Los ataques sexuales no se evitan con hormonas
Después de que otra adolescente fuera violada, el gobierno mendocino de Celso Jaque adelantó la aplicación de la castración química –dosis masivas de inhibidores sexuales– a condenados por ese tipo de delitos. La medida es extorsiva, aunque diga que su aplicación depende de la voluntad de los condenados, ya que los que no se sometan a la castración “perderán beneficios tales como indultos, conmutación y rebaja de penas” (La Nación, 16/3). Jaque dijo que así evitaría la reincidencia, habitual entre los delincuentes sexuales. Sin embargo, su comité de expertos reconoció que si se suspende la medicación 15 días se anulan sus efectos. Y, una vez que cumplió la condena, ninguna persona puede ser obligada a continuar con el tratamiento.
Los jueces de la Suprema Corte provincial Jorge Nanclares y Aída Kemelmajer, como también numerosos juristas, dijeron que es inconstitucional y que viola los tratados contra la tortura (Diario Uno, 10/9).
La castración química se aplica en Alemania y Polonia; en Francia, a título experimental; en España y Dinamarca si el preso la solicita. Varios estados norteamericanos castran compulsivamente a todo reincidente. Sin embargo, en ningún lado disminuyen ni los crímenes sexuales ni la reincidencia. Por el contrario, las asociaciones de víctimas de Estados Unidos afirman que los reclusos salieron más “nerviosos y peligrosos” y que, en muchos casos, el siguiente ataque incluyó el asesinato de la víctima. “Actúan con más agresividad contra las mujeres porque las culpan de no tener una erección normal”, lo que es provocado por la castración química, explican.
Los ataques sexuales son la primera causa de prisión en Francia (24% de la población carcelaria). Entre 1995 y 2004, aumentaron el 105,6%. La afirmación de que los violadores son irrecuperables es también osada. ¿Qué hace el Estado para “recuperarlos”? A unos les garantiza impunidad. A otros los encierra en cárceles donde son violados repetidamente.
Un régimen de violencia
Una teoría afirma que los violadores replican una primera experiencia de abuso infantil. Esto despoja al asunto de su carácter social y lo vuelve un problema individual de estructura psíquica. No explica por qué, a pesar de que las más abusadas son las niñas, casi no existen mujeres que violen. Oculta que el primer abuso se actualiza sin fin en un régimen que legitima infinidad de violencias.
María Elena Leuzzi, de Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), señala que “la castración no es ninguna solución porque el violador busca su placer en el sometimiento, lo que no haga con su miembro lo hará con un objeto”. Bajo el capitalismo, los hombres –explotados y no explotados– son formados en la idea de que las mujeres/los chicos/los más débiles son seres inferiores sobre los que tienen derecho. Los violadores encarnan un extremo de esa relación social. La violación no es una forma patológica del erotismo. Es una forma extrema de la violencia, de ejercer poder sobre el más débil. Algo que los poderosos ejercen –en forma más o menos disimulada– contra las mujeres, los chicos, los viejos, los pobres y cualquiera que en la jerarquía social se considere inferior. La violación y el abuso espantan, entre otras razones, porque desnaturalizan brutalmente –hacen visible– opresiones que se esfuerzan en disimular.
Por eso, la violencia sexual formó parte de todos los sistemas de clase y es indisociable del capitalismo. Castrar a los violadores sólo sirve para avanzar sobre los derechos democráticos de la población. La mejor prevención de los delitos sexuales es una educación sexual, impartida desde la primera infancia, y la lucha por construir una sociedad donde mujeres y chicos no sean doblemente oprimidos.
Olga Cristóbal
REGIONAL CÓRDOBA
29 de junio de 2010
28 de junio de 2010
Giacomino e Innviron tuvieron que retroceder
Los vecinos y trabajadores de la zona sureste de la ciudad de Córdoba, convocados por las organizaciones que actúan en la región, realizamos asambleas, movilizaciones y escraches al intendente, y le dimos un duro revés a la pretensión de instalar una planta de tratamiento de residuos altamente contaminante en la zona. Giacomino desistió de instalar la planta en las afueras del barrio Ituzaingó.
En Córdoba se está llevando a cabo la implementación de un nuevo sistema de manejo de los residuos junto a la multinacional Innviron.
Las plantas que pretenden instalar emiten al ambiente sustancias tóxicas persistentes, las que afectan la salud, emiten gases de efecto invernadero; además de sustancias tóxicas y bioacumulativas como las dioxinas y los furanos, todas ellas de efectos cancerígenos.
En la tarde noche del miércoles 26 de mayo, los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo y de la zona sureste, en una asamblea de más de 200 personas, se pronunciaron en contra de la radicación de la planta de tratamiento de residuos. La asamblea deliberó durante el tiempo de espera que se había acordado para que llegase el intendente; cumplido el plazo, se movilizó a la Ruta Nº 9, la que se estuvo prácticamente cortada durante más de una hora.
La iniciativa de este nuevo sistema de tratamiento de residuos fue impulsada por el intendente de Villa María, el kirchnerista Eduardo Acastello, por Carlos Felpeto, de Villa Carlos Paz, y Daniel Giacomino, de Córdoba.
Los lazos entre la basura y los partidos patronales son muy estrechos. Neil Williams, presidente de la empresa, realizó un recorrido para explicar la propuesta junto al técnico que Innviron tiene en Córdoba, Sergio Nirich (ex director de Ambiente de la Provincia de Córdoba). En Villa María, la recolección de basura lo hace Medio Ambiente, que tiene como presidente a Jorge Franco, vicepresidente de Innviron en Argentina.
Ante la cantidad de intereses económicos y políticos en este tema, los vecinos y trabajadores de la zona no confiamos en las palabras de Giacomino y nos mantenemos en estado de alerta y movilización ante cualquier intento de instalación de Innviron.
Emanuel Berardo
En Córdoba se está llevando a cabo la implementación de un nuevo sistema de manejo de los residuos junto a la multinacional Innviron.
Las plantas que pretenden instalar emiten al ambiente sustancias tóxicas persistentes, las que afectan la salud, emiten gases de efecto invernadero; además de sustancias tóxicas y bioacumulativas como las dioxinas y los furanos, todas ellas de efectos cancerígenos.
En la tarde noche del miércoles 26 de mayo, los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo y de la zona sureste, en una asamblea de más de 200 personas, se pronunciaron en contra de la radicación de la planta de tratamiento de residuos. La asamblea deliberó durante el tiempo de espera que se había acordado para que llegase el intendente; cumplido el plazo, se movilizó a la Ruta Nº 9, la que se estuvo prácticamente cortada durante más de una hora.
La iniciativa de este nuevo sistema de tratamiento de residuos fue impulsada por el intendente de Villa María, el kirchnerista Eduardo Acastello, por Carlos Felpeto, de Villa Carlos Paz, y Daniel Giacomino, de Córdoba.
Los lazos entre la basura y los partidos patronales son muy estrechos. Neil Williams, presidente de la empresa, realizó un recorrido para explicar la propuesta junto al técnico que Innviron tiene en Córdoba, Sergio Nirich (ex director de Ambiente de la Provincia de Córdoba). En Villa María, la recolección de basura lo hace Medio Ambiente, que tiene como presidente a Jorge Franco, vicepresidente de Innviron en Argentina.
Ante la cantidad de intereses económicos y políticos en este tema, los vecinos y trabajadores de la zona no confiamos en las palabras de Giacomino y nos mantenemos en estado de alerta y movilización ante cualquier intento de instalación de Innviron.
Emanuel Berardo
Las 10 mentiras sobre la nueva Ley de Medios
Documento de la Unión de Juventudes por el Socialismo
Una mentira no deja de ser tal por más que se la repita reiteradamente. Sin embargo no podemos desconocer que quien se vale de ese método puede llegar a confundir e incluso, durante un cierto tiempo, salirse con la suya. Además, si es un gobierno el que promueve la “mentira sistémica” la cosa se agrava y mucho, porque los recursos materiales con que cuenta para esta tarea tan poco digna son cuantiosos: canales de televisión del estado, agencias de noticias, medios privados comprados gracias a la publicidad oficial, periodistas convertidos en bufones. En definitiva, todos los privilegios que se derivan del manejo del Poder.
¿Pero no es esto, acaso, lo que está sucediendo con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o más conocida como ley de medios)? Desde hace semanas el gobierno repite una y otra vez que ley de medios es casi revolucionaria. Valiéndose de los canales oficiales ha promovido movilizaciones y actos donde los oradores afirman que la implementació n de la ley traería aparejada la “democratizació n de los medios de comunicación”, “la eliminación de los monopolios”, “el avance de los medios comunitarios” , “la pluralidad de voces”.
Para aportar a la confusión general, varios sectores que se reclaman no-kirchneristas, e incluso algunos que se autodefinen como opositores, también se han sumado al apoyo a la ley de medios reclamando su inmediata aplicación. Esta conducta ha sido asumida por los legisladores de Proyecto Sur y por grupos que suelen identificarse como “chavistas”. El servicio prestado por estos sectores al gobierno ha sido invalorable, dado que le otorgan una cobertura “plural” no solo en referencia a la ley de medios sino en su cruzada contra el Poder Judicial, que tiene en carpeta cuestiones estratégicas del régimen (legalidad de los DNU, la cuestión provisional, fusiones de grupos empresarios, etc.) y que en varios puntos choca con el gobierno K, defendiendo cada uno intereses capitalistas opuestos.
La publicidad de oficialistas e incluso del centroizquierdismo a favor de la ley ha generado una lógica confusión en los sectores populares. Las dudas son muchas y se entiende por qué. Aparece patente la contradicción de si es posible que un gobierno que paga la deuda externa, organiza canjes con beneficios gigantescos para los fondos buitres, establece techos salariales por debajo de la inflación y subsidia con los fondos públicos a los grandes monopolios puede, al mismo tiempo, ser el protagonista e impulsor de la democratizació n de los medios de comunicación en el país. En la misma línea surge como interrogante si una mayor estatización de los medios de comunicación equivale a mayor democratizació n de los mismos o sí, por el contrario, debe entenderse como una regimentación de la opinión pública que favorece a los intereses sociales que el Estado apaña. Tales cuestiones buscaremos develar con el material que hemos elaborado.
En definitiva llegó la hora de poner las cosas en su debido lugar. Las mentiras vertidas por el oficialismo y avaladas por buena parte de los que se reclaman opositores serán aquí reveladas como tales. Para que no queden dudas aclaramos que nuestra posición está inspirada en los principios del socialismo, es decir, en la lucha de la clase obrera por su emancipación de toda explotación y opresión tanto de los capitalistas individuales como de su Estado.
Mentira 1: “Ley de la dictadura versus ley de la democracia”
Los apologistas de la ley sienten que esta mentira no es tal, o sea, que es una verdad grande como una casa. Hasta varios, que la posan de modestos, se suman alegremente diciendo que “aunque no sea muy buena por lo menos es una ley de la democracia”. ¿Cuál es la verdad? En realidad, pasados ya 27 años de la instauración democrática no tiene sentido hablar de que la ley vigente es “de la dictadura”. Si se pretende hablar en serio debiera decirse que se trata de una “ley de la dictadura y de la democracia”, dado que estuvo vigente muchísimo más tiempo en períodos democráticos que dictatoriales. No está de más decir que lo que sucede con la ley de medios vale también para una gran parte de la legislación de la dictadura, que sigue vigente aún hoy. En el caso concreto de la ley de medios la característica distintiva es que fue modificada una y otra vez por quienes gobernaron desde 1983 en adelante. Las modificaciones “democráticas” de la ley sólo sirvieron para empeorar la ya reaccionaria ley dictatorial. Por ejemplo, se la modificó para privatizar los canales estatales (antes todos los canales de aire eran propiedad del Estado); para habilitar que los dueños de diarios puedan ser propietarios de radios y canales de TV, formándose así los multimedios y los monopolios tales como el Grupo Clarín; se multiplicó por 3 la cantidad de licencias que un operador puede utilizar. El kirchnerismo también hizo de las suyas al prorrogar por decreto (527/05) durante 10 años la utilización de las licencias a los grandes monopolios como Clarín, Hadad o el grupo Vila.
Con la ley de medios sucede lo mismo que con la deuda externa –para poner sólo un ejemplo. Recientemente la presidenta dijo que la deuda debe pagarse aunque haya sido contraída por la dictadura debido a que la democracia la hizo “suya”. Así, se pone en evidencia que entre “dictadura” y “democracia” existe una continuidad de intereses sociales. Este axioma, que los ex izquierdistas y los cientistas políticos creen un dislate del marxismo, es una verdad grande como una casa. Por todo esto defender una ley porque la sancione la democracia es una burrada. ¿O acaso las reformas educativas del Banco Mundial no han sido votadas por el Parlamento democrático? ¿O no sucedió lo mismo con la privatización de las jubilaciones? ¿O con la ley minera hecha a imagen y semejanza de los monopolios contaminantes? Habitualmente la votación “democrática” de una ley es el argumento de los gobiernos para desacreditar la lucha popular, que es presentada como la expresión de una minoría contra la mayoría (expresada mediante el sufragio universal en el Parlamento).
Resumiendo: el hecho de que la ley sea votada por un Parlamento democrático no la hace progresiva per se, por el simple hecho de que se trata de una democracia dirigida por y para los capitalistas.
Mentira 2: “La nueva ley es antimonopólica”
Esta mentira también es escuchada habitualmente de parte de los propagandistas de la ley. Se trata, sin embargo, de una completa falsedad de muy fácil demostración. Mientras la ley reaccionaria de la dictadura habilitada a un operador a tener como máximo 4 licencias la ley kirchnerista sube ese máximo a 12. Es decir que lejos de ser antimonopólica la ley favorece la formación de monopolios. ¿Qué tal? ¿No saben los periodistas del programa 6, 7, 8 que 12 equivale a 3 veces 4? Por supuesto que sí pero son empleados a sueldo del poder, de los que no podemos esperar la más mínima sinceridad.
Mentira 3: “La nueva ley enfrenta los multimedios”
Esta mentira también es repetida cotidianamente por los plumíferos del kirchnerismo. Pero e aquí que es falsa por completo. Veamos. La ley de medios K deja en pie la modificación reaccionaria hecha por Alfonsín y por Menem. Estos, para favorecer por sobre todo al grupo Clarín, habilitaron algo que prohibía la ley reaccionaria de la dictadura. Nos referimos a la posibilidad de que un mismo empresario pueda tener distintos medios de comunicación (radio, prensa y televisión) en una misma jurisdicción o territorio. Siguiendo la legislación internacional la ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba esa posibilidad. Pero vino la “democracia” y al privatizar los canales del Estado se permitió que Clarín compre Canal 13 y que el grupo Vigil (dueño de revista Gente, el Gráfico, etc.) compre canal 11. Luego canal 13 compró también radio Mitre.
La nueva ley de medios K deja intactas esas modificaciones pero son justamente éstas las que dieron el marco legal para la formación de los multimedios. Por eso es totalmente falso que la nueva ley prohíba o enfrente los multimedios.
Mentira 4: “La nueva ley es nacional y popular”
Esta mentira es “nacional y popular” pero no por eso menos falsa que las anteriores. Veamos. La ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación. Sin embargo, los sucesivos cambios introducidos por la “democracia” habilitaron el ingreso de dichos capitales. En esa misma dirección la nueva ley K se coloca en el marco de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones con países extranjeros aprobados en el año 1994 por el Congreso de la Nación, habilitando el ingreso de capitales extranjeros al sector de las comunicaciones. Sirve recordar que dicha resolución llevó a que entre los años 1996 y 1998, casi la totalidad de los medios existentes, fueran transferidos a sectores vinculados al capital financiero.
Cuando los plumíferos K dicen que es una ley “nacional” o mienten alevosamente o hacen gala de una ignorancia supina. Quizás sea un poco de cada cosa.
Mentira 5: “Es una ley que favorece el federalismo”
Aquí, como en el punto anterior, no nos queda otra cosa que decir: ¡mentira!. Es que la ley de medios deja en pie los multimedios que existen en las provincias y que manejan a su gusto a la opinión pública. Estos multimedios se ven favorecidos porque la pequeñez del mercado no permite competencia de grupos rivales, ya que la torta publicitaria no puede financiar varias empresas de medios a la vez. Además, como la mayoría de las empresas realizan sus inversiones publicitarias en los medios de la Capital Federal, en las provincias el principal inversor pasa a ser el gobierno, que de esta manera se asegura el control de la opinión pública. No es casual que la mayoría de las empresas estén relacionadas de manera directa o indirecta con los partidos patronales, especialmente con el Justicialismo. Es el ejemplo de Jujuy, donde el senador justicialista Jenefes es el dueño del multimedio que controla toda la provincia. El senador, ¡oh casualidad!, votó a favor de la ley de medios. El ejemplo más burdo de manipulación de la opinión de pública y desinformació n es, sin embargo, el que rige en… Santa Cruz. En la provincia del matrimonio presidencial y bajo su total consentimiento, los medios están copados por el zar del juego, Cristóbal López (dueño, entre tantos negocios, del Casino de Puerto Madero), quien manipula la información al punto tal de borrar por completo toda noticia crítica referida al gobierno provincial y nacional. Así, las movilizaciones de 15.000 docentes en Río Gallegos (algo histórico, por cierto) eran presentadas en las últimas páginas del diario local, reducidas a “algunos pocos docentes se movilizaron”. La ley de medios aprobada por los K refuerza el control de las oligarquías provinciales y sus gobiernos sobre los medios de comunicación.
Mentira 6: “La nueva ley beneficia a las organizaciones civiles sin fines de lucro”
“¡quiero ver ahora cómo nos refutan!” deben alegrarse los K creídos que hasta los mayores críticos de la ley de medios deben reconocerles que este es un punto fuerte. ¿O acaso la nueva ley no modifica el criterio establecido por la dictadura de prohibir a las organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, por ejemplo) la obtención de licencias? Si, es cierto, pero vayamos por parte y quedará demostrado que esta mentira es tan falsa como las anteriores. Sucede que si bien es cierto que las organizaciones sin fines de lucro tendrán ahora la posibilidad de acceder a una licencia (algo que de todos modos ya era posible con las modificaciones hechas en los últimos años), el reclamo histórico de los medios comunitarios y alternativos de recibir licencias permanentes no se hará efectivo de manera directa. Las centenares de emisoras independientes que funcionan hoy en día deberán pelear entre si por ocupar alguno de los lugares (licencias) destinados por la nueva ley, peleando los mismos con la Iglesia y las ONGs. Si tenemos presente que será el gobierno de turno quién finalmente decidirá a quién se le otorgará la licencia, no hace falta mucho ingenio para ver que no serán las organizaciones comunicacionales críticas del mismo las beneficiadas por este artículo.
Es necesario señalar en este punto que, la ley deja abierta, ante la total omisión de precisiones, la definición con respecto a las “prestadoras sin fines de lucro”, dejando en igualdad de condiciones a los medios populares, comunitarios y alternativos y, por ejemplo, a la Iglesia y las ONGs financiadas por los mismos grandes multimedios que hoy el gobierno dice enfrentar (por ejemplo la fundación Noble de Clarín). El 33 % del espacio reservado para las “organizaciones sociales” deberá ser compartido con la Iglesia Católica (que tiene centenares de licencias en todo el país), lo que explica el apoyo explícito de Bergoglio a la ley. Como dijimos más arriba, una tajada del 33 % será también para las fundaciones y ONGs financiadas por el gran capital. De todo esto surge que la mayoría de las radios comunitarias seguirán sin acceder a su licencia, con la contra que ahora deberán enfrentar una ley de la democracia. Ya Mariotto, titular del COMFER, les comunicó a las radios comunitarias que no habrá lugar para todas.
Nuestra denuncia sobre el carácter de la ley acaba de ser confirmado desde el lugar menos pensado. En un reciente comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que en el pasado había apoyado fervorosamente la elaboración de la nueva ley de medios, afirmó lo siguiente: “que los foros y debates consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley y que la mayoría de las modificaciones propuestas no fueron incluidas”; que los medios alternativos no se encuentran “incluidos claramente en ella (la nueva ley) ni en el juego que los sectores de poder configuran en torno a este debate”; “que no se ha derogado el decreto 527/05” firmado por Kirchner en beneficio de Clarín; que “existe un exceso de licencias por prestador”; que la ley “no divide el espectro en tres tercios sino que sólo asigna un tercio a las entidades privadas sin fines de lucro, con lo que queda abierta la posibilidad de que lo que no sea utilizado por los medios públicos o estatales pueda ser explotado por entidades comerciales”; que el “acceso a la información pública y el manejo de la publicidad oficial sigue dependiendo del arbitrio del gobierno de turno” y que la “adjudicación de la totalidad del espectro radioeléctrico depende directamente del poder político de turno”. ¿Qué tal? Como puede leerse, las críticas son demoledoras y confirman, una a una, los puntos que hemos marcado desde el inicio de este debate.
Mentira 7: “La nueva ley democratizará el espacio mediático y deja afuera a las telefónicas”
Esta afirmación contiene tantas mentiras como palabras. Vamos por partes. En primer lugar, muchas radios comunitarias quedarán sin sus licencias, tal como se explicó en el punto anterior. Además, las que sí logren acceder a la misma no podrán competir con los multimedios, que concentran el capital y los medios tecnológicos necesarios para imponerse en el mercado. Es obvio que por más licencia que una radio comunitaria tenga las posibilidades de competir con Radio 10 o Radio Mitre están absolutamente limitadas por los medios tecnológicos que tienen a su disposición. Para tener igualdad de oportunidades sería necesario que la ley contemple el otorgamiento de medios técnicos a los medios comunitarios pero en verdad ningún artículo de la ley se refiere al punto. Por lo tanto la ley se limita a declarar la igualdad de oportunidades dejando sin modificar las desigualdades reales que existen y que todos conocen. Después de todo, la sociedad burguesa es así. Aunque se parte de la igualdad jurídica entre los ciudadanos la realidad está marcada por enormes desigualdades de todo tipo. La mentada igualdad oculta que hay desocupados, obreros con salarios de miseria y capitalistas que se llenan los bolsillos. Somos todos iguales pero como dice George Orwell “algunos son más iguales que otros”.
Sobre las telefónicas digamos lo siguiente. En el proyecto original se establecía que las telefónicas podrían intervenir en el negocio de los medios y brindar, mediante su red instalada, televisión por cable (triple play). Naturalmente, el que puso el grito en el cielo fue Clarín, que quería –y quiere- evitar la competencia de monopolios más fuertes que él, como son las telefónicas, vinculadas directamente al capital financiero. Aunque luego se retiró ese artículo, la presidenta aclaró que “no se podía tapar el sol con las manos”, es decir, que inexorablemente, las telefónicas ingresarán al negocio. Para habilitar esto el gobierno ha resuelto elaborar un proyecto de ley aparte. En este punto tendrá un nuevo choque con Clarín, que quiere evitar que los grandes monopolios telefónicos le disputen el negocio del triple play. De todo esto surge que la ley impulsada por el Ejecutivo, no tiene como objetivo la democratizació n de la palabra, sino la redistribució n capitalista del espacio radioeléctrico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa una feroz pelea interburguesa por el dominio de los nuevos espacios que abren las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones –la digitalizació n–, que en el caso del sistema japonés, que acaba de adoptar el gobierno, multiplica ocho veces las frecuencias disponibles. Por este motivo, la ley no parte de la derogación del decreto 527/05 que prorrogó las licencias por 10 años a los grupos monopólicos, sino de la defensa de un sistema mixto de medios donde sólo un tercio es reservado para las organizaciones sin fines de lucro (dentro de los cuales, como ya dijimos, se encuentra la Iglesia, ONGs capitalistas, etc.), mientras otro 33% será administrado por el Estado Nacional (que también puede entregarlo en usufructo al capital privado) y el otro 33 % será utilizado directamente por los grupos capitalistas. Con esto, el gobierno de turno multiplicará sus recursos mediáticos, al mismo tiempo que determinará quiénes obtendrán las licencias. De este modo, la nueva ley fortalece el control estatal sobre la opinión, y fomenta el últimamente popularizado “capitalismo de amigos” donde los allegados al poder de turno son los beneficiados. Los medios comunitarios, barriales y alternativos críticos del gobierno, nada pueden esperar de este reparto.
Mentira 8: “La nueva ley beneficia a los trabajadores de los medios”
¿Adivinen? ¿Otra mentira? Y si, no hay con que darle; la verdad no es algo que abunde entre los propagandistas del gobierno. Tenemos a mano, ahora, la huelga de los trabajadores del diario Crítica y nadie sabe en que medida la nueva ley sirve como protección. Pero si no lo saben no es por desconocimiento sino porque lisa y llanamente en la nueva ley los trabajadores no existen. En ninguno de sus más de 100 artículos la ley se refiere a los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Obvia, además, el Estatuto del periodista, que como es sabido, todos los grandes multimedios quieren eliminar de una vez y para siempre. La nueva ley no está escrita desde los intereses de los trabajadores de los medios, sino de los empresarios. Al obviar los derechos de los trabajadores la ley permitirá, de aplicarse, despidos en masa como consecuencia de la reestructuració n capitalista que plantea (fusiones, cierres de empresas, etc.).
Ya en la actualidad el gobierno mira para otro lado cuando los periodistas son perseguidos en las empresas privadas. Cuando él hace las veces de patrón (como en los medios del Estado) directamente lleva adelante por sus propios medios la política antiobrera y persecutoria. En los diarios K, como Página 12, existe la misma persecución que en diarios como Clarín. El caso más emblemático fue el despido del periodista Julio Nudler, de Página 12, por denunciar las corruptelas cometidas por el gobierno K en la Sindicatura General de La Nación. La persecución que existe en Clarín y en los diarios oficialistas como Página 12 son moneda corriente en los medios estatales. En Radio Nacional no reconoce al sindicato formado por los trabajadores. La nueva ley no sólo no abre mayores posibilidades para los trabajadores de los medios, sino que ni siquiera garantiza la seguridad laboral de los periodistas.
Mentira 9: “Resulta progresivo que los medios pasen al Estado”
Develar el carácter falaz de esta mentira es clave, ya que no se nos pasa por alto que aquí nuestros adversarios creen haber encontrado su punto fuerte –e incluso algunos “amigos” se dejan llevar por esta mentira poniendo de manifiesto sus limitaciones políticas y teóricas. En primer lugar debemos señalar que no estamos en presencia de una ley estatista. Por el contrario está armada en función de un rediseño capitalista de los medios de comunicación. Sólo el 33 % se le reserva al Estado e incluso esa pequeña porción puede ser cedida a los capitalistas de manera transitoria. El modelo K es el de Santa Cruz, donde los medios son de los capitalistas amigos del poder. O sea negocio privado de los medios y control gubernamental de los contenidos. Recordemos que dentro de los amigos favoritos del gobierno están las telefónicas.
De todos modos, de esta crítica no puede extraerse que nosotros apoyemos la estatización de los medios de comunicación o que entendamos que mediante ésta los trabajadores conquistarán la libertad de expresión. El Estado representa el órgano de opresión y dominación de la clase dominante. Su dominio de los medios no puede otra cosa que apuntalar ese régimen contra los trabajadores. En todos los países donde el Estado se apropio de los medios de comunicación las consecuencias fueron nefastas. Los trabajadores y las corrientes de oposición, incluso las que defienden el propio régimen burgués, fueron silenciados. Se estableció, así, un discurso único desde el poder. No es casual que la dictadura haya mantenido los canales de TV en sus manos, para evitar que se filtre información contraria a sus intereses.
Los que defienden la estatización confunden adrede la propiedad de los medios técnicos (las fuerzas productivas) con el control y gestión de los medios de comunicación cuando en realidad se trata de cuestiones totalmente distintas. La primera hace a terminar con el negocio capitalista de los medios. La segunda (la gestión) tiene que ver con quién dirige los medios y al servicio de qué intereses sociales. Si lo hace el Estado (u organismos estatizados de hecho) estará al servicio del pago de la deuda, el canje de bonos, la intervención del Indec y las paritarias con topes. Si en cambio la gestión está en manos de las corrientes populares permitirá que sean un instrumento para su emancipación y liberación.
Los que defienden la “estatización” de los medio pretenden, aún sólo discursivamente, des-estatizar al estado. Se lo presenta como un “poder público” y hasta como un factor de “democratizació n”. De esta forma se oculta que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes (en este caso concreto las capitalistas) . La intervención del Estado en los medios de comunicación refuerza el monopolio ideológico y la manipulación del capital. Incluso supera en ese objetivo a los monopolio privados pues, a diferencia de ellos, “es la expresión práctica, institucional de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia” (Prensa Obrera Nº 1131, “El Estado no es un poder público, Jorge Altamira”).
Es importante tener en cuenta que el “monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción ideológica –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de la conciencia de esos cuerpos-. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución, y por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección” (idem.).
Mentira 10: “El que no apoya la ley está con Clarín”
Esta es la mentira más peligrosa de todas, porque pretende obligar a elegir entre dos alternativas completamente perjudiciales. Suena llamativo que esta mentira es pronunciada ahora por agrupaciones que rechazaron esta misma manipulación en el momento en el momento en que se desarrollaba la disputa entre el gobierno y “el campo”. ¿Sería que en ese momento al no apoyar al gobierno eran agentes de la Sociedad Rural como gustaban acusar los K? La disyuntiva que plantea el gobierno, como se ve, es una trampa mortal ya que su objetivo estratégico es negarle a la clase obrera la posibilidad de una política autónoma de los bloques capitalistas en disputa.
La mentira 10, vaya paradoja, está plagada de mentiras. Es que si ellos realmente apoyan la ley para estar en contra de Clarín el debate sería otro y muy distinto. Podríamos, claro, abrir una discusión si para derrotar a Clarín y terminar con este monopolio la vía elegida de apoyar la ley K es la adecuada o no. Pero hasta ahora los izquierdistas que apoyan la ley lo han hecho por el contenido de la ley misma, a la cual le atribuyen cualidades que en este material hemos tratado de demostrar como mentirosas y engañosas. Insistimos: si es para enfrentar a Clarín perfecto, discutamos como lo hacemos; si es para apoyar la ley K no cuenten con nosotros.
Conclusión
La libertad de expresión es una lucha estratégica para todas las clases sociales, sobre todo para aquellas como la clase capitalista y la clase obrera que necesitan ganarse para su causa a los sectores intermedios de la sociedad. Los capitalistas son concientes de eso y al mismo tiempo que disputan entre ellos el negocio capitalista se cuidan, y mucho, de mantener el control ideológico de los medios bajo su mando.
Los trabajadores y los sectores populares deben luchar por una perspectiva propia. Por eso, en ningún caso pueden apoyar una ley de un gobierno que paga la deuda, impone topes salariales y arma negociados con los grupos económicos amigos. El hecho de que circunstancialmente el gobierno choque con Clarín y grupos de derecha no cambia en nada el asunto. Los trabajadores debemos ajustar cuentas con los multimedios y la derecha de manera propia, y no delegar en el gobierno, que más temprano que tarde se pondrá de acuerdo con sus pares capitalistas y la emprenderán en conjunto contra el pueblo trabajador.
Ninguna fuerza política que se reclama del campo popular puede alegar que ignora que el gobierno K pretende con la ley proceder a una cooptación de las organizaciones populares, en especial las de la clase obrera. Se trata de una disputa estratégica. Para el gobierno “nacional y popular” evitar la independencia de la clase obrera y sus organizaciones es una cuestión absolutamente clave. Los K son concientes que si los trabajadores conquistan su independencia política concluirán desenmascarando sus mentiras y agachadas sistemáticas al gran capital local e internacional, ya sean los negocios armados con la deuda externa, el ajuste contra el pueblo que se lleva adelante vía la inflación, la destrucción del medio ambiente mediante la minería contaminante, o la política internacional, en la cual la Argentina K aparece como un peón de EEUU en su enfrentamiento con Irán y su alianza con Israel.
La polémica desatada en torno a la ley de medios tiene todas estas implicancias. Los que luchamos por la independencia política de la clase obrera del gobierno que se reclama “nacional y popular” afirmamos que la única forma de que los trabajadores puedan conquistar realmente su libertad de expresión es mediante el desarrollo de sus propios medios de comunicación (la prensa obrera, radios, canales, etc.). Pero esta evolución depende enteramente de la conciencia de los propios trabajadores y no de un 33 % tramposo establecido por una ley del actual sistema.
Una mentira no deja de ser tal por más que se la repita reiteradamente. Sin embargo no podemos desconocer que quien se vale de ese método puede llegar a confundir e incluso, durante un cierto tiempo, salirse con la suya. Además, si es un gobierno el que promueve la “mentira sistémica” la cosa se agrava y mucho, porque los recursos materiales con que cuenta para esta tarea tan poco digna son cuantiosos: canales de televisión del estado, agencias de noticias, medios privados comprados gracias a la publicidad oficial, periodistas convertidos en bufones. En definitiva, todos los privilegios que se derivan del manejo del Poder.
¿Pero no es esto, acaso, lo que está sucediendo con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (o más conocida como ley de medios)? Desde hace semanas el gobierno repite una y otra vez que ley de medios es casi revolucionaria. Valiéndose de los canales oficiales ha promovido movilizaciones y actos donde los oradores afirman que la implementació n de la ley traería aparejada la “democratizació n de los medios de comunicación”, “la eliminación de los monopolios”, “el avance de los medios comunitarios” , “la pluralidad de voces”.
Para aportar a la confusión general, varios sectores que se reclaman no-kirchneristas, e incluso algunos que se autodefinen como opositores, también se han sumado al apoyo a la ley de medios reclamando su inmediata aplicación. Esta conducta ha sido asumida por los legisladores de Proyecto Sur y por grupos que suelen identificarse como “chavistas”. El servicio prestado por estos sectores al gobierno ha sido invalorable, dado que le otorgan una cobertura “plural” no solo en referencia a la ley de medios sino en su cruzada contra el Poder Judicial, que tiene en carpeta cuestiones estratégicas del régimen (legalidad de los DNU, la cuestión provisional, fusiones de grupos empresarios, etc.) y que en varios puntos choca con el gobierno K, defendiendo cada uno intereses capitalistas opuestos.
La publicidad de oficialistas e incluso del centroizquierdismo a favor de la ley ha generado una lógica confusión en los sectores populares. Las dudas son muchas y se entiende por qué. Aparece patente la contradicción de si es posible que un gobierno que paga la deuda externa, organiza canjes con beneficios gigantescos para los fondos buitres, establece techos salariales por debajo de la inflación y subsidia con los fondos públicos a los grandes monopolios puede, al mismo tiempo, ser el protagonista e impulsor de la democratizació n de los medios de comunicación en el país. En la misma línea surge como interrogante si una mayor estatización de los medios de comunicación equivale a mayor democratizació n de los mismos o sí, por el contrario, debe entenderse como una regimentación de la opinión pública que favorece a los intereses sociales que el Estado apaña. Tales cuestiones buscaremos develar con el material que hemos elaborado.
En definitiva llegó la hora de poner las cosas en su debido lugar. Las mentiras vertidas por el oficialismo y avaladas por buena parte de los que se reclaman opositores serán aquí reveladas como tales. Para que no queden dudas aclaramos que nuestra posición está inspirada en los principios del socialismo, es decir, en la lucha de la clase obrera por su emancipación de toda explotación y opresión tanto de los capitalistas individuales como de su Estado.
Mentira 1: “Ley de la dictadura versus ley de la democracia”
Los apologistas de la ley sienten que esta mentira no es tal, o sea, que es una verdad grande como una casa. Hasta varios, que la posan de modestos, se suman alegremente diciendo que “aunque no sea muy buena por lo menos es una ley de la democracia”. ¿Cuál es la verdad? En realidad, pasados ya 27 años de la instauración democrática no tiene sentido hablar de que la ley vigente es “de la dictadura”. Si se pretende hablar en serio debiera decirse que se trata de una “ley de la dictadura y de la democracia”, dado que estuvo vigente muchísimo más tiempo en períodos democráticos que dictatoriales. No está de más decir que lo que sucede con la ley de medios vale también para una gran parte de la legislación de la dictadura, que sigue vigente aún hoy. En el caso concreto de la ley de medios la característica distintiva es que fue modificada una y otra vez por quienes gobernaron desde 1983 en adelante. Las modificaciones “democráticas” de la ley sólo sirvieron para empeorar la ya reaccionaria ley dictatorial. Por ejemplo, se la modificó para privatizar los canales estatales (antes todos los canales de aire eran propiedad del Estado); para habilitar que los dueños de diarios puedan ser propietarios de radios y canales de TV, formándose así los multimedios y los monopolios tales como el Grupo Clarín; se multiplicó por 3 la cantidad de licencias que un operador puede utilizar. El kirchnerismo también hizo de las suyas al prorrogar por decreto (527/05) durante 10 años la utilización de las licencias a los grandes monopolios como Clarín, Hadad o el grupo Vila.
Con la ley de medios sucede lo mismo que con la deuda externa –para poner sólo un ejemplo. Recientemente la presidenta dijo que la deuda debe pagarse aunque haya sido contraída por la dictadura debido a que la democracia la hizo “suya”. Así, se pone en evidencia que entre “dictadura” y “democracia” existe una continuidad de intereses sociales. Este axioma, que los ex izquierdistas y los cientistas políticos creen un dislate del marxismo, es una verdad grande como una casa. Por todo esto defender una ley porque la sancione la democracia es una burrada. ¿O acaso las reformas educativas del Banco Mundial no han sido votadas por el Parlamento democrático? ¿O no sucedió lo mismo con la privatización de las jubilaciones? ¿O con la ley minera hecha a imagen y semejanza de los monopolios contaminantes? Habitualmente la votación “democrática” de una ley es el argumento de los gobiernos para desacreditar la lucha popular, que es presentada como la expresión de una minoría contra la mayoría (expresada mediante el sufragio universal en el Parlamento).
Resumiendo: el hecho de que la ley sea votada por un Parlamento democrático no la hace progresiva per se, por el simple hecho de que se trata de una democracia dirigida por y para los capitalistas.
Mentira 2: “La nueva ley es antimonopólica”
Esta mentira también es escuchada habitualmente de parte de los propagandistas de la ley. Se trata, sin embargo, de una completa falsedad de muy fácil demostración. Mientras la ley reaccionaria de la dictadura habilitada a un operador a tener como máximo 4 licencias la ley kirchnerista sube ese máximo a 12. Es decir que lejos de ser antimonopólica la ley favorece la formación de monopolios. ¿Qué tal? ¿No saben los periodistas del programa 6, 7, 8 que 12 equivale a 3 veces 4? Por supuesto que sí pero son empleados a sueldo del poder, de los que no podemos esperar la más mínima sinceridad.
Mentira 3: “La nueva ley enfrenta los multimedios”
Esta mentira también es repetida cotidianamente por los plumíferos del kirchnerismo. Pero e aquí que es falsa por completo. Veamos. La ley de medios K deja en pie la modificación reaccionaria hecha por Alfonsín y por Menem. Estos, para favorecer por sobre todo al grupo Clarín, habilitaron algo que prohibía la ley reaccionaria de la dictadura. Nos referimos a la posibilidad de que un mismo empresario pueda tener distintos medios de comunicación (radio, prensa y televisión) en una misma jurisdicción o territorio. Siguiendo la legislación internacional la ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba esa posibilidad. Pero vino la “democracia” y al privatizar los canales del Estado se permitió que Clarín compre Canal 13 y que el grupo Vigil (dueño de revista Gente, el Gráfico, etc.) compre canal 11. Luego canal 13 compró también radio Mitre.
La nueva ley de medios K deja intactas esas modificaciones pero son justamente éstas las que dieron el marco legal para la formación de los multimedios. Por eso es totalmente falso que la nueva ley prohíba o enfrente los multimedios.
Mentira 4: “La nueva ley es nacional y popular”
Esta mentira es “nacional y popular” pero no por eso menos falsa que las anteriores. Veamos. La ley reaccionaria de la dictadura no habilitaba la participación de capitales extranjeros en los medios de comunicación. Sin embargo, los sucesivos cambios introducidos por la “democracia” habilitaron el ingreso de dichos capitales. En esa misma dirección la nueva ley K se coloca en el marco de los tratados de promoción y protección recíproca de inversiones con países extranjeros aprobados en el año 1994 por el Congreso de la Nación, habilitando el ingreso de capitales extranjeros al sector de las comunicaciones. Sirve recordar que dicha resolución llevó a que entre los años 1996 y 1998, casi la totalidad de los medios existentes, fueran transferidos a sectores vinculados al capital financiero.
Cuando los plumíferos K dicen que es una ley “nacional” o mienten alevosamente o hacen gala de una ignorancia supina. Quizás sea un poco de cada cosa.
Mentira 5: “Es una ley que favorece el federalismo”
Aquí, como en el punto anterior, no nos queda otra cosa que decir: ¡mentira!. Es que la ley de medios deja en pie los multimedios que existen en las provincias y que manejan a su gusto a la opinión pública. Estos multimedios se ven favorecidos porque la pequeñez del mercado no permite competencia de grupos rivales, ya que la torta publicitaria no puede financiar varias empresas de medios a la vez. Además, como la mayoría de las empresas realizan sus inversiones publicitarias en los medios de la Capital Federal, en las provincias el principal inversor pasa a ser el gobierno, que de esta manera se asegura el control de la opinión pública. No es casual que la mayoría de las empresas estén relacionadas de manera directa o indirecta con los partidos patronales, especialmente con el Justicialismo. Es el ejemplo de Jujuy, donde el senador justicialista Jenefes es el dueño del multimedio que controla toda la provincia. El senador, ¡oh casualidad!, votó a favor de la ley de medios. El ejemplo más burdo de manipulación de la opinión de pública y desinformació n es, sin embargo, el que rige en… Santa Cruz. En la provincia del matrimonio presidencial y bajo su total consentimiento, los medios están copados por el zar del juego, Cristóbal López (dueño, entre tantos negocios, del Casino de Puerto Madero), quien manipula la información al punto tal de borrar por completo toda noticia crítica referida al gobierno provincial y nacional. Así, las movilizaciones de 15.000 docentes en Río Gallegos (algo histórico, por cierto) eran presentadas en las últimas páginas del diario local, reducidas a “algunos pocos docentes se movilizaron”. La ley de medios aprobada por los K refuerza el control de las oligarquías provinciales y sus gobiernos sobre los medios de comunicación.
Mentira 6: “La nueva ley beneficia a las organizaciones civiles sin fines de lucro”
“¡quiero ver ahora cómo nos refutan!” deben alegrarse los K creídos que hasta los mayores críticos de la ley de medios deben reconocerles que este es un punto fuerte. ¿O acaso la nueva ley no modifica el criterio establecido por la dictadura de prohibir a las organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, por ejemplo) la obtención de licencias? Si, es cierto, pero vayamos por parte y quedará demostrado que esta mentira es tan falsa como las anteriores. Sucede que si bien es cierto que las organizaciones sin fines de lucro tendrán ahora la posibilidad de acceder a una licencia (algo que de todos modos ya era posible con las modificaciones hechas en los últimos años), el reclamo histórico de los medios comunitarios y alternativos de recibir licencias permanentes no se hará efectivo de manera directa. Las centenares de emisoras independientes que funcionan hoy en día deberán pelear entre si por ocupar alguno de los lugares (licencias) destinados por la nueva ley, peleando los mismos con la Iglesia y las ONGs. Si tenemos presente que será el gobierno de turno quién finalmente decidirá a quién se le otorgará la licencia, no hace falta mucho ingenio para ver que no serán las organizaciones comunicacionales críticas del mismo las beneficiadas por este artículo.
Es necesario señalar en este punto que, la ley deja abierta, ante la total omisión de precisiones, la definición con respecto a las “prestadoras sin fines de lucro”, dejando en igualdad de condiciones a los medios populares, comunitarios y alternativos y, por ejemplo, a la Iglesia y las ONGs financiadas por los mismos grandes multimedios que hoy el gobierno dice enfrentar (por ejemplo la fundación Noble de Clarín). El 33 % del espacio reservado para las “organizaciones sociales” deberá ser compartido con la Iglesia Católica (que tiene centenares de licencias en todo el país), lo que explica el apoyo explícito de Bergoglio a la ley. Como dijimos más arriba, una tajada del 33 % será también para las fundaciones y ONGs financiadas por el gran capital. De todo esto surge que la mayoría de las radios comunitarias seguirán sin acceder a su licencia, con la contra que ahora deberán enfrentar una ley de la democracia. Ya Mariotto, titular del COMFER, les comunicó a las radios comunitarias que no habrá lugar para todas.
Nuestra denuncia sobre el carácter de la ley acaba de ser confirmado desde el lugar menos pensado. En un reciente comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que en el pasado había apoyado fervorosamente la elaboración de la nueva ley de medios, afirmó lo siguiente: “que los foros y debates consistieron simplemente en exposiciones en defensa del proyecto de ley y que la mayoría de las modificaciones propuestas no fueron incluidas”; que los medios alternativos no se encuentran “incluidos claramente en ella (la nueva ley) ni en el juego que los sectores de poder configuran en torno a este debate”; “que no se ha derogado el decreto 527/05” firmado por Kirchner en beneficio de Clarín; que “existe un exceso de licencias por prestador”; que la ley “no divide el espectro en tres tercios sino que sólo asigna un tercio a las entidades privadas sin fines de lucro, con lo que queda abierta la posibilidad de que lo que no sea utilizado por los medios públicos o estatales pueda ser explotado por entidades comerciales”; que el “acceso a la información pública y el manejo de la publicidad oficial sigue dependiendo del arbitrio del gobierno de turno” y que la “adjudicación de la totalidad del espectro radioeléctrico depende directamente del poder político de turno”. ¿Qué tal? Como puede leerse, las críticas son demoledoras y confirman, una a una, los puntos que hemos marcado desde el inicio de este debate.
Mentira 7: “La nueva ley democratizará el espacio mediático y deja afuera a las telefónicas”
Esta afirmación contiene tantas mentiras como palabras. Vamos por partes. En primer lugar, muchas radios comunitarias quedarán sin sus licencias, tal como se explicó en el punto anterior. Además, las que sí logren acceder a la misma no podrán competir con los multimedios, que concentran el capital y los medios tecnológicos necesarios para imponerse en el mercado. Es obvio que por más licencia que una radio comunitaria tenga las posibilidades de competir con Radio 10 o Radio Mitre están absolutamente limitadas por los medios tecnológicos que tienen a su disposición. Para tener igualdad de oportunidades sería necesario que la ley contemple el otorgamiento de medios técnicos a los medios comunitarios pero en verdad ningún artículo de la ley se refiere al punto. Por lo tanto la ley se limita a declarar la igualdad de oportunidades dejando sin modificar las desigualdades reales que existen y que todos conocen. Después de todo, la sociedad burguesa es así. Aunque se parte de la igualdad jurídica entre los ciudadanos la realidad está marcada por enormes desigualdades de todo tipo. La mentada igualdad oculta que hay desocupados, obreros con salarios de miseria y capitalistas que se llenan los bolsillos. Somos todos iguales pero como dice George Orwell “algunos son más iguales que otros”.
Sobre las telefónicas digamos lo siguiente. En el proyecto original se establecía que las telefónicas podrían intervenir en el negocio de los medios y brindar, mediante su red instalada, televisión por cable (triple play). Naturalmente, el que puso el grito en el cielo fue Clarín, que quería –y quiere- evitar la competencia de monopolios más fuertes que él, como son las telefónicas, vinculadas directamente al capital financiero. Aunque luego se retiró ese artículo, la presidenta aclaró que “no se podía tapar el sol con las manos”, es decir, que inexorablemente, las telefónicas ingresarán al negocio. Para habilitar esto el gobierno ha resuelto elaborar un proyecto de ley aparte. En este punto tendrá un nuevo choque con Clarín, que quiere evitar que los grandes monopolios telefónicos le disputen el negocio del triple play. De todo esto surge que la ley impulsada por el Ejecutivo, no tiene como objetivo la democratizació n de la palabra, sino la redistribució n capitalista del espacio radioeléctrico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expresa una feroz pelea interburguesa por el dominio de los nuevos espacios que abren las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones –la digitalizació n–, que en el caso del sistema japonés, que acaba de adoptar el gobierno, multiplica ocho veces las frecuencias disponibles. Por este motivo, la ley no parte de la derogación del decreto 527/05 que prorrogó las licencias por 10 años a los grupos monopólicos, sino de la defensa de un sistema mixto de medios donde sólo un tercio es reservado para las organizaciones sin fines de lucro (dentro de los cuales, como ya dijimos, se encuentra la Iglesia, ONGs capitalistas, etc.), mientras otro 33% será administrado por el Estado Nacional (que también puede entregarlo en usufructo al capital privado) y el otro 33 % será utilizado directamente por los grupos capitalistas. Con esto, el gobierno de turno multiplicará sus recursos mediáticos, al mismo tiempo que determinará quiénes obtendrán las licencias. De este modo, la nueva ley fortalece el control estatal sobre la opinión, y fomenta el últimamente popularizado “capitalismo de amigos” donde los allegados al poder de turno son los beneficiados. Los medios comunitarios, barriales y alternativos críticos del gobierno, nada pueden esperar de este reparto.
Mentira 8: “La nueva ley beneficia a los trabajadores de los medios”
¿Adivinen? ¿Otra mentira? Y si, no hay con que darle; la verdad no es algo que abunde entre los propagandistas del gobierno. Tenemos a mano, ahora, la huelga de los trabajadores del diario Crítica y nadie sabe en que medida la nueva ley sirve como protección. Pero si no lo saben no es por desconocimiento sino porque lisa y llanamente en la nueva ley los trabajadores no existen. En ninguno de sus más de 100 artículos la ley se refiere a los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Obvia, además, el Estatuto del periodista, que como es sabido, todos los grandes multimedios quieren eliminar de una vez y para siempre. La nueva ley no está escrita desde los intereses de los trabajadores de los medios, sino de los empresarios. Al obviar los derechos de los trabajadores la ley permitirá, de aplicarse, despidos en masa como consecuencia de la reestructuració n capitalista que plantea (fusiones, cierres de empresas, etc.).
Ya en la actualidad el gobierno mira para otro lado cuando los periodistas son perseguidos en las empresas privadas. Cuando él hace las veces de patrón (como en los medios del Estado) directamente lleva adelante por sus propios medios la política antiobrera y persecutoria. En los diarios K, como Página 12, existe la misma persecución que en diarios como Clarín. El caso más emblemático fue el despido del periodista Julio Nudler, de Página 12, por denunciar las corruptelas cometidas por el gobierno K en la Sindicatura General de La Nación. La persecución que existe en Clarín y en los diarios oficialistas como Página 12 son moneda corriente en los medios estatales. En Radio Nacional no reconoce al sindicato formado por los trabajadores. La nueva ley no sólo no abre mayores posibilidades para los trabajadores de los medios, sino que ni siquiera garantiza la seguridad laboral de los periodistas.
Mentira 9: “Resulta progresivo que los medios pasen al Estado”
Develar el carácter falaz de esta mentira es clave, ya que no se nos pasa por alto que aquí nuestros adversarios creen haber encontrado su punto fuerte –e incluso algunos “amigos” se dejan llevar por esta mentira poniendo de manifiesto sus limitaciones políticas y teóricas. En primer lugar debemos señalar que no estamos en presencia de una ley estatista. Por el contrario está armada en función de un rediseño capitalista de los medios de comunicación. Sólo el 33 % se le reserva al Estado e incluso esa pequeña porción puede ser cedida a los capitalistas de manera transitoria. El modelo K es el de Santa Cruz, donde los medios son de los capitalistas amigos del poder. O sea negocio privado de los medios y control gubernamental de los contenidos. Recordemos que dentro de los amigos favoritos del gobierno están las telefónicas.
De todos modos, de esta crítica no puede extraerse que nosotros apoyemos la estatización de los medios de comunicación o que entendamos que mediante ésta los trabajadores conquistarán la libertad de expresión. El Estado representa el órgano de opresión y dominación de la clase dominante. Su dominio de los medios no puede otra cosa que apuntalar ese régimen contra los trabajadores. En todos los países donde el Estado se apropio de los medios de comunicación las consecuencias fueron nefastas. Los trabajadores y las corrientes de oposición, incluso las que defienden el propio régimen burgués, fueron silenciados. Se estableció, así, un discurso único desde el poder. No es casual que la dictadura haya mantenido los canales de TV en sus manos, para evitar que se filtre información contraria a sus intereses.
Los que defienden la estatización confunden adrede la propiedad de los medios técnicos (las fuerzas productivas) con el control y gestión de los medios de comunicación cuando en realidad se trata de cuestiones totalmente distintas. La primera hace a terminar con el negocio capitalista de los medios. La segunda (la gestión) tiene que ver con quién dirige los medios y al servicio de qué intereses sociales. Si lo hace el Estado (u organismos estatizados de hecho) estará al servicio del pago de la deuda, el canje de bonos, la intervención del Indec y las paritarias con topes. Si en cambio la gestión está en manos de las corrientes populares permitirá que sean un instrumento para su emancipación y liberación.
Los que defienden la “estatización” de los medio pretenden, aún sólo discursivamente, des-estatizar al estado. Se lo presenta como un “poder público” y hasta como un factor de “democratizació n”. De esta forma se oculta que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes (en este caso concreto las capitalistas) . La intervención del Estado en los medios de comunicación refuerza el monopolio ideológico y la manipulación del capital. Incluso supera en ese objetivo a los monopolio privados pues, a diferencia de ellos, “es la expresión práctica, institucional de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia” (Prensa Obrera Nº 1131, “El Estado no es un poder público, Jorge Altamira”).
Es importante tener en cuenta que el “monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción ideológica –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de la conciencia de esos cuerpos-. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución, y por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección” (idem.).
Mentira 10: “El que no apoya la ley está con Clarín”
Esta es la mentira más peligrosa de todas, porque pretende obligar a elegir entre dos alternativas completamente perjudiciales. Suena llamativo que esta mentira es pronunciada ahora por agrupaciones que rechazaron esta misma manipulación en el momento en el momento en que se desarrollaba la disputa entre el gobierno y “el campo”. ¿Sería que en ese momento al no apoyar al gobierno eran agentes de la Sociedad Rural como gustaban acusar los K? La disyuntiva que plantea el gobierno, como se ve, es una trampa mortal ya que su objetivo estratégico es negarle a la clase obrera la posibilidad de una política autónoma de los bloques capitalistas en disputa.
La mentira 10, vaya paradoja, está plagada de mentiras. Es que si ellos realmente apoyan la ley para estar en contra de Clarín el debate sería otro y muy distinto. Podríamos, claro, abrir una discusión si para derrotar a Clarín y terminar con este monopolio la vía elegida de apoyar la ley K es la adecuada o no. Pero hasta ahora los izquierdistas que apoyan la ley lo han hecho por el contenido de la ley misma, a la cual le atribuyen cualidades que en este material hemos tratado de demostrar como mentirosas y engañosas. Insistimos: si es para enfrentar a Clarín perfecto, discutamos como lo hacemos; si es para apoyar la ley K no cuenten con nosotros.
Conclusión
La libertad de expresión es una lucha estratégica para todas las clases sociales, sobre todo para aquellas como la clase capitalista y la clase obrera que necesitan ganarse para su causa a los sectores intermedios de la sociedad. Los capitalistas son concientes de eso y al mismo tiempo que disputan entre ellos el negocio capitalista se cuidan, y mucho, de mantener el control ideológico de los medios bajo su mando.
Los trabajadores y los sectores populares deben luchar por una perspectiva propia. Por eso, en ningún caso pueden apoyar una ley de un gobierno que paga la deuda, impone topes salariales y arma negociados con los grupos económicos amigos. El hecho de que circunstancialmente el gobierno choque con Clarín y grupos de derecha no cambia en nada el asunto. Los trabajadores debemos ajustar cuentas con los multimedios y la derecha de manera propia, y no delegar en el gobierno, que más temprano que tarde se pondrá de acuerdo con sus pares capitalistas y la emprenderán en conjunto contra el pueblo trabajador.
Ninguna fuerza política que se reclama del campo popular puede alegar que ignora que el gobierno K pretende con la ley proceder a una cooptación de las organizaciones populares, en especial las de la clase obrera. Se trata de una disputa estratégica. Para el gobierno “nacional y popular” evitar la independencia de la clase obrera y sus organizaciones es una cuestión absolutamente clave. Los K son concientes que si los trabajadores conquistan su independencia política concluirán desenmascarando sus mentiras y agachadas sistemáticas al gran capital local e internacional, ya sean los negocios armados con la deuda externa, el ajuste contra el pueblo que se lleva adelante vía la inflación, la destrucción del medio ambiente mediante la minería contaminante, o la política internacional, en la cual la Argentina K aparece como un peón de EEUU en su enfrentamiento con Irán y su alianza con Israel.
La polémica desatada en torno a la ley de medios tiene todas estas implicancias. Los que luchamos por la independencia política de la clase obrera del gobierno que se reclama “nacional y popular” afirmamos que la única forma de que los trabajadores puedan conquistar realmente su libertad de expresión es mediante el desarrollo de sus propios medios de comunicación (la prensa obrera, radios, canales, etc.). Pero esta evolución depende enteramente de la conciencia de los propios trabajadores y no de un 33 % tramposo establecido por una ley del actual sistema.
26 de junio de 2010
Néstor Kirchner contra el 82% móvil
Kirchner desenmascara a la propia presidenta en relación a las jubilaciones
"Según Néstor Kirchner, el país no estaría preparado para pagar el 82% móvil. Pero sí lo está para remunerar con un 100% de ganancias a los especuladores del canje de deuda, o para destinar los recursos de la Anses a todo tipo de negociados”. Esto señaló Marcelo Ramal, del Partido Obrero, en relación a las declaraciones del ex presidente en Neuquén contra la movilidad jubilatoria. "Pero Néstor Kirchner ha ido aún más lejos: con su declaración, desenmascaró nada menos que a la propia presidenta, quien suele criticar –en Europa-las ‘recetas de ajuste’, que pasan, invariablemente, por la destrucción de las conquistas jubilatorias", concluyó Ramal.
"Según Néstor Kirchner, el país no estaría preparado para pagar el 82% móvil. Pero sí lo está para remunerar con un 100% de ganancias a los especuladores del canje de deuda, o para destinar los recursos de la Anses a todo tipo de negociados”. Esto señaló Marcelo Ramal, del Partido Obrero, en relación a las declaraciones del ex presidente en Neuquén contra la movilidad jubilatoria. "Pero Néstor Kirchner ha ido aún más lejos: con su declaración, desenmascaró nada menos que a la propia presidenta, quien suele criticar –en Europa-las ‘recetas de ajuste’, que pasan, invariablemente, por la destrucción de las conquistas jubilatorias", concluyó Ramal.
25 de junio de 2010
El acuerdo de PJ-UCR y Frente Cívico es una provocación contra el pueblo
No al AUMENTO A LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS
Sí al aumento PARA DOCENTES, MEDICOS y EMPLEADOS PÚBLICOS
El dirigente del Partido Obrero, Eduardo Salas, definió la decisión del gobierno, de radicales y juecistas de aumentarse las dietas, de una verdadera provocación contra el pueblo y los trabajadores. “La decisión del gobierno de aumentar los sueldos de funcionarios y las dietas de los legisladores, decisión acompañada por los juecistas y los radicales, es un verdadero programa de gobierno. Luego de rechazar los reclamos salariales de los empleados del estado provincial, luego de meterle la mano a los jubilados, luego de permitir la destrucción de la salud y la educación públicas, gobierno y oposición se ponen de acuerdo en meter la mano en las finanzas públicas para mejorar sus condiciones de vida. Es una provocación”, declaró Salas.
Salas adelantó que el bloque legislativo del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que integra el Partido Obrero, rechazará este aumento y llamará a los trabajadores a movilizarse contra esta provocación y a las organizaciones gremiales a ponerse en pie de lucha por un aumento del 50% pero para los trabajadores, para los presupuestos de salud, educación, viviendas y todas las necesidades populares.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) l55-477025
Sí al aumento PARA DOCENTES, MEDICOS y EMPLEADOS PÚBLICOS
El dirigente del Partido Obrero, Eduardo Salas, definió la decisión del gobierno, de radicales y juecistas de aumentarse las dietas, de una verdadera provocación contra el pueblo y los trabajadores. “La decisión del gobierno de aumentar los sueldos de funcionarios y las dietas de los legisladores, decisión acompañada por los juecistas y los radicales, es un verdadero programa de gobierno. Luego de rechazar los reclamos salariales de los empleados del estado provincial, luego de meterle la mano a los jubilados, luego de permitir la destrucción de la salud y la educación públicas, gobierno y oposición se ponen de acuerdo en meter la mano en las finanzas públicas para mejorar sus condiciones de vida. Es una provocación”, declaró Salas.
Salas adelantó que el bloque legislativo del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que integra el Partido Obrero, rechazará este aumento y llamará a los trabajadores a movilizarse contra esta provocación y a las organizaciones gremiales a ponerse en pie de lucha por un aumento del 50% pero para los trabajadores, para los presupuestos de salud, educación, viviendas y todas las necesidades populares.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) l55-477025
EL MOVIMIENTO OBRERO DEBATE
Mesa RedondaCrisis Mundial - Deuda Externa - Paritarias
Viernes 25/06 - 19 Hs. - Fac. de Arquitectura, sede Centro (Av. Velez Sarsfield 264), segundo cuerpo, aula "B"- 1º piso.
Panelistas:
* Delegado Docente, agrupación Tribuna Docente (oposición UEPC)
* Delegada Municipal (oposición SUOEM)
* Dirigente de la agrupación ORTUTA (oposición UTA)
* Dirigente de la agrupación UTATEC (oposición Telefónicos)
Coordina:
Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero
Organizan:
Secretaría de RELACIÓN OBRERO-ESTUDIANTIL de la FUC
Unión de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero
24 de junio de 2010
DE LOS DERECHOS DEMOCRATICOS A LA COOPTACION
Por qué se oponen al matrimonio homosexual
El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual.
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristóbal
El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual.
La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales.
Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar.
La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas.
Todo cambia
El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas.
Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases.
Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social.
La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones).
Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.
Olga Cristóbal
BARILOCHE, MUY CERCA DEL PUENTE PUEYRREDON
Maximiliano Kosteki, Darío Santillán. Todos sabemos quiénes son. Cayeron asesinados hace ocho años, en las cercanías del Puente Pueyrredón.
Diego Bonefoi, Matías Carrasco, Sergio Cárdenas. ¿Quiénes son?
Los mató la policía en Bariloche, hace sólo cinco días.
En el caso de Matías y Sergio, cuando marchaban en protesta por la muerte de Diego.
Igual que Kosteki y Santillán.
Los mató la policía de un gobierno radical-kirchnerista.
O sea, de los que decían que “nunca habrá un muerto por una represión”.
El gobierno de los “derechos humanos” es un represor implacable de toda lucha consecuente.
Es su medicina contra los que desafían la miseria salarial, las jubilaciones de indigencia o la contaminación ambiental.
Siguiendo ese libreto, los Kirchner criminalizaron a Gualeguaychú.
Este gobierno, que fue incapaz de castigar a los represores políticos del Puente Pueyrredón, uno de los cuales es su jefe de Gabinete, quiere adueñarse de la jornada de lucha del Puente.
Convertirla en un episodio de su “interna” contra Duhalde, pero incapaz, repetimos, de hacer justicia.
El próximo 26 vamos al Puente a levantar el mismo reclamo que atronó, días atrás, en los barrios de Bariloche.
¡Juicio y castigo a los culpables!
¡Cárcel a los genocidas!
Libertad de organización para luchar por el salario, por el trabajo, por los derechos que, todos los días, nos niega el régimen social que armó a los asesinos de Maxi y Darío.
23 de junio de 2010
EN DEFENSA DE LOS JUBILADOS Y LAS JUBILACIONES
ACTO del PARTIDO OBRERO
Miércoles 23/06 - 11:30 Hs. - Frente a la ANSES (Rosario de Santa Fe esq. Rivadavia)
El matrimonio presidencial se jacta de cumplir con “los compromisos de deuda”, eso sí, siempre que se trate de banqueros y usureros que reclaman se les pague más de lo que sus bonos de deuda valen.
Es justamente lo contrario de lo que pasa con los jubilados, que incluso teniendo fallos favorables de la Corte, no reciben un solo peso en actualización de sus haberes.
Algo aberrante si se considera que la inflación anual supera el 20% y que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobra $895 de haber mínimo.
El Partido Obrero levantará una tribuna de denuncia de esta situación y de defensa de los jubilados y las jubilaciones, bajo las siguientes consignas:
* 82% móvil para todos los jubilados.
* Ninguna jubilación por debajo de los 2.000 pesos.
* Administración de la Anses a cargo de representantes electos de trabajadores y jubilados.
* No pago de la deuda externa.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
Miércoles 23/06 - 11:30 Hs. - Frente a la ANSES (Rosario de Santa Fe esq. Rivadavia)
El matrimonio presidencial se jacta de cumplir con “los compromisos de deuda”, eso sí, siempre que se trate de banqueros y usureros que reclaman se les pague más de lo que sus bonos de deuda valen.
Es justamente lo contrario de lo que pasa con los jubilados, que incluso teniendo fallos favorables de la Corte, no reciben un solo peso en actualización de sus haberes.
Algo aberrante si se considera que la inflación anual supera el 20% y que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobra $895 de haber mínimo.
El Partido Obrero levantará una tribuna de denuncia de esta situación y de defensa de los jubilados y las jubilaciones, bajo las siguientes consignas:
* 82% móvil para todos los jubilados.
* Ninguna jubilación por debajo de los 2.000 pesos.
* Administración de la Anses a cargo de representantes electos de trabajadores y jubilados.
* No pago de la deuda externa.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
22 de junio de 2010
Sudáfrica 2010
Los oscuros negocios de la Fifa
Por la realización del Mundial Sudáfrica, la Fifa logrará ingresos por 1.060 millones de euros. La máxima entidad del fútbol mantuvo un balance positivo en 2009, del orden de los 200 millones de dólares, como si fuera inmune a la crisis capitalista mundial, la cual, sin embargo, contribuyó a desatar una verdadera guerra entre los sponsors de la Fifa.
Luego del Mundial de Alemania 2006, la Fifa definió una nueva estrategia para el manejo de sus patrocinios, dividiendo sus acuerdos en tres modalidades: socios comerciales, patrocinadores y los promotores nacionales. Los “socios” gozan de contratos de exclusividad por varios años y no sólo para los mundiales. Los patrocinadores disfrutan de beneficios por un torneo en particular, mientras que los promotores reciben derechos de uso de marca a nivel local o regional.
Los actuales “socios” acordaron pagar entre 100 y 200 millones de euros anuales, por adelantado, para reventar a eventuales competidores, con lo que le aseguraron a la Fifa el ingreso de casi 900 millones euros antes de que empiece a rodar la pelota. El proceso “eliminatorio” entre los grandes pulpos capitalistas decantó con la marcha de la propia crisis capitalista mundial. De los 24 sponsors mundiales de la Fifa, Adidas y Coca, Sony y Visa han desplazado largamente a todos sus rivales.
Coca-Cola es el campeón “mundial”: tiene un escandaloso acuerdo económico con la Fifa hasta el año 1022, similar al que Grondona tenía con TyC Sport, lo que le asegura tres mundiales más. Un verdadero “socio” eterno.
Adidas, a su turno, vestirá a 12 de los 32 seleccionados, asegurándose los más importantes (incluida Argentina). Relegó largamente a Puma, que había sido primera en el Mundial de Alemania y que ahora sólo “sponsorea” seis seleccionados de segundo orden, quedando incluso detrás de la estadounidense Nike. Puma perdió por goleada en la crisis mundial ya que “experimentó la peor desaceleración económica en sus aproximadamente 60 años de historia” (CNN Expansión.com, 17/3). También como resultado de la crisis, Sony, que invirtió 305 millones de dólares, desplazó a Phillips, que viene enfrentando “resultados económicos negativos y se vio obligada a recortar su plantilla mundial en un 5% –unos 6.000 puestos de trabajo– más la amenaza de provocar miles de despidos de trabajadores en todo el mundo” (Revista Fortune).
Visa, con una inversión de 250 millones, desplazó a otro gigante de los sponsors que fue históricamente MasterCard. El acuerdo de Blatter con Visa fue un escándalo internacional y la pelea hoy aún se libra en los tribunales de Nueva York, lo que anticipa una profundización de la crisis mundial de esta tarjeta.
La Fifa se ha trasformado en una de las principales multinacionales del mundo. Sus negocios son cada día más oscuros y se expanden a todos los continentes. Se ha transformado en un organismo donde sus fallos son inapelables, en el que los seleccionados participantes no pueden recurrir ni siquiera a la Justicia de sus propios países en un diferendo, pues son borrados de la escena del deporte mundial. La Fifa tiene más asociados que la ONU y los 207 países que la integran son un dibujo arbitrario armado por su propia dirección, que maneja a su antojo las cifras siderales en millones de euros. Es lo que está por detrás de la “fiesta” planetaria del deporte más popular del mundo.
Juan Ferro
_____________________________________________
Porqué los K son tan futboleros
Abel Martínez Gabino es un comerciante de Gualeguaychú. Además, es el titular de la ONG Ciudadanos Movilizados, impulsora de la demanda contra los asambleístas que derivó en una de las órdenes judiciales de "despejar" el paso hacia Fray Bentos. Es decir, de reprimir a quienes cortan el puente. Pero no terminan ahí las actividades de Martínez Gabino. El hombre también es el presidente de la Asociación del Fútbol de Gualeguaychú, así como su amigo, el gobernador Sergio Uribarri, dirige la liga de clubes de Concordia. Ambos tienen otro amigo común: Julio Grondona. Y los tres piensan que los trajines de la pelota en Sudáfrica bien pueden disimular un eventual ataque de la Gendarmería al puente General San Martín.
De igual manera, el gobierno tiene la esperanza de que un buen papel del seleccionado argentino en Sudáfrica 2010 haga pasar inadvertido, por ejemplo, el fracaso de Amado Boudou en el nuevo canje de deuda. Y si el equipo de Maradona pasa a la segunda ronda y sigue avanzando, será el momento de aprobar el nuevo régimen de apuestas para enriquecer aún más al capomafia Cristóbal López, zar kirchnerista del escolaso.
Una buena actuación en Sudáfrica también les haría olvidar con creces el disgusto que todos ellos se llevaron cuando Daniel Passarella le ganó en River a un aparato armado por la banda de los Werthein, el diputado kirchnerista Juan José Alvarez -ex "disidente", readquirido por los K este año y agente de la Side durante la dictadura- y padre Hugo Santilli, padre de Diego, ministro porteño.
Los K tienen muchas razones para seguir el mundial con vincha, bandera y bombo. Grondona también. La sociedad anudada entre el gobierno y el capo di tutti capi de la AFA se ha vuelto estratégica, cosa reflejada hasta en los personajes de esta historia. Por ejemplo, el puntero quilmeño José Luis Meiszner, mano derecha de Grondona, es a su vez un colaborador íntimo de Aníbal Fernández y padre del titular del Registro Nacional de Armas, aquel que se ve rozado por los crímenes de General Rodríguez desde que se conocieron sus vínculos con Martín Lanatta, presunto asesino de Sebastián Forza.
Barrabravas vip
Andrés "Bebote" Alvarez, jefe de la barra brava de Independiente, se quedó sin Mundial porque la policía sudafricana lo echó por sus antecedentes criminales. En Johannesburgo o en Pretoria, se encuentran Facundo y Pablo Moyano, hijos del titular de la CGT, a quienes la prensa reconoce como "jefes" de la barra.
A todo esto, quedó en el ridículo la versión de algunos miembros de la patota kirchnerista agrupada en Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) acerca de que habrían conseguido el dinero para viajar al Mundial mediante la venta de rifas. Como no había entradas para el partido contra Nigeria, su jefe, Marcelo Mallo, les compró 235 localidades para los palcos del Ellis Park. Esos tickets cuestan 320 dólares cada uno, aunque Mallo dice haberlos conseguido por 200. Una ganga: apenas 47 mil dólares para que los "muchachos" vieran el partido en sillones, con un televisor por box y heladeras bien provistas con bocaditos, snaks, vinos de marca y champán.
Si Néstor Kirchner espera que el "fútbol para todos" le dé una plataforma publicitaria de privilegio para su campaña 2011, en principio Sudáfrica 2010 ha servido para que queden expuestos, demasiado expuestos, sus vínculos con las mafias del fútbol.
Alejandro Guerrero
Por la realización del Mundial Sudáfrica, la Fifa logrará ingresos por 1.060 millones de euros. La máxima entidad del fútbol mantuvo un balance positivo en 2009, del orden de los 200 millones de dólares, como si fuera inmune a la crisis capitalista mundial, la cual, sin embargo, contribuyó a desatar una verdadera guerra entre los sponsors de la Fifa.
Luego del Mundial de Alemania 2006, la Fifa definió una nueva estrategia para el manejo de sus patrocinios, dividiendo sus acuerdos en tres modalidades: socios comerciales, patrocinadores y los promotores nacionales. Los “socios” gozan de contratos de exclusividad por varios años y no sólo para los mundiales. Los patrocinadores disfrutan de beneficios por un torneo en particular, mientras que los promotores reciben derechos de uso de marca a nivel local o regional.
Los actuales “socios” acordaron pagar entre 100 y 200 millones de euros anuales, por adelantado, para reventar a eventuales competidores, con lo que le aseguraron a la Fifa el ingreso de casi 900 millones euros antes de que empiece a rodar la pelota. El proceso “eliminatorio” entre los grandes pulpos capitalistas decantó con la marcha de la propia crisis capitalista mundial. De los 24 sponsors mundiales de la Fifa, Adidas y Coca, Sony y Visa han desplazado largamente a todos sus rivales.
Coca-Cola es el campeón “mundial”: tiene un escandaloso acuerdo económico con la Fifa hasta el año 1022, similar al que Grondona tenía con TyC Sport, lo que le asegura tres mundiales más. Un verdadero “socio” eterno.
Adidas, a su turno, vestirá a 12 de los 32 seleccionados, asegurándose los más importantes (incluida Argentina). Relegó largamente a Puma, que había sido primera en el Mundial de Alemania y que ahora sólo “sponsorea” seis seleccionados de segundo orden, quedando incluso detrás de la estadounidense Nike. Puma perdió por goleada en la crisis mundial ya que “experimentó la peor desaceleración económica en sus aproximadamente 60 años de historia” (CNN Expansión.com, 17/3). También como resultado de la crisis, Sony, que invirtió 305 millones de dólares, desplazó a Phillips, que viene enfrentando “resultados económicos negativos y se vio obligada a recortar su plantilla mundial en un 5% –unos 6.000 puestos de trabajo– más la amenaza de provocar miles de despidos de trabajadores en todo el mundo” (Revista Fortune).
Visa, con una inversión de 250 millones, desplazó a otro gigante de los sponsors que fue históricamente MasterCard. El acuerdo de Blatter con Visa fue un escándalo internacional y la pelea hoy aún se libra en los tribunales de Nueva York, lo que anticipa una profundización de la crisis mundial de esta tarjeta.
La Fifa se ha trasformado en una de las principales multinacionales del mundo. Sus negocios son cada día más oscuros y se expanden a todos los continentes. Se ha transformado en un organismo donde sus fallos son inapelables, en el que los seleccionados participantes no pueden recurrir ni siquiera a la Justicia de sus propios países en un diferendo, pues son borrados de la escena del deporte mundial. La Fifa tiene más asociados que la ONU y los 207 países que la integran son un dibujo arbitrario armado por su propia dirección, que maneja a su antojo las cifras siderales en millones de euros. Es lo que está por detrás de la “fiesta” planetaria del deporte más popular del mundo.
Juan Ferro
_____________________________________________
Porqué los K son tan futboleros
Abel Martínez Gabino es un comerciante de Gualeguaychú. Además, es el titular de la ONG Ciudadanos Movilizados, impulsora de la demanda contra los asambleístas que derivó en una de las órdenes judiciales de "despejar" el paso hacia Fray Bentos. Es decir, de reprimir a quienes cortan el puente. Pero no terminan ahí las actividades de Martínez Gabino. El hombre también es el presidente de la Asociación del Fútbol de Gualeguaychú, así como su amigo, el gobernador Sergio Uribarri, dirige la liga de clubes de Concordia. Ambos tienen otro amigo común: Julio Grondona. Y los tres piensan que los trajines de la pelota en Sudáfrica bien pueden disimular un eventual ataque de la Gendarmería al puente General San Martín.
De igual manera, el gobierno tiene la esperanza de que un buen papel del seleccionado argentino en Sudáfrica 2010 haga pasar inadvertido, por ejemplo, el fracaso de Amado Boudou en el nuevo canje de deuda. Y si el equipo de Maradona pasa a la segunda ronda y sigue avanzando, será el momento de aprobar el nuevo régimen de apuestas para enriquecer aún más al capomafia Cristóbal López, zar kirchnerista del escolaso.
Una buena actuación en Sudáfrica también les haría olvidar con creces el disgusto que todos ellos se llevaron cuando Daniel Passarella le ganó en River a un aparato armado por la banda de los Werthein, el diputado kirchnerista Juan José Alvarez -ex "disidente", readquirido por los K este año y agente de la Side durante la dictadura- y padre Hugo Santilli, padre de Diego, ministro porteño.
Los K tienen muchas razones para seguir el mundial con vincha, bandera y bombo. Grondona también. La sociedad anudada entre el gobierno y el capo di tutti capi de la AFA se ha vuelto estratégica, cosa reflejada hasta en los personajes de esta historia. Por ejemplo, el puntero quilmeño José Luis Meiszner, mano derecha de Grondona, es a su vez un colaborador íntimo de Aníbal Fernández y padre del titular del Registro Nacional de Armas, aquel que se ve rozado por los crímenes de General Rodríguez desde que se conocieron sus vínculos con Martín Lanatta, presunto asesino de Sebastián Forza.
Barrabravas vip
Andrés "Bebote" Alvarez, jefe de la barra brava de Independiente, se quedó sin Mundial porque la policía sudafricana lo echó por sus antecedentes criminales. En Johannesburgo o en Pretoria, se encuentran Facundo y Pablo Moyano, hijos del titular de la CGT, a quienes la prensa reconoce como "jefes" de la barra.
A todo esto, quedó en el ridículo la versión de algunos miembros de la patota kirchnerista agrupada en Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) acerca de que habrían conseguido el dinero para viajar al Mundial mediante la venta de rifas. Como no había entradas para el partido contra Nigeria, su jefe, Marcelo Mallo, les compró 235 localidades para los palcos del Ellis Park. Esos tickets cuestan 320 dólares cada uno, aunque Mallo dice haberlos conseguido por 200. Una ganga: apenas 47 mil dólares para que los "muchachos" vieran el partido en sillones, con un televisor por box y heladeras bien provistas con bocaditos, snaks, vinos de marca y champán.
Si Néstor Kirchner espera que el "fútbol para todos" le dé una plataforma publicitaria de privilegio para su campaña 2011, en principio Sudáfrica 2010 ha servido para que queden expuestos, demasiado expuestos, sus vínculos con las mafias del fútbol.
Alejandro Guerrero
21 de junio de 2010
A 8 años de la masacre de puente Pueyrredón
Intento de usurpación política por parte del kirchnerismo de la jornada de lucha del 26 de junio en memoria de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
Declaraciones de Vanina Kosteki, hermana de Maxi, y Guillermo Kane, dirigente nacional del Polo Obrero:
Familiares y organizaciones denunciamos el operativo político de cuño kirchnerista que pretende -por intermedio de organizaciones cooptadas, inventadas y financiadas por el gobierno- expropiar la histórica jornada de lucha del 26 de junio para convertirlo en un acto oficialista.
"Que este gobierno, que cuenta en sus filas a participantes de la organización de la masacre del puente Pueyrredón, como el jefe de gabinete Aníbal Fernández, pretenda disputar dicho puente a los familiares de los muertos por la represión, es una inmoralidad y una infamia", dijo Vanina Kosteki.
"La represión y persecución a luchadores populares desde Andalgalá a Gualeguaychú, de Kraft a los desocupados de Mosconi, y la represión a la juventud en Bariloche y en La Plata, muestran la continuidad del aparato represivo que, bajo las órdenes de Duhalde, actuó en el puente aquel 26 de junio de 2002, aparato represivo que los Kirchner preservan intacto", finalizó Guillermo Kane.
Declaraciones de Vanina Kosteki, hermana de Maxi, y Guillermo Kane, dirigente nacional del Polo Obrero:
Familiares y organizaciones denunciamos el operativo político de cuño kirchnerista que pretende -por intermedio de organizaciones cooptadas, inventadas y financiadas por el gobierno- expropiar la histórica jornada de lucha del 26 de junio para convertirlo en un acto oficialista.
"Que este gobierno, que cuenta en sus filas a participantes de la organización de la masacre del puente Pueyrredón, como el jefe de gabinete Aníbal Fernández, pretenda disputar dicho puente a los familiares de los muertos por la represión, es una inmoralidad y una infamia", dijo Vanina Kosteki.
"La represión y persecución a luchadores populares desde Andalgalá a Gualeguaychú, de Kraft a los desocupados de Mosconi, y la represión a la juventud en Bariloche y en La Plata, muestran la continuidad del aparato represivo que, bajo las órdenes de Duhalde, actuó en el puente aquel 26 de junio de 2002, aparato represivo que los Kirchner preservan intacto", finalizó Guillermo Kane.
19 de junio de 2010
Taiana: Una renuncia reveladora
Taiana se tuvo que ir por revelar, a destiempo, la maniobra que los Kirchner y Mujica urdieron contra la Asamblea de Gualeguaychú.
Según le informó el ex canciller al periodismo, el mentado “monitoreo” no sólo incluirá a Brasil, sino que afectaría a actividades industriales y agrícolas de los tres países que lanzan sus efluentes sobre el Río Uruguay. Aunque este monitoreo general sería necesario, viniendo de los Estados y gobiernos que protegen a los contaminadores tiene otro objetivo: es una maniobra para diluir la acción contaminante de Botnia y el consiguiente control específico a su planta, ello, en nombre de un difuso “monitoreo general”. Por otra parte, el organismo que debería llevarlo a cabo, el CARU, se encuentra paralizado desde hace años. No es difícil prever que la “propuesta” Mujica-Kirchner irá a parar al pantano de las dilaciones diplomáticas y la burocracia regional. Este engaño es lo que está atrás del “monitoreo” presentado a los asambleístas de Gualeguaychú como contrapartida del levantamiento del corte, junto a la criminalización de su protesta.
La crisis de la cancillería pone de manifiesto el compromiso de los Kirchner con Botnia y los monopolios contaminadores, a quienes el gobierno nacional protege incondicionalmente al interior del país.
Según le informó el ex canciller al periodismo, el mentado “monitoreo” no sólo incluirá a Brasil, sino que afectaría a actividades industriales y agrícolas de los tres países que lanzan sus efluentes sobre el Río Uruguay. Aunque este monitoreo general sería necesario, viniendo de los Estados y gobiernos que protegen a los contaminadores tiene otro objetivo: es una maniobra para diluir la acción contaminante de Botnia y el consiguiente control específico a su planta, ello, en nombre de un difuso “monitoreo general”. Por otra parte, el organismo que debería llevarlo a cabo, el CARU, se encuentra paralizado desde hace años. No es difícil prever que la “propuesta” Mujica-Kirchner irá a parar al pantano de las dilaciones diplomáticas y la burocracia regional. Este engaño es lo que está atrás del “monitoreo” presentado a los asambleístas de Gualeguaychú como contrapartida del levantamiento del corte, junto a la criminalización de su protesta.
La crisis de la cancillería pone de manifiesto el compromiso de los Kirchner con Botnia y los monopolios contaminadores, a quienes el gobierno nacional protege incondicionalmente al interior del país.
Represión y gatillo fácil en Bariloche
Cascón y Saiz son responsables
Ante la brutal represión vivida desde el pasado jueves en la ciudad de Bariloche, el Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) hacemos público nuestro total y completo repudio a la sangrienta acción policial y denunciamos la complicidad, la responsabilidad política y el encubrimiento del intendente, el gobernador y los funcionarios judiciales de la mencionada ciudad y de la provincia de Río Negro.
La juventud de los barrios del Alto de Bariloche salió en masa a repudiar el fusilamiento de un chico de 15 años a manos de efectivos policiales. Posteriormente, la feroz represión policial desatada contra los manifestantes, con gases y postas de goma y de plomo, se cobró la vida de dos jóvenes más (de 17 y 29 años de edad), dando lugar también a no menos de 30 heridos.
La respuesta del intendente Cascón (acaba de solicitar el envío de la Gendarmería) y del gobernador Saiz ante la rebelión desatada por la brutalidad policial fue la militarización de los barrios obreros de Bariloche. No es la primera vez. Tampoco es el primer caso de gatillo fácil ni de la ciudad ni de la provincia.
Los triples crímenes de Cipolletti, el asesinato del joven Atahualpa en Viedma, el asesinato de Otoño Uriarte, la protección policial sobre la red de prostíbulos y trata de personas que involucra al mismísimo Secretario de “Seguridad” Víctor Cufré, son casos emblemáticos del accionar del aparato represivo provincial.
Bariloche no es una postal turística. Es una ciudad devastada por la desocupación, con temperaturas bajo cero y casas de chapa, donde la canasta familiar es de $6500 y los salarios, miserables. Las políticas represivas pretenden perpetuar las condiciones de miseria y explotación que someten a la clase obrera.
Frente a esta situación, planteamos:
Fuera la policía asesina de los barrios obreros de Bariloche.
Basta de gatillo fácil.
Cárcel común para todos los policías verdugos de la juventud.
Renuncia de todos los jefes policiales que dieron la orden de reprimir.
Cascón y Saiz son los responsables políticos.
Justicia para Diego, Sergio y Nicolás, los tres jóvenes asesinados por la policía en Bariloche, y todos los pibes víctimas de este régimen.
Que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos represores.
Ante la brutal represión vivida desde el pasado jueves en la ciudad de Bariloche, el Partido Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) hacemos público nuestro total y completo repudio a la sangrienta acción policial y denunciamos la complicidad, la responsabilidad política y el encubrimiento del intendente, el gobernador y los funcionarios judiciales de la mencionada ciudad y de la provincia de Río Negro.
La juventud de los barrios del Alto de Bariloche salió en masa a repudiar el fusilamiento de un chico de 15 años a manos de efectivos policiales. Posteriormente, la feroz represión policial desatada contra los manifestantes, con gases y postas de goma y de plomo, se cobró la vida de dos jóvenes más (de 17 y 29 años de edad), dando lugar también a no menos de 30 heridos.
La respuesta del intendente Cascón (acaba de solicitar el envío de la Gendarmería) y del gobernador Saiz ante la rebelión desatada por la brutalidad policial fue la militarización de los barrios obreros de Bariloche. No es la primera vez. Tampoco es el primer caso de gatillo fácil ni de la ciudad ni de la provincia.
Los triples crímenes de Cipolletti, el asesinato del joven Atahualpa en Viedma, el asesinato de Otoño Uriarte, la protección policial sobre la red de prostíbulos y trata de personas que involucra al mismísimo Secretario de “Seguridad” Víctor Cufré, son casos emblemáticos del accionar del aparato represivo provincial.
Bariloche no es una postal turística. Es una ciudad devastada por la desocupación, con temperaturas bajo cero y casas de chapa, donde la canasta familiar es de $6500 y los salarios, miserables. Las políticas represivas pretenden perpetuar las condiciones de miseria y explotación que someten a la clase obrera.
Frente a esta situación, planteamos:
Fuera la policía asesina de los barrios obreros de Bariloche.
Basta de gatillo fácil.
Cárcel común para todos los policías verdugos de la juventud.
Renuncia de todos los jefes policiales que dieron la orden de reprimir.
Cascón y Saiz son los responsables políticos.
Justicia para Diego, Sergio y Nicolás, los tres jóvenes asesinados por la policía en Bariloche, y todos los pibes víctimas de este régimen.
Que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos represores.
17 de junio de 2010
A LOS JUBILADOS, NI JUSTICIA
Después de la cesación de pagos de 2001, algunos banqueros le iniciaron un juicio al Estado argentino. Querían cobrar por sus títulos de la deuda externa, aun cuando ésta ya había sido pagada varias veces. Diez años después, el gobierno kirchnerista convocó a esos especuladores. “Vamos a cumplir con ustedes”, les dijo.
Y ofreció cambiarles su deuda por otros títulos, que valen el doble de los bonos que tienen en sus manos.
Bajo la amenaza de los tribunales de Nueva York, el canje de deuda les dará a esos usureros lo que venían reclamando.
Pero en otros tribunales, los de Argentina, otros acreedores multiplican sus reclamos.
No son banqueros: son simples jubilados.
De a centenares, de a miles, exigen lo elemental: que se reconozca la actualización de sus haberes, casi congelados durante una década.
Incluso la Justicia ya falló a favor de algunos de ellos. A partir de allí, ¿se extendió esa sentencia a todos los jubilados?
Para nada. La Anses de Kirchner apela los fallos y, llegado el caso, los desconoce.
Los jubilados pueblan los juzgados y engordan expedientes.
El gobierno que los bicicletea inventó su propia “movilidad jubilatoria”, tan trucha como la de sus antecesores. Gracias a ella, el 80% de los jubilados no gana ni la mitad de una canasta básica.
Pero entonces, ¿a dónde van los recursos de la Anses?
A pagarles a los otros “acreedores”, los dueños de la deuda externa.
A prestarles plata, a bajo interés, a los capitalistas.
La “justicia” (de Nueva York) le arrancó al gobierno de los Kirchner lo que piden sus banqueros.
Pero a los jubilados, “ni justicia”. Aunque se trate de los tribunales argentinos.
¿No sería hora de parar este atropello?
Luchemos por el 82% móvil, por una jubilación mínima de 2.000 pesos, por el control de la Anses por parte de trabajadores y jubilados.
16 de junio de 2010
DEFENDAMOS A GUALEGUAYCHU
Contra la criminalización de la protesta
Charla Debate en Bº Rosedal
Sábado 19 de junio - 18:30 horas - Felipe Boero 2398 esq. Lagunilla
Charla Debate en Bº Rosedal
Sábado 19 de junio - 18:30 horas - Felipe Boero 2398 esq. Lagunilla
14 de junio de 2010
A 92 AÑOS DE LA REFORMA DEL '18
En el aniversario número 92 de la Reforma Universitaria: Acto frente al Rectorado
Martes 15/06 - 17 hs. - Baterías D - Ciudad Universitaria
* NO al Pago de la DEUDA EXTERNA.
* SI a la Defensa de la UNIVERSIDAD PUBLICA.
* Aumento salarial para los trabajadores universitarios.
* Aumento presupuestario.
* No al arancelamiento de la Universidad - Derogación de la 5/90.
* Becas para todo el que las necesite.
PRAXIS - UJS - PARTIDO OBRERO
Martes 15/06 - 17 hs. - Baterías D - Ciudad Universitaria
* NO al Pago de la DEUDA EXTERNA.
* SI a la Defensa de la UNIVERSIDAD PUBLICA.
* Aumento salarial para los trabajadores universitarios.
* Aumento presupuestario.
* No al arancelamiento de la Universidad - Derogación de la 5/90.
* Becas para todo el que las necesite.
PRAXIS - UJS - PARTIDO OBRERO
La economía del capital y la economía de la clase obrera
La historia oficial dice que hay una sola economía política.
No es cierto: hay dos economías políticas, una economía política del capital y otra economía política de la clase obrera.
La economía política del capital está regida por la ley del beneficio; la del proletariado por la necesidad de desarrollo social y humano de los productores directos de la riqueza social.
En la disputa por salarios chocan esas dos economías políticas.
El alegato de que los aumentos de salarios serían responsables por la inflación es interesado, porque la inflación es el resultado de la intervención de numerosos factores: el gasto fiscal, el crédito bancario, la especulación financiera, la entrada de capitales, la política de desvalorización de deudas, el uso de reservas para pagar la deuda externa.
Los economistas del capitalismo conocen esto muy bien: culpabilizan al salario porque son 'teóricos' de la patronal –de la economía política del capital.
El capitalismo conoce el remedio para atender una mayor demanda de consumo originada en salarios más altos: aumentar la inversión para la producción de bienes de consumo.
No solamente conoce el remedio: lo aplica, pero aumenta la producción, por ejemplo, de alimentos para la exportación, porque los precios internacionales son más altos.
Quiere igualar los precios internos con los internacionales.
Estamos ante el enfrentamiento de dos economías políticas antagónicas y de una lucha de clases como consecuencia de ese antagonismo.
O el lucro de unos pocos, o el salario de los muchos.
La victoria del lucro, o sea de la economía política del capital, conduce a la crisis, como lo testimonia la presente bancarrota capitalista, que están pagando los trabajadores.
La bancarrota argentina de 2001 no fue provocada por los salarios, sino por la aplicación sin trabas de la economía política del capital.
La lucha por el salario es solamente una parte de la economía política del proletariado. En ella hay que incluir la abolición del despotismo fabril; la defensa del medio ambiente, de la educación y de la formación integral del hombre –todos objetos de destrucción por parte de la economía política del capital.
La lucha obrera debe ser una lucha de conjunto, con el objetivo de abolir la economía política del capital y establecer la economía política del trabajo emancipado.
Esa lucha de conjunto es el objetivo de un partido de trabajadores.
J.A.
No es cierto: hay dos economías políticas, una economía política del capital y otra economía política de la clase obrera.
La economía política del capital está regida por la ley del beneficio; la del proletariado por la necesidad de desarrollo social y humano de los productores directos de la riqueza social.
En la disputa por salarios chocan esas dos economías políticas.
El alegato de que los aumentos de salarios serían responsables por la inflación es interesado, porque la inflación es el resultado de la intervención de numerosos factores: el gasto fiscal, el crédito bancario, la especulación financiera, la entrada de capitales, la política de desvalorización de deudas, el uso de reservas para pagar la deuda externa.
Los economistas del capitalismo conocen esto muy bien: culpabilizan al salario porque son 'teóricos' de la patronal –de la economía política del capital.
El capitalismo conoce el remedio para atender una mayor demanda de consumo originada en salarios más altos: aumentar la inversión para la producción de bienes de consumo.
No solamente conoce el remedio: lo aplica, pero aumenta la producción, por ejemplo, de alimentos para la exportación, porque los precios internacionales son más altos.
Quiere igualar los precios internos con los internacionales.
Estamos ante el enfrentamiento de dos economías políticas antagónicas y de una lucha de clases como consecuencia de ese antagonismo.
O el lucro de unos pocos, o el salario de los muchos.
La victoria del lucro, o sea de la economía política del capital, conduce a la crisis, como lo testimonia la presente bancarrota capitalista, que están pagando los trabajadores.
La bancarrota argentina de 2001 no fue provocada por los salarios, sino por la aplicación sin trabas de la economía política del capital.
La lucha por el salario es solamente una parte de la economía política del proletariado. En ella hay que incluir la abolición del despotismo fabril; la defensa del medio ambiente, de la educación y de la formación integral del hombre –todos objetos de destrucción por parte de la economía política del capital.
La lucha obrera debe ser una lucha de conjunto, con el objetivo de abolir la economía política del capital y establecer la economía política del trabajo emancipado.
Esa lucha de conjunto es el objetivo de un partido de trabajadores.
J.A.
12 de junio de 2010
Prensa Obrera Córdoba Nº 4 (Mayo/Junio 2010)
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Prensa Obrera Córdoba Nº 4
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Televisión digital
La nueva política comunicacional del gobierno
La puesta en marcha de la televisión digital se ha convertido, en el marco del freno judicial a la aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, en el nuevo eje de la política comunicacional del gobierno. En las últimas semanas, los funcionarios y escribas kirchneristas han llenado páginas enteras de los nuevos y cada vez más numerosos medios oficialistas, proclamando los beneficios de esa ley.
El anuncio de fuertes inversiones en el área es una muestra, no menor, de que el tema en cuestión no representa una cuestión ideológica, sino la apertura de un gran negocio que concluirá con el trazado de un nuevo mapa en el mercado televisivo.
El punto de partida fue la elección de la norma japonesa en su adaptación brasileña (Isdb-T), que permitirá que a través de un mismo espacio radioeléctrico se transmitan varios canales de gran calidad de imagen y no sólo uno como en el actual sistema analógico. Con la digitalización y la segmentación de las señales correspondientes a las frecuencias de aire, el público podrá tener acceso a entre 20 y 50 canales abiertos, digitales, de buena calidad y gratuitos, lo que será un gran golpe al sistema de cable actual que debería competir ahora con un sistema gratuito.
Sin embargo, la multiplicación de voces no soluciona por sí misma ninguno de los problemas presentes en la actualidad. Es necesario en este punto no confundir la posibilidad de poder expresarse con la contingencia de que las diversas opiniones y discursos puedan realmente tener acceso a ser reconocidas. Por el contrario, en el marco de una fragmentación cada vez mayor de los discursos y las señales, la influencia política y social de los medios estatales y privados que posean los recursos necesarios para imponerse sobre el resto puede incrementarse a niveles aún superiores a los actuales.
La idea de que los avances tecnológicos pueden ofrecerle una solución a los problemas sociales y políticos no es novedosa. Ya en el encuentro de la Unesco en Belgrado, en 1977, se definía la participación no sólo como la intervención de la población en la producción de los mensajes, sino también, y fundamentalmente, en su capacidad de intervenir en la toma de decisiones y la definición de los planes y políticas de comunicación masiva. Ambas cuestiones completamente ausentes en la nueva iniciativa gubernamental.
Hace ya más de un cuarto de siglo que diferentes teóricos del campo de la comunicación desarrollaron la noción de “Sociedad de la Información” (SI), depositando en la potencialidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) la capacidad para reconvertir tanto la esfera productiva como la doméstica, a partir de la manipulación de grandes volúmenes de información. La “Sociedad de la Información” se configuró teóricamente como una posible respuesta económica a la crisis del capitalismo posfordista, ligada a una promesa de democratización desde el paradigma del libre acceso y circulación de la información. La SI no pudo pasar su prueba de fuego: el surgimiento de Internet, donde se depositaron todas las expectativas, no sólo no pudo minimizar las desigualdades; además, las potenció (“brecha tecnológica”).
Alejados de estos debates, donde se zambullen los escribas oficialistas, el gobierno utilizará la aplicación de la televisión digital para ampliar su espectro mediático, en una primera instancia, ya que no existe legislación en el rubro, asegurándose en lo inmediato cuatro nuevas señales gubernamentales. Se refuerza de esa forma, no sólo la política oficialista, sino el monopolio y la manipulación política del capital. La segunda etapa estará destinada a cumplir una deuda pendiente con las telefónicas que fueron excluidas de la Ley de Medios, para lo que será necesaria una nueva Ley de Telecomunicaciones.
Cristian Henkel
La puesta en marcha de la televisión digital se ha convertido, en el marco del freno judicial a la aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, en el nuevo eje de la política comunicacional del gobierno. En las últimas semanas, los funcionarios y escribas kirchneristas han llenado páginas enteras de los nuevos y cada vez más numerosos medios oficialistas, proclamando los beneficios de esa ley.
El anuncio de fuertes inversiones en el área es una muestra, no menor, de que el tema en cuestión no representa una cuestión ideológica, sino la apertura de un gran negocio que concluirá con el trazado de un nuevo mapa en el mercado televisivo.
El punto de partida fue la elección de la norma japonesa en su adaptación brasileña (Isdb-T), que permitirá que a través de un mismo espacio radioeléctrico se transmitan varios canales de gran calidad de imagen y no sólo uno como en el actual sistema analógico. Con la digitalización y la segmentación de las señales correspondientes a las frecuencias de aire, el público podrá tener acceso a entre 20 y 50 canales abiertos, digitales, de buena calidad y gratuitos, lo que será un gran golpe al sistema de cable actual que debería competir ahora con un sistema gratuito.
Sin embargo, la multiplicación de voces no soluciona por sí misma ninguno de los problemas presentes en la actualidad. Es necesario en este punto no confundir la posibilidad de poder expresarse con la contingencia de que las diversas opiniones y discursos puedan realmente tener acceso a ser reconocidas. Por el contrario, en el marco de una fragmentación cada vez mayor de los discursos y las señales, la influencia política y social de los medios estatales y privados que posean los recursos necesarios para imponerse sobre el resto puede incrementarse a niveles aún superiores a los actuales.
La idea de que los avances tecnológicos pueden ofrecerle una solución a los problemas sociales y políticos no es novedosa. Ya en el encuentro de la Unesco en Belgrado, en 1977, se definía la participación no sólo como la intervención de la población en la producción de los mensajes, sino también, y fundamentalmente, en su capacidad de intervenir en la toma de decisiones y la definición de los planes y políticas de comunicación masiva. Ambas cuestiones completamente ausentes en la nueva iniciativa gubernamental.
Hace ya más de un cuarto de siglo que diferentes teóricos del campo de la comunicación desarrollaron la noción de “Sociedad de la Información” (SI), depositando en la potencialidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) la capacidad para reconvertir tanto la esfera productiva como la doméstica, a partir de la manipulación de grandes volúmenes de información. La “Sociedad de la Información” se configuró teóricamente como una posible respuesta económica a la crisis del capitalismo posfordista, ligada a una promesa de democratización desde el paradigma del libre acceso y circulación de la información. La SI no pudo pasar su prueba de fuego: el surgimiento de Internet, donde se depositaron todas las expectativas, no sólo no pudo minimizar las desigualdades; además, las potenció (“brecha tecnológica”).
Alejados de estos debates, donde se zambullen los escribas oficialistas, el gobierno utilizará la aplicación de la televisión digital para ampliar su espectro mediático, en una primera instancia, ya que no existe legislación en el rubro, asegurándose en lo inmediato cuatro nuevas señales gubernamentales. Se refuerza de esa forma, no sólo la política oficialista, sino el monopolio y la manipulación política del capital. La segunda etapa estará destinada a cumplir una deuda pendiente con las telefónicas que fueron excluidas de la Ley de Medios, para lo que será necesaria una nueva Ley de Telecomunicaciones.
Cristian Henkel
11 de junio de 2010
Comienza el Mundial de Fútbol
SUDAFRICA 2010: Sólo un espejismo
De todos los lugares donde se realizaron mundiales, éste es por lejos el de mayor desigualdad social. En Sudáfrica hay 48 millones de habitantes, con un 79,5% de la población negra que vive en la miseria más atroz, con una desocupación que en el mes de marzo trepó al 25,6% y con una población “ocupada” que se encuentra en la semi-esclavitud. En Sudáfrica hay una población blanca minoritaria, que amasa una inmensa riqueza que proviene de la cruel explotación en las minas de oro y diamantes.
En el cuadro de una fabulosa descomposición social, Sudáfrica es el lugar más inseguro del mundo, con un promedio de 50.000 homicidios por año. También es el lugar donde el Sida ha causado el mayor estrago: el 31% de las mujeres negras está infectada y el 21% de los adultos tiene la enfermedad.
Para que el mundial fuera posible, Sudáfrica invirtió 2.500 millones de euros. Este inmenso gasto –en un país donde la población se muere de hambre– se realizó en nombre de que el evento significaría un enorme ingreso para Sudáfrica. Pero el pronóstico de una recaudación de 5.000 millones de euros y de un crecimiento del 3,2% en el empleo ha sido un bolazo. Los sponsors centrales del evento, McDonald’s y Coca Cola, devolvieron una gran parte de las entradas que la Fifa les había facilitado para cubrir sus compromisos publicitarios. Los hoteles, que esperaban colapsar con el aluvión de 500.000 visitantes, recibieron algo más de 200.000. El precio de las entradas para el público local subió ahora hasta un 20%, a un inaccesible precio de 15 euros.
El día “después” de la final del mundial le dejará a Sudáfrica obras absurdas: entre ellas, 10 estadios remodelados que estarán desiertos. El Soccer City, donde hace la inauguración y se juega la final, tiene 94.000 butacas y su remodelación costó 400 millones de dólares. El Green Point de Ciudad del Cabo, que estrenarán el viernes en el segundo turno del Grupo A, Francia y Uruguay, con 70.000 butacas costó 605 millones de dólares. Quedarán como monumentos inservibles, fantasmas al servicio de un fabuloso negocio de un mes de la Fifa y los sponsors mundiales.
Algo similar ocurrirá con los hoteles: muchos de ellos cerrarán sus puertas al día siguiente de la final, pues el espejismo de la tranquilidad turística que se vivirá sólo habrá sido logrado por los 190.000 efectivos que trabajaron ad hoc para el evento. Cien mil de la fuerza policial y 90.000 provenientes de los organismos de seguridad privados de las propias empresas de los blancos.
La Sudáfrica de la miseria capitalista, por supuesto, no se verá en las señales de alta definición que permiten observar hasta las arrugas de la cara de los protagonistas. La fiesta para los millones de trabajadores sudafricanos será sólo un espejismo.
Juan Ferro
___________________________________________
BARRABRAVAS EN SUDAFRICA: Matones de exportación
Serán 243 los barrabravas kirchneristas de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), sobre un total de 400, los que estarán en el Mundial 2010. Eran 253, pero las autoridades migratorias sudafricanas deportaron a diez por sus antecedentes criminales, aunque en estos días podrían ser más. Entre ellos están Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la hinchada de Rosario Central e imputado en una causa por homicidio, y Andrés “Bebote” Alvarez, de Independiente, involucrado en el crimen de un chico de 14 años y matón de Hugo Moyano.
Los “muchachos” han hecho méritos de sobra para que el gobierno les pague el viaje: desde golpear a los trabajadores del Hospital Francés en huelga y mantener bajo amenazas y aprietes permanentes a los empleados del Indec, hasta, recientemente, atacar la presentación de un trabajo de investigación periodística en la Feria del Libro. En este último caso, la patota estuvo al mando de Ariel “el Gusano” Pugliese, matón de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el Indec y capo de la fracción “Los Perales” de la barra de Chicago. El hombre, claro, está ahora en Johannesburgo o en Pretoria, donde “bajo un mismo techo coexisten barras, políticos, dirigentes de los clubes, técnicos y futbolistas” (La Nación, 6/6). Como se ve, la delegación argentina al Mundial está constituida a imagen y semejanza del país burgués, de un Estado corrupto hasta el caracú.
Por supuesto, no sólo están los barras K. También llegaron a Sudáfrica unos 150 integrantes de la “Banda de Lomas”, con algunos jefes de “la 12” boquense a la cabeza. No son K, pero están considerados la “barra oficial” por sus vínculos con el cuerpo técnico: son los que viajaron a Sudáfrica en el mismo avión que el Seleccionado y armaron tal escándalo a bordo que la tripulación debió advertirles que los haría detener en cuanto tocaran tierra si no se calmaban.
Contactos y finanzas
Los de la kirchnerista HUA viajaron a un costo de casi 4 mil dólares por persona. Gracias a gestiones “oficiosas”, se alojan en las instalaciones de un colegio de Pretoria, que adelantó las vacaciones de sus alumnos para recibir a los facinerosos argentinos: “Las entradas las consiguieron a partir de un contacto con alguien del gobierno, que hizo de puente con la AFA” (ídem). El “contacto” es Marcelo Mallo, jefe de HUA y “culata” de Rudy UIloa, el ex vendedor de diarios devenido en uno de los empresarios más poderosos del país al amparo de los Kirchner. Además, los puentes con la AFA están más tendidos que nunca gracias al negociado formidable del “fútbol para todos” por televisión, que llevó 150 millones de pesos de fondos públicos a las arcas de capo di tutti capi: Julio Grondona.
Los otros, los que no son K, echarán mano a sus recursos de siempre, en connivencia con dirigentes y con la policía: reventa ilegal de entradas, usufructo patoteril de los estacionamientos, explotación de puestos de comidas y bebidas en los estadios, comercialización de indumentaria deportiva oficial y venta de drogas en las tribunas. Esos son los “sponsors oficiales” de la patota argentina. Si no hay entradas para todos, Sudáfrica conocerá las trenzadas a las que nos tienen acostumbrados aquí. La violencia en el fútbol es parte orgánica de un aparato mafioso que involucra a dirigentes, políticos, policía, futbolistas, técnicos y hasta periodistas, que cuenta con protección y con financiamiento oficial.
Además de todo eso, tenemos matones de exportación.
Alejandro Guerrero
_______________________________________
Cría Cuervos y ...
Las barras bravas han estado apañadas desde siempre por los propios dirigentes de los clubes, políticos, burócratas sindicales y funcionarios del Estado. Lo novedoso es que, producto de su propia descomposición social, las barras se están escapando del control de sus mentores. Lo revela ahora la ignominiosa deportación de algunos barras, un escándalo internacional que coloca en aprietos a varios jueces argentinos y al propio Ministerio del Interior.
“Pillín” Bracamonte, el tristemente famoso barra de Central, no fue ni siquiera solventado por la dirigencia del club, pues ella misma está prófuga ante la ira de los hinchas. El armado cómplice de Kirchner e Hinchadas Unidas entró en crisis dos meses antes de ir al Mundial, cuando, por “afuera” del armado “oficial”, los barras encontraron otras fuentes de financiamiento para llegar Sudáfrica. Otros ingresos y otros intereses muy fuertes dominan los factores económicos en la estructura de las barras a partir de una fuerte injerencia del narcotráfico. El dinero que manejan los barras está más allá del “peaje” de los estacionamientos, las rifas y alguna que otra apretada por la entradas. Entramos en una fase mucho más aguda de descomposición, que no se arregla con la tradicional demagogia kirchnerista.
J.F.
De todos los lugares donde se realizaron mundiales, éste es por lejos el de mayor desigualdad social. En Sudáfrica hay 48 millones de habitantes, con un 79,5% de la población negra que vive en la miseria más atroz, con una desocupación que en el mes de marzo trepó al 25,6% y con una población “ocupada” que se encuentra en la semi-esclavitud. En Sudáfrica hay una población blanca minoritaria, que amasa una inmensa riqueza que proviene de la cruel explotación en las minas de oro y diamantes.
En el cuadro de una fabulosa descomposición social, Sudáfrica es el lugar más inseguro del mundo, con un promedio de 50.000 homicidios por año. También es el lugar donde el Sida ha causado el mayor estrago: el 31% de las mujeres negras está infectada y el 21% de los adultos tiene la enfermedad.
Para que el mundial fuera posible, Sudáfrica invirtió 2.500 millones de euros. Este inmenso gasto –en un país donde la población se muere de hambre– se realizó en nombre de que el evento significaría un enorme ingreso para Sudáfrica. Pero el pronóstico de una recaudación de 5.000 millones de euros y de un crecimiento del 3,2% en el empleo ha sido un bolazo. Los sponsors centrales del evento, McDonald’s y Coca Cola, devolvieron una gran parte de las entradas que la Fifa les había facilitado para cubrir sus compromisos publicitarios. Los hoteles, que esperaban colapsar con el aluvión de 500.000 visitantes, recibieron algo más de 200.000. El precio de las entradas para el público local subió ahora hasta un 20%, a un inaccesible precio de 15 euros.
El día “después” de la final del mundial le dejará a Sudáfrica obras absurdas: entre ellas, 10 estadios remodelados que estarán desiertos. El Soccer City, donde hace la inauguración y se juega la final, tiene 94.000 butacas y su remodelación costó 400 millones de dólares. El Green Point de Ciudad del Cabo, que estrenarán el viernes en el segundo turno del Grupo A, Francia y Uruguay, con 70.000 butacas costó 605 millones de dólares. Quedarán como monumentos inservibles, fantasmas al servicio de un fabuloso negocio de un mes de la Fifa y los sponsors mundiales.
Algo similar ocurrirá con los hoteles: muchos de ellos cerrarán sus puertas al día siguiente de la final, pues el espejismo de la tranquilidad turística que se vivirá sólo habrá sido logrado por los 190.000 efectivos que trabajaron ad hoc para el evento. Cien mil de la fuerza policial y 90.000 provenientes de los organismos de seguridad privados de las propias empresas de los blancos.
La Sudáfrica de la miseria capitalista, por supuesto, no se verá en las señales de alta definición que permiten observar hasta las arrugas de la cara de los protagonistas. La fiesta para los millones de trabajadores sudafricanos será sólo un espejismo.
Juan Ferro
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BARRABRAVAS EN SUDAFRICA: Matones de exportación
Serán 243 los barrabravas kirchneristas de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), sobre un total de 400, los que estarán en el Mundial 2010. Eran 253, pero las autoridades migratorias sudafricanas deportaron a diez por sus antecedentes criminales, aunque en estos días podrían ser más. Entre ellos están Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la hinchada de Rosario Central e imputado en una causa por homicidio, y Andrés “Bebote” Alvarez, de Independiente, involucrado en el crimen de un chico de 14 años y matón de Hugo Moyano.Los “muchachos” han hecho méritos de sobra para que el gobierno les pague el viaje: desde golpear a los trabajadores del Hospital Francés en huelga y mantener bajo amenazas y aprietes permanentes a los empleados del Indec, hasta, recientemente, atacar la presentación de un trabajo de investigación periodística en la Feria del Libro. En este último caso, la patota estuvo al mando de Ariel “el Gusano” Pugliese, matón de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el Indec y capo de la fracción “Los Perales” de la barra de Chicago. El hombre, claro, está ahora en Johannesburgo o en Pretoria, donde “bajo un mismo techo coexisten barras, políticos, dirigentes de los clubes, técnicos y futbolistas” (La Nación, 6/6). Como se ve, la delegación argentina al Mundial está constituida a imagen y semejanza del país burgués, de un Estado corrupto hasta el caracú.
Por supuesto, no sólo están los barras K. También llegaron a Sudáfrica unos 150 integrantes de la “Banda de Lomas”, con algunos jefes de “la 12” boquense a la cabeza. No son K, pero están considerados la “barra oficial” por sus vínculos con el cuerpo técnico: son los que viajaron a Sudáfrica en el mismo avión que el Seleccionado y armaron tal escándalo a bordo que la tripulación debió advertirles que los haría detener en cuanto tocaran tierra si no se calmaban.
Contactos y finanzas
Los de la kirchnerista HUA viajaron a un costo de casi 4 mil dólares por persona. Gracias a gestiones “oficiosas”, se alojan en las instalaciones de un colegio de Pretoria, que adelantó las vacaciones de sus alumnos para recibir a los facinerosos argentinos: “Las entradas las consiguieron a partir de un contacto con alguien del gobierno, que hizo de puente con la AFA” (ídem). El “contacto” es Marcelo Mallo, jefe de HUA y “culata” de Rudy UIloa, el ex vendedor de diarios devenido en uno de los empresarios más poderosos del país al amparo de los Kirchner. Además, los puentes con la AFA están más tendidos que nunca gracias al negociado formidable del “fútbol para todos” por televisión, que llevó 150 millones de pesos de fondos públicos a las arcas de capo di tutti capi: Julio Grondona.
Los otros, los que no son K, echarán mano a sus recursos de siempre, en connivencia con dirigentes y con la policía: reventa ilegal de entradas, usufructo patoteril de los estacionamientos, explotación de puestos de comidas y bebidas en los estadios, comercialización de indumentaria deportiva oficial y venta de drogas en las tribunas. Esos son los “sponsors oficiales” de la patota argentina. Si no hay entradas para todos, Sudáfrica conocerá las trenzadas a las que nos tienen acostumbrados aquí. La violencia en el fútbol es parte orgánica de un aparato mafioso que involucra a dirigentes, políticos, policía, futbolistas, técnicos y hasta periodistas, que cuenta con protección y con financiamiento oficial.
Además de todo eso, tenemos matones de exportación.
Alejandro Guerrero
_______________________________________
Cría Cuervos y ...
Las barras bravas han estado apañadas desde siempre por los propios dirigentes de los clubes, políticos, burócratas sindicales y funcionarios del Estado. Lo novedoso es que, producto de su propia descomposición social, las barras se están escapando del control de sus mentores. Lo revela ahora la ignominiosa deportación de algunos barras, un escándalo internacional que coloca en aprietos a varios jueces argentinos y al propio Ministerio del Interior.
“Pillín” Bracamonte, el tristemente famoso barra de Central, no fue ni siquiera solventado por la dirigencia del club, pues ella misma está prófuga ante la ira de los hinchas. El armado cómplice de Kirchner e Hinchadas Unidas entró en crisis dos meses antes de ir al Mundial, cuando, por “afuera” del armado “oficial”, los barras encontraron otras fuentes de financiamiento para llegar Sudáfrica. Otros ingresos y otros intereses muy fuertes dominan los factores económicos en la estructura de las barras a partir de una fuerte injerencia del narcotráfico. El dinero que manejan los barras está más allá del “peaje” de los estacionamientos, las rifas y alguna que otra apretada por la entradas. Entramos en una fase mucho más aguda de descomposición, que no se arregla con la tradicional demagogia kirchnerista.
J.F.
9 de junio de 2010
DEFENDAMOS A GUALEGUAYCHU
Fuera la Gendarmería de Kirchner, Cristina y Botnia
La Gendarmería está convocada al puente de Gualeguaychú. La prensa informa que procederá a desalojar el corte.
El gobierno afirma que no habrá represión. Media verdad y completa mentira: se pretende abrir causas judiciales contra los compañeros.
Los palos de los uniformados están en la gatera.
Son los que supieron usar los Kirchner contra los docentes y petroleros de Santa Cruz, contra los obreros de Kraft o contra los trabajadores del Casino que enfrentaban a Cristóbal López, un capitalista emblemático del gobierno.
El juez que acató la orden presidencial de “judicializar” el Corte es el mismo que hace tres años tiene paralizada una causa penal contra los contaminadores de Botnia.
El gobierno que promueve el “in crescendo” represivo es el mismo que declaró, tiempo atrás, que Botnia era una “causa nacional”.
Pero ¿qué “causa nacional” pueden defender los que buscan “volver a los mercados” del capital financiero, los que continúan pagando una usura recontramillonaria a la banca extranjera?
Los que entregan nuestros recursos a los monopolios mineros, petroleros y ... papeleros.
La represión a Gualeguaychú es una ofrenda a los banqueros y a los pulpos capitalistas.
Fue pactada en el ambiente bucólico de una estancia de la oligarquía rioplatense entre Mujica y Cristina.
Es para asegurar los beneficios de los depredadores capitalistas que Cristina pretende salarios de miseria, jubilados que cobran 800 mangos y manotear las reservas y los recursos de la Anses.
Por eso, y mientras se anunciaba la represión a Gualeguaychú, los estatales se movilizaban en el centro de la Capital contra el miserable aumento oficial (21%) y los desocupados del Polo Obrero luchaban en el Puente Pueyrredón. Esta sí es una causa nacional.
La Gendarmería está convocada al puente de Gualeguaychú. La prensa informa que procederá a desalojar el corte.
El gobierno afirma que no habrá represión. Media verdad y completa mentira: se pretende abrir causas judiciales contra los compañeros.
Los palos de los uniformados están en la gatera.
Son los que supieron usar los Kirchner contra los docentes y petroleros de Santa Cruz, contra los obreros de Kraft o contra los trabajadores del Casino que enfrentaban a Cristóbal López, un capitalista emblemático del gobierno.
El juez que acató la orden presidencial de “judicializar” el Corte es el mismo que hace tres años tiene paralizada una causa penal contra los contaminadores de Botnia.
El gobierno que promueve el “in crescendo” represivo es el mismo que declaró, tiempo atrás, que Botnia era una “causa nacional”.
Pero ¿qué “causa nacional” pueden defender los que buscan “volver a los mercados” del capital financiero, los que continúan pagando una usura recontramillonaria a la banca extranjera?
Los que entregan nuestros recursos a los monopolios mineros, petroleros y ... papeleros.
La represión a Gualeguaychú es una ofrenda a los banqueros y a los pulpos capitalistas.
Fue pactada en el ambiente bucólico de una estancia de la oligarquía rioplatense entre Mujica y Cristina.
Es para asegurar los beneficios de los depredadores capitalistas que Cristina pretende salarios de miseria, jubilados que cobran 800 mangos y manotear las reservas y los recursos de la Anses.
Por eso, y mientras se anunciaba la represión a Gualeguaychú, los estatales se movilizaban en el centro de la Capital contra el miserable aumento oficial (21%) y los desocupados del Polo Obrero luchaban en el Puente Pueyrredón. Esta sí es una causa nacional.
7 de junio de 2010
El Partido Obrero está en Campaña Financiera
Dicha campaña se extenderá hasta el próximo 31 de julio
El Partido Obrero acaba de lanzar su Campaña Financiera, cuyo objetivo central es obtener el pronunciamiento político de millares de activistas y simpatizantes del Partido Obrero a través de su aporte económico para el sostenimiento de las luchas y campañas que impulsa el PO. Está inscripta en la lucha por la construcción de agrupaciones clasistas en todos los gremios y de una nueva dirección en los sindicatos, en la lucha por la reapertura de las paritarias y por la defensa de las conquistas laborales en el marco del derrumbe capitalista internacional. Es una campaña para apuntalar el destino histórico de la transición que hoy vive el movimiento obrero en el cuadro de un nuevo fracaso del nacionalismo burgués y de un gobierno que apuesta todas las fichas de su supervivencia política a una nueva entregada “nacional y popular” al capital financiero y al pago de la deuda externa, y a la regimentación del movimiento obrero de la mano de la burocracia sindical de la CGT y la CTA. Es una campaña por reforzar la construcción de una nueva dirección obrera que convierta a los sindicatos en pilares de la revolución social.
Esta Campaña Financiera tiene también por objetivo sostener económicamente la gran lucha por la revalidación de los derechos políticos y electorales del Partido Obrero y contra la proscripción que el kirchnerismo impulsa a través de la llamada “reforma política”. La crisis política generalizada ha puesto en cuestión esta tentativa K de “ordenar” la vida de los partidos desde la cúpula del Estado, como lo refleja el desgranamiento de candidaturas del tronco pejotista. Pero a los partidos patronales no se les escapa, y menos que nadie al gobierno, que un aspecto clave de esa “reforma” es proscribir de la arena electoral a las expresiones políticas de la clase obrera independiente, como es el caso del Partido Obrero. El PO está superando los escollos que coloca el Estado capitalista mediante una enorme movilización militante, conquistando miles y miles de nuevos afiliados entre los trabajadores, los estudiantes y la ciudadanía democrática. El aporte económico al PO es un pronunciamiento concreto para el sostenimiento de esta gran batalla democrática.
Compañera, compañero: aporte a la Campaña Financiera del Partido Obrero. Construyamos un gran partido de combate de la clase obrera.
El Partido Obrero acaba de lanzar su Campaña Financiera, cuyo objetivo central es obtener el pronunciamiento político de millares de activistas y simpatizantes del Partido Obrero a través de su aporte económico para el sostenimiento de las luchas y campañas que impulsa el PO. Está inscripta en la lucha por la construcción de agrupaciones clasistas en todos los gremios y de una nueva dirección en los sindicatos, en la lucha por la reapertura de las paritarias y por la defensa de las conquistas laborales en el marco del derrumbe capitalista internacional. Es una campaña para apuntalar el destino histórico de la transición que hoy vive el movimiento obrero en el cuadro de un nuevo fracaso del nacionalismo burgués y de un gobierno que apuesta todas las fichas de su supervivencia política a una nueva entregada “nacional y popular” al capital financiero y al pago de la deuda externa, y a la regimentación del movimiento obrero de la mano de la burocracia sindical de la CGT y la CTA. Es una campaña por reforzar la construcción de una nueva dirección obrera que convierta a los sindicatos en pilares de la revolución social.Esta Campaña Financiera tiene también por objetivo sostener económicamente la gran lucha por la revalidación de los derechos políticos y electorales del Partido Obrero y contra la proscripción que el kirchnerismo impulsa a través de la llamada “reforma política”. La crisis política generalizada ha puesto en cuestión esta tentativa K de “ordenar” la vida de los partidos desde la cúpula del Estado, como lo refleja el desgranamiento de candidaturas del tronco pejotista. Pero a los partidos patronales no se les escapa, y menos que nadie al gobierno, que un aspecto clave de esa “reforma” es proscribir de la arena electoral a las expresiones políticas de la clase obrera independiente, como es el caso del Partido Obrero. El PO está superando los escollos que coloca el Estado capitalista mediante una enorme movilización militante, conquistando miles y miles de nuevos afiliados entre los trabajadores, los estudiantes y la ciudadanía democrática. El aporte económico al PO es un pronunciamiento concreto para el sostenimiento de esta gran batalla democrática.
Compañera, compañero: aporte a la Campaña Financiera del Partido Obrero. Construyamos un gran partido de combate de la clase obrera.
Saludos en el Día del Periodista
"Gracias, por dejarnos la palabra,
que vuela en un claro de la tempestad
a ciertas dichas, ciertas esperanzas".
Juan Gelman
Feliz Día del Periodista les desea a los trabajadores de prensa el Equipo de Medios del Partido Obrero.
Todos con los trabajadores de "Crítica".
que vuela en un claro de la tempestad
a ciertas dichas, ciertas esperanzas".
Juan Gelman
Feliz Día del Periodista les desea a los trabajadores de prensa el Equipo de Medios del Partido Obrero.
Todos con los trabajadores de "Crítica".
6 de junio de 2010
Cuba: con la Iglesia es otra cosa
A numerosos castristas y chavistas no les gustó nada que las páginas de Prensa Obrera rechazaran el desproporcionado ensañamiento del gobierno de Cuba con los presos políticos de la isla –sean contrarrevolucionarios o no, o sean o no considerados como tales presos políticos por las autoridades. Una cosa es el derecho de defensa de un régimen revolucionario en el marco de una guerra civil (cuando se justifican las medidas excepcionales, aunque tampoco en ese caso el ensañamiento); otra cosa es el respeto por los derechos individuales al que está obligado un régimen establecido. No fuimos los únicos en sostener esta posición en el campo de la izquierda, con independencia que las intenciones de cada uno no fueran las mismas: la mayor parte de las protestas apuntan al objetivo de que Cuba se convierta en una democracia burguesa; el nuestro a que se expulse a la burocracia, a que la propiedad sea realmente social y para que se instale una democracia obrera, una democracia de productores.
Lo que no hemos conseguido quienes reclamamos desde la izquierda, el gobierno de Cuba se lo va a conceder a la Iglesia. Según coincide la prensa mundial –y en forma parcial el diario Gramma– esos presos serían trasladados a cárceles de sus provincias, otros recibirían tratamiento en hospitales y algunos serían liberados. Raúl Castro lo habría negociado con la jerarquía clerical durante una reunión que duró nada menos que cuatro horas. Una interpretación literal sería que el régimen cubano tiene mayor campo de coincidencias con los curas que con la izquierda internacional. Otra explicación, adicional, es que se negoció un toma y daca: los términos de las concesiones del gobierno son insignificantes, a cambio de lo cual el clero se compromete con la ‘gobernabilidad’ de Cuba en un período aún más difícil que el que sobrevino a la disolución de la URSS. El clero pasa a ser parte de la “transición” o de la llamada “etapa de cambios”. No llega a ser una alianza política, pero es un compromiso.
Los castro-chavistas continentales han quedado desairados. Les ocurre lo que la ya les había pasado a los ‘amigos de la URSS’: sólo ellos, no los funcionarios, creían en la propaganda oficial. La historia se repite en forma aún más bochornosa. No hace falta explicar a la izquierda que un compromiso con la Iglesia es un compromiso con el imperialismo. Si no pregúntenle a la burocracia stalinista de Polonia.
La Iglesia goza en Cuba de derechos o privilegios que no le son reconocidos a ninguna oposición de izquierda; por ejemplo, tiene prensa propia y desarrolla su propaganda desde el púlpito y muchas veces la televisión. El Papa Juan Pablo II pudo arengar ‘urbi et orbi’ en suelo cubano. O sea que la Iglesia no sería contrarrevolucionaria. Existe la pluralidad en lo relativo a lo confesional, pero en política sólo vale el partido único, incluso si la oposición es de izquierda. Privilegiar la interlocución con la Iglesia y negar a la izquierda que disiente con el gobierno a formar su propio partido constituye una medida que prepara políticamente la restauración del capitalismo. Esta restauración se encuentra en marcha, no en la formalidad de los acuerdos de inversiones con capitales extranjeros que, en línea de conveniencia, pudieran servir para desarrollar las estancadas fuerzas productivas de la isla, sino en el aprovechamiento que hace la burocracia de esas relaciones con el capital para asentar su derecho a la propiedad. La corrupción rampante de altísimas autoridades de gobierno tienen todas el sello de la tendencia de la burocracia a convertirse en capitalista. El ex vicepresidente Lage o el ex ministro Roqué son un ejemplo; hace poco se suicidó un acusado de corrupción que estaba vinculado a inversiones extranjeras piloteadas por un ex guerrillero chileno, ampliamente afín al régimen.
Las condenas por tribunales que no son públicas y las penas desorbitadas juegan un rol intimidatorio contra la disidencia popular, para que no se convierta en una alternativa de izquierda, socialista, al ostensible impasse del régimen. Al protestar contra la arbitrariedad del Estado estamos defendiendo las posibilidades de organización independiente de los sindicatos y de una oposición socialista e internacionalista. No es una posición que adoptamos hoy; lo hacemos desde 1964, cuando defendimos al poeta Heberto Padilla y publicamos sus poemas contestatarios en el periódico Política Obrera.
En definitiva, ningún acuerdo con el clero contrarrevolucionario. Juicios públicos y por jurados. Libertad de organización política y sindical. Expulsión de la burocracia del poder y de las empresas; control obrero.
José Ortiz
Lo que no hemos conseguido quienes reclamamos desde la izquierda, el gobierno de Cuba se lo va a conceder a la Iglesia. Según coincide la prensa mundial –y en forma parcial el diario Gramma– esos presos serían trasladados a cárceles de sus provincias, otros recibirían tratamiento en hospitales y algunos serían liberados. Raúl Castro lo habría negociado con la jerarquía clerical durante una reunión que duró nada menos que cuatro horas. Una interpretación literal sería que el régimen cubano tiene mayor campo de coincidencias con los curas que con la izquierda internacional. Otra explicación, adicional, es que se negoció un toma y daca: los términos de las concesiones del gobierno son insignificantes, a cambio de lo cual el clero se compromete con la ‘gobernabilidad’ de Cuba en un período aún más difícil que el que sobrevino a la disolución de la URSS. El clero pasa a ser parte de la “transición” o de la llamada “etapa de cambios”. No llega a ser una alianza política, pero es un compromiso.
Los castro-chavistas continentales han quedado desairados. Les ocurre lo que la ya les había pasado a los ‘amigos de la URSS’: sólo ellos, no los funcionarios, creían en la propaganda oficial. La historia se repite en forma aún más bochornosa. No hace falta explicar a la izquierda que un compromiso con la Iglesia es un compromiso con el imperialismo. Si no pregúntenle a la burocracia stalinista de Polonia.
La Iglesia goza en Cuba de derechos o privilegios que no le son reconocidos a ninguna oposición de izquierda; por ejemplo, tiene prensa propia y desarrolla su propaganda desde el púlpito y muchas veces la televisión. El Papa Juan Pablo II pudo arengar ‘urbi et orbi’ en suelo cubano. O sea que la Iglesia no sería contrarrevolucionaria. Existe la pluralidad en lo relativo a lo confesional, pero en política sólo vale el partido único, incluso si la oposición es de izquierda. Privilegiar la interlocución con la Iglesia y negar a la izquierda que disiente con el gobierno a formar su propio partido constituye una medida que prepara políticamente la restauración del capitalismo. Esta restauración se encuentra en marcha, no en la formalidad de los acuerdos de inversiones con capitales extranjeros que, en línea de conveniencia, pudieran servir para desarrollar las estancadas fuerzas productivas de la isla, sino en el aprovechamiento que hace la burocracia de esas relaciones con el capital para asentar su derecho a la propiedad. La corrupción rampante de altísimas autoridades de gobierno tienen todas el sello de la tendencia de la burocracia a convertirse en capitalista. El ex vicepresidente Lage o el ex ministro Roqué son un ejemplo; hace poco se suicidó un acusado de corrupción que estaba vinculado a inversiones extranjeras piloteadas por un ex guerrillero chileno, ampliamente afín al régimen.
Las condenas por tribunales que no son públicas y las penas desorbitadas juegan un rol intimidatorio contra la disidencia popular, para que no se convierta en una alternativa de izquierda, socialista, al ostensible impasse del régimen. Al protestar contra la arbitrariedad del Estado estamos defendiendo las posibilidades de organización independiente de los sindicatos y de una oposición socialista e internacionalista. No es una posición que adoptamos hoy; lo hacemos desde 1964, cuando defendimos al poeta Heberto Padilla y publicamos sus poemas contestatarios en el periódico Política Obrera.
En definitiva, ningún acuerdo con el clero contrarrevolucionario. Juicios públicos y por jurados. Libertad de organización política y sindical. Expulsión de la burocracia del poder y de las empresas; control obrero.
José Ortiz
5 de junio de 2010
El Estado no es un “poder público”
La confrontación que ha suscitado la ley de medios no involucra solamente ideas sino, por sobre todo, intereses. La más notoria es la que se ha suscitado entre los monopolios de la televisión por cable, por un lado, y las telefónicas, por el otro. La posibilidad del ingreso de éstas a la televisión (triple play) fue eliminada, bajo presión, del proyecto oficial con la finalidad de obtener los votos necesarios del bloque que encabeza Solanas. En las audiencias públicas, el proyecto, que no contemplaba el servicio de telefonía para los monopolios del cable, fue calurosamente apoyado por las dos empresas que monopolizan el mercado y por la directiva de Foetra. La Presidenta dejó en claro que las intenciones originales del gobierno sólo habían sufrido una postergación, cuando aseguró que “no se podía tapar el cielo con un harnero”. La alternativa del triple play azuzó, de ahí en más, la pelea por el destino de la participación de Telecom Italia en Telecom Argentina, que el gobierno nacional cuestiona como “dominante”, con la intención última de que un grupo de la ‘burguesía nacional’ ocupe el lugar de los ítalo-hispanos (Telefónica ha adquirido una participación en un ‘holding’ que tiene un porcentaje importante de las acciones de TI). La Justicia brasileña, sin embargo, acaba de decidir que la participación de los españoles en TI no es determinante.
Un acuerdo reciente para ofrecer el triple play entre Telefónica y Telecom de Argentina, por un lado, y Direct TV, por el otro –desbaratado luego en sede judicial– ha sido una nueva demostración de la enorme disputa que se desarrolla para acaparar el mercado de mayor desarrollo potencial en los próximos años. Una modificación a la ley de telecomunicaciones podría servir como alternativa al frustrado intento de las telefónicas de ingresar al mercado televisivo.
Este aspecto de la disputa ‘mediática’ ha sido convenientemente dejado de lado por los protagonistas de ambos lados, que lo reservan para el chismerío conspirativo de ‘la prensa especializada’. Pero hay otro aspecto, aún más decisivo, que ha sido ignorado, en especial en los círculos políticos y académicos. Nos referimos al carácter histórico del Estado y a su naturaleza de clase. El Estado es presentado en este debate como el “poder público” y hasta como un factor de “democratización”. Algunas tesis en danza van más allá y desalojan al “poder” para que lo ocupe el “espacio” (público), en una hábil predistigitación que ‘desestatiza’ la intervención del Estado, cuya intervención se reclama.
Es imposible desconocer, sin embargo, que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes. Esta función no queda atenuada sino, por el contrario, reforzada, cuando una crisis social de proporciones fuerza al Estado a introducir alteraciones de considerable importancia en el orden social con el objetivo de preservarlo. En su calidad de representante activo de la clase dominante, el Estado advierte con mayor anticipación la necesidad de neutralizar la presión de las clases dominadas por medio de represión y concesiones. El Estado se manifiesta, se podría decir, ‘dialécticamente’. En América Latina tenemos ejemplos excepcionales de este tipo de dominación, conocida genéricamente como bonapartismo. La crisis capitalista mundial en curso se encargará, de aquí en adelante, de hacer la demostración de la función de este tipo de regímenes políticos especiales, como ya ocurrió en el pasado. Lejos de ser un factor de ‘democratización’ o partero de una suerte de ‘espacio público’, la intervención del Estado en la prensa y en los medios refuerza, en última instancia, uno de los aspectos fundamentales de la dominación política del capital: el monopolio ideológico y la manipulación política. En esto supera, en condiciones de crisis, la capacidad de los monopolios privados de los medios pues, a diferencia de ellos, es la expresión práctica, institucional, de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia –mucho antes de la necesidad de valerse de ellas. La sustitución del vocablo Estado por la expresión “poder público” o “espacio público” es un caso de manipulación del lenguaje que debería provocar la vergüenza de quienes se han proclamado sus custodios. Las iniciativas del oficialismo en materia de prensa, expresión y medios refuerzan el monopolio privado de la información (mantienen a los existentes e introducen a los monopolios telefónicos), el control ideológico de los medios estatales y de aquellos que operan con su apoyo económico.
Entonces, ¿qué? El monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción de ideología –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de las conciencias de esos cuerpos. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución y, por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección.
En el camino hacia este objetivo, sin embargo, hay mucho por hacer. Luchar, por ejemplo, por un estatuto del periodista que proteja su libertad de pensamiento frente a la patronal y al Estado, y que impida sanciones y despidos por esta causa –el recurso usado con más frecuencia por los principales medios. La ley de medios no contempla, sin embargo, esta defensa del periodismo. Una conquista de este tipo, como lo son todas las conquistas obreras, representa una suerte de negación del Estado dentro de los marcos del Estado, o sea una transición política. Otra medida es asegurar en los medios estatales y privados la pluralidad de ideas políticas, culturales, sindicales de acuerdo al peso que ellas tienen en la sociedad, pero no las clericales (que la ley de medios sí protege) porque emanan de una corporación cerrada, ajena a toda forma de escrutinio social. Si un medio es manejado por una organización de derechos humanos o un sindicato, debe asegurarse la presencia allí de todas las corrientes de ese sindicato y, en el otro ejemplo, de todas las organizaciones de derechos humanos y de todas sus corrientes. La ausencia de estos derechos y garantías en el marco legal prueba que los ‘espacios privados’ como los ‘espacios públicos’ (con los que se disfraza la intervención del capital y del Estado en los medios) son, en definitiva, herramientas de regimentación ideológica.
Jorge Altamira
Un acuerdo reciente para ofrecer el triple play entre Telefónica y Telecom de Argentina, por un lado, y Direct TV, por el otro –desbaratado luego en sede judicial– ha sido una nueva demostración de la enorme disputa que se desarrolla para acaparar el mercado de mayor desarrollo potencial en los próximos años. Una modificación a la ley de telecomunicaciones podría servir como alternativa al frustrado intento de las telefónicas de ingresar al mercado televisivo.
Este aspecto de la disputa ‘mediática’ ha sido convenientemente dejado de lado por los protagonistas de ambos lados, que lo reservan para el chismerío conspirativo de ‘la prensa especializada’. Pero hay otro aspecto, aún más decisivo, que ha sido ignorado, en especial en los círculos políticos y académicos. Nos referimos al carácter histórico del Estado y a su naturaleza de clase. El Estado es presentado en este debate como el “poder público” y hasta como un factor de “democratización”. Algunas tesis en danza van más allá y desalojan al “poder” para que lo ocupe el “espacio” (público), en una hábil predistigitación que ‘desestatiza’ la intervención del Estado, cuya intervención se reclama.
Es imposible desconocer, sin embargo, que bajo la apariencia de una esfera que opera por arriba de la sociedad, la función histórica del Estado es proteger las relaciones sociales existentes. Esta función no queda atenuada sino, por el contrario, reforzada, cuando una crisis social de proporciones fuerza al Estado a introducir alteraciones de considerable importancia en el orden social con el objetivo de preservarlo. En su calidad de representante activo de la clase dominante, el Estado advierte con mayor anticipación la necesidad de neutralizar la presión de las clases dominadas por medio de represión y concesiones. El Estado se manifiesta, se podría decir, ‘dialécticamente’. En América Latina tenemos ejemplos excepcionales de este tipo de dominación, conocida genéricamente como bonapartismo. La crisis capitalista mundial en curso se encargará, de aquí en adelante, de hacer la demostración de la función de este tipo de regímenes políticos especiales, como ya ocurrió en el pasado. Lejos de ser un factor de ‘democratización’ o partero de una suerte de ‘espacio público’, la intervención del Estado en la prensa y en los medios refuerza, en última instancia, uno de los aspectos fundamentales de la dominación política del capital: el monopolio ideológico y la manipulación política. En esto supera, en condiciones de crisis, la capacidad de los monopolios privados de los medios pues, a diferencia de ellos, es la expresión práctica, institucional, de la burguesía en su conjunto y está motivado por la obligación de asegurar para sí el monopolio de la fuerza y de la violencia –mucho antes de la necesidad de valerse de ellas. La sustitución del vocablo Estado por la expresión “poder público” o “espacio público” es un caso de manipulación del lenguaje que debería provocar la vergüenza de quienes se han proclamado sus custodios. Las iniciativas del oficialismo en materia de prensa, expresión y medios refuerzan el monopolio privado de la información (mantienen a los existentes e introducen a los monopolios telefónicos), el control ideológico de los medios estatales y de aquellos que operan con su apoyo económico.
Entonces, ¿qué? El monopolio capitalista de los medios de producción adquiere otro nivel cuando se trata del monopolio de la producción de ideología –pues se enseñorea, no sólo de los cuerpos mismos, sino de las conciencias de esos cuerpos. La libertad social en sus términos más amplios es incompatible con el Estado, plantea su disolución y, por lo tanto, el fin de las relaciones sociales que exigen un aparato de violencia para su protección.
En el camino hacia este objetivo, sin embargo, hay mucho por hacer. Luchar, por ejemplo, por un estatuto del periodista que proteja su libertad de pensamiento frente a la patronal y al Estado, y que impida sanciones y despidos por esta causa –el recurso usado con más frecuencia por los principales medios. La ley de medios no contempla, sin embargo, esta defensa del periodismo. Una conquista de este tipo, como lo son todas las conquistas obreras, representa una suerte de negación del Estado dentro de los marcos del Estado, o sea una transición política. Otra medida es asegurar en los medios estatales y privados la pluralidad de ideas políticas, culturales, sindicales de acuerdo al peso que ellas tienen en la sociedad, pero no las clericales (que la ley de medios sí protege) porque emanan de una corporación cerrada, ajena a toda forma de escrutinio social. Si un medio es manejado por una organización de derechos humanos o un sindicato, debe asegurarse la presencia allí de todas las corrientes de ese sindicato y, en el otro ejemplo, de todas las organizaciones de derechos humanos y de todas sus corrientes. La ausencia de estos derechos y garantías en el marco legal prueba que los ‘espacios privados’ como los ‘espacios públicos’ (con los que se disfraza la intervención del capital y del Estado en los medios) son, en definitiva, herramientas de regimentación ideológica.
Jorge Altamira
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