Martes 28 por la tarde: Jorge Hospital y Omar Merino acaban de ser liberados. Los privatizadores, la burocracia sindical y el gobierno que los ampara han sufrido una derrota.
Quisieron criminalizar y difamar la lucha de los tercerizados ferroviarios.
Los mismos que encubren a Pedraza también salieron a atacar al Partido Obrero.
Fueron por más: detuvieron a dos compañeros e iban por otras detenciones.
Pero no les dimos tregua: desenmascaramos a la patota.
Defendimos contra viento y marea a los tercerizados y sus reclamos.
Denunciamos su propósito final: asegurar la impunidad para la patota criminal que asesinó a Mariano.
De ese modo, derrumbamos el macaneo de sus escribas y, sobre todo, el de su flamante "ministra de Seguridad".
Convocamos a movilizar. Movilizamos.
A Hospital y Merino, los liberamos.
La patota criminal de Barracas seguirá en prisión.
Después de varias postergaciones, anuncian el pase a planta de un millar de tercerizados.
Ahora, vamos por la satisfacción efectiva y completa de todas las reivindicaciones de los tercerizados ferroviarios, para terminar con las tercerizaciones en toda la clase obrera.
Vamos también por la cárcel a Pedraza y Fernández.
¿Por qué el ataque al Partido Obrero es tan encarnizado desde la burocracia y desde el Estado?
Porque luchamos por la independencia política de la clase obrera.
Porque luchamos contra el cepo que quiere imponerle la burocracia sindical a los trabajadores -a cuenta de los capitalistas y sus partidos.
Con Jorge y Omar.
Con Elsa Rodríguez.
Con la lucha y la memoria de Mariano.
Con todos ellos, entramos al 2011 con el paso más firme que nunca.
REGIONAL CÓRDOBA
30 de diciembre de 2010
28 de diciembre de 2010
Liberaron a Merino y Hospital
El Partido Obrero se moviliza hoy a Plaza de Mayo por cárcel a Pedraza y por el cierre de la causa contra los luchadores del ferrocarril
En Córdoba: Concentración y marcha a las 18:30 horas, desde Colón y General Paz.
La Cámara de Apelaciones acaba de confirmar la prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Según el fallo del tribunal, Favale y Sánchez “deberán responder en calidad de coautores” por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio; en los casos de Pérez y Uño, como partícipes necesarios y en cuanto a González y Pipito, como partícipes secundarios. Pablo Díaz, miembro de la cúpula de la Unión Ferroviaria, quedó imputado como “instigador”.
El fallo sostiene que “los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado”. La Policía Federal y la conducción de Ugofe fueron parte de ese plan y por lo tanto la investigación deberá avanzar en sus responsabilidades. Pero lo mismo ocurre con Pedraza y Fernández, principales dirigentes de la UF, que deben ser detenidos e indagados como imputados en lo inmediato.
A su vez, los tribunales de Quilmes a cargo del juez Luis Armella resolvieron la excarcelación de Omar Merino y Jorge Hospital -los compañeros de Mariano Ferreyra- y dieron lugar a los pedidos de eximición de prisión de Eduardo Belliboni y Miguel Morales. Ninguno de estos compañeros se encuentra procesado hasta el momento ni la causa que sigue el juez Armella tiene vínculo con los desmanes ocurridos en Constitución el pasado jueves 23.
Los fallos representan un golpe a la infame campaña oficial contra el PO, y contra el lobby de la patota sindical por la impunidad del crimen de Mariano.
Hoy el Partido Obrero marchará a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país para reclamar por la inmediata detención de los jefes de la UF, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, por el cierre de la causa iniciada contra los luchadores del ferrocarril y por la victoria definitiva de los reclamos de los trabajadores tercerizados.
En Córdoba: Concentración y marcha a las 18:30 horas, desde Colón y General Paz.
La Cámara de Apelaciones acaba de confirmar la prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Según el fallo del tribunal, Favale y Sánchez “deberán responder en calidad de coautores” por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio; en los casos de Pérez y Uño, como partícipes necesarios y en cuanto a González y Pipito, como partícipes secundarios. Pablo Díaz, miembro de la cúpula de la Unión Ferroviaria, quedó imputado como “instigador”.
El fallo sostiene que “los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado”. La Policía Federal y la conducción de Ugofe fueron parte de ese plan y por lo tanto la investigación deberá avanzar en sus responsabilidades. Pero lo mismo ocurre con Pedraza y Fernández, principales dirigentes de la UF, que deben ser detenidos e indagados como imputados en lo inmediato.
A su vez, los tribunales de Quilmes a cargo del juez Luis Armella resolvieron la excarcelación de Omar Merino y Jorge Hospital -los compañeros de Mariano Ferreyra- y dieron lugar a los pedidos de eximición de prisión de Eduardo Belliboni y Miguel Morales. Ninguno de estos compañeros se encuentra procesado hasta el momento ni la causa que sigue el juez Armella tiene vínculo con los desmanes ocurridos en Constitución el pasado jueves 23.
Los fallos representan un golpe a la infame campaña oficial contra el PO, y contra el lobby de la patota sindical por la impunidad del crimen de Mariano.
Hoy el Partido Obrero marchará a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país para reclamar por la inmediata detención de los jefes de la UF, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, por el cierre de la causa iniciada contra los luchadores del ferrocarril y por la victoria definitiva de los reclamos de los trabajadores tercerizados.
27 de diciembre de 2010
CONFERENCIA DE GARRE: UN ACTO DE FALSIFICACION POLITICA
El Partido Obrero presentará una causa penal contra la Ministra
La conferencia de la ministra Garré ha sido un verdadero papelón. Había prometido aportar datos sobre la supuesta participación del Partido Obrero en los incidentes de Constitución. Como era previsible, no pudo mostrar absolutamente nada. Por el contrario, urdió una falsificación política para confundir a la población, imputar a nuestro partido y ocultar la responsabilidad de la patota ferroviaria en los incidentes producidos en la estación Constitución. Por esta razón, en las próximas horas, el Partido Obrero realizará una presentación penal contra la ministra Garré por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las falsedades de la ministra nos obligan a las siguientes precisiones:
1. En el primer tramo de su alocución exhibió fotos que dan cuenta del estado de deterioro del ferrocarril Roca. Este verdadero “Cromagnon ferroviario” es responsabilidad directa de la empresa UGOFE y del gobierno. La ministra informó que una vez concluido el corte, 50 técnicos verificaron el estado de las vías pero no informó de ningún desperfecto ni daño, lo que tira abajo las denuncias que miembros del gobierno habían hecho sobre un supuesto “sabotaje”.
2. En relación a los incidentes de Constitución, la Ministra mintió de manera deliberada. Dijo que “10 detenidos serían (sic) del Polo Obrero” sin aportar prueba alguna. Luego, ante una pregunta de un periodista, dijo que todavía debían analizarse los nombres de los detenidos de ese día, los cuales hoy están todos en libertad. Esto muestra que la Ministra denuncia sin tener la menor información, o sea que miente concientemente.
3. Al dar nombres de esas detenciones, se refirió a Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria actualmente detenido, pero no por los hechos de Constitución, como ella afirma. Hospital está detenido por el Juez Federal Luis Armella de Quilmes, quien investiga el corte de vías de Avellaneda y que no tiene ninguna jurisdicción en el ámbito de Constitución. Además, Jorge Hospital nunca estuvo en la estación Constitución el día de los incidentes, sino que se mantuvo en las vías de Avellaneda, solidarizándose con el corte realizado por los trabajadores ferroviarios. La Ministra “confunde” a los detenidos por el corte de vías de Avellaneda con los hechos de Constitución. El propósito de esa malversación informativa es presentar a los obreros de Causa Ferroviaria como detenidos por el “vandalismo” de Constitución.
4. La Ministra ignoró olímpicamente la única denuncia concreta realizada por los incidentes de Constitución. Esa denuncia la hizo nuestro partido que indicó, con material fotográfico incluído, que uno de los participantes de los incidentes fue un delegado del gremio de Camioneros, llamado Miguel “Mono” Gómez. El PO señaló claramente que los incidentes fueron provocados por la patota ferroviaria con el propósito de hacer fracasar las negociaciones que representantes de los tercerizados ferroviarios y del Ministerio de Trabajo estaban llevando adelante durante la tarde del 23 de diciembre. El silencio de la Ministra sobre nuestra denuncia prueba que no puede refutarla y que pretende ocultarla echando mano a denuncias falsas. Además, oculta que el gobierno no impulsó ninguna investigación sobre los hechos de Constitución ante juez penal alguno, ignorándose hasta el día de la fecha en qué fiscalía quedó radicada dicha investigación.
5. La ministra Garré recurre a las técnicas de su predecesor Aníbal Fernández, quien en oportunidad de los hechos de Castelar-Merlo acusó al Partido Obrero de los incidentes. Luego, cuando nuestro partido presentó una querella contra el Ministro, éste se defendió diciendo que él “brindó la información que le habían dado, pero que después no pudo confirmar en la Justicia”. Este “modus operandi” delata que el gobierno utiliza la infamia para disimular las contradicciones sociales explosivas que su propia política produce.
6. Reclamamos la libertad inmediata de Merino y Hospital, que se ponga fin a la criminalización de la lucha de los tercerizados ferroviarios y que no sea excarcelada la patota que asesinó a Mariano Ferreyra.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
La conferencia de la ministra Garré ha sido un verdadero papelón. Había prometido aportar datos sobre la supuesta participación del Partido Obrero en los incidentes de Constitución. Como era previsible, no pudo mostrar absolutamente nada. Por el contrario, urdió una falsificación política para confundir a la población, imputar a nuestro partido y ocultar la responsabilidad de la patota ferroviaria en los incidentes producidos en la estación Constitución. Por esta razón, en las próximas horas, el Partido Obrero realizará una presentación penal contra la ministra Garré por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las falsedades de la ministra nos obligan a las siguientes precisiones:
1. En el primer tramo de su alocución exhibió fotos que dan cuenta del estado de deterioro del ferrocarril Roca. Este verdadero “Cromagnon ferroviario” es responsabilidad directa de la empresa UGOFE y del gobierno. La ministra informó que una vez concluido el corte, 50 técnicos verificaron el estado de las vías pero no informó de ningún desperfecto ni daño, lo que tira abajo las denuncias que miembros del gobierno habían hecho sobre un supuesto “sabotaje”.
2. En relación a los incidentes de Constitución, la Ministra mintió de manera deliberada. Dijo que “10 detenidos serían (sic) del Polo Obrero” sin aportar prueba alguna. Luego, ante una pregunta de un periodista, dijo que todavía debían analizarse los nombres de los detenidos de ese día, los cuales hoy están todos en libertad. Esto muestra que la Ministra denuncia sin tener la menor información, o sea que miente concientemente.
3. Al dar nombres de esas detenciones, se refirió a Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria actualmente detenido, pero no por los hechos de Constitución, como ella afirma. Hospital está detenido por el Juez Federal Luis Armella de Quilmes, quien investiga el corte de vías de Avellaneda y que no tiene ninguna jurisdicción en el ámbito de Constitución. Además, Jorge Hospital nunca estuvo en la estación Constitución el día de los incidentes, sino que se mantuvo en las vías de Avellaneda, solidarizándose con el corte realizado por los trabajadores ferroviarios. La Ministra “confunde” a los detenidos por el corte de vías de Avellaneda con los hechos de Constitución. El propósito de esa malversación informativa es presentar a los obreros de Causa Ferroviaria como detenidos por el “vandalismo” de Constitución.
4. La Ministra ignoró olímpicamente la única denuncia concreta realizada por los incidentes de Constitución. Esa denuncia la hizo nuestro partido que indicó, con material fotográfico incluído, que uno de los participantes de los incidentes fue un delegado del gremio de Camioneros, llamado Miguel “Mono” Gómez. El PO señaló claramente que los incidentes fueron provocados por la patota ferroviaria con el propósito de hacer fracasar las negociaciones que representantes de los tercerizados ferroviarios y del Ministerio de Trabajo estaban llevando adelante durante la tarde del 23 de diciembre. El silencio de la Ministra sobre nuestra denuncia prueba que no puede refutarla y que pretende ocultarla echando mano a denuncias falsas. Además, oculta que el gobierno no impulsó ninguna investigación sobre los hechos de Constitución ante juez penal alguno, ignorándose hasta el día de la fecha en qué fiscalía quedó radicada dicha investigación.
5. La ministra Garré recurre a las técnicas de su predecesor Aníbal Fernández, quien en oportunidad de los hechos de Castelar-Merlo acusó al Partido Obrero de los incidentes. Luego, cuando nuestro partido presentó una querella contra el Ministro, éste se defendió diciendo que él “brindó la información que le habían dado, pero que después no pudo confirmar en la Justicia”. Este “modus operandi” delata que el gobierno utiliza la infamia para disimular las contradicciones sociales explosivas que su propia política produce.
6. Reclamamos la libertad inmediata de Merino y Hospital, que se ponga fin a la criminalización de la lucha de los tercerizados ferroviarios y que no sea excarcelada la patota que asesinó a Mariano Ferreyra.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
EL PARTIDO OBRERO RESPONDE A LAS FALSEDADES Y DIFAMACIONES DEL “PERIODISTA” HORACIO VERBITSKY
Ante las tergiversaciones y difamaciones del “periodista” Horacio Verbitsky, publicadas en Página 12 de ayer, el Partido Obrero manifiesta:
1.- Verbitsky miente al afirmar que el conflicto se reduce a “los trabajadores de los baños”. El grupo de despedidos no reincorporados involucra a varias tercerizadas y a la propia UGOFE, donde revistan varios de los despedidos. Pero Verbitsky omite que, desde que se dictó la resolución ministerial, las tercerizadas concretaron decenas de nuevos despidos: entre ellos 15 en la empresa Herzo, 20 en Mazza Tec Tres; 5 socorristas (personal de enfermería); 5 de la empresa MAPRA. Finalmente, en lo que respecta al personal de los baños, Verbitsky se hace eco de la versión “empresarial” de que “pueden vivir de las propinas” (sic). Sugerimos que el diario Página 12 haga lo propio con la remuneración de su principal columnista.
2.- Verbitsky miente al afirmar que, según el compromiso oficial, “el lunes 20 el Ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero” se concretaría el pase a planta permanente del millar de trabajadores tercerizados. No: el acta estipulaba que el 20 todos estarían ya en planta permanente. Pero el primero de este mismo mes, todos deberían cobrar, según la resolución, la categoría más baja del convenio ferroviario. Ello no ocurrió: sólo dos tercerizadas (Aumont y Confer, que representan una parte ínfima del total de trabajadore) pagaron un vale en negro por esa diferencia. Respecto de los exámenes preocupacionales citados por Verbitsky, el acuerdo establecía que fueran posteriores al ingreso y no su condición. La razón es clara: si los compañeros son aptos trabajando precarizados, también lo son para el puesto de trabajo estable. El “preocupacional”, en cambio, fue colocado como un factor de filtro y, principalmente, de manipulación o discriminación por parte de los personeros de la burocracia sindical, quienes exigen a toda costa preservar su dictadura sobre los trabajadores del ferrocarril. En torno de este punto, al escriba oficial se le ha escapado lo más importante: a quien quiera escucharlos, los dirigentes de la UF y de la Fraternidad se han manifestado públicamente contra ese pase a planta. En el día de hoy, el dirigente Maturano, de la Fraternidad, volvió a insistir en que ese personal podría ser equiparado, pero nunca integrado a la planta ferroviaria. Este planteo ya ha ganado adeptos en el propio gabinete nacional: el ministro Alak acaba de decir que los reclamos que mot! orizaron el corte de vías del Roca son “imposibles de cumplir”. Verbitsky finge ignorar todo esto y da como un hecho la incorporación del millar de tercerizados. Por lo tanto, Verbitsky miente, también, al afirmar que el corte fue protagonizado por tercerizados de “otros ferrocarriles” y no del Roca. Sus falsificaciones apuntan a desautorizar la medida de fuerza de los tercerizados, y cuestionar su representatividad.
3.- Es completamente falso que Néstor Pitrola haya participado de negociación alguna en el Ministerio de Trabajo, como afirma el venal periodista del gobierno. Más falso aún es que Pitrola sea “empleado de la Legislatura”, como afirma Verbitsky. Pitrola fue asesor de Jorge Altamira cuando éste fue legislador, entre 2000 y 2003. A diferencia del mundo que frecuenta Verbitsky, donde los asesores y escribas se perpetúan en el estipendio oficial de todos los gobiernos de turno, Pitrola y todo el equipo del PO dejaron la Legislatura en 2003, junto a Altamira.
4.- Verbitsky no se priva de involucrar al PO en los incidentes en Constitución y hasta a Pitrola en persona, quien se habría “levantado de la negociación” en el Ministerio (de la que nunca participó) para que “minutos después” comenzaran los disturbios en la terminal del Roca. En la volteada, Verbitsky atribuye el final de la negociación a la “intransigencia” del PO o de los tercerizados -y en este punto vuelve a encubrir el papel del gobierno y de la patota. El periodista sabe muy bien que las negociaciones fueron interrumpidas por Tomada, incluso cuando él mismo ya se había comprometido a un acuerdo. El veto a ese acuerdo fue impuesto por Pedraza y Maturano.
En cambio, el mismo “periodista”, que presume de exhaustivo o riguroso, exime a la burocracia sindical y sus barrabravas a sueldo de toda sospecha en los hechos de Constitución, aun cuando ya han circulado fotografías que los identifican. El periodista sólo “relativiza” su acusación al PO para afirmar, a renglón siguiente, que “en general (sic) el Partido “obrero” reivindica sus acciones”. O sea que “duda” con el único propósito de equiparar al PO con un comando foquista. Pero el PO no se adjudica ni deja de adjudicarse nada. Nuestra actuación es pública, de cara a los trabajadores y a toda la opinión popular. Nuestro apoyo a las decisiones soberanas de las asambleas de ferroviarios tercerizados no constituye secreto alguno. Verbitsky mide a todos con su propia vara y trayectoria, que pasó de la conspiración foquista en los 70, a la que practica hoy junto a los servicios de inteligencia del Estado.
5.- Las acusaciones al PO por parte de Verbitsky, a su vez presidente del CELS, remiten a una cuestión de enorme gravedad: la actuación de ese organismo como querellante en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra. Al equiparar al PO con una banda, Verbitsky hace propio el principal argumento de los defensores de los patoteros detenidos, a saber: que Mariano fue asesinado en un “enfrentamiento”. Es llamativo que en la misma columna semanal donde menciona –sólo al pasar- que hay “siete dirigentes y activistas de la UF detenidos” (por el crimen de Mariano), no diga una palabra de la cuestión crucial de la semana: el pedido de excarcelación que los abogados de esa patota acaban de formular. En la audiencia donde se consideró ese pedido, los abogados del CELS no se pronunciaron sobre la excarcelación. En nombre del garantismo, el CELS acompaña al gobierno nacional en su capitulación ante la patota de Pedraza, que es la que boicotea una salida al conflicto ferroviario y la que está conspirando, todo el tiempo, por la libertad de sus siete detenidos. El CELS debe repudiar los términos del ataque de Verbitsky al PO. De lo contrario, está inhabilitado para actuar como querellante en el crimen de Mariano Ferreyra.
6.- ¿Adónde apunta Verbitsky con este rejunte de falsificaciones? En primer lugar, estamos ante una convocatoria a la criminalización del PO y de la lucha de los tercerizados. La columna de Verbitsky ha oficiado como acta de detención de Hospital y Merino, militantes del PO y de Causa Ferroviaria, apresados en la tarde de ese mismo domingo 26. En segundo lugar, Verbitsky quiere encubrir la complicidad oficial con la patota -y la de él mismo- para con el pedido de excarcelación formulado por los Pedraza y sus defensores. Pero existe un motivo final y de fondo: Verbitsky necesita contener a los propios partidarios del kirchnerismo, que van descubriendo los compromisos de fondo que unen a su gobierno con la patota sindical. Mal que le pese al redactor oficial, la lucha contra la tercerización y contra la impunidad se abrirá camino.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
27 de diciembre de 2010
(el texto fue redacto ayer, día en que se publicó la nota)
1.- Verbitsky miente al afirmar que el conflicto se reduce a “los trabajadores de los baños”. El grupo de despedidos no reincorporados involucra a varias tercerizadas y a la propia UGOFE, donde revistan varios de los despedidos. Pero Verbitsky omite que, desde que se dictó la resolución ministerial, las tercerizadas concretaron decenas de nuevos despidos: entre ellos 15 en la empresa Herzo, 20 en Mazza Tec Tres; 5 socorristas (personal de enfermería); 5 de la empresa MAPRA. Finalmente, en lo que respecta al personal de los baños, Verbitsky se hace eco de la versión “empresarial” de que “pueden vivir de las propinas” (sic). Sugerimos que el diario Página 12 haga lo propio con la remuneración de su principal columnista.
2.- Verbitsky miente al afirmar que, según el compromiso oficial, “el lunes 20 el Ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero” se concretaría el pase a planta permanente del millar de trabajadores tercerizados. No: el acta estipulaba que el 20 todos estarían ya en planta permanente. Pero el primero de este mismo mes, todos deberían cobrar, según la resolución, la categoría más baja del convenio ferroviario. Ello no ocurrió: sólo dos tercerizadas (Aumont y Confer, que representan una parte ínfima del total de trabajadore) pagaron un vale en negro por esa diferencia. Respecto de los exámenes preocupacionales citados por Verbitsky, el acuerdo establecía que fueran posteriores al ingreso y no su condición. La razón es clara: si los compañeros son aptos trabajando precarizados, también lo son para el puesto de trabajo estable. El “preocupacional”, en cambio, fue colocado como un factor de filtro y, principalmente, de manipulación o discriminación por parte de los personeros de la burocracia sindical, quienes exigen a toda costa preservar su dictadura sobre los trabajadores del ferrocarril. En torno de este punto, al escriba oficial se le ha escapado lo más importante: a quien quiera escucharlos, los dirigentes de la UF y de la Fraternidad se han manifestado públicamente contra ese pase a planta. En el día de hoy, el dirigente Maturano, de la Fraternidad, volvió a insistir en que ese personal podría ser equiparado, pero nunca integrado a la planta ferroviaria. Este planteo ya ha ganado adeptos en el propio gabinete nacional: el ministro Alak acaba de decir que los reclamos que mot! orizaron el corte de vías del Roca son “imposibles de cumplir”. Verbitsky finge ignorar todo esto y da como un hecho la incorporación del millar de tercerizados. Por lo tanto, Verbitsky miente, también, al afirmar que el corte fue protagonizado por tercerizados de “otros ferrocarriles” y no del Roca. Sus falsificaciones apuntan a desautorizar la medida de fuerza de los tercerizados, y cuestionar su representatividad.
3.- Es completamente falso que Néstor Pitrola haya participado de negociación alguna en el Ministerio de Trabajo, como afirma el venal periodista del gobierno. Más falso aún es que Pitrola sea “empleado de la Legislatura”, como afirma Verbitsky. Pitrola fue asesor de Jorge Altamira cuando éste fue legislador, entre 2000 y 2003. A diferencia del mundo que frecuenta Verbitsky, donde los asesores y escribas se perpetúan en el estipendio oficial de todos los gobiernos de turno, Pitrola y todo el equipo del PO dejaron la Legislatura en 2003, junto a Altamira.
4.- Verbitsky no se priva de involucrar al PO en los incidentes en Constitución y hasta a Pitrola en persona, quien se habría “levantado de la negociación” en el Ministerio (de la que nunca participó) para que “minutos después” comenzaran los disturbios en la terminal del Roca. En la volteada, Verbitsky atribuye el final de la negociación a la “intransigencia” del PO o de los tercerizados -y en este punto vuelve a encubrir el papel del gobierno y de la patota. El periodista sabe muy bien que las negociaciones fueron interrumpidas por Tomada, incluso cuando él mismo ya se había comprometido a un acuerdo. El veto a ese acuerdo fue impuesto por Pedraza y Maturano.
En cambio, el mismo “periodista”, que presume de exhaustivo o riguroso, exime a la burocracia sindical y sus barrabravas a sueldo de toda sospecha en los hechos de Constitución, aun cuando ya han circulado fotografías que los identifican. El periodista sólo “relativiza” su acusación al PO para afirmar, a renglón siguiente, que “en general (sic) el Partido “obrero” reivindica sus acciones”. O sea que “duda” con el único propósito de equiparar al PO con un comando foquista. Pero el PO no se adjudica ni deja de adjudicarse nada. Nuestra actuación es pública, de cara a los trabajadores y a toda la opinión popular. Nuestro apoyo a las decisiones soberanas de las asambleas de ferroviarios tercerizados no constituye secreto alguno. Verbitsky mide a todos con su propia vara y trayectoria, que pasó de la conspiración foquista en los 70, a la que practica hoy junto a los servicios de inteligencia del Estado.
5.- Las acusaciones al PO por parte de Verbitsky, a su vez presidente del CELS, remiten a una cuestión de enorme gravedad: la actuación de ese organismo como querellante en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra. Al equiparar al PO con una banda, Verbitsky hace propio el principal argumento de los defensores de los patoteros detenidos, a saber: que Mariano fue asesinado en un “enfrentamiento”. Es llamativo que en la misma columna semanal donde menciona –sólo al pasar- que hay “siete dirigentes y activistas de la UF detenidos” (por el crimen de Mariano), no diga una palabra de la cuestión crucial de la semana: el pedido de excarcelación que los abogados de esa patota acaban de formular. En la audiencia donde se consideró ese pedido, los abogados del CELS no se pronunciaron sobre la excarcelación. En nombre del garantismo, el CELS acompaña al gobierno nacional en su capitulación ante la patota de Pedraza, que es la que boicotea una salida al conflicto ferroviario y la que está conspirando, todo el tiempo, por la libertad de sus siete detenidos. El CELS debe repudiar los términos del ataque de Verbitsky al PO. De lo contrario, está inhabilitado para actuar como querellante en el crimen de Mariano Ferreyra.
6.- ¿Adónde apunta Verbitsky con este rejunte de falsificaciones? En primer lugar, estamos ante una convocatoria a la criminalización del PO y de la lucha de los tercerizados. La columna de Verbitsky ha oficiado como acta de detención de Hospital y Merino, militantes del PO y de Causa Ferroviaria, apresados en la tarde de ese mismo domingo 26. En segundo lugar, Verbitsky quiere encubrir la complicidad oficial con la patota -y la de él mismo- para con el pedido de excarcelación formulado por los Pedraza y sus defensores. Pero existe un motivo final y de fondo: Verbitsky necesita contener a los propios partidarios del kirchnerismo, que van descubriendo los compromisos de fondo que unen a su gobierno con la patota sindical. Mal que le pese al redactor oficial, la lucha contra la tercerización y contra la impunidad se abrirá camino.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
27 de diciembre de 2010
(el texto fue redacto ayer, día en que se publicó la nota)
LIBERTAD A OMAR MERINO Y JORGE HOSPITAL
Jornada nacional de lucha por el juicio y castigo y contra las tercerizaciones
Martes 28 de diciembre - 18:30 horas - Concentracion y marcha desde Colón y General Paz
En la tarde de ayer, la Policía Federal detuvo a Omar Merino y Jorge Hospital, trabajadores ferroviarios, militantes del Partido Obrero (PO) y de la agrupación “Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra”. Los operativos fueron consumados por el sector “Roca” de la Policía Federal, la misma división policial que está señalada por haber “liberado” la zona de Barracas en ocasión del crimen del Mariano. Los detenidos participaron con Mariano de toda la lucha de los trabajadores tercerizados.
A sesenta días del crimen de Barracas, el gobierno logró el propósito que denunciamos de entrada: transformar a las víctimas en culpables, y convertir a las patotas en “sujetos de derecho”. Hoy, la patota que asesinó a Mariano está tramitando su excarcelación. En cambio, sus compañeros van presos, luchando por las mismas reivindicaciones que estuvieron presentes en Barracas, y que se encuentran incumplidas. Estamos ante la expresión más completa de encubrimiento del crimen de Ferreyra.
Las detenciones han mostrado hasta qué punto la patota ferroviaria tiene de rehén al gobierno nacional. Durante todo este tiempo, la burocracia sindical ferroviaria ha ejercido su extorsión. En las últimas semanas, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad pararon tres veces el ferrocarril por la libertad de los patoteros detenidos y contra la incorporación de los tercerizados. Nadie, y mucho menos el gobierno, levantó el menor reclamo por la interrupción del servicio. Ahora, los tercerizados ferroviarios, que pararon por profundas reivindicaciones obreras, son criminalizados. La prolongación del corte del pasado jueves, durante más de siete horas, obedeció a las permanentes contramarchas del gobierno respecto de cualquier propuesta de acuerdo, ello como resultado de la presión de los Pedraza y Maturano.
El gobierno ha descubierto las cartas que siempre tuvo desde el crimen de Mariano: la voluntad de encubrir a sus asesinos. De este modo, han preservado una alianza política que, si se viene abajo, compromete el resultado electoral del 2011.
Mientras ordena estas detenciones, el gobierno no tomó la menor disposición para investigar a los responsables de los desmanes de Constitución, donde se advierte la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo, existiendo incluso evidencias fotográficas de ello. Después de los hechos, el gobierno intentó meter en una misma bolsa a Duhalde, a Macri y al PO. Pero si de “pactos” se trata, el único que conocemos es el del gobierno nacional con Macri en oportunidad de los hechos de Soldati, y en contra de los vecinos sin techo.
Con la detención de los compañeros de Mariano Ferreyra, el gobierno reconoce que los Pedraza lo tienen de rehén: los jefes de la patota libres, los compañeros de Mariano presos. El gobierno adopta la tesis de los asesinos.
Llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones obreras, de lucha y democráticas, a emprender una inmediata movilización por la libertad de los compañeros de Mariano; por la satisfacción inmediata de las reivindicaciones de los tercerizados ferroviarios; para impedir la excarcelación de la patota que consumó el crimen de Barracas y avanzar por la cárcel a Pedraza y todos los responsables políticos.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
Martes 28 de diciembre - 18:30 horas - Concentracion y marcha desde Colón y General Paz
En la tarde de ayer, la Policía Federal detuvo a Omar Merino y Jorge Hospital, trabajadores ferroviarios, militantes del Partido Obrero (PO) y de la agrupación “Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra”. Los operativos fueron consumados por el sector “Roca” de la Policía Federal, la misma división policial que está señalada por haber “liberado” la zona de Barracas en ocasión del crimen del Mariano. Los detenidos participaron con Mariano de toda la lucha de los trabajadores tercerizados.A sesenta días del crimen de Barracas, el gobierno logró el propósito que denunciamos de entrada: transformar a las víctimas en culpables, y convertir a las patotas en “sujetos de derecho”. Hoy, la patota que asesinó a Mariano está tramitando su excarcelación. En cambio, sus compañeros van presos, luchando por las mismas reivindicaciones que estuvieron presentes en Barracas, y que se encuentran incumplidas. Estamos ante la expresión más completa de encubrimiento del crimen de Ferreyra.
Las detenciones han mostrado hasta qué punto la patota ferroviaria tiene de rehén al gobierno nacional. Durante todo este tiempo, la burocracia sindical ferroviaria ha ejercido su extorsión. En las últimas semanas, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad pararon tres veces el ferrocarril por la libertad de los patoteros detenidos y contra la incorporación de los tercerizados. Nadie, y mucho menos el gobierno, levantó el menor reclamo por la interrupción del servicio. Ahora, los tercerizados ferroviarios, que pararon por profundas reivindicaciones obreras, son criminalizados. La prolongación del corte del pasado jueves, durante más de siete horas, obedeció a las permanentes contramarchas del gobierno respecto de cualquier propuesta de acuerdo, ello como resultado de la presión de los Pedraza y Maturano.
El gobierno ha descubierto las cartas que siempre tuvo desde el crimen de Mariano: la voluntad de encubrir a sus asesinos. De este modo, han preservado una alianza política que, si se viene abajo, compromete el resultado electoral del 2011.
Mientras ordena estas detenciones, el gobierno no tomó la menor disposición para investigar a los responsables de los desmanes de Constitución, donde se advierte la mano inconfundible de la patota sindical y de sus barrabravas a sueldo, existiendo incluso evidencias fotográficas de ello. Después de los hechos, el gobierno intentó meter en una misma bolsa a Duhalde, a Macri y al PO. Pero si de “pactos” se trata, el único que conocemos es el del gobierno nacional con Macri en oportunidad de los hechos de Soldati, y en contra de los vecinos sin techo.
Con la detención de los compañeros de Mariano Ferreyra, el gobierno reconoce que los Pedraza lo tienen de rehén: los jefes de la patota libres, los compañeros de Mariano presos. El gobierno adopta la tesis de los asesinos.
Llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones obreras, de lucha y democráticas, a emprender una inmediata movilización por la libertad de los compañeros de Mariano; por la satisfacción inmediata de las reivindicaciones de los tercerizados ferroviarios; para impedir la excarcelación de la patota que consumó el crimen de Barracas y avanzar por la cárcel a Pedraza y todos los responsables políticos.
Comisión Ejecutiva del Partido Obrero
25 de diciembre de 2010
Schiaretti azuza la crisis habitacional
El gobierno de Schiaretti no demoró un instante en sumarse a las amenazas de los K hacia las familias que ocupan tierras. Lo hizo por boca de su ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei.
Schiaretti no quiere invertir un solo centavo en viviendas; por el contrario, ha anunciado el armado de un nuevo negociado a partir del fracaso del Plan Federal II.
La cosa es así: de las 16 mil viviendas inicialmente comprometidas para este plan, ocho mil han quedado cautivas del establecimiento de un fondo fiduciario, que se financiará de otro fondo, el Fonavi, también dedicado a vivienda, con una tasa de interés superior al 13%, es decir usuraria.
Como parece que el nuevo maridaje entre los K y Schiaretti no incluye la vivienda, el gobernador ha anunciado que los lotes -adquiridos inicialmente por la Provincia para el Plan Federal II- serán vendidos a quienes resultaron adjudicatarios de este plan de viviendas "sociales". Como el "ingenioso" plan de Schiaretti contempla un previo paso por el Consejo General de Tasaciones, es de suponer que los valores de esos lotes serán los que indique "el mercado" -o sea un verdadero negociado.
La ola de tomas que recorrió a la ciudad de Córdoba en las últimas semanas pone de manifiesto los límites con los que ha de chocar esta nueva movida del gobierno provincial.
• Por un plan integral de viviendas populares para todas las familias sin viviendas, con cuotas que no superen el 10% de ingreso familiar. Financiamiento del plan con un impuesto extraordinario a al valor de mercado de la tierra y a la especulación inmobiliaria.
• Titularización inmediata de todas las tierras ocupadas. Programa de entrega de materiales para la construcción de viviendas.
• Declarar toda superficie disponible, superior a una hectárea, de utilidad pública y cuyo único destino sea la ejecución de planes de vivienda.
• Suspensión de los desalojos.
• Trabajo genuino. Incorporación bajo convenio de todos los desocupados a la obra pública y a la construcción de viviendas. Basta de trabajo precario, en negro o tercerizado.
Manuel D'Alessandro
Schiaretti no quiere invertir un solo centavo en viviendas; por el contrario, ha anunciado el armado de un nuevo negociado a partir del fracaso del Plan Federal II.
La cosa es así: de las 16 mil viviendas inicialmente comprometidas para este plan, ocho mil han quedado cautivas del establecimiento de un fondo fiduciario, que se financiará de otro fondo, el Fonavi, también dedicado a vivienda, con una tasa de interés superior al 13%, es decir usuraria.
Como parece que el nuevo maridaje entre los K y Schiaretti no incluye la vivienda, el gobernador ha anunciado que los lotes -adquiridos inicialmente por la Provincia para el Plan Federal II- serán vendidos a quienes resultaron adjudicatarios de este plan de viviendas "sociales". Como el "ingenioso" plan de Schiaretti contempla un previo paso por el Consejo General de Tasaciones, es de suponer que los valores de esos lotes serán los que indique "el mercado" -o sea un verdadero negociado.
La ola de tomas que recorrió a la ciudad de Córdoba en las últimas semanas pone de manifiesto los límites con los que ha de chocar esta nueva movida del gobierno provincial.
• Por un plan integral de viviendas populares para todas las familias sin viviendas, con cuotas que no superen el 10% de ingreso familiar. Financiamiento del plan con un impuesto extraordinario a al valor de mercado de la tierra y a la especulación inmobiliaria.
• Titularización inmediata de todas las tierras ocupadas. Programa de entrega de materiales para la construcción de viviendas.
• Declarar toda superficie disponible, superior a una hectárea, de utilidad pública y cuyo único destino sea la ejecución de planes de vivienda.
• Suspensión de los desalojos.
• Trabajo genuino. Incorporación bajo convenio de todos los desocupados a la obra pública y a la construcción de viviendas. Basta de trabajo precario, en negro o tercerizado.
Manuel D'Alessandro
24 de diciembre de 2010
EL PARTIDO OBRERO DENUNCIA A JOSE PEDRAZA
“Una extorsión para mantener las tercerizaciones y conseguir la impunidad”
1. La escalada del gobierno contra los tercerizados, y su ataque al Partido Obrero, apuntan a encubrir a los verdaderos responsables de este conflicto: nos referimos a Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, José Pedraza, y Omar Maturana, de las cúpulas de la UF y la Fraternidad. Hace cuarenta días, una RESOLUCION del ministerio de trabajo disponía la reincorporación de 217 trabajadores, tercerizados y de la concesionaria UGOFE; en segundo lugar, establecía el pase a la planta permanente del ferrocarril de los 1500 tercerizados del Roca; y, finalmente, y hasta que se produjera ese pase a planta, la equiparación salarial de los tercerizados según el escalafón más bajo del convenio ferroviario. El Ministerio difundió a la prensa esta resolución, con el nombre y apellido de todos los trabajadores involucrados. Esa resolución no fue cumplida: un centenar de despedidos aún no han sido reincorporados, con el agravante de que cesantearon en el interín a tantos tercerizados como los que fueron reintegrados a sus tareas. La promesa del pase a planta, que debía sustanciarse al 20 de diciembre no ha ocurrido, y el cobro de convenio a partir del 1º de diciembre tampoco.
2. Durante todo este tiempo, la secretaría de transporte no puso un peso para que pudiera sustanciarse ese acuerdo. Las razones las dio, en la tarde de ayer, Omar Maturana, de La Fraternidad, cuando aseguró ante el periodista Zlotowajda que “ningún tercerizado pasará jamás a planta permanente”, ya que “los puestos de trabajo los deciden los sindicatos, 80% la Unión Ferroviaria y 20% la Fraternidad”. De ese modo, la burocracia sindical se asegura el ingreso de elementos afines, que permitan seguir ejerciendo su dictadura contra los trabajadores del ferrocarril. ¡Christian Favale, detenido por el crimen de Mariano Ferreyra, es uno de sus “postulantes”! Mientras tanto, los propios dirigentes de la UF son empresarios de las tercerizadas, lucrando con la miseria salarial y la precarización laboral de quienes reclaman su pase a planta. Por estos dos motivos, pero no sólo por ellos, Pedraza y Maturana han colocado un veto al ingreso de los tercerizados.
3. En la tarde de ayer, los representantes de los despedidos y el ministro Tomada habían llegado a un compromiso, que permitía el levantamiento de la medida (se trataba de un pago de dos mil pesos a los despedidos, a modo de paliativo hasta que se resolvieran las cuestiones de fondo). Pero sorpresivamente, el ministro se desdijo. Las razones son claras: Pedraza y Maturana le habían bajado el pulgar a ese compromiso. Sugestivamente, comenzaban los desmanes en Constitución. La matriz de esos desmanes excede, por mucho, a los “pasajeros indignados”: está la mano inconfundible de José Pedraza y la patota sindical.
4. Con sus constantes provocaciones y extorsiones, Pedraza y los suyos apuntan más lejos: están exigiendo la libertad de los siete dirigentes y patoteros detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Ocurre que el hilo conductor de la causa y de sus cargos apunta, inexorablemente, a José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Pedraza necesita liberar a la patota para poder bajarse, él mismo, del banquillo de los acusados. Al pudrir el acuerdo con los tercerizados y montar el escenario provocador de Constitución, la burocracia sindical ha enviado su mensaje extorsivo al gobierno y a la Justicia. Detrás de su objetivo de impunidad, Pedraza tiene virtualmente secuestrado al gabinete nacional.
5. El Partido Obrero convoca a todo el pueblo argentino a defender la lucha de los tercerizados: su victoria es crucial para terminar con la lacra de la precarización laboral. Reclamamos que NO se excarcele a la patota sindical que mató a Mariano, para que se pueda avanzar en el juicio castigo y cárcel a José Pedraza y todos los responsables políticos e intelectuales del crimen de Barracas.
1. La escalada del gobierno contra los tercerizados, y su ataque al Partido Obrero, apuntan a encubrir a los verdaderos responsables de este conflicto: nos referimos a Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, José Pedraza, y Omar Maturana, de las cúpulas de la UF y la Fraternidad. Hace cuarenta días, una RESOLUCION del ministerio de trabajo disponía la reincorporación de 217 trabajadores, tercerizados y de la concesionaria UGOFE; en segundo lugar, establecía el pase a la planta permanente del ferrocarril de los 1500 tercerizados del Roca; y, finalmente, y hasta que se produjera ese pase a planta, la equiparación salarial de los tercerizados según el escalafón más bajo del convenio ferroviario. El Ministerio difundió a la prensa esta resolución, con el nombre y apellido de todos los trabajadores involucrados. Esa resolución no fue cumplida: un centenar de despedidos aún no han sido reincorporados, con el agravante de que cesantearon en el interín a tantos tercerizados como los que fueron reintegrados a sus tareas. La promesa del pase a planta, que debía sustanciarse al 20 de diciembre no ha ocurrido, y el cobro de convenio a partir del 1º de diciembre tampoco.
2. Durante todo este tiempo, la secretaría de transporte no puso un peso para que pudiera sustanciarse ese acuerdo. Las razones las dio, en la tarde de ayer, Omar Maturana, de La Fraternidad, cuando aseguró ante el periodista Zlotowajda que “ningún tercerizado pasará jamás a planta permanente”, ya que “los puestos de trabajo los deciden los sindicatos, 80% la Unión Ferroviaria y 20% la Fraternidad”. De ese modo, la burocracia sindical se asegura el ingreso de elementos afines, que permitan seguir ejerciendo su dictadura contra los trabajadores del ferrocarril. ¡Christian Favale, detenido por el crimen de Mariano Ferreyra, es uno de sus “postulantes”! Mientras tanto, los propios dirigentes de la UF son empresarios de las tercerizadas, lucrando con la miseria salarial y la precarización laboral de quienes reclaman su pase a planta. Por estos dos motivos, pero no sólo por ellos, Pedraza y Maturana han colocado un veto al ingreso de los tercerizados.
3. En la tarde de ayer, los representantes de los despedidos y el ministro Tomada habían llegado a un compromiso, que permitía el levantamiento de la medida (se trataba de un pago de dos mil pesos a los despedidos, a modo de paliativo hasta que se resolvieran las cuestiones de fondo). Pero sorpresivamente, el ministro se desdijo. Las razones son claras: Pedraza y Maturana le habían bajado el pulgar a ese compromiso. Sugestivamente, comenzaban los desmanes en Constitución. La matriz de esos desmanes excede, por mucho, a los “pasajeros indignados”: está la mano inconfundible de José Pedraza y la patota sindical.
4. Con sus constantes provocaciones y extorsiones, Pedraza y los suyos apuntan más lejos: están exigiendo la libertad de los siete dirigentes y patoteros detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra. Ocurre que el hilo conductor de la causa y de sus cargos apunta, inexorablemente, a José Pedraza y Juan Carlos Fernández. Pedraza necesita liberar a la patota para poder bajarse, él mismo, del banquillo de los acusados. Al pudrir el acuerdo con los tercerizados y montar el escenario provocador de Constitución, la burocracia sindical ha enviado su mensaje extorsivo al gobierno y a la Justicia. Detrás de su objetivo de impunidad, Pedraza tiene virtualmente secuestrado al gabinete nacional.
5. El Partido Obrero convoca a todo el pueblo argentino a defender la lucha de los tercerizados: su victoria es crucial para terminar con la lacra de la precarización laboral. Reclamamos que NO se excarcele a la patota sindical que mató a Mariano, para que se pueda avanzar en el juicio castigo y cárcel a José Pedraza y todos los responsables políticos e intelectuales del crimen de Barracas.
"El Gabinete Nacional está virtualmente secuestrado por Pedraza"
Marcelo Ramal denuncia la marcha atrás del gobierno en cumplir el compromiso con los tercerizados
Reforma Educativa: Una represión violenta para imponer una ley oscurantista
Kirchnerismo, ‘militantes' y ‘comunistas' votaron a cuatro manos
Rodeada de vallas y con un ejército de policías reprimiendo a cientos de estudiantes y docentes que se manifestaban en las cercanías, la Legislatura cordobesa aprobó una nueva ley de educación provincial.
La ley restringe la función de la educación a la ‘empleabilidad', lo cual implica una descalificación de los planes de estudio y habilita la segmentación de carreras y el establecimiento de posgrados tarifados. Un lugar de privilegio lo ocupan las pasantías, una forma de precariedad laboral por la cual la Universidad cobra una comisión.
El otro aspecto reaccionario de la ley es la intromisión de la Iglesia en la educación estatal. Siguiendo la reforma constitucional del gobierno radical en el ‘86, la ley establece la educación religiosa como una opción y hasta como un ‘derecho': el "derecho a la religión", que habilita a que la Iglesia reciba jugosos subsidios para sus escuelas; además, podrá mandar a sus ministros a dictar religión a las escuelas estatales por el simple pedido de los padres. El ateísmo no recibe la misma calidad de derecho que la religión, lo cual demuestra que no estamos ante un problema de derechos sino ante el afán de embrutecer a la juventud. El clero ha logrado que se bloquee la educación sexual en las escuelas de Córdoba.
Con el voto kirchnerista
Aníbal Fernández salió a criticar al gobierno cordobés por la represión en las cercanías de la Legislatura. Con menos énfasis hizo lo mismo el ministro nacional de educación, Sileoni. Aníbal "Puente Pueyrredón" Fernández critica la represión que ejercen los otros, pero la ley aprobada fue votada por el kirchnerismo en bloque.
Además, es la versión provincial de la ley kirchnerista de educación aprobada por el Congreso nacional (el argumento que dieron los tres bloques K en la Legislatura cordobesa para votarla).
Las palmas se las llevó la representante del bloque del Partido Comunista y el Peronismo Militante, kirchneristas, mientras, en la calle, un joven militante del MUI (PC en la universidad) era brutalmente apaleado por la cana.
La conducción celeste de la UEPC, el sindicato docente -kirchnerista hasta los tuétanos- sumó de entrada su apoyo a la ley.
La oposición en el recinto de parte de radicales y juecistas fue para la versión taquigráfica. Sus legisladores integraron el consejo de políticas educativas que armó el anteproyecto, y nunca alertaron sobre lo que ahí se trataba. Sus organizaciones estudiantiles fueron las grandes ausentes de la lucha estudiantil.
Secundarios y universitarios
La movilización del 15 es la continuidad de una lucha que lleva tres meses. Fueron los estudiantes secundarios con la toma de las escuelas, por el estado catastrófico de los edificios, los que impusieron el debate de la ley y los que rápidamente señalaron sus aspectos más reaccionarios. Tras ellos se organizaron los padres, los universitarios y un sector de la docencia. La acción de los estudiantes puso contra la espada y la pared a un gobierno que pensaba presentar esta reforma como un gran avance para la comunidad educativa.
En el movimiento estudiantil se impuso el método de la asamblea y la acción directa, sorteando una tras otras las maniobras del gobierno. Se pusieron en pie centros de estudiantes, cuerpos de delegados, la recientemente conformada CES (Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y una asamblea interestudiantil.
La movilización desarrollada minutos después de la represión fue aún más grande y se impuso al gobierno la liberación de los doce detenidos en apenas horas y desde el propio centro de detención.
La interestudiantil resolvió, en una asamblea masiva el viernes 17, movilizar fuertemente el 20 de diciembre, levantando junto a los trabajadores las banderas de la lucha por la educación, y preparar mediante intervenciones, asambleas y un encuentro educativo a fines de febrero el plan de lucha con el que comenzaremos el año 2011. Los objetivos de este plan de lucha son:
• Anulación de la nueva ley de educación.
• Defensa de una educación pública, laica y gratuita.
• Cumplimiento de todas los compromisos de reparación de escuelas.
Cintia Frencia
Rodeada de vallas y con un ejército de policías reprimiendo a cientos de estudiantes y docentes que se manifestaban en las cercanías, la Legislatura cordobesa aprobó una nueva ley de educación provincial.
La ley restringe la función de la educación a la ‘empleabilidad', lo cual implica una descalificación de los planes de estudio y habilita la segmentación de carreras y el establecimiento de posgrados tarifados. Un lugar de privilegio lo ocupan las pasantías, una forma de precariedad laboral por la cual la Universidad cobra una comisión.
El otro aspecto reaccionario de la ley es la intromisión de la Iglesia en la educación estatal. Siguiendo la reforma constitucional del gobierno radical en el ‘86, la ley establece la educación religiosa como una opción y hasta como un ‘derecho': el "derecho a la religión", que habilita a que la Iglesia reciba jugosos subsidios para sus escuelas; además, podrá mandar a sus ministros a dictar religión a las escuelas estatales por el simple pedido de los padres. El ateísmo no recibe la misma calidad de derecho que la religión, lo cual demuestra que no estamos ante un problema de derechos sino ante el afán de embrutecer a la juventud. El clero ha logrado que se bloquee la educación sexual en las escuelas de Córdoba.
Con el voto kirchnerista
Aníbal Fernández salió a criticar al gobierno cordobés por la represión en las cercanías de la Legislatura. Con menos énfasis hizo lo mismo el ministro nacional de educación, Sileoni. Aníbal "Puente Pueyrredón" Fernández critica la represión que ejercen los otros, pero la ley aprobada fue votada por el kirchnerismo en bloque.
Además, es la versión provincial de la ley kirchnerista de educación aprobada por el Congreso nacional (el argumento que dieron los tres bloques K en la Legislatura cordobesa para votarla).
Las palmas se las llevó la representante del bloque del Partido Comunista y el Peronismo Militante, kirchneristas, mientras, en la calle, un joven militante del MUI (PC en la universidad) era brutalmente apaleado por la cana.
La conducción celeste de la UEPC, el sindicato docente -kirchnerista hasta los tuétanos- sumó de entrada su apoyo a la ley.
La oposición en el recinto de parte de radicales y juecistas fue para la versión taquigráfica. Sus legisladores integraron el consejo de políticas educativas que armó el anteproyecto, y nunca alertaron sobre lo que ahí se trataba. Sus organizaciones estudiantiles fueron las grandes ausentes de la lucha estudiantil.
Secundarios y universitarios
La movilización del 15 es la continuidad de una lucha que lleva tres meses. Fueron los estudiantes secundarios con la toma de las escuelas, por el estado catastrófico de los edificios, los que impusieron el debate de la ley y los que rápidamente señalaron sus aspectos más reaccionarios. Tras ellos se organizaron los padres, los universitarios y un sector de la docencia. La acción de los estudiantes puso contra la espada y la pared a un gobierno que pensaba presentar esta reforma como un gran avance para la comunidad educativa.
En el movimiento estudiantil se impuso el método de la asamblea y la acción directa, sorteando una tras otras las maniobras del gobierno. Se pusieron en pie centros de estudiantes, cuerpos de delegados, la recientemente conformada CES (Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y una asamblea interestudiantil.
La movilización desarrollada minutos después de la represión fue aún más grande y se impuso al gobierno la liberación de los doce detenidos en apenas horas y desde el propio centro de detención.
La interestudiantil resolvió, en una asamblea masiva el viernes 17, movilizar fuertemente el 20 de diciembre, levantando junto a los trabajadores las banderas de la lucha por la educación, y preparar mediante intervenciones, asambleas y un encuentro educativo a fines de febrero el plan de lucha con el que comenzaremos el año 2011. Los objetivos de este plan de lucha son:
• Anulación de la nueva ley de educación.
• Defensa de una educación pública, laica y gratuita.
• Cumplimiento de todas los compromisos de reparación de escuelas.
Cintia Frencia
23 de diciembre de 2010
FELICES FIESTAS: "LA CASA ESTA EN ORDEN"
Primero fue el pacto de tramposos con Macri, el cual castigaba a quienes lucharan por viviendas que nadie pensaba dar -incluso con el retiro de la famosa asignación por hijo, equivalente a treinta yogures.
Ahora es la ‘seguridad democrática', que promete reemplazar las balas por gases vomitivos y lesivos -solamente, claro, en primera instancia.
Felices fiestas. ¿"La casa está en orden"?
En este largo mes de luchas por la vivienda, ningún gobierno -sea el federal o los provinciales- tomó la medida más elemental: confiscar los terrenos baldíos y asignar aquellos fiscales para la construcción de viviendas.
Una medida de este tipo indicaría la decisión irrevocable de resolver la crisis, acompañada con la formación de comités de sin techo, electos, para planificar la urbanización de las zonas y la distribución de los lotes.
Es que la crisis de la vivienda ya no podría ser peor: ya ni las villas consiguen albergar a los sin techo, quienes deben pagar allí, verdaderos tugurios, alquileres insoportables.
Lo advertimos hace dos años, cuando comenzó una ola de ocupaciones en Córdoba, en Salta (en especial en Orán) y en Rosario.
Frente a la crisis desatada, intendentes y punteros apenas atinan a prometer la financiación de una cooperativa de autoconstrucción, entendida en el sentido más limitado: baño, cocina, pieza, construcción a medio hacer, 15/20 metros cuadrados.
No resuelve nada, pero ofrece a sindicatos y pseudo-organizaciones sociales la plata para emprendimientos, la que se irá por los caminos de la corruptela.
La burocracia sindical, en especial la de Pedraza y Maturano, ha reaccionado contra los ocupantes de terrenos tal como lo hizo contra los tercerizados.
Los ocupantes ni reclaman viviendas: sólo exigen que se les permita poner en pie su casilla de lata -tal es su urgencia y su desesperación.
Hace más de una década, en circunstancias similares, se desarrollaron los movimientos piqueteros contra la desocupación.
En junio de 2001, se unificaron en una gran Asamblea Nacional.
Los pobladores y villeros, así como sus organizaciones, deberíamos hacer lo mismo: una gran asamblea nacional a cortísimo plazo, para lanzar un plan de lucha de conjunto -no episódico- cuyo primer punto plantee la confiscación INMEDIATA de todo terreno baldío, desocupado o malversado y la ocupación de todos los terrenos fiscales.
Por el juicio y castigo a TODOS los culpables de los asesinatos de Mariano Ferreyra, los compañeros qom y los pobladores de Soldati.
Ahora es la ‘seguridad democrática', que promete reemplazar las balas por gases vomitivos y lesivos -solamente, claro, en primera instancia.
Felices fiestas. ¿"La casa está en orden"?
En este largo mes de luchas por la vivienda, ningún gobierno -sea el federal o los provinciales- tomó la medida más elemental: confiscar los terrenos baldíos y asignar aquellos fiscales para la construcción de viviendas.
Una medida de este tipo indicaría la decisión irrevocable de resolver la crisis, acompañada con la formación de comités de sin techo, electos, para planificar la urbanización de las zonas y la distribución de los lotes.
Es que la crisis de la vivienda ya no podría ser peor: ya ni las villas consiguen albergar a los sin techo, quienes deben pagar allí, verdaderos tugurios, alquileres insoportables.
Lo advertimos hace dos años, cuando comenzó una ola de ocupaciones en Córdoba, en Salta (en especial en Orán) y en Rosario.
Frente a la crisis desatada, intendentes y punteros apenas atinan a prometer la financiación de una cooperativa de autoconstrucción, entendida en el sentido más limitado: baño, cocina, pieza, construcción a medio hacer, 15/20 metros cuadrados.
No resuelve nada, pero ofrece a sindicatos y pseudo-organizaciones sociales la plata para emprendimientos, la que se irá por los caminos de la corruptela.
La burocracia sindical, en especial la de Pedraza y Maturano, ha reaccionado contra los ocupantes de terrenos tal como lo hizo contra los tercerizados.
Los ocupantes ni reclaman viviendas: sólo exigen que se les permita poner en pie su casilla de lata -tal es su urgencia y su desesperación.
Hace más de una década, en circunstancias similares, se desarrollaron los movimientos piqueteros contra la desocupación.
En junio de 2001, se unificaron en una gran Asamblea Nacional.
Los pobladores y villeros, así como sus organizaciones, deberíamos hacer lo mismo: una gran asamblea nacional a cortísimo plazo, para lanzar un plan de lucha de conjunto -no episódico- cuyo primer punto plantee la confiscación INMEDIATA de todo terreno baldío, desocupado o malversado y la ocupación de todos los terrenos fiscales.
Por el juicio y castigo a TODOS los culpables de los asesinatos de Mariano Ferreyra, los compañeros qom y los pobladores de Soldati.
DENUNCIA PENAL DEL PARTIDO OBRERO CONTRA LA IMPUNIDAD Y EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN POR LOS HECHOS REPRESIVOS DEL DIA 15/12
Hoy jueves 23 de diciembre, a las 9 horas, en Tribunales II, participantes de la movilización del pasado 15 de diciembre que rechazó en las calles cordobesas la aprobación de la nueva Ley de Educación Provincial, entre ellos Eduardo Salas, realizarán una denuncia penal ante el Tribunal de Justicia de la Provincia por los hechos de represión, de público conocimiento, que sufrieron los manifestantes durante la movilización y posteriormente en la concentración en las puertas de la UCA, cuando exigían la libertad de los jóvenes detenidos.
Esta presentación legal no sólo apunta a los responsables materiales directos de la feroz represión, que terminó con un saldo de 13 detenidos (entre ellos un menor de edad) y una decena de manifestantes hospitalizados; también apunta a los responsables e instigadores políticos de los hechos, entre los cuales podemos señalar a varios funcionarios del gobierno provincial, como Héctor Campana, presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y Carlos Caserio, ministro de gobierno de la Provincia de Córdoba, que no solamente propiciaron las condiciones para el desenlace represivo de la movilización, sino que cubrieron con un manto de impunidad el accionar represivo y abusivo de las fuerza pública.
La represión descargada sobre los estudiantes que se movilizaban contra una ley ampliamente cuestionada por el conjunto de la comunidad educativa, que durante meses levantaron las banderas en defensa de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, reclamando la elaboración de una nueva ley sobre la base del debate en las escuelas, terciarios y universidades, que responda a estos intereses, muestra a las claras el carácter del gobierno provincial y su decisión de hacer aprobar a cualquier costo una ley que subordine la educación a los intereses del clero y las empresas.
Contra la impunidad y en defensa de la educación, desarrollaremos todas las instancias legales necesarias para que paguen todos los responsables de la represión del 15 de diciembre.
Conferencia de prensa: Jueves 23 de diciembre, 9 hs., en Tribunales II.
Comuníquese con:
* Eduardo Salas - (0351) 155-477025
* Jorge Navarro - (0351) 155-469014
Esta presentación legal no sólo apunta a los responsables materiales directos de la feroz represión, que terminó con un saldo de 13 detenidos (entre ellos un menor de edad) y una decena de manifestantes hospitalizados; también apunta a los responsables e instigadores políticos de los hechos, entre los cuales podemos señalar a varios funcionarios del gobierno provincial, como Héctor Campana, presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y Carlos Caserio, ministro de gobierno de la Provincia de Córdoba, que no solamente propiciaron las condiciones para el desenlace represivo de la movilización, sino que cubrieron con un manto de impunidad el accionar represivo y abusivo de las fuerza pública.
La represión descargada sobre los estudiantes que se movilizaban contra una ley ampliamente cuestionada por el conjunto de la comunidad educativa, que durante meses levantaron las banderas en defensa de una educación pública, gratuita, laica y de calidad, reclamando la elaboración de una nueva ley sobre la base del debate en las escuelas, terciarios y universidades, que responda a estos intereses, muestra a las claras el carácter del gobierno provincial y su decisión de hacer aprobar a cualquier costo una ley que subordine la educación a los intereses del clero y las empresas.
Contra la impunidad y en defensa de la educación, desarrollaremos todas las instancias legales necesarias para que paguen todos los responsables de la represión del 15 de diciembre.
Conferencia de prensa: Jueves 23 de diciembre, 9 hs., en Tribunales II.
Comuníquese con:
* Eduardo Salas - (0351) 155-477025
* Jorge Navarro - (0351) 155-469014
22 de diciembre de 2010
ALERTA DE FIN DE AÑO
León Trotsky denunciaba a los que “abren el paraguas en días de sol”, aunque para entonces el revolucionario ya vivía en México –donde se protegía con un sombrero panamá. Nosotros no vamos a seguir ese consejo –y no solamente porque estamos en un verano de plomo. Ocurre que toda la dinámica de la situación política señala la alta probabilidad de que los asesinos de Mariano Ferreyra sean excarcelados. En ese caso, la perspectiva del juicio y castigo de los criminales sufriría un serio retroceso -aún más la indagatoria de Pedraza y cía., de los empresarios de Ugofe y de la policía de la ‘zona liberada’. La defensa jurídica de los criminales ha apelado la calificación del delito y la prisión preventiva. Si los jueces del crimen mantienen la carátula, ¿harán lo mismo con la excarcelación? En la etapa previa, la abogada de la familia de Elsa Rodríguez había recusado al juez Bruzzone por sus reconocidos lazos con la familia de Pedraza, pero no hicieron lo mismo los abogados del Cels, el organismo que ‘apadrinó’ la creación de la secretaría de Seguridad y el nombramiento de Nilda Garré. Ocurre que Bruzzone, un garantista, es permisivo con las excarcelaciones –nadie debe estar preso sin condena ,sostiene, aunque eso sea lo que ocurre con la mayoría de la población carcelaria. Mantener la calificación de homicidio calificado y dictar al mismo tiempo la excarcelación, haría las delicias de cualquier garantista. La ‘seguridad’ (o sea la calificación del delito) sería salvada, junto con la ‘democracia’ (la libertad indefinida del criminal). En la audiencia de apelación, la abogada Verdú advirtió del peligro de otorgar la excarcelación a gente que procuró esconder las pruebas del crimen, luego de haber perpetrado el asesinato –un alegato fundamental, pero que no es permitido por el código de procedimientos. El abogado de la familia de Mariano, que pertenece al Cels, hizo el contrapunto: aprovechó las prohibiciones del código para señalar que no se pronunciaría sobre el pedido de excarcelación. Matices de uno y de otro, que no hay que perder de vista. Anticipamos que el Cels declarará la victoria si la excarcelación viene acompañada con el mantenimiento de la calificación penal del crimen. La fiscal Cristina Camaño, una admiradora ostentosa del Che, huyó de la causa de Mariano para refugiarse en una sub-secretaría de Garré.
Además, claro, está el contexto político. La burocracia de los Pedraza no ha sido aplacada por la condena popular, menos todavía por el giro a la ‘seguridad democrática’ –que reemplaza las armas, como primer recurso, por gases vomitivos y lesivos a la piel. Está haciendo festivales por “una Navidad sin presos”; lanza paros contra los pobladores de las Villas. Un protector de ella, Hugo Moyano, quien tiene sus propias angustias judiciales, ha lanzado al ministro de Economía para la jefatura de gobierno de la Ciudad. Otro protector, Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, ya ha comenzado a repudiar los acuerdos que firmó con los tercerizados cuando la movilización popular por el crimen de Mariano estaba en su apogeo. Los abogados de los criminales sostuvieron en la audiencia de apelación que sus mandantes estaban cumpliendo un servicio público: liberar los espacios comunes de los que querían cortarlos u ocuparlos. Con el mismo argumento, un barrabrava de Sutecba, Capello, acaba de obtener la absolución en la causa por exhibición de armas contra los ocupantes del Indoamericano. Resumiendo, a CFK no le interesa enfrentar una guerrilla de Pedraza en un año electoral; ni siquiera quiera pelearse con Gildo Insfrán, y hasta suscribió un pacto vacío con Macri para reprimir a los ocupantes de terrenos. Hagamos, si no las paces -prefiere CFK- una tregua: se mantiene la calificación con los asesinos afuera. El proceso continúa limitado a estos siete desclasados. Verbitsky explicará luego en Página 12 la luminosidad de esta ‘estrategia’ en el crimen del “chico asesinado en Constitución”.
Aun cuando Trotsky continúe teniendo razón – porque después de todo, todavía puede haber jueces inmunes a las presiones ‘de la seguridad democrática’ -, reivindicaremos este alerta, que es un llamado a emprender una lucha tenaz. La justicia para Mariano jamás será el producto exclusivo de un poder judicial –se concretará con la culminación de una lucha social y política gigantesca.
Jorge Altamira
19 de diciembre de 2010
20 DE DICIEMBRE: MARCHAMOS.
A 9 años del Argentinazo - A dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra
Lunes 20/12, desde Colón y Cañada, a las 18:30 horas.
JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA, LOS QOM Y VILLA SOLDATI.
* Cárcel a Pedraza - Basta de Patotas en los sindicatos.
* Por el pase a convenio de todos los tercerizados.
* Reapertura de paritarias y aumento de salario ya.
* Por tierra y vivienda para las familias que las necesiten.
* No al pago de la deuda externa, Club de París y FMI.
Convocan: Asamblea Interestudiantil, C.T.A. y otros sindicatos; organizaciones sociales, piqueteras, de DDHH y partidos de izquierda.
Comuníquese con Eduardo Salas: 351 - 5477025
Lunes 20/12, desde Colón y Cañada, a las 18:30 horas.
JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE MARIANO FERREYRA, LOS QOM Y VILLA SOLDATI.
* Cárcel a Pedraza - Basta de Patotas en los sindicatos.
* Por el pase a convenio de todos los tercerizados.
* Reapertura de paritarias y aumento de salario ya.
* Por tierra y vivienda para las familias que las necesiten.
* No al pago de la deuda externa, Club de París y FMI.
Convocan: Asamblea Interestudiantil, C.T.A. y otros sindicatos; organizaciones sociales, piqueteras, de DDHH y partidos de izquierda.
Comuníquese con Eduardo Salas: 351 - 5477025
17 de diciembre de 2010
Los residentes médicos en lucha contra las tercerizaciones
Una movilización de más de cien residentes y estudiantes de Medicina sacó a las calles un movimiento que se viene gestando desde hace dos meses. Residentes y estudiantes avanzados de la carrera de Medicina, que realizan prácticas en los hospitales nacionales, provinciales y municipales de Córdoba, han emprendido un plan de lucha poniendo de manifiesto un conjunto de reivindicaciones pendientes que van desde el no pago de las becas de residentes, hasta la pésimas condiciones de trabajo en las que se ven obligados a atender a sus pacientes.
Los jóvenes trabajadores se ven sometidos a realizar guardias de 36 horas sin descanso, en pésimas condiciones de salubridad; los residentes hace más de tres meses que no cobran las becas que les corresponden, ni hablar de los concurrentes y estudiantes que realizan la PFO (Práctica Final Obligatoria) que no reciben ninguna retribución económica por su trabajo. Al no ser reconocidos como trabajadores carecen de aportes jubilatorios, no están agremiados, y pese a conformar el 70% de la planta de los hospitales, no cuentan con un salario acorde al trabajo realizado.
El conflicto estalló en una asamblea en el movilizado Hospital Nacional de Clínicas y rápidamente se extendió al Hospital de Niños y al Córdoba (dependientes de la provincia), llegando hasta el Hospital privado Allende.
El gobierno provincial, junto al gobierno nacional y la UNC, descargan el derrumbe sanitario sobre las espaldas de los jóvenes trabajadores. Un acuerdo entre la UNC y el Ministerio de Trabajo de la provincia, firmado en 2009, prevé prácticas, residencias y concurrencias en más de 80 hospitales públicos y privados de la provincia, haciéndole pagar a los jóvenes la asfixia presupuestaria con trabajo precarizado.
El movimiento de médicos en formación (denominación que adoptó la asamblea) resolvió un plan de lucha con movilizaciones y juntada de firmas por:
-Inmediato cobro de los haberes adeudados desde julio a los residentes del Ministerio de Salud de la Nación.
-Reducción de las horas de guardia y descanso post guardia.
-Salario digno para todos (la mitad cobra menos de 2.000 pesos por trabajar 65-80 horas por semana y la otra mitad no cobra un centavo).
-Condiciones dignas de trabajo (baño y habitación en condiciones, almuerzo en el lugar de trabajo).
Que los médicos residentes sean considerados trabajadores de la salud.
Cintia y Juampi (UJS Córdoba)
Los jóvenes trabajadores se ven sometidos a realizar guardias de 36 horas sin descanso, en pésimas condiciones de salubridad; los residentes hace más de tres meses que no cobran las becas que les corresponden, ni hablar de los concurrentes y estudiantes que realizan la PFO (Práctica Final Obligatoria) que no reciben ninguna retribución económica por su trabajo. Al no ser reconocidos como trabajadores carecen de aportes jubilatorios, no están agremiados, y pese a conformar el 70% de la planta de los hospitales, no cuentan con un salario acorde al trabajo realizado.
El conflicto estalló en una asamblea en el movilizado Hospital Nacional de Clínicas y rápidamente se extendió al Hospital de Niños y al Córdoba (dependientes de la provincia), llegando hasta el Hospital privado Allende.
El gobierno provincial, junto al gobierno nacional y la UNC, descargan el derrumbe sanitario sobre las espaldas de los jóvenes trabajadores. Un acuerdo entre la UNC y el Ministerio de Trabajo de la provincia, firmado en 2009, prevé prácticas, residencias y concurrencias en más de 80 hospitales públicos y privados de la provincia, haciéndole pagar a los jóvenes la asfixia presupuestaria con trabajo precarizado.
El movimiento de médicos en formación (denominación que adoptó la asamblea) resolvió un plan de lucha con movilizaciones y juntada de firmas por:
-Inmediato cobro de los haberes adeudados desde julio a los residentes del Ministerio de Salud de la Nación.
-Reducción de las horas de guardia y descanso post guardia.
-Salario digno para todos (la mitad cobra menos de 2.000 pesos por trabajar 65-80 horas por semana y la otra mitad no cobra un centavo).
-Condiciones dignas de trabajo (baño y habitación en condiciones, almuerzo en el lugar de trabajo).
Que los médicos residentes sean considerados trabajadores de la salud.
Cintia y Juampi (UJS Córdoba)
16 de diciembre de 2010
Represión a los estudiantes en Córdoba
Una ley reaccionaria al servicio de la Iglesia y la precarización laboral
Doce detenidos y una decena de heridos. De este modo, el gobierno de Schiaretti consumó, el día de ayer, la aprobación de una ley de educación a favor del clero, los negociados capitalistas y de la precarización laboral.
El gobierno, autodefinido como progresista, recurrió a un enorme despliegue policial para reprimir a los estudiantes, docentes y padres que se movilizaron para impedir la sanción de una ley reaccionaria. Esta lucha, que ya lleva más de dos meses, puso de manifiesto la enorme decisión de los estudiantes, quienes no se dejaron amedrentar por el despliegue represivo.
El oficialismo contó, en esta oportunidad, con el voto "positivo" de los legisladores K. Los "nac & pop" se llevan en esta provincia la estima del Arzobispado, de las cámaras empresariales y del Consejo de escuelas privadas.
Luego de la feroz represión, la Interestudiantil junto a las organizaciones políticas y sociales que acompañaban su lucha, se dirigieron hacia la UCA (cárcel de encausados), para reclamar la libertad de los detenidos, lo que se logró cerca de la medianoche, no sin que antes les imputaran infracciones al Código de Faltas. En este lugar también se registraron actos de intimidación: desde el interior de la UCA arrojaron gas pimienta a los compañeros movilizados.
¡Abajo la ley de educación!
¡Basta de represión a los que luchan!
Doce detenidos y una decena de heridos. De este modo, el gobierno de Schiaretti consumó, el día de ayer, la aprobación de una ley de educación a favor del clero, los negociados capitalistas y de la precarización laboral.El gobierno, autodefinido como progresista, recurrió a un enorme despliegue policial para reprimir a los estudiantes, docentes y padres que se movilizaron para impedir la sanción de una ley reaccionaria. Esta lucha, que ya lleva más de dos meses, puso de manifiesto la enorme decisión de los estudiantes, quienes no se dejaron amedrentar por el despliegue represivo.
El oficialismo contó, en esta oportunidad, con el voto "positivo" de los legisladores K. Los "nac & pop" se llevan en esta provincia la estima del Arzobispado, de las cámaras empresariales y del Consejo de escuelas privadas.
Luego de la feroz represión, la Interestudiantil junto a las organizaciones políticas y sociales que acompañaban su lucha, se dirigieron hacia la UCA (cárcel de encausados), para reclamar la libertad de los detenidos, lo que se logró cerca de la medianoche, no sin que antes les imputaran infracciones al Código de Faltas. En este lugar también se registraron actos de intimidación: desde el interior de la UCA arrojaron gas pimienta a los compañeros movilizados.
¡Abajo la ley de educación!
¡Basta de represión a los que luchan!
REGALO DE NAVIDAD: UN PACTO CON MACRI
Se juntaron al principio, cuando estalló la crisis en Soldati, para mandar la Federal y la Metropolitana -y dejar a su paso dos muertos, a cuyos familiares la Presidenta recibió varios días después- "sin fotógrafos ni periodistas", pero con el conocimiento de todo el mundo.Se volvieron a juntar una semana más tarde -luego de agravar la crisis con imputaciones recíprocas de todo tipo, mientras las patotas se cobraban otra vida.
El acuerdo que tejieron al final apuntó al mismo propósito que tuvo el operativo criminal del comienzo: desalojar el Parque.
Los términos de ese acuerdo son tan hipócritas como vacíos: Cristina dice que va poner un peso para viviendas allí donde Macri ponga otro -como fulleros en un Casino.
No puede poner nada un hombre que incumple con el presupuesto que tiene asignado -un 0,9% del total, cuya mitad se consume en gastos administrativos (curros).
Macri ya aclaró que se limitará a abrir calles, instalar comisarías y asegurar los camiones levanta-mierdas.
Un verso -como se dice.
El acuerdo dice también que quien lucha no recibirá nada de lo que no piensan darle; a este espíritu combativo, La Cámpora lo llama ‘militancia'.
No solamente esto; también perderá otras asignaciones asistenciales.
No es un acuerdo para dar concesiones, sino para amenazar con represalias.
Con este acuerdo de represalias bajo el brazo ingresa la derechohumanista Garré a desarrollar la "seguridad democrática".
¿Habrá otras cosas que no se han dicho?
Dado que la disputa entre ellos no tiene que ver con los intereses del pueblo sino con los suyos, suponemos que llegaron a un arreglo político: que Macri no adelante las elecciones antes de junio.
Los dos se sacaron un peso de encima: Macri una crisis interna -de quienes no quieren su candidatura ‘testimonial'- y los K una derrota al comienzo del año electoral.
El acuerdo ha fortalecido a Macri -el xenófobo impuso su línea de orden-, los K se enfrentan a una crisis política en el gabinete.
Si esta especie fracasada pretende ser el parate contra la derecha, estamos en el horno.
Las conclusiones se desprenden solas.
15 de diciembre de 2010
Comunicado de Tribuna Docente: ¡A LA LEGISLATURA!
Hoy, miércoles 15 de diciembre, para que no pase el anteproyecto de ley de reforma educativa.
¡¡Nadie puede faltar!!
A partir de la medianoche, la policía comenzó a colocar un nuevo vallado en la Legislatura para impedir que los manifestantes, estudiantes, padres y docentes que están allí acampando, preparando la vigilia hasta el inicio de la sesión que tratará el nefasto proyecto de ley de educación provincial, puedan expresarse libremente. Por eso, convocamos a todos para hoy desde las 8 de la mañana en la Legislatura, a fin de reforzar la presencia de los compañeros que están pasando la noche allí. La movilización central más que nunca se mantiene, a las 14 horas, desde Colón y Cañada.
¡Vamos para que no pase la ley que modifica la 8113!
El proceso que abrió el estudiantazo está totalmente vigente. El derrumbe educativo y las políticas del gobierno para intentar ocultarlo fueron desbaratados por la rebelión estudiantil. La ley de educación quiso ser un intento de eso: el gobierno pretendía tomar la iniciativa para ocultar con una ley empresarial y clerical la crisis de la educación de la cual es responsable. De la mano de los estudiantes, el conjunto de la sociedad hizo suyo el rechazo a esta ley. Junto a eso, las tomas de las escuelas señalaban que sólo con la lucha unitaria podía lograrse que un techo no se caiga, o que se refaccionen baños, o que una escuela pueda funcionar en condiciones dignas. Que los funcionarios de educación e infraestructura bajen a las escuelas y que la ley se haya frenado es una victoria de la movilización estudiantil.
Con todas estas conclusiones en pie, la de hoy debe ser una cita imperdible en la Legislatura. El gobierno llamó a las audiencias públicas truchísimas porque no estaba en condiciones de aprobar el anteproyecto, pero no piensa ceder un ápice de la letra de la ley. Por eso la diseñó con todos los sectores interesados- Consejo de Políticas Educativas- menos con los que sostienen a diario la educación. Los bloques opositores en la Legislatura apostaron a la maniobra parlamentaria de la discusión en el recinto, para intentar capitalizar por esa vía muerta el rechazo, aunque la UCR había participado de su armado. La Universidad ya retiró su apoyo- previa toma de las facultades- pero el gobierno provincial quiere aprobarla tal cual está.
No podría ser de otro modo; no se pueden cambiar dos o tres artículos. Hay que realizar una nueva Ley, a través de un Congreso Pedagógico, que cambie de cabo a rabo la orientación social que tiene el anteproyecto y la 8113. Tras esta perspectiva nos encolumnamos junto a la Asamblea Interestudiantil y toda la comunidad educativa hoy miércoles 15/12. Movilicémonos masivamente para impedir que se apruebe la ley y lograr que se posponga su tratamiento hasta el año que viene. Todos a la movilización desde Colón y Cañada hasta la Legislatura, a las 14 horas.
¡¡La ley de Schiaretti no debe pasar!!
Educación pública, gratuita, laica y de calidad. Fuera las empresas y el clero de la educación. No a la educación para el embrutecimiento laboral. No la ley antieducativa de Schiaretti, Iglesia, empresas y UEPC.
tribuna docente en la FUCSIA
tribunadocentecba.blogspot.com
www.tribunadocente.com.ar
tribunadocente@gmail.com
¡¡Nadie puede faltar!!
A partir de la medianoche, la policía comenzó a colocar un nuevo vallado en la Legislatura para impedir que los manifestantes, estudiantes, padres y docentes que están allí acampando, preparando la vigilia hasta el inicio de la sesión que tratará el nefasto proyecto de ley de educación provincial, puedan expresarse libremente. Por eso, convocamos a todos para hoy desde las 8 de la mañana en la Legislatura, a fin de reforzar la presencia de los compañeros que están pasando la noche allí. La movilización central más que nunca se mantiene, a las 14 horas, desde Colón y Cañada.
¡Vamos para que no pase la ley que modifica la 8113!
El proceso que abrió el estudiantazo está totalmente vigente. El derrumbe educativo y las políticas del gobierno para intentar ocultarlo fueron desbaratados por la rebelión estudiantil. La ley de educación quiso ser un intento de eso: el gobierno pretendía tomar la iniciativa para ocultar con una ley empresarial y clerical la crisis de la educación de la cual es responsable. De la mano de los estudiantes, el conjunto de la sociedad hizo suyo el rechazo a esta ley. Junto a eso, las tomas de las escuelas señalaban que sólo con la lucha unitaria podía lograrse que un techo no se caiga, o que se refaccionen baños, o que una escuela pueda funcionar en condiciones dignas. Que los funcionarios de educación e infraestructura bajen a las escuelas y que la ley se haya frenado es una victoria de la movilización estudiantil.
Con todas estas conclusiones en pie, la de hoy debe ser una cita imperdible en la Legislatura. El gobierno llamó a las audiencias públicas truchísimas porque no estaba en condiciones de aprobar el anteproyecto, pero no piensa ceder un ápice de la letra de la ley. Por eso la diseñó con todos los sectores interesados- Consejo de Políticas Educativas- menos con los que sostienen a diario la educación. Los bloques opositores en la Legislatura apostaron a la maniobra parlamentaria de la discusión en el recinto, para intentar capitalizar por esa vía muerta el rechazo, aunque la UCR había participado de su armado. La Universidad ya retiró su apoyo- previa toma de las facultades- pero el gobierno provincial quiere aprobarla tal cual está.
No podría ser de otro modo; no se pueden cambiar dos o tres artículos. Hay que realizar una nueva Ley, a través de un Congreso Pedagógico, que cambie de cabo a rabo la orientación social que tiene el anteproyecto y la 8113. Tras esta perspectiva nos encolumnamos junto a la Asamblea Interestudiantil y toda la comunidad educativa hoy miércoles 15/12. Movilicémonos masivamente para impedir que se apruebe la ley y lograr que se posponga su tratamiento hasta el año que viene. Todos a la movilización desde Colón y Cañada hasta la Legislatura, a las 14 horas.
¡¡La ley de Schiaretti no debe pasar!!
Educación pública, gratuita, laica y de calidad. Fuera las empresas y el clero de la educación. No a la educación para el embrutecimiento laboral. No la ley antieducativa de Schiaretti, Iglesia, empresas y UEPC.
tribuna docente en la FUCSIA
tribunadocentecba.blogspot.com
www.tribunadocente.com.ar
tribunadocente@gmail.com
11 de diciembre de 2010
LOS PLANTEOS DEL PARTIDO OBRERO EN LA REUNIÓN CON ANIBAL FERNDÁNDEZ Y MACRI
En la noche de este viernes 11, fuimos convocados a una reunión con el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, en relación con la crisis de Villa Soldati. Junto al PARTIDO OBRERO, también estuvieron presentes la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Madres por la Vivienda y otras organizaciones y abogados de derechos humanos. Por el PO, concurrió Marcelo Ramal.
En su intervención, Ramal responsabilizó a los dos gobiernos por el desenlace criminal de los acontecimientos de Soldati. “De la represión abierta de la Metropolitana y la Federal que cobró dos muertes iniciales, ustedes han pasado a la “zona liberada” y al recurso de las patotas y barrabravas que, invariablemente, son financiadas desde el propio Estado”. Ramal exigió a los dos gobiernos “el retiro de las patotas y que el estado garantice ya la vida y una salida mediante viviendas dignas a partir de un censo de los ocupantes”, que en ese mismo instante estaban siendo sometidos a un cerco criminal.
El PO puntualizó un programa de salida a esta crisis:
-En primer lugar, reclamamos un inmediato censo de los ocupantes a cargo del estado, con control de las organizaciones vecinales de la zona. También la provisión de agua, posta sanitaria y alimentos para las familias, para poner fin al cerco sanitario y alimentario de hecho que se ha impuesto sobre la toma.
-En segundo término, planteamos que el estado nacional y de la Ciudad disponga los terrenos, casas ociosas y recursos para asegurar una vivienda digna a las familias censadas. Pusimos de manifiesto que la Corporación Buenos Aires, en cuyos activos revistan más de 400 predios del sur porteño, está co-gerenciada por directores macristas y kirchneristas. Reclamamos, en consecuencia, que esas tierras sean colocadas a disposición de una urbanización social, y no como ocurre hoy- al servicio de la especulación inmobiliaria.
-En tercer lugar, reclamamos una partida de emergencia que triplique el actual presupuesto de vivienda, y permita atender a las demandas planteadas.
-También exigimos el inmediato cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20, sancionada hace cinco años sin que se haya construido una sola vivienda.
-Por último, planteamos el juicio y castigo a los culpables, instigadores y responsables de la represión oficial y paraoficial.
La reunión no dio respuestas a los reclamos, y pasó a un cuarto intermedio para hoy. Los reproches recíprocos entre los funcionarios repitieron el cuadro que se vio en todos estos días, y pusieron de relieve la incapacidad de ambos gobiernos para resolver esta catástrofe social, como resultado de sus vínculos con el gran capital que usufructúa el suelo y los recursos de la Ciudad.
En la reunión a realizarse hoy, ratificaremos el programa presentado en la madrugada de ayer. Llamamos a defender este programa en base a la movilización de todas las organizaciones obreras, sociales y democráticas de la ciudad de Buenos Aires.
En su intervención, Ramal responsabilizó a los dos gobiernos por el desenlace criminal de los acontecimientos de Soldati. “De la represión abierta de la Metropolitana y la Federal que cobró dos muertes iniciales, ustedes han pasado a la “zona liberada” y al recurso de las patotas y barrabravas que, invariablemente, son financiadas desde el propio Estado”. Ramal exigió a los dos gobiernos “el retiro de las patotas y que el estado garantice ya la vida y una salida mediante viviendas dignas a partir de un censo de los ocupantes”, que en ese mismo instante estaban siendo sometidos a un cerco criminal.
El PO puntualizó un programa de salida a esta crisis:
-En primer lugar, reclamamos un inmediato censo de los ocupantes a cargo del estado, con control de las organizaciones vecinales de la zona. También la provisión de agua, posta sanitaria y alimentos para las familias, para poner fin al cerco sanitario y alimentario de hecho que se ha impuesto sobre la toma.
-En segundo término, planteamos que el estado nacional y de la Ciudad disponga los terrenos, casas ociosas y recursos para asegurar una vivienda digna a las familias censadas. Pusimos de manifiesto que la Corporación Buenos Aires, en cuyos activos revistan más de 400 predios del sur porteño, está co-gerenciada por directores macristas y kirchneristas. Reclamamos, en consecuencia, que esas tierras sean colocadas a disposición de una urbanización social, y no como ocurre hoy- al servicio de la especulación inmobiliaria.
-En tercer lugar, reclamamos una partida de emergencia que triplique el actual presupuesto de vivienda, y permita atender a las demandas planteadas.
-También exigimos el inmediato cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20, sancionada hace cinco años sin que se haya construido una sola vivienda.
-Por último, planteamos el juicio y castigo a los culpables, instigadores y responsables de la represión oficial y paraoficial.
La reunión no dio respuestas a los reclamos, y pasó a un cuarto intermedio para hoy. Los reproches recíprocos entre los funcionarios repitieron el cuadro que se vio en todos estos días, y pusieron de relieve la incapacidad de ambos gobiernos para resolver esta catástrofe social, como resultado de sus vínculos con el gran capital que usufructúa el suelo y los recursos de la Ciudad.
En la reunión a realizarse hoy, ratificaremos el programa presentado en la madrugada de ayer. Llamamos a defender este programa en base a la movilización de todas las organizaciones obreras, sociales y democráticas de la ciudad de Buenos Aires.
9 de diciembre de 2010
20 DE DICIEMBRE
Una nueva convocatoria
El próximo 20 de diciembre habrán pasado dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra y pocas semanas de los asesinatos de los campesinos originarios de Formosa. Pero Pedraza, los empresarios de Ugofe y la policía cómplice siguen libres, así como el gobernador Insfrán sigue en su puesto apañado por el Ejecutivo Nacional.
Mientras tanto, dos vecinos de la Capital han sido asesinados por defender su derecho a la vivienda. En este caso, por la acción conjunta de las policías de Macri y de Aníbal Fernández.
En Santa Cruz tenemos a un gran dirigente obrero preso, Luis Guineo, porque ‘osó' seguir luchando contra lo que dispone el ‘pacto social' firmado por la Presidenta con los pulpos petroleros.
En esa provincia, esos mismos pulpos, nuevamente escudados en el ‘pacto social', han respondido con un ‘lock-out' a los reclamos de un sector importante de trabajadores petroleros.
El jueves 9, la Presidenta va a firmar otro ‘pacto social', esta vez con los pulpos de la minería, el cual refuerza la tercerización descomunal en esta industria y pretende violentar la ley de glaciares -la que fue votada con gran resistencia patronal en el Congreso.
Los ‘pactos sociales' tienen el declarado propósito de condicionar las próximas paritarias, en medio de una inflación inmensa.
La Presidenta también anunció que se dispone a "terminar con la industria del juicio" -en realidad: a impedir el derecho de los trabajadores accidentados en el trabajo por la incuria patronal a exigir una reparación ante el Poder Judicial.
El martes 7, el Ministerio de Trabajo de la burocracia y las patronales ajustó el tornillo de la intervención estatal en la CTA, la cual debe gozar del pleno derecho de enfrentar sus disputas fraccionales en completa autonomía, sin la mano regimentadora del Estado.
Por todo esto, mientras el gobierno nacional se afana en hacer los deberes ante el retornado FMI y pagar a los usureros del Club de París, el pueblo ha protagonizado en varias oportunidades, desde el 21 de octubre pasado, enormes movilizaciones para que haya juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra, al grito de "se va a acabar la burocracia sindical".
Brota como hongos, en todo el país, una tendencia a enfrentar los atropellos por medio de la rebelión popular y a no cejar en la pelea por las reivindicaciones.
Estas cuestiones vitales nos convocan el próximo 20 de diciembre -aniversario del "que se vayan todos" y aniversario, también, de la represalia asesina de los grupos de tarea, los que mostraron, en pleno desgobierno, quiénes tienen los resortes del poder en Argentina.
1) Por el juicio y castigo a toda la burocracia de Pedraza, a la patronal de Ugofe y a la policía. Por el pase integral a planta permanente de los tercerizados ferroviarios;
2) por el juicio y castigo a los asesinos de los compañeros originarios de Formosa; destitución de Gildo Insfran y su gobierno, y la designación de un reemplazante por parte de una Asamblea Popular que, como primera tarea, restituya las tierras a los campesinos, y confisque a los capitales terratenientes;
3) juicio y castigo a los asesinos de los compañeros sin techo de Soldati. ¡Fuera Macri! Destitución del directorio de la Corporación Buenos Aires Sur; por directores electos y responsables ante las organizaciones de los sin techo; por un plan de urbanización y espacios verdes en villas y asentamientos que asegure vivienda para todos sus habitantes;
4) por la aparición de Jorge Julio López;
5) por la libertad de Luis Guineo; abajo el lock-out de Repsol y plena vigencia del derecho de huelga;
6) por la plena vigencia de la ley de glaciares, nacionalización de los pulpos mineros, abajo la tercerización en la minería, convenio único de trabajo;
7) paritarias libres, con delegados electos por los trabajadores. Abajo los ‘pactos sociales';
8) fuera Tomada y Aníbal Fernández de la CTA, por su reconocimiento pleno y su autonomía;
9) derogación de la ley de asociaciones profesionales o gremiales. Unidad obrera por una industria y nacional sobre la base de la libre determinación de los trabajadores;
10) basta de burocracia sindical.
¡Estos reclamos nos convocan!
Para concluir: ante la tragedia del pueblo de Haití, reclamemos que el gobierno retire al ejército de ocupación de nuestro país en Haití y el cese de los operativos conjuntos con el Pentágono, como el que recientemente tuvo lugar en Panamá.
Por una ayuda al pueblo haitiano bajo control de las organizaciones obreras y populares.
Desarrollemos y profundicemos la onda de movilización popular que reclama el JUICIO Y CASTIGO DE TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CULPABLES.
El próximo 20 de diciembre habrán pasado dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra y pocas semanas de los asesinatos de los campesinos originarios de Formosa. Pero Pedraza, los empresarios de Ugofe y la policía cómplice siguen libres, así como el gobernador Insfrán sigue en su puesto apañado por el Ejecutivo Nacional.
Mientras tanto, dos vecinos de la Capital han sido asesinados por defender su derecho a la vivienda. En este caso, por la acción conjunta de las policías de Macri y de Aníbal Fernández.
En Santa Cruz tenemos a un gran dirigente obrero preso, Luis Guineo, porque ‘osó' seguir luchando contra lo que dispone el ‘pacto social' firmado por la Presidenta con los pulpos petroleros.
En esa provincia, esos mismos pulpos, nuevamente escudados en el ‘pacto social', han respondido con un ‘lock-out' a los reclamos de un sector importante de trabajadores petroleros.
El jueves 9, la Presidenta va a firmar otro ‘pacto social', esta vez con los pulpos de la minería, el cual refuerza la tercerización descomunal en esta industria y pretende violentar la ley de glaciares -la que fue votada con gran resistencia patronal en el Congreso.
Los ‘pactos sociales' tienen el declarado propósito de condicionar las próximas paritarias, en medio de una inflación inmensa.
La Presidenta también anunció que se dispone a "terminar con la industria del juicio" -en realidad: a impedir el derecho de los trabajadores accidentados en el trabajo por la incuria patronal a exigir una reparación ante el Poder Judicial.
El martes 7, el Ministerio de Trabajo de la burocracia y las patronales ajustó el tornillo de la intervención estatal en la CTA, la cual debe gozar del pleno derecho de enfrentar sus disputas fraccionales en completa autonomía, sin la mano regimentadora del Estado.
Por todo esto, mientras el gobierno nacional se afana en hacer los deberes ante el retornado FMI y pagar a los usureros del Club de París, el pueblo ha protagonizado en varias oportunidades, desde el 21 de octubre pasado, enormes movilizaciones para que haya juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra, al grito de "se va a acabar la burocracia sindical".
Brota como hongos, en todo el país, una tendencia a enfrentar los atropellos por medio de la rebelión popular y a no cejar en la pelea por las reivindicaciones.
Estas cuestiones vitales nos convocan el próximo 20 de diciembre -aniversario del "que se vayan todos" y aniversario, también, de la represalia asesina de los grupos de tarea, los que mostraron, en pleno desgobierno, quiénes tienen los resortes del poder en Argentina.
1) Por el juicio y castigo a toda la burocracia de Pedraza, a la patronal de Ugofe y a la policía. Por el pase integral a planta permanente de los tercerizados ferroviarios;
2) por el juicio y castigo a los asesinos de los compañeros originarios de Formosa; destitución de Gildo Insfran y su gobierno, y la designación de un reemplazante por parte de una Asamblea Popular que, como primera tarea, restituya las tierras a los campesinos, y confisque a los capitales terratenientes;
3) juicio y castigo a los asesinos de los compañeros sin techo de Soldati. ¡Fuera Macri! Destitución del directorio de la Corporación Buenos Aires Sur; por directores electos y responsables ante las organizaciones de los sin techo; por un plan de urbanización y espacios verdes en villas y asentamientos que asegure vivienda para todos sus habitantes;
4) por la aparición de Jorge Julio López;
5) por la libertad de Luis Guineo; abajo el lock-out de Repsol y plena vigencia del derecho de huelga;
6) por la plena vigencia de la ley de glaciares, nacionalización de los pulpos mineros, abajo la tercerización en la minería, convenio único de trabajo;
7) paritarias libres, con delegados electos por los trabajadores. Abajo los ‘pactos sociales';
8) fuera Tomada y Aníbal Fernández de la CTA, por su reconocimiento pleno y su autonomía;
9) derogación de la ley de asociaciones profesionales o gremiales. Unidad obrera por una industria y nacional sobre la base de la libre determinación de los trabajadores;
10) basta de burocracia sindical.
¡Estos reclamos nos convocan!
Para concluir: ante la tragedia del pueblo de Haití, reclamemos que el gobierno retire al ejército de ocupación de nuestro país en Haití y el cese de los operativos conjuntos con el Pentágono, como el que recientemente tuvo lugar en Panamá.
Por una ayuda al pueblo haitiano bajo control de las organizaciones obreras y populares.
Desarrollemos y profundicemos la onda de movilización popular que reclama el JUICIO Y CASTIGO DE TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS CULPABLES.
8 de diciembre de 2010
“REPUDIAMOS LAS BRUTALES REPRESIONES EN BS. AS. Y EN CORDOBA”
Manuel D'Alessandro, dirigente del Polo Obrero y del Partido Obrero, se expresó con motivo de los hechos sucedidos en Villa Soldati en el día de ayer:
“Un operativo criminal de las policías Federal de Cristina y Metropolitana de Macri reprimió violentamente a los ocupantes del parque Indoamericano, en Bs. As, con armas de fuego. Han sido asesinadas al menos dos personas. El día anterior la policía de Córdoba desalojaba con los mismos métodos a vecinos que venían ocupando tierras en la ciudad”.
“Los gobiernos nacional, de la ciudad de Bs. As. y de Córdoba reprimen las ocupaciones no para resolver la crisis habitacional, sino para agravarla, desalojando por la fuerza, incluso a costa de la vida de los ocupantes. Defienden las tierras para ponerlas al servicio de los especuladores inmobiliarios. Los negociados capitalistas pesan más, para los gobiernos, que el derecho a la vivienda e incluso la vida de la población”, continuó D´Alessandro.
“Esta tarde nos haremos presentes en el festival convocado por el crimen del compañero Mariano Ferrreyra, en Plaza de la Intendencia, a exigir el juicio y castigo a los responsables de este crimen, y a expresar nuestro más profundo repudio a las brutales represiones en Bs. As. y en Córdoba, y el cumplimiento inmediato de los reclamos de vivienda”, concluyó.
“Un operativo criminal de las policías Federal de Cristina y Metropolitana de Macri reprimió violentamente a los ocupantes del parque Indoamericano, en Bs. As, con armas de fuego. Han sido asesinadas al menos dos personas. El día anterior la policía de Córdoba desalojaba con los mismos métodos a vecinos que venían ocupando tierras en la ciudad”.
“Los gobiernos nacional, de la ciudad de Bs. As. y de Córdoba reprimen las ocupaciones no para resolver la crisis habitacional, sino para agravarla, desalojando por la fuerza, incluso a costa de la vida de los ocupantes. Defienden las tierras para ponerlas al servicio de los especuladores inmobiliarios. Los negociados capitalistas pesan más, para los gobiernos, que el derecho a la vivienda e incluso la vida de la población”, continuó D´Alessandro.
“Esta tarde nos haremos presentes en el festival convocado por el crimen del compañero Mariano Ferrreyra, en Plaza de la Intendencia, a exigir el juicio y castigo a los responsables de este crimen, y a expresar nuestro más profundo repudio a las brutales represiones en Bs. As. y en Córdoba, y el cumplimiento inmediato de los reclamos de vivienda”, concluyó.
NO A LOS DESALOJOS, NO A LA REPRESION. ¡PLAN DE VIVIENDAS YA!
El Polo Obrero repudia enérgicamente la represión sobre los vecinos que venían llevando adelante tomas de tierras, en demanda de una salida efectiva a los problemas habitacionales que afectan a más del 30% de la población de Córdoba.
Mientras el gobierno lleva más de un lustro de incumplimientos con relación a los planes federales I y II, la crisis habitacional es imparable. Sin embargo este año, marcado por la enorme recaudación y el ingreso de las liquidaciones de exportaciones, el Estado sólo destinará un 2% de los 4.600 millones de pesos dispuestos para obras públicas.
El Polo Obrero llama a poner en pie un gran movimiento por la vivienda en todos los barrios de Córdoba y a defender un programa de salida a la crisis habitacional.
· Por un plan integral de viviendas populares para todas las familias sin viviendas. Con cuotas que no superen el 20% de ingreso familiar. Financiamiento del plan con un impuesto extraordinario a la renta agraria y a la especulación inmobiliaria.
· Titularización inmediata de todas las tierras ocupadas, a favor de sus ocupantes. Programa de entrega de materiales para la construcción de viviendas.
· Declarar toda superficie disponible, superior a una hectárea, de utilidad pública y cuyo único destino sea la ejecución de planes de vivienda.
· Por una ley de congelamiento de los alquileres. Suspensión de los desalojos.
· Trabajo genuino. Incorporación bajo convenio de todos los desocupados a la obra pública y a la construcción de viviendas. Basta de trabajo precario, en negro o tercerizado.
· Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
Comuniquese con Manuel D'Alessandro: 351-5078317
Mientras el gobierno lleva más de un lustro de incumplimientos con relación a los planes federales I y II, la crisis habitacional es imparable. Sin embargo este año, marcado por la enorme recaudación y el ingreso de las liquidaciones de exportaciones, el Estado sólo destinará un 2% de los 4.600 millones de pesos dispuestos para obras públicas.
El Polo Obrero llama a poner en pie un gran movimiento por la vivienda en todos los barrios de Córdoba y a defender un programa de salida a la crisis habitacional.
· Por un plan integral de viviendas populares para todas las familias sin viviendas. Con cuotas que no superen el 20% de ingreso familiar. Financiamiento del plan con un impuesto extraordinario a la renta agraria y a la especulación inmobiliaria.
· Titularización inmediata de todas las tierras ocupadas, a favor de sus ocupantes. Programa de entrega de materiales para la construcción de viviendas.
· Declarar toda superficie disponible, superior a una hectárea, de utilidad pública y cuyo único destino sea la ejecución de planes de vivienda.
· Por una ley de congelamiento de los alquileres. Suspensión de los desalojos.
· Trabajo genuino. Incorporación bajo convenio de todos los desocupados a la obra pública y a la construcción de viviendas. Basta de trabajo precario, en negro o tercerizado.
· Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
Comuniquese con Manuel D'Alessandro: 351-5078317
7 de diciembre de 2010
INDISIMULADA INTERVENCION DEL GOBIERNO EN LA CTA
El Ministro de Trabajo Carlos Tomada hizo lugar a la impugnación de la lista 10 capitaneada por Hugo Yasky
Néstor Pitrola declaró que “la CTA ha sido indisimuladamente intervenida por el gobierno kirchnerista, esta impugnación elimina toda especulación sobre el punto”.
“Yasky juega abiertamente por la reelección K y para reforzar el sometimiento de los sindicatos al Estado, es la versión sabatellista del pacto social antisalarial de Cristina. Es muy claro que esto no se arregla con un parche electoral sobre las mismas bases que llevaron a la fractura a la vieja dirección de la CTA, la misma que en siete años de kirchnerismo no hizo un paro nacional, excepto ante el asesinato de Carlos Fuentealba. El ala degennarista no apeló jamás al congreso nacional, donde tenía mayoría, ni a la deliberación de las bases para quebrar la ofensiva de Yasky”.
“Exactamente lo que hay que hacer: un congreso de bases, con delegados electos de todas las organizaciones de la central, de uno y otro bando, para romper con el gobierno y luchar por la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, contra el pacto social, por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil. Fuera las manos de Tomada y el gobierno de todas las organizaciones obreras”, finalizó Pitrola.
Néstor Pitrola declaró que “la CTA ha sido indisimuladamente intervenida por el gobierno kirchnerista, esta impugnación elimina toda especulación sobre el punto”.
“Yasky juega abiertamente por la reelección K y para reforzar el sometimiento de los sindicatos al Estado, es la versión sabatellista del pacto social antisalarial de Cristina. Es muy claro que esto no se arregla con un parche electoral sobre las mismas bases que llevaron a la fractura a la vieja dirección de la CTA, la misma que en siete años de kirchnerismo no hizo un paro nacional, excepto ante el asesinato de Carlos Fuentealba. El ala degennarista no apeló jamás al congreso nacional, donde tenía mayoría, ni a la deliberación de las bases para quebrar la ofensiva de Yasky”.
“Exactamente lo que hay que hacer: un congreso de bases, con delegados electos de todas las organizaciones de la central, de uno y otro bando, para romper con el gobierno y luchar por la derogación de la ley de Asociaciones Sindicales, contra el pacto social, por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil. Fuera las manos de Tomada y el gobierno de todas las organizaciones obreras”, finalizó Pitrola.
6 de diciembre de 2010
MÓNICA SONZINI CONVOCA A CONFERENCIA DE PRENSA
Se iniciará amplia campaña por las libertades democráticas en Villa María
Hoy lunes 6 de diciembre, a las 11 horas, en el local de ATE Villa María, Mónica Sonzini realizará una conferencia de prensa con el fin de describir los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometida durante su detención.
Asimismo, Sonzini hará públicos los pasos a seguir en la campaña pública que se iniciará por el juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e intelectuales de su detención arbitraria y los apremios ilegales sufridos, así como de la detención de los 6 jóvenes militantes a quienes se les ha armado falsamente una causa.
Se invita a todos los medios de comunicación locales, regionales y provinciales, así como a todos los ciudadanos interesados en la defensa de las libertades democráticas.
Para comunicarse con Mónica Sonzini: (0353) 154-122130
PARTIDO OBRERO - Villa María
povillamaria@gmail.com
Hoy lunes 6 de diciembre, a las 11 horas, en el local de ATE Villa María, Mónica Sonzini realizará una conferencia de prensa con el fin de describir los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometida durante su detención.
Asimismo, Sonzini hará públicos los pasos a seguir en la campaña pública que se iniciará por el juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e intelectuales de su detención arbitraria y los apremios ilegales sufridos, así como de la detención de los 6 jóvenes militantes a quienes se les ha armado falsamente una causa.
Se invita a todos los medios de comunicación locales, regionales y provinciales, así como a todos los ciudadanos interesados en la defensa de las libertades democráticas.
Para comunicarse con Mónica Sonzini: (0353) 154-122130
PARTIDO OBRERO - Villa María
povillamaria@gmail.com
3 de diciembre de 2010
GRAN FESTIVAL EL 08/12: ¡MARIANO FERREYRA, PRESENTE!
¡FESTIVAL EN PLAZA DE LA INTENDENCIA!
MIÉRCOLES 08/12 - 18:30 Hs.
* CÁRCEL A PEDRAZA
* JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES
MARIANO FERREYRA PRESENTE,
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
TOCAN: RALLY BARRIONUEVO, La Coca Fernández, La Cartelera Ska, Sur Oculto y bandas sorpresa.
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS Y PROYECCIONES.
ORGANIZA: UJS - PARTIDO OBRERO
2 de diciembre de 2010
Club de París: deuda de la dictadura, fraudulenta, estatizada y usuraria
A los Kirchner no se les cayó la cara de vergüenza cuando Cristina K anunció el pago al Club de París. Incluso, algunos lo festejaron como una victoria porque el FMI no participará de la negociación, sin darse cuenta de que no debe hacerlo porque la Argentina pagará la deuda con reservas en un plazo corto, asimilable a un "contado".
Aún así, los "nac & pop" se las arreglaron para que el FMI asesore a la Argentina nada más ni nada menos que para confeccionar el Indice de Precios. La Bolsa festejó el anuncio con una trepada de los bonos que ajustan por inflación. En nombre de la "liberación nacional", los K alimentan todos los días a los usureros nativos e internacionales.
La deuda con el Club de París es la más ilegítima y fraudulenta de toda la deuda pública. Amado Boudou reconoció que "el 49% de la deuda con Club de París es anterior al gobierno democrático, a 1983, el 9% fue durante el gobierno de Alfonsín, el 42% restante de los gobiernos de Menem y De la Rúa. Es una deuda que se fue generando hace muchos años y por estos planes que imponía el Fondo Monetario".
Lo que no dijo fue:
1) Que esos porcentajes corresponden al saldo de 7.000 millones de dólares que se adeudan ahora y que durante los ‘90 se hicieron pagos de intereses que insumieron 9.000 millones de dólares.
2) El 49% de la deuda, anterior a 1983, se contrajo durante la dictadura militar y corresponde a la estatización de la deuda del pulpo holandés Cogasco por el gasoducto centro-oeste y por Atucha. "El acuerdo incluyó una operación de algo más de 1.000 millones de dólares y se compuso básicamente de dos partes: la primera, por 480 millones en concepto de atrasos acumulados por el peaje impago, y la segunda, por 549 millones por la transferencia anticipada del gasoducto..." (Luis Lucioni, "Las Negociaciones de la Argentina con el Club de París", Cece).
3) Este estudio muestra que entre 1985 y 1992 la deuda con el Club de París pasó de 5.500 millones a 9.000 millones de dólares por los intereses impagos. En ese período, hubo otras cinco rondas de negociaciones.
4) Durante diez años, la Argentina pagó unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones de dólares fueron intereses que se pagaron tomando otras deudas, a tasas altísimas. En 2001, se recibieron 1.000 millones de dólares de España por el "blindaje" acordado con el Fondo. Cuando estalló el default, la deuda con el Club de París y bilaterales era de 3.000 millones.
5) La deuda subió a 7.000 millones por la acumulación de los intereses posteriores a 2002.
La conclusión: Cristina pagará con reservas una deuda fraudulenta, la que fue varias veces cancelada con los pagos de los intereses usureros que se fueron acumulando.
Miguel Flores
Aún así, los "nac & pop" se las arreglaron para que el FMI asesore a la Argentina nada más ni nada menos que para confeccionar el Indice de Precios. La Bolsa festejó el anuncio con una trepada de los bonos que ajustan por inflación. En nombre de la "liberación nacional", los K alimentan todos los días a los usureros nativos e internacionales.
La deuda con el Club de París es la más ilegítima y fraudulenta de toda la deuda pública. Amado Boudou reconoció que "el 49% de la deuda con Club de París es anterior al gobierno democrático, a 1983, el 9% fue durante el gobierno de Alfonsín, el 42% restante de los gobiernos de Menem y De la Rúa. Es una deuda que se fue generando hace muchos años y por estos planes que imponía el Fondo Monetario".
Lo que no dijo fue:
1) Que esos porcentajes corresponden al saldo de 7.000 millones de dólares que se adeudan ahora y que durante los ‘90 se hicieron pagos de intereses que insumieron 9.000 millones de dólares.
2) El 49% de la deuda, anterior a 1983, se contrajo durante la dictadura militar y corresponde a la estatización de la deuda del pulpo holandés Cogasco por el gasoducto centro-oeste y por Atucha. "El acuerdo incluyó una operación de algo más de 1.000 millones de dólares y se compuso básicamente de dos partes: la primera, por 480 millones en concepto de atrasos acumulados por el peaje impago, y la segunda, por 549 millones por la transferencia anticipada del gasoducto..." (Luis Lucioni, "Las Negociaciones de la Argentina con el Club de París", Cece).
3) Este estudio muestra que entre 1985 y 1992 la deuda con el Club de París pasó de 5.500 millones a 9.000 millones de dólares por los intereses impagos. En ese período, hubo otras cinco rondas de negociaciones.
4) Durante diez años, la Argentina pagó unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones de dólares fueron intereses que se pagaron tomando otras deudas, a tasas altísimas. En 2001, se recibieron 1.000 millones de dólares de España por el "blindaje" acordado con el Fondo. Cuando estalló el default, la deuda con el Club de París y bilaterales era de 3.000 millones.
5) La deuda subió a 7.000 millones por la acumulación de los intereses posteriores a 2002.
La conclusión: Cristina pagará con reservas una deuda fraudulenta, la que fue varias veces cancelada con los pagos de los intereses usureros que se fueron acumulando.
Miguel Flores
FORMOSA TIENE SU PEDRAZA
El asesinato de dos integrantes de la comunidad Qom por parte de la policía provincial no fue un incidente aislado. Es el remate de una provocación montada por el poder político, con el auxilio de terratenientes. La represión criminal fue orquestada al cabo de cuatro meses de corte de la ruta 86 por parte de los Qom en defensa de sus tierras.Unos días antes, la policía había entrado a palazos al colegio Juan José Silva, ocupado por los estudiantes para evitar un fraude de las autoridades provinciales contra la organización estudiantil. El gobernador Insfrán es un gobernador de pura cepa K -con quien viene colaborando políticamente desde mucho antes de 2003.
De la mano de Insfrán, Formosa se ha convertido en un paraíso para terratenientes, ganaderos y ‘pools' sojeros, que vienen expulsando en forma sistemática a los pequeños campesinos de las colonias y a los pueblos originarios. En los últimos años, un millón de hectáreas fueron acaparadas por sojeros, a costa del desalojo de 35.000 tobas y wichis. Recientemente, Insfrán hizo aprobar una "ley de reordenamiento territorial" que habilita el despojo de todo aquél que no tenga un título propietario.
A partir de ese sistema, se ha construido un régimen de atropellos contra toda la población. Da cuenta de ello la existencia de un movimiento de "Víctimas de los hijos del Poder". Formosa forma parte de un extenso territorio caracterizado por las confiscaciones de tierras del campesinado y la extensión de la frontera latifundista de la soja. Ese territorio abarca el oeste de Brasil, Paraguay, Formosa, Santiago, Chaco, Misiones, norte de Salta, Jujuy y norte de Santa Fe. La rebelión agraria en esta vasta región plantea la organización de los explotados agrarios sobre una base internacional.
A pesar de los asesinatos, el gobierno nacional se apresuró a cerrar filas con el gobernador. A pesar de las quejas de D'Elía y de las manifestaciones en Buenos Aires, Cristina Kirchner respaldó públicamente a Insfrán un día después del asesinato de los tobas. Pero los compañeros tobas asesinados no son otros que los Mariano Ferreyra -e Insfrán, el Pedraza- de Formosa.
Gildo Insfrán se tiene que ir y, además, es necesario acabar con el poder de los terratenientes y del capital financiero en el agro.
¿Intervención federal? Es lo que ha propuesto D'Elía, quien parece confiar en que su jefa sea capaz de modificar la realidad de explotación de Formosa. La Presidenta no quiere ni oír hablar de esto. Pero para que sea efectiva, la intervención no debe representar un mero cambio de cara. Por eso, el punto de partida para echar a Insfrán debe salir de la propia Formosa: que una asamblea elija las personas que se hagan cargo del gobierno; solamente así una intervención federal serviría para poner fin al despotismo y al despojo de tierras.
La elección de un gobierno provisorio, electo por una Asamblea popular, debería ir acompañada por un programa que enjuicie y castigue a los asesinos y a los responsables políticos de esos asesinatos, o sea al régimen de Insfrán, y que aplique un programa agrario que confisque la gran propiedad y la distribuya entre los campesinos en la forma social que se acuerde: individual, cooperativa, gran escala bajo gestión de los labradores.
1 de diciembre de 2010
EL PARTIDO OBRERO ANTE LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA
La Presidenta volvió a usar la cadena nacional para los denominados “anuncios sociales”.
Así, dispuso que se otorguen asignaciones familiares para los trabajadores temporarios, por caso, los que se desempeñan en la zafra. Luego, un pago de doscientos veinte pesos, por única vez, a las personas que reciben pensiones no contributivas (por vejez, invalidez o familia numerosa).
El anuncio, en realidad, es una denuncia contra el oficialismo, porque el derecho que ahora se hace para los temporales debió haber formado parte de la asignación por hijo, establecida tiempo atrás, ya que estos trabajadores se encuentran desocupados una buena, sino la mayor parte del año. En lugar de pedir perdón por su olvido, la Presidenta agarró la cadena para que la aplaudan. El anuncio no contempla el pago retroactivo de esta asignación. Mientras tanto, a los salarios familiares y a las asignaciones falsamente universales se las va comiendo la inflación
El asesor de imagen del oficialismo, que vetó el 82% móvil para la jubilación mínima, va armando con estas mezquindades una campaña electoral.
A la hora de financiar estas medidas, la presidenta no tocó un peso de los excedentes del Tesoro, ni, en el caso de los cosecheros, tampoco se le ocurrió gravar a los grupos azucareros o cítrícolas, cuyos balances “estallan” al compás de los altos precios.
En cambio, y como viene ocurriendo, la “política social” será financiada por la Anses, o sea, por las contribuciones de los obreros y por los jubilados que no cobran lo que les corresponde.
El resto del discurso de la Presidenta fue sólo “doctrinario”. Así, llamó a “pensar” si “los que hemos tenido la suerte de tener un título no deberíamos aportar un poquito a esa universidad, en becas para los que no van a poder llegar”. Del mismo modo en que los jubilados financian la asistencia social, los universitarios (estudiantes y egresados) deberían sostener el gasto educativo. Un ajuste a la inglesa, a la irlandesa o a la italiana, que ha puesto a los estudiantes de esos países en la calle. La prioridad de la plata acumulada, los K la destinan al Club de París.
La Presidenta no perdió oportunidad de culpar de la carestía a los trabajadores. La inflación, dijo, “no es por aumento de salarios, sino también (es decir, que los salarios son una de sus causas) por excesiva rentabilidad”. O sea que en el “acuerdo social” al que convoca el gobierno, los trabajadores tendrán que hacer su aporte al ajuste que ese acuerdo supone. Lo que eventualmente deberían poner los empresarios, les sería compensado con creces por el restablecimiento de la ley de ART menemista, que fija un tope a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. ¿Pero qué tope de precios se puede imponer a un capitalista que exporta o a los especuladores con bonos argentinos, que tienen una perspectiva de ascenso descomunal? Estos discursos y anuncios están ‘precalentando’ el ajuste que reclaman los flamantes socios K: el Club de Paris y el FMI.
Así, dispuso que se otorguen asignaciones familiares para los trabajadores temporarios, por caso, los que se desempeñan en la zafra. Luego, un pago de doscientos veinte pesos, por única vez, a las personas que reciben pensiones no contributivas (por vejez, invalidez o familia numerosa).
El anuncio, en realidad, es una denuncia contra el oficialismo, porque el derecho que ahora se hace para los temporales debió haber formado parte de la asignación por hijo, establecida tiempo atrás, ya que estos trabajadores se encuentran desocupados una buena, sino la mayor parte del año. En lugar de pedir perdón por su olvido, la Presidenta agarró la cadena para que la aplaudan. El anuncio no contempla el pago retroactivo de esta asignación. Mientras tanto, a los salarios familiares y a las asignaciones falsamente universales se las va comiendo la inflación
El asesor de imagen del oficialismo, que vetó el 82% móvil para la jubilación mínima, va armando con estas mezquindades una campaña electoral.
A la hora de financiar estas medidas, la presidenta no tocó un peso de los excedentes del Tesoro, ni, en el caso de los cosecheros, tampoco se le ocurrió gravar a los grupos azucareros o cítrícolas, cuyos balances “estallan” al compás de los altos precios.
En cambio, y como viene ocurriendo, la “política social” será financiada por la Anses, o sea, por las contribuciones de los obreros y por los jubilados que no cobran lo que les corresponde.
El resto del discurso de la Presidenta fue sólo “doctrinario”. Así, llamó a “pensar” si “los que hemos tenido la suerte de tener un título no deberíamos aportar un poquito a esa universidad, en becas para los que no van a poder llegar”. Del mismo modo en que los jubilados financian la asistencia social, los universitarios (estudiantes y egresados) deberían sostener el gasto educativo. Un ajuste a la inglesa, a la irlandesa o a la italiana, que ha puesto a los estudiantes de esos países en la calle. La prioridad de la plata acumulada, los K la destinan al Club de París.
La Presidenta no perdió oportunidad de culpar de la carestía a los trabajadores. La inflación, dijo, “no es por aumento de salarios, sino también (es decir, que los salarios son una de sus causas) por excesiva rentabilidad”. O sea que en el “acuerdo social” al que convoca el gobierno, los trabajadores tendrán que hacer su aporte al ajuste que ese acuerdo supone. Lo que eventualmente deberían poner los empresarios, les sería compensado con creces por el restablecimiento de la ley de ART menemista, que fija un tope a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. ¿Pero qué tope de precios se puede imponer a un capitalista que exporta o a los especuladores con bonos argentinos, que tienen una perspectiva de ascenso descomunal? Estos discursos y anuncios están ‘precalentando’ el ajuste que reclaman los flamantes socios K: el Club de Paris y el FMI.
EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTRA COMPAÑERA MONICA SONZINI
Balean niños, encarcelan luchadores
En la mañana de ayer fue detenida Mónica Sonzini, docente de Villa María y militante del Partido Obrero y de Vaccap (Vecinos Autoconvocados contra el Abuso Policial), en dicha localidad. Mónica formaba parte de la delegación que se había acercado a la comisaría para manifestar por la detención arbitraria de 5 jóvenes militantes que hacían una pintada. Al exigir la inmediata liberación de una menor de edad, Mónica fue reducida violentamente por gran cantidad de policías. En estos momentos continúa detenida y se le imputaría "resistencia a la autoridad".
Estamos en realidad ante un caso de flagrante persecución política y abuso policial. Mónica viene siendo sistemáticamente perseguida por la "Justicia", la policía, el gobierno municipal y hasta la burocracia sindical de la Uepc, debido a su inclaudicable lucha contra el abuso policial, por los derechos de los trabajadores y contra los negociados contaminantes (Innviron).
La semana pasada, junto a sus compañeros de Vaccap, Mónica encabezó las denuncias contra la patrulla que fusiló con perdigones de goma a un niño de 13 años. Esto provocó la destitución del Jefe de Patrulla y tuvo gran repercusión hasta en medios provinciales. Es imposible deslindar el protagonismo que tuvo Mónica en esa denuncia y su actual detención.
Además, Mónica había recibido amenazas desde la fiscalía. Textualmente le hicieron llegar el mensaje de que le imputarían cualquier causa "para que no salga más".
El fiscal que pretende imputarla, Atienza, ya actuó maliciosamente en una causa previa, en la que tuvo que sobreseer a Mónica. Ahora pretende dejarla detenida por delitos inventados que son excarcelables.
Denunciamos este régimen político-judicial que balea niños y encarcela luchadores.
Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, así como al conjunto de la población que defiende los derechos democráticos a movilizarnos para exigir la inmediata libertad y el desprocesamiento de Mónica Sonzini.
Responsabilizamos política y penalmente al fiscal Atienza de la integridad de nuestra compañera y anticipamos que iniciaremos todas las acciones legales pertinentes contra su accionar que representa una clara persecución política.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025 / (0351) 155-471060
En la mañana de ayer fue detenida Mónica Sonzini, docente de Villa María y militante del Partido Obrero y de Vaccap (Vecinos Autoconvocados contra el Abuso Policial), en dicha localidad. Mónica formaba parte de la delegación que se había acercado a la comisaría para manifestar por la detención arbitraria de 5 jóvenes militantes que hacían una pintada. Al exigir la inmediata liberación de una menor de edad, Mónica fue reducida violentamente por gran cantidad de policías. En estos momentos continúa detenida y se le imputaría "resistencia a la autoridad".
Estamos en realidad ante un caso de flagrante persecución política y abuso policial. Mónica viene siendo sistemáticamente perseguida por la "Justicia", la policía, el gobierno municipal y hasta la burocracia sindical de la Uepc, debido a su inclaudicable lucha contra el abuso policial, por los derechos de los trabajadores y contra los negociados contaminantes (Innviron).
La semana pasada, junto a sus compañeros de Vaccap, Mónica encabezó las denuncias contra la patrulla que fusiló con perdigones de goma a un niño de 13 años. Esto provocó la destitución del Jefe de Patrulla y tuvo gran repercusión hasta en medios provinciales. Es imposible deslindar el protagonismo que tuvo Mónica en esa denuncia y su actual detención.
Además, Mónica había recibido amenazas desde la fiscalía. Textualmente le hicieron llegar el mensaje de que le imputarían cualquier causa "para que no salga más".
El fiscal que pretende imputarla, Atienza, ya actuó maliciosamente en una causa previa, en la que tuvo que sobreseer a Mónica. Ahora pretende dejarla detenida por delitos inventados que son excarcelables.
Denunciamos este régimen político-judicial que balea niños y encarcela luchadores.
Llamamos al conjunto de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, así como al conjunto de la población que defiende los derechos democráticos a movilizarnos para exigir la inmediata libertad y el desprocesamiento de Mónica Sonzini.
Responsabilizamos política y penalmente al fiscal Atienza de la integridad de nuestra compañera y anticipamos que iniciaremos todas las acciones legales pertinentes contra su accionar que representa una clara persecución política.
Comuníquese con Eduardo Salas: (0351) 155-477025 / (0351) 155-471060
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