y agroexportadores.
La Sociedad Rural y los grandes bancos sustentan, en América Latina, la ofensiva de Bush contra los procesos populares o de liberación nacional.
El componente popular de los cortes de ruta agrarios está desnaturalizado por la dirección política y los reclamos del movimiento: bajar las retenciones, que son los de la gran propiedad capitalista agraria.
El Partido Obrero destaca, en esta crisis, el derrumbe completo de la política económica oficial, que es también una expresión de la crisis capitalista mundial.
El gobierno kirchnerista acabará cediendo en toda la línea a las exigencias de los grandes intereses agrarios.
La salida a este derrumbe no pasa por tomar partido por cuál sector capitalista se queda con el fruto del trabajo de la clase obrera y de los productores independientes.
Pasa por impulsar la nacionalización de la gran propiedad agraria y su arrendamiento a los chacareros necesitados de tierra y al servicio del poblamiento agrario, o por la explotación pública directa por los obreros del campo.
Pasa por la nacionalización del comercio exterior y por sobre todo de los puertos privados (por donde los grandes pulpos contrabandean la exportación sin pagar retenciones), bajo control de productores y obreros, para asegurar que los beneficios de la producción sirvan a la industrialización agraria y a superar las grandes carencias sociales.
Ante la crisis abierta llamamos a los trabajadores a no permitir que la burocracia siga manejando las paritarias y a intervenir en ellas para imponer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el fin de la flexibilización laboral.
Se ha abierto una crisis de largo alcance, económica, pero por sobre todo, política. El nacionalismo burgués concluye en un fracaso. El gobierno matrimonial está definitivamente hipotecado. Impulsemos una alternativa obrera y socialista.
15 de marzo de 2008
24 de Marzo
NO ESTRECHAMOS LAS MANOS A LOS TERRORISTAS DE ESTADO
Los métodos criminales de los Videla volvieron a sonar en nuestro continente en gran escala con la masacre perpetrada por el gobierno colombiano de Uribe para abortar la salida pacífica al conflicto armado en Colombia y desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y Ecuador.
Fue una masacre destinada a salvar al Plan Colombia, que es una declaración de guerra financiada por Bush contra los campesinos y la independencia nacional de Colombia y de toda América Latina.
El terrorismo de Estado se escudó esta vez en la ‘seguridad democrática’, que se ha convertido en mejor escudo que la dictadura o el ‘proceso’ para defender el mismo orden social de explotación.
Los gobiernos de la OEA, incluido especialmente el de Cristina Kirchner (y los Lula, los Tabaré y las Bachelet), no condenaron sin embargo al gobierno agresor – por eso contaron con el voto de los representantes de Uribe y de Bush.
Tres días más tarde, estos mismos gobiernos se estrecharon las manos y firmaron una declaración que reivindica la “acción multilateral” para enfrentar a los “grupos insurgentes”, dando de este modo una carta de ciudadanía latinoamericana a los métodos diseñados en Bogotá y en Washington.
La ‘denuncia’ a la acción ‘unilateral’ se convirtió en una legitimación de la intervención militar ‘multilateral’ como la que Bush viene desarrollando en Yugoslavia, Afganistán o Irán, respaldado por resoluciones de las Naciones Unidas.
O como la que Bush, los Lula, los Tabaré y los Kirchner vienen ejerciendo en Haití.
A 32 años del 24 de Marzo, los mismos aparatos de Estado y los mismos intereses capitalistas que en su momento buscaron la protección de las dictaduras militares reivindican sus métodos sin decirlo y hasta en forma vergonzosa (con la excepción de Uribe y de Bush, que los siguen defendiendo desde su posición de ‘combatientes’), ahora bajo el eufemismo de “la defensa de la democracia”.
Los que han vuelto a albergar ilusiones en el nacionalismo burgués, como el que encarna Hugo Chávez, han sufrido un duro revés, del cual deberían sacar las conclusiones políticas adecuadas.
A los argentinos todo esto nos debiera poner doblemente en alerta, y no solamente porque los juicios a los genocidas se arrastran penosamente en el tiempo, o porque los grupos de tareas siguen actuando: desapareciendo y suicidando testigos.
No solamente porque los criminales, como ocurre con el genocida Ricardo Cavallo, piden a gritos que se los juzgue en el país y que se lo saque de las cárceles españolas.
No solamente porque siguen las torturas en las comisarías, el gatillo fácil y las zonas liberadas para reprimir o para secuestrar. No solamente porque los aparatos de represión, de espionaje y de infiltración siguen en pie y muy activos, y realizan más que nunca la ‘inteligencia interior’ que la ley les tiene prohibida.
Debemos estar doblemente alertas porque han vuelto a aparecer, instigadas por el matrimonio presidencial, las patotas ‘sindicales’ que agreden a los luchadores obreros, con la complicidad de la policía y de los represores.
Es lo que ocurrió con los docentes en Neuquén, en Santa Cruz y en Salta; con los trabajadores del subte, del Casino, del Hospital Francés, de la Línea 60, de la metalúrgica Dana; el pacto de la Presidenta con Moyano busca correrlos a la “banquina” (palabras de Clarín) del sindicalismo y de la política.
Debemos estar doblemente alertas porque sigue impune el crimen de Carlos Fuentealba y porque hay negligencia para investigar y castigar el del militante Lázaro Duarte, también en Neuquén.
Y porque Jorge Julio López sigue sin aparecer, y de sus secuestradores no se sabe nada.
Debemos estar atentos porque la patota de Macri quiere duplicar el aparato de represión en la Ciudad de Buenos Aires y reconquistar a tiros “el espacio público”.
Llamamos a transformar el ‘feriado’ del 24 de Marzo, que esta vez es además ‘largo’, en una gran jornada de movilización por las libertades democráticas en toda América Latina, es decir por el desmantelamiento de todos los aparatos de Estado al servicio de los explotadores nacionales y extranjeros. Fueran los planes Colombia, de los Uribe y los Bush. Juicio y castigo a todos los culpables. Por la unidad socialista de América Latina.
Los métodos criminales de los Videla volvieron a sonar en nuestro continente en gran escala con la masacre perpetrada por el gobierno colombiano de Uribe para abortar la salida pacífica al conflicto armado en Colombia y desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y Ecuador.
Fue una masacre destinada a salvar al Plan Colombia, que es una declaración de guerra financiada por Bush contra los campesinos y la independencia nacional de Colombia y de toda América Latina.
El terrorismo de Estado se escudó esta vez en la ‘seguridad democrática’, que se ha convertido en mejor escudo que la dictadura o el ‘proceso’ para defender el mismo orden social de explotación.
Los gobiernos de la OEA, incluido especialmente el de Cristina Kirchner (y los Lula, los Tabaré y las Bachelet), no condenaron sin embargo al gobierno agresor – por eso contaron con el voto de los representantes de Uribe y de Bush.
Tres días más tarde, estos mismos gobiernos se estrecharon las manos y firmaron una declaración que reivindica la “acción multilateral” para enfrentar a los “grupos insurgentes”, dando de este modo una carta de ciudadanía latinoamericana a los métodos diseñados en Bogotá y en Washington.
La ‘denuncia’ a la acción ‘unilateral’ se convirtió en una legitimación de la intervención militar ‘multilateral’ como la que Bush viene desarrollando en Yugoslavia, Afganistán o Irán, respaldado por resoluciones de las Naciones Unidas.
O como la que Bush, los Lula, los Tabaré y los Kirchner vienen ejerciendo en Haití.
A 32 años del 24 de Marzo, los mismos aparatos de Estado y los mismos intereses capitalistas que en su momento buscaron la protección de las dictaduras militares reivindican sus métodos sin decirlo y hasta en forma vergonzosa (con la excepción de Uribe y de Bush, que los siguen defendiendo desde su posición de ‘combatientes’), ahora bajo el eufemismo de “la defensa de la democracia”.
Los que han vuelto a albergar ilusiones en el nacionalismo burgués, como el que encarna Hugo Chávez, han sufrido un duro revés, del cual deberían sacar las conclusiones políticas adecuadas.
A los argentinos todo esto nos debiera poner doblemente en alerta, y no solamente porque los juicios a los genocidas se arrastran penosamente en el tiempo, o porque los grupos de tareas siguen actuando: desapareciendo y suicidando testigos.
No solamente porque los criminales, como ocurre con el genocida Ricardo Cavallo, piden a gritos que se los juzgue en el país y que se lo saque de las cárceles españolas.
No solamente porque siguen las torturas en las comisarías, el gatillo fácil y las zonas liberadas para reprimir o para secuestrar. No solamente porque los aparatos de represión, de espionaje y de infiltración siguen en pie y muy activos, y realizan más que nunca la ‘inteligencia interior’ que la ley les tiene prohibida.
Debemos estar doblemente alertas porque han vuelto a aparecer, instigadas por el matrimonio presidencial, las patotas ‘sindicales’ que agreden a los luchadores obreros, con la complicidad de la policía y de los represores.
Es lo que ocurrió con los docentes en Neuquén, en Santa Cruz y en Salta; con los trabajadores del subte, del Casino, del Hospital Francés, de la Línea 60, de la metalúrgica Dana; el pacto de la Presidenta con Moyano busca correrlos a la “banquina” (palabras de Clarín) del sindicalismo y de la política.
Debemos estar doblemente alertas porque sigue impune el crimen de Carlos Fuentealba y porque hay negligencia para investigar y castigar el del militante Lázaro Duarte, también en Neuquén.
Y porque Jorge Julio López sigue sin aparecer, y de sus secuestradores no se sabe nada.
Debemos estar atentos porque la patota de Macri quiere duplicar el aparato de represión en la Ciudad de Buenos Aires y reconquistar a tiros “el espacio público”.
Llamamos a transformar el ‘feriado’ del 24 de Marzo, que esta vez es además ‘largo’, en una gran jornada de movilización por las libertades democráticas en toda América Latina, es decir por el desmantelamiento de todos los aparatos de Estado al servicio de los explotadores nacionales y extranjeros. Fueran los planes Colombia, de los Uribe y los Bush. Juicio y castigo a todos los culpables. Por la unidad socialista de América Latina.
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