30 de diciembre de 2011

Despidos en la Municipalidad de Río Ceballos: UN ATAQUE AL PUEBLO

Desde el Partido Obrero declaramos nuestro más absoluto rechazo al despido de más de cincuenta trabajadores municipales.

Estos despidos se enmarcan en una serie de medidas que golpean a la población: la suba de los impuestos municipales en un 27%, el aumento de las tarifas del agua y del transporte.

Los despidos no sólo afectan a las familias de los trabajadores, sino que también impactarán sobre los ya deteriorados servicios, como los del Centro de Salud y las guarderías, de donde han sido despedidos un importante número de profesionales.

Los responsables de la situación municipal no son los trabajadores ni los vecinos.

El PJ y la UCR se han alternado en el poder durante los últimos 25 años en Río Ceballos; juntos han llevado a la Municipalidad a la crisis actual. Ahora pretenden que los trabajadores la paguemos con tarifazos y despidos.

Llamamos a la población, a las organizaciones sociales, vecinales y políticas a solidarizarse con la lucha de los trabajadores despedidos.

- Ningún trabajador en la calle, reincorporación inmediata.
- Blanqueo de los precarizados.
- No a los tarifazos.
- Por una tasa que grave las ganancias extraordinarias de los casinos y los grandes grupos inmobiliarios.
- Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.
                    

Río Ceballos, 30 /12/11


PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA

29 de diciembre de 2011

Para derrotar la ofensiva del gobierno de Peralta el Partido Obrero plantea la huelga general en Santa Cruz

El gobierno de Peralta desató una represión contra los trabajadores movilizados en la Legislatura con la finalidad de aprobar una ley de Emergencia que contiene un fuerte ataque contra las conquistas de los trabajadores. Entre otros puntos establece la suspensión de las paritarias; el aumento de la edad para jubilarse a 65 y 60 años para hombres y mujeres respectivamente; aplica nuevos aumentos de aportes y rebaja todas las jubilaciones al imponerles un aporte especial como jubilados que va del 4 al 17 % según las categorías salariales; elimina la movilidad salarial entre los activos y los pasivos.

El paquete de ajuste contra el pueblo se da luego de que la presidenta anunciara en el día de ayer la refinanciación de las deudas provinciales, lo cual revela que dicha medida estuvo condicionada a la implementación de un plan de ajuste y de reducción de gastos. Cuando ella misma planteó un ambiente de tregua por su enfermedad desde el gobierno de Santa Cruz, alineado con el oficialismo, se lanzó la ofensiva para aprobar este paquete antiobrero.

Las divisiones surgidas dentro del propio gobierno local responden a peleas de camarillas por el manejo del poder, pero todas las fracciones son partidarias de avanzar en un ajuste contra el pueblo.

El Partido Obrero plantea la necesidad de convocar a la huelga general en Santa Cruz para parar la represión y evitar la aprobación de la ley de emergencia económica que destruye las jubilaciones y el salario.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda

28 de diciembre de 2011

Ante la Ley Antiterrorista

La sanción de la ley ‘antiterrorista’ ha desatado el repudio popular y provocado confusión y rechazo en gran parte de las bases del kirchnerismo. No es para menos: se trata de una imposición de las potencias capitalistas que dominan el llamado Grupo de los 20, que extorsionan a nuestro país con la amenaza de boicotear las relaciones financieras internacionales de Argentina. La aprobación por el Congreso de este proyecto del Poder Ejecutivo es un acto de sometimiento colonial.

La ley penaliza como ‘terroristas’ las acciones de presión contra el gobierno que sean consideradas delitos, que es como han sido calificados numerosas veces los cortes de ruta y las huelgas declaradas precisamente ‘ilegales’ o las ocupaciones de empresas en proceso de vaciamiento. La Presidenta hizo suyos los términos de esta ley en su discurso de reasunción del 10 de diciembre pasado, cuando arremetió, acusando de extorsivas, a las huelgas de petroleros y maestros en Santa Cruz, acusación que es un uso cotidiano del Ministerio de Trabajo en todos los conflictos sindicales.

La parte ‘pacífica’ de la ley, que coloca a los bancos que operan en Argentina bajo control internacional - ¡incluidos los bancos del Estado! –, con el pretexto de controlar el lavado de dinero, es igualmente repudiable, porque somete las finanzas nacionales a las internacionales, que son las grandes lavadoras de dinero con la complicidad de sus gobiernos. Es una acusación que lanzó Felipe Calderón, el presidente de México, contra Obama, luego que se descubriera un lavado de dinero de 300 mil millones de dólares, por parte del Wells Fargo, que fue sancionado con una multa mínima.

Junto a numerosas organizaciones populares, exigimos el veto de esta ley criminalizadora y colonial. Advertimos de que significa reclamar un retroceso político del gobierno autor del proyecto y de su mayoría parlamentaria. Por eso, planteamos desarrollar un plan de lucha de gran alcance hasta obtener su derogación.

Este reclamo podría ser caratulado como ‘terrorista’ en los términos de la nueva ley, porque pretende forzar al gobierno a anular sus propios actos, sin la posibilidad de argumentar que se trata de un reclamo popular, ello, porque el gobierno y su mayoría parlamentaria ya se han arrogado la condición de “nacionales y populares”.

* QUE LA PRESIDENTA VETE LA LEY ‘ANTITERRORISTA’, QUE PENALIZA LA PROTESTA SOCIAL Y EL DERECHO DE HUELGA.

* QUE ARGENTINA ROMPA CON EL G20, QUE RESCATA A LOS BANQUEROS A COSTA DE LOS PUEBLOS, Y QUE IMPULSA LA REPRESIÓN DE LAS LUCHAS.

* QUE EL SISTEMA BANCARIO ARGENTINO SEA CONTROLADO POR LOS TRABAJADORES, Y NO POR LOS GRANDES PULPOS INTERNACIONALES QUE LAVAN DINERO DEL NARCOTRÁFICO.


Partido Obrero en el Frente de Izquierda

22 de diciembre de 2011

2012: POR MÁS Y MÁS VICTORIAS DE LOS TRABAJADORES



El "personaje del año" de la revista Time no consagra este año a presidentes, dictadores o banqueros.

La tapa muestra, esta vez, a "El manifestante" (The protester) -la pesadilla del capitalismo. Los obreros de Wisconsin, los indignados de Wall Street -que apoyan las huelgas portuarias en el oeste norteamericano-, los de Madrid, los protagonistas de la Plaza Tahrir, los campesinos y mineros peruanos y bolivianos, los tenaces huelguistas de Grecia; los trabajadores, por fin, de Argentina, que luchan contra el ajuste ‘nacional y popular', que recuperan sindicatos y cuerpos de delegados, o que votan al Frente de Izquierda.

Del mundo árabe a la Unión Europea, la rebelión popular derrumbó regímenes y gobiernos. Los ‘gobiernos técnicos' que los reemplazan no durarán un suspiro; allí donde sobreviven gobiernos militares, éstos caerán sin remedio por la continua rebelión popular. Estos agentes de banqueros no tienen la menor autoridad política para avanzar. Mucho menos, de hallar una salida a la quiebra de los bancos y pesupuestos nacionales.

Este es el panorama histórico que nos introduce a 2012.

La tapa de Time es un llamado de alerta a los explotadores.

En Argentina, Cristina Kirchner, que sermoneaba a otros presidentes hablando "contra el ajuste", arrancó su nuevo mandato con tarifazos, impuestazos y una mayor confiscación de los jubilados (que ya tienen en la Anses el 30% de la deuda pública que nunca van a cobrar), así como con la orden de imponer ‘techos' a las paritarias.

De esta manera, ha dejado planteada una nueva crisis política, que ya se desarrolla a la vista de todos.

Para preparar las batallas de 2012 es necesario fortalecer al clasismo en el movimiento obrero y a las direcciones independientes en todo el movimiento popular, que reforcemos las filas del Partido Obrero y desarrollemos el Frente de Izquierda.

Es necesario que los activistas y los partidos que luchamos contra el capital, iniciemos una clarificación política para concretar la construcción de un gran partido revolucionario de la clase obrera.

Porque contra la barbarie del capital (desocupación, miseria social, guerras, destrucción del medio ambiente, narcotráfico y criminalidad, trata de personas) solamente existe la alternativa del socialismo -o sea, la emancipación de los trabajadores por los trabajadores mismos.

Ajustazo en Córdoba Capital

El intendente de la capital de Córdoba, el radical Ramón Mestre, sólo necesitó 48 horas desde su asunción para anunciar, concretito y sin cortapisas, un ajuste descomunal contra los vecinos de la ciudad.

Mestre y sus funcionarios desenvolvieron, desde el mismo día de haber asumido, una puesta en escena digna de Hollywood: el palacio municipal sin teléfonos, sin internet ni servicios de limpieza, oficinas que debieron ser abiertas con cerrajeros y un claro mensaje a la población: "El municipio está en quiebra". Evidentemente, tanto empeño cinematográfico obedecía a establecer los "justificativos" para descargar el ajuste sobre el conjunto de los vecinos.

Tarifazos

El envío al Concejo Deliberante de la nueva ordenanza tarifaria para la ciudad ha revelado la profundidad del ajuste. El cuadro tarifario propone la creación de un cargo fijo del 10% del consumo de agua, que irá en la boleta de la privatizada Aguas Cordobesas. Esta nueva tasa estará destinada a constituir un fondo que será complementado con un fideicomiso financiero, para la ejecución de obras de cloacas. Es decir que la brutal crisis de un sistema cloacal que se encuentra colapsado, va a ser pagado por el conjunto de los vecinos, tengan o no cloacas o aún estén pagando la obra en su barrio. Lo más grave de todo es que el colapso del sistema de cloacas tiene responsables, además de las distintas gestiones municipales: los especuladores inmobiliarios han levantado más de 7,5 millones de metros cuadrados en los últimos años, sin desembolsar un solo centavo en obras de infraestructura de servicios. La forma en que será cobrada esa tasa -a través de Aguas Cordobesas- es también un guiño al grupo Roggio, que deja abierta la puerta para una futura privatización del servicio cloacal.

El cuadro tarifario prevé, también, un mecanismo de actualización que permite llevar el valor fiscal de los inmuebles al valor de mercado. En momentos en que el valor de las propiedades ha sido inflado de manera ficticia como consecuencia de la enorme especulación inmobiliaria, la medida implicará un aumento de la tasa que grava los inmuebles, que iría del 200 al 500%. Es decir que los vecinos pagarán las consecuencias de los resultados de los negocios capitalistas que se desenvuelven en la ciudad. El gobierno radical aplica en la ciudad lo que se ha negado de manera sistemática en la provincia: la actualización del impuesto inmobiliario rural, que las propiedades del capital agrario tributan sobre valuaciones de 1995. Queda más clara que nunca la defensa de los negocios del capital agrario. Un dato más que revelador es que los concejales del juecisimo y del PJ dieron su aval para que el nuevo cuadro tarifario fuera discutido sobre tablas y sin debate, lo que marca la complicidad de la oposición con el ajuste.

El transporte urbano de pasajeros es la otra pata del ajuste. Ya se prepara un incremento del precio del boleto del orden del 40% -esto en el caso que continúen los subsidios nacionales; en caso contrario, el boletazo podría llegar al 100%. El ajuste en le transporte incluye, además, la privatización de la empresa municipal, Tamse, que representa el 40% del corte de boleto de la ciudad. A partir de la privatización de la Tamse, Mestre pretende transferir un gran negocio a manos privadas, lo que acarreará despidos -el gobierno ha anunciado que "sobran" 400 empleados- y un ataque a las condiciones de trabajo de los choferes. Mestre, por cuenta y orden de la Fetap, pretende disciplinar a todos los choferes.

Ataque a los trabajadores

Los trabajadores municipales no van a quedar afuera del festival ajustador. Con las declaraciones del secretario general de la municipalidad, Sergio Torres, de que "no hay fondos para pagar los aguinaldos", el gobierno ha lanzado un tiro por elevación a los trabajadores municipales, que indica que no pretende sentarse a discutir salarios. El "plan Mestre" incluye también la descentralización de las áreas operativas de la municipalidad, lo que significa un paso previo a la tercerización. Lo que intentó hacer durante cuatro años Giacomino, pretende llevarlo adelante el digno hijo de su padre.

El ajuste en la ciudad de Córdoba es brutal, pero sólo se diferencia del que pretende llevar adelante CFK, en que no cuenta con el maquillaje nacional y popular y redistribucionista. Hay un hilo conductor entre Cristina, De la Sota y Ramón Mestre; los une la manera en que encaran la crisis capitalista: confiscando el bolsillo de trabajadores y capas medias de nuestro pueblo.

El ajuste y el novel gobierno municipal todavía tendrán que enfrentar la prueba de la resistencia que los sectores populares ofrecerán a esta política. Los trabajadores ya han empezado a deliberar sobre los salarios, condiciones de trabajo y defensa de los puestos laborales.

La lucha para enfrentar los ajustes y los tarifazos es una lucha contra un régimen capitalista en derrumbe, que pretende hacerle pagar a las masas su propia e irremediable crisis. Fortalezcamos el Frente de Izquierda; construyamos una herramienta política de los trabajadores para enfrentar a los ajustadores y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Manuel D'Alessandro

Ante el ‘choque' entre los K y la burocracia sindical

Nuestro planteo a los trabajadores

La demagogia verbal de Moyano no es novedad; en mayo de 2000, la ‘cáscara vacía' con la que calificó en Huracán al PJ, ya había sido señalada por él mismo, incluso con más fuerza, como "un agotamiento del peronismo". Moyano, sin embargo, no denunció el tarifazo, que es el eje del ‘ajuste' del viejo-nuevo gobierno, ni los impuestazos de Scioli, Macri o Binner, quizá porque sus empresas de recolección de basura dependen de los ingresos de los distritos en que operan. No mencionó tampoco el ‘laudo' que rebaja en once puntos el aumento salarial que habían firmado Uatre y las patronales ruralistas. Con Cirielli en la tribuna, olvidó también la re-militarización de los controladores aéreos y la amenaza de intervenir al sindicato de técnicos aeronáuticos. Estos ‘silencios' avalan la política oficial para que "la crisis la paguen los trabajadores". Una versión de las últimas horas asegura que el gobierno estaría dispuesto a discutir todas las diferencias con Moyano, a cambio de un acuerdo para que las paritarias no pasen del 18% de aumento salarial. Es decir, repetir la bajada de línea que Moyano cocinó con CFK en las paritarias pasadas -aunque el ‘techo' fracasara luego en numerosos sindicatos. Pero al gobierno no lo conforma repetir lo ocurrido en 2011: ahora va por colocar a una figura de su palo en la conducción de la CGT. Moyano ha dejado trascender que estaría dispuesto a esto -siempre, insistimos, a cambio de preservar su aparato económico. Moyano se mira en el espejo de Clarín.

El secretario de la CGT no puso a la central en la ruta de un plan de lucha, sino que destinó su empeño en reagrupar fuerzas con Venegas, Barrionuevo o Palazzo, de la Bancaria, heredero de Zanola -cuya liberación saludó desde Huracán. Retiró a sus legisladores del voto al nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para defender el monopolio de la caja de Venegas, aunque la nueva ley contenga disposiciones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Sumó, aunque en parte, al "601" Gerardo Martínez.

Pablo Micheli, que tiene paralizada a su CTA, dejó de lado todo esto para pedirle a Moyano que convenga un ‘plan de acción' -probablemente en torno a la cuestión del mínimo no imponible de ganancias, que afecta a un número mayor de trabajadores. El gobierno ya ha declarado que pretende compensar este aumento con el ‘techo' paritario.

La crisis del gobierno con Moyano es la expresión deformada de una crisis que ha crecido con el movimiento obrero en su conjunto; el tarifazo ha llevado a CFK a blanquear su posición represiva frente al derecho de huelga, que incluye el procesamiento a cinco mil luchadores clasistas. Moyano extorsiona a los K con sacar los sindicatos a la calle, para que se retiren las acusaciones judiciales en curso y se asegure el control de la caja de las obras sociales para la burocracia. No se puede soslayar que acaban de ser procesados seis dirigentes de la Oschoca, la obra social camionera, y hasta el propio Rinaldi, el abogado de su confianza, que administró el APE durante años. La presión de los reclamos y de las luchas, si bien impulsan un frente común defensivo entre Moyano y el gobierno contra las bases de los sindicatos, en última instancia desarrolla entre ellos una crisis política, porque esas luchas cuestionan la vigencia del esquema económico (agotado) que ha dado sustento al ‘modelo' de los K. Existe una crisis de conjunto que afecta a todos los sectores comprometidos con el régimen actual, que además azuza sus enfrentamientos de intereses.

Los observadores políticos coinciden en la opinión de que el destino de esta crisis será determinado por lo que ocurra en las paritarias -a partir de marzo. Es una visión estrecha de la crisis política, la cual involucra mucho más -al conjunto de las relaciones sociales. Sobre la base de la oposición al ‘ajuste', es necesario desarrollar una fuerte movilización popular, por ejemplo contra el tarifazo y contra el procesamiento de los luchadores, que sirva como un factor de organización y que refuerce la alternativa política contra la burguesía y sus agentes -el gobierno y la burocracia sindical. Por eso es necesario oponer al tarifazo la nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas de servicios y de las petroleras, bajo el control de los trabajadores.

En la misma línea, en oposición a las corridas cambiarias y a las medidas administrativas del gobierno, plantear la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, siempre bajo control obrero, en función de otro plan económico frente a la crisis, discutido por el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Con este marco de lucha política se podrá preparar la intervención de las bases en las paritarias, en primer lugar para que los reclamos y los paritarios sean votados en asambleas sindicales y congresos con mandatos de las bases.

La manifestación gigantesca que conmemoró el 20 de diciembre ha sido una poderosa expresión de la rebeldía que se va apoderando de una masa creciente de trabajadores y de la juventud en general. Estuvo en sintonía con el desarrollo electoral que registró el Frente de Izquierda, que de este modo demuestra que es la parte más clara de un proceso de conjunto. Por eso, sobre la base de esta caracterización, la consigna debe ser: iniciativa, iniciativa y más iniciativa, para que la crisis la paguen los capitalistas y una nueva dirección de la clase obrera.

Néstor Pitrola

A diez años del Argentinazo

Hace diez años, el 19 y 20 de diciembre de 2001, estalló el Argentinazo, un levantamiento popular que sacó a la calle a la masa popular y derrocó al gobierno de De la Rúa-Cavallo.

Digámoslo de entrada: el Argentinazo fue el ejercicio directo del derecho de revocatoria contra un gobierno agotado que fuera elegido, según los procedimientos de la democracia. Fue también la expresión de un gran giro político, esto porque el estado de sitio, que fue declarado para imponer la defensa de la propiedad contra el ‘vandalismo', se convirtió en el último clavo del gobierno de turno. Estos dos elementos -el derecho de revocatoria por medio de la acción directa, por un lado, y el frente único de las masas contra el Estado, por el otro- son las dos grandes premisas que dejó el Argentinazo para las generaciones futuras y las luchas que se aproximan. En diciembre de 1993, la tapa de Prensa Obrera anunciaba que "el Santiagueñazo (sería) el Córdobazo de los '90"; el vaticinio se cumplió. Cinco días antes del 20 de diciembre, en el pic-nic del PO, se anunciaba la inminencia de la rebelión y se convocaba a desarrollar las Asambleas Populares en todos los barrios. Desde noviembre de 2000, cuando Chacho Alvarez dejó el gobierno ("para que De la Rúa siga", advertía el editorial de Prensa Obrera), nuestro partido caracterizó la emergencia de una situación pre-revolucionaria y planteó echar al gobierno y reemplazarlo por una Asamblea Constituyente (ver discursos de Altamira en la Legislatura de la Ciudad).

Crisis capitalista: disolución económica y social

La crisis del sistema capitalista había entrado en una fase de aguda descomposición y disolución de sus ‘instituciones' económicas (bancos, etc.). La recesión económica se había transformado prácticamente en una depresión -con su secuela de quiebras y cierres de empresas, desocupación, precariedad laboral y caída de salarios. El hambre se había instalado en amplias franjas de la población. El Estado estaba en bancarrota y se consideraba inminente la declaración de ‘defol' en el pago de la deuda pública y privada. Los sucesivos planes de ‘ajuste' implementados por Menem -y luego por la Alianza de De la Rúa- habían profundizado la recesión. Pero no se trataba sólo de una particularidad nacional. Argentina, siendo uno de los eslabones más débiles de la cadena capitalista mundial, era un componente de la crisis mundial que se desarrolló después del tequilazo (México, 1994) y que abarcó diversos escenarios (Brasil, Rusia, Enron y otras).

Las derrotas de las huelgas contra las privatizaciones y la flexibilidad laboral menemista y el pase de las direcciones sindicales burocráticas al menemato (corrupción mediante: participación en las privatizaciones, en las AFJP, etc.), provocaron un reflujo en las luchas de las masas, que fue profundizado por el estallido de la crisis capitalista. Los capitalistas usaron su propia crisis, con su recesión, para golpear y desarticular la resistencia obrera. Pero la continuidad y profundización de la crisis capitalista volvió a regenerar la lucha de masas. El Argentinazo fue precedido por una amplia y creciente resistencia de masas desde el levantamiento del Santiagueñazo de 1993. La desocupación fue generando -ante la ‘borrada' de las direcciones sindicales burocráticas- la organización autónoma de los desocupados: el surgimiento del movimiento piquetero de acción directa. Los despedidos de YPF fueron la columna vertebral de los piqueteros de Cutral Có y el norte de Salta, parte fundamental de la vanguardia de este proceso. Duhalde, en su libro Memorias del Incendio, caracteriza que "así nació (entre los despedidos por la privatización de YPF) este movimiento piquetero que se dio por fuera de todas las instituciones tradicionales del gremialismo y la política. Sin embargo, al poco tiempo, las fuerzas más radicalizadas de la izquierda comenzaron a infiltrar algunas de esas nuevas agrupaciones. El blanco de las críticas de este movimiento, que adquirió una dimensión nacional y muy masiva al constituirse en el conurbano bonaerense, era el gobierno de Carlos Menem, insensible hacia los reclamos de los desocupados que su propia política económica había generado" (pág. 74).

La Alianza integró al centroizquierda y al sindicalismo burocrático opositor, así como a todo el progresismo que hoy está enganchado con los K. El Argentinazo liquidó al ala extrema del democratismo burgués, personificado por el Frepaso y la CTA, que había confesado su fracaso con anticipación, al someterse a la dirección política de la derecha de la UCR, primero; a la política de convertibilidad, después; y, por último, al convocar al gobierno, ella misma, a Domingo Cavallo. Un intento de ajustar la educación universitaria por parte del ministro López Murphy, en marzo de 2001, culminó con una huelga general docente-estudiantil que terminó tumbándolo. El fracaso frentepopulista hizo que De la Rúa -con el apoyo de la casi totalidad del establishment y del PJ opositor- convocara nuevamente a Cavallo, el artífice del régimen menemista de la convertibilidad y las privatizaciones -entrega de la jubilación y de las empresas estatales. La burguesía insistía en descargar la crisis capitalista sobre las masas.

La Asamblea Nacional Piquetera (ANP)

Fue madurando la idea de la unidad nacional piquetera. La reunión de la Asamblea Nacional Piquetera (ANP, julio de 2001), en La Matanza, fue un salto político. Dos mil delegados piqueteros de todo el país ponían en pie una coordinación nacional (reclamada en congresos piqueteros de Salta, La Matanza y otros sitios). Jorge Altamira -invitado a la Mesa junto a Claudio Lozano (CTA) y Rosa Nassif (CCC)- dio un informe político introductorio que desarrolló la perspectiva de la caída del gobierno De la Rúa-Cavallo (sobre el cual ya había escrito en Prensa Obrera, que representaba la fase final de la crisis) y aseguró que la Asamblea "convertía al movimiento piquetero en un factor, ya no parcializado, sino de conjunto en la situación nacional y, por lo tanto, en un factor político, o sea en una alternativa popular frente a los explotadores y su Estado" (Prensa Obrera, 27/7/01). No lo decía frente al hecho consumado: el Partido Obrero había desarrollado una intensa campaña en favor de esta Asamblea a partir del corte de La Matanza (en especial por la CCC), de octubre de 2000; Federico Storani, ministro del Interior, atribuiría al PO, días más tarde (principios de diciembre) una activa "conspiración política". En Salta, varios militantes del PO se encontraban detenidos por su participación en la lucha piquetera, mientras Claudio del Plá y Pablo López se encontraban en la clandestinidad debido a un pedido de captura.

La Asamblea votó, consecuentemente, la consigna "Fuera De la Rúa-Cavallo". Pero a pesar de este avance y del plan de lucha nacional votado, había estrategias diferentes. Lozano llamó a un Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) en acuerdo con entidades patronales -o sea a moderar al gobierno existente, que ya tenía al frente a Cavallo.

Precedida por importantes luchas obreras y estudiantiles, la ANP estímuló el desarrollo nacional de nuevos reagrupamientos piqueteros de la clase obrera ocupada y desocupada. En diversos gremios se fueron imponiendo direcciones combativas. Fue un período de recomposición del movimiento obrero combativo, incluso bajo las condiciones de una crisis capitalista. Pedraza había sido derrotado en varias líneas por la "oposición Celeste", a caballo de un proceso de piquetes y cortes de vías. Huelgas mineras con ocupación en Río Turbio; ocupación y movilizaciones de apoyo a Zanón en Neuquén; huelgas de la CGT de San Lorenzo; huelgas del Soip (trabajadores del pescado) y marítimos de Mar del Plata; paros de estatales y docentes (huelga de los bonaerenses contra el pago en patacones); huelgas de los choferes de TDO (Morón); corte de pista de técnicos y trabajadores de Aerolíneas; cortes de ruta de Gatic y Alpargatas; ocupaciones de fábrica de gráficos, indicaban un nuevo ascenso en el movimiento obrero a caballo de la organización nacional del movimiento piquetero.

El 8 de diciembre, once días antes del Argentinazo, el Bloque Piquetero Nacional debutaba en una movilización con la consigna "Fuera De la Rúa-Cavallo", agrupando al ala izquierda de la ANP que mantendría la movilización el mismo día 20, de Congreso a Plaza de Mayo, ante la defección de la FTV y la CCC. El Bloque jugaría un gran papel después del 19 y 20 diciembre junto a las asambleas populares.

La crisis política

El fracaso de la Alianza para superar la crisis capitalista provocó una crisis política en el seno de la propia coalición gobernante. El vicepresidente Chacho Alvarez había presentado su renuncia en medio de escándalos por corrupción en octubre de 2000 (pero fue uno de los artífices de la vuelta de Cavallo al Ministerio de Economía meses más tarde). En las elecciones de octubre de 2001, el oficialismo se desplomó. Como producto de esto, un sector de la burguesía comenzó a preparar la alternativa de un golpe institucional. Rompiendo con la ‘tradición' parlamentaria fue designado presidente provisional del Senado el justicialista Ramón Puerta, lo que dejaba planteada una línea sucesoria ajena a De la Rúa en caso de acefalía.

En estos días, en varios medios de prensa han aparecido reportajes a De la Rúa y a varios de sus acólitos (y hasta Verbitsky), donde se plantea que su caída se debió a "un golpe de Estado" motorizado por Duhalde, Alfonsín y el FMI. Es un ninguneo a las jornadas revolucionarias del 19 y 20 de diciembre. Es inevitable que en todo proceso de características revolucionarias se planteen fuertes componentes golpistas: las clases dominantes también resienten el agotamiento de su régimen de dominación y pugnan por cambiarlo. Los Kirchner no se asociaron a ese ‘golpe', porque defendieron hasta el final la convertibilidad, esto por un lado, y porque estaban empeñados en apalear a la Asamblea Popular de Río Gallegos, por el otro. En la década kirchnerista, en Santa Cruz, rigió a rajatablas la prohibición de huelga para los docentes.

Se buscó, mediante el desplazamiento de De la Rúa y/o el surgimiento de un nuevo equipo gubernamental, que se produjera -como lo reclamaba el FMI ¡desde febrero de 2001!- el abandono de la convertibilidad y una fuerte devaluación monetaria. De la Rúa jugó su última carta al pedir un gobierno de unión nacional con un jefe de Gabinete peronista. Clarín (18/12) relata cómo el mismo miércoles 19 de diciembre de 2001, a primera hora de la mañana, se hizo -convocado por el representante de las Naciones Unidas y el obispo Casaretto- una reunión en la que participaron Alfonsín, Duhalde, Bauzá, De la Sota, Aníbal Ibarra, "empresarios representantes de la industria, del campo, del comercio, la banca y la construcción... Mendiguren por la UIA... Crotto y Cabanellas por Confederaciones Rurales... sindicalistas como Daer y Hugo Moyano...". Al mediodía se sumó a la reunión el mismo De la Rúa. Allí se discutieron cambios: se planteó abiertamente la renuncia de Cavallo y se insinúo la de De la Rúa. Pero no se pudo arribar a un acuerdo: De la Rúa ‘era lento'.

Fracaso del golpe: el pueblo sale a la calle

La fuga de capitales y el retiro de depósitos llevaba al vaciamiento y quiebra del sistema bancario. Cavallo decretó el ‘corralito' -con el apoyo de numerosos gobernadores peronistas, que veían arrastrados en la debacle también a sus bancos provinciales. No se podían retirar, sino a cuentagotas, los depósitos bancarios. Crecía sin cesar la movilización popular. El 13 de diciembre, las centrales sindicales decretaron un paro general que tuvo alta adhesión, garantizado por la movilización piquetera.

De la Rúa decreta el estado de sitio en la tarde del miércoles 19, usando como argumento la necesidad de frenar las movilizaciones y saqueos a supermercados. Según sus declaraciones, los gobernadores peronistas se lo pedían a gritos. Un intento de disciplinar a la burguesía tras su gobierno y de alejar a la 'clase media' del ‘desorden'. Pero en lugar de contener a las ‘clases medias', las lanzó junto a toda la población a las calles: cacerolazos, marchas, choques con la policía. Había empezado el Argentinazo. La juventud ocupó la Plaza de Mayo y fue salvajemente reprimida. La renuncia de Cavallo, esa noche, era tardía. Al día siguiente se incrementó la movilización popular -a pesar de la salvaje represión que dejó 38 muertos. De la Rúa tuvo que presentar su renuncia. El levantamiento popular era imparable. A última hora, Moyano había llamado a la huelga general por tiempo indeterminado y la CGT de Daer a un paro de 24 horas, ambos convocando a la Plaza de Mayo. El golpe institucional había fracasado: el pueblo en la calle imponía el derrocamiento y abría peligrosamente una nueva situación política, potencialmente revolucionaria.

El balance K de estas jornadas (a las que Néstor Kirchner reprimió en Santa Cruz) es que abrieron un proceso que, con el ascenso de Kirchner en 2003, cierra el ciclo del neoliberalismo y abre el período de la "Argentina productiva" que supera definitivamente la crisis. Diez años después, el fantasma de la crisis, esta vez ‘nacional y popular', avanza nuevamente sobre Argentina. Los mismos frepasistas (Abal Medina, Garré, Marcó del Pont, Débora Giorgi), ahora aliados con ex menemistas como los K, pretenden que lograrán superar los límites infranqueables de la burguesía nacional y del capitalismo en general.

Otros afirman que el período de inquietud social y movilización que inicia el Argentinazo habría quedado superado por el resultado electoral plebiscitario del 23 de octubre pasado. Pero bastó que cerraran los comicios para que el tarifazo y los impuestazos inauguraran una nueva crisis política a varias bandas: choque final contra Clarín, enfrentamiento con Scioli, encontronazo con Moyano.

Más que nunca se plantea reforzar al Partido Obrero, para desarrollar la tendencia iniciada por el Frente de Izquierda y una nueva dirección revolucionaria del movimiento obrero.

Rafael Santos

Ley anti-terrorista: el voto de nacionales y populares, y de progresistas

El jueves 15, la Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de leyes que complementan la llamada "ley antiterrorista" aprobada en 2007 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Aquella ley fue impuesta por el Departamento de Estado norteamericano y Bush en función de su llamada "guerra global". Ahora, es presentada para calificar a Argentina como "país apto" para la recepción de "inversiones directas".

La aprobación en Diputados estuvo asegurada por las bancadas del Frente para la Victoria, del Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y Carlos Heller y de algunos aliados provinciales como el MPN neuquino. La apoyaron los (no tan) muchachos de La Cámpora. La demagogia oficial la presentó como una herramienta para perseguir a especuladores, cuando, como lo demuestra el procesamiento a los luchadores y la condena de las huelgas como "extorsivas", tiene su mira puesta en las luchas obreras y populares. No en vano, la modificación de la ley penal tributaria deja intactas las prerrogativas de los banqueros, los empresarios del juego, los especuladores inmobiliarios y las grandes corporaciones, que en el último año fugaron más de 22.000 millones de dólares. El FAP de Binner, Donda y De Gennaro, por ejemplo, se declaró abiertamente partidario de "una ley que cumpla con las exigencias del GAFI" (comunicado del interbloque FAP, en http://bit.ly/rDf39j).

La infamia nacional y popular

En los considerandos del proyecto de modificación del Código Penal se citan los "dos tremendos ataques sufridos en su propio territorio", en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia. Pero ambos "tremendos ataques" permanecen impunes por el ocultamiento deliberado del Estado argentino, de la CIA y del sionista Mossad; el gobierno K ha manipulado hasta el hartazgo el caso Amia para alinearlo con ‘la política de seguridad' de Obama.

El proyecto es un engendro. Declara, no en sus disposiciones sino en sus fundamentos, que "quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social, toda vez que éstos están dirigidos a reclamar por derechos individuales o colectivos", e incluso "en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal", no dejarían de constituir "el ejercicio de un derecho constitucional". O sea que la ‘la ley antiterrorista' asegura que quedarían fuera del Código Penal las acciones que el Código castiga. Una verdadera impostura.

La letra de la ley define como actividad "terrorista" a aquella que tiene por finalidad "obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Esto otorga al Estado herramientas de una amplitud enorme, pero no repara que de acuerdo a este texto el gobierno entero podría ser acusado de ‘terrorista' por realizar acciones que obstaculizan el pago a los acreedores que ganaron litigios en el Ciadi, un tribunal del Banco Mundial. Los compañeros ferroviarios de Mariano Ferreyra todavía se encuentran procesados por "extorsión" -a instancias del gobierno y del ministerio que conduce Nilda Garré-, por haber participado de una protesta colectiva en reclamo del cumplimiento de los compromisos asumidos por la cartera de Trabajo respecto al pase a planta de los tercerizados. (ver artículo más abajo).

En 1974, los diputados de la JP -entre ellos, un joven Carlos Kunkel- renunciaron a sus bancas ante la aprobación de las leyes "antisubversivas" impulsadas por el mismísimo Juan Domingo Perón. Hoy, 35 años más tarde, Kunkel vota disciplinadamente esta legislación "antiterrorista" que le ordenaron desde Estados Unidos.

¡Abajo la ley terrorista del Gafi!

Jacyn

La crisis temprana del bonapartismo tardío

No pasó una semana de la asunción del nuevo mandato presidencial, y el kirchnerismo ya se topó con dos crisis políticas de fondo, que envuelven a las principales bases de sustentación del “gobierno del 54%”. Por un lado, el choque con Scioli y el aparato de “seguridad” de la bonaerense. Por el otro, el que protagonizó Moyano en el acto de Huracán. El telón de fondo de la crisis es la política de ajuste oficial, que han impuesto la bancarrota capitalista internacional y el agotamiento de los recursos financieros del gobierno. La crisis “temprana” de este bonapartismo tardío plantea reforzar la lucha política por una alternativa de izquierda y anticapitalista.

Intervencionismo oficial

La puesta en marcha del ajuste ha reforzado en todos sus términos el intervencionismo oficial y ha desatado, al mismo tiempo, múltiples contradicciones. Por caso, la eliminación de subsidios a la energía fue acompañada por una lluvia de reclamos patronales -de las propias petroleras en primer lugar, en favor de un aumento e incluso de la liberación de precios o tarifas. El gobierno se ha reservado una nueva prórroga de la ‘emergencia' -o sea, el gobierno por decreto. Los explotadores reclaman también la "lucha contra la inflación", o sea un "tope" sobre los salarios en las paritarias. El gobierno sustrajo del Congreso la discusión del mínimo no imponible, para canjearlo por un tope de aumentos en esas paritarias. "Sentándose" sobre los salarios, los K quieren postergar la devaluación que reclama la burguesía agraria e industrial -o sea que quiere proceder, como Papadopolus, los Monti y los Rajoy, a lo que se llama "una devaluación interna". Pero la marcha de la recesión mundial y la caída de los precios internacionales podrían echar por tierra estas pretensiones, todavía más que en Europa. El fantasma de una devaluación temprana y de un Rodrigazo sobrevuela sobre las cabezas del nuevo gabinete. Lorenzino, el hombre que "devolvería a la Argentina al crédito internacional", debutó anunciando que la Argentina seguirá financiándose "internamente" -o sea, que continuará exprimiendo los recursos de la Anses. El tan anunciado pago al Club de París sería financiado con bonos que el Estado le colocaría compulsivamente a la caja de los jubilados. El anunció de CFK, cuando reasumió, de una política económica de "sintonía fina", "sector por sector" y "empresa por empresa", equivale a una política de deflación en medio de tarifazos e impuestazos.

CGT

En la misma tribuna donde sólo se escuchaban los elogios al "modelo de crecimiento" y al "despegue nacional", Moyano tuvo que referirse a "una crisis, que están pagando los trabajadores". Las fuentes de financiamiento interno del kirchnerismo tienen en la mira a las cajas de las obras sociales, como acaba de ocurrir con el Renatre. Moyano intenta darle un cariz político al choque con el gobierno, al anunciar su renuncia a los cargos en el PJ y constituir un bloque propio en el Congreso, pero todo dependerá de que logre reunir al conjunto de la burocracia sindical, cuando muchos sectores de la misma han sido tentados para ocupar el lugar de Moyano en la CGT.

Un arbitraje en crisis

El bonapartismo oficial no sólo es tardío porque debe gobernar con sus cajas agotadas. El gobierno del 54% no puede abandonar su condición de un régimen de camarilla, y de jefatura personal. En estas condiciones, la lucha por paritarias libres, por derrotar el tarifazo, por restituir las asignaciones familiares, terminar con el impuesto al salario y desprocesar a los luchadores, deben enmarcarse en un propósito político de conjunto: agrupar a los obreros y a los luchadores en una perspectiva propia. Con este propósito, llamamos a reforzar las filas del Partido Obrero, para fortalecer y desarrollar al Frente de Izquierda como alternativa política de conjunto.

Marcelo Ramal

Nada para los jubilados

"Vamos a ver si la Presidenta anuncia los 700 pesos en su discurso", decían varios jubilados al recibir el volante contra el tarifazo del Frente de Izquierda.

El 10 de diciembre, en su discurso profundamente antiobrero, Cristina Kirchner no anunció nada respecto al bono de fin de año para los jubilados.

El 80% de los jubilados que han quedado en la mínima, pasará las fiestas con lo que les permita su haber de 1.350 pesos de bolsillo recibido en diciembre, gracias al uso de los fondos de la Anses para pagar la deuda externa, subsidiar a los capitalistas o hacer "su" política de asistencia social.

Muchos jubilados y sus familias forman parte del 54% que votaron a CFK.

El no anuncio del pago del doble aguinaldo es un ajuste, mal que les pese a los defensores del gobierno.

Como en Francia, España, Grecia, como en todos los países sumidos en la crisis capitalista, el ajuste contra las masas comienza con los jubilados.

Los fondos disponibles por no pagar este bono (son 700 pesos para millones de jubilados que no se pagarán), se usará para cumplir con el Club de París y el FMI.

La lucha por el 82% móvil, por el control de los trabajadores y jubilados de la Anses, el reclamo de sueldo acorde a la verdadera inflación, ligado a la estatización de los bancos y del comercio exterior bajo control obrero es la salida.

Nora Biaggio

La carga de la deuda

"Regalos" a los banqueros, a costa de la Anses

En su discurso de reasunción, la Presidenta señaló que el "canje" de deuda de 2005 permitió "compartir el esfuerzo" con los que, hasta entonces, "habían cobrado tasas usurarias que no se pagaban en ninguna parte del mundo". No tuvo suerte. Horas después, su gobierno comenzaba a pagar 2.500 millones de dólares de "premio" a los tenedores del cupón PBI, uno de los títulos de deuda pública emitidos cuando Lavagna y Kirchner emprendieron el canje en 2005. El "cupón PBI" premia a sus beneficiarios de acuerdo al crecimiento acumulado de la economía, desde que se emitió el bono hasta hoy. Sus rendimientos, por lo tanto, aumentan como una bola de nieve, con el agravante de que toman como punto de partida un valor muy bajo del PBI. Es significativo que, cuando se emitió este título, establecieran que su "premio" no podía exceder al valor de la quita de capital establecida en el canje de deuda. ¡Admitían que, con el tiempo, esa quita terminará siendo igual a cero!

El "premio" del cupón del PBI resulta, además, inflado por la falsificación de los índices de precios, que conduce a una sobreestimación del crecimiento económico. Es cierto que, por ese mismo fraude, los bonos del megacanje que asocian su rendimiento con la inflación reciben un beneficio menor al que deberían percibir. Pero mientras los títulos atados al PBI están en manos de especuladores privados, los bonos relacionados con el índice de precios fueron a parar mayoritariamente a la Anses y a los bancos oficiales. El "esfuerzo", por lo tanto, no ha sido para nada "compartido". Después del megacanje y de las manipulaciones de Guillermo Moreno, la parte del león se la han quedado los especuladores.

"Desendeudamiento"

A partir de lo anterior, queda claro por qué el eslogan del desendeudamiento -repetido en esta oportunidad por la Presidenta- no pasa de ser puro palabrerío. Como resultado de los "rendimientos" y de la nueva emisión de bonos, la deuda pública asciende hoy a 175.000 millones de dólares, frente a los 145.000 del año 2001. La cifra, de todos modos, no incluye a la deuda del Banco Central o los pasivos provinciales, cuanto menos unos 35.000 millones de dólares más. Eso sí: la Presidenta acertó al señalar una "reducción de la deuda en moneda extranjera" a expensas de la "deuda intraestatal"; o sea, el pasaje de esta hipoteca a la caja de la Anses, en primer lugar. En resumen: los "usureros" de los '90 siguen cobrando, mientras la caja de los jubilados carga con los títulos menos atractivos y cuyo capital podría ser pulverizado por una devaluación. Como pocas, la cuestión de la deuda desnuda el carácter reaccionario y socialmente confiscatorio del "modelo" kirchnerista.

Marcelo Ramal

Aunque la mona se vista de seda...

Tarifazo queda

La negativa del gobierno a admitir que estamos frente a un tarifazo -Cristina, como es sabido, lo esquivó totalmente en su discurso con motivo de la asunción de su segundo mandato- es una señal de una crisis política en regla. El "silencio de radio" de la Presidenta coincide con el desmoronamiento de la propaganda oficial que pretende exhibir la medida como un acto de "equidad social" cuando más se multiplican las evidencias de que el 70 por ciento de la población va a estar afectado.

El gobierno, en este cuadro, empezó a atajarse y ponerle paños fríos a los anuncios. Quien fue más lejos fue De Vido que salió a decir que los que cobran menos de 5.200 pesos - que son quienes perciben las asignaciones familiares-, van a seguir siendo beneficiarios de los subsidios. De acuerdo a este criterio, según el ministro, quedaría excluido del aumento de la tarifa, el 65 por ciento de los usuarios. Antes que nada, importa destacar que las palabras del funcionario no pasan de un "comentario", es decir, ni siquiera estamos frente a un anuncio oficial. La implementación de la nueva política tarifaria tiene que pasar por el "filtro" de las empresas privadas que prestan el servicio (como ya ocurrió, en el pasado, cuando, fueron dichas empresas las que determinaron el sector de usuarios que fue beneficiado con la tarifa social).

Pero, además, estas aclaraciones de De Vido, lejos de atenuar, acentúan aun más la inconsistencia y contradicciones de la política oficial. Hay un 40 por ciento de trabajadores en negro, que no cobran asignaciones familiares, y en esa medida, deberían pagar la tarifa plena, pese a que su ingreso promedio está sensiblemente por debajo de los trabajadores en blanco. Lo mismo sucede con una enorme franja de cuentapropistas, de los cuales sólo una minoría reviste como monotributistas. Por otra parte, si nos atenemos a los requisitos de los formularios que tomaron estado público, un jubilado que cobrara una suma superior a la mínima, debería pagar la tarifa completa. Estamos ante el contrasentido de que un hogar con 2.000 pesos de ingreso debería pagar la tarifa sin subsidios mientras que otro con 5.000 quedaría exceptuado. Esto prueba que lo de los "requisitos" para continuar con el subsidio, con su sistema de declaraciones juradas, incluido, es un mamarracho improvisado e insostenible. Ni que hablar que todas esas desigualdades flagrantes, van a ser una fuente de amparos y presentaciones judiciales, frente a un trato discriminatorio, por el lado que se lo mire. Cada "corrección" o "aclaración" que hacen los funcionarios, hunde mas al gobierno, quien, esta atrapado por fuegos cruzados. La conducta oficial oscila entre la necesidad del tarifazo dictado por el definitivo agotamiento del modelo -y del cual, por consiguiente- no se puede echar atrás -y el temor que le provoca una respuesta popular frente a semejante ataque al bolsillo popular. Por más que los K pretendan disimularlo, estamos frente a un choque social de grandes dimensiones pues la confiscación en puertas es gigantesca. "5.176 pesos es la cifra que deberán pagar, por igual consumo de 2011, los nuevos hogares que perdieron los subsidios" (Clarín, 3/12). En otras palabras, a los trabajadores se los despojará de un sueldo entero de los 13 de un año.

Los K han pasado del "gradualismo" en la implementación de las medidas, a esta segunda versión, en la que apunta a "graduar" el nivel de los alcanzados por la medida. Este volantazo, de todos modos, promete no ser el último, pues, si algo está claro, es que la fiesta y canilla libre de los subsidios se terminó y es necesario un ajuste. Como ya se han encargado de ponerlo de relieve algunos comentarios, si el usuario responde afirmativamente que "sus ingresos son insuficientes para afrontar el pago de las tarifas plenas" (una de las alternativas que incluye el formulario), será sometido "a un cruce de datos con el Afip y Anses y su caso quedará en manos de los funcionarios encargados de aprobar la quita o extensión de los subsidios" (ídem). Un manejo sujeto a la máxima discrecionalidad y manipulación que, es una carta que los K se reservan para ir probando, por tanteos sucesivos, los ritmos y aplicación del paquetazo en curso.

La historia recién comienza

La quita de los subsidios va unida a un aumento de las tarifas. Ya las facturas nuevas de electricidad que llegarán a partir de enero contienen un aumento promedio del 34 por ciento. Esto es apenas la punta del iceberg pues, como se han encargado de ponerlo de relieve diversos comentaristas, "al final del sinceramiento estaremos pagando unas cuatro veces lo que se venia pagando" (Clarín, 22/11). Por lo pronto, la empresa provincial Edelap, encargada de la distribución de La Plata y alrededores, con 350.000 clientes, cambió de manos y sus nuevos dueños, con estrechos vínculos con el gobierno de Scioli y el nacional, recibieron la autorización para subir las tarifas. Arlía, ministro de Economía de la provincia, aclaró que las tarifas de Edelap era "un 100 por ciento mas bajas que las que aplican Eden, Edes, Edna y las 200 cooperativas que están en la orbita regulatoria provincial" (La Nación, 9/12). En otras palabras, vamos a un sacudón gigantesco del bolsillo popular.

¿Reducción de subsidios?

A partir del anuncio de las nuevas medidas, los grupos empresarios han comenzado una escalada para trasladar los mayores costos que le acarrearía la quita de subsidios. PAE, la segunda petrolera del país, reclamó que "las empresas de la cadena de valor compartir cambios en la estructura de costos y precios, algo que esta establecido en los convenios. Es decir, sentarse a negociar nuevas condiciones de continuidad de la operación "(Cronista, 5/12). La presión llegaría al extremo de desabastecer la industria. Estamos aquí ante una extorsión pero esa extorsión no tuvo cabida en el discurso de Cristina. La intransigencia que mostró el gobierno contra el derecho e huelga de los trabajadores no es la misma que ante el chantaje de las corporaciones. De Vido "les entrego un cuestionario a las compañías en las que solicitaba, información para luego determinar que hacer caso por caso" (El Cronista, ídem). El gobierno abrió las puertas a algún tipo de arreglo, en las que el estado terminará saliendo en auxilio de los privados. En resumen, este enorme ataque a los trabajadores no es garantía de que los subsidios bajen.

Conclusión y lucha

El tarifazo -y agreguemos el impuestazo- en síntesis, constituye una confiscación económica de los trabajadores de enormes proporciones y es un libreto del cual Cristina no se puede apartar. Forma parte del ajuste que hoy es el expediente al que recurren los gobiernos capitalistas del mundo. El hecho de que Macri, Scioli o Binner estén implementando medidas similares, prueba de que se trata de una orientación general y un mandato del conjunto de la clase capitalista.

En lugar de una "renuncia voluntaria", marchamos a una renuncia compulsiva impuesta desde arriba. Asistimos a una acción del estado, que utiliza su poder coercitivo contra los trabajadores, cuyo objetivo es forzar una gigantesa transferencia de ingresos proveniente del bolsillo popular a favor del capital. Los trabajadores tenemos que oponerle un programa y un curso de acción. Fuera el tarifazo y los impuestazos nacionales, provinciales y municipales.

Basta de subsidios los capitalistas.

Indexación de salarios, plan de lucha.

Pongamos fin a un sistema parasitario.

Nacionalización sin indemnización de las privatizadas de servicios y de petróleo y gas.


Pablo Heller

El derecho de huelga y la Constitución de 1949

En su discurso de asunción, CFK se detiene y pregunta: "No tuve tiempo de corroborar el dato pero ¿es cierto que el derecho de huelga no figuraba en la Constitución de 1949, del primer gobierno peronista?". Alguien le responde: "Es cierto, no figura". La Presidenta vuelve al micrófono y plantea lo largamente difundido: hoy rige el derecho de huelga pero no el derecho a la extorsión sustentado en una huelga.

El planteo abrió una discusión sobre la famosa Constitución de Perón. Juan Pablo Feinmann, un defensor de los hechos consumados, dice que "Perón, y en no menor medida Evita, creían que era tanto lo que habían entregado a los obreros... que una huelga contra ellos era una especie de herejía", un razonamiento francamente idiota, porque ninguno de ellos pensaba que vivirían para siempre, y también por aquello de lo que abunda no daña. Para De Gennaro, en cambio, como la huelga es un "derecho natural" no correspondía convertirlo en "derecho positivo", casi invitando a que CFK lo derogue.

Coherencia

Bajo el gobierno peronista y su predecesor, el gobierno surgido del golpe militar del 43, la huelga no tuvo nunca jerarquía legal. La resolución 16 del 10 de marzo de 1944 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por Perón, dispuso que cualquier reclamo por un conflicto laboral debía hacerse por escrito y tanto trabajadores como empleadores tenían prohibido alterar el estado preexistente, sea a través de huelgas o despidos, mientras se tramitara esa instancia administrativa -una "conciliación obligatoria" indefinida. El derecho de huelga fue omitido en la Ley de Asociaciones Profesionales (1945)1 y en la Declaración de los Derechos de los Trabajadores (1947) que más tarde sería incorporada íntegramente en la Constitución del ‘49. Luego, el "coronel del pueblo" y la burocracia de la CGT se ocuparon pacientemente de desmontar el aluvión de huelgas que se desencadenó a partir del 17 de octubre de 1945. "A principios de agosto (1947) cuando el nivel de los conflictos estaba alcanzando un nuevo pico y muchas de las concesiones más tarde identificadas con el peronismo no se habían hecho todavía realidad, el presidente convocó a los dirigentes de la CGT y a los principales sindicatos de la industria y los servicios a una conferencia urgente...(donde) denunció con alarma el descubrimiento de una conspiración orquestada por la oposición y sus aliados comunistas para revertir el curso de la revolución"2.

La conspiración llevó a que la burocracia de la CGT, en el Congreso Nacional del movimiento sindical convocado para octubre de ese año, hiciera aprobar una resolución condenatoria de las huelgas. Impugnó a "(esos) tipos de sindicatos (que) han creado una especie de mística que fue, quizá, un factor indispensable en épocas pasadas pero que ya hoy no tiene razón de ser. Ello es la obediencia ciega al decreto de huelga para no ser tildado de ‘carnero'"3.

En 1949, un editorial del periódico CGT definió a los paros y huelgas como "crimen político" contra la Revolución4. Esta ofensiva llegó a su clímax con la huelga ferroviaria de 1951, declarada ilegal y quebrada a través de la movilización del ejército, la detención en masa y el despido de sus protagonistas.

"Rompe con el orden establecido"

Coherente con este proceso político, en la sesión del 8 de marzo de 1949 la Convención Constituyente se pronunció taxativamente contra la inclusión del derecho de huelga, por considerar "que la huelga implica un rompimiento con el orden establecido que, como tal, tiene la pretensión de ser un orden justo y la exclusión del recurso de fuerza es el fin de toda organización social. El derecho absoluto de huelga, por tanto, no puede ser consagrado en una Constitución".

El carácter reaccionario de la Constitución del ‘49 no se limita a su condena al derecho de huelga. El artículo 15 dice: "El Estado no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera sean sus fines que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución o atentatorias al sistema democrático en que esta se inspira". Era la cláusula anticomunista, que por entonces se camuflaba como una ‘defensa de la democracia'. Más aún, "quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes del Estado", algo sacado de la Constitución de Alemania, dictada por el ejército de ocupación de Estados Unidos (que hoy revive a su modo en la "ley antiterrorista"). El artículo 34 creó la figura jurídica del "estado de prevención y alarma", que otorgó al presidente las facultades del estado de sitio sin pasar por el Congreso, o sea arrestar y trasladar personas con la suma del poder público en sus manos.

La naturaleza de un derecho

La Constitución del ‘49 fue derogada por la Libertadora y nunca repuesta por un gobierno peronista. La Convención Constituyente de 1957, con el peronismo proscripto, aprobó el artículo 14 bis, que "reconoce" el derecho de huelga, en oposición a la propia Constitución Justicialista, en el marco de una ofensiva sistemática contra el movimiento obrero, con cientos de sindicatos intervenidos y miles de activistas perseguidos. Un derecho de huelga con la CGT y los sindicatos intervenidos por los militares. Fue la fachada ‘liberal' de un régimen que buscaba asegurar un continuismo civil.

La consagración del "derecho de huelga" en la Constitución es, de un modo general, un acto de hipocresía del régimen patronal, porque se lo admite para poder reglamentarlo, o sea hacerlo inviable desde el punto de vista de los tribunales de justicia. La huelga, una acción que contradice la propiedad privada de los medios de producción, solamente puede ser reconocida como un derecho en abstracto, o sea en forma ficticia. Es así que se ve sistemáticamente prohibida por medio de la conciliación y el arbitraje obligatorio, o la declaración de servicios esenciales. La propia OIT recomienda darle carácter constitucional al derecho de huelga en los países que aún no lo han hecho, mientras que admite y recomienda la prohibición de huelga en todos los servicios "esenciales".

El carácter "nacional y popular" de la Constitución Justicialista es uno de los grandes mitos de la historia oficial difundida por el peronismo y el centroizquierda.

Christian Rath

1. El número de días perdidos por huelgas pasó, en escalones crecientes, de 41.384 en 1944 a 3.467.193 en 1947 (Estadísticas de Huelgas, Departamento de Trabajo). 2. Unión Ferroviaria, Libro de Actas. Citado por L.M. Doyón, Perón y los trabajadores, Siglo XXI, 2006. 3. La Prensa, 21/10/47. 4. CGT, 3/5/1949.

En la era K, la violación sistemática del derecho de huelga

Es cierto que el kirchnerismo se ha valido de la burocracia para contener al movimiento obrero, pero es falsa hasta la raíz la afirmación de Cristina Kirchner de que en su gobierno rige el derecho de huelga. No hay huelga que no haya sido atacada por el gobierno de Cristina, por lo menos con una conciliación obligatoria, que es una ley que viene del gobierno frondicista del Plan Conintes. Hoy, los docentes santacruceños sufren la ilegalización retroactiva de su última huelga por un tribunal de la Justicia K, por desconocer la conciliación.

Todas las grandes huelgas lidiaron con las conciliaciones de Tomada: petroleros de Las Heras y, más recientemente, de toda Santa Cruz; Alimentación de Córdoba, Adosac de Santa Cruz, Casino Flotante, AGR Clarín en 2004, docentes de Aten Neuquén, azucareros del Ingenio Ledesma en Salta, por mencionar sólo algunas de las más resonantes. En el caso de Kraft, el gobierno no obligó a la patronal a retornar a los despedidos a sus tareas -es decir que consintió la violación patronal de la conciliación que él mismo dictó. Lo mismo hizo en la huelga de Fate. Los Zanola y los Caló decretan los paros para entregarlos a la primera conciliación, a veces antes de hacerlos.

Pero, claro, cuando la conciliación fracasa actúa la Gendarmería, como en la combativa Santa Cruz. La Prefectura actuó contra los valientes jóvenes del Casino, que fueron a la huelga contra el empresario K Cristóbal López y contra las burocracias oficiales del juego y de marítimos. Actuó la infantería en Kraft, ocupando la propia fábrica. Lo mismo en AGR-Clarín, uno de los conflictos más emblemáticos, porque las tropas -y luego Piumatto, apaciguando- actuaron por cuenta y orden de la "corpo" Clarín. Hace pocos días, el principal gremio estatal del Chaco (UPCP), conoció la represión de la infantería de Capitanich.

Ecotrans, cuando fue a la huelga y emplazó los colectivos en la Plaza de Mayo, o la Línea 60, tuvieron que enfrentar en sus huelgas no sólo la represión de los Othacehé sino a la patota de la UTA, lo mismo que todo el movimiento huelguístico del subte, que también sufrió la represión de la infantería cuando ganaron las vías para imponer el pase a planta de Metrovías de los compañeros tercerizados.

Mariano Ferreyra fue la víctima del ataque a la variante huelguística del corte de vías, a partir de la precariedad de los tercerizados. La patota antihuelga del "modelo sindical" de la Unión Ferroviaria (discurso presidencial 2009) dio forma a las brigadas antipiqueteras que alguna vez imaginó Aníbal Fernández. Hay, según cálculos de las organizaciones populares, 5.000 procesados y varios presos por los movimientos de lucha, especialmente las huelgas.

El núcleo del pensado ataque a las huelgas en el discurso de asunción presidencial, es preparar las condiciones para imponer el tarifazo y todo el ajuste en marcha. La Presidenta se cura en salud frente a los movimientos eventuales de lucha que pueda generar, por ejemplo, una reestructuración capitalista de Aerolíneas; por eso, el ataque a todos sus sindicatos y el novedoso pedido de quite de personería a Apta, por ejercer el derecho de huelga; o lo más grave de todo, la militarización de los controladores aéreos.

El derecho de huelga ha tenido un solo defensor: los trabajadores mismos. La reacción penosa del moyanista Schmid, en el sentido de que las huelgas que ella mencionó "no fueron de gremios de esta CGT", no le ahorró el choque de Moyano con el gobierno. Para que "la crisis la paguen los empresarios y no los trabajadores", como dijo Moyano en su discurso de Huracán, los trabajadores apelarán a los métodos socialistas de la lucha de clases y ejercerán, como hasta ahora, el derecho de huelga integral, con sus ocupaciones, movilizaciones, piquetes y cortes de ruta, capaces de contrarrestar el poder patronal y estatal para quebrar esas huelgas.

Néstor Pitrola

‘Nac & Pop' profundizan "modelo" minero

El "nuevo" mandato de CFK arrancó profundizando el modelo prominero.

Esto se nota especialmente en las provincias que han pasado al cristinismo (Catamarca, Chubut, Río Negro), que se suman así a San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Salta, y a otras, con vínculos más recientes como La Rioja y Mendoza. La "política de Estado" con la minería, que Kirchner anunció en 2004, fue ratificada por su sucesora, en diciembre del año pasado, al anunciar el Acuerdo Social Minero. La ratificación ahora de un cuarto mandato de Mayoral como secretario de Minería, es una expresión concreta de esta estrategia. La Caem (la cámara empresaria) devolvió el favor y reeligió por consenso una comisión directiva con fuertes tintes oficialistas. Las mineras grandes como Barrick participan de la Comisión Directiva, "con bajo perfil" (Bae, 16/11).

Empresas provinciales

La nueva estrategia gubernamental implica involucrarse directamente en el negocio, creando empresas provinciales que se asocien con los pulpos mediante contratos de concesión. El modelo se probó ya en Santa Cruz, donde la estatal Fomicruz está asociada con Anglo Gold en la explotación de Cerro Vanguardia desde los '90 y sigue firmando nuevos contratos (El Cronista, 17/11). También San Juan tiene su empresa provincial, el IPPEM, que ha facilitado los proyectos de Barrick, Yamana (Gualcamayo) y Casposo. En avanzado proceso se encuentra el megaproyecto de Pachón, propiedad de Xstrata, cuya construcción podría comenzar en el 2013 (Julian Rooney en Infobae, 26/11). La Legislatura de Catamarca ha sido convocada a sesiones extraordinarias para aprobar la formación de la empresa provincial Camyen SE (Catamarca Energética y Minera Sociedad del Estado); Mayoral, precisamente, llama a "recuperar el tiempo perdido durante el gobierno del FCyS" y de Benítez, presidente del Ymad (Esquiú, 16/12), en alusión al acuerdo otorgado para que Xstrata compre Agua Rica y alargue la vida útil de las instalaciones de la mina La Alumbrera. Jujuy también tiene en marcha una empresa similar, al igual que La Rioja. La asociación minoritaria del Estado con los pulpos pretende desarmar la presión para aumentar los impuestos, y viene acompañada de la formación de fideicomisos que recogerían parte de los beneficios de esa asociación para ser destinados a obras de infraestructura (El Cronista, 17/11). Se inicia, de este modo, el período de endeudamiento de los Estados provinciales con los pulpos mineros.

Chubut

Chubut fue la cuna del movimiento popular contra el saqueo minero. El 5 de diciembre, una impactante columna de más de tres cuadras, con 2.000 personas, recorrió la ciudad, para recordar el plebiscito que bloqueó el proyecto de Meridian Gold con más del 80% de rechazos. La provincia se vio obligada en ese entonces a dictar la ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero con el tiempo aparecieron otros proyectos. Desde hace poco más de un año está lanzado el proyecto Navidad, de la canadiense Pan American Silver, que explota actualmente el yacimiento de Manantial Espejo en Gobernador Gregores (Santa Cruz), que es uno de los yacimientos de plata más voluminosos del mundo -y la plata cotiza hoy tres veces más que hace tres años. El gobierno de Das Neves ya había prometido a la minera darle curso favorable, luego de las elecciones.

El nuevo gobierno de Martín Buzzi convocó enseguida a una reunión de gabinete en la meseta central (en Gan Gastre) para recibir la "petición" de 13 intendentes de la zona a favor de la minería y para modificar la ley 5001 (El Patagónico, 15/12). El gobierno acaba de publicar un mapa que ubica a la meseta central con un muy bajo riesgo ambiental. Aunque Buzzi dice que el mapa lo preparó el gobierno de Das Neves, es claro que apunta a modificar la ley 5001.

Vale (Mendoza)

Otra de las provincias con mayor resistencia popular a la minería es Mendoza. Poco antes de las elecciones el gobernador cristinista, Jaque, había suspendido la construcción de la mina de Potasio Río Colorado en el sur de la provincia propiedad de la minera brasileña Vale do Rio Doce, una interdicción que levantó a los pocos días. El 5 de diciembre, Cristina recibió en Olivos a la plana mayor mundial y nacional de Vale, junto a Boudou, De Vido, Giorgi y Mayoral. "Cristina Kirchner anticipó su deseo de visitar las obras de Potasio Río Colorado en el departamento Malargüe en febrero próximo en el marco de una conversación en el que la mandataria se explayó sobre su reciente reunión en Caracas con Dilma Rousseff" (Mining Press, 5/12). Hasta 2009, el proyecto estaba en manos del gigante minero Río Tinto, pero las aprobaciones requeridas sólo salieron a partir de su compra por Vale. Este proyecto en el que Vale invertirá dice que más de 5.000 millones de dólares, dará trabajo a numerosas firmas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa (Loma Negra), Ferrosur, Andrade Gutiérrez, etc. El potasio a extraer en el mayor yacimiento del mundo se exportará en su totalidad a Brasil, pues las tierras argentinas no utilizan potasio.

Divisas

Los efectos de la crisis mundial, que se manifiestan en el déficit fiscal y la fuga de divisas, determinaron la resolución que ordena a las mineras liquidar en el país el ciento por ciento de las divisas de exportación. En ese contexto el gobierno quitó a la minería un privilegio que Duhalde y los Kirchner habían mantenido desde 2001. Es un último recurso para resistir una devaluación. A cambio de esta medida menor y provisional, las empresas han ganado una mayor protección oficial, en especial contra las presiones ambientalistas. La ley de Glaciares, como anticipamos, duerme cajoneada.

Miguel Gómez

A la caza de la partícula divina

"Dios existe...."

La Organización Europea para la Investigación Nuclear acaba de anunciar que los experimentos realizados en el gigantesco acelerador de partículas que funciona en el centro del Viejo Continente, puesto en funcionamiento dos años atrás, han detectado algunos indicios de la existencia de la "partícula de Dios", cuyo nombre científico es "Bosón de Higgs" (ver "La máquina de Dios", de Andrés y Pablo Rieznik en Prensa Obrera Nº 1.055, 18/9/08, http://po.org.ar/articulo/po1055031/maquina-de-dios).

La partícula de marras, cuya existencia fue postulada por el físico que le dio su nombre, permitiría completar lo que se denomina el "modelo standard", hasta hoy aceptado como la teoría más completa sobre el origen del universo. El elusivo "bosón" (su existencia en el tiempo es infinitesimal) permitiría entender porque en la "explosión" de energía que originó el universo, algunas de las llamadas partículas primordiales adquirieron su masa particular y constituyen la base material de todo lo que conocemos, incluidos nosotros mismos.

El acelerador de partículas es el mayor laboratorio físico construido por el hombre. Permite recrear las condiciones del Big Bang, el estallido de energía fundante de la expansión del universo, detectada empíricamente a principios del siglo XX. Las partículas que allí son "aceleradas", son los elementos constitutivos de los átomos, la base estructural de "todo", hasta esa forma particular de existencia de la materia que somos nosotros mismos.

Richard Feymann, considerado como uno de los físicos más importantes luego de Einstein, dijo alguna vez que si algún mensaje clave había que dejar para una secular posteridad que buscara desentrañar lo esencial de nuestro cosmos, debiera contener la siguiente definición: "el universo está hecho de átomos". Los que integran nuestro propio cuerpo tiene un origen cósmico, probablemente originados en la desintegración de alguna vieja estrella, en cuyo interior se formaron los átomos de los elementos más pesados, indispensables para la constitución de seres vivos.

Los mismos seres vivos -que al cabo de los aproximadamente 14.000 millones de años que nos separan del Big Bang- están intentando completar la develación del secreto de cómo comenzó todo y apropiarse concientemente del entendimiento de las condiciones de nuestra "génesis". La ciencia puede provocar emociones tan sublimes como las que algunos suponen exclusivas del mundo de la fantasía religiosa o metafísica.

Paradoja de la contradictoria historia humana: en Europa puede consumarse una de las grandes hazañas científicas en el momento en que el Viejo Continente se derrumba en una crisis capitalista sin precedentes y las masas explotadas y hambrientas ganan las calles del planeta, agobiadas por un sistema social en descomposición. También el quehacer de los hombres de ciencia y los programas de investigación se "ajustan" para que la barbarie del capital siga su curso. La perspectiva de la ciencia, su alcance universal y la humanidad misma de la cual ha surgido, se han transformado en definitivamente incompatibles con el capitalismo. El "bosón de Higgs" descubierto revelará que "Dios existe": es la actividad histórica del propio hombre, modificando y comprendiendo la naturaleza, su naturaleza. Eso es "todo". Somos autores de nuestra propia creación.

Pablo Rieznik

19 de diciembre de 2011

A 10 años de la rebelión popular del 19 y 20 de Diciembre del 2001‏

Marchamos contra el tarifazo, las suspensiones y los despidos.

Mañana martes 20/12, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores marchará junto a otras organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales en todo el país. En Córdoba la concentración será en Colón y Cañada a las 18:30 hs., para culminar con la lectura del documento nacional común frente al Patio Olmos.

* No al tarifazo y al ajuste del gobierno K.

* Paritarias libres, sin topes salariales. La huelga es un derecho, no una extorsión.

* Cierre de las causas, anulación de las condenas y libertad a los luchadores. Basta de asesinatos, castigo a los culpables. Abajo la ley antiterrorista.

* Que la crisis la paguen los grandes capitalistas, banqueros y terratenientes, no los trabajadores y el pueblo.

16 de diciembre de 2011

Duras críticas del Partido Obrero a Mestre en la audiencia pública del presupuesto municipal

Manuel D´Alessandro dijo que el intendete está haciendo una "puesta en escena" y se manifestó en contra de cualquier impuestazo.

En representación del Partido Obrero, Manuel D´Alessandro criticó duramente al intendente de la ciudad, Ramón Mestre, al realizarse en el Concejo Deliberante la audiencia pública del presupuesto municipal 2012.

En este marco, el dirigente político dijo que Mestre pasó sin escalas "del San Valentín del Córdoba te quiero al 'Freddy Krueger' que nos quiere sacar las entrañas a los vecinos".

En este sentido agregó: “no podemos tolerar que se haga el sorprendido” y criticó que desde que asumió “hizo una puesta en escena para justificar un tarifazo”.

Además aseveró que “la crisis cloacal tiene responsables” y manifestó su “absoluto rechazo a cualquier medida que anuncie un daño a cualquiera de los ciudadanos”.


También criticó el revalúo inmobiliario que propone el nuevo Código Tributario enviado por el intendente que propone equiparar el impuesto a los valores del mercado, recordando que las cifras de este último “han sido creadas de manera ficticia para el beneficio de algunos”.

Fuente: Cónclave Político

15 de diciembre de 2011

MOYANO: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Hugo Moyano oficializó su muy anunciado enfrentamiento con el gobierno, pero no abrió una perspectiva política nueva. Su reclamo de que la crisis no la paguen los trabajadores contrasta con el silencio con que acogió el tarifazo, o la propuesta del Viceministro Kicilof de deducir los aumentos del mínimo no imponible de los aumentos salariales. Defendió las obras sociales, pero no dijo que la burocracia las convirtió en apéndices de la medicina privada. Tampoco reclamó el dinero retenido por el gobierno para las atenciones extraordinarias, un indicio de que aceptaría su estatización. También hizo silencio sobre los anuncios de la Presidenta de coartar el derecho al juicio civil en accidentes de trabajo. Estas limitaciones dejan abierta la puerta para negociar con el gobierno.

¿Qué defendió Moyano? Un derecho de huelga que permite que se viole, como ocurre con las conciliaciones obligatorias indefinidas, o reprimir, como a los petroleros y maestros del sur, o a los trabajadores de la línea 60. Curiosamente, Moyano no tuvo palabras para apoyar la declaración de utilidad pública de la producción de papel de diario.

¿Otro Vandor? La burocracia sindical carece de la homogeneidad para convertirse en oposición política y está entrelazada con los intereses de las patronales. La defensa de Zanola demuestra que a la burocracia sólo la guía la defensa de sus intereses y privilegios materiales; la excarcelación de Zanola es un mal precedente para que se haga justicia con la patota de Pedraza, la policía y Ugofe.

La temprana crisis política que enfrenta el segundo gobierno k es el resultado de su política de ajuste, que provocará una resistencia amplia de los trabajadores, y del reforzamiento del gobierno de camarilla.

Reclamamos un plan de lucha de la CGT contra el tarifazo y el impuesto al salario, por paritarias libres, por la restitución de las asignaciones familiares y el desprocesamiento de los luchadores, y  reafirmamos la necesidad de un movimiento obrero independiente del Estado.

Declaraciones de Jorge Altamira (ex candidato a Presidente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores)

“De tal palo, tal astilla”: Rechazamos los tarifazos de Mestre

El 20 nos movilizamos

“'Porque te quiero, te aporreo', dice el refrán. El 'amor' de Mestre a Córdoba se expresa en un brutal tarifazo que golpeará fuertemente a la población trabajadora. Cuando el hijo del gran ajustador hablaba de lo mucho que quería a Córdoba 'olvidó' agregar que lo que realmente quería era defender una unidad de negocios a costa de la población. Los especuladores inmobiliarios seguirán sin pagar impuestos; más aun, serán beneficiados con las pocas obras públicas. Ellos terminaron colapsando el sistema de cloacas por la construcción desmesurada que les llenó los bolsillos, y serán los que tienen una vivienda para uso propio, o las 170 mil familias de la ciudad que no tienen ninguna, o los que alquilan, los que pagaremos las cloacas que mejorarán sus negocios. Esto es la radiografía exacta de la expropiación de la población a favor de los capitalistas”, declaró Manuel D'Alessandro, ex candidato a concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

“El ataque de Mestre continúa con un aumento del inmobiliario urbano para que alcance el valor de mercado de las propiedades, 'ajustado' por la especulación, pero la UCR, junto al PJ y el juecismo sostienen el inmobiliario rural a valores de ¡1995!; está claro para quién gobiernan. Como frutilla del postre, con suma rapidez el nuevo gobierno municipal ha dado curso al pedido de la Fetap de llevar el boleto a $ 3,50”, continuó D´Alessandro. “Las aspiraciones a una buena convivencia entre el gobierno K, De la sota y Mestre están asentadas sobre el ajuste y los tarifazos que los tres gobiernos impulsan”.

“Durante la campaña electoral sólo el Frente de Izquierda alertó sobre esta situación; hoy llamamos a rechazarla. Por eso, el 20 de diciembre, a 10 años del Argentinazo, ganaremos la calle repudiando el ajuste y los tarifazos de Cristina, José Manuel y Ramoncito”,
finalizó D´Alessandro.

Nota: Manuel D´Alessandro, en nombre del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, intervendrá mañana viernes, 16 de diciembre, en la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante a partir de las 10 horas.
PARTIDO OBRERO en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Convocatoria a organizar la jornada del próximo 20/12

A 10 años del Argentinazo
Nos movilizamos en Córdoba y en todo el país
contra el tarifazo y el ajuste

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas (entre ellas el Frente de Izquierda y de los Trabajadores) están organizando movilizaciones en todo el país al cumplirse el 10º aniversario del Argentinazo.

En Córdoba, en una primera reunión, se resolvió que la marcha se realizará el martes 20 a las 18.30 hs., desde Cañada y Colón hasta el Patio Olmos, donde se desarrollará un acto.

Para coordinar y organizar la jornada del 20 de diciembre, este jueves 15/12, a las 20 hs., en Olmos 187, "Casi Alvear", se realizará una nueva reunión; la misma es abierta a todas aquellas organizaciones populares que quieran sumarse a la convocatoria.

PARTIDO OBRERO
en el Frente de Izquierda y los Trabajadores

14 de diciembre de 2011

EL ACUARTELAMIENTO BONAERENSE, EXPRESION DE UNA CRISIS POLÍTICA DE CONJUNTO

El acuartelamiento de la bonaerense expresa una crisis política que lo precede. Cuando han pasado horas de la asunción de Cristina, el episodio con la barra de La Cámpora por parte de elementos del aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, que dieron la orden de repeler a los manifestantes en protección del copamiento de las gradas por los “naranjas” de Scioli, se enmarca en las crecientes contradicciones que afloran en el oficialismo.

La crisis con el moyanismo, no solamente con Scioli, enmarcan a este episodio. La presidenta, con el anunciado tarifazo, los impuestazos y ajustes, los no desmentidos topes a las paritarias y el propósito de retomar la deuda con el Club de París -que es el programa del nuevo Ministro Lorenzino-, ha despejado el terreno para una crisis política.

El voto plebiscitario que obtuvo la Presidenta la habilita para concentrar el poder ejecutivo del Estado, pero está en contradicción con la debilidad extrema del armado político que la acompaña -La Cámpora y un puñado de ex frepasistas y de gobernadores o intendentes casquivanos. ¿Apelará la Presidenta a un llamado a la movilización popular para contrarrestar a sus adversarios que ya lo están haciendo dentro de los límites de sus posibilidades? Por ahora ha preferido la vía de arrimarse a Techint y a la UIA.

Los jóvenes y bien pagos funcionarios de La Cámpora ni tienen la talla para ser aparato de apoyo del gobierno en un cuadro de crisis; tampoco a Moreno le da el 'pine' para arremeter contra la burocracia sindical. Una solución de compromiso no durará en el tiempo. El pacto entre la Juventud Sindical y La Cámpora, bendecido por la Presidenta en River en octubre de 2010, aguantó un suspiro.

El Partido Obrero advierte que los intereses en pugna que movilizan la crisis con la policía bonaerense son ajenos a los trabajadores. Llamamos a movilizarnos contra el tarifazo, contra los aparatos represivos y sus jefes políticos y contra las patotas de la burocracia sindical. Reclamamos el desprocesamiento de los cinco mil luchadores obreros y la condena a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Convocamos a reforzar las filas del Partido 0brero para desarrollar el Frente de Izquierda. 


Partido Obrero
en el Frente de Izquierda

MESTRE: UNA ACTUACION A FAVOR DEL AJUSTE

“Con sólo 24 horas sentado en el sillón de intendente, Ramón Mestre ha montado un escenario. Los cheques de Bermúdez, los despachos abiertos por cerrajeros, la falta de servicios de teléfono e internet, son la ambientación con la cual el nuevo intendente quiere adornar el mensaje claro de que pretende transferirle a los vecinos la quiebra del municipio”, señaló Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

“¿Cuál es la sorpresa de Mestre después de 4 años de que su partido ha cogobernado con la gestión de Giacomino?; ¿se olvidó Mestre que el radicalismo integra el Tribunal de Cuentas Municipal, que ya objetó los ejercicios 2009 y 2010 del Ejecutivo Municipal, sin que esto importara ninguna acción por parte de los concejales radicales?”,
continuó Salas.

“En 2010 el Partido Obrero presentó a los concejales (entre ellos el actual viceintendente) el pedido de inicio del proceso de destitución del intendente, entre otras razones, por las mismas que ahora asombran a las autoridades electas”.

“La verborragia catastrofista de Mestre quedará en el limbo al igual que en su momento la CIGEKA de Luis Juez. Lo real es que el intendente quiere hacernos pasar la privatización de Tamse y Crese, un tarifazo de envergadura tanto en el transporte como en el resto de las tasas municipales y un endeudamiento a tasas usurarias. Al señalar que no tiene ni para los aguinaldos, Mestre ha aprovechado la volada para decirles a los trabajadores municipales que no piensa discutir salarios, en medio de un profundo cuadro de ajuste que afectará de manera profunda el ingreso salarial".

"Desde el Frente de Izquierda rechazamos cualquier ajuste sobre los vecinos de Córdoba; la quiebra de las finanzas municipales es el resultado de la gestión capitalista del municipio, que Mestre pretende llevar a fondo. Convocamos a todos los vecinos de Córdoba a movilizarse el 20 de diciembre, a 10 años del Argentinazo, para enfrentar el ajuste y los tarifazos”, finalizó Eduardo Salas.
PARTIDO OBRERO 
en el Frente de Izquierda y  los Trabajadores
Eduardo Salas: 155-477025

11 de diciembre de 2011

DISCURSO DE ASUNCIÓN DE LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER: ATAQUE AL DERECHO DE HUELGA Y REAFIRMACION VERGONZANTE DEL TARIFAZO

El núcleo del discurso presidencial de ayer es muy evidente: la reafirmación de un tarifazo, que ni siquiera se animó a mentar, o sea vergonzante, y un ataque al derecho de huelga. La Presidenta no se animó a defender la decisión que tiene estremecido hoy al país –que importará subas del 300% en las tarifas, ni los cambios de manos en las compañías de servicios, que han anticipado el tarifazo. Tampoco lo hizo con los impuestazos y tarifazos en las provincias oficialistas y opositoras, ni con el que afecta a los salarios que superan el mínimo no imponible. No hizo referencia, por otro lado, a la remilitarización de los controladores aéreos, pero sí reivindicó la represión a los trabajadores petroleros y docentes en Santa Cruz, violentando el derecho de huelga, cuando solamente reclamaban un convenio colectivo de trabajo. Buscó asociar a Perón a la oposición al derecho de huelga, cuando en realidad fue una resolución escrita de la CGT, en 1949, la que condicionó la declaración de huelga al veto del general Perón.

El tarifazo y el ataque al derecho de huelga forman una pareja indisoluble, porque el primero es inviable sin el segundo. El discurso tipifica a un régimen de bonapartismo (tardío), que ya no encuentra justificación en la falta de una mayoría parlamentaria, sino en la agudización de las contradicciones sociales.

La Presidenta volvió a reivindicar el carácter patriótico del pago de la deuda usuraria, e incluso cuantificó en casi 100 mil millones de dólares la carga que representó para el país –y hasta el arreglo con los bonistas que no habían aceptado el canje. No dijo, sin embargo, que el ‘desendeudamiento’ con los acreedores internacionales fue logrado con el endeudamiento con el BCRA, la Anses, Pami y Banco Nación, que hoy poseen el 53% del total de la deuda pública. La deuda pública aumentó, sin embargo, en 50 mil millones de dólares; es, hoy, de 180 mil millones de dólares, un 45% del PBI –inflado en términos de dólares, o sea mucho más de la mitad.

La Presidenta reivindicó también el desarrollo de la educación, sin una palabra hacia el hundimiento de la pública a favor de la privada. Reivindicó su condición de gobierno de derechos humanos, pero no anunció ninguna medida que acelere los juicios cuya lentitud admitió. No mencionó ¡para nada! la tercerización de la represión, los cinco mil trabajadores procesados, la magnitud del gatillo fácil y los apremios y torturas en las comisarías. Aunque esperada, es llamativo que haya reivindicado la ley de medios, a pocos días del fracaso de una licitación que contemplaba al sector social o comunitario, por su inaccesibilidad económica. Al monopolio privado tradicional se ha sumado un monopolio oficialista pseudo ideológico, y además se ha reforzado el duopolio de las comunicaciones con el acuerdo del oficialismo y Telefónica con relación a Telecom. La ley de medios no ha producido ningún avance en materia de libertad de expresión –sea política, cultural o de cualquier orden.

Las omisiones del discurso presidencial ponen al desnudo, por un lado, la debilidad del nuevo gobierno que nace sin embargo de una votación del 54.11% del electorado activo. Las reivindicaciones del discurso subrayan, por el otro, la acentuación de un método de gobierno presidencialista; de decreto; un gobierno que combinará la confrontación contra las reivindicaciones de los trabajadores, por un lado, y la demagogia social, por el otro.

Por último, la reasunción del Poder Ejecutivo por parte de Cristina de Kirchner fue por lo menos curiosa. Los militantes de la Cámpora reivindicaban “la resistencia de los 90”, cuando el matrimonio oficial impulsó el remate de YPF a precio vil y entregó el Banco de Santa Cruz al mismo grupo que, en la gestión presidencial de CFK, ingresaría como accionista en la petrolera, gracias a un contrato ruinoso que sacrifica la inversión nacional al pago de dividendos. La Presidenta no sorprendió, entonces, cuando reivindicó su oposición al gobierno de De la Rua mientras ignoraba el apoyo fervoroso que brindó al tándem Menem-Cavallo, o sea al remate de empresas del estado a cambio de títulos desvalorizados de deuda; al feroz endeudamiento internacional de esa década; y a la convertibilidad que ofreció un seguro de cambio a los especuladores. La Presidenta quizás pretende que se la juzgue a la luz del nuevo relato oficial, pero persiste en reivindicar la entrega de decenas de miles de millones de dólares para frenar una corrida contra el peso con el método clásico de Cavallo, y elevó las tasas de interés del BCRA, como lo haría cualquier ‘neoliberal’, habilitando de este modo una nueva ‘bicicleta financiera’ (elevadas tasas de interés en peso con seguro de cambio). Incluso anunció la creación de una subsecretaría de Competitividad, a semejanza del planteo de Cavallo, que implicaría condicionar los aumentos de salarios a cláusulas de productividad individual.

Desde el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, combatiremos el ajuste contra los trabajadores, defenderemos el derecho de huelga y nos opondremos al sistema de gobierno por decreto, con el reclamo de que la bancarrota capitalista la paguen los capitalistas.

Jorge Altamira (ex candidato a Presidente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores)