Este sábado en la Plaza San Martín y a lo largo de todo el fin de semana en diversas plazas de la ciudad y la provincia, el Partido Obrero de Córdoba montará mesas para recolectar firmas a favor de la inmediata aprobación del proyecto que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Ese proyecto establece el 82% del salario mínimo para la jubilación mínima, el descongelamiento de las actualizaciones del resto de las jubilaciones y la movilidad en función de los aumentos salariales de los trabajadores en actividad.
Este proyecto será tratado el miércoles 4 por la Comisión de Presupuesto de la misma cámara. Ese mismo día en el Senado se tratará el tema del 82% de la mínima; el proyecto en debate es el resultado de un acuerdo entre la oposición y el kirchnerismo para mutilar y descuartizar el proyecto aprobado por la comisión de trabajo de diputados.
El Partido Obrero se movilizará el miércoles 4 al Congreso Nacional, junto a organizaciones populares de jubilados, para hacer efectivo el reclamo establecido en el petitorio. En Córdoba esa movilización será frente a la Anses (Rosario de Santa Fe y Rivadavia), a las 11 horas. Invitamos a todas las organizaciones a sumarse.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
REGIONAL CÓRDOBA
30 de julio de 2010
29 de julio de 2010
Que se apruebe el aborto legal en el Congreso
La Guía para abortos no punibles constituye un cuerpo de instrucciones del Ministerio de Salud a los médicos de los hospitales públicos para actuar ante casos de abortos no punibles: cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando no es viable el feto y cuando el embarazo es producto de una violación.
Ahora, “se actualizó”, según declaró en Nueva York la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y según se pudo ver en la propia página del Ministerio.
Unos días después, el ministro Manzur desmentía la firma de esa ‘actualización’ y ratificaba la guía elaborada en el 2007. El tema generó una crisis dentro del gobierno.
La Presidenta y Manzur habían dado marcha atrás. “Respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado: “Ustedes ya saben lo que pienso, que no”, dijo la Presidenta el jueves en Pekín” (La Nación, 21/7).
La actualización de la Guía pretendía sustituir el debate del aborto legal en el Congreso.
Sobre la nula efectividad de este tipo de normativas dan cuenta el propio protocolo que está aprobado desde el 2007 y las múltiples reglamentaciones locales que se sucedieron en estos años, aunque algunas de ellas alivianaron la responsabilidad médica sobre el tema. Sin embargo, no pueden suplir la sanción de una ley; “(...) las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas por el artículo 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado”, decíamos en una nota de la compañera Olga Cristobal en junio de 2007 (po.org.ar/node/5590). Algunas de las críticas que hicimos en soledad ese año fueron tomadas en la Guía modificada que no prosperó.
La reciente aprobación del matrimonio homosexual ya produjo fisuras políticas en el oficialismo y en la oposición, que ambos trataron de esconder detrás de la llamada “libertad de conciencia”, por lo que nadie quiere tocar el tema del derecho al aborto. El tratamiento desigual de uno y otro desmiente que los partidos patronales tengan una posición progresista en torno a los derechos políticos.
Las personas que consideran que hay que despenalizar parcial o totalmente la práctica del aborto representan, sin embargo, casi al 70% de los encuestados (La Nación, 22/7, encuesta de Mora y Araujo).
El kirchenrismo le da espalda al tratamiento de este derecho de las mayorías de mujeres de la misma forma que se empecina en frenar el 82% móvil para los jubilados.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.
Vanina Biasi
Ahora, “se actualizó”, según declaró en Nueva York la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y según se pudo ver en la propia página del Ministerio.
Unos días después, el ministro Manzur desmentía la firma de esa ‘actualización’ y ratificaba la guía elaborada en el 2007. El tema generó una crisis dentro del gobierno.
La Presidenta y Manzur habían dado marcha atrás. “Respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción de un embarazo no deseado: “Ustedes ya saben lo que pienso, que no”, dijo la Presidenta el jueves en Pekín” (La Nación, 21/7).
La actualización de la Guía pretendía sustituir el debate del aborto legal en el Congreso.
Sobre la nula efectividad de este tipo de normativas dan cuenta el propio protocolo que está aprobado desde el 2007 y las múltiples reglamentaciones locales que se sucedieron en estos años, aunque algunas de ellas alivianaron la responsabilidad médica sobre el tema. Sin embargo, no pueden suplir la sanción de una ley; “(...) las nuevas reglamentaciones instauran un retroceso importante en las garantías establecidas por el artículo 86, agregando condiciones incumplibles en un sistema de salud desmantelado”, decíamos en una nota de la compañera Olga Cristobal en junio de 2007 (po.org.ar/node/5590). Algunas de las críticas que hicimos en soledad ese año fueron tomadas en la Guía modificada que no prosperó.
La reciente aprobación del matrimonio homosexual ya produjo fisuras políticas en el oficialismo y en la oposición, que ambos trataron de esconder detrás de la llamada “libertad de conciencia”, por lo que nadie quiere tocar el tema del derecho al aborto. El tratamiento desigual de uno y otro desmiente que los partidos patronales tengan una posición progresista en torno a los derechos políticos.
Las personas que consideran que hay que despenalizar parcial o totalmente la práctica del aborto representan, sin embargo, casi al 70% de los encuestados (La Nación, 22/7, encuesta de Mora y Araujo).
El kirchenrismo le da espalda al tratamiento de este derecho de las mayorías de mujeres de la misma forma que se empecina en frenar el 82% móvil para los jubilados.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro para no morir. Que se trate y se apruebe en el Congreso el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Separación de la Iglesia del Estado. Basta de subsidios a la curia.
Vanina Biasi
La neutralidad política de la clase obrera es un gol en contra
Argentina enfrenta dos grandes problemas políticos. Sin embargo, los activistas y luchadores de la clase obrera no los encaran con una posición común. En estas condiciones no pueden constituir una fuerza con capacidad de influir decididamente en el desenlace de esos asuntos. La que decidirá será la clase capitalista a expensas del proletariado.
Uno de esos problemas políticos son las jubilaciones. La Presidenta acaba de reafirmar que vetará una ley que contemple el 82% para la jubilación mínima. La llamada oposición, bajo la presión de los capitalistas, ya podó en el Senado dos medidas fundamentales del proyecto original: la generalización del fallo Badaro para quienes tuvieron sus jubilaciones congeladas (casi un millón de trabajadores); la indexación de las jubilaciones por la evolución de los salarios y la aplicación de la movilidad al 82% de los docentes.
Es necesario que el activo intervenga en este asunto. El 4 de agosto hay una movilización al Congreso. ¿Participamos con nuestras banderas o la miramos desde afuera? Necesitamos un plenario para fijar una posición de conjunto y organizar la movilización. Debe haber un pronunciamiento claro contra la amenaza de veto.
El segundo problema es la trama que se ha armado para salvar a Macri y para separar a los K de cualquier responsabilidad en el espionaje al servicio de Estados extranjeros, fundamentalmente los maquinadores de guerras y crímenes: Estados Unidos e Israel. Debemos intervenir para que Macri y los K declaren todo lo que saben sobre encubrimientos de atentados y de acciones de servicios, tanto extranjeros como nacionales; para que cesen las amenazas y preparativos de guerra contra Irán; las expulsiones de palestinos en Israel y en los territorios ocupados. Que se derogue la ley anti-terrorista impuesta por el imperialismo yanqui contra las organizaciones combativas.
La burocracia sindical ha tomado posición: contra el 82% y por el desvío de la crisis política en la Ciudad. Muchos de sus miembros son compinches de los servicios y usufructúan su complicidad con el gobierno para enriquecerse como casta y eternizarse en los sindicatos.
Una clase existe en la medida en que toma posiciones políticas; se requiere que el activismo obrero participe de un reagrupamiento de fuerzas permanente en torno a posiciones políticas fundamentales. De no ser así, nuestro destino lo deciden nuestros explotadores.
Impulsaremos plenarios para materializar esta metodología política.
Comisión Política del Partido Obrero
Uno de esos problemas políticos son las jubilaciones. La Presidenta acaba de reafirmar que vetará una ley que contemple el 82% para la jubilación mínima. La llamada oposición, bajo la presión de los capitalistas, ya podó en el Senado dos medidas fundamentales del proyecto original: la generalización del fallo Badaro para quienes tuvieron sus jubilaciones congeladas (casi un millón de trabajadores); la indexación de las jubilaciones por la evolución de los salarios y la aplicación de la movilidad al 82% de los docentes.
Es necesario que el activo intervenga en este asunto. El 4 de agosto hay una movilización al Congreso. ¿Participamos con nuestras banderas o la miramos desde afuera? Necesitamos un plenario para fijar una posición de conjunto y organizar la movilización. Debe haber un pronunciamiento claro contra la amenaza de veto.
El segundo problema es la trama que se ha armado para salvar a Macri y para separar a los K de cualquier responsabilidad en el espionaje al servicio de Estados extranjeros, fundamentalmente los maquinadores de guerras y crímenes: Estados Unidos e Israel. Debemos intervenir para que Macri y los K declaren todo lo que saben sobre encubrimientos de atentados y de acciones de servicios, tanto extranjeros como nacionales; para que cesen las amenazas y preparativos de guerra contra Irán; las expulsiones de palestinos en Israel y en los territorios ocupados. Que se derogue la ley anti-terrorista impuesta por el imperialismo yanqui contra las organizaciones combativas.
La burocracia sindical ha tomado posición: contra el 82% y por el desvío de la crisis política en la Ciudad. Muchos de sus miembros son compinches de los servicios y usufructúan su complicidad con el gobierno para enriquecerse como casta y eternizarse en los sindicatos.
Una clase existe en la medida en que toma posiciones políticas; se requiere que el activismo obrero participe de un reagrupamiento de fuerzas permanente en torno a posiciones políticas fundamentales. De no ser así, nuestro destino lo deciden nuestros explotadores.
Impulsaremos plenarios para materializar esta metodología política.
Comisión Política del Partido Obrero
Ni CTA K ni CTA sojera
En la recta final de las presentaciones de listas para las elecciones de la CTA, Yasky y De Genaro han salido a la búsqueda desesperada de padrinazgos políticos. Yasky ha encontrado apoyo en Sabatella, el ex intendente de Morón, así como en otros intendentes del kirchnerismo.
En un caso sin precedentes, ha salido a apoyarlo Hugo Moyano, el principal opositor a la formación de sindicatos como el que se organizó en el Subte, pero un aliado a la hora de salir a buscar la perpetuación de los K en 2011. También lo apoya el Ministerio de Trabajo, lo que no es poco en una elección que va a estar surcada por fraudes y denuncias de fraude.
De Genanro ha solicitado el apoyo de Solanas y coquetea con el apoyo, que no podría ser ostensible, de sectores de la oposición (radicales, del PJ disidente y de la Federación Agraria), fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El padrón de la CTA está desmedidamente inflado, pues registra 1.400.000 afiliados, incluso cuando se están produciendo desafiliaciones en ATE y en Ctera.
Como hemos venido anunciando en Prensa Obrera, Yasky es el “caballo del comisario”. Un sector de las direcciones regionales teme que les arrebaten sus distritos, por lo que ha decidido enfrentarlo con listas locales. Esto es una evidencia de la desintegración del bloque de De Gennaro. En las elecciones de Ctera, que tendrán lugar antes de las de la CTA, la fracción de De Gennaro no presenta lista contra el oficialismo de Yasky. Reunidos todos estos factores, es claro que la oposición a Yasky en la CTA marcha desbandada. Un sector de la izquierda (PCR-MST) pide pista con De Gennaro en negociaciones de toma y daca de posiciones. Ninguno de estos grupos renuncian, por supuesto, a seguir usando la etiqueta de ‘clasistas’
Nuestra política
Las elecciones de la CTA son un episodio de una crisis que irá creciendo a medida que salten todas las contradicciones de la integración a Moyano y al Estado. Los Yasky han atado su destino a los K y De Gennaro, a la oposición patronal. Una participación clasista en las elecciones debe advertir a los afiliados sobre esta situación y denunciar la integración de la CTA al Estado y a las patronales. Debe dominar la denuncia de esta perspectiva y los métodos para derrotarla y expulsar a la burocracia. Esta tarea no es tenida en cuenta por aquellos cuya mira exclusiva es conservar como sea sus posiciones regionales. La tutela de los K sobre la CTA ha alcanzado un nivel político que supera a lo que ocurre en la CGT. Mientras tanto, De Gennaro oculta la crisis política de la CTA con frases vacías del tipo que las elecciones “son un fenómeno de democracia de los trabajadores”.
Nuestra campaña es enfrentar el copamiento de la CTA por parte del Estado, por lo que nuestro eje es la independencia política de la CTA y la incompatibilidad de la burocracia con esa independencia. Convocamos al activismo a defender este planteo, única forma de organizar una alternativa políticamente sólida. Abajo la integración al Estado, por un congreso de bases para quebrar la estatización de los sindicatos.
Hemos agrupado más de mil candidatos para las elecciones de la CTA entre Tribuna Docente, Tribuna Estatal, la lista Naranja de docentes universitarios, la Lista Naranja de Prensa, la Agrupación La Pista de Aeronáuticos, además de trabajadores azucareros, de Ucra, judiciales y centenares de trabajadores independientes, conformando de esta manera una lista nacional con representación en doce provincias, además de veinte listas seccionales en la provincia de Buenos Aires y diez listas seccionales en el interior.
Vamos con la Lista 3.
Juan Ferro
En un caso sin precedentes, ha salido a apoyarlo Hugo Moyano, el principal opositor a la formación de sindicatos como el que se organizó en el Subte, pero un aliado a la hora de salir a buscar la perpetuación de los K en 2011. También lo apoya el Ministerio de Trabajo, lo que no es poco en una elección que va a estar surcada por fraudes y denuncias de fraude.
De Genanro ha solicitado el apoyo de Solanas y coquetea con el apoyo, que no podría ser ostensible, de sectores de la oposición (radicales, del PJ disidente y de la Federación Agraria), fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. El padrón de la CTA está desmedidamente inflado, pues registra 1.400.000 afiliados, incluso cuando se están produciendo desafiliaciones en ATE y en Ctera.
Como hemos venido anunciando en Prensa Obrera, Yasky es el “caballo del comisario”. Un sector de las direcciones regionales teme que les arrebaten sus distritos, por lo que ha decidido enfrentarlo con listas locales. Esto es una evidencia de la desintegración del bloque de De Gennaro. En las elecciones de Ctera, que tendrán lugar antes de las de la CTA, la fracción de De Gennaro no presenta lista contra el oficialismo de Yasky. Reunidos todos estos factores, es claro que la oposición a Yasky en la CTA marcha desbandada. Un sector de la izquierda (PCR-MST) pide pista con De Gennaro en negociaciones de toma y daca de posiciones. Ninguno de estos grupos renuncian, por supuesto, a seguir usando la etiqueta de ‘clasistas’
Nuestra política
Las elecciones de la CTA son un episodio de una crisis que irá creciendo a medida que salten todas las contradicciones de la integración a Moyano y al Estado. Los Yasky han atado su destino a los K y De Gennaro, a la oposición patronal. Una participación clasista en las elecciones debe advertir a los afiliados sobre esta situación y denunciar la integración de la CTA al Estado y a las patronales. Debe dominar la denuncia de esta perspectiva y los métodos para derrotarla y expulsar a la burocracia. Esta tarea no es tenida en cuenta por aquellos cuya mira exclusiva es conservar como sea sus posiciones regionales. La tutela de los K sobre la CTA ha alcanzado un nivel político que supera a lo que ocurre en la CGT. Mientras tanto, De Gennaro oculta la crisis política de la CTA con frases vacías del tipo que las elecciones “son un fenómeno de democracia de los trabajadores”.
Nuestra campaña es enfrentar el copamiento de la CTA por parte del Estado, por lo que nuestro eje es la independencia política de la CTA y la incompatibilidad de la burocracia con esa independencia. Convocamos al activismo a defender este planteo, única forma de organizar una alternativa políticamente sólida. Abajo la integración al Estado, por un congreso de bases para quebrar la estatización de los sindicatos.
Hemos agrupado más de mil candidatos para las elecciones de la CTA entre Tribuna Docente, Tribuna Estatal, la lista Naranja de docentes universitarios, la Lista Naranja de Prensa, la Agrupación La Pista de Aeronáuticos, además de trabajadores azucareros, de Ucra, judiciales y centenares de trabajadores independientes, conformando de esta manera una lista nacional con representación en doce provincias, además de veinte listas seccionales en la provincia de Buenos Aires y diez listas seccionales en el interior.
Vamos con la Lista 3.
Juan Ferro
JUICIO A VIDELA Y MENENDEZ
Todos implicados: Justicia, Iglesia, UCR.
El juicio a Videla y a Menéndez, que se está desarrollando en los tribunales federales de Córdoba, está destapando la complicidad activa de funcionarios judiciales y eclesiásticos con la dictadura militar. Los testimonios revelan la continuidad del aparato represivo de la dictadura, con sus mismos hombres, durante los gobiernos constitucionales posteriores.
En el juicio se ventilan dos causas: la de los fusilamientos de la UP1 (penitenciaría del barrio San Martín) y la llamada Gontero, que se refiere a secuestros y torturas padecidos por ex policías.
Fermín Rivera, cuya denuncia inició esta causa en ¡1983!, denunció que "el capellán del III Cuerpo de Ejército, Eduardo Mac Kinnon, junto al cura Sabas Gallardo... ‘recomendaban' a los presos ‘cooperar' con las torturas ya que ‘dos días de tortura no es pecado porque se puede salvar la vida a otras personas'".
La D2, la UCR y Juez
Entre los imputados, hay varias figuras de la llamada D2, el servicio de inteligencia de la policía provincial. En Córdoba empezó tempranamente, cuando Perón ordenó al jefe de Policía Navarro, en febrero de 1974, a levantarse contra el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, e intervino la provincia. La D2 organizó la represión "legal" e "ilegal" (Comando Libertadores de América) (los detenidos que fueron fusilados en la UP1 eran presos de esta época). Los testigos denunciaron que los jueces y secretarios de la Justicia federal eran miembros del Comando Libertadores de América.
Uno de los imputados es Carlos Yanicelli quien junto a su hermano Raúl, fue miembro destacado de la D2. Carlos Yanicelli señaló en su descargo, en lo que parece un arreglo de viejas cuentas, que el actual camarista federal Luis Rueda era servicio, mostrando fotos que así lo probarían.
Luis Urquiza -un ex policía que fue torturado, luego encarcelado y que terminó exiliado en Dinamarca- señaló a los Yanicelli como sus torturadores. Pero el testimonio de Urquiza fue más lejos. Señaló que en 1997, en uno de sus viajes a Córdoba, recibió amenazas de los Yanicelli, que seguían siendo miembros de la policía provincial. Carlos "Tucán" Yanicelli era jefe de drogas peligrosas en ese momento.
Urquiza denunció como responsable al actual jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, quien en 1997 era ministro de Asuntos Constitucionales del gobierno de Mestre.
Aguad se defendió diciendo que desconocía el pasado de Yanicelli, quien había perdurado con los tres gobiernos de Angeloz. Aguad miente. La convivencia de los gobiernos de la UCR, incluido el de Mestre, con los personajes de la dictadura militar era pública; ahí están las fotos de actos oficiales con el propio Menéndez en el palco de honor a centímetros de Aguad y Mestre.
Está convivencia era, en realidad, una prolongación de la que se desarrolló durante la propia dictadura: más de 100 intendentes y presidentes de comuna de la UCR fueron interventores designados por el gobierno genocida. El propio Angeloz era hombre de consulta permanente, junto al obispo Primatesta, para Luciano Menéndez.
Juez aprovechó la volteada para "pegarle" a Aguad (que en las elecciones de 2009 le ganó al candidato juecista y se postula para gobernador). Pero terminó salpicado. Rápidamente le recordaron que durante su intendencia tuvo un funcionario, Oscar Cuassolo, que había sido miembro de la D2 y que fue denunciado por infiltrarse en la Universidad en la época de la dictadura. Tampoco se olvidaron de su menemismo furioso al momento en que Menem decretó los indultos.
Gobierno y oposición temen que los juicios se terminen convirtiendo en un factor de mayor desestabilización política y destapen la continuidad de intereses y personajes entre la dictadura y la democracia. La política del kirchnerismo es mantenerlos a cuentagotas, dejando que la "vida" haga su trabajo y los imputados mueran de causas naturales.
Eduardo Salas
El juicio a Videla y a Menéndez, que se está desarrollando en los tribunales federales de Córdoba, está destapando la complicidad activa de funcionarios judiciales y eclesiásticos con la dictadura militar. Los testimonios revelan la continuidad del aparato represivo de la dictadura, con sus mismos hombres, durante los gobiernos constitucionales posteriores.
En el juicio se ventilan dos causas: la de los fusilamientos de la UP1 (penitenciaría del barrio San Martín) y la llamada Gontero, que se refiere a secuestros y torturas padecidos por ex policías.
Fermín Rivera, cuya denuncia inició esta causa en ¡1983!, denunció que "el capellán del III Cuerpo de Ejército, Eduardo Mac Kinnon, junto al cura Sabas Gallardo... ‘recomendaban' a los presos ‘cooperar' con las torturas ya que ‘dos días de tortura no es pecado porque se puede salvar la vida a otras personas'".
La D2, la UCR y Juez
Entre los imputados, hay varias figuras de la llamada D2, el servicio de inteligencia de la policía provincial. En Córdoba empezó tempranamente, cuando Perón ordenó al jefe de Policía Navarro, en febrero de 1974, a levantarse contra el gobierno de Obregón Cano y Atilio López, e intervino la provincia. La D2 organizó la represión "legal" e "ilegal" (Comando Libertadores de América) (los detenidos que fueron fusilados en la UP1 eran presos de esta época). Los testigos denunciaron que los jueces y secretarios de la Justicia federal eran miembros del Comando Libertadores de América.
Uno de los imputados es Carlos Yanicelli quien junto a su hermano Raúl, fue miembro destacado de la D2. Carlos Yanicelli señaló en su descargo, en lo que parece un arreglo de viejas cuentas, que el actual camarista federal Luis Rueda era servicio, mostrando fotos que así lo probarían.
Luis Urquiza -un ex policía que fue torturado, luego encarcelado y que terminó exiliado en Dinamarca- señaló a los Yanicelli como sus torturadores. Pero el testimonio de Urquiza fue más lejos. Señaló que en 1997, en uno de sus viajes a Córdoba, recibió amenazas de los Yanicelli, que seguían siendo miembros de la policía provincial. Carlos "Tucán" Yanicelli era jefe de drogas peligrosas en ese momento.
Urquiza denunció como responsable al actual jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, quien en 1997 era ministro de Asuntos Constitucionales del gobierno de Mestre.
Aguad se defendió diciendo que desconocía el pasado de Yanicelli, quien había perdurado con los tres gobiernos de Angeloz. Aguad miente. La convivencia de los gobiernos de la UCR, incluido el de Mestre, con los personajes de la dictadura militar era pública; ahí están las fotos de actos oficiales con el propio Menéndez en el palco de honor a centímetros de Aguad y Mestre.
Está convivencia era, en realidad, una prolongación de la que se desarrolló durante la propia dictadura: más de 100 intendentes y presidentes de comuna de la UCR fueron interventores designados por el gobierno genocida. El propio Angeloz era hombre de consulta permanente, junto al obispo Primatesta, para Luciano Menéndez.
Juez aprovechó la volteada para "pegarle" a Aguad (que en las elecciones de 2009 le ganó al candidato juecista y se postula para gobernador). Pero terminó salpicado. Rápidamente le recordaron que durante su intendencia tuvo un funcionario, Oscar Cuassolo, que había sido miembro de la D2 y que fue denunciado por infiltrarse en la Universidad en la época de la dictadura. Tampoco se olvidaron de su menemismo furioso al momento en que Menem decretó los indultos.
Gobierno y oposición temen que los juicios se terminen convirtiendo en un factor de mayor desestabilización política y destapen la continuidad de intereses y personajes entre la dictadura y la democracia. La política del kirchnerismo es mantenerlos a cuentagotas, dejando que la "vida" haga su trabajo y los imputados mueran de causas naturales.
Eduardo Salas
CRISTINA NO QUIERE A LOS JUBILADOS
El mensaje en cadena de la Presidenta, el miércoles último, fue literalmente una farsa.
Al lado de un discurso manipulador semejante, Clarín, TN y La Nación son niños de pecho.
La Presidenta anticipó el anuncio de la movilidad jubilatoria, que se aplicará recién en septiembre, con la finalidad de ofrecer razones para vetar el proyecto de 82% móvil sobre el salario mínimo que se encuentra tanto en Diputados como el Senado.
No anunció un avance social sino una advertencia contra la intención de avanzar hacia el 82%.
Año contra año, luego del anuncio del miércoles, el promedio anual de las jubilaciones aumentará poco más del 20% –no el 26% que sumó alegremente la Presidenta.
En el mismo tiempo, muchos sindicatos con salarios achatados arrancaron aumentos del 35%.
Después de los aumentos anunciados, y del que decidirá el Consejo del Salario, la jubilación mínima seguirá por debajo del 60% del salario mínimo.
La Presidenta observó que el aumento no debe afectar a los precios porque la plata sale toda de la Anses.
Lo que dijo en realidad es otra cosa: que los capitalistas no ponen nada, a pesar de los beneficios fabulosos que están sacando en la actualidad.
Lo que dijo es que el aumento es una redistribución entre los pobres –una medida conservadora de los intereses dominantes.
Lo que ocultó con lo que dijo es que los precios seguirán aumentando, porque al capital, que controla el mercado, no le importa de dónde sale la plata sino aprovechar cualquier aumento del consumo.
En la misma línea conservadora, la Presidenta llamó a Moyano y a Yasky a actuar ‘con responsabilidad’ ante la convocatoria del Consejo del Salario –no sea que un aumento aquí sí afecte a los capitalistas y sí ‘justifique’ que estos capitalistas aumenten los precios.
Calificó de privilegiados a los obreros en blanco, porque los contrapuso con los que son más pobres que ellos, no con los capitalistas que fugaron 54 mil millones de dólares en cuatro años.
¡Fugaron siete veces lo que cuesta financiar el 82% sobre el salario mínimo!
Hasta elogió esta fuga, a la que llamó ¡inversiones en el exterior!, las cuales están cercanas a cero, sin explicar por qué a los argentinos eso nos conviene; es lo que las petroleras vienen haciendo desde hace años, con el resultado de que se secaron las reservas de petróleo y de gas.
Dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, los K no ‘ajustan’, pero nadie gana en Europa jubilaciones de 250 dólares –aquí lo recibe el ¡85%! de los jubilados; los salarios aún no llegaron a los niveles menemistas.
Rechacemos esta trampa –y aún la peor que está preparando la oposición, que ya eliminó de su proyecto la indexación de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios y la generalización del fallo Badaro a los centenares de miles que fueron perjudicados por el congelamiento de Cavallo, desde 1994, y por Duhalde-Kirchner, de 2003 a 2006, para las jubilaciones que estaban arriba del mínimo.
El 4 de agosto vayamos al Congreso para que se apruebe el proyecto del 82% sin mutilaciones.
Al lado de un discurso manipulador semejante, Clarín, TN y La Nación son niños de pecho.
La Presidenta anticipó el anuncio de la movilidad jubilatoria, que se aplicará recién en septiembre, con la finalidad de ofrecer razones para vetar el proyecto de 82% móvil sobre el salario mínimo que se encuentra tanto en Diputados como el Senado.
No anunció un avance social sino una advertencia contra la intención de avanzar hacia el 82%.
Año contra año, luego del anuncio del miércoles, el promedio anual de las jubilaciones aumentará poco más del 20% –no el 26% que sumó alegremente la Presidenta.
En el mismo tiempo, muchos sindicatos con salarios achatados arrancaron aumentos del 35%.
Después de los aumentos anunciados, y del que decidirá el Consejo del Salario, la jubilación mínima seguirá por debajo del 60% del salario mínimo.
La Presidenta observó que el aumento no debe afectar a los precios porque la plata sale toda de la Anses.
Lo que dijo en realidad es otra cosa: que los capitalistas no ponen nada, a pesar de los beneficios fabulosos que están sacando en la actualidad.
Lo que dijo es que el aumento es una redistribución entre los pobres –una medida conservadora de los intereses dominantes.
Lo que ocultó con lo que dijo es que los precios seguirán aumentando, porque al capital, que controla el mercado, no le importa de dónde sale la plata sino aprovechar cualquier aumento del consumo.
En la misma línea conservadora, la Presidenta llamó a Moyano y a Yasky a actuar ‘con responsabilidad’ ante la convocatoria del Consejo del Salario –no sea que un aumento aquí sí afecte a los capitalistas y sí ‘justifique’ que estos capitalistas aumenten los precios.
Calificó de privilegiados a los obreros en blanco, porque los contrapuso con los que son más pobres que ellos, no con los capitalistas que fugaron 54 mil millones de dólares en cuatro años.
¡Fugaron siete veces lo que cuesta financiar el 82% sobre el salario mínimo!
Hasta elogió esta fuga, a la que llamó ¡inversiones en el exterior!, las cuales están cercanas a cero, sin explicar por qué a los argentinos eso nos conviene; es lo que las petroleras vienen haciendo desde hace años, con el resultado de que se secaron las reservas de petróleo y de gas.
Dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Europa, los K no ‘ajustan’, pero nadie gana en Europa jubilaciones de 250 dólares –aquí lo recibe el ¡85%! de los jubilados; los salarios aún no llegaron a los niveles menemistas.
Rechacemos esta trampa –y aún la peor que está preparando la oposición, que ya eliminó de su proyecto la indexación de las jubilaciones de acuerdo con la evolución de los salarios y la generalización del fallo Badaro a los centenares de miles que fueron perjudicados por el congelamiento de Cavallo, desde 1994, y por Duhalde-Kirchner, de 2003 a 2006, para las jubilaciones que estaban arriba del mínimo.
El 4 de agosto vayamos al Congreso para que se apruebe el proyecto del 82% sin mutilaciones.
27 de julio de 2010
Por el 82% móvil, sin vetos ni recortes.
Campaña de firmas
El Partido Obrero está impulsando una campaña de firmas por la inmediata sanción del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación que: 1. establece la jubilación mínima en el 82% móvil del salario mínimo; 2. plantea el reajuste de acuerdo a la evolución del salario de todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002; 3. dispone esa movilidad para los futuros aumentos.
Denunciamos que entre el gobierno y la oposición están intentando mutilar este proyecto, como se refleja en el desguace que el mismo ha tenido en el Senado.
En este marco, el Partido Obrero ha lanzado una campaña de firmas, en virtud de la cual este miércoles 28/07 se llevará a cabo una jornada central, a partir de las 11 horas, frente a la sede de la Anses (Rosario de Santa Fe y Rivadavia).
Llamamos, asimismo, a movilizarnos el próximo miércoles 4 de agosto, a las 12 horas, al mismo lugar, en concordancia con la movilización que se hará frente al congreso nacional.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
El Partido Obrero está impulsando una campaña de firmas por la inmediata sanción del proyecto de ley aprobado en la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación que: 1. establece la jubilación mínima en el 82% móvil del salario mínimo; 2. plantea el reajuste de acuerdo a la evolución del salario de todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002; 3. dispone esa movilidad para los futuros aumentos.
Denunciamos que entre el gobierno y la oposición están intentando mutilar este proyecto, como se refleja en el desguace que el mismo ha tenido en el Senado.
En este marco, el Partido Obrero ha lanzado una campaña de firmas, en virtud de la cual este miércoles 28/07 se llevará a cabo una jornada central, a partir de las 11 horas, frente a la sede de la Anses (Rosario de Santa Fe y Rivadavia).
Llamamos, asimismo, a movilizarnos el próximo miércoles 4 de agosto, a las 12 horas, al mismo lugar, en concordancia con la movilización que se hará frente al congreso nacional.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
Ley de Educación Provincial
Un debate trucho
Un proyecto reaccionario
El Partido Obrero rechaza el proyecto de ley de educación que ha hecho circular el gobierno.
Lo rechazamos principalmente porque:
1) el proyecto es un ataque al carácter laico que debe tener la educación en la medida que permite la educación religiosa en las escuelas de “gestión estatal”, es decir, en las escuelas oficiales (art. 11).
2) convierte a la educación en un apéndice de los intereses capitalistas, proveyendo mano de obra precarizada a las empresas (régimen de pasantías, etc.). La ingerencia empresaria queda legalizada con la presencia de representantes de las asociaciones empresarias en el Consejo Provincial de Educación Técnica. (Arts. 40, 67 y 96)
3) establece la obligatoriedad de la enseñanza como una carga para los padres y no como responsabilidad del Estado. El proyecto no establece el salario mínimo docente en el valor de la canasta familiar, ni un régimen de becas, ni un presupuesto que garantice el espacio físico de desarrollo del proceso educativo (mejoramiento de los edificios, calefaccionamiento, etc.).
Denunciamos la convocatoria a las jornadas de debate del proyecto que el gobierno impulsa en las escuelas para el miércoles 28. La ley ya ha sido “cocinada” entre organizaciones empresariales, Iglesia, universidades públicas y privadas, el gobierno, los partidos políticos patronales y la burocracia de los sindicatos docentes. No es un debate para recoger las preocupaciones y necesidades que educando y educadores tienen respecto de todo el proceso educativo; es una truchada para blanquear una reforma educativa que está en la línea de las leyes menemista y kirchnerista de destrucción de la educación.
Un proyecto reaccionario
El Partido Obrero rechaza el proyecto de ley de educación que ha hecho circular el gobierno.
Lo rechazamos principalmente porque:
1) el proyecto es un ataque al carácter laico que debe tener la educación en la medida que permite la educación religiosa en las escuelas de “gestión estatal”, es decir, en las escuelas oficiales (art. 11).
2) convierte a la educación en un apéndice de los intereses capitalistas, proveyendo mano de obra precarizada a las empresas (régimen de pasantías, etc.). La ingerencia empresaria queda legalizada con la presencia de representantes de las asociaciones empresarias en el Consejo Provincial de Educación Técnica. (Arts. 40, 67 y 96)
3) establece la obligatoriedad de la enseñanza como una carga para los padres y no como responsabilidad del Estado. El proyecto no establece el salario mínimo docente en el valor de la canasta familiar, ni un régimen de becas, ni un presupuesto que garantice el espacio físico de desarrollo del proceso educativo (mejoramiento de los edificios, calefaccionamiento, etc.).
Denunciamos la convocatoria a las jornadas de debate del proyecto que el gobierno impulsa en las escuelas para el miércoles 28. La ley ya ha sido “cocinada” entre organizaciones empresariales, Iglesia, universidades públicas y privadas, el gobierno, los partidos políticos patronales y la burocracia de los sindicatos docentes. No es un debate para recoger las preocupaciones y necesidades que educando y educadores tienen respecto de todo el proceso educativo; es una truchada para blanquear una reforma educativa que está en la línea de las leyes menemista y kirchnerista de destrucción de la educación.
24 de julio de 2010
LAS ELECCIONES EN LA CTA
La integración de la CTA al gobierno kirchnerista, de la mano de Yasky, la está llevando a la disgregación. Esto no hubiera sido posible sin la sistemática complicidad de la fracción que conduce De Gennaro, la que trató de formar una lista única con el agente K hasta último momento. Moyano ha vuelto a meter la mano en la interna de la CTA al dar su apoyo a Paulón (UOM Villa Constitución) –del sector de Yasky. Moyano advirtió que a la CTA no le queda otro camino que reincorporarse a la CGT porque –dijo textualmente– “para otorgar la personería a la CTA es preciso cambiar la ley y ya sabemos cómo le fue a los gobiernos que trataron de hacerlo”. Hizo referencia al derrocamiento de Illia por parte de Onganía y al hostigamiento al gobierno de Alfonsín, quien intentó un planteamiento similar. En la actualidad, el gobierno de los K es el nexo entre la burocracia que reivindica su trayectoria golpista y la de Yasky, que abandona el reclamo de la personería para la CTA del mismo modo que abandona la reivindicación del 82% móvil para los jubilados. La fracción de De Gennaro no cuestiona la subordinación política de los Yasky a los K, simplemente le reprocha que comprometa a la CTA ¡como si un secretario general y una directiva entera pudiera no comprometer al sindicato que dirige! Ocurre que De Gennaro quiere preservar su propio derecho (y el de su fracción) para apoyar al capital sojero.La alianza de cegetistas y ceteístas está en desarrollo desde hace mucho tiempo, por ejemplo en Foetra Buenos Aires. Lo mismo viene ocurriendo en el Subte, donde la fracción pro-Yasky quiere llevar al sindicato recién creado al campo del kirchnerismo, mediante su incorporación a la CTA del oficialismo –sin el menor reparo al hecho de que los K y Moyano apoyan a la burocracia de UTA, que combate al nuevo sindicato en Metrovías. Como lo hace Yasky, tampoco recaba para eso el mandato de las bases del subte ni presenta un programa político-sindical.
Pero la alianza moyano-yaskista ya atraviesa una crisis monumental en Foetra, cuando recibió el rechazo de todas las asambleas de edificios a la paritaria, en la que se acaba de firmar un convenio que no respeta los reclamos históricos del sindicato, pero que sí lo acomoda a los ‘topes’, a las ‘cuotas’ y los ‘no remunerativos’ (negro) que ha impuesto el gobierno a la burocracia sindical (revientan así los aportes a la Anses, y luego dicen que ésta no tiene plata para el 82%). Foetra firmó con todos los sellos de las burocracias tradicionales de la CGT y de los gordos (Foessitra y otros) que había combatido, y ha disuelto en los hechos la Fatel – l sindicato nacional que debía reemplazar a esas burocracias– asestando al sector de la CTA un golpe demoledor. El sector moyanista acusa a su socio Marín, de la CTA, de no disciplinar a sus delegados y edificios, que se han rebelado contra la política podrida de los burócratas de CTA en Foetra. En esas condiciones, Claudio Marín, operador número uno del gobierno y de Yasky, enfrenta una crisis con las bases del sindicato, más otras dos: una con la burocracia moyanista y la otra con su propia agrupación (Frente Gremial). Hagamos notar que el MST, empeñado en un frente con la fracción de De Gennaro contra la de Yasky en las próximas elecciones de la CTA, ha apoyado el ingreso del sindicato del subte en la CTA, en un frente único con la fracción de Yasky (pianellismo), en otro caso más de su absoluta falta de principios y de su oportunismo ilimitado.
El objetivo de una lista opositora
En la elección de la CTA (como en la de Ctera) se va a oficializar la integración de la CTA al Estado, porque Yasky controla el aparato sindical y los padrones gracias al método, entre otros, de la afiliación individual y de los chacareros de la soja organizados en la Federación Agraria. Esta elección digitada agravará la crisis en la CTA y acentuará la rebelión de sus activistas. Es interesante hacer notar que numerosas agrupaciones locales ligadas, de uno u otro modo, al degennarismo, han decidido no formar parte de la lista nacional de esta fracción, en contraste con el yaskismo, que va unificado. Con independencia del resultado cantado de la elección, se destaca al mismo tiempo la ausencia, en la oposición al oficialismo ahora dividido, de un planteo político de conjunto. En algunos casos, domina el afán por conservar los sindicatos regionales; en otros, la disputa por figurar en las listas – pero ninguna caracterización política u orientación frente a la crisis de la CTA, la integración al Estado y su política de ‘paz social’. La oposición rehúye la discusión de un programa, con el argumento de que “en eso estamos de acuerdo”, o sea, rechazando la posibilidad de verificar ese acuerdo por medio del debate de las posiciones y de las acciones de unos y otros. Está claro que una lista opositora debería darse objetivos de propaganda y de reclutamiento, porque la posibilidad de asestar una derrota a las fracciones de la burocracia está por ahora excluida. La campaña debe servir para preparar esa derrota. La izquierda democratizante (PCR y MST están por una lista con De Gennaro), postula un frente de ‘afinidades ideológicas’ pero no quiere ponerlas a prueba por medio de un debate, de modo que el frentismo esconde un objetivo faccional. Aceptar este planteo es contradecir el propósito de una participación electoral, que debe ser preparar las condiciones (programa y desarrollo organizativo) que permita a las bases sindicales poner fin a la burocracia sindical. Esta izquierda democratizante no representa en la CTA una fuerza –y menos un canal del activismo. Es a este sector que va dirigida nuestra política y por eso tenemos en cuenta a las tendencias que lo expresan, aunque sea parcialmente. Lamentablemente, esta izquierda no se diferencia en nada de la burocracia en materia de manipulación: es lo que ocurre en el Sindicato del Neumático de San Fernando, donde un delegado de Fate del MAS asume “facultades delegadas” de parte del sindicato regional. Lo que debiera ocurrir aquí es que los dirigentes de la seccional participen en forma directa en la formación de una lista, y de ningún modo a través de un ‘apoderado’. La dirección del Sutna San Fernando, que estaría ‘delegando’ la participación electoral de la CTA, acaba de levantar una asamblea por la paritaria en Fate por pedido patronal (con un adelanto del 15%); no es un ejemplo que se deba ofrecer a los sindicatos de la CTA.
Las listas seccionales
En este cuadro, se están formando listas seccionales sin alineamiento a ninguna de las listas nacionales, acosadas por la competencia del yaskismo. Esta posición regionalista constituye un aval a la fracción de De Gennaro para la elección nacional (hay en ellas candidatos que adhieren al degennarismo). ¿Por qué no se unen y forman, mediante una convocatoria y un debate con las tendencias opositoras, una única lista nacional alternativa? Cualesquiera sean las ‘imperfecciones’ que pudiera tener semejante alternativa, la apoyaríamos sin sombra de duda desde nuestra posición política.
ATE Sur, en cambio, ha propuesto formar lista local, provincial y nacional. Se trata de una regional sindical que ha enfrentado en la práctica a la dirección degennarista del sindicato nacional, delimitándose incluso de la llamada constituyente social –el caballito de batalla falsamente ‘autónomo’ de la burocracia de De Gennaro y de elementos intermedios entre una y otra fracción de la burocracia, que viven de la caja del gobierno.
Recientemente, la lista Roja de los docentes tucumanos ha resuelto apoyar la lista que encabeza el Suteba La Plata en Ctera. El tema se debate en la Lista Rosa de Aten Capital; antes de eso, la agrupación Almafuerte decidió integrar la lista, al igual que la Violeta de Mar del Plata, la Verde de Esteban Echeverría y la 4 de Abril de Río Negro. En la UPTBA hay un enorme proceso de recuperación de cuerpos de delegados, los que prácticamente funcionan como sindicato autoconvocado, como lo prueba todo el tiempo el conflicto de Crítica. Otro centro de independencia de clase se desarrolla en la AGD –docencia universitaria.
La carta del PCR y MST, haciendo “un último llamado a De Gennaro a incluirlos en su lista”, habla por sí sola de este sector.
En resumen, quedan diez valiosos días (si no se postergan las elecciones y su cronograma de presentación de listas) para luchar por una perspectiva política en torno a los ejes planteados. Insistiremos en la convocatoria común a un plenario para formar una lista clasista nacional.
Comisión Sindical del Partido Obrero
23 de julio de 2010
GLACIARES Y MINERIA
Cristina se trajo a Barrick desde China
Mientras la Cámara de diputados debatía el miércoles 14 los proyectos de ley para, supuestamente, proteger los Glaciares de la depredación de la minería; la Presidenta firmaba –de la mano de sus ‘operadores’ mineros como De Vido, funcionarios mineros nacionales y de varias provincias, y el gobernador de La Rioja– varios convenios para promover la megaminería en la Rioja y San Juan con fuertes capitales chinos. “Julio de Vido mantuvo reuniones con importantes empresarios mineros chinos en Shangai y prometió que en los próximos años, la Argentina ‘será uno de los más importantes jugadores internacionales en materia minera“ (El Cronista, 16/7).
Quienes seguían la visita de CFK al gigante asiático –tras la ruta del aceite de soja– no tomaban en cuenta el avanzado estado de los negocios para traer inversiones mineras de China y para desarrollar asociaciones con los capitales internacionales que operan en el país y con los capitales ‘emergentes’ del círculo de negocios de los K. De acuerdo a las versiones de la delegación de Argentina, el asunto del aceite de soja se arreglaría ahora en tres meses. Es posible que esto ocurra porque la disputa entre agrarios y mineros por la conservación de recursos de agua se habría al menos atenuado, como lo demuestra la gestión del gobierno agro-minero del radical Brizuela del Moral en Catamarca, o el riojano Beder Herrera. Es así que “La Presidenta, en tanto, festejó la firma de ‘un importante convenio entre el gobierno de la provincia de La Rioja, cuyo gobernador (Luis Beder Herrera) me acompaña (...) con una empresa minera de aquí, de la República Popular de China (Shandong Gold Group)’” (ídem).
Con esto, La Rioja pasa al pelotón de provincias promotoras de la megaminería (que ya integran Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy). Beder Herrera había hecho campaña a gobernador atacando al proyecto de Barrick en Famatina. Ahora, La Rioja va a tener megaminería por dos: a la Barrick en Famatina y a la Shandong, que explotará la zona de Chilecito. Para que no queden dudas, “el oficialismo (riojano) salió a coro a manifestarse a favor de los emprendimientos mineros” (Rioja virtual, 20/7).
Tampoco San Juan se quedó atrás. “El otro convenio fue entre la minera pública de San Juan, IPEEM, con un grupo llamado MCC Group (que actualmente explota la mina de Sierra Grande en Río Negro). Esta empresa, según el escalafón del Foring de Estados Unidos, es una de las 370 empresas más grandes del mundo, y en conjunto con la sanjuanina han firmado llevar adelante inversiones para el desarrollo de áreas que la empresa de San Juan tiene en el departamento de Iglesias... se refiere a un tramo conocido como La Hortiga (Diario de Cuyo, 16/7). Es decir zonas cercanas al yacimiento de Veladero, hoy explotado por Barrick.
¿Y la ley de glaciares?
Como adelantamos en el número anterior (ver PO Nº 1.137, 15/7), el lobby minero juega a varias puntas. Intentó primero, sin éxito, postergar el debate, pero luego con el apoyo oficialista y del PRO, además de diputados opositores de las provincias mineras (del peronismo federal y de la UCR) dejaron a la sesión sin quórum cuando se discutían los artículos en particular y la patearon como mínimo para agosto. Como después tiene que volver a senadores –que había aprobado el proyecto presentado por Filmus, más favorable a las mineras– mucha agua va a correr todavía hasta que salga, si sale.
Mientras tanto, como adelantáramos, las provincias mineras cordilleranas han aprobado en trámite express (sin pasar por comisiones) leyes de protección de medio ambiente y glaciares que dejan en sus manos el control y la aplicación de la ley nacional que salga, amparándose en la constitución del ’94 que, Pacto de Olivos mediante, dejó el manejo de los recursos naturales en manos de las provincias. Como señalara Silvia Ferreyra, asesora de la diputada Merchan, “las mineras ya encontraron la solución” (Argenpress info, 13/7), refiriéndose a la legislación provincial en marcha. La ley aprobada en San Juan por unanimidad (contó con el voto de los aliados del peronismo federal y del PRO) en su “artículo 17, una norma transitoria, establece que ‘todas aquellas actividades que estuvieren en ejecución a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su desarrollo, sometidas a los controles ambientales preexistentes’. Con esta cláusula transitoria, los emprendimientos mineros como Lama-Pascua o la obra del túnel internacional, no sufrirán cambios o alteraciones en sus planes de desarrollo” (Pregón Minero, 15/7).
Las mineras preparan también recursos judiciales, argumentando que la Nación legislaría sobre competencias provinciales, y así tenemos armado el cuento de la buena pipa. Basta ver lo que pasó con la ley de protección de bosques nativos, que dependía para su aplicación de las reglamentaciones provinciales. Algunas provincias ni siquiera la reglamentaron tres años después de su promulgación y la destrucción de bosques, para facilitar el avance de la soja continúa a todo trapo en Córdoba, Santiago del Estero o Salta, por citar los casos más conocidos.
Es más, en un texto difundido por la Red nacional de acción ecologista (ver Renace informa, 17/7), uno de sus dirigentes, Javier Rodríguez Pardo, se pregunta si la ley en discusión “¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?”. Es que con la falta de controles, dejados en manos de gobiernos provinciales que son agentes de las mineras, el resultado sería terminar legitimando lo que se quería controlar. Así, una de sus conclusiones es “que es preferible no contar con ley alguna (lo que) significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros”.
Según este análisis, la ley Bonasso encubre a los pulpos, porque no resuelve el tema de la autoridad de aplicación, que está, por la Constitución, en manos de los gobernadores mineros.
¿Qué hacer?
La lucha contra el saqueo y la contaminación de los pulpos mineros no debe enredarse en maniobras encubridoras. Hay que seguir el camino que en su momento emprendió Esquel, que logró la prohibición de la megaminería en Chubut. Hoy, todavía Das Neves está maniobrando para ver como deshace lo logrado por la movilización de Esquel siete años atrás. O como lo está reclamando Andalagalá, a pesar de la represión kirchnero-cobista frente al megaemprendimiento de Agua Rica. Hay que prohibir a los pulpos saquear nuestra riqueza. Los gobiernos provinciales son sus cómplices y hay que denunciarlos. Catamarca, con más de trece años de explotación de Alumbrera, es hoy más pobre y está más contaminada. La justicia es cómplice. Desde hace más de un año hay un juicio por los convenios impositivos favorables a la Barrick en Pascua Lama y ni siquiera se los conoce, siguen siendo secretos. Hay que denunciarla y movilizarse. Es el único camino.
Miguel Gómez
Mientras la Cámara de diputados debatía el miércoles 14 los proyectos de ley para, supuestamente, proteger los Glaciares de la depredación de la minería; la Presidenta firmaba –de la mano de sus ‘operadores’ mineros como De Vido, funcionarios mineros nacionales y de varias provincias, y el gobernador de La Rioja– varios convenios para promover la megaminería en la Rioja y San Juan con fuertes capitales chinos. “Julio de Vido mantuvo reuniones con importantes empresarios mineros chinos en Shangai y prometió que en los próximos años, la Argentina ‘será uno de los más importantes jugadores internacionales en materia minera“ (El Cronista, 16/7).
Quienes seguían la visita de CFK al gigante asiático –tras la ruta del aceite de soja– no tomaban en cuenta el avanzado estado de los negocios para traer inversiones mineras de China y para desarrollar asociaciones con los capitales internacionales que operan en el país y con los capitales ‘emergentes’ del círculo de negocios de los K. De acuerdo a las versiones de la delegación de Argentina, el asunto del aceite de soja se arreglaría ahora en tres meses. Es posible que esto ocurra porque la disputa entre agrarios y mineros por la conservación de recursos de agua se habría al menos atenuado, como lo demuestra la gestión del gobierno agro-minero del radical Brizuela del Moral en Catamarca, o el riojano Beder Herrera. Es así que “La Presidenta, en tanto, festejó la firma de ‘un importante convenio entre el gobierno de la provincia de La Rioja, cuyo gobernador (Luis Beder Herrera) me acompaña (...) con una empresa minera de aquí, de la República Popular de China (Shandong Gold Group)’” (ídem).
Con esto, La Rioja pasa al pelotón de provincias promotoras de la megaminería (que ya integran Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy). Beder Herrera había hecho campaña a gobernador atacando al proyecto de Barrick en Famatina. Ahora, La Rioja va a tener megaminería por dos: a la Barrick en Famatina y a la Shandong, que explotará la zona de Chilecito. Para que no queden dudas, “el oficialismo (riojano) salió a coro a manifestarse a favor de los emprendimientos mineros” (Rioja virtual, 20/7).
Tampoco San Juan se quedó atrás. “El otro convenio fue entre la minera pública de San Juan, IPEEM, con un grupo llamado MCC Group (que actualmente explota la mina de Sierra Grande en Río Negro). Esta empresa, según el escalafón del Foring de Estados Unidos, es una de las 370 empresas más grandes del mundo, y en conjunto con la sanjuanina han firmado llevar adelante inversiones para el desarrollo de áreas que la empresa de San Juan tiene en el departamento de Iglesias... se refiere a un tramo conocido como La Hortiga (Diario de Cuyo, 16/7). Es decir zonas cercanas al yacimiento de Veladero, hoy explotado por Barrick.
¿Y la ley de glaciares?
Como adelantamos en el número anterior (ver PO Nº 1.137, 15/7), el lobby minero juega a varias puntas. Intentó primero, sin éxito, postergar el debate, pero luego con el apoyo oficialista y del PRO, además de diputados opositores de las provincias mineras (del peronismo federal y de la UCR) dejaron a la sesión sin quórum cuando se discutían los artículos en particular y la patearon como mínimo para agosto. Como después tiene que volver a senadores –que había aprobado el proyecto presentado por Filmus, más favorable a las mineras– mucha agua va a correr todavía hasta que salga, si sale.
Mientras tanto, como adelantáramos, las provincias mineras cordilleranas han aprobado en trámite express (sin pasar por comisiones) leyes de protección de medio ambiente y glaciares que dejan en sus manos el control y la aplicación de la ley nacional que salga, amparándose en la constitución del ’94 que, Pacto de Olivos mediante, dejó el manejo de los recursos naturales en manos de las provincias. Como señalara Silvia Ferreyra, asesora de la diputada Merchan, “las mineras ya encontraron la solución” (Argenpress info, 13/7), refiriéndose a la legislación provincial en marcha. La ley aprobada en San Juan por unanimidad (contó con el voto de los aliados del peronismo federal y del PRO) en su “artículo 17, una norma transitoria, establece que ‘todas aquellas actividades que estuvieren en ejecución a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su desarrollo, sometidas a los controles ambientales preexistentes’. Con esta cláusula transitoria, los emprendimientos mineros como Lama-Pascua o la obra del túnel internacional, no sufrirán cambios o alteraciones en sus planes de desarrollo” (Pregón Minero, 15/7).
Las mineras preparan también recursos judiciales, argumentando que la Nación legislaría sobre competencias provinciales, y así tenemos armado el cuento de la buena pipa. Basta ver lo que pasó con la ley de protección de bosques nativos, que dependía para su aplicación de las reglamentaciones provinciales. Algunas provincias ni siquiera la reglamentaron tres años después de su promulgación y la destrucción de bosques, para facilitar el avance de la soja continúa a todo trapo en Córdoba, Santiago del Estero o Salta, por citar los casos más conocidos.
Es más, en un texto difundido por la Red nacional de acción ecologista (ver Renace informa, 17/7), uno de sus dirigentes, Javier Rodríguez Pardo, se pregunta si la ley en discusión “¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?”. Es que con la falta de controles, dejados en manos de gobiernos provinciales que son agentes de las mineras, el resultado sería terminar legitimando lo que se quería controlar. Así, una de sus conclusiones es “que es preferible no contar con ley alguna (lo que) significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros”.
Según este análisis, la ley Bonasso encubre a los pulpos, porque no resuelve el tema de la autoridad de aplicación, que está, por la Constitución, en manos de los gobernadores mineros.
¿Qué hacer?
La lucha contra el saqueo y la contaminación de los pulpos mineros no debe enredarse en maniobras encubridoras. Hay que seguir el camino que en su momento emprendió Esquel, que logró la prohibición de la megaminería en Chubut. Hoy, todavía Das Neves está maniobrando para ver como deshace lo logrado por la movilización de Esquel siete años atrás. O como lo está reclamando Andalagalá, a pesar de la represión kirchnero-cobista frente al megaemprendimiento de Agua Rica. Hay que prohibir a los pulpos saquear nuestra riqueza. Los gobiernos provinciales son sus cómplices y hay que denunciarlos. Catamarca, con más de trece años de explotación de Alumbrera, es hoy más pobre y está más contaminada. La justicia es cómplice. Desde hace más de un año hay un juicio por los convenios impositivos favorables a la Barrick en Pascua Lama y ni siquiera se los conoce, siguen siendo secretos. Hay que denunciarla y movilizarse. Es el único camino.
Miguel Gómez
22 de julio de 2010
NI MACRI, NI KIRCHNER.
Los delitos de espionaje de Mauricio Macri giran por entero en torno al atentado contra la Amia, hace dieciséis años.
Nombró a Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Le dijo a las autoridades de la comunidad judía que fue por "recomendación de la CIA, la DEA y el Mossad" (el servicio de espionaje y de ejecuciones de Israel).
Palacios metió a Ciro James en la Secretaría de Educación de la Ciudad para espiar a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las víctimas de la Amia.
Palacios se encuentra también procesado por encubrimiento en la investigación de ese atentado –por lo que está detenido.
Asimismo, ha sido imputado por su participación en la represión de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.
Un procesado por encubrimiento del atentado a la Amia fue “recomendado” a Macri por un organismo del Estado de Israel.
Macri ha justificado el pedido de apoyo a las autoridades institucionales de la comunidad judía, en su cumplimiento de la “recomendación” del Mossad.
¿Pero Macri es el único que acata las órdenes de los servicios de espionaje –extranjeros en su caso?
Néstor Kirchner prometió abrir los archivos de la ex Side, también involucrada en el encubrimiento de la investigación de ese atentado –y hasta ahora no ha cumplido.
Acaba de ser elogiado con una declaración especial de apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores de Estados Unidos por haber orientado la responsabilidad del atentado contra Irán –como quieren los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
El Mossad entrena a la policía de Tucumán, gobernada por el kirchnerista Alperovich.
Al igual que Palacios, las huestes de Kirchner en Santa Cruz reprimieron a las asambleas de la pueblada de 2001.
A Macri hay que echarlo y juzgarlo por conspirar con servicios de espionaje extranjeros y por bloquear el esclarecimiento del atentado contra la Amia.
A Kirchner lo mismo, porque la ex Side es una oficina de aquellos servicios.
El conjunto del aparato estatal, de adentro y de afuera, sigue encubriendo también a los responsables del atentado a la embajada de Israel; parece que este atentado nunca se hubiera producido.
El Partido Obrero condenó, en sus respectivos momentos, uno y otro atentado.
Es probable que los ‘protectores’ de Macri le hayan soltado la mano, para que un eventual enjuiciamiento no saque a luz todo el rol que ha tenido el espionaje extranjero en el encubrimiento.
Que prefieran cambiar de “pollo”; Kirchner ha sido repetidamente felicitado por los yanquis y por Israel por su fogoneo contra Irán, en medio de amenazas de bombardeo nuclear a ese país.
Macri subió la apuesta, al todo o nada, pidiendo su propio enjuiciamiento.
Las comisiones investigadoras o las de juicio político, e incluso las investigaciones judiciales, soslayan la cuestión del encubrimiento de los atentados contra la Amia y la embajada de Israel, o sea que quieren enterrarla.
Para esclarecer la trama del espionaje y del encubrimiento hay que citar a declarar a Macri y a Kirchner.
Nombró a Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Le dijo a las autoridades de la comunidad judía que fue por "recomendación de la CIA, la DEA y el Mossad" (el servicio de espionaje y de ejecuciones de Israel).
Palacios metió a Ciro James en la Secretaría de Educación de la Ciudad para espiar a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las víctimas de la Amia.
Palacios se encuentra también procesado por encubrimiento en la investigación de ese atentado –por lo que está detenido.
Asimismo, ha sido imputado por su participación en la represión de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.
Un procesado por encubrimiento del atentado a la Amia fue “recomendado” a Macri por un organismo del Estado de Israel.
Macri ha justificado el pedido de apoyo a las autoridades institucionales de la comunidad judía, en su cumplimiento de la “recomendación” del Mossad.
¿Pero Macri es el único que acata las órdenes de los servicios de espionaje –extranjeros en su caso?
Néstor Kirchner prometió abrir los archivos de la ex Side, también involucrada en el encubrimiento de la investigación de ese atentado –y hasta ahora no ha cumplido.
Acaba de ser elogiado con una declaración especial de apoyo de las cámaras de Diputados y Senadores de Estados Unidos por haber orientado la responsabilidad del atentado contra Irán –como quieren los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
El Mossad entrena a la policía de Tucumán, gobernada por el kirchnerista Alperovich.
Al igual que Palacios, las huestes de Kirchner en Santa Cruz reprimieron a las asambleas de la pueblada de 2001.
A Macri hay que echarlo y juzgarlo por conspirar con servicios de espionaje extranjeros y por bloquear el esclarecimiento del atentado contra la Amia.
A Kirchner lo mismo, porque la ex Side es una oficina de aquellos servicios.
El conjunto del aparato estatal, de adentro y de afuera, sigue encubriendo también a los responsables del atentado a la embajada de Israel; parece que este atentado nunca se hubiera producido.
El Partido Obrero condenó, en sus respectivos momentos, uno y otro atentado.
Es probable que los ‘protectores’ de Macri le hayan soltado la mano, para que un eventual enjuiciamiento no saque a luz todo el rol que ha tenido el espionaje extranjero en el encubrimiento.
Que prefieran cambiar de “pollo”; Kirchner ha sido repetidamente felicitado por los yanquis y por Israel por su fogoneo contra Irán, en medio de amenazas de bombardeo nuclear a ese país.
Macri subió la apuesta, al todo o nada, pidiendo su propio enjuiciamiento.
Las comisiones investigadoras o las de juicio político, e incluso las investigaciones judiciales, soslayan la cuestión del encubrimiento de los atentados contra la Amia y la embajada de Israel, o sea que quieren enterrarla.
Para esclarecer la trama del espionaje y del encubrimiento hay que citar a declarar a Macri y a Kirchner.
19 de julio de 2010
Macri montó su red de espionaje en conexión con aparatos de inteligencia extranjeros
Lo denunciará mañana el PO en la Legislatura porteña
El Partido Obrero se movilizará mañana martes 20/07, a las 17 horas, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el juicio político a Mauricio Macri y su inmediata suspensión en el cargo.
Ante el fallo de la Cámara Federal confirmando su procesamiento, el Partido Obrero planteará un hecho de inusitada gravedad: en una reunión con representantes de la DAIA y la AMIA, Macri afirmó que “Palacios fue nombrado en su cargo por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”, tal como lo consignó textualmente el diario La Nación en su edición del 4 de julio pasado.
Esta revelación acentúa la responsabilidad penal y también política de Macri. Según su propio reconocimiento, la red de espionaje ilegal ha sido construida en conexión con servicios de inteligencia de potencias extranjeras, caracterizados por su actividad conspirativa y violatoria de la soberanía y las libertades en numerosos países. Reclamamos la inmediata destitución de Macri y su juzgamiento por esta asociación ilícita agravada.
El Partido Obrero se movilizará mañana martes 20/07, a las 17 horas, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar el juicio político a Mauricio Macri y su inmediata suspensión en el cargo.
Ante el fallo de la Cámara Federal confirmando su procesamiento, el Partido Obrero planteará un hecho de inusitada gravedad: en una reunión con representantes de la DAIA y la AMIA, Macri afirmó que “Palacios fue nombrado en su cargo por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”, tal como lo consignó textualmente el diario La Nación en su edición del 4 de julio pasado.
Esta revelación acentúa la responsabilidad penal y también política de Macri. Según su propio reconocimiento, la red de espionaje ilegal ha sido construida en conexión con servicios de inteligencia de potencias extranjeras, caracterizados por su actividad conspirativa y violatoria de la soberanía y las libertades en numerosos países. Reclamamos la inmediata destitución de Macri y su juzgamiento por esta asociación ilícita agravada.
La encrucijada de Cuba
La crisis política desatada por la huelga de hambre indefinida del militante liberal Osvaldo Farina se ha zanjado, por el momento, mediante una transacción política del gobierno de Cuba, por un lado, y la Iglesia y el Vaticano, el gobierno español y la Unión Europea –en definitiva, el imperialismo mundial– por el otro. Las libertades que hemos reclamado desde la izquierda revolucionaria en forma incondicional, como parte de un planteo de conjunto en favor de los derechos políticos plenos para las masas revolucionarias cubanas, fueron legitimadas por el gobierno de Raúl Castro sólo cuando pasaron a formar parte de un arreglo con el Vaticano. El gobierno cubano prefirió esta transacción al otorgamiento unilateral de la libertad de los disidentes, aunque la transacción significara dejar la bandera de la democracia en manos del clero y del imperialismo, y volver a quedar acorralado como una dictadura que no mide extremos cuando se trata de la represión. Ha oficializado la incorporación del Vaticano y del imperialismo al arbitraje político interno. El método que se vuelve a usar es un golpe contra la moral de los trabajadores de todo el mundo que luchan contra el capital. El gobierno de Cuba ha preferido promover la ingerencia clerical y foránea en sus asuntos, a un otorgamiento unilateral de libertades, que enfrentara esa injerencia e incentivara el reclamo de democracia de los sectores populares, como se ha manifestado reiteradamente en la isla en los últimos años. La Iglesia y el imperialismo no han dudado un instante en aceptar ese compromiso, aunque significara sacrificar el reclamo de libertades de “la disidencia” a cambio de un exilio dorado y a cambio también de la contención de los movimientos de protesta de esa “disidencia”. La “disidencia”, por su lado, ha demostrado, con la aceptación de esta transacción, que carece de cualquier independencia política y que es un simple títere del imperialismo. La revolución latinoamericana ha sufrido un considerable golpe político, precisamente en el lugar que sigue considerando su vanguardia. La asociación política que desarrolla el gobierno de Cuba con el clero es una amenaza mortal para la supervivencia de la Revolución Cubana, y forma parte de la restauración capitalista que va ganando a la burocracia estatal, por la presión del imperialismo.
Max Marambio, empresario chileno, fue guerrillero del MIR y custodio del presidente Salvador Allende. Hoy, sus negocios en Cuba, donde se exilió en 1973, le permiten facturar unos 100 millones de dólares anuales con su holding turístico e inmobiliario International Network Group (ING). Además, fue teniente coronel de la división Tropas Especiales del Ministerio del Interior cubano y es amigo de Fidel Castro.
En abril, apareció muerto en su casa de La Habana el también chileno Roberto Baudrand, gerente general de la alimentaria Río Zaza, compañía de propiedad mixta entre Marambio y el Estado cubano. Según la autopsia, Baudrand murió por un paro cardíaco producido por la ingesta de fármacos. El gobierno chileno pidió una investigación exhaustiva, pero aún no se sabe si se trató de un accidente, un suicidio o un crimen.
El asunto adquiere una importancia peculiar, porque permite trazar una caracterización social y política de la Cuba actual.
“Marambio, considerado por muchos el extranjero más cercano a Fidel Castro, ha tenido una relación más tensa con el actual presidente, Raúl Castro. El congelamiento de pagos a empresas extranjeras, establecido en la isla en 2009 y que afectó mayormente a capitales españoles, motivó el cierre de dos de sus plantas de producción de alimentos, en Sancti Spiritus y en Camagüey, y le retuvo activos por 23 millones de dólares” (La Nación, 15/4).
Marambio se quejó por el rumbo que toman las cosas de la economía cubana y, pocos días después, el gobierno ordenó una investigación contra Río Zaza por presunto contrabando y otros delitos, y fueron detenidos su contadora y un gerente técnico, ambos cubanos. A Baudrand le fue prohibido salir del país después de ser interrogado al menos dos veces por fiscales cubanos. Días más tarde, apareció muerto.
La Fiscalía de Cuba también investiga a la agencia de turismo Sol y Sol, dirigida por un hermano de Marambio, por supuestas maniobras ilícitas con la estatal Cubana de Aviación.
La corrupción en Cuba es un problema extendido, reconocido desde hace tiempo por la cúpula gubernamental. “Una vez en la presidencia, Raúl Castro creó la Contraloría General, que entre abril y mayo envió miles de inspectores a auditar unas 750 empresas. El problema es que si buscan siempre van a encontrar”, dijo un ejecutivo de una compañía estatal (Ambito Financiero, 16/4).
La corrupción es inherente a una economía devastada como la cubana. Pero, en la actualidad, cumple una función que trasciende la captura de beneficios con fines de consumo: desarrolla acumulación primitiva de capital a partir de la burocracia del Estado, y especialmente del sector que ya se ha transformado en capitalista por medio de inversiones extranjeras, como en el caso de Marambio. Este proceso se desenvuelve en niveles políticos más altos, se ve desde el despido del ex canciller Felipe Pérez Roque y del ex virtual primer ministro Carlos Lage en marzo del año pasado, acusados de corrupción en casos relacionados con el capital español. Ahora, lo mismo ha sucedido con el ministro de Transporte, Jorge Luis Sierra, y con el del Azúcar, Luis Manuel Avila.
El académico cubano Esteban Morales, especialista en estudios sobre los Estados Unidos en la Universidad de La Habana, fue expulsado del partido comunista cuando señaló, recientemente, que “hay gente en posiciones de gobierno y estatal que se está apalancando financieramente para cuando la revolución se caiga, y tener todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como ocurrió en la antigua URSS”. Otro comunista cubano, el también investigador universitario Pedro Campos, autor de decenas de artículos sobre los problemas de la revolución en Cuba, en Estados Unidos y en América latina, habla de la crisis producida en diversos comités de base por la expulsión de Morales: “El carné del partido –escribió– se fue con los sancionadores. La militancia comunista se quedó con Esteban Morales (...) Si esta sanción burocrática no es prontamente rectificada se estarán mandando mensajes muy confusos a la militancia, al pueblo, a la izquierda internacional”. Y se pregunta: “¿Se pretende que hagamos otro partido los comunistas los que no cabemos en el PCC?” (kaosenlared, 1º/7).
Economía destruida
El decrecimiento de la capacidad productiva de Cuba se hace sentir especialmente en el azúcar, su principal rubro de exportación: de 8 millones de toneladas a comienzos de los años ’90, la producción azucarera cubana se ha derrumbado hoy a sólo 1,2 millón de toneladas, en momentos en que el mercado mundial del producto explota debido a la demanda de China y a la destinada a la producción de etanol. Ahora, el gobierno cubano se propone suprimir el Ministerio del Azúcar y reemplazarlo por una empresa estatal, lo cual es sugestivo, porque un ministerio no puede ser privatizado pero una compañía del Estado sí. “Planes de crear una corporación, cerrar aún más ingenios, reorganizar las plantaciones de caña, autorizar la inversión extranjera y diversificar la producción, están a un paso de ser aprobados por el presidente Raúl Castro” (Reuters, 7/4).
Al mismo tiempo, entre 2008 y junio de este año, el Estado cubano entregó a productores privados y a cooperativas el 56 por ciento de las tierras ociosas, que abarcan 3,5 millones de hectáreas. Se trata de las que quedaron improductivas a partir de la decisión de Fidel Castro de cesar la producción azucarera. Luego del fracaso de la cosecha de 1970, las autoridades pronosticaron que la demanda mundial sufriría una retracción como consecuencia de la aparición de productos sintéticos, como los edulcorantes. Al mismo tiempo, la productividad de la industria, que fue reorganizada en unidades agro-fabriles, cayó sistemáticamente por la falta de incentivos para los trabajadores.
La entrega de tierras a campesinos y cooperativistas encuentra obstáculos severos en el atraso y en la resistencia de franjas del gobierno y del PC. Hay una falta de insumos, de maquinarias, de semillas y fertilizantes. Entretanto, el empobrecido Estado cubano gasta 1.600 millones de dólares anuales en importar los alimentos que su agro no consigue producir. El reparto de tierras está dificultado por la resistencia de la franja de la burocracia que lo considera como una medida que favorece la restauración capitalista, porque implica un mercado agrario libre y un principio de acumulación privada. Pero la restauración capitalista en Cuba no se desarrolla a partir de la incipiente producción campesina, sino de la burocracia que se “apalanca financieramente” para apropiarse de la propiedad estatal, y que va a controlar en un futuro inmediato una privatización parcial de tierras. La crisis extrema por la que atraviesa Cuba puede autorizar ese reparto, incluso hacerlo inevitable, precisamente para rehabilitar la producción interna; no existe un capital interno que pueda suplir a la pequeña producción. Pero para que este retorno a la reforma agraria de 1959 y 1961 sea efectivo, es necesario que su control y dirección sea arrancado de las manos de burocracia estatal y sea transferido a un gobierno de trabajadores. Ningún pasaje de la fracasada estatización del agro a su privatización parcial, puede ser eficaz sin una planificación de conjunto, algo en lo cual la burocracia ha fracasado durante medio siglo, y sobre todo ahora cuando las tendencias restauracionistas son irreprimibles. La cuestión del poder (burocracia o proletariado) es la llave de la rehabilitación económica de Cuba y del mantenimiento de las conquistas sociales de la Revolución. Este es el contenido del reclamo de la expulsión de la burocracia del Estado y el establecimiento de una democracia proletaria. El impasse cubano no es otra cosa que la incapacidad de la dirección política del Estado cubano para proceder por esta vía. Cada vez son mayores las expulsiones de burócratas que se apalancan por medio de la corrupción, pero es claro que las hojas crecerán con más fuerza si no se extrae la raíz. En Cuba, esta restauración acabará piloteada por el imperialismo y la burguesía de Miami. Los burócratas reconvertidos serán sus socios menores, e incluso sus víctimas.
La transición política
En ese contexto, el diálogo del gobierno cubano con la Iglesia traslada al clero y al imperialismo una parte del arbitraje político del proceso de restauración del capitalismo. El gobierno no esconde que ha liberado a los presos políticos como consecuencia de una transacción; o sea, de un aporte político de la Iglesia para contener la explosión social que promete el prolongado impasse económico, y un aporte del capital extranjero a una reactivación de la producción. La incorporación del clero al arbitraje político va más lejos: “Nuestra capacidad de dar respuesta al diálogo dentro de la nación depende de que estemos en condiciones también de abrir el diálogo con la emigración”, ha escrito en un editorial Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas.
Ese diálogo ya ha comenzado, y el exilio de Miami se muestra ahora excepcionalmente “moderado”. Según diversas encuestas, el 65 por ciento de los exiliados aprueba las negociaciones con La Habana (El País, 23/6). Carmelo Mesa-Largo, catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, explicó que, en una reunión reciente de representantes cubanos con emigrados, “hubo consenso sobre la necesidad de implementar las reformas estructurales y profundizarlas, para profundizar un proceso que en los últimos tres años ha sido positivo pero lento y a cuentagotas” (ídem). En esa reunión, nadie propuso el regreso abrupto a un régimen de propiedad privada ni una reforma de la Constitución que declara a Cuba “Estado socialista”. Esto es: nadie propuso una vía restauradora de guerra civil. Ellos saben que el problema, por el momento, no radica en la forma de propiedad sino en controlar, o por lo menos compartir, el control del proceso político, y de eso se encarga la Iglesia.
Uno de los mediadores del Vaticano ante el gobierno de La Habana, el jesuita Jorge Cela, habló de promover en Cuba “el derecho a la libre asociación, la importancia de la sociedad civil para el desarrollo de la democracia económica (y) el pluralismo de empresas para no dejar todo en manos del Estado” (ídem). Esa es la línea que empieza a presidir los asuntos cubanos.
En definitiva, el de Cuba es un proceso abierto. Junto a las tendencias restauradoras se desarrolla otra, por la eliminación de la burocracia y a favor de una democracia socialista. Las masas son conscientes de que se acerca el momento del desenlace, porque Fidel y Raúl, y la gerontocracia que los acompaña, tienen el límite infranqueable de la naturaleza. Los problemas estructurales de Cuba se han agravado debido a la crisis mundial. Las masas de Cuba sufren un ajuste que los trabajadores están combatiendo en todo el mundo. La crisis cubana se engarza con la mundial. La revolución latinoamericana bien puede re-comenzar por la heroica Cuba.
Alejandro Guerrero
Max Marambio, empresario chileno, fue guerrillero del MIR y custodio del presidente Salvador Allende. Hoy, sus negocios en Cuba, donde se exilió en 1973, le permiten facturar unos 100 millones de dólares anuales con su holding turístico e inmobiliario International Network Group (ING). Además, fue teniente coronel de la división Tropas Especiales del Ministerio del Interior cubano y es amigo de Fidel Castro.En abril, apareció muerto en su casa de La Habana el también chileno Roberto Baudrand, gerente general de la alimentaria Río Zaza, compañía de propiedad mixta entre Marambio y el Estado cubano. Según la autopsia, Baudrand murió por un paro cardíaco producido por la ingesta de fármacos. El gobierno chileno pidió una investigación exhaustiva, pero aún no se sabe si se trató de un accidente, un suicidio o un crimen.
El asunto adquiere una importancia peculiar, porque permite trazar una caracterización social y política de la Cuba actual.
“Marambio, considerado por muchos el extranjero más cercano a Fidel Castro, ha tenido una relación más tensa con el actual presidente, Raúl Castro. El congelamiento de pagos a empresas extranjeras, establecido en la isla en 2009 y que afectó mayormente a capitales españoles, motivó el cierre de dos de sus plantas de producción de alimentos, en Sancti Spiritus y en Camagüey, y le retuvo activos por 23 millones de dólares” (La Nación, 15/4).
Marambio se quejó por el rumbo que toman las cosas de la economía cubana y, pocos días después, el gobierno ordenó una investigación contra Río Zaza por presunto contrabando y otros delitos, y fueron detenidos su contadora y un gerente técnico, ambos cubanos. A Baudrand le fue prohibido salir del país después de ser interrogado al menos dos veces por fiscales cubanos. Días más tarde, apareció muerto.
La Fiscalía de Cuba también investiga a la agencia de turismo Sol y Sol, dirigida por un hermano de Marambio, por supuestas maniobras ilícitas con la estatal Cubana de Aviación.
La corrupción en Cuba es un problema extendido, reconocido desde hace tiempo por la cúpula gubernamental. “Una vez en la presidencia, Raúl Castro creó la Contraloría General, que entre abril y mayo envió miles de inspectores a auditar unas 750 empresas. El problema es que si buscan siempre van a encontrar”, dijo un ejecutivo de una compañía estatal (Ambito Financiero, 16/4).
La corrupción es inherente a una economía devastada como la cubana. Pero, en la actualidad, cumple una función que trasciende la captura de beneficios con fines de consumo: desarrolla acumulación primitiva de capital a partir de la burocracia del Estado, y especialmente del sector que ya se ha transformado en capitalista por medio de inversiones extranjeras, como en el caso de Marambio. Este proceso se desenvuelve en niveles políticos más altos, se ve desde el despido del ex canciller Felipe Pérez Roque y del ex virtual primer ministro Carlos Lage en marzo del año pasado, acusados de corrupción en casos relacionados con el capital español. Ahora, lo mismo ha sucedido con el ministro de Transporte, Jorge Luis Sierra, y con el del Azúcar, Luis Manuel Avila.
El académico cubano Esteban Morales, especialista en estudios sobre los Estados Unidos en la Universidad de La Habana, fue expulsado del partido comunista cuando señaló, recientemente, que “hay gente en posiciones de gobierno y estatal que se está apalancando financieramente para cuando la revolución se caiga, y tener todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como ocurrió en la antigua URSS”. Otro comunista cubano, el también investigador universitario Pedro Campos, autor de decenas de artículos sobre los problemas de la revolución en Cuba, en Estados Unidos y en América latina, habla de la crisis producida en diversos comités de base por la expulsión de Morales: “El carné del partido –escribió– se fue con los sancionadores. La militancia comunista se quedó con Esteban Morales (...) Si esta sanción burocrática no es prontamente rectificada se estarán mandando mensajes muy confusos a la militancia, al pueblo, a la izquierda internacional”. Y se pregunta: “¿Se pretende que hagamos otro partido los comunistas los que no cabemos en el PCC?” (kaosenlared, 1º/7).
Economía destruida
El decrecimiento de la capacidad productiva de Cuba se hace sentir especialmente en el azúcar, su principal rubro de exportación: de 8 millones de toneladas a comienzos de los años ’90, la producción azucarera cubana se ha derrumbado hoy a sólo 1,2 millón de toneladas, en momentos en que el mercado mundial del producto explota debido a la demanda de China y a la destinada a la producción de etanol. Ahora, el gobierno cubano se propone suprimir el Ministerio del Azúcar y reemplazarlo por una empresa estatal, lo cual es sugestivo, porque un ministerio no puede ser privatizado pero una compañía del Estado sí. “Planes de crear una corporación, cerrar aún más ingenios, reorganizar las plantaciones de caña, autorizar la inversión extranjera y diversificar la producción, están a un paso de ser aprobados por el presidente Raúl Castro” (Reuters, 7/4).
Al mismo tiempo, entre 2008 y junio de este año, el Estado cubano entregó a productores privados y a cooperativas el 56 por ciento de las tierras ociosas, que abarcan 3,5 millones de hectáreas. Se trata de las que quedaron improductivas a partir de la decisión de Fidel Castro de cesar la producción azucarera. Luego del fracaso de la cosecha de 1970, las autoridades pronosticaron que la demanda mundial sufriría una retracción como consecuencia de la aparición de productos sintéticos, como los edulcorantes. Al mismo tiempo, la productividad de la industria, que fue reorganizada en unidades agro-fabriles, cayó sistemáticamente por la falta de incentivos para los trabajadores.
La entrega de tierras a campesinos y cooperativistas encuentra obstáculos severos en el atraso y en la resistencia de franjas del gobierno y del PC. Hay una falta de insumos, de maquinarias, de semillas y fertilizantes. Entretanto, el empobrecido Estado cubano gasta 1.600 millones de dólares anuales en importar los alimentos que su agro no consigue producir. El reparto de tierras está dificultado por la resistencia de la franja de la burocracia que lo considera como una medida que favorece la restauración capitalista, porque implica un mercado agrario libre y un principio de acumulación privada. Pero la restauración capitalista en Cuba no se desarrolla a partir de la incipiente producción campesina, sino de la burocracia que se “apalanca financieramente” para apropiarse de la propiedad estatal, y que va a controlar en un futuro inmediato una privatización parcial de tierras. La crisis extrema por la que atraviesa Cuba puede autorizar ese reparto, incluso hacerlo inevitable, precisamente para rehabilitar la producción interna; no existe un capital interno que pueda suplir a la pequeña producción. Pero para que este retorno a la reforma agraria de 1959 y 1961 sea efectivo, es necesario que su control y dirección sea arrancado de las manos de burocracia estatal y sea transferido a un gobierno de trabajadores. Ningún pasaje de la fracasada estatización del agro a su privatización parcial, puede ser eficaz sin una planificación de conjunto, algo en lo cual la burocracia ha fracasado durante medio siglo, y sobre todo ahora cuando las tendencias restauracionistas son irreprimibles. La cuestión del poder (burocracia o proletariado) es la llave de la rehabilitación económica de Cuba y del mantenimiento de las conquistas sociales de la Revolución. Este es el contenido del reclamo de la expulsión de la burocracia del Estado y el establecimiento de una democracia proletaria. El impasse cubano no es otra cosa que la incapacidad de la dirección política del Estado cubano para proceder por esta vía. Cada vez son mayores las expulsiones de burócratas que se apalancan por medio de la corrupción, pero es claro que las hojas crecerán con más fuerza si no se extrae la raíz. En Cuba, esta restauración acabará piloteada por el imperialismo y la burguesía de Miami. Los burócratas reconvertidos serán sus socios menores, e incluso sus víctimas.
La transición política
En ese contexto, el diálogo del gobierno cubano con la Iglesia traslada al clero y al imperialismo una parte del arbitraje político del proceso de restauración del capitalismo. El gobierno no esconde que ha liberado a los presos políticos como consecuencia de una transacción; o sea, de un aporte político de la Iglesia para contener la explosión social que promete el prolongado impasse económico, y un aporte del capital extranjero a una reactivación de la producción. La incorporación del clero al arbitraje político va más lejos: “Nuestra capacidad de dar respuesta al diálogo dentro de la nación depende de que estemos en condiciones también de abrir el diálogo con la emigración”, ha escrito en un editorial Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas.
Ese diálogo ya ha comenzado, y el exilio de Miami se muestra ahora excepcionalmente “moderado”. Según diversas encuestas, el 65 por ciento de los exiliados aprueba las negociaciones con La Habana (El País, 23/6). Carmelo Mesa-Largo, catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, explicó que, en una reunión reciente de representantes cubanos con emigrados, “hubo consenso sobre la necesidad de implementar las reformas estructurales y profundizarlas, para profundizar un proceso que en los últimos tres años ha sido positivo pero lento y a cuentagotas” (ídem). En esa reunión, nadie propuso el regreso abrupto a un régimen de propiedad privada ni una reforma de la Constitución que declara a Cuba “Estado socialista”. Esto es: nadie propuso una vía restauradora de guerra civil. Ellos saben que el problema, por el momento, no radica en la forma de propiedad sino en controlar, o por lo menos compartir, el control del proceso político, y de eso se encarga la Iglesia.
Uno de los mediadores del Vaticano ante el gobierno de La Habana, el jesuita Jorge Cela, habló de promover en Cuba “el derecho a la libre asociación, la importancia de la sociedad civil para el desarrollo de la democracia económica (y) el pluralismo de empresas para no dejar todo en manos del Estado” (ídem). Esa es la línea que empieza a presidir los asuntos cubanos.
En definitiva, el de Cuba es un proceso abierto. Junto a las tendencias restauradoras se desarrolla otra, por la eliminación de la burocracia y a favor de una democracia socialista. Las masas son conscientes de que se acerca el momento del desenlace, porque Fidel y Raúl, y la gerontocracia que los acompaña, tienen el límite infranqueable de la naturaleza. Los problemas estructurales de Cuba se han agravado debido a la crisis mundial. Las masas de Cuba sufren un ajuste que los trabajadores están combatiendo en todo el mundo. La crisis cubana se engarza con la mundial. La revolución latinoamericana bien puede re-comenzar por la heroica Cuba.
Alejandro Guerrero
15 de julio de 2010
EL SIGNIFICADO DE UNA VICTORIA
La aprobación del matrimonio igualitario es una incuestionable victoria de los derechos democráticos, contra el clero y contra la reacción política. “Estamos bajo una fuerte presión externa”, dijo Rodríguez Saa, anticipando la derrota del rechazo al matrimonio gay, minutos antes de la votación. En una sociedad caracterizada por la represión a la juventud, la discriminación laboral, el trabajo en negro y la opresión extrema a la mujer trabajadora, el reclamo del matrimonio igualitario se ganó una inocultable simpatía popular. El Senado deliberó bajo esa presión.
La derrota de la Iglesia debe medirse con referencia a la brutal escalada que lanzó contra esta ley. Esa ofensiva se extendió a todo el país, y culminó en la movilización lanzada sobre el Congreso en la tarde de este martes. La Iglesia jugó recursos cuantiosos para la concurrencia de parroquias distritales, colegios e instituciones religiosas de todo tipo.
Estas acciones acompañaron a las manipuladas “audiencias” de la senadora clerical Negre de Alonso, donde los agentes del clero y del capital se unían para condenar al matrimonio homosexual. En respuesta a estas expresiones reaccionarias, en la mayoría de las provincias se desarrollaron contramarchas y asambleas en defensa del matrimonio igualitario.
Miseria política
La ajustada votación revela hasta qué punto la hostilidad a los derechos democráticos domina la agenda de los partidos capitalistas. Esa oposición fue disimulada con la “libertad de conciencia” que todos ellos otorgaron a sus legisladores. El gobierno K, que se atribuye el impulso del proyecto, no pudo disciplinar a una parte importante de sus senadores del interior. De esa deserción no se salvó siquiera el “fiel” Scioli, quien llamó a “despolitizar” el debate, o sea que se declaró neutral ante la ofensiva del clero. Cristina Kirchner permaneció en silencio durante todo el tratamiento parlamentario. Tardíamente, salió a criticar al “oscurantismo”, cuando la Iglesia se largó a una ofensiva de carácter general.
La mezquindad oficial sólo se parangona con la de sus opositores capitalistas. En el radicalismo, votaron a favor del proyecto sus principales voceros políticos, como Morales o Sanz. Pero por abajo, la mayoría de sus senadores votó compactamente junto al clero. Carrió, que se abstuvo en Diputados, buscó hasta el último minuto una variante de compromiso con la Iglesia. Los partidos históricos de la burguesía son tan dependientes de las capillas confesionales como de los grupos capitalistas que los financian.
Síntoma político
Con su ofensiva contra el matrimonio homosexual, la Iglesia quería introducir una agenda de mayor alcance, que sirviera de base para un reagrupamiento político derechista. Ese programa planteaba el fin de los juicios militares en nombre de la “reconciliación”, el archivo definitivo para el derecho al aborto, tal como lo plantearon varios obispos en sus homilías.
La derrota del Senado es un golpe a esa agenda reaccionaria. Ni qué decir que el kirchnerismo, que enfrentó tardíamente esa ofensiva clerical, pretenderá adjudicarse la conquista. Pero la capacidad de un gobierno de explotar una victoria democrática está condicionada al carácter más general de su orientación política. En este plano, sus límites son inexorables. El mismo gobierno que se enarbola con el matrimonio homosexual juró vetar la causa popular más importante del momento, o sea, la elevación de las jubilaciones al 82% del mínimo y su actualización con los salarios. En la misma noche de la votación del Senado, el oficialismo pugnaba por acomodar la ley de glaciares a los intereses de la Barrick Gold.
La victoria del matrimonio homosexual es un acicate para la conquista de todos los reclamos democráticos y sociales pendientes, desde el derecho al aborto hasta la conquista del 82% móvil. Pero no podemos delegar las batallas que se vienen en los partidos o direcciones gremiales atadas al capital y a la reacción política. Tomemos en nuestras manos la lucha por el salario, las jubilaciones y los derechos democráticos, para desarrollar sobre esa base una alternativa política propia.
14 de julio de 2010
Actividad en el local de B° Alberdi
Segunda Mateada Cultural del Partido Obrero
Jueves 15 de julio - 18:30 horas - Santa Rosa 2601 - Alberdi
El 13 de junio p.pdo., con motivo del Día del Escritor, realizamos una mateada para conmemorar esa fecha. Además de leer poemas, se leyó un documento donde expresamos nuestra opinión acerca de cuáles son las principales reivindicaciones de los escritores: “Es imprescindible para desarrollar la libertad de los creadores literarios –y de sus lectores- la pensión a su vejez por los servicios culturales prestados gratuitamente a la sociedad –que pueden equipararse al aporte pecuniario del trabajador asalariado-, la obra social que cubra su salud y la de sus familiares a cargo, y el derecho a la edición y difusión de sus obras a cargo del Estado, en el caso de quienes produzcan obras de carácter no comercial aunque de comprobable calidad estética”.
Esta vez convocamos a la SEGUNDA MATEADA, en la que el tema es BICENTENARIO Y PERSPECTIVAS POLITICAS EN LA CULTURA, tratando sobre el desarrollo de los escritores de la Revolución de Mayo, sus condicionamientos e ideales, para relacionarlos con el actual panorama político, social y económico en que se inserta la creación literaria.
Por cierto, también entran en la misma cebada los pintores, cineastas, actores y otras yerbas culturales.
LOS ESPERAMOS PARA COMPARTIR MATE Y DEBATE CULTURAL.
Jueves 15 de julio - 18:30 horas - Santa Rosa 2601 - Alberdi
El 13 de junio p.pdo., con motivo del Día del Escritor, realizamos una mateada para conmemorar esa fecha. Además de leer poemas, se leyó un documento donde expresamos nuestra opinión acerca de cuáles son las principales reivindicaciones de los escritores: “Es imprescindible para desarrollar la libertad de los creadores literarios –y de sus lectores- la pensión a su vejez por los servicios culturales prestados gratuitamente a la sociedad –que pueden equipararse al aporte pecuniario del trabajador asalariado-, la obra social que cubra su salud y la de sus familiares a cargo, y el derecho a la edición y difusión de sus obras a cargo del Estado, en el caso de quienes produzcan obras de carácter no comercial aunque de comprobable calidad estética”.
Esta vez convocamos a la SEGUNDA MATEADA, en la que el tema es BICENTENARIO Y PERSPECTIVAS POLITICAS EN LA CULTURA, tratando sobre el desarrollo de los escritores de la Revolución de Mayo, sus condicionamientos e ideales, para relacionarlos con el actual panorama político, social y económico en que se inserta la creación literaria.
Por cierto, también entran en la misma cebada los pintores, cineastas, actores y otras yerbas culturales.
LOS ESPERAMOS PARA COMPARTIR MATE Y DEBATE CULTURAL.
12 de julio de 2010
Denunciamos la ofensiva clerical (y la capitulación kirchnerista) contra el matrimonio gay
La ofensiva lanzada por la Iglesia contra el proyecto de ley que autoriza el matrimonio de personas del mismo sexo es reaccionaria porque apunta a reforzar el oscurantismo, la discriminación y la desigualdad de derechos. Detrás de los hombres de sotana se ha encolumnado buena parte de la llamada oposición e incluso de gobernadores oficialistas como Gioja, Jaque y Urtubey, cuyos senadores votarán contra el proyecto.
En vez de enfrentar la ofensiva clerical,el kirchnerismo ha dado “libertad de conciencia” a sus senadores, lo que es una forma elegante de esconder una capitulación. De rechazarse el proyecto original su tratamiento pasaría para marzo del año que viene. En su lugar se proponen “consensuar” una ley de unión civil que lejos está de contemplar una verdadera igualdad de derechos.
Un triunfo de la Iglesia sería un golpe a un derecho democrático y representaría un paso más en la desintegración del kirchnerismo. Los Bergoglio y Cía. pretenden ser árbitros de los alineamientos políticos que hacia el 2011 se preparan para sustituir al actual gobierno, buscando imponer una agenda reaccionaria que va desde la prohibición del aborto hasta la “reconciliación nacional” con los militares, suspendiendo para esto los juicios a los genocidas.
La conquista de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo no puede depender de un gobierno en descomposición, cuyas filas están plagadas de elementos clericales. Son necesarias una acción independiente y una movilización sistemática.
En vez de enfrentar la ofensiva clerical,el kirchnerismo ha dado “libertad de conciencia” a sus senadores, lo que es una forma elegante de esconder una capitulación. De rechazarse el proyecto original su tratamiento pasaría para marzo del año que viene. En su lugar se proponen “consensuar” una ley de unión civil que lejos está de contemplar una verdadera igualdad de derechos.
Un triunfo de la Iglesia sería un golpe a un derecho democrático y representaría un paso más en la desintegración del kirchnerismo. Los Bergoglio y Cía. pretenden ser árbitros de los alineamientos políticos que hacia el 2011 se preparan para sustituir al actual gobierno, buscando imponer una agenda reaccionaria que va desde la prohibición del aborto hasta la “reconciliación nacional” con los militares, suspendiendo para esto los juicios a los genocidas.
La conquista de la ley de matrimonio para personas del mismo sexo no puede depender de un gobierno en descomposición, cuyas filas están plagadas de elementos clericales. Son necesarias una acción independiente y una movilización sistemática.
El 82% se puede y se debe pagar
Acto frente a la Anses por su aprobación y vigencia
Jueves 15/07 - 12 horas - Rivadavia esq. Rosario de Santa Fe
Hoy un jubilado cobra entre el 35 y el 40% de lo que era su salario en actividad. Se trata simplemente de un robo. La jubilación es un salario diferido, es decir, que los fondos jubilatorios son propiedad de los trabajadores. El no pago del 82% es una apropiación ilegal e ilegítima.
El proyecto de la oposición es un intento de frenar una catástrofe que explote cuando la Corte Suprema se vea obligada a sacar un fallo colectivo frente a los 350.000 juicios. Dicho proyecto establece el 82% del mínimo, es decir que el robo continúa.
A pesar de ello, el Partido Obrero llama a movilizarse para impedir que naufrague el proyecto en curso, para imponer el reajuste de todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002, y para establecer una movilidad de acuerdo con la suba real de salarios.
El Partido Obrero exige a los sindicatos que abran ya mismo un debate sobre el punto y que resuelvan en lo inmediato un plan de lucha de la CGT y la CTA. Con estos objetivos llamamos a participar del acto que haremos el jueves 15, a las 12 horas, frente a la sede de la Anses Córdoba.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
Jueves 15/07 - 12 horas - Rivadavia esq. Rosario de Santa Fe
Hoy un jubilado cobra entre el 35 y el 40% de lo que era su salario en actividad. Se trata simplemente de un robo. La jubilación es un salario diferido, es decir, que los fondos jubilatorios son propiedad de los trabajadores. El no pago del 82% es una apropiación ilegal e ilegítima.
El proyecto de la oposición es un intento de frenar una catástrofe que explote cuando la Corte Suprema se vea obligada a sacar un fallo colectivo frente a los 350.000 juicios. Dicho proyecto establece el 82% del mínimo, es decir que el robo continúa.
A pesar de ello, el Partido Obrero llama a movilizarse para impedir que naufrague el proyecto en curso, para imponer el reajuste de todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002, y para establecer una movilidad de acuerdo con la suba real de salarios.
El Partido Obrero exige a los sindicatos que abran ya mismo un debate sobre el punto y que resuelvan en lo inmediato un plan de lucha de la CGT y la CTA. Con estos objetivos llamamos a participar del acto que haremos el jueves 15, a las 12 horas, frente a la sede de la Anses Córdoba.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025
10 de julio de 2010
Moyano, Yasky, las paritarias y las jubilaciones
Moyano cerró filas con Kirchner y Boudou en la posición de que no hay fondos para pagar el 82% móvil. Se trata de la entrega de una reivindicación obrera por excelencia. ¿Pero qué están haciendo los sindicatos para contribuir a que la Anses recaude lo que corresponde?
El convenio de Comercio, cuya tinta está fresca, supera la increíble barrera del 50% del salario en negro, que no contribuyen para las jubilaciones. A partir de julio vendrán cuotas homeopáticas de incorporación al básico. No ocurre lo mismo con la Obra Social, que percibe el aporte de todos los rubros; es más, por la firma del convenio fueron a sus arcas 50 pesos por titular, lo que multiplicado por el millón cien mil empleados de comercio son 55 palos. Para la Anses, nada.
Con el convenio camionero ocurre lo mismo. Habrá un 9% de aumento a los básicos, pero ese básico apenas supera los dos mil pesos; los viáticos, la comida, el pago por kilómetro y por día trabajado son de carácter no remunerativo, asestando otro golpe de la misma envergadura que comercio a la Anses.
A los 800 mil docentes no les va mejor. Con los “conformados” de Yasky para el “mínimo garantizado”, lo que está realmente garantizado es que ningún maestro supera los mil pesos de básico. Los docentes jujeños estuvieron más de un mes de huelga general, sólo para reivindicar la incorporación de los negros al básico, porque su jubilación está destruida. En UTA, como en ferroviarios, el último 20% es de ese tipo; los ‘negros’ anteriores que van al básico son por montos inadecuados al nivel actual de la inflación.
No nos equivocamos si estimamos que el 25 ó 30% del salario de los trabajadores en blanco, no reporta a la Anses. Lo cual es una cifra anual de unos 16 mil millones de pesos. Desde luego, si se incorporaran los aportes de los trabajadores en negro, el 36% según el Indec, a un promedio salarial de 2.000 pesos, ingresarían unos 34 mil millones más. O sea, 50 mil millones de pesos, lo que alcanza para establecer el 82% móvil sobre el último salario cobrado.
El socialista Giustiniani, autor de proyecto de 82% móvil sobre el mínimo, dijo que “tenemos una Anses rica y jubilados pobres”. Hubiera debido decir que tenemos una Anses pobre, que no recauda lo que corresponde, y que usa lo que tiene para subsidiar el pago de la deuda externa y enriquecer a los ricos.
Los políticos patronales, como la burocracia sindical, atacan el concepto de que la jubilación es un salario diferido neto, o sea después de pagar impuestos y aportes (82%). Siguiendo esta ruta, la jubilación no es considerada un derecho adquirido por una vida de trabajo, sino una prestación asistencial del Estado, cargado al presupuesto público. Para Cobos, “hay recursos para pagar como los abultados subsidios al transporte”, es decir promueve un tarifazo con la excusa de las jubilaciones que perfectamente pueden financiarse con los fondos genuinos de los aportes por salarios. En tanto, los fondos de la Anses son usados para los fideicomisos y para los bonos de deuda pública. El financiamiento de la asignación a la niñez históricamente también provino del aporte para el salario familiar, hoy una cuenta superavitaria de la Anses. Que se incorporen al básico de todos los importes en negro firmados en paritarias, sea por parte de las patronales como por parte del Estado-patrón.
Néstor Pitrola
El convenio de Comercio, cuya tinta está fresca, supera la increíble barrera del 50% del salario en negro, que no contribuyen para las jubilaciones. A partir de julio vendrán cuotas homeopáticas de incorporación al básico. No ocurre lo mismo con la Obra Social, que percibe el aporte de todos los rubros; es más, por la firma del convenio fueron a sus arcas 50 pesos por titular, lo que multiplicado por el millón cien mil empleados de comercio son 55 palos. Para la Anses, nada.
Con el convenio camionero ocurre lo mismo. Habrá un 9% de aumento a los básicos, pero ese básico apenas supera los dos mil pesos; los viáticos, la comida, el pago por kilómetro y por día trabajado son de carácter no remunerativo, asestando otro golpe de la misma envergadura que comercio a la Anses.
A los 800 mil docentes no les va mejor. Con los “conformados” de Yasky para el “mínimo garantizado”, lo que está realmente garantizado es que ningún maestro supera los mil pesos de básico. Los docentes jujeños estuvieron más de un mes de huelga general, sólo para reivindicar la incorporación de los negros al básico, porque su jubilación está destruida. En UTA, como en ferroviarios, el último 20% es de ese tipo; los ‘negros’ anteriores que van al básico son por montos inadecuados al nivel actual de la inflación.
No nos equivocamos si estimamos que el 25 ó 30% del salario de los trabajadores en blanco, no reporta a la Anses. Lo cual es una cifra anual de unos 16 mil millones de pesos. Desde luego, si se incorporaran los aportes de los trabajadores en negro, el 36% según el Indec, a un promedio salarial de 2.000 pesos, ingresarían unos 34 mil millones más. O sea, 50 mil millones de pesos, lo que alcanza para establecer el 82% móvil sobre el último salario cobrado.
El socialista Giustiniani, autor de proyecto de 82% móvil sobre el mínimo, dijo que “tenemos una Anses rica y jubilados pobres”. Hubiera debido decir que tenemos una Anses pobre, que no recauda lo que corresponde, y que usa lo que tiene para subsidiar el pago de la deuda externa y enriquecer a los ricos.
Los políticos patronales, como la burocracia sindical, atacan el concepto de que la jubilación es un salario diferido neto, o sea después de pagar impuestos y aportes (82%). Siguiendo esta ruta, la jubilación no es considerada un derecho adquirido por una vida de trabajo, sino una prestación asistencial del Estado, cargado al presupuesto público. Para Cobos, “hay recursos para pagar como los abultados subsidios al transporte”, es decir promueve un tarifazo con la excusa de las jubilaciones que perfectamente pueden financiarse con los fondos genuinos de los aportes por salarios. En tanto, los fondos de la Anses son usados para los fideicomisos y para los bonos de deuda pública. El financiamiento de la asignación a la niñez históricamente también provino del aporte para el salario familiar, hoy una cuenta superavitaria de la Anses. Que se incorporen al básico de todos los importes en negro firmados en paritarias, sea por parte de las patronales como por parte del Estado-patrón.
Néstor Pitrola
9 de julio de 2010
Videla y Menéndez: Juicio y encubrimiento
En los tribunales federales de Córdoba se está desarrollando un juicio contra Videla, Menéndez y 29 represores más.
Se los acusa de fusilar y torturar a 31 compañeros en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (ubicada en Barrio San Martín) entre abril y octubre de 1976. Veintisiete de ellos eran presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde 1975.
Primero estuvieron desaparecidos, luego fueron blanqueados como detenidos a “disposición del PEN”, y finalmente se les aplicó “la ley de fugas”, un procedimiento por el cual la dictadura mataba presos acusándolos de intento de fuga.
Este es el tercer juicio a Menéndez por su responsabilidad en el genocidio (en los dos primeros fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común). Por la tradición del tribunal, y considerando que los principales imputados ya cumplen condena por otros juicios, el fallo condenatorio parece estar asegurado. Muy posiblemente ésta sea una de las razones por las que el inicio del juicio no generó una movilización popular, como si había sucedido con el primer juicio a Menéndez.
La complicidad del aparato judicial
A pesar de no estar imputados, varios integrantes del poder judicial y la Justicia de conjunto han quedado en el centro de la situación.
Primero por parte de un abogado querellante, Rubén Arroyo, quien planteó que “acá tendrían que estar jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales. Tendrían que estar acusados de asociación ilícita y encubrimiento” (La Voz del Interior, 3/7).
Arroyo representa a Eduardo De Breuil, que estaba preso en el penal junto a su hermano que fue fusilado. De Breuil declaró ante la jueza Garzón de Lascano (cuando aún no había elevado la causa a juicio) que en el año 1978, cuando ya estaba en Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma –ya fallecido–, ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”. En esa oportunidad De Breuil ratificó su declaración de ¡1984!
El que fuera secretario de Zamboni en esa época, Otero Alvárez, fue denunciado por Luis Baronetto, secretario de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba, cuya compañera fue fusilada en el penal. Otero actuó como camarista en el primer juicio a Menéndez.
En sus testimonios, dos de los represores acusados implicaron directamente a miembros del poder judicial. Yabour, de la D-2 (investigaciones de la policía provincial), responsabilizó directamente en los hechos a Zamboni Ledesma, al ahora jubilado camarista Otero Alvárez, y al actual camarista Luis Rueda. Yabour señaló que todo se hizo “bajo la directiva del juzgado” donde el primero era juez, el segundo secretario y el tercero empleado. El ex militar Enrique Mones amplió la lista a Cristina Garzón de Lascano, quien elevó la actual causa a juicio, y al defensor Eduardo Molina.
En este juicio no sólo se salpicó a la Justicia, también al radicalismo. Uno de los imputados es el ex policía Yanicelli, un personaje siniestro de la D2. Yanicelli ocupó un alto cargo en la jefatura de la policía durante la gobernación de Mestre, cuyo ministro de gobierno era el actual jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad.
Para terminar de graficar la continuidad entre el Estado genocida y el constitucional, uno de los imputados alabó la obediencia debida y el punto final y Videla se basó en el “juicio a las Juntas” para reclamar contra su actual juzgamiento.
La impunidad K
El inicio del juicio fue usado como acto a favor de la política kirchnerista de derechos humanos. Los K directos y los periféricos coparon la tribuna.
Sin embargo, las cifras desnudan la verdadera efectividad de la política de los juicios en manos de los K. Según informaba el portal http://notas.desaparecidos.org/, el 17 de mayo de 2010, “ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros diez debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral”, ¡demoledor!
Los cómplices de la represión: empresarios, políticos, jueces y otros, no pisaron aún ningún tribunal. Sólo la movilización popular los colocará en el banquillo de los acusados.
Eduardo Salas
Se los acusa de fusilar y torturar a 31 compañeros en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (ubicada en Barrio San Martín) entre abril y octubre de 1976. Veintisiete de ellos eran presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde 1975.
Primero estuvieron desaparecidos, luego fueron blanqueados como detenidos a “disposición del PEN”, y finalmente se les aplicó “la ley de fugas”, un procedimiento por el cual la dictadura mataba presos acusándolos de intento de fuga.
Este es el tercer juicio a Menéndez por su responsabilidad en el genocidio (en los dos primeros fue condenado a cadena perpetua en una cárcel común). Por la tradición del tribunal, y considerando que los principales imputados ya cumplen condena por otros juicios, el fallo condenatorio parece estar asegurado. Muy posiblemente ésta sea una de las razones por las que el inicio del juicio no generó una movilización popular, como si había sucedido con el primer juicio a Menéndez.
La complicidad del aparato judicial
A pesar de no estar imputados, varios integrantes del poder judicial y la Justicia de conjunto han quedado en el centro de la situación.
Primero por parte de un abogado querellante, Rubén Arroyo, quien planteó que “acá tendrían que estar jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales. Tendrían que estar acusados de asociación ilícita y encubrimiento” (La Voz del Interior, 3/7).
Arroyo representa a Eduardo De Breuil, que estaba preso en el penal junto a su hermano que fue fusilado. De Breuil declaró ante la jueza Garzón de Lascano (cuando aún no había elevado la causa a juicio) que en el año 1978, cuando ya estaba en Sierra Chica, lo fue a visitar el ex juez federal Zamboni Ledesma –ya fallecido–, ocasión en que él le contó lo sucedido con su hermano y los otros presos, a lo que el juez le contestó “‘son cosas que pasan’, y no hizo nada”. En esa oportunidad De Breuil ratificó su declaración de ¡1984!
El que fuera secretario de Zamboni en esa época, Otero Alvárez, fue denunciado por Luis Baronetto, secretario de derechos humanos de la municipalidad de Córdoba, cuya compañera fue fusilada en el penal. Otero actuó como camarista en el primer juicio a Menéndez.
En sus testimonios, dos de los represores acusados implicaron directamente a miembros del poder judicial. Yabour, de la D-2 (investigaciones de la policía provincial), responsabilizó directamente en los hechos a Zamboni Ledesma, al ahora jubilado camarista Otero Alvárez, y al actual camarista Luis Rueda. Yabour señaló que todo se hizo “bajo la directiva del juzgado” donde el primero era juez, el segundo secretario y el tercero empleado. El ex militar Enrique Mones amplió la lista a Cristina Garzón de Lascano, quien elevó la actual causa a juicio, y al defensor Eduardo Molina.
En este juicio no sólo se salpicó a la Justicia, también al radicalismo. Uno de los imputados es el ex policía Yanicelli, un personaje siniestro de la D2. Yanicelli ocupó un alto cargo en la jefatura de la policía durante la gobernación de Mestre, cuyo ministro de gobierno era el actual jefe de la bancada de la UCR, Oscar Aguad.
Para terminar de graficar la continuidad entre el Estado genocida y el constitucional, uno de los imputados alabó la obediencia debida y el punto final y Videla se basó en el “juicio a las Juntas” para reclamar contra su actual juzgamiento.
La impunidad K
El inicio del juicio fue usado como acto a favor de la política kirchnerista de derechos humanos. Los K directos y los periféricos coparon la tribuna.
Sin embargo, las cifras desnudan la verdadera efectividad de la política de los juicios en manos de los K. Según informaba el portal http://notas.desaparecidos.org/, el 17 de mayo de 2010, “ya han concluido 23 debates de juicio oral, con 68 condenados y siete absueltos, y otros diez debates se están realizando ahora, que involucran a 59 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y algunos civiles. Menos de 1500 personas fueron acusadas por crímenes de lesa humanidad, es decir un porcentaje minúsculo de quienes integraron esas fuerzas entre 1976 y 1983 (no menos de 50.000 oficiales y suboficiales en cada año). Sólo 649 fueron procesados, de los cuales 421 están detenidos con prisión preventiva y 228 en libertad. Hubo 230 imputados que murieron mientras eran investigados y 18 fueron declarados incapaces, entre ellos el ex dictador Emilio Massera. En varias jurisdicciones es ostensible la decisión de algunos jueces de impedir que las causas lleguen a la instancia del juicio oral”, ¡demoledor!
Los cómplices de la represión: empresarios, políticos, jueces y otros, no pisaron aún ningún tribunal. Sólo la movilización popular los colocará en el banquillo de los acusados.
Eduardo Salas
Adónde va la CTA y nuestra política
Para Pablo Micheli, de ATE, “no hay unidad porque nos vinieron con la imposición de un candidato a secretario general, sin poder discutirlo. Pero a los de ATE no nos arrean, por más que crean que tienen poder”. También cree necesario aclarar que la división entre Yasky y De Gennaro “no es una lucha de aparatos entre ATE y Ctera, porque el que apuesta a eso pierde. Pero es absolutamente cierto que con ATE no se jode”. En lenguaje típico de la burocracia cegetista, que siempre defiende un aparato contra otro, anuncia que ATE dará batalla electoral. Claro que nunca se tomó el trabajo de discutir esto con las bases de ATE, como tampoco se le ha ocurrido a Yasky con las bases de Ctera. En el mismo reportaje, Micheli cree necesario defender a los “militantes de la CTA que apoyan al gobierno kirchnerista porque somos plurales”, o sea que sale a cubrir a Yasky incluso después de la división. Pero no son los ‘militantes’ quienes están en los diarios defendiendo la sumisión política a los K sino los dirigentes yaskistas, que no cuentan con mandato para eso, como tampoco lo cuenta De Gennaro para defender al capital sojero. La pluralidad debe servir para elaborar un mandato sindical, que luego debe ser defendido por medio de la acción, no para justificar las decisiones inconsultas de los burócratas, que comprometen la independencia formal y clasista de los sindicatos. Las elecciones en la CTA se van a realizar con los padrones fabricados por su burocracia, respaldados por el Ministerio de Trabajo. Sobre esto, Micheli no tiene nada para denunciar.
La letanía del pluralismo apunta a encubrir la volatilización política de la corriente oficialista de la CTA, que no aprendió nada de su pasado aliancista y de su conducta antagónica al levantamiento popular de 2001.
La atomización de la dirección de la CTA se expresa en las regionales, donde se planean listas “autónomas”, para despegarse de una u otra lista del ex oficialismo. Watsejko, del sindicato del neumático, insiste en otra variante con el propósito de quedar bien parado en las seccionales y mirando en su propio futuro: la de ofrecer al sindicato del Neumático, o sea él, como ‘prenda de una unidad’. Esto fue rechazado por Micheli con el calificativo de “amontonamiento”, para que no le ‘jodan’ su propio aparato.
Las listas “ni” uno “ni” otro en las seccionales expresan la profundidad de la crisis del oficialismo. En el ‘ni, ni’ se esconde una gran confusión ante la crisis, sin dejar de ser un intento de varios caciques locales para preservar sus posiciones y sus pequeños presupuestos de seccionales. La única salida a esta crisis es plantarse con una posición clasista, que se plasme en una lista nacional.
El tironeo de la cúpula de la CTA se opera de espaldas a las tendencias a la lucha y a la rebelión que recorre todos los sindicatos de la CGT y de la CTA. A los Micheli y a los De Gennaro no se les ocurre convocar a un congreso de bases si realmente creen que su disputa con Yasky es un intento por asegurar la autonomía de la CTA.
En el Congreso provincial de ATE, hace pocos meses, los delegados de ATE Sur y de Tribuna Estatal presentaron un plan de lucha y criticaron a la Constituyente Social por significar una vía de subordinación de la clase obrera a sectores patronales (disfrazados de pequeños productores o afiliados individuales). El sindicato de ATE Sur, como tal, decidió promover la formación de listas independientes de ambas fracciones de la burocracia de la CTA, tanto en lo local y provincial, como en lo nacional.
El Sutna (neumáticos) de San Fernando ha girado también un llamado de parte de su cuerpo de delegados y de su comisión directiva. La dirección de AGD-UBA ya encabezó una lista clasista nacional en las pasadas elecciones de la CTA y ha definido, de nuevo, la necesidad de una nueva dirección de la CTA. Es importante que al interior de todas las organizaciones obreras combativas de la CTA se abra el más amplio debate.
Organicemos, en común, plenarios locales y un plenario nacional.
Néstor Pitrola
La letanía del pluralismo apunta a encubrir la volatilización política de la corriente oficialista de la CTA, que no aprendió nada de su pasado aliancista y de su conducta antagónica al levantamiento popular de 2001.
La atomización de la dirección de la CTA se expresa en las regionales, donde se planean listas “autónomas”, para despegarse de una u otra lista del ex oficialismo. Watsejko, del sindicato del neumático, insiste en otra variante con el propósito de quedar bien parado en las seccionales y mirando en su propio futuro: la de ofrecer al sindicato del Neumático, o sea él, como ‘prenda de una unidad’. Esto fue rechazado por Micheli con el calificativo de “amontonamiento”, para que no le ‘jodan’ su propio aparato.
Las listas “ni” uno “ni” otro en las seccionales expresan la profundidad de la crisis del oficialismo. En el ‘ni, ni’ se esconde una gran confusión ante la crisis, sin dejar de ser un intento de varios caciques locales para preservar sus posiciones y sus pequeños presupuestos de seccionales. La única salida a esta crisis es plantarse con una posición clasista, que se plasme en una lista nacional.
El tironeo de la cúpula de la CTA se opera de espaldas a las tendencias a la lucha y a la rebelión que recorre todos los sindicatos de la CGT y de la CTA. A los Micheli y a los De Gennaro no se les ocurre convocar a un congreso de bases si realmente creen que su disputa con Yasky es un intento por asegurar la autonomía de la CTA.
En el Congreso provincial de ATE, hace pocos meses, los delegados de ATE Sur y de Tribuna Estatal presentaron un plan de lucha y criticaron a la Constituyente Social por significar una vía de subordinación de la clase obrera a sectores patronales (disfrazados de pequeños productores o afiliados individuales). El sindicato de ATE Sur, como tal, decidió promover la formación de listas independientes de ambas fracciones de la burocracia de la CTA, tanto en lo local y provincial, como en lo nacional.
El Sutna (neumáticos) de San Fernando ha girado también un llamado de parte de su cuerpo de delegados y de su comisión directiva. La dirección de AGD-UBA ya encabezó una lista clasista nacional en las pasadas elecciones de la CTA y ha definido, de nuevo, la necesidad de una nueva dirección de la CTA. Es importante que al interior de todas las organizaciones obreras combativas de la CTA se abra el más amplio debate.
Organicemos, en común, plenarios locales y un plenario nacional.
Néstor Pitrola
8 de julio de 2010
La ‘agenda' reaccionaria de los K y de sus ‘opositores'
Sobre el matrimonio homosexual y el 82% móvil
El fracaso de un dictamen de mayoría en favor del llamado “matrimonio gay” es otro episodio significativo de la desintegración del kirchnerismo. Ocurre que el clero movilizó a sus agentes dentro del oficialismo para imponer su oscurantismo. El salteño Urtubey y el chaqueño Capitanich, dos candidatos al relevo de los K dentro de sus propias filas, dieron libertad a sus senadores para actuar conforme al operativo de la Iglesia en esa Cámara. Con esto dieron un guiño al llamado ‘peronismo disidente’ para que los considere como alternativa para poner nocaut a los K. El sanjuanino Gioja, que la semana que viene celebrará los acuerdos de minería que la Presidenta firmará con China, dio asueto a los estatales sanjuaninos para sumarlos a las manifestaciones del clero. En la misma línea actuaron Jenefes, de Jujuy, y Celso Jaque, de Mendoza –y hasta una senadora del Frente Grande, de Río Negro.
Desde la media sanción del matrimonio gay hasta hoy, los Kirchner asistieron impávidos a la ofensiva del clero. Néstor se limitó a levantar la mano en Diputados, mientras Cristina “nunca sentó posición sobre el tema” (La Nación, 7/7). No debe sorprender que acaben capitulando ante el clero: la ‘libertad de conciencia’ que dieron a sus huestes demuestra que no existe el llamado ‘proyecto de transformación’ que invocan, y que todos los K son, como dice D’Elía, “nuestros hijos de puta”, o sea una camarilla de arribistas. Se apunta a un ‘consenso’ para que salga una unión civil, que de paso enfrenta decisiones judiciales que rubricaron matrimonios entre personas de sexo diferente. Mientras tanto, sin embargo, un rechazo del Senado deja el tratamiento del proyecto original para marzo del año que viene –y hasta la posibilidad de su archivo. La demostración de fuerza de la Iglesia la convierte en árbitro de los alineamientos políticos que van a sustituir a los K en 2011. Los mismos gobernadores que se rebelaron contra el matrimonio homosexual prevén adelantar las elecciones provinciales para separase de la elección nacional y poder negociar así su apoyo a quien más les convenga. En la misma semana, la cancillería volvió a crujir cuando funcionarios del riñón kirchnerista, como Sigal o la propia Alicia Castro, han salido a cuestionar la ‘diplomacia paralela’.
Del choque al compromiso reaccionario
La disgregación oficial parece animar a la oposición capitalista del Congreso, que ahora quiere avanzar en una ‘agenda común’. Los ejes de ésta vuelven a ser la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la devolución de la autonomía del IndeK –en este caso para beneficiar a los acreedores extranjeros que tienen títulos indexados según la inflación y para habilitar el monitoreo de cuentas por parte del FMI. La oposición parlamentaria está unida para producir la ‘transparencia’ que reclaman los pulpos internacionales. Esta ‘agenda’ no confiesa, sin embargo, uno de sus puntos vitales: la ‘reconciliación nacional’ -o sea el cese de los juicios a los genocidas. La propuesta ya la hizo Duhalde, quien fue vicepresidente cuando Menem dictó el indulto. Esto explica que Videla haya decidido abrir la boca en un juicio, como ha ocurrido en Córdoba, y la ofensiva del ‘service’ Yofré, quien se ha convertido en asesor de Duhalde, para reivindicar a Perón y a López Rega y en la bolada a la Triple A. Las victorias de Piñera, en Chile; Chinchilla, en Costa Rica; Martinelli, en Panamá; y Santos, en Colombia, animam a los Duhalde-Yofré-Lavagna en el armado de la ‘agenda’ de la oposición, que apunta a una victoria de la reacción política en octubre del año que viene. Las victoria de la derecha regional ha servido para que Obama extienda su política de bases militares a nuevos países (ahora Costa Rica), sin que ‘nuestros’ K, Chávez y Correa digan esta boca es mía. Correa ha rechazado el fallo de la Justicia de su país que ordena el arresto del colombiano Santos por el ataque al territorio ecuatoriano contra un campamento de las Farc. En Argentina, Macri acaba de confesar que contrató a los espías de la Ciudad por una orden de la CIA, la DEA y el Mossad, sin que esta ‘expiación’ haya siquiera mosqueado a los K, que tienen sus propios compromisos con ese trío nefasto. Los ‘populistas’ de América Latina han salido escaldados de su frustrada experiencia con el hondureño Zelaya, que mostró su incapacidad para defender la democracia contra un golpe imperialista. El tema del 82% móvil no debe llamar a engaño: a los opositores no los anima derivar el dinero público para los trabajadores retirados, sino resolver una crisis política que se arrastra desde el derrumbe de 2001 –el ajuste de las jubilaciones por inflación– que ya obligó a la Corte a emitir fallos a favor del reclamo de los jubilados, aunque evitando extenderlos al conjunto de ellos; con eso procura evitar el pago de las retroactividades a los jubilados afectados por el congelamiento de sus haberes y evita establecer el 82% móvil del último salario cobrado (incluidos los ítems no remunerativos) para el conjunto de los jubilados.
Obviamente, una ‘agenda’ que apunta a ‘normalizar’ las relaciones con el capital financiero, el FMI, el clero y las fuerzas armadas choca con la lucha que caracteriza desde hace tiempo al movimiento popular. Por eso se la edulcora con fraseología democrática. Entre esta ‘agenda’ y la ‘agenda’ de los K no hay una diferencia de principios sino de abordaje y de método. Pero ante la primacía que va conquistando esa oposición, la denuncia de su política y de sus objetivos debe ocupar el primerísimo lugar en la agenda (también) de la agitación socialista y revolucionaria. Esa falta de principios en la diferencia entre las fracciones capitalistas ha quedado demostrada de nuevo con la inclusión de los pagos al Club de París en el proyecto de Presupuesto de 2011. Pero en la ‘agenda’ del Club de París figura, en primerísimo lugar, el pago de diferencias a los acreedores por la manipulación del IndeK y el ‘monitoreo’ del FMI.
La tarea de la hora es que los trabajadores tomemos la lucha por el 82% móvil y por el derecho de los homosexuales en nuestras propias manos, y que sobre la base de esta lucha desarrollemos una alternativa política propia. Los Yasky y los Moyano son cómplices de la política oficial contra los compañeros jubilados. Hay que sacarle la Anses a los K y a los capitalistas que se benefician con esto y ponerla bajo la dirección de obreros activos y retirados.
Marcelo Ramal y Jorge Altamira
El fracaso de un dictamen de mayoría en favor del llamado “matrimonio gay” es otro episodio significativo de la desintegración del kirchnerismo. Ocurre que el clero movilizó a sus agentes dentro del oficialismo para imponer su oscurantismo. El salteño Urtubey y el chaqueño Capitanich, dos candidatos al relevo de los K dentro de sus propias filas, dieron libertad a sus senadores para actuar conforme al operativo de la Iglesia en esa Cámara. Con esto dieron un guiño al llamado ‘peronismo disidente’ para que los considere como alternativa para poner nocaut a los K. El sanjuanino Gioja, que la semana que viene celebrará los acuerdos de minería que la Presidenta firmará con China, dio asueto a los estatales sanjuaninos para sumarlos a las manifestaciones del clero. En la misma línea actuaron Jenefes, de Jujuy, y Celso Jaque, de Mendoza –y hasta una senadora del Frente Grande, de Río Negro.Desde la media sanción del matrimonio gay hasta hoy, los Kirchner asistieron impávidos a la ofensiva del clero. Néstor se limitó a levantar la mano en Diputados, mientras Cristina “nunca sentó posición sobre el tema” (La Nación, 7/7). No debe sorprender que acaben capitulando ante el clero: la ‘libertad de conciencia’ que dieron a sus huestes demuestra que no existe el llamado ‘proyecto de transformación’ que invocan, y que todos los K son, como dice D’Elía, “nuestros hijos de puta”, o sea una camarilla de arribistas. Se apunta a un ‘consenso’ para que salga una unión civil, que de paso enfrenta decisiones judiciales que rubricaron matrimonios entre personas de sexo diferente. Mientras tanto, sin embargo, un rechazo del Senado deja el tratamiento del proyecto original para marzo del año que viene –y hasta la posibilidad de su archivo. La demostración de fuerza de la Iglesia la convierte en árbitro de los alineamientos políticos que van a sustituir a los K en 2011. Los mismos gobernadores que se rebelaron contra el matrimonio homosexual prevén adelantar las elecciones provinciales para separase de la elección nacional y poder negociar así su apoyo a quien más les convenga. En la misma semana, la cancillería volvió a crujir cuando funcionarios del riñón kirchnerista, como Sigal o la propia Alicia Castro, han salido a cuestionar la ‘diplomacia paralela’.
Del choque al compromiso reaccionario
La disgregación oficial parece animar a la oposición capitalista del Congreso, que ahora quiere avanzar en una ‘agenda común’. Los ejes de ésta vuelven a ser la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la devolución de la autonomía del IndeK –en este caso para beneficiar a los acreedores extranjeros que tienen títulos indexados según la inflación y para habilitar el monitoreo de cuentas por parte del FMI. La oposición parlamentaria está unida para producir la ‘transparencia’ que reclaman los pulpos internacionales. Esta ‘agenda’ no confiesa, sin embargo, uno de sus puntos vitales: la ‘reconciliación nacional’ -o sea el cese de los juicios a los genocidas. La propuesta ya la hizo Duhalde, quien fue vicepresidente cuando Menem dictó el indulto. Esto explica que Videla haya decidido abrir la boca en un juicio, como ha ocurrido en Córdoba, y la ofensiva del ‘service’ Yofré, quien se ha convertido en asesor de Duhalde, para reivindicar a Perón y a López Rega y en la bolada a la Triple A. Las victorias de Piñera, en Chile; Chinchilla, en Costa Rica; Martinelli, en Panamá; y Santos, en Colombia, animam a los Duhalde-Yofré-Lavagna en el armado de la ‘agenda’ de la oposición, que apunta a una victoria de la reacción política en octubre del año que viene. Las victoria de la derecha regional ha servido para que Obama extienda su política de bases militares a nuevos países (ahora Costa Rica), sin que ‘nuestros’ K, Chávez y Correa digan esta boca es mía. Correa ha rechazado el fallo de la Justicia de su país que ordena el arresto del colombiano Santos por el ataque al territorio ecuatoriano contra un campamento de las Farc. En Argentina, Macri acaba de confesar que contrató a los espías de la Ciudad por una orden de la CIA, la DEA y el Mossad, sin que esta ‘expiación’ haya siquiera mosqueado a los K, que tienen sus propios compromisos con ese trío nefasto. Los ‘populistas’ de América Latina han salido escaldados de su frustrada experiencia con el hondureño Zelaya, que mostró su incapacidad para defender la democracia contra un golpe imperialista. El tema del 82% móvil no debe llamar a engaño: a los opositores no los anima derivar el dinero público para los trabajadores retirados, sino resolver una crisis política que se arrastra desde el derrumbe de 2001 –el ajuste de las jubilaciones por inflación– que ya obligó a la Corte a emitir fallos a favor del reclamo de los jubilados, aunque evitando extenderlos al conjunto de ellos; con eso procura evitar el pago de las retroactividades a los jubilados afectados por el congelamiento de sus haberes y evita establecer el 82% móvil del último salario cobrado (incluidos los ítems no remunerativos) para el conjunto de los jubilados.
Obviamente, una ‘agenda’ que apunta a ‘normalizar’ las relaciones con el capital financiero, el FMI, el clero y las fuerzas armadas choca con la lucha que caracteriza desde hace tiempo al movimiento popular. Por eso se la edulcora con fraseología democrática. Entre esta ‘agenda’ y la ‘agenda’ de los K no hay una diferencia de principios sino de abordaje y de método. Pero ante la primacía que va conquistando esa oposición, la denuncia de su política y de sus objetivos debe ocupar el primerísimo lugar en la agenda (también) de la agitación socialista y revolucionaria. Esa falta de principios en la diferencia entre las fracciones capitalistas ha quedado demostrada de nuevo con la inclusión de los pagos al Club de París en el proyecto de Presupuesto de 2011. Pero en la ‘agenda’ del Club de París figura, en primerísimo lugar, el pago de diferencias a los acreedores por la manipulación del IndeK y el ‘monitoreo’ del FMI.
La tarea de la hora es que los trabajadores tomemos la lucha por el 82% móvil y por el derecho de los homosexuales en nuestras propias manos, y que sobre la base de esta lucha desarrollemos una alternativa política propia. Los Yasky y los Moyano son cómplices de la política oficial contra los compañeros jubilados. Hay que sacarle la Anses a los K y a los capitalistas que se benefician con esto y ponerla bajo la dirección de obreros activos y retirados.
Marcelo Ramal y Jorge Altamira
EL REAJUSTE DE GANANCIAS EN SOLO EL 20% ES OTRA CONFISCACIÓN AL SALARIO
Néstor Pitrola, dirigente del PO, declaró: “Después de dos años sin tocar el mínimo no imponible de ganancias sobre los salarios, el gobierno kirchnerista lo elevó en un 20%, menos de la mitad de la inflación del período.
Se trata de una confiscación que llegó a involucrar un millón y medio de trabajadores. Aunque ahora baje ese número, con los meses se irá incrementando con las cuotas de los aumentos firmados en las paritarias.
La CGT de Moyano había pedido un reajuste del 60%, lo cual es lógico porque estamos hablando de la inflación pasada y la futura, de los reajustes salariales pasados y de los futuros de los próximos dos años. Pero ahora fue a recibir la noticia dócilmente, de la misma manera que aceptó dócilmente el tope de aumento para su gremio de 24%, uno de los más bajos del movimiento obrero. De la misma manera que dice que no hay plata para pagar el 82%, cuando la Anses usa sus fondos para la deuda externa y los subsidios a los capitalistas.
Digamos basta al impuesto al salario. Tenemos que realizar asambleas fabriles, plenarios de delegados con mandato y asambleas de gremio para rechazar esta estafa y salir a luchar por la defensa de los aumentos conquistados en la lucha que hoy nos roban para pagar deuda externa”.
Se trata de una confiscación que llegó a involucrar un millón y medio de trabajadores. Aunque ahora baje ese número, con los meses se irá incrementando con las cuotas de los aumentos firmados en las paritarias.
La CGT de Moyano había pedido un reajuste del 60%, lo cual es lógico porque estamos hablando de la inflación pasada y la futura, de los reajustes salariales pasados y de los futuros de los próximos dos años. Pero ahora fue a recibir la noticia dócilmente, de la misma manera que aceptó dócilmente el tope de aumento para su gremio de 24%, uno de los más bajos del movimiento obrero. De la misma manera que dice que no hay plata para pagar el 82%, cuando la Anses usa sus fondos para la deuda externa y los subsidios a los capitalistas.
Digamos basta al impuesto al salario. Tenemos que realizar asambleas fabriles, plenarios de delegados con mandato y asambleas de gremio para rechazar esta estafa y salir a luchar por la defensa de los aumentos conquistados en la lucha que hoy nos roban para pagar deuda externa”.
GANEMOS LA BATALLA DE LAS JUBILACIONES
“Es demencial, una irresponsabilidad”, una locura”, repiten a coro los Kirchner, Boudou y Aníbal Fernández.¿Se refieren a los medicamentos truchos? ¿A la inflación?
No.
Están furiosos porque se debate una ley para elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo y actualizar los haberes congelados primero por Cavallo y luego por los K.
“No hay de dónde sacar la plata”, miente Boudou, mientras saquea sin vergüenza las reservas internacionales del Banco Central y los dineros de la Anses para pagar a los usureros internacionales.
“No hay de dónde sacar la plata”, repiten los tránsfugas, que nunca se preguntan de donde sacará la plata un obrero para pagar los aumentos de precios; o un contribuyente, para pagar mayores impuestos y tarifas; o el propio país, para pagar la deuda externa o los negociados de la patria paralela de los K y los De Vido.
Más grave es, sin embargo, lo que ocurre con Moyano y con Yasky.
Moyano, para sacar a los K del ‘apuro’, está planteando que se vote el 82%, a condición de que se lo vaya pagando en cuotas: primero el 60%, luego el 65, a paso cansino, como está acostumbrado a hacerlo él mismo en las paritarias.
Yasky eligió otro argumento: la Anses no tiene plata, que paguen los patrones, a sabiendas de que la mayoría del Congreso no lo votaría porque representa, precisamente, a esos patrones.
Yasky disfraza su oposición al 82% con el cinismo; en Ctera acaba de firmar un acuerdo que aumenta las jubilaciones docentes en un ¡0,98%!
Los macaneos de Moyano y Yasky nos dan una pauta de lo que ya se está negociando en el Congreso para desvirtuar los proyectos que se han presentado, ¡y que ya están desvirtuados, porque no establecen el 82% móvil sobre el último salario cobrado, sino solamente sobre el mínimo!
Sin embargo, podemos ganar, porque tenemos el apoyo de todo el pueblo.
Para eso tenemos que movilizarnos, ganar la calle, realizar debates, firmar petitorios y preparar una gran concentración para cuando se discutan los proyectos.
Necesitamos movilizar a los sindicatos: el dinero que los K están dilapidando es el que aportan los trabajadores activos, que llegado el momento también tendrán que jubilarse.
En este terreno hay que dar una gran batalla en las elecciones inminentes en Ctera y en la CTA, para denunciar y derrotar a Yasky, un agente de los K, que ya ha declarado su propósito de estatizar por completo a la CTA.
Para eso tenemos que organizar listas clasistas, o sea que denuncien y combatan la integración de los sindicatos al Estado, planteen su independencia de clase y rechacen cualquier ‘paz social’ con los patrones y su Estado.
Aprovechemos la indignación popular que desata la inflación, el crecimiento de la desigualdad social, la complicidad de las fuerzas de represión con el delito organizado, la corrupción, las embajadas paralelas, los negociados con las mineras contaminantes y con el conjunto de los capitalistas; aprovechemos esta indignación para ganar la batalla de las jubilaciones.
La consigna es: recurramos a todos los medios de movilización y de lucha para ganar la batalla de las jubilaciones.
6 de julio de 2010
MATRIMONIO DE PERSONAS DEL MISMO SEXO
El camino es la movilización independiente
Contra la avanzada derechista y clerical
El pasado 28 de junio hubo dos importantes movilizaciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se suman a la que juntó a 10.000 manifestantes en Córdoba el jueves 24.
En Mendoza, más de 2.000 personas, entre las que había muchas familias, participaron en un festival multitudinario. En Buenos Aires, un festival frente al Congreso sumó unas 5.000, sobre todo jóvenes, que llegaron en grupos, muchos acompañados por sus familias. Fue total el boicot del kirchnerismo, promotor del proyecto que está en debate en el Senado.
Es la primera vez que el movimiento GLTTB gana la calle en Buenos Aires desde noviembre. Sin embargo, la convocatoria a continuar movilizados corrió exclusivamente por cuenta de Vanina Biasi (PO), algún otro orador de la izquierda y la madre de Natalia Gaitán, asesinada el 8 de marzo en Córdoba por ser lesbiana. Los otros oradores prefirieron dar por segura la aprobación de la ley. Pero la igualdad legal para las personas homosexuales está en una encrucijada y nada garantiza que se oponga la decena de senadores “indecisos”, que se han subordinado mil veces al clero.
Las insólitas audiencias públicas en las provincias – para un proyecto que ya cuenta con media sanción– fueron exigidas por la Iglesia y otorgadas por las comisiones del Senado, ante el silencio de los K y de todos los “transversales” que habían votado a favor. La senadora Negre de Alonso –una militante del Opus Dei que debería ser sometida a juicio político por violar sistemáticamente la ley antidiscriminatoria– manipuló personalmente las audiencias y censuró a los oradores favorables a los derechos democráticos. En San Juan, José Luis Gioja, posible compañero de fórmula de Néstor Kirchner, dio asueto a los empleados municipales y justificó la ausencia a las escuelas estatales para engrosar la marcha del arzobispo. Al mismo tiempo, secuestraron los equipos de sonido y negaron la autorización para que se realizara el festival organizado a favor del matrimonio gay. Un sector del oficialismo milita en la campaña derechista clerical sin que los K abran la boca: es la “libertad de conciencia” para atacar las libertades públicas.
Las concesiones del oficialismo permitieron la escalada de la derecha confesional. Los curas y los evangélicos habían reculado al punto de aceptar, en el momento del debate en Diputados, una unión civil con ciertos derechos, donde lo único innegociable era la adopción. Pero, ahora, van por todo: el obispo Antonio Marino, quien preside la comisión de seguimiento legislativo del Episcopado, lo dejó bien claro: “la Iglesia no está de acuerdo con la unión civil. El mal menor puede ser una opción para un legislador cuando ya está instalado un mal mayor. Pero acá no hay ningún mal todavía instalado jurídicamente” (La Nación, 27/6).
Los K están tratando de evitar un choque a fondo con la Curia, pero también con los clericales dentro de sus propias filas. Tampoco quieren complicar las negociaciones para la “interna abierta” con Duhalde y el PJ disidente, que les permitiría tener un único candidato del peronismo en 2011.
Que el reclamo del clero a una “consulta popular” fue pura demagogia mediática y una extorsión a los legisladores ya lo probó el mismo Episcopado, que puntualizó que sólo es una propuesta de “algunos obispos”. Nada más lejos de las intenciones de Bergoglio que promover un debate nacional sobre los derechos democráticos. Lo que pretende la Iglesia es una victoria rotunda contra los derechos de gays y lesbianas, que le permita bloquear también el debate pendiente sobre los abortos no punibles (está en la misma Comisión de Alonso de Negre).
La Iglesia no le hace ascos a la presión callejera y ya tiene convocada marchas para el 14 de julio, día en que el Senado votará la ley de matrimonio. Su avanzada tiene como objetivo avasallar las libertades de toda la población. En su programa no sólo están los derechos de gays y lesbianas, sino el derecho al aborto legal, la baja de edad de imputabilidad, la impunidad de los genocidas. Hay que quebrar la escalada clerical derechista manteniendo a movilización independiente.
• Por la aprobación inmediata y sin condiciones de la ley de matrimonio civil para personas del mismo sexo.
• Por la separación de la Iglesia y el Estado.
Olga Cristóbal
Contra la avanzada derechista y clerical
El pasado 28 de junio hubo dos importantes movilizaciones en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se suman a la que juntó a 10.000 manifestantes en Córdoba el jueves 24.
En Mendoza, más de 2.000 personas, entre las que había muchas familias, participaron en un festival multitudinario. En Buenos Aires, un festival frente al Congreso sumó unas 5.000, sobre todo jóvenes, que llegaron en grupos, muchos acompañados por sus familias. Fue total el boicot del kirchnerismo, promotor del proyecto que está en debate en el Senado.
Es la primera vez que el movimiento GLTTB gana la calle en Buenos Aires desde noviembre. Sin embargo, la convocatoria a continuar movilizados corrió exclusivamente por cuenta de Vanina Biasi (PO), algún otro orador de la izquierda y la madre de Natalia Gaitán, asesinada el 8 de marzo en Córdoba por ser lesbiana. Los otros oradores prefirieron dar por segura la aprobación de la ley. Pero la igualdad legal para las personas homosexuales está en una encrucijada y nada garantiza que se oponga la decena de senadores “indecisos”, que se han subordinado mil veces al clero.
Las insólitas audiencias públicas en las provincias – para un proyecto que ya cuenta con media sanción– fueron exigidas por la Iglesia y otorgadas por las comisiones del Senado, ante el silencio de los K y de todos los “transversales” que habían votado a favor. La senadora Negre de Alonso –una militante del Opus Dei que debería ser sometida a juicio político por violar sistemáticamente la ley antidiscriminatoria– manipuló personalmente las audiencias y censuró a los oradores favorables a los derechos democráticos. En San Juan, José Luis Gioja, posible compañero de fórmula de Néstor Kirchner, dio asueto a los empleados municipales y justificó la ausencia a las escuelas estatales para engrosar la marcha del arzobispo. Al mismo tiempo, secuestraron los equipos de sonido y negaron la autorización para que se realizara el festival organizado a favor del matrimonio gay. Un sector del oficialismo milita en la campaña derechista clerical sin que los K abran la boca: es la “libertad de conciencia” para atacar las libertades públicas.
Las concesiones del oficialismo permitieron la escalada de la derecha confesional. Los curas y los evangélicos habían reculado al punto de aceptar, en el momento del debate en Diputados, una unión civil con ciertos derechos, donde lo único innegociable era la adopción. Pero, ahora, van por todo: el obispo Antonio Marino, quien preside la comisión de seguimiento legislativo del Episcopado, lo dejó bien claro: “la Iglesia no está de acuerdo con la unión civil. El mal menor puede ser una opción para un legislador cuando ya está instalado un mal mayor. Pero acá no hay ningún mal todavía instalado jurídicamente” (La Nación, 27/6).
Los K están tratando de evitar un choque a fondo con la Curia, pero también con los clericales dentro de sus propias filas. Tampoco quieren complicar las negociaciones para la “interna abierta” con Duhalde y el PJ disidente, que les permitiría tener un único candidato del peronismo en 2011.
Que el reclamo del clero a una “consulta popular” fue pura demagogia mediática y una extorsión a los legisladores ya lo probó el mismo Episcopado, que puntualizó que sólo es una propuesta de “algunos obispos”. Nada más lejos de las intenciones de Bergoglio que promover un debate nacional sobre los derechos democráticos. Lo que pretende la Iglesia es una victoria rotunda contra los derechos de gays y lesbianas, que le permita bloquear también el debate pendiente sobre los abortos no punibles (está en la misma Comisión de Alonso de Negre).
La Iglesia no le hace ascos a la presión callejera y ya tiene convocada marchas para el 14 de julio, día en que el Senado votará la ley de matrimonio. Su avanzada tiene como objetivo avasallar las libertades de toda la población. En su programa no sólo están los derechos de gays y lesbianas, sino el derecho al aborto legal, la baja de edad de imputabilidad, la impunidad de los genocidas. Hay que quebrar la escalada clerical derechista manteniendo a movilización independiente.
• Por la aprobación inmediata y sin condiciones de la ley de matrimonio civil para personas del mismo sexo.
• Por la separación de la Iglesia y el Estado.
Olga Cristóbal
3 de julio de 2010
¡Fuera Innviron!, ahora en Villa María.
Accastello, principal referente del kirchnerismo en Córdoba e intendente de Villa María, acaba de lograr que sus concejales aprueben, con el apoyo unánime de toda la ‘oposición’, la instalación de una planta de producción de electricidad a partir del tratamiento de basura, a cargo de la empresa norteamericana Innviron.
De ecológico, nada
El proyecto fue presentado como una alternativa energética ‘ecológica’, pero en pocos días quedó en claro que se trata de una potencial catástrofe ambiental y un gran negociado para la empresa yanqui. La tecnología a utilizar (gasificación) es altamente ineficiente y produce cancerígenos como dioxinas y furanos, que se traspasan a alimentos y agua. Se deja, además, el tratamiento de residuos en manos de un monopolio cuyo interés central será que haya cada vez más basura, ya que Innviron cobraría por cada tonelada de basura procesada. Para garantizar su rentabilidad, los yanquis necesitarían que Villa María reciba cinco veces más basura de la que produce actualmente. Buscarán que aumente la generación de desperdicios y harán convenios con otros municipios: por la zona comenzarán a viajar diariamente camiones con al menos 400 toneladas de basura. Los riesgos de accidente y desastre ambiental son enormes. Ni hablar de los costos de transporte, que serán subsidiados por el Estado.
Los “nac & pop”, corruptos y cipayos
Este proyecto se enmarca en la tendencia capitalista a explotar los negocios de producción energética alternativa, como el biodiésel, que también quieren comenzar a explotar en Villa María). Enarsa, la empresa “pública”, acaba de abrir y prorrogar una licitación a medida de Innviron, con jugosos subsidios y exenciones, sin los cuales el negocio de los yanquis sería inviable (El Puntal, 24/6). Gerentes y voceros locales de Innviron son notorios kirchneristas denunciados por defraudación y vaciamientos (Eduardo Giaimo, de LV2; Julio Bachmann, Intercarpa SA).
Organizar la movilización popular
Hay condiciones para obtener un triunfo: sigamos el ejemplo de las fuertes movilizaciones en Río Cuarto y Córdoba (en este último caso, lograron que no se instale el basural en la ciudad). En Villa María ya han comenzado a realizarse algunas reuniones y debates.
Profundicemos el trabajo, pongamos en pie una campaña de agitación y organicemos la movilización popular con un planteo elemental: ¡fuera Innviron!
Maximiliano Jozami
De ecológico, nada
El proyecto fue presentado como una alternativa energética ‘ecológica’, pero en pocos días quedó en claro que se trata de una potencial catástrofe ambiental y un gran negociado para la empresa yanqui. La tecnología a utilizar (gasificación) es altamente ineficiente y produce cancerígenos como dioxinas y furanos, que se traspasan a alimentos y agua. Se deja, además, el tratamiento de residuos en manos de un monopolio cuyo interés central será que haya cada vez más basura, ya que Innviron cobraría por cada tonelada de basura procesada. Para garantizar su rentabilidad, los yanquis necesitarían que Villa María reciba cinco veces más basura de la que produce actualmente. Buscarán que aumente la generación de desperdicios y harán convenios con otros municipios: por la zona comenzarán a viajar diariamente camiones con al menos 400 toneladas de basura. Los riesgos de accidente y desastre ambiental son enormes. Ni hablar de los costos de transporte, que serán subsidiados por el Estado.
Los “nac & pop”, corruptos y cipayos
Este proyecto se enmarca en la tendencia capitalista a explotar los negocios de producción energética alternativa, como el biodiésel, que también quieren comenzar a explotar en Villa María). Enarsa, la empresa “pública”, acaba de abrir y prorrogar una licitación a medida de Innviron, con jugosos subsidios y exenciones, sin los cuales el negocio de los yanquis sería inviable (El Puntal, 24/6). Gerentes y voceros locales de Innviron son notorios kirchneristas denunciados por defraudación y vaciamientos (Eduardo Giaimo, de LV2; Julio Bachmann, Intercarpa SA).
Organizar la movilización popular
Hay condiciones para obtener un triunfo: sigamos el ejemplo de las fuertes movilizaciones en Río Cuarto y Córdoba (en este último caso, lograron que no se instale el basural en la ciudad). En Villa María ya han comenzado a realizarse algunas reuniones y debates.
Profundicemos el trabajo, pongamos en pie una campaña de agitación y organicemos la movilización popular con un planteo elemental: ¡fuera Innviron!
Maximiliano Jozami
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