28 de febrero de 2011

DOBLE PODER EN LIBIA

La crisis revolucionaria no solamente ha asumido su forma más extrema en Libia con el desencadenamiento de un principio de guerra civil. Es también el lugar donde la descomposición del Estado ha sido más aguda, casi completa, y donde el vacío de poder, en las zonas que escapan al control del gobierno central, ha sido cubierto en parte por la formación de comités populares.

De acuerdo al Financial Times (27.2), “en todo el este del país, académicos, funcionarios, soldados y hombres de negocios han unido fuerzas para administrar ciudades y pueblos una vez que el régimen de Mohamad Khadafi hubiera sido expulsado. En Benghazi, la capital de la región, uno de los varios comités que se han establecido asegura la provisión de electricidad. Se conecta con el comité encargado del petróleo para obtener el abastecimiento de combustibles para las plantas eléctricas. Los funcionarios que trabajan en la sucursal local del ministerio de Finanzas, que han adherido a la revolución ‘desde el primer día’, firman los cheques que aseguran el pago de los salarios”; la sucursal local del banco central tendría liquidez para sufragar gastos por tres meses. Grupos armados protegen el funcionamiento de las oficinas del banco central. Se encuentran movilizados incluso los ‘boy scouts’ para la distribución de alimentos. En los bancos que han retomado su trabajo, se permite el retiro diario de hasta 160 dólares. Para los analistas políticos, la formación de comités obedece a la ausencia de instituciones políticas en Libia, con excepción de la camarilla del líder máximo, creando un vacío de poder que es cubierto por los comités. De acuerdo al corresponsal del FT, “El movimiento anti-régimen espera usar el mismo modelo de comités a nivel nacional para impedir el vacío que producirá la expulsión del régimen de Khadafi”.

La corresponsal de Le Monde (1.3) aborda también el tema de los comités, aunque desde otro ángulo. El comité encargado del gobierno de Benghazi realizó su primera conferencia de prensa el 27 de febrero. Señala, sin embargo, que “Entre las ciudades ‘liberadas’ del este, la coordinación entre los comités es casi inexistente”. Ella también explica que “Libia no tiene Constitución, ni partidos políticos, ni asociaciones ni sindicatos, ni el menor tejido político organizado en el cual apoyarse”. Además, “la revolución libia, lanzada por el empuje de la juventud, no tiene por el momento ningún dirigente”. Las caracterizaciones de los corresponsales del FT y de Le Monde contrastan con las de los analistas norteamericanos, que aseguran que el levantamiento en el este es la consecuencia de la desafección de los clanes tribales del este, que no es de ahora, con la camarilla familiar que gobierna desde Tripoli, la capital, en el oeste.

Los comités, dice Le Monde, han desechado la propuesta de marchar sobre Tripoli debido a la carencia de armamento adecuado para hacer frente a los tanques del gobierno. Asimismo, se encuentran discutiendo la formación de un gobierno regional, el cual serviría para unir a los comités pero que podría provocar la escisión territorial de Libia; un ex ministro de Khadafi, que abandonó el gobierno en los primeros días de la insurgencia, ha comenzado las gestiones para formar gobierno, probablemente en función de un reconocimiento internacional. Según el diario francés, los comités, en cambio, defienden con firmeza la unidad nacional y se oponen a formar gobierno. Al cabo de 40 años, la unidad burocrática de Libia, desarrollada por el nacionalismo tercermundista, se disuelve bajo la presión de una división nacional que se ha acentuado.

Si la información de estos diarios es exacta, el imperialismo intentará pacificar a Libia a través de un arbitraje entre comités que combinan a diferentes clases sociales y la autocracia khadafista. Pero el imperialismo es incapaz de tener una política unificada frente a un país políticamente estratégico por sus recursos petroleros y su ubicación geográfica. El profesor Nouriel Roubini, que cobró fama cuando anticipó en detalle el derrumbe hipotecario en Estados Unidos, ha observado que el mayor problema “sistémico” del momento es el vacío de dirección política a nivel mundial. Quizás se quedó un poco corto, porque no tuvo en cuenta las crisis políticas que han emergido en los estados de Norteamérica, ni el efecto corrosivo de la crisis fiscal de Estados Unidos sobre la crisis mundial y la crisis política interna. El despropósito de los gobiernos del ALBA al apoyar a Khadafi pone de manifiesto la caracterización deformada que tienen de los acontecimientos internacionales, lo cual es típico del nacionalismo, que los examina desde sus estrechas fronteras nacionales y sus condicionamientos internos.


Jorge Altamira

Libia: Guerra civil, desintegración estatal, amenaza de la OTAN

A diferencia de lo ocurrido en Túnez y Egipto, o en Yemen y Bahrein, la crisis revolucionaria en Libia ha asumido de entrada el carácter de un enfrentamiento armado entre coaliciones políticas más o menos definidas, que además registran antecedentes en las últimas décadas. No solamente Khadafi sino también los especialistas que comentan este proceso atribuyen una presencia relevante en la oposición a la secta de Al Qaeda u otras ramificaciones que han tenido un rol protagónico en la expulsión de las tropas rusas de Afganistán en la década de los 80 del siglo reciente. La naturaleza proimperialista del oficialismo es incuestionable, que desde los 2000 ha entregado la riqueza petrolera a los pulpos internacionales y que ha invertido, él mismo, los ahorros nacionales en corporaciones extranjeras que cotizan en las principales Bolsas. El régimen, que ha progresado del nacionalismo militar de los 70 a un régimen entreguista, también está gobernado por una autocracia familiar. No es casual, por esto, que se hubiera pronunciado de entrada contra las revoluciones en curso en el mundo árabe, ni siquiera que haya desatado una represión feroz, incluido el ametrallamiento de las manifestaciones populares desde el aire. De otro lado, sin embargo, el gobierno de Obama le ha dado un apoyo abierto a la coalición que lidera la rebelión, a medida que se hizo manifiesto el fracaso de la represión brutal del oficialismo. Es evidente que si prospera el copamiento de la coalición de fuerzas rebeldes por parte del imperialismo, éste podría ganar un punto de apoyo para sostener el continuismo de los regímenes políticos en los países árabes donde la rebelión popular ha derrocado a los gobiernos instalados o donde está a punto de lograrlo. La denuncia del régimen contrarrevolucionario de Khadafi debe ir acompañado, por estas razones, de una caracterización adecuada de la oposición, de una delimitación política correspondiente y de la denuncia de los lazos que ha tejido o pueda tejer con el imperialismo. La rebelión que comenzó de una forma “pacífica” en Túnez y Egipto asume, en Libia, características de guerra civil, y el régimen existente, por otro lado, sufre deserciones de funcionarios militares y civiles relevantes.

“La ira”

La rebelión libia comenzó con la convocatoria de un “día de la ira” contra el régimen. Estuvo precedida por la movilización de los familiares de los presos políticos del régimen, que fue brutalmente reprimida. La represión de Khadafi se cobró más de 300 muertos en las primeras 72 horas de movilizaciones y atizó la rebelión, que soportó los bombardeos y una represión indiscriminada con armas de guerra.

En Benghasi, según El Pais, el 23 de febrero los manifestantes habían tomado armas y tanques del ejército. Paralelamente, brigadas enteras de soldados comenzaron a pasarse a la rebelión que comenzó a progresar en el este del país. Los imanes islámicos llamaron al ejército a “no tirar contra sus hermanos” (El País, 20/2). La dirigencia del principal clan libio –Werfella, que había sostenido al régimen- abandonó a su suerte a Khadafi, mientras una serie de ministros del Gobierno se pasaban a la oposición.

El triunfo de la insurrección en toda la zona este del país derivó en la formación de consejos populares en las ciudades. Estos comités populares, integrados por sectores intelectuales y parte de la dirigencia tradicional de los clanes –e incluso por ex funcionarios del régimen pasados a la oposición- han desarrollado milicias populares que contienen la acción de las tropas del gobierno. El carácter del nuevo gobierno provisional es el centro de la lucha política al interior de la oposición.

La insurrección ha provocado la paralización de un tercio de la producción petrolera del país. Las acciones de las petroleras que actúan en Libia han caído en todos los casos. En el caso de ENI, 5,4% en una semana. En el caso de Repsol, 4,19%. La rebelión también ha colocado en crisis al conjunto de la inversión extranjera, fundamentalmente europea, en la construcción civil, infraestructura y turismo. Se ha producido una disparada de los precios del petróleo.

Frente a este cuadro general, el imperialismo le ha largado la mano a Khadafi. La represión del régimen se ha transformado en una traba para cualquier salida de recambio, incluso se vislumbra la posibilidad de una división formal del país, como por ejemplo acaba de decidirlo un referendo en Sudán, al sur de Libia. Hillary Clinton anunció que podría enviar “apoyo armado” a la oposición en Libia –e incluso establecer una cuarentena del espacio aéreo, lo que equivale a una amenaza de derribar los aviones de Khadafi. Los opositores han iniciado negociaciones con los gobiernos imperialistas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha votado la entrega de ayuda alimentaria a cualquier costo, lo cual podría transformarse en una intervención militar. Obama ha puesto a la V Flota en las cercanías de Libia. En los 80, Ronald Reagan no vaciló en someter a Libia a un bombardeo implacable.

Chávez, Fidel, Ortega … los K -el panarabismo

Los gobiernos del Alba han respondido a la crisis con un apoyo completo a Khadafi, más allá de la advertencia contra “una intervención de la OTAN”. Sin embargo, la única posibilidad de una movilización popular contra esa intervención está condicionada al repudio político a Khadafi, cuyo régimen es repudiado por las masas revolucionarias de los países árabes. Estas masas son las únicas que podrían impedir la intervención imperialista, pero el imperialismo especula, precisamente, con que la represión criminal de Khadafi pueda disimular esa intervención con argumentos humanitarios o con planteos democratizantes. No hace falta decir que el apoyo a Khadafi fortalece la campaña del gobierno de Obama, que presenta a los gobiernos del Alba como la versión latinoamericana del egipcio Mubarak, el libio Khadafi o el tunecino Ben Alí. Los K de Argentina no dieron ningún apoyo a la revolución árabe y, en el caso de Libia, su cancillería se ha limitado a “lamentar” la violencia. Ocurre que los países del Alba, por razones opuestas a las del imperialismo, han apoyado sistemáticamente a Khadafi, en el marco de la coalición internacional de los llamados “países no alineados”. Este bloque, que nació como expresión del nacionalismo burgués popular en 1955, se fue convirtiendo en una colección de gobiernos reaccionarios y proimperialistas. La posición de los K de América Latina sobre los acontecimientos en el Medio Oriente y el norte de África es completamente reaccionaria.

La guerra civil potencial en Libia es una nueva refutación de la tesis que ve en estos procesos revolucionarios un renacimiento del panarabismo, es decir la unidad política de los estados árabes. No hay sombra de duda de que la revolución en los países árabes ha provocado un renacimiento del orgullo nacional y del arabismo, pero su contenido político es en esencia la ruptura de la “unidad nacional” árabe entre los explotados, de un lado, y los regímenes feudal-capitalistas, burgueses y pequeño burgueses reaccionarios, del otro. En la historia de la lucha de clases de las naciones o pseudonaciones árabes, la crisis actual representa, más que su momento ‘nacional’, su momento ‘social’. La independencia nacional y la unidad política del mundo árabe solamente son posibles, no por medio del panarabismo, sino de la revolución socialista.

Juanelo

27 de febrero de 2011

Respuesta del Partido Obrero a la solicitada de la Unión Ferroviaria

LA UNION FERROVIARIA CONFIRMA EL PLAN CRIMINAL Y SUS MOTIVACIONES

En una solicitada que debería ser tenida en cuenta por la fiscalía en la causa judicial, la Unión Ferroviaria confirma sus motivaciones en el plan criminal que condujo al asesinato de Mariano Ferreyra. La UF reclama la libertad de Pedraza y Fernández y del “grupo de compañeros que procuró impedir el corte de vías, hartos de no poder trabajar en paz”. Justifica así a la emboscada del pasado 20 de octubre, muy lejos de las vías del tren, que terminó con la vida de Mariano y con varios compañeros heridos.

La solicitada quiere justificar un paro extorsivo, para presionar por la excarcelación de quienes, no sólo fueron detenidos por su participación en un crimen político, sino que también están acusados de haber obstaculizado a la justicia, intentando coimear a algunos de sus miembros e intimidando trabajadores para que no testimonien en la causa.

La solicitada pretende legitimar a las “cooperativas promovidas hace muchos años … como único ámbito laboral posible para otros compañeros que carecen de empleabilidad para las empresas privadas”. Con ese argumento, y desde los años de la privatización menemista, se constituyeron tercerizadas para más de 4 mil trabajadores ferroviarios, fuera de convenio. Mientras estos mismos dirigentes entregaban las huelgas contra 80 mil despidos, se erigían en empresarios asociados a los grupos privatizadores. Ellos mismos formaron tercerizadas que explotan a sus compañeros hasta el día de hoy. La solicitada llega a afirmar que “la lucha de décadas de la Unión Ferroviaria contra la tercerización es silenciada”. Pero no se puede “silenciar” lo que no existió: desde el sindicato no hubo ninguna lucha contra la tercerización, por la sencilla razón de que los dirigentes que debían encabezarla eran, ellos mismos, empresarios precarizadores.

La UF dice que el Partido Obrero “que no tiene obreros”, sería el responsable de “fracturar el campo popular, debilitar al gobierno y favorecer el capitalismo más concentrado”. No es el PO, sin embargo, quien co-gerencia los ferrocarriles de pasajeros con Roggio, Cirigliano y Romero -los integrantes de la UGOFE- y es socio de Macri y otros grupos en el Belgrano Cargas. Al “partido sin obreros”, lo acusan al mismo tiempo de querer “quedarse con la UF”, algo que no podría hacer nunca sin contar con una agrupación y con obreros ferroviarios.

La burocracia no sólo teme que los miles de tercerizados ingresen a planta y desafíen, como afiliados a la UF, su dictadura en el ferrocarril. Temen perder también el negocio de la tercerización y la caja del conjunto del sistema ferroviario, que regentean junto a los privatizadores y a la Secretaría de Transporte, a través de Antonio Luna -de la Fraternidad- y otros funcionarios del área.

El paro que la solicitada pretende justificar no se cumplió en todos los ferrocarriles. Trabajó casi normalmente el Sarmiento, al igual que los Talleres de Remedios de Escala del Roca (90% de presentismo), el mismo lugar donde se reclutó la patota criminal. Miles de compañeros se presentaron a trabajar y no pudieron hacerlo, ya que se cerraron estaciones como Constitución y no se despacharon trenes desde la Ugofe, que debe ser investigada en torno al crimen de Mariano y a su actual accionar.

La burocracia sindical de Pedraza está en desintegración. La acefalía de la UF no pudo ser disimulada por este paro trucho. Sus filas deben ser reorganizadas de abajo para arriba, para que una asamblea general nombre una Comisión Provisoria y convoque urgentes elecciones de delegados en el Roca, donde puedan votar todos los tercerizados y elecciones generales anulando el estatuto cárcel que garantiza el continuismo.

El ferrocarril entero está colapsado: los Pedraza, los privatizadores y sus funcionarios deben ser expulsados de su gestión, para emprender una renacionalización bajo la gestión de trabajadores y técnicos electos.


PARTIDO OBRERO

24 de febrero de 2011

DELASOTISTAS Y KIRCHNERISTAS, UNA PAREJA DE LA SOCIEDAD RURAL.

“El anuncio de integración de los distintos grupos kirchneristas a las listas oficiales del PJ cordobés termina de sepultar las pretensiones del kirchnerismo de ser un freno a la derecha y a la patria sojera”, señaló Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero.

“Los que se pasaron años despotricando contra la derecha y la restauración conservadora, han terminado abrazados con la derecha de su propio partido. Ahora saldrán a pelear el voto para coronar gobernador a un representante dilecto de la patria sojera, uno de los líderes de la mal llamada lucha del campo, el mismo que no vaciló en reprender a las madres de los desaparecidos por no haber `cuidado a sus hijos´”, continuó Salas.

“No extraña este maridaje si recordamos que los principales dirigentes del kirchnerismo de Córdoba –Accastello, Cantero o Francioni– tienen profundos vínculos con el capital agrario. Finalmente la elección de gobernador en Córdoba estará dominada por representantes de los capitalistas del campo y la especulación inmobiliaria, De la Sota, Juez y Aguad”, continuó expresándose Salas.

“Desde el Partido Obrero consideramos necesario terminar con los enormes subsidios al capital agrario –a través del impuesto inmobiliario rural– y colocar los fondos al servicio de un plan de desarrollo industrial del interior provincial, romper así con el atraso que significa el dominio del gran capital financiero sobre la explotación agrícola. El uso del suelo debe ser de dominio público, única forma de que la producción agraria redunde en un desarrollo productivo, en una mejora de las condiciones materiales de los trabajadores y en la preservación de nuestros bosques, nuestros ríos y nuestro medio ambiente”, finalizó Eduardo Salas.


Comuníquese con Eduardo Salas: 351 - 5477025

ABAJO EL FALSO “PARO” DE PEDRAZA Y SU PATOTA

El PARTIDO OBRERO llama a los obreros ferroviarios a repudiar el falso “paro” convocado para mañana viernes por la burocracia de la Unión Ferroviaria con la finalidad de presionar por la excarcelación del autor intelectual número uno del crimen de Mariano Ferreyra.

No sólo es una extorsión para lograr la libertad de Pedraza y su patota. Es también un recurso desesperado de Pedraza para mostrar que todavía controla al sindicato y al propio ferrocarril. Con seguridad, el “paro” contará con la colaboración de los concesionarios, como ya ocurrió el miércoles pasado. Y con el silencio del gobierno, que sigue sin condenar a la patota y –más grave aún- mantiene en la gestión ferroviaria a los Pedraza, a sus socios empresarios y a los funcionarios que responden a unos y a otros, como Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario.

Pero con el “paro” del pasado martes ya fracasó en la mayoría de las líneas. Una porción cada vez más importante de las bases ferroviarias no quieren saber nada con parar por un burócrata pro-patronal y jefe de una patota asesina como Pedraza.

Frente al paro de mañana, llamamos a desarrollar ese repudio a fondo; a no parar; a realizar asambleas para que Pedraza y sus secuaces se vayan definitivamente de la UF y de la gestión del ferrocarril.

20 de febrero de 2011

"¿Qué ves Altamira que yo no veo?"

En torno a Egipto y la crisis capitalista

En noviembre pasado dejamos pasar una entrevista que Clarín (21/11) le hizo al escritor David Viñas -que se destacó en política, por sobre todo, como un inspirador intelectual del frondizismo, y que mucho más tarde fue candidato de relleno de Izquierda Unida. La entrevista gira en torno de la literatura, la militancia y la intelectualidad, pero cuando se desvía hacia "la organización obrera" (según Viñas, "en una gran crisis"), el escritor sorprende con lo que parece un exabrupto: "Tendría que hacer -dice- el análisis de Palabra Obrera (sic, se refiere al Partido Obrero), de su vocero. Tiene (dice en referencia a éste) la retórica de la vieja izquierda. Yunque, Almafuerte, Altamira ... ¿Altamira? ¿Qué ves vos (por Altamira) que yo no veo? (se pone la mano como visera). Está atorada la izquierda...".

Dejamos pasar estas observaciones, en su momento, porque son muy exiguas para un análisis o cometario. Ahora, sin embargo, cobran actualidad, aunque no porque equiparen la retórica de Altamira con la de Yunque y de Almafuerte. La comparación es, claro, un elogio, pero aún más la admisión de que el PO tiene una retórica, algo que solamente ocurre con tendencias políticas de personalidad definida y concluyente. Lo que da actualidad a lo que dice Viñas en la entrevista es el proceso revolucionario que se da en las naciones árabes y en particular en Egipto. Porque lo que Viñas no ve, incluso con la ayuda de la mano en la visera, es la bancarrota capitalista que pone de manifiesto la crisis mundial presente y, por sobre todo, sus consecuencias políticas: la creación de situaciones revolucionarias y la irrupción de revoluciones.

Viñas, escuetamente, es cierto, expone el punto de vista convencional de la izquierda, que ha perdido por completo su carácter revolucionario -si es que alguna vez lo tuvo. Los aliados pasados de Viñas se encuentran hoy en las filas de los K o de Pino -vaya antigüedad si las hay. Para esa izquierda, la crisis del capital es un episodio que sirve para reafirmar su imbatible dominación, no la manifestación de su carácter transitorio y de la inevitabilidad de las revoluciones sociales y socialistas. La lucha política es también una lucha de previsiones y de pronósticos, porque ellas son la base de la organización y de la acción políticas.-

17 de febrero de 2011

Venegas, Zanola, Moyano, Pedraza, Barrionuevo.

Fuera la burocracia sindical

El desbarranque de la muletilla kirchnerista "Moyano es el dirigente que yo quisiera tener en mi gremio", no puede ser más completo. El camionero reunió de urgencia, en horas, a la cúpula de la CGT para defender al "duhaldista" Venegas y al "compañero Zanola", "por encima de las diferencias". La inclusión de Zanola (y su mujer) después de horas de debate no deja dudas de una presión política de conjunto a favor de la impunidad de toda la burocracia sindical. La CGT ha dicho que "los dirigentes sindicales parecieran sufrir la presunción de culpabilidad, no de inocencia", quedando a milímetros de pedir que Pedraza no sea molestado (bien mirado, lo ha planteado por elevación). Duhalde ha dicho que apuntaron al "corazón del peronismo", es decir a la burocracia sindical. Moyano se le unió.

Es que la causa llegó demasiado lejos, hay por lo menos cinco delitos en juego que, bien investigados, ya no abarcarían a las 52 obras sociales involucradas hasta ahora, si no a todas. Troqueles falsos, adulteración de medicamentos, uso del dinero asignado a remedios para otros fines (como serían veinte vehículos de Uatre), lavado de dinero (los cheques para la campaña kirchnerista no habrían provenido de los fondos del empresario importador de efedrina Néstor Lorenzo, sino que se habrían usado para encubrir fondos que venían presumiblemente del tráfico de drogas). El agua llega muy cerca del cuello del propio Hugo Moyano, puesto que la obra social de camioneros está fuertemente involucrada en la cuestión de los medicamentos, con uno de los auditores de su obra social ya procesado en la causa y su propia mujer en la mira de la justicia porque es la gerente de los negocios de salud -y de los otros- de la burocracia camionera.

Patricia Bullrich, que de esto sabe porque fue ministra de Trabajo de De la Rúa y amiga íntima de Santibáñez, jefe de la Side de aquel gabinete, declaró que el lavado de fondos por vía del preso Néstor Lorenzo podría provenir de la caja institucionalmente negra de la Side, que -agreguemos- durante el kirchnerismo ha cuadruplicado sus fondos medidos en moneda constante.

Un resorte clave del moyanismo está bajo la lupa, según se deduce de estos delitos: el manejo de la APE, la administración de fondos especiales que concentra miles de millones para tratamientos de alta complejidad. Una caja formada por el 10% de los aportes que va a este fondo de redistribución y que es administrada por el Estado kirchnerista-moyanista. Moyano está admitiendo que "Cristina presidenta" le debe 6 mil millones de pesos a las obras sociales en este rubro, lo que constituye una confiscación para pago de deuda pública y otros fines. Moyano protesta pero con sordina, porque él maneja discrecionalmente para sus sindicalistas este fondo. De allí, y de su descontrol y transfugueadas, surgen algunos de los desvíos ventilados en la causa.

Venegas tuvo que declarar por el procesamiento en tres causas, pero sabido es que varias de estas causas ya están ligadas al triple crimen de General Rodríguez, cuyas conexiones con cárteles de la droga aparecieron por todos lados. Sabido es también que se estima que el crimen del sindicalista de la Obra Social de Maestranza está siendo vinculado al caso. También sabemos que el asesinato de Beroiz, el tesorero rosarino de la federación camionera, fue resultado de una feroz interna que está saltando cada día más adentro de Camioneros. Si Oyarbide avanzara por algún motivo en el delito de los "retornos", el vaciamiento de clínicas propias, la venta adulterada de activos de las obras sociales, lo manejos a favor de prestadores ligados a las gerenciadoras ligadas a los dirigentes sindicales que regentean las obras sociales, no quedaría títere con cabeza de toda la burocracia sindical.

El Momo Venegas, atacado últimamente por cierto kirchnerismo por tolerar el trabajo esclavo en los campos o haber apoyado a la Mesa de Enlace, antes de la crisis del campo era el ejemplo de "regularización" del trabajo rural para el propio Ministerio de Trabajo de Néstor Kirchner. Es más, el Renatre, un órgano obrero-patronal de regulación del trabajo agrario, formado por la Sociedad Rural y las demás patronales agrarias junto a la Uatre de Venegas, fue creado en 2004. Se trata de una criatura colaboracionista de cuño kirchnerista responsable de que el 60/70% del trabajo agrario sea en negro, de que los peones rurales tengan un salario de pobreza y de que se haya prolongado la exclusión del sector de la ley de contrato de trabajo que rige a todos los trabajadores de la producción. Venegas es un Pedraza, puesto que está asociado como él al negocio de la explotación de sus propios compañeros; por eso, para el duhaldismo, la burguesía agraria, Solá, el degennarista Eduardo Buzzi y hasta Alfonsín "genera dudas el accionar del ejecutivo sobre la justicia". La defensa de Venegas fue una cuestión de Estado.

El kirchnerismo sindical se distanció políticamente de Venegas y Barrionuevo con motivo de la crisis con el capital agrario que los tenía en un mismo frente de clase junto a toda la patria sojera, para la cual el gobierno sigue gobernando como lo demuestra el boom del "yuyo" y de sus exportadores que se multiplica año tras año. El fabuloso cierre de filas operado en horas, ante la detención para indagar a Venegas, es una enorme escuela para los trabajadores acerca de la naturaleza de la burocracia sindical.

Resulta notable que la CGT jamás tuvo reunión ni de urgencia ni de las otras, ni declaración alguna para defender a los miles de procesados por luchas sindicales de decenas de gremios de todo el país, incluidos presos como el compañero Luis Guineo de ATE Santa Cruz o, más recientemente, los cuatro compañeros ferroviarios de Causa Ferroviaria y el PO, por el corte de vías a favor del pase a planta de dos mil tercerizados del Roca y la reincorporación de centenares de despedidos. No se ha pronunciado por la cárcel a los asesinos de Mariano y mucho menos, por la cárcel a Fernández y Pedraza, cuya indagatoria ya está doblemente pedida por dos fiscales diferentes.

Dos centrales irreconciliablemente enfrentadas por las listas de octubre, la de Moyano y de Barrionuevo, se unieron de pronto en torno a la defensa de la corrupción generalizada que caracteriza a la burocracia sindical. El encarcelamiento de las mafias de los medicamentos y la investigación de la caja negra de la APE y de todas las obras sociales son banderas políticas para toda la clase obrera. Los seis mil millones adeudados por el gobierno kirchnerista a las obras sociales tienen que volver a los trabajadores, no al bolsillo de la burocracia sindical. Los trabajadores tenemos que replantearnos a fondo la intervención en los sindicatos y las obras sociales: apertura de libros a comisiones obreras electas en asambleas; independencia de los sindicatos y electividad de los cargos de las obras sociales; sistema único de salud articulado, gratuito y universal para todos los trabajadores.


Néstor Pitrola

Tomemos las paritarias en nuestras manos

En un cuadro inflacionario ascendente las paritarias no tienen un rumbo definido todavía, o al menos la burocracia, la patronal y el gobierno encuentran cada día un nuevo obstáculo para diseñar una línea de contención a la presión obrera, incluso algunas precoces huelgas estivales.

En un año electoral, el conjunto de la patronal no quiso dar un acuerdo marco que constituyera un respaldo de "gobernabilidad". El debate no parece ajeno a la crisis de la Unión Industrial, donde un sector pateó el tablero capitaneado por la súpersubsidiada Aluar, también dueña de Fate, súperprotegida de las importaciones chinas y coreanas de neumáticos. El gobierno apeló también a los íntimos capitales petroleros y mineros y parte de las burocracias sindicales del sector, con los que firmó acuerdos de paz social que no sirvieron de contención ni en sus propios gremios.

La CGT moyanista, imposibilitada ya el año pasado de fijar un tope que discipline los salarios, se ha dado la táctica de hacer bandera con dos temas: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la suba del tope para el cobro de los salarios familiares. El tema debe ser clarificado entre los trabajadores porque se trata de devolvernos algo que es nuestro y de lo cual estamos siendo despojados. Un millón y medio de asalariados tributan ganancias, cuando por definición se trata de un impuesto al capital. Para colmo la cantidad de trabajadores afectados presenta una trayectoria ascendente, porque las actualizaciones kirchneristas de la base imponible son menores a los promedios arrancados en las paritarias y aumentos fabriles, y más aún cuando buena parte de la reactivación económica es cubierta con extras y no con nuevos puestos de trabajo. Esto vale incluso en el Estado, porque el 30% del gremio docente tributa la gabela como consecuencia de que trabaja en doble cargo, lo que constituye un atentado al Estatuto docente, al ser humano que enseña y al que aprende. En el caso de los salarios familiares, que no se cobran en salarios más arriba de 4.800 pesos y tienen escala descendente según el monto, directamente están haciendo caja de la Anses con fuerte superávit, des-universalizando un salario por hijo cuando se llenan la boca con la asignación universal, como se ve financiada en parte por los propios trabajadores. Se impone la derogación del impuesto al salario y el cobro irrestricto y actualizado del salario familiar.

La cuestión del mínimo será corregida, contra los dichos del atribulado Tomada, que negó que estuviera en la agenda, pero, ojo, su porcentaje, lo mismo que los aumentos estatales, tratarán de ser tomados por el ministro-candidato como la referencia que Moyano, Yasky y compañía no están en condiciones de garantizar. El tema no es menor porque se trata del ministerio que después hace caer el peso arbitral del Estado para controlar las huelgas que luchan por una verdadera recomposición salarial.

Otro recurso de emergencia busca ser instrumentado por la burocracia petrolera de la patagonia, la participación en ganancias, inspirada en el proyecto Recalde que le sirvió a Moyano para discursear en River y que luego la presidenta le mandó a archivar. Confirmando nuestro análisis -a contramano de una entusiasmada izquierda- este proyecto busca ser usado para rebajar el reclamo de aumento a la plantilla salarial -del 40%, en el caso petrolero. Sin apertura de los libros empresarios, y aplicado sólo a grandes empresas, es estéril y un factor de división del movimiento obrero.

Moyano ha vuelto con la muletilla de que no hay "piso ni techo", pero mientras tanto la UOM, sin mandato de ninguna naturaleza, ha hecho dos movimientos decisivos. Firmó en Peugeot el laudo 29 automotriz metalúrgico, 15% por seis meses. Después del retraso de los años anteriores, el aumento es una entregada, basta ver que el básico se va a cuatro mil pesos, lo cual en la industria automotriz es la última miseria. Con un aumento de este tipo, la rama 17 -que abarca a la inmensa mayoría de la UOM- se iría a un básico de 2.500 pesos, una auténtica canasta de pobreza. El otro movimiento de la UOM ha sido presentarse al conjunto de la paritaria con un reclamo del 30% que nadie votó, destinado a sufrir rebajas como todo reclamo inicial, es decir una política a la medida de la patronal.

Esta línea de firmar por seis meses "y vemos", lo mismo que las cuotas con las que vienen entregando el salario ante una inflación creciente, es música para los oídos patronales que ya adelantaron que remarcarán trasladando los aumentos a los precios, lo cual es una estafa porque, por esos aumentos pasados, precisamente, la recaudación tributaria aumentó un 40% en el 2010, claro indicativo del nivel de confiscación que sufrimos en las ramas privadas y en el Estado -que otorgó la mitad de ese porcentaje.

En los gremios estatales, Yasky no está nada cómodo. Le han ofrecido migajas a Ctera, cuando empiezan a moverse las aguas en las provincias patagónicas mucho antes del comienzo de clases.

Hay que tomar el toro por las astas apoyados en las experiencias más avanzadas del movimiento obrero, como los 5.000 pesos de básico que arrancaron los aceiteros, y sobre esos importes reclamar cláusulas de actualización por inflación. Los aceiteros no consiguieron un gran porcentaje, sólo el 25%, pero sin cuotas y con una cláusula de revisión a mediados del año paritario si la inflación desborda. En realidad, tienen que fijarse actualizaciones en base a índices de universidades e institutos provinciales, bajo control periódico de los trabajadores, dada la destrucción del Indec. Otro tema vital de todo debate salarial es la incorporación al básico de todos los importes en negro y no remunerativos de distinto tipo que se han acumulado, especialmente con la excusa de la crisis 2008/2009. Si no es ahora, ¿cuándo?

Por otro lado, a pocos meses del asesinato de Mariano, con la lucha de los tercerizados ferroviarios en pleno desarrollo, cuando una CGT regional como la del cordón industrial de San Lorenzo ha ido a la huelga por la equiparación y pase a planta de sus tercerizados, el tema de la efectivización de contratados y el pase a planta de tercerizados y de agencia es una bandera clave. Lo mismo ocurre con los planteos de recategorización, pendientes en infinitos gremios, como gráficos, metalúrgicos, papeleros y tantos otros, o los de aumento por antigüedad como en el subte (piden 2% por año), tienen que formar parte de un paquete de reivindicaciones a impulsar en cada gremio.

El marco para desenvolver este programa es el de un desprestigio brutal de toda la burocracia sindical y de una crisis política, donde Moyano ha tenido que salir a rescatar a la mafia de Uatre, con Mesa de Enlace y todo, para salvar su propio pellejo. Más que nunca se trata de exigir paritarios elegidos en asamblea, con pliegos reivindicativos votados por esas asambleas, cuando los dirigentes sindicales pierden sus energías en los estrados judiciales y allanamientos a la mayoría de las obras sociales. Abramos el debate en las asambleas fabriles para condicionar y exigir que los reclamos sean votados por congresos de delegados con mandato y que toda la negociación sea informada y sometida a examen de los trabajadores.

• 5.000 pesos de salario básico.
• Actualización por inflación.Incorporación al básico de todo monto en negro.
• Recategorización.
• Pase a planta de todos los tercerizados y contratados.
• Anulación del impuesto al salario.
• Salario familiar sin topes.
• Asambleas de base para mandatar a los sindicatos.


Néstor Pitrola

Macri y Clarín contra el Partido Obrero

CON EL MODUS OPERANDI DE LOS K

El ataque al Partido Obrero, mediante difamaciones emanadas desde el poder, en acuerdo directo con los grandes medios de comunicación, no es una política privativa del kirchnerismo. Ahora el macrismo y Clarín han lanzado también un ataque de cosecha propia, afirmando que el Partido Obrero es el responsable de la quema de la puerta de la Jefatura de Gobierno (ver Clarín del 17 de enero). La nota de marras nos responsabiliza por incidentes que se habrían sucedido el 20 de diciembre en el edificio de la Jefatura sin aportar prueba alguna que involucre a nuestra organización: "También en diciembre militantes del PO quemaron la puerta y hubo que restaurarla casi por completo". Como salta a la vista no se trata de un ataque político, que debe ser respondido mediante una lucha política, sino de una afirmación que nos imputa una acción sin la menor prueba.

Notas como la de Clarín apuntan a socavar a nuestra organización de cara al conjunto del pueblo. No estamos ante el libre ejercicio de la "libertad de prensa" sino ante un operativo político de la clase capitalista, su gobierno, partidos y medios de comunicación para atacar, mediante la calumnia y la injuria, a una organización que siempre defendió los intereses de los trabajadores. Se trata de una cuestión de clase y, por lo tanto, estratégica, en la que se borran las diferencias que separan a los Macri con los K, y a Clarín de Página/12 y Tiempo Argentino.

El PO envió una carta documento al diario Clarín para que rectifique sus dichos, reservándonos el derecho de comenzar acciones legales. El diario respondió señalando que la nota "refleja fielmente la información brindada por las fuentes, en este caso fuentes oficiales del GCBA (Sr. Iván Pavlovsky -vocero del GCBA), las que por otro lado han sido concretamente enunciadas en ella". Con este recurso, Clarín busca sacarse el problema de encima y responsabiliza sobre sus afirmaciones calumniosas al vocero oficial del Gobierno de la Ciudad.

Pero, luego, recibimos una nueva carta -fechada el 29 de enero- enviada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ella señalan que el PO "orienta y consiente destrozos y daños a bienes públicos de la Ciudad de Buenos Aires" y que personas "que se identifican" con el PO "han promovido alguno de los ataques a los que hacemos referencia". Concluye reclamando que el PO "arbitre las medidas necesarias a fin de cesar en los ilícitos" y que asuma "los daños ocasionados al patrimonio público" que cuantifican en 1.463.879,55 pesos. En la nota, esa cifra está justificada por el artículo publicado en Clarín, lo cual es un absurdo total, ya que el gobierno debiera saber por sí mismo lo que le salen los arreglos y no por lo que cite un diario. El reclamo del pago millonario suena a burla, aunque si tenemos en cuenta que a los trabajadores del Colón Macri les reclama 50 millones de pesos por sus movilizaciones, la cosa puede ir en serio.

Es posible que la nota enviada por el gobierno sea una maniobra dictada por sus abogados para zafar de una causa penal en su contra. Todo hace recordar al modus operandi de los funcionarios y medios K, que se tiran la pelota mutuamente para evitar hacerse cargo de la responsabilidad que le compete por las injurias y mentiras vertidas contra nuestra organización. Como vemos, los ‘destituyentes' de Macri y Clarín repiten el mismo libreto.

El Partido Obrero llevará a fondo la lucha contra Macri y Clarín, en todos los terrenos, incluso el legal. De esta manera, defendemos a nuestra organización de los ataques de la clase capitalista.


Gabriel Solano

"Obama o Cristina"

No pasaron más que algunas semanas desde que la secretaria norteamericana Hillary Clinton agradeciera a CFK su reacción discreta frente a las revelaciones de WikiLeaks, que mostraban la injerencia de la embajada de Estados Unidos en los asuntos políticos de Argentina. La Presidenta debió haber creído entonces que su gesto había ‘comprado' la neutralidad del matón del norte frente a las elecciones nacionales de octubre próximo. Los mentideros yanquis habían alimentado esa ficción con la interpretación de que "CFK no es Néstor", aludiendo a una tendencia de la Presidenta a la contemporización. El anuncio, por parte de Obama, en la sesión de apertura del Congreso norteamericano, de que pasaría por Brasil y Chile, y esquivaría a Argentina, la devolvió, sin embargo, a la realidad: los yanquis quieren un cambio de gobierno en las orillas occidentales del Plata. Los mismos voceros del gobierno norteamericano avalaron esta interpretación cuando dijeron que Obama no quería venir a Argentina en un año electoral. No es un problema ‘ideológico' lo que está en juego, como lo prueba la visita que tiene planeada Obama, en esa misma gira, a El Salvador, cuyo presidente es un camarada de ruta proyanqui del FMLN, o a la ex guerrillera Dilma Roussef. Luego de haber defendido con éxito el golpe de Estado en Honduras, el gobierno norteamericano logró que el colombiano Santos impusiera a Chávez un cordón de seguridad en la frontera que ya redundó en la extradición de varios guerrilleros de las Farc, y aún más con el ecuatoriano Correa, que tiene un verdadero pacto militar con su par colombiano. Todo esto ha tenido lugar sin afectar al Plan Colombia, como se llama la penetración político-militar que esgrime como pretexto el combate al narcotráfico. Ahora se prevé extender este plan a México. En las recientes elecciones en Venezuela, el establishment yanqui se entusiasmó con la victoria electoral de la oposición ‘escuálida'. La Argentina K, que navega entre las aguas del Alba chavista y los acuerdos con el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional, aparece como el ‘eslabón más débil' de los gobiernos que tienen roces con el gobierno norteamericano -incluso después de la partida de Bush. El esfuerzo que deben hacer los yanquis para quitárselo de encima no es mucho, pues les alcanza que los K no ganen en primera vuelta. Esto explica las tiradas del ministro más proyanqui del gabinete, Héctor "Twitterman", contra el entrenamiento de la seguridad argentina por parte de los servicios yanquis y el ‘incidente' del avión.

Llama la atención que los comentaristas políticos no hayan considerado la ligazón entre la decisión del gobierno de declarar un conflicto con su par de Estados Unidos por la incautación del material no declarado en el avión norteamericano, con el asunto del contrabando de cocaína de ex miembros de la fuerza aérea argentina que fue develado en España. Ocurre que mientras la Justicia de España tiene distanciado al gobierno de Argentina de la investigación, no ocurre lo mismo con la DEA o con el FBI, para quienes no parece regir el secreto del sumario. Se podría sospechar o suponer que el gobierno de CFK espera alguna ‘sorpresa' por este lado, con implicancias en la perspectiva electoral. Las andanzas de Twitterman podrían interpretarse, entonces, como una apertura preventiva del paraguas. El experto internacional Gabriel Tokatlian, describió en Clarín el descontento de Estados Unidos con la posición de Argentina de no implicar a las fuerzas armadas en operaciones contra el narcotráfico, pero no menciona que en Madrid se está ventilando la operación inversa: una implicancia de militares de Argentina con el negociado de estupefacientes. En su momento, Chávez echó a la DEA, el organismo de combate al narcotráfico de Estados Unidos; los K responden al acoso norteamericano sobre el mismo tema desde una posición más módica -con una incautación de material. Todo indica que los tribunales ocuparán un lugar más relevante que la televisión en la próxima campaña electoral, a pesar -incluso- de la ley de medios.

Todo este escenario no alcanza, sin embargo, para rebobinar un escenario de Braden o Perón, simplemente por la enorme atadura que tienen la burguesía criolla y el gobierno K con el imperialismo yanqui y el capital financiero internacional. Una campaña electoral con el lema Obama o Cristina tendría que apoyarse en hechos, como el retiro de las tropas argentinas de Haití, la ruptura de las operaciones conjuntas de entrenamiento con el Comando sur del Pentágono, la anulación de la ley antiterrorista -y, por último, la disposición a tomar medidas económicas contra el capital financiero, ya que la respuesta a esta crisis de parte del capital mundial y de sus Estados sería una fuga de capitales aún mayor que la que está ocurriendo en este mismo momento. Ni la burguesía K, que ha salido presurosa a endeudarse en el exterior, para aprovechar el diferencial entre las tasas de interés que se pagan afuera y la tasa de beneficios que se obtiene adentro, respaldaría un choque con el imperialismo; sería la gota que la empujaría al campo opositor. Esto explica la firmeza de la oposición para defender la versión mentirosa de los yanquis sobre el contrabando de equipos sensibles en el avión incautado, con la excepción limitada de Ricardo Alfonsín. Como nos tiene habituado el nacionalismo burgués criollo, detrás de los gritos histéricos del canciller, y ni qué decir del jefe de Gabinete, se esconde un apasionado deseo de compromiso, o sea de capitulación. El compromiso reforzará la convicción del matón del norte de que podría poner a su pollo en octubre, se llame Macri, Duhalde o Sanz -un triángulo de mediocridades.

A partir de esta caracterización, llamamos a acentuar la denuncia de la penetración norteamericana en los servicios de seguridad y en el Estado argentino, y a reclamar la expulsión de todas las misiones que operan aquí y la ruptura de la colaboración política internacional con el imperialismo yanqui. Sobre esta base llamamos, por sobre todo, a desarrollar un polo político independiente de los trabajadores, advirtiendo que la más mínima confianza en el gobierno y en los K en general, es una vía segura para la derrota.


J. A.

Los K arrugan ante un momo

Y Pedraza hace fila con Venegas

Lo ocurrido la semana pasada, con la detención y excarcelación de Venegas, el Mubarak de la Uatre, tiene todas las características de una operación golpista. Duhalde y compañía no lo presentaron de este modo por obvias razones conspirativas, pero tampoco lo hicieron la Presidenta y sus cortesanos, que tantas veces recurrieron al cuco ‘destituyente'. El oficialismo cree que ninguneando el hecho, aleja la vulnerabilidad que dejó al desnudo. En un abrir y cerrar de ojos, un aparato de punteros debidamente ‘lubricado' y alerta forzó al gobierno a recular de la operación que había montado antes: obtener de Oyarbide el encarcelamiento de Venegas. Bajo la presión de la ‘derecha' duhaldista, los K pusieron el cambio en reversa y, con los mismos métodos con que llevaron al responsable del trabajo esclavo en cana (la presión sobre el juez), ordenaron a Oyarbide que lo pusiera en libertad. Con la detención de Venegas, los K pretendieron, probablemente, ‘compensar' el procesamiento de Capaccioli por el mismo delito de adulteración de medicamentos. Pero, apretada oficialista aparte, Oyarbide tenía fuertes motivos para encerrar al aliado ‘obrero' de la Mesa de Enlace sin pasar antes por una indagatoria, puesto que en tres ocasiones anteriores había encontrado las pruebas para hacerlo en allanamientos al ‘sindicato'. La excarcelación, por el contrario, fue el producto del matonaje: los momo-barranueva-duhaldistas se largaron a cortar calles y rutas, importándoles un bledo sus repetidos planteos de defensa del ‘espacio público'. El oficialismo, en pánico, hizo soltar al Momo, pasando por encima de toda la ficción de la independencia del Poder Judicial. El sometimiento de las ‘instituciones' a la presión de un aparato político mafioso tipifica una acción golpista -que el gobierno no ha querido admitir para mejor poder recular. Ningún periodista, curiosamente, a pesar de las calificaciones intelectuales de muchos, relacionó esta asonada con los métodos de la burocracia sindical en los '70 para derrocar a los gobernadores camporistas y al propio Cámpora.

Obviamente, como la historia que se repite se disfraza de farsa, esta pseudo-reposición derechista de los '70 no debería ser tomada en serio. Pero no ocurre por primera vez: antes de las murgas movilizadas por el Momo la semana pasada, el ‘fraternal' Maturano paró varias veces el ferrocarril para que no fuera indagado Pedraza y para que fuera liberada la patota que mató a nuestro compañero Mariano -lo que supone el hecho anterior de la ejecución de este crimen. Un escriba regular de Tiempo Argentino, vinculado con Madres, o sea un ‘militante', había advertido a la Presidenta de la imprudencia de separar a la mafia de Pedraza del ferrocarril y de la Secretaría de Transporte, por las represalias que ella pudiera tomar contra el gobierno. La previsión del mencionado alcahuete ha ocurrido efectivamente por partida doble: las represalias tuvieron lugar, aunque no por parte la burocracia oficialista pero sí de la opositora, y el gobierno capituló ante el apriete en toda la línea. La reacción de los ‘destituyentes' ha dejado al desnudo la impotencia oficial. Así razonando, los ‘militantes' K van justificando sus agachadas ante la derecha -tanto ‘endógena' como ‘exógena'. En la comparsa del Momo de la semana pasada participó incluso la Mesa de Enlace en pleno. En definitiva, la prepeada de los Duhalde, Barrionuevo y Venegas (y Biolcati) ha dejado al desnudo las posibilidades golpistas de la patota opositora ante la total incapacidad del gobierno para hacerle frente.

La momo-patoteada ‘destituyente' puso también de manifiesto las fracturas y las deslealtades del frente oficial. Ocurre que Moyano tomó partido por el Momo. Para los comentaristas se trató de una "reacción corporativa" de los adulteradores de medicamentos. Esto es cierto pero hasta un cierto punto, pues el sector oficialista de los adulteradores hubiera debido confiar en el socorro que les brinda el gobierno -y no socavar a este gobierno haciendo pata con los sindicalistas de la Mesa de Enlace. Si, a la luz de los hechos, resulta que esa confianza ha mermado, estamos entonces ante una enorme crisis política -lo que es más que una complicidad ‘corporativa'. La ‘momada' de Moyano produjo una crisis con La Cámpora sindical, que se manifestó durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT cuando Recalde y Piumato se opusieron a acompañar a Moyano en el repudio a la detención de Venegas. Esto ha ocurrido cuando los lazos entre la juventud ‘militante' y la ‘juventud sindical' son cada vez más estrechos.

En contraste con la capitulación del gobierno ante los ‘destituyentes' y sus métodos golpistas, y en oposición a su política frente a los delitos de la burocracia sindical, nuestra posición es: juicio ya y cárcel a la burocracia sindical adulteradora de medicamentos y a todos sus socios de la mafia empresarial; indagatoria ya a Pedraza, y juicio y castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra -es decir a la burocracia, a la policía y a las patronales de Ugofe. Pase a planta permanente de todos los tercerizados.


Jorge Altamira

LOS TRENES DE PEDRAZA, UGOFE Y LOS K.

El choque de trenes en San Miguel ha mostrado un escenario repetido: el del derrumbe ferroviario.

El deterioro del servicio marcha de la mano de la precarización de sus trabajadores, del enriquecimiento de los concesionarios y de la complicidad de una burocracia sindical que es, ella también, empresaria.

El ente regulador, a cargo del "control", es una agencia muda al servicio de los concesionarios. Mientras tanto, los gastos de infraestructura fueron pasados al Estado.

Las vías del San Martín, donde sucedió el accidente, son administradas por la Ugofe. La misma "empresa tripartita" que en el ferrocarril Roca se aferra a la tercerización laboral, en complicidad con el gobierno y los Pedraza.

Hace cuatro meses, esa alianza burocrático-empresarial-estatal se cobró la vida de Mariano Ferreyra.

Los responsables políticos de ese crimen aún no han sido indagados. Sus cómplices empresariales, tampoco.

La continuidad de todos ellos, en la gestión del ferrocarril, no sólo es impunidad para con el crimen de Mariano. Es la garantía para que siga el saqueo del ferrocarril, nuevos accidentes y crímenes contra el pueblo.

Expulsemos a los Pedraza-Maturano, a los privatizadores y sus funcionarios de la gestión del Ferrocarril. Por su re-estatización bajo la gestión de trabajadores electos. Cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra.

13 de febrero de 2011

NO ES LA LLUVIA ... ES EL CAPITALISMO.

La crisis hídrica que afecta la provincia es producto de la depredación capitalista y no de la escasez de lluvias.

Las medidas adoptadas por el gobierno provincial y los gobiernos municipales apuntan a castigar el consumo del común de la población y esconden que tan sólo el 5 % del recurso está destinado al consumo humano y más del 75 % va a parar al riego de los campos, a la industria y a la agroindustria, es decir al conjunto de los intereses sociales defendidos por los gobiernos.

La especulación inmobiliaria ha llevado al colapso al servicio en el cordón de las Sierras Chicas, en el valle de Punilla, etc. Se han otorgado de forma abusiva permisos para nuevos emprendimientos inmobiliarios, ejemplo Ticupil S.A. en Agua de Oro; Bugliotti y Gama en Salsipuedes; Pedanías Serranas, Alvear, y el emprendimiento en Río Ceballos por el cual el Concejo Deliberante y la Municipalidad modificaron la normativa con el único objetivo de favorecer este negocio. Estos son sólo algunos ejemplos.

La devastación de los bosques nativos, la tala indiscriminada para ampliar los "horizontes económicos" del capital agrario en beneficio de las plantaciones de soja, han jugado también un rol vital en la crisis de la falta de agua que padecemos.

Como vemos, los negocios detrás de la especulación inmobiliaria y de la soja no distinguen color político y son favorecidos por peronistas, radicales y juecistas con el mismo fervor.


* Suspensión inmediata de todo gran emprendimiento inmobiliario.

* Inmediata realización de las obras que garanticen el servicio, mediante un impuesto extraordinario a la especulación inmobiliaria, los pulpos sojeros y el gran capital.

* Recuperación del bosque nativo y áreas arboladas, expropiando sin indemnización a los pulpos inmobiliarios y sojeros que han producido la depredación.

* A esta crisis hídrica que la paguen los capitalistas que son los que la produjeron.


PARTIDO OBRERO DE RIO CEBALLOS

4 de febrero de 2011

GOLPE YANQUI EN EGIPTO

De acuerdo a las últimas informaciones, el gobierno norteamericano está organizando la sustitución de Mubarak por un gobierno encabezado por Omar Sulaiman, el vicepresidente recientemente designado por Mubarak, jefe efectivo de los servicios de espionaje y seguridad, y principal enlace con los servicios y el gobierno de Israel. Sulaiman compondría un gabinete con oficiales de las fuerzas armadas. Este gobierno de recambio se encargaría de pilotear la llamada transición, o sea la preservación del régimen político actual.

En estas condiciones, el gobierno de Estados Unidos ya tiene el acuerdo de Israel para negociar con los hasta ahora temibles Hermanos Musulmanes y hasta para dejar de lado al liberal El Baradei, a quien se le reprocha una posición pro-iraní cuando ejerció la jefatura de los inspectores de la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica). La salida que buscan los Obama y los Clinton es una mascarada que desvirtúa su constante apelación a la vigencia de la democracia.

El paso al costado del desahuciado Mubarak expresa el fracaso de las bandas paramilitares y parapoliciales en la tentativa de ahogar la revolución popular. El golpe de palacio en marcha, sin embargo, no servirá de nada, pues está lejísimo de las aspiraciones mínimas de las movilizadas masas egipcias y del conjunto del mundo árabe y musulmán.

Repudiamos el golpe yanqui en marcha y exigimos al gobierno argentino, que se viste con ropaje nacional y popular, que lo denuncie y repudie. Llamamos a participar en todas las movilizaciones de apoyo al pueblo egipcio, por la victoria completa de la revolución en curso.


Jorge Altamira

Más que nunca, con los derechos políticos del Partido Obrero.

Por disposición de la Cámara Nacional Electoral, en el último año caducaron las personerías electorales de 149 partidos políticos, esto como consecuencia de la llamada "reforma política", impulsada por el kirchnerismo con la complicidad de la UCR.

Tras su aprobación en el Congreso, el Poder Ejecutivo vetó dos artículos de esa ley que morigeraban sus alcances más restrictivos: uno postergaba hasta fines de 2011 la aplicación del piso de afiliados para la manutención de las personerías, y otro establecía que las caducidades vinculadas con los resultados electorales se aplicarían a partir de los comicios posteriores a su entrada en vigencia.El veto presidencial a la ley sancionada en el Congreso todavía se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado para su ratificación o rechazo -los diputados ya se pronunciaron por su rechazo. Los bloques oficialista y radical, que dominan la Cámara Alta, han cajoneado su tratamiento ex profeso. Ambas fuerzas comparten el objetivo de tratar de forzar mediante una ley del Estado, una polarización electoral, y hasta contener su propia disgregación, aunque la proliferación de candidatos y colectoras en ambos bandos revelarían que están fracasando en ese sentido.

La Justicia electoral, copada por el kirchnerismo, ha hecho caso omiso de la falta de definición en Senadores y ha tomado como causales de caducidad resultados electorales anteriores a la nueva legislación. A la vez, puso en vigencia exigencias leoninas para la captación de nuevos afiliados. El Partido Obrero ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Corte Suprema por aquellos distritos en los cuales nos hemos visto perjudicados por esta aplicación discrecional de la nueva legislación.

Por una alternativa obrera y socialista a la estafa K

Resulta evidente que una "reforma política" sobre la que se pretende montar una polarización entre bloques políticos patronales está apuntada especialmente a la proscripción de una oposición por izquierda al gobierno, como lo revela la profusa difusión brindada por los medios K y sus bloggeros a la caída de personerías electorales del Partido Obrero en algunos distritos. El gobierno desinforma, porque la personería nacional del PO se mantiene vigente y hemos apelado ante la Justicia los dictámenes de caducidad en aquellos distritos en los que nos vimos afectados. La divulgación sesgada y mal intencionada de los dictámenes de primera instancia de la Cámara Electoral forma parte de la campaña oficial contra el PO, que busca desacreditarnos como alternativa política a la estafa del kirchnerismo y marginarnos de la contienda electoral de 2011.

El Partido Obrero, su militancia y sus simpatizantes, sin embargo, protagonizaron durante el último año una enorme movilización en defensa de sus derechos políticos.

Actualmente, el Partido Obrero se encuentra en el tramo final de una fuerte campaña por la renovación de sus personerías y por la formación de nuevas en varios distritos. Es una campaña centrada en el desarrollo de una alternativa independiente desde la clase obrera y del pueblo que sufre la carestía y la pauperización, en la que llevamos reunidos casi 30 mil nuevos afiliados, especialmente entre la juventud y los trabajadores. El Partido Obrero participará de los próximos comicios con representación en 16 distritos.

Apoye con su firma la lucha del Partido Obrero contra la proscripción, para que los trabajadores tengamos nuestra propia voz en las elecciones de este año.


Jacyn

3 de febrero de 2011

Luis Juez: candidato todo terreno

Cuando al secretario general del gremio municipal de Córdoba, Rubén Daniele, le preguntaron por qué un ultrakirchnerista como él apoyaría una candidatura de Juez a la gobernación de Córdoba, no dudó en responder que "el programa del Frente para la Victoria y el del Frente Cívico son más o menos lo mismo" (La Voz del Interior, 23/1).

Al día siguiente, el mismo matutino entrevistó a varios referentes del agro y de otros sectores económicos para saber sus preferencias para la gobernación de Córdoba. En la nota, dos voceros ruralistas, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Néstor Roulet, y Agustín Pizzichini, titular del Consejo Córdoba de la Federación Agraria, dijeron que apoyarían la candidatura de Juez. El primero lo hace porque dice que tiene "mucho aprecio por Juez, porque en los momentos difíciles de la resolución 125 nos dio una mano, igual que Aguad"; el segundo coincidió: "nos apoyó totalmente en la lucha del campo" (La Voz del Interior, 24/1).

Sin embargo, como esta gente no se caracteriza por la melancolía de estar recordando tiempos pasados, lo que los une a Juez son lazos actuales aún más fuertes.

La mitad de sus legisladores hace un par de meses votaron junto a las bancadas del PJ y la UCR un verdadero banquete para los sojeros: la Ley de Bosques. Esa ley, entre las principales modificaciones que introduce, reduce las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas, habilitándose un millón de hectáreas para el desmonte (¡en una provincia con crisis hídrica!); se cambia el concepto de "bosque nativo": se incluye en él sólo a los árboles maduros o viejos y no los tres estratos (hierbas, arbustos y árboles); se permite el rolado y la siembra de exóticas como el forraje para la ganadería; se elimina la obligación de convocar a audiencia pública para autorizar desmontes o cambios de uso del suelo categoría "roja" y se elimina la creación de un cuerpo voluntario de cuidadores del bosque nativo.

Por otro lado, a pesar de presentarse como el paradigma viviente de la anticorrupción, defiende el principal fraude que ha quebrado y endeudado a la provincia durante los gobiernos de De la Sota y Schiaretti: el desfinanciamiento del Estado mediante la evasión impositiva de 1.000 millones de dólares anuales en impuestos al agro y los 1.000 millones de pesos en subsidios anuales que se llevan las multinacionales automotrices y de la informática.

El candidato de Pino

Como se ve, Juez ha mostrado tanto a las patronales del campo como a las industriales que es un hombre de Estado, cuyo gobierno va a defender sus negocios a costa de lo que sea. A tal punto que, en plena lucha salarial de los estatales, se pronunció por tranquilizar no a docentes y médicos sino a los capitales especulativos, ya que él es partidario de un "Estado austero" que permita pagar religiosamente la fraudulenta deuda cordobesa.

Estas coincidencias del juecismo con la política de la derecha no le quitó el apoyo de Pino Solanas; más aún, de la mano de Solanas, Juez recuperará un viejo aliado: los (no tan) Libres del Sur, y sumará al MST.

La única salida es la independencia política

La pretensión de presentar al juecismo como una salida ante un posible nuevo gobierno de De la Sota está al servicio de la confiscación política de las aspiraciones y luchas del pueblo cordobés.

Los movimientos ambientalistas, las comunidades campesinas (sobre todo del norte cordobés), el movimiento estudiantil que enfrentó la ley de educación clerical y privatista, los trabajadores que han dado fuertes luchas por el salario y contra la precarización laboral tienen, en la política cotidiana actual del juecismo, el anticipo de la orientación de un hipotético gobierno de Juez.

Las energías de ese activismo hay que volcarlas en poner en pie una alternativa política propia, desenvolver las luchas por las reivindicaciones y darles una expresión electoral. Esa es la tarea que aborda el Partido Obrero.


Alejandro Roqueiro

CRISTINA CON LAS CEREALERAS

Cristina Kirchner aprovechó su viaje a Rosario para exigir "responsabilidad" y "moderación" a los obreros de San Lorenzo, quienes rodeaban con piquetes los puertos privados de las cerealeras para reclamar 5.000 pesos de básico -una suma que apenas consigue cubrir la actual canasta familiar- y reclamar el pase a planta de contratados y tercerizados.

Horas después, el Ministerio de Trabajo dictaba la conciliación obligatoria contra la lucha de San Lorenzo para forzar al levantamiento de la huelga.

El ‘opositor' Hermes Binner coincidió con el planteo de la Presidenta desde la tribuna que compartieron en Rosario.

De este modo, el gobierno que vocifera contra la renta sojera, ponía en marcha su aparato rompehuelgas en beneficio de los monopolios que exportan la soja y el aceite de soja.

Cristina no ha vacilado en ponerse del lado de los pulpos cuando los trabajadores salen a disputar una participación en esa renta fabulosa.

La burocracia sindical, con Moyano a la cabeza, que hizo gárgaras todo el año pasado a favor de una participación en las ganancias, apoyó la resolución ministerial contra los portuarios y tercerizados.

De cara a las paritarias que se vienen, el ataque oficial a los obreros de San Lorenzo es un llamado de atención a toda la clase obrera.

Impulsemos, en todos lados, plenarios y asambleas para luchar por los cinco mil pesos de básico, el pase a planta y la equiparación salarial de tercerizados y contratados.

Fuera la burocracia sindical y sus patotas.

Juicio y castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

1 de febrero de 2011

Seguirán presos los asesinos de Mariano. Vamos ahora por la cárcel a Pedraza y a Fernández.

La decisión de la Cámara de Casación de ratificar la prisión preventiva de la patota de la Unión Ferroviaria plantea la urgencia de que se proceda a la indagatoria de José Pedraza, para llegar al juicio y castigo de los responsables políticos e institucionales del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Entre esos responsables se encuentran las empresas de Ugofe, la policía federal y la burocracia sindical de la UF. Las pericias han determinado, sin dejar lugar a dudas, la complicidad directa de las comisarías intervinientes en el hecho y por lo tanto de la jefatura de las policías bonaerense y federal.

La determinación de las tres instancias judiciales que han intervenido hasta el momento –la jueza Wilma López, la cámara del Crimen y la de Casación-, confirman la caracterización que realizó el Partido Obrero, a saber, que se trataba de un crimen político y, por lo tanto, que implicaba una responsabilidad del poder político, el cual, sin embargo, se ha llamado a un sacrílego silencio. Los responsables políticos mencionados siguen en la gestión del ferrocarril y ocupan los puestos claves de la Secretaría de Transporte. Es indudable que desmantelar esta red y exponerla ante la opinión pública, significaría el sacrificio de negocios voluminosos y un golpe a un entramado que involucra a sectores afines al poder de turno. Es indudable que la consistencia de las decisiones judiciales responde a esta caracterización política: no puede haber excarcelación en un proceso en el que la investigación en curso aún se encuentra a mitad de camino del punto de arribo. La naturaleza política de este juicio queda en evidencia también en las presiones ejercidas para obtener las excarcelaciones, en las cuales se incluyen varios lock outs ferroviarios declarados por la burocracia sindical empresarial.

El contraste entre el desarrollo del juicio por el crimen contra nuestro compañero con el que sigue el relativo al asesinato de tres campesinos en Formosa no puede ser mayor: en este último el estancamiento es completo debido a la injerencia del oficialismo en las organizaciones de las víctimas. La nitidez con la que el Partido Obrero ha planteado el crimen contra Mariano ante la opinión pública y ante los trabajadores, no permite tergiversaciones. Miles de trabajadores tercerizados han adoptado a Mariano Ferreyra como su emblema. En las calles y lugares de trabajo y estudio de todo el país, los militantes del PO siguen recibiendo la adhesión de numerosos contingentes de la población.

Ahora más que nunca vamos por la cárcel a Pedraza y Fernández y que se avance rápidamente en el pedido de indagatoria a los directivos de la Ugofe, a la cúpula de la Federal y los agentes que intervinieron en el operativo el 20 de octubre de 2010, donde ya en la investigación judicial se probó su responsabilidad en el armado del crimen.

Que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponga fin a la mafia ferroviaria y asuma la gestión directa de los ferrocarriles, bajo el control de delegados electos de los trabajadores, lo cual implica la purga consecuente en la Secretaría de Transporte.

Por la reincorporación de los despedidos y pase a planta de todos, todos, los tercerizados.