20 de febrero de 2009

Para detener los despidos y suspensiones en la industria automotriz

Que se convoque a una asamblea general del Smata

La automotriz cordobesa Iveco ha incrementado sensiblemente los ritmos de producción (casi un tercio) de los apenas 200 obreros que trabajaron en la primera semana de febrero. También proliferan los aprietes directos a los operarios, ya que capataces y supervisores tienen menos gente que controlar. Todo esto va acompañado de un empeoramiento general de las condiciones de trabajo y del régimen interno: se prohibió poner música, se retiró el mobiliario usado para descansar y la empresa se propone eliminar el almuerzo, que además es un punto de concentración de los trabajadores y por tanto de intercambio de ideas.

Este recrudecimiento de las condiciones de explotación se produce mientras la cámara patronal del sector (Adefa) anunció una caída de la producción en enero del 54,6 por ciento respecto de igual mes del año pasado. También cayó un 30 por ciento en relación con diciembre de 2008, cuando -a su vez- ya había caído casi un 40 por ciento en comparación con noviembre.

En Iveco, mientras los delegados de la burocracia "sugieren" a los compañeros no incorporarse a ningún movimiento de protesta, la empresa sigue citando a los contratados suspendidos para presionarlos con el ofrecimiento de una indemnización: "Agarran ahora o nunca", es la consigna patronal. Caso contrario, según les dicen, regirá el acta firmada con el sindicato el 14 de enero, en la cual se establece expresamente que el 31 de marzo termina el vínculo contractual con esos trabajadores y se procederá entonces a la desvinculación automática. Es evidente que la empresa le teme al desenvolvimiento de las acciones obreras, caso contrario se ahorraría los aprietes y la indemnización ofrecida y esperaría al fin de marzo para despedir gratis.

Varias asambleas autoconvocadas por los compañeros señalaron que la conducción del Smata actúa de acuerdo con la patronal en una suerte de movimiento de pinzas, orientado a quebrar cualquier resistencia. Mientras tanto, los delegados antiburocráticos siguen suspendidos e impedidos de ingresar en la planta.

El miércoles 11, un grupo de trabajadores, acompañados por activistas y familiares, marchó a la Casa de Gobierno para exigir la intervención del gobernador, Juan Schiaretti, pero éste dijo que contestaría durante la semana en curso, cosa que aún no ha sucedido.

Una movilización clave


En marzo, cuando venzan los contratos en Iveco, sucederá lo mismo con los de Volkswagen y Gestamp, al tiempo que la planta de Renault retomará tareas. El viernes 20 de febrero está convocada una movilización hacia el edificio del Smata por los suspendidos de VW, Iveco y Gestamp. Se trata de una excelente oportunidad para exigir la convocatoria a una asamblea general de todos los metalmecánicos, sea cual fuese su situación contractual. Ese reclamo ya fue votado por una asamblea de Iveco el 2 de febrero.

Si la crisis golpea severamente a la industria automotriz, y la persistencia de la caída en la producción y en las ventas denuncia el fracaso de los planes oficiales de reactivación automotriz, resulta evidente que las empresas, cuyas ganancias en los últimos años fueron obscenas, tienen mucho más resto que los trabajadores para resistirla. Por lo tanto, que la sobrelleven mediante el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.

Al mismo tiempo se ha de exigir al gobierno un plan serio de reactivación del sector, que no se producirá mediante incentivos al consumo suntuario de automóviles. Por ejemplo, se necesitan camiones para un plan de obras públicas y de viviendas; se necesitan vehículos para solucionar las calamidades del transporte público. Fondos para eso hay de sobra si se nacionalizan la banca y el comercio exterior y se corta el chorro del salvataje a los capitalistas mediante el despilfarro de fondos públicos y de los jubilados (Anses).

La intervención de la clase obrera con un programa propio es la vía para impedir que la crisis capitalista derive en una catástrofe social.

Eduardo Salas

19 de febrero de 2009

LOS TRABAJADORES DAN UNA SALIDA A LA CRISIS

Sigamos el ejemplo del Subte, Indugraf y Massuh

Hasta hace muy poco, el gobierno aseguraba que por medio de "los recursos preventivos de crisis" se podían capear los despidos de trabajadores, con la expectativa de que los planes de obras públicas y los créditos de la Anses a algunos consumos reactivarían en poco tiempo la economía.

Con este argumento la burocracia sindical aceptó los despidos de trabajadores bajo contrato precario, las suspensiones de los de planta permanente y las reducciones de las horas de trabajo y de los salarios.

Se trataba de ‘pasar el verano', hasta -digamos- el 31 de marzo.

Pero la crisis, en lugar de amainar, se ha profundizado y los dineros del Estado se disipan en el bolsillo sin fondo de los capitalistas.

Las exportaciones han caído en picada y con ellas la recaudación de impuestos y los gastos sociales.

En lugar de compensar estos déficits entre los que más tienen, el gobierno impuso un tarifazo del 400 por ciento.

Con la misma finalidad se niega a bajar el precio de la nafta, por la que pagamos mucho más que el precio internacional del petróleo -que se ha derrumbado.

El tarifazo del gas es un hecho.

Los Carrió, los Reutemann y los Binner o Solá tienen otro plan: pedir el socorro del FMI y proceder de inmediato a la mega-devaluación del peso.

Mientras tanto, sus mandantes -los sojeros- siguen acaparando ocho millones de toneladas de la cosecha anterior, a la espera de que el dólar se vaya mucho más arriba de los cuatro pesos.

En estas condiciones, los despidos de trabajadores precarios, las suspensiones y las reducciones de trabajo y salarios no son un paréntesis dentro de la normalidad, sino el primer paso hacia el abismo.

¿Cómo podemos impedir que siga avanzando este plan mentiroso que se escuda en la ‘prevención de la crisis'?

Moyano y Yasky están discutiendo con el gobierno y las patronales la formación de un Consejo Económico y Social para co-gobernar en la crisis.

¿Pero es conveniente algo así para los trabajadores, cuando las patronales y el gobierno quieren el congelamiento de los salarios; las patronales y los sojeros piden la devaluación, y todos ellos se juntan para advertir que no pueden garantizar el derecho al trabajo?

Las patronales y el gobierno son parte del problema, no de la solución.

¿Qué Consejos podemos querer con la clase que ha llevado a esta crisis mundial enorme, como consecuencia de su propia tendencia irrefrenable a arrancar del trabajador el máximo beneficio privado para el capitalista?

Lo que necesitamos es otra cosa: un Congreso de trabajadores, para imponer las medidas que nos puedan sacar de la miseria social y de la destrucción del tejido industrial.

Se puede garantizar el pleno empleo nacionalizando a los bancos, el comercio exterior y la gran industria, para que sirvan a un plan de industrialización e infraestructura; por eso, que se nacionalice cualquier empresa que suspenda, despida o reduzca las horas de trabajo y los salarios.

Lo que acaba de ocurrir con el Subte, donde un plebiscito apabullante ha expulsado a la burocracia; lo que ocurre en Massuh e Indugraf, donde los obreros defienden sus puestos de trabajo y la continuidad industrial contra los patrones: esto demuestra que nuestro camino frente a la bancarrota capitalista pasa por asambleas, elecciones de delegados y un Congreso de trabajadores que asegure nuestro derecho al trabajo por medio de un plan de lucha y un plan para el país sobre otras bases sociales.

LA CATASTROFE DE TARTAGAL

Además de corruptos, incapaces

"Necesitamos ayuda!" "¡Estamos muertos de hambre!"
"¡Nos quedamos sin nada, perdimos todo!"


Esos gritos, lanzados al paso de la caravana presidencial en Tartagal, hicieron que Cristina Fernández descubriera la "pobreza estructural" (La Nación, 12/2) ¡aunque el intendente Sergio Leavy y el vicegobernador Andrés Zottos le organizaron una recorrida que no incluía las zonas más pobres!

La Presidenta anunció un plan de reconstrucción de 500 viviendas -después el número se aumentó a 627- pero nada dijo de la paralización de las obras de canalización del río Tartagal por la falta de los fondos federales comprometidos. Y debe tenerse en cuenta que esa canalización apenas empezaría a constituir un principio de solución para una parte del problema, pero en modo alguno sería el plan integral, el plan de alcance que esa zona necesita contra este tipo de desastres.

Aun así, aun frente al anuncio de reconstrucción de unas cuantas viviendas destruidas mientras se deja el río tal como está, la gente desconfía: "Habrá que ver si hacen algo... ya son muchas las veces que han prometido cosas y después no tuvimos nada", dice un poblador (ídem anterior).


Atienden su juego


A la corrupción conocida se añade una incompetencia asombrosa. Después de cuatro aludes, el quinto encontró a los poderes estatales sin siquiera un plan de emergencia que permitiera al menos coordinar la ayuda. Una falsa alarma acerca de un supuesto nuevo alud provocó incluso una pelea entre el intendente y el vicegobernador en público, delante de las cámaras de televisión.

Esa Tartagal destruida permitió saber, por ejemplo, que el Sistema Federal de Emergencia (Sifem) ni siquiera se reúne. Ese organismo pasó a depender en 2004 del Ministerio del Interior, y Aníbal Fernández se lo llevó consigo cuando se constituyó el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Fernández, aunque según se supone tiene a su cargo el Sifem, no apareció por Tartagal ni se refirió al asunto, ocupado en debatir con los opositores la cuestión de la boleta electoral única.

Por su lado, los Cascos Blancos, ese invento menemista, mandaron a Salta tres funcionarios - sí, tres- aunque tienen un presupuesto de 9 millones de pesos.

En definitiva, además de corruptos son inútiles.


Depredadores


Pocos desastres fueron más anunciados que el alud en Tartagal. Después del desastre de 2006, un informe de la Universidad Nacional de Salta (UNS), Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia, elaborado por los ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza, advertía que una nueva catástrofe era inminente porque "la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada" (los desmontes), de modo que se ha multiplicado la erosión y sus efectos. "La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable", añadían los especialistas universitarios. La calamidad les dio la razón.

Ahora, el Ejército busca explosivos empleados por Repsol-YPF para sus tareas de exploración petrolera. Esos explosivos han sido arrastrados por el lodo y pueden provocar desastres adicionales. Por lo demás, los expertos atribuyen a la actividad de las petroleras mucha más responsabilidad que a los sojeros en la generación de la catástrofe.

Además, aun sin aludes, "empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales" (Página/12, 15/2). Sistemáticamente, los campesinos sufren ahí desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y la destrucción del monte.


El Partido Obrero y el Polo en Tartagal


El Polo Obrero y el Partido Obrero desarrollan una actividad intensa en la zona de desastre. Mercaderías de comedores y merenderos del Polo, arrancadas al gobierno mediante la lucha, la movilización y los cortes de ruta, han sido derivadas hacia Tartagal. Así, yerba, azúcar, fideos y picadillo, entre otras cosas, se repartieron organizadamente y no en medio del desorden, como le ocurrió al gobierno. Nuevas partidas procedentes de Jujuy y de Salta se distribuirán en estos días.

Además, trabajadores del Polo Obrero que construyen los llamados "núcleos húmedos" (baños de 1,20 x 1.20 metro) para el pobrerío, pararon su trabajo habitual a partir del alud y marcharon a construir letrinas en la zona afectada, por pedido de los pobladores.

Al cierre de esta edición, compañeros del Polo se dirigían hacia la Parcela 25, una de las zonas más castigadas, para distribuir ropa enviada por el PO de Neuquén, mientras otros colaboran en la limpieza de viviendas en las que llegó a haber más de un metro de lodo.

Pero, sobre todo, el partido y el Polo impulsan la organización de una coordinadora departamental de vecinos. En ese sentido, José Barraza, del PO de Tartagal, nos dice: "Vamos a debatir el tema de los aludes en localidades vecinas y ver si sale esa iniciativa de crear una coordinadora que haga un planteo de obras concretas no sólo en Tartagal, porque el desastre de las petroleras pone en riesgo también a otras ciudades". Así, este jueves 19 sesiona una asamblea popular en Aguaray, próxima a la frontera con Bolivia.

Paralelamente, en toda la provincia y a partir de las escuelas, el PO impulsa la elaboración de pliegos de reclamos por sector y zonas, y un plan general, integral, de alcance, para abordar la ejecución de obras a escala. Se ha retomado en ese punto la vieja demanda de los piqueteros del norte de Salta, del año 2001, sobre la exigencia a las petroleras para que aporten los fondos necesarios a la reparación de lo que ellas han destruido.

Alejandro Guerrero

16 de febrero de 2009

ABAJO EL IMPUESTAZO

El lunes 16/02, a las 10:30 hs., todos al CPC de Villa El Libertador

En la última semana las boletas del Impuesto Municipal nos han llegado a los vecinos de Villa El Libertador con aumentos que superan en algunos casos el 500%. Una población que está siendo golpeada por el receso de fuentes laborales provenientes de la construcción, la industria metalmecánica, la industria textil, etc. y que además en una gran parte es inquilina, no debe hacerse cargo del revalúo inmobiliario municipal que es consecuencia de la de la enorme especulación inmobiliaria de los últimos 5 años en la zona. Sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos años el transporte, los dispensarios y los servicios municipales cada vez son más precarios. Entonces, ¿qué estamos pagando?

El Partido Obrero y distintas organizaciones sociales y políticas, junto a vecinos, nos movilizamos este lunes 16 de febrero, a las 10:30 horas, al frente del CPC de Villa El Libertador, con las boletas en la mano, para exigirle a su Director y a través de él a Giacomino:

- Anulación del revalúo inmobiliario municipal.

- Eximición de la Tasa de contribución sobre los inmobuebles para desocupados, suspendidos, despedidos, como así también como a jubilados y pensionados.

- Reducción de la tasa de contribución sobre los inmuebles a todos los titulares de vivienda única cuyos ingresos familiares sea inferior al costo de la canasta familiar.

- Impuesto extraordinario que grave la especulación inmobiliaria.

14 de febrero de 2009

METALMECANICOS: La crisis la están pagando los trabajadores

Que Smata convoque a Asamblea General

La patronal automotriz (Adefa) anunció una caída de la producción en enero del 54,6% en relación con igual mes del año pasado, y un 30% menos que en diciembre, cuando la producción ya había caído casi un 40% con respecto a noviembre" (Clarín, 5/2).

Este retroceso de la producción prueba el fracaso del plan oficial para la industria automotriz: las ventas respecto del mismo mes del año pasado cayeron un 38,5%, y un 6% respecto a diciembre. Las exportaciones cayeron un 60%. Los concesionarios reconocen una caída de las ventas. El plan oficial es bien aceptado por los bancos, que reciben el flujo de fondos, y por el sector comercial, pero no por los fabricantes. Juan Cantarella, de Afac (autopartistas), advirtió que "en la industria no va a tener mayor impacto porque sólo uno de cada cinco vehículos que se venda a través de este programa será de origen nacional. El 80% de los autos económicos que hay en el mercado es brasileño" (La Voz del Interior, 9/2). La producción de acero (clave para la fabricación de automóviles) cayó un 60%.

La caída más fuerte de la producción está en el rubro camiones (Iveco, Scania), lo que es una indicación de la retracción de la economía de conjunto.

Despidos y suspensiones

En una nota sobre Córdoba, Clarín (8/2) informa que hay 1.100 despidos y 6.500 suspensiones en la industria metalmecánica. La cifra surge de un recuento de las denuncias de los gremios y los informes parciales de fábricas, por eso es menor a la real. Muchas de las suspensiones se han convertido en despidos como resultado de las presiones de las patronales (o consultoras en el caso de los eventuales) para que los trabajadores se desvinculen "voluntariamente". Segundo, no existe una información completa sobre la repercusión en las autopartistas (sólo el caso de Gestamp, que es la más grande) que en diciembre ya se habían desprendido del ¡57%! del personal.

A los despidos hay que sumar que una parte importante de los suspendidos (los contratados de Gestamp, Iveco y VW) nucleados en el Smata, reciben entre el 50 y el 60% de los salarios en actividad. Los efectivos reciben entre el 70 y el 75%.

En el caso de las autopartistas nucleadas en la UOM los montos son todavía inferiores; algunos llegan al 45% y en otros hay pago en "especias" (bolsones alimentarios).

Hay que considerar que una parte importante de lo que reciben los suspendidos es aportado por los estados nacional y provincial, es decir, que se descuenta de la salud, la educación y las obras públicas.

Schiaretti y Juez

La crisis de la industria metalmecánica, que supera el ámbito de los trabajadores del sector.

Schiaretti abrió el 1º de febrero las sesiones de la legislatura provincial pero no tuvo ni una sola palabra frente a la crisis. El gobierno colabora calladamente con la política de suspensiones y aporta los fondos públicos para el bolsillo de las empresas.

Juez no ha tenido tampoco, a lo largo de estos meses, una sola palabra sobre esta situación. Juez no habla pero Bischoff, el gerente de Fiat convertido en legislador por Juez, defiende los subsidios a los industreiales, que desangran el presupuesto provincial.

Que la crisis la paguen los capitalistas

Mediante la manipulación y la división, la burocracia del Smata ha ido imponiendo los acuerdos de reducción "paulatina" del personal vía las suspensiones.

Los trabajadores de Iveco, en una asamblea autoconvocada, han reclamado una asamblea general del Smata.

* Prohibición de despidos y suspensiones.
* Reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.
* Apertura de los libros de las empresas y control obrero de las mismas.
* Nacionalización de las empresas que despidan o suspendan.
* Exigencia a las centrales obreras (CGTs y CTA) y a los sindicatos de la convocatoria a un congreso de trabajadores electos por asamblea para resolver un plan contra la crisis capitalista.

Eduardo Salas

13 de febrero de 2009

El tarifazo de Giacomino y Juez

Cuando los vecinos de la ciudad de Córdoba recibieron los cedulones del inmobiliario municipal (barrido, alumbrado y limpieza) estalló la bronca. Los centros vecinales (en general inactivos) convocaron a marchar a la sede municipal para rechazar el aumento.

El aumento respecto de lo que se pagaba, que va del 100% al 1.200% según las zonas, surge de un revalúo efectuado por la municipalidad. El revalúo traslada al impuesto la brutal especulación inmobiliaria que se desarrolló en la ciudad y que ya expulsó a miles de trabajadores hacia el Gran Córdoba, con el consiguiente aumento de los gastos de transporte, de energía y la carencia de servicios. Se deberá pagar, no de acuerdo con la realidad de la economía del contribuyente, sino si su casa está ubicada en una zona que en los últimos años fue el paraíso de los especuladores.

Este tarifazo fue dado a luz justo cuando la pelea entre Juez y Giacomino llegaba a su último capítulo: la quiebra del Frente Cívico y la expulsión de todos los funcionarios juecistas del Ejecutivo municipal. Pero este impuestazo no hubiera sido posible sin Juez, pues él controla el concejo deliberante (13 de los 16 ediles del FCyS le responden): el 12 de diciembre con el voto unánime del bloque del FCyS, es decir con el protagonismo del juecismo, se aprobó el revalúo que hoy es repudiado por los vecinos.

El Partido Obrero apoya la protesta vecinal y plantea:

1) Anulación del revalúo inmobiliario municipal.

2) Eximición de la tasas de contribución sobre los inmuebles para desocupados, suspendidos, despedidos, como así también a jubilados y pensionados.

3) Establecer una tasa por contribución sobre los inmuebles que no supere el 1% de los ingresos familiares a todos aquellos cuyos ingresos sean inferiores al valor del costo de la canasta familiar.

4) Impuesto extraordinario que grave la especulación inmobiliaria y los fondos y fideicomisos inmobiliarios. No a la especulación inmobiliaria.


Eduardo Salas

Vivienda: Marchamos a una asamblea general

Importante acampe del Polo Obrero

La semama anterior y durante 48 horas, 400 compañeros del Polo Obrero acamparon frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. El acampe fue una contundente respuesta a la impasse en la que se encontraban las negociaciones por los reclamos de viviendas que viene llevando adelante el Polo.

El acampe, que tuvo una fuerte repercusión en los medios de prensa, sirvió para denunciar la impostura del gobierno provincial que, juntamente con el gobierno nacional, acaba de anunciar la construcción de 16 mil viviendas "sociales" que son el resultado de haber hundido definitivamente el plan Hogar Clase Media, que llevaba dos años paralizado, que consistía en 16 mil viviendas y que, finalmente, el gobierno ha anunciado que no construirá. Y, por otro lado, el abandono en la construcción de 4 mil viviendas del plan Federal I. Es decir que de la mano del plan nacional para enfrentar la crisis, Córdoba ha sufrido un profundo retroceso en materia de vivienda.

Por su organización, por la combatividad demostrada por los compañeros, que sostuvieron el acampe día y noche sin que menguara su número, la acción del Polo Obrero fue una dura advertencia para el gobierno, que luego de una negativa contundente, difundida por los medios de prensa, terminó acordando una negociación que se llevará adelante con el propio ministro del área, Juan Carlos Massei. Por otro lado, el gobierno debió firmar el compromiso de entregar 51 viviendas del Plan Federal I, que fueron obtenidas por el Polo Obrero en otra importante lucha.

Motivados por la contundencia del acampe, convocaremos a una asamblea general del Polo Obrero para profundizar la lucha en caso de no obtener respuestas satisfactorias a nuestros reclamos.

Manuel D’Alessandro

12 de febrero de 2009

Tartagal arrasada: Un desastre anunciado

La catástrofe en Tartagal supera a todas las anteriores. No podía ser de otro modo porque la depredación ambiental ha producido efectos acumulativos que, sumados, provocaron este alud. La zona ostenta el record mundial de hectáreas desmontadas en los últimos años, en donde las picadas y la actividad sísmica de las petroleras hacen estragos en las laderas de los cerros, donde la deforestación legal e ilegal se realiza con la complicidad del poder político. Esta es la zona en donde los que gobiernan dicen que la catástrofe es un "fenómeno natural".

Las obras públicas que se realizan, de apuro y siempre después de los desastres, han sido apenas una excusa para negociados ya que se ha probado que fueron absolutamente inútiles para evitarlas. Así pasó con las obras en la Quebrada de Galarza, en donde año tras año se invirtieron millones en obras que rigurosamente fueron destruidas por el agua al verano siguiente. Esta es la suerte de la canalización del río Tartagal, con 40 millones invertidos.

Los funcionarios se embarran un poco los zapatos para tratar de eludir sus responsabilidades mientras formulan declaraciones para auto exculparse.

El vicegobernador Zottos ha dicho que él ya sabía que esto iba a ocurrir, como si fuera un miembro de la oposición...

El intendente Leavy se pregunta: "¿No habremos hecho algo mal que Dios se enoja con los tartagalenses?". Por poco no plantea que se debería exorcizar la ciudad con todos sus habitantes.

El gobernador Urtubey dice que el plan de obras necesario excede las posibilidades de la provincia. Sin embargo no ha presentado ni siquiera un plan integral que resuelva el problema en las cuencas altas de los ríos de la zona. Por supuesto no se ha planteado que se aplique una contribución extraordinaria de las compañías petroleras, que ya llevan un siglo extrayendo las riquezas del departamento sin dejar casi nada, para constituir el fondo necesario para financiar las obras.

Es decir que no tiene un plan... ni busca financiamiento.

Atender la emergencia y dar una salida de fondo

El Partido Obrero convoca a toda la población a extender la solidaridad para con los afectados.

En segundo lugar, reclama que el control de la asistencia esté en manos de asambleas de vecinos para evitar las arbitrariedades y el manejo político.

En tercer lugar, impulsamos la convocatoria a una asamblea popular para establecer un plan de reconstrucción que garantice la construcción de viviendas y la infraestructura, financiado por una tasa extraordinaria a las petroleras.

La única solución de fondo es establecer la nacionalización de los recursos del suelo y del subsuelo para poder realizar una planificación sustentable de la producción, industrializarla en la zona y dar salida de este modo a la desocupación masiva, la otra catástrofe social que asola al pueblo del norte de la provincia.

La solución para prevenir nuevas tragedias vendrá de la mano de los vecinos de Tartagal, no de los cómplices de los depredadores del medio ambiente: los sojeros, las compañías petroleras y madereras.

José "Pepe" Barraza
Pablo López

DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO Y AL PAN

Néstor Kirchner insiste en advertir a los patrones contra los despidos.

Pero él sabe que los patrones siguen despidiendo.

Según estimaciones privadas, la desocupación ha crecido un 30 por ciento entre los trabajadores que se encuentran en negro o bajo contrato precario.

También hay despidos en la gran industria, aunque aquí todavía predominan las suspensiones y la reducción de la jornada de trabajo y de los salarios.

En Siderar, el horario laboral se ha reducido a la mitad (dos semanas al mes) y en dos terceras partes si se tienen en cuenta las horas extras.

Como consecuencia de esto, un trabajador de la gran industria pasará a ganar por debajo de la línea de pobreza.

La asistencia a los comedores comunitarios o barriales ha aumentado considerablemente: más niños no tienen para comer.

Una parte de la clase media asalariada ha ido a parar a las villas y a los comedores como consecuencia de la falta de trabajo y de la carestía de los alquileres.

Pero Kirchner sigue asegurando que Argentina "está bien parada".

Puras mentiras: Techint introdujo una cláusula de condicionalidad en el acuerdo en Siderar, que la exime de los compromisos que ha firmado si el mercado del acero sigue cayendo.

A pesar de la grave situación de los trabajadores, la burocracia de la UOM se ha declarado ‘tranquila' con los acuerdos de reducción del trabajo y de los salarios, y Moyano festeja al gobierno junto al rey de España, de Telefónica, de Repsol y de Aerolíneas.

En realidad, al aceptar las rebajas salariales en la gran industria, la burocracia ha renunciado a las paritarias que comienzan en marzo.

En medio de la crisis ha elegido posar de florero.

Por todo esto, en lugar de ver a los trabajadores copando las calles para que la crisis la paguen los capitalistas, vemos a los sojeros y a sus políticos reclamando que se deroguen las retenciones a las exportaciones agrarias.

Es el mundo al revés: en lugar de pelear contra el recontra-super-tarifazo, Moyano fue a lucir corbata con Edesur, Natural Gas y Telefónica en Madrid.

Seamos concientes de lo siguiente: el FMI acaba de pronosticar 50 millones de despidos en 2009 a nivel mundial; tres millones en América Latina -o sea, cerca de un millón en Argentina (pero, como sabemos, los pronósticos, últimamente, se quedan cortos).

Las suspensiones y los despidos no son solamente malos: ¡no son una salida! ¡agravan la espiral descendente de la crisis!

Pero los Kirchner no lo ven así, y menos aún los políticos sojeros: con canjes de deuda externa e interna están allanando el camino para un acuerdo con el FMI.

La política del FMI es congelar sueldos y salarios, para que el capital se reconstituya de la crisis mediante la "reducción de los costos".

Pero esto también es no solamente malo; simplemente no sirve porque el FMI se ha quedado sin plata para socorrer a nadie. Se ha gastado los cartuchos en el ‘salvataje' de Europa oriental, mientras la lista de los ‘accidentados' crece con furia.

O sea: nada por aquí, nada por allá.

¿Por dónde está entonces la salida?

Por mantener las fuentes de trabajo y los salarios; elevar los subsidios a los sin trabajo, con un mínimo de 500 pesos; y encuadrar a la industria en un plan de producción, bajo control obrero, que satisfaga los objetivos de un plan de reactivación y desarrollo, incluso mediante la nacionalización sin compensación.

Para financiar este plan y para asegurarnos que los capitalistas no continúen retirando dinero del país es necesario nacionalizar los bancos y los monopolios del comercio exterior.

En estas condiciones, debemos reclamarles a los sindicatos a que no vengan con propuestas de acuerdos truchos, contrarios a los intereses más elementales de los trabajadores, sino que convoquen a asambleas y plenarios de delegados con mandato, para ir a un plan de lucha por estos objetivos.

Hagamos conciente esto: la crisis capitalista es enorme e imparable.

Nosotros no debemos pagarla.

Entonces, manos a la obra.

7 de febrero de 2009

La situación en Iveco

Contra la entrega de la burocracia: Asamblea general de la fábrica y del Smata

El acuerdo firmado por la burocracia del Smata Córdoba con la patronal de Iveco el 14 de enero no significó otra cosa que el despido (a plazo fijo) de los suspendidos. Al tomar conocimiento de la "letra chica" del acuerdo, los trabajadores descubrieron que el acta establece que los contratados están suspendidos hasta el 31 de marzo y que, a partir de esa fecha, quedarán desvinculados automáticamente de la empresa. Pérfidamente, la burocracia dice que nada obstaculiza una negociación posterior, a sabiendas de que la empresa está citando uno por uno a los trabajadores y los presiona para que acepten una suerte de indemnización -porque luego del 31 de marzo "no habrá ni eso". Según denuncian los trabajadores, desde mediados de noviembre hasta ahora, se ha ‘desvinculado' de la empresa el 62% de los contratados. Una situación similar ocurre en Gestamp y Volkswagen, con el agravante de que a los suspendidos no les están pagando los subsidios (400 pesos y 350 pesos respectivamente) a los que se había comprometido el gobierno nacional.

Mientras tanto, continúan las suspensiones; sólo están en actividad dentro de la planta 150 trabajadores, sobre un plantel original de 930. El lunes 2 hubo cincuenta nuevas suspensiones que no estaban programadas. La patronal ha establecido que en los próximos tres meses se trabajará una semana al mes.

Según los informes que manejan los trabajadores, la patronal pretende desprenderse de los contratados y de 150 efectivos, lo que implicaría reducir a la mitad el plantel que la fábrica tenía a noviembre.

Consciente de que existe un activismo importante en la fábrica, la patronal ha impedido el ingreso a los dos delegados que no pertenecen a la burocracia, a quienes mantiene suspendidos desde diciembre.

Toda esta situación dominó la asamblea autoconvocada del pasado lunes 2. La asamblea estuvo precedida por concentraciones de trabajadores, una en un parque público y la segunda en la puerta de la planta. En estas jornadas se movilizaron entre 200 y 300 trabajadores entre contratados y efectivos.

El repudio a la burocracia ha ido in crescendo, los trabajadores la denuncian por estafa y complicidad con la patronal. En la asamblea del 2, además de los dos delegados opositores, concurrió un delegado ligado a la burocracia, que fue repudiado por los trabajadores. La asamblea resolvió marchar en ese mismo momento al sindicato para exigir a la directiva una inmediata respuesta y reclamar la convocatoria a una asamblea general de la fábrica y también de todo el Smata. La moción de los delegados, en cambio, fue ir en caravana a hacer una agitación en la ruta a Carlos Paz. Finalmente la caravana de motos y autos que partió de la fábrica bloqueó en su marcha la ruta 9. Al llegar al centro, quedó parada en el Patio Olmos: los delegados cambiaron el mandato sin consultar, postergando la marcha al gremio para el miércoles 11 (junto a una marcha a Casa de Gobierno) y el 20 junto a los suspendidos de VW.

Los trabajadores de Iveco reclaman con toda claridad volver a la fábrica. Existe la conciencia en muchos trabajadores de que cada día que pasa la patronal avanza sobre los contratados, y que además tienen a la directiva del Smata en contra. Por eso, muchos han propuesto ir a acciones inmediatas (como cortes de ruta o concentraciones frente al sindicato). Las propuestas de acción actuaron como un factor de agrupamiento: la asamblea superó en número a los trabajadores que aún están en actividad en la fábrica: muchos de estos últimos no se sumaron por las presiones de la patronal y de la burocracia dentro de la planta.

Estas manifestaciones deben ser aprovechadas para exigir una asamblea general de la fábrica y de todo el Smata.

Eduardo Salas

6 de febrero de 2009

Suspensiones, despidos, tarifazo…. Ahora el FMI

Clarín del miércoles 4 le dio cuatro páginas a la noticia de que Solá pactaría con Macri y de Narváez una lista para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero su conclusión fue decepcionante; según Eduardo van der Kooy, "fragmenta a la oposición". Aparentemente, el ‘lobby' de Magnetto no se conformaría con un triple empate en el distrito (Carrió, Solá, Kirchner) -un resultado que, sin embargo, no debería ser visto como ‘anormal' en una elección de renovación parlamentaria. Clarín quiere, aparentemente, un resultado por nocaut, que debería ser -dice- "producto de la polarización". En la Capital, Carrió ya ha levantado las objeciones a un acuerdo con Macri. La ‘transparencia republicana' está al servicio de cualquier cosa -en especial de una alianza con privatizadores y enemigos de los derechos sociales. Una alianza de este tipo en la Ciudad y en la Provincia sería, sin embargo, algo más que un acuerdo electoral: equivaldría a un gobierno en espera. "La orden de que la oposición se una, informa Crítica (25/1), partió a fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el selecto club que integran los jefes de las mayores firmas del país". Una conspiración en regla.

Clarín, de nuevo, ha puesto en marcha una campaña para que Kirchner busque un acuerdo con el FMI, a sabiendas de que el gabinete se encuentra dividido sobre la cuestión. Massa y Boudou, fogoneados por Alberto Fernández, son partidarios del acuerdo. La Nación dice que sería un pacto con "el FMI de Obama" (¡qué tranquilidad!), y conforma al gobierno con la observación de que gran parte de la tarea ya estaría hecha, porque las minidevaluaciones del peso ya han producido una gran devaluación del 15 por ciento en seis meses. El domingo pasado, Clarín se jugó con todo en un editorial: "Es necesario considerar con realismo y sin anteojeras ideológicas, la posibilidad, QUE YA SE ANALIZA EN DESPACHOS OFICIALES, de volver a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Es casi un ultimátum, que viene acompañado con el planteo de que "la oposición... tiene un papel decisivo a cumplir". "Siempre se puede maquillar el viraje", se alegra el privatizador Miguel Kiguel, quien de paso advierte "que ahora se trata del ‘Fondo de Obama', y no el de Bush" (La Nación, 25/1). La burguesía argentina no quiere el financiamiento de la Anses sino el del FMI.

Los ajetreos por las elecciones parlamentarias de octubre esconden, por lo que se ve, otras intenciones, pues un acuerdo con el FMI sería esencialmente un pacto para devaluar, ‘recomponer' tarifas (que dejarían chiquito el tarifazo reciente) y congelar salarios. La UIA ya ha recomendado a sus socios no mentar el tema salarial hasta marzo (dejar que Moyano hable solo), para cuando prevé que estará definida la decisión de traer de nuevo al FMI. Pero semejante acuerdo con el Fondo cambiaría todas las relaciones de fuerza actuales, y precipitaría un cambio en el gobierno o el cambio de gobierno. La oposición patronal tiene un ojo puesto en esta perspectiva.

En esta misma línea hay que entender el pronunciamiento concertado de Schiaretti y Binner, por un lado, y de la Coalición Cívica y la UCR, por el otro, para que el gobierno suspenda las retenciones a las exportaciones de soja y libere el resto de las exportaciones agropecuarias. Lo hacen a sabiendas de que ello provocaría un colapso fiscal, y sin importarles que sirva como premio a los capitalistas que tienen retenidas o acaparadas ocho millones de toneladas de soja. Una derogación de las retenciones es, por lo tanto, inviable - lo que están reclamando es una devaluación lisa y llana que compense a los sojeros por las retenciones.

El gobierno ‘resiste' a estas presiones con concesiones crecientes a los capitalistas. Por un lado sigue devaluando, por el otro renegocia la deuda pública pagando un mayor costo en concepto de intereses. Está desvalijando a la Anses para financiar a pulpos como la cementera Minetti, y ha abierto una línea de créditos a las exportadoras de cereales. El Ministerio de Trabajo, por su parte, avala los despidos y suspensiones, como está ocurriendo en la industria automotriz de Córdoba y en Villa Constitución y Rosario; ataca al cuerpo de delegados del Subte y rechaza los reclamos de los trabajadores de la vaciada Indugraf. Está planteando que las paritarias no se convoquen o que no discutan salarios. Ha producido un tarifazo para que las empresas de servicios paguen sus deudas con el exterior, o sea que siga la fuga de capitales. Se prepara para alcanzar un acuerdo con los bonistas que no entraron en el canje de deuda de 2004, y para pagar al Club de París la deuda fraudulenta estatizada por Cavallo y por Alfonsín. Sostiene que, de este modo, neutraliza la presión para ir al FMI, cuando en realidad está preparando las condiciones para ello, mientras cumple la función de descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores.

El tema es muy simple: los países periféricos están sufriendo un enorme drenaje de dinero porque los capitalistas internacionales necesitan saldar deudas que la crisis impide refinanciar, y porque otros capitalistas, que saben de esto, están especulando a la devaluación de las monedas. Esto se percibe con claridad en Rusia, donde las mini-devaluaciones han fracasado para contener la crisis: el rublo se ha devaluado un 35 por ciento y está a punto de quebrarse por completo. Putin enfrenta una crisis extrema. Lo mismo ocurre en todos los países del Báltico y de Europa oriental, y algo similar afecta a Brasil. Aunque el gobierno junte las monedas para pagar la deuda, no puede frenar el proceso de la crisis capitalista ni el derrumbe financiero de las periferias. Incluso Gran Bretaña se encuentra al borde de la cesación de pagos y discute el recurso al FMI. Es necesario advertir, sin embargo, que el Fondo no tiene condiciones para proteger a ninguna nación de la debacle financiera.

Es necesario enfrentar simultáneamente la política de tarifazos y despidos del gobierno, el vaciamiento del Indec y la política de congelar salarios, la complicidad con la fuga de capitales, por un lado, y la conspiración de la oposición de centro-derecha-izquierda y de todo el arco sojero, para responder a la crisis con un acuerdo con el FMI.

La iniciativa política del gobierno, a partir de la reestatización de las AFJP, ha menguado y vuelve a pasar a la oposición sojera y fondomonetarista, que se apresta a cortar rutas y a impulsar una mayor salida de capitales. Los trabajadores se encuentran aprisionados en el callejón sin salida del gobierno, por la responsabilidad de la CGT y de la CTA y de todo el piquetruchismo y progresismo kirchneristas, que creen que con esta política llegan a octubre y que encima pueden empatar las elecciones.

Tenemos que poner el centro en la lucha contra los despidos y suspensiones, y contra el tarifazo, y por la defensa de las paritarias y los aumentos salariales, y sobre esta base exigir a la CGT y a la CTA un plan de lucha. Asimismo, denunciar que la política del gobierno descarga la crisis capitalista sobre los trabajadores y que junto con la oposición busca crear las condiciones para una entrega al FMI. De este modo, los trabajadores podremos desarrollar una iniciativa política frente a la crisis y la posibilidad de la lucha por un gobierno de trabajadores.


Jorge Altamira

5 de febrero de 2009

KIRCHNER ESTA EN BABIA / ¿O SE HACE EL GIL?

Que prohíba los despidos y las suspensiones

El martes pasado, Kirchner amenazó, como si fuera Presidente, que "no toquen ningún empleo".

Pero es lo que está ocurriendo todos los días.

En la industria automotriz, las suspensiones se convertirán en despidos a partir de marzo, incluso para los efectivos.

Es lo que ocurre en Paraná Metal, donde la rotación de 700 trabajadores con dotaciones promedio de 70 obreros, da un promedio de tres días de trabajo por operario.

En Siderar, Techint propone repartir las horas de trabajo con la correspondiente reducción de los salarios.

Si esa reducción del sueldo es, digamos, del 30 por ciento, ello equivale al desempleo de un tercio del personal.

Por otro lado, bajo la presión de los despidos, el gobierno K está insinuando que las paritarias dejen de lado la discusión salarial; es lo que el pingüino Peralta está tratando de imponer en Santa Cruz.

Los capitalistas, mientras tanto, ganan un dineral: el reciente canje de préstamos garantizados provocó una suba de los bonos del 25 por ciento en tres días.

Clarín dice que "en los despachos oficiales se discute un acuerdo con el FMI" (1/2).

Pero un acuerdo con el FMI significará el congelamiento de los salarios y un super-tarifazo, y como consecuencia más crisis y despidos.

¿"Que no toquen ningún empleo?" Las pelotas, vienen por más.

Carrió, Macri, Solá y Binner se han puesto de acuerdo para impulsar la mega devaluación del peso y el acuerdo con el FMI.

En lugar de ir a España con la Presidenta, para arreglar con Marsans y con Telefónica, Moyano hubiera debido quedarse en Argentina y convocar a un Congreso de delegados de la CGT.

Lo mismo deberían hacer Yasky y De Gennaro -de la CTA.

En ese congreso los trabajadores podríamos decidir vetar cualquier suspensión o despido, reclamar el reparto de las horas de trabajo al cien por cien del salario, y votar la ocupación de toda empresa que no acate estas resoluciones.

Podríamos ofrecer un plan contra la crisis capitalista que no vacíe la Anses (como está ocurriendo), ni financie con la plata de los jubilados a Minetti y a Cargill.

Un plan que nacionalice los bancos y el comercio exterior y que canalice el ahorro nacional hacia un plan de obras públicas e industrialización, bajo el control de los trabajadores, y de atención de la vivienda, la salud y la educación.

No nos dejemos atropellar.

Que las comisiones internas, los sindicatos y las centrales sindicales impulsen un plan de lucha para imponer en los hechos la completa prohibición de los despidos y de las suspensiones.

2 de febrero de 2009

Bº Ituzaingó Anexo: Plaguicida en la sangre

Kirchner, Juez, De la Sota y la soja

Monsanto controla el 90% del mercado mundial de transgénicos y los diseñó para que necesiten sus propios agroquímicos. Un negocio redondo. La dupla soja transgénica/glifosato, llamado el "paquete verde" de Monsanto, domina la producción agraria argentina.

En 1992, los directivos fueron condenados a cinco años de prisión y multados en 15,5 millones de dólares. Pero el herbicida se siguió vendiendo.

El documental "El Mundo según Monsanto", de la periodista francesa Marie-Monique Robin, prueba sus negocios con los gobiernos de Reagan, Clinton y Blair.

Los juicios y denuncias tampoco impidieron que en 1996 el gobierno de Menem aprobara el cultivo de la soja RR (resitente al Round-up) y, en 2004, que Kirchner ampliara el dominio de Monsanto, autorizando sus semillas de maíz transgénico resistente al glifosato.

A principios de 2004, Monsanto -dueño de la variedad de soja RR (OGM), con resistencia al herbicida Round-up- anunció que se retiraba del mercado de la semilla de soja por la alta utilización de semilla que los propios productores guardaban tras la cosecha (bolsa blanca). Se dice que sólo el 20% de las 13.500.000 hectáreas sembradas en 2003 utilizó semillas originales. Las empresas semilleras pusieron el grito en el cielo, pero lo real es que con la compra original, el productor ya resarció con creces las voraces arcas de los Monsanto y compañía.

Desde 2002 existen estudios que demuestran la toxicidad de los plaguicidas utilizados en la producción de soja RR. Aún así se permitió y se propició la plantación del monocultivo de soja transgénica, tanto que en 2007-2008 se utilizaron 17 millones de hectáreas, 170 millones de litros de agroquímicos Round-up para el cultivo de soja.

Pero el kichnerismo no es el único que propició las condiciones necesarias para que se realizaran grandes negocios a costa de la salud de la población.

En Córdoba, Luis Juez tiene desde 2006 un estudio municipal, el cual revela que en el barrio Iuzaingó Anexo, 26 de cada 30 personas tienen plaguicida en sangre y además permitió, cuando fue intendente, que se violaran normas municipales para que la soja se plantara en las narices de los vecinos del barrio Ituzaingó. Sí: así de criminal. ¿Qué dijo o hizo, entonces, ante semejante atrocidad el ahora opositor Juez que se indigna por todo? Absolutamente nada. En tanto, el gobernador Juan Schiaretti nunca hizo cumplir con la Ley de Agroquímicos de la provincia, la cual no sólo prohíbe la fumigación aérea a menos de 1.500 metros de una zona urbana; además, la pena con cárcel.

Esto ocurre en uno más de nuestros barrios en donde la atención primaria está colapsada y no existe tratamiento especializado.

Pero en esto nada es casual: tanto Luis Juez como el gobernador Schiaretti se disputan el apoyo del sector agrario para las próximas elecciones. Mientras se pone en juego la vida de zonas enteras de la población, todo el arco opositor, con los sojeros contaminadores a la cabeza y la complicidad de los K, conspiran para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.

La salud de las personas es utilizada en una disputa entre capitalistas. Cristina K ahora, luego de tantos años, pretende que creamos que acaba de descubrir que el cultivo de soja transgénica es nocivo para la salud, utilizándolo en su disputa con el sector agrario, siendo que junto a su marido lo impulsaron y se beneficiaron con ello.

* Relevamiento sanitario de la población afectada. Relevamiento ambiental.
* Asistencia gratuita a los damnificados.
* Por un hospital público en la zona.
* Resarcimiento económico de la población afectada.
* Fuera Monsanto. Cárcel a los responsables materiales y políticos de la contaminación.

Emanuel Berardo

METALMECANICAS

Se extiende el “lock-out” con el aval de la burocracia

Al anuncio de que Iveco sólo trabajaría una semana al mes en los próximos cuatro meses, se agregó esta semana la suspensión en VW de la totalidad de su personal hasta el 2 de febrero y la decisión de Renault de cerrar la planta por un mes (todo febrero) conjugando vacaciones con suspensiones. En realidad, Renault viene prácticamente paralizada desde fines de diciembre de 2008.

La burocracia del Smata local firmó un acuerdo de "paz social" hasta el 30 de junio por el cual la empresa podrá suspender cuantas veces quiera y a quien quiera, produciendo una quita del 30% del salario a los suspendidos; además, aunque no hemos accedido al texto del acuerdo, éste está inscripto en el reclamo efectuado por el titular de Adefa y presidente de Renault, Dominique Maciet, que utilizó la presentación de un nuevo modelo, el Symbol, para reclamar al Smata una tregua salarial de seis meses (La Voz del Interior, 21/12). Ahora ha conseguido el aval del sindicato para suspender, reducir salarios y postergar la discusión paritaria.

La burocracia lo considera un logro porque la patronal se habría comprometido a no producir durante ese período despidos: pero Renault ya había despedido a ¡400 trabajadores! (sobre 1.600) en noviembre, con el aval del gremio; ahora le ha puesto fecha de vencimiento a cientos de puestos de trabajo.

El acuerdo desnuda la realidad de todos los acuerdos de suspensiones firmados por el Smata y acaba con el argumento de que "hay que pasar el verano": las suspensiones ya se extienden hasta el invierno, pero además Dragún, secretario del Smata cordobés, señaló que "la pretensión del gremio era firmar un acuerdo para que no haya despidos hasta el 31 de diciembre pero reveló que la empresa francesa ‘no se animó'..." (La Voz del Interior, 22/1).

La política de las patronales, con el aval del gobierno, de los partidos de la "oposición" y de la burocracia, es que los trabajadores paguen los costos de la crisis en forma "contante y sonante" porque perderán el 30% directo de sus salarios, sufren otro recorte como resultado de la inmovilidad salarial frente a la inflación y la devaluación del peso y pierden centenares de puestos de trabajo de compañeros contratados.

La política en curso tiene, como se ve, un carácter profundamente reaccionario y regresivo, pero además no es una salida a la crisis, por el contrario la agudiza. Una salida real a la crisis parte de nacionalizar las empresas estratégicas, en este caso las automotrices, sin ningún tipo de compensación, de la misma manera hay que proceder con los bancos y el comercio exterior, desconocer la deuda externa usuraria y proceder a aumentar los salarios y las jubilaciones, llevando los mínimos al nivel de la canasta familiar.

Eduardo Salas