REGIONAL CÓRDOBA
27 de enero de 2012
Famatina debe ser una causa nacional
Mañana sábado 28 de enero, en horas de la tarde, una delegación del Partido Obrero se hará presente en el corte que desde hace un mes viene llevando adelante el pueblo de Famatina.
La delegación estará encabezada por el diputado provincial e integrante del Parlamento del NOA, Claudio Del Plá, y del dirigente partidario Daniel Blanco.
La visita será una oportunidad para expresar nuestra solidaridad con la heroica lucha, y para discutir iniciativas de extensión y coordinación.
Precisamente, bajo el impacto de la lucha en Famatina, y en vísperas del 2º aniversario del Andalgalazo, la Alumbrera ha sido bloqueada por sendos cortes en la ciudad de Belén y en Santa María, en la provincia de Catamarca, y es inminente que los bloqueos se extiendan a Amaicha del Valle en Tucumán.
Por otra parte, hoy viernes, una delegación del Partido Obrero se hará presente en la concentración que se llevará a cabo a las 19:30 horas frente a la Embajada de Canadá, en la ciudad de Buenos Aires.
Mientras el gobierno apuesta al desgaste y a la presión represiva, la extensión de la lucha y la multiplicación de acciones solidarias en todo el país se están transformando en un factor clave para el triunfo de la lucha.
La delegación estará encabezada por el diputado provincial e integrante del Parlamento del NOA, Claudio Del Plá, y del dirigente partidario Daniel Blanco.
La visita será una oportunidad para expresar nuestra solidaridad con la heroica lucha, y para discutir iniciativas de extensión y coordinación.
Precisamente, bajo el impacto de la lucha en Famatina, y en vísperas del 2º aniversario del Andalgalazo, la Alumbrera ha sido bloqueada por sendos cortes en la ciudad de Belén y en Santa María, en la provincia de Catamarca, y es inminente que los bloqueos se extiendan a Amaicha del Valle en Tucumán.
Por otra parte, hoy viernes, una delegación del Partido Obrero se hará presente en la concentración que se llevará a cabo a las 19:30 horas frente a la Embajada de Canadá, en la ciudad de Buenos Aires.
Mientras el gobierno apuesta al desgaste y a la presión represiva, la extensión de la lucha y la multiplicación de acciones solidarias en todo el país se están transformando en un factor clave para el triunfo de la lucha.
24 de enero de 2012
RESPUESTA A UN INFUNDIO
En las últimas horas, ha circulado un mail apócrifo –lleva remitente del “Polo Obrero”- denunciando una supuesta decisión de “cerrar las actividades del Polo” por parte de la dirección del PO. El texto no lleva firmas, sólo alude a “delegados del Polo”. Frente a las afirmaciones vertidas, señalamos:
1.- El “cierre del Polo Obrero” es un infundio sin el menor asidero, como lo demuestran las recientes movilizaciones realizadas en Buenos Aires y en todo el país por la ampliación del plan Argentina Trabaja, por el pase a planta de los compañeros y por el aumento de su asignación. En los últimos números de “Prensa Obrera”, se da cuenta de las recientes movilizaciones por ese objetivo. En la Capital, el Polo Obrero viene de participar activamente de las jornadas del aniversario de la lucha del Parque Indoamericano, junto a diferentes organizaciones piqueteras de la Ciudad.
2.- El texto al que aludimos ha sido difundido extensamente por una red de mails, incluyendo como destinatarios a muchas personas que no pertenecen al PO. La utilización como remitente de la sigla “Polo Obrero”, constituye un acto de usurpación política. Estamos ante un acto manifiesto de provocación política. Si los que lo hicieron no son servicios del Estado, actúan como si lo fueran. La política del Partido Obrero y el Polo Obrero se expresa a través de su prensa y sus iniciativas públicas. A ellas nos remitimos.
1.- El “cierre del Polo Obrero” es un infundio sin el menor asidero, como lo demuestran las recientes movilizaciones realizadas en Buenos Aires y en todo el país por la ampliación del plan Argentina Trabaja, por el pase a planta de los compañeros y por el aumento de su asignación. En los últimos números de “Prensa Obrera”, se da cuenta de las recientes movilizaciones por ese objetivo. En la Capital, el Polo Obrero viene de participar activamente de las jornadas del aniversario de la lucha del Parque Indoamericano, junto a diferentes organizaciones piqueteras de la Ciudad.
2.- El texto al que aludimos ha sido difundido extensamente por una red de mails, incluyendo como destinatarios a muchas personas que no pertenecen al PO. La utilización como remitente de la sigla “Polo Obrero”, constituye un acto de usurpación política. Estamos ante un acto manifiesto de provocación política. Si los que lo hicieron no son servicios del Estado, actúan como si lo fueran. La política del Partido Obrero y el Polo Obrero se expresa a través de su prensa y sus iniciativas públicas. A ellas nos remitimos.
Partido Obrero – Comité Ejecutivo
20 de enero de 2012
VIOLENCIA DE LA JUSTICIA Y DEL CLERO CONTRA UNA NIÑA DE ONCE AÑOS
La decisión de no practicarle el aborto a la niña entrerriana de once años, embarazada a causa de una violación, no tiene nada de “libre”. La renuncia de la familia a reclamar el aborto es el resultado de la presión brutal ejercida por la justicia y los médicos que trataron el caso, a cuenta, claro está, del clero. Una vez más, quedaron a la luz los límites insuperables del actual código penal y su tratamiento de los abortos no punibles, donde la mujer queda sometida a las decisiones de los “comités” médicos y lobbies judiciales que suelen estar fogoneados por la Iglesia. El caso de Entre Ríos demostró también que el aborto es hoy una prerrogativa de quienes pueden pagarlo. La mujer sin recursos debe someterse a prácticas inseguras o letales o, como en este caso, al arbitrio de los jueces reaccionarios.
Sólo podrá terminarse con esta indignidad estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Denunciamos la negativa del kirchnerismo y de los bloques parlamentarios opositores a sancionar este derecho, y convocamos a redoblar la movilización para conquistar esta reivindicación crucial en el año que comienza.
Sólo podrá terminarse con esta indignidad estableciendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Denunciamos la negativa del kirchnerismo y de los bloques parlamentarios opositores a sancionar este derecho, y convocamos a redoblar la movilización para conquistar esta reivindicación crucial en el año que comienza.
19 de enero de 2012
Disparan sobre las paritarias
En vísperas de las paritarias, los ‘números' de la clase obrera son tan claros como graves. De acuerdo con cualquier estimación, la inflación real de 2011 no fue inferior al 25%, aunque la suba de la canasta alimentaria (la cual afecta fuertemente a los trabajadores) superó el 30%. Pero esa realidad no toma en cuenta el impacto de los impuestazos y tarifazos que comenzaron a aplicarse desde fines de año. De los subtes a los colectivos en el interior, del ABL a los impuestos de los municipios, esa ‘primera oleada' del ajuste sumará -de acuerdo con algunas estimaciones sindicales- otros diez puntos a la inflación acumulada de 2011. Frente a ese 35-40% de deterioro salarial, está claro que el 18% que la UIA y el gobierno están tramitando como ‘techo' es una clara confiscación.
El gobierno y las patronales baten el parche de bajar "las expectativas inflacionarias", justo en el momento en que la política oficial es más inflacionaria que nunca. Lo prueban los aumentos de tarifas e impuestos, así como la suba exorbitante de los intereses bancarios -todas variantes de rescate de sectores capitalistas. El único blanco de la mentirosa "guerra a la inflación" son los salarios. El gobierno quiere postergar los reclamos capitalistas en favor de una devaluación de la moneda a través de la desvalorización del "costo nacional" -o sea, los salarios.
De cara a las paritarias, las patronales metalúrgicas y mecánicas levantan el fantasma de las suspensiones y los despidos. Ambas, sin embargo, han acumulado ganancias inéditas en los últimos años y están siendo fuertemente beneficiadas por el proteccionismo oficial. Mal que le pese a las burocracias de Caló y Pignanelli, estas empresas tienen espaldas para responder a reclamos que, como mínimo, deben partir de la inflación real del año que pasó y de los tarifazos de ahora.
Naipes marcados
La primera señal de la política oficial apareció en la paritaria de los aceiteros, donde el sindicato reclamó un 26% y las patronales ofrecieron un 17%. En seguida, Tomada se apresuró a dictar la conciliación obligatoria -hecho que desmiente la supuesta "libertad de negociación" en las paritarias. Allí donde los trabajadores se arriman a recuperar el poder de compra del salario, el Estado actúa despóticamente contra ellos. Es cierto que el gobierno tiene avanzado un acuerdo con las burocracias del Smata, de la UOM y del "agente" Martínez (Uocra) en relación con su "techo" del 18%. Pero la carestía galopante está colocando en crisis la posibilidad de un arreglo similar para los docentes y otros gremios. La CTA de Yasky ha reclamado en estos días "no menos del 25% para los maestros". Sin embargo, Wasiejko -y el propio Yasky- han abierto la posibilidad de partir ese aumento en varias cuotas anuales. En ese caso, el gobierno y las patronales se saldrían con la suya de otorgar ahora un porcentaje muy inferior a la inflación registrada en 2011 y así patear para adelante otros reajustes que, si se producen, tendrán como contrapeso los tarifazos en ciernes.
Los sindicatos más comprometidos con el "modelo" oficial -como UPCN, el Suterh u Obras Sanitarias- ya "compraron" la propuesta del aumento en cuotas, pero partiendo de un mísero 7% (Ambito, 18/1). El gobierno está operando activamente en favor de esta licuación de los aumentos. Para afrontar una negociación en cuotas, quieren armar un índice de precios "especial" -o sea, tan trucho como el del Indec, pero que tenga la bendición de las burocracias sindicales.
Moyano, Micheli
Las operaciones oficiales contra las paritarias parecen haber dejado a un lado a Moyano. Pero, antes de eso, hay que decir que Moyano se corrió solo del escenario. Ningún moyanista ha salido a cuestionar los ajustes en curso -tarifazos, cesantías de contratados- y su líder sólo mantiene la amenaza de discutir "sin techos" su propia paritaria. Pero esa negociación tendrá lugar a mediados de año. Le dejan el camino libre al gobierno y a la UIA para avanzar en arreglos fraccionados, que convaliden un despojo del salario. De más está decir que esta política entierra en la miseria salarial a los precarizados y contratados, quienes representan el 40% de la clase obrera.
Micheli se apresuró a apoyar a Moyano en sus choques verbales con el gobierno. Pero, mientras tanto, la CTA "opositora" no articuló ninguna respuesta de conjunto frente a la oleada de cesantías de estatales contratados, que está diezmando a ATE en el interior del país.
Una política para defender el salario
Es claro que, en cualquier circunstancia, la emergencia de las paritarias debería ser objeto de una deliberación y una acción de conjunto de los trabajadores, que agrupe a todas sus fracciones y sindicatos. Pero esa necesidad se redobla en el cuadro del ajuste, el cual tiene al Estado y a las patronales conspirando férreamente en la tarea de trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis. El objetivo último de la estrategia oficial es la liquidación de las paritarias como proceso colectivo de discusión del salario y de las condiciones laborales. La burocracia sindical, con sus negociaciones por separado y en el tiempo, está haciendo una contribución preciosa a esa política.
La defensa de las paritarias exige, en primer lugar, un programa: 1) reconocimiento inmediato de la inflación acumulada de 2011 y de los tarifazos en curso, algo que en ningún caso es inferior al 30%; 2) ajuste automático de los salarios de acuerdo con la inflación; 3) ninguna suspensión ni despido -ni en el sector público, ni en el privado. Que las patronales banquen la ocupación con los beneficios acumulados. Pase a planta de los contratados; 4) no a los tarifazos e impuestazos. Que se abran los libros y costos de las privatizadas; 5) abajo las cláusulas flexibilizadoras. Incorporación al básico de los plus condicionados a la "productividad".
Impulsemos reuniones de delegados y plenarios en todos los sindicatos para discutir este programa. Que las centrales obreras rompan con el gobierno y su política de liquidación de las paritarias, y resuelvan un plan de lucha común para defender el salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo.
Marcelo Ramal
El gobierno y las patronales baten el parche de bajar "las expectativas inflacionarias", justo en el momento en que la política oficial es más inflacionaria que nunca. Lo prueban los aumentos de tarifas e impuestos, así como la suba exorbitante de los intereses bancarios -todas variantes de rescate de sectores capitalistas. El único blanco de la mentirosa "guerra a la inflación" son los salarios. El gobierno quiere postergar los reclamos capitalistas en favor de una devaluación de la moneda a través de la desvalorización del "costo nacional" -o sea, los salarios.
De cara a las paritarias, las patronales metalúrgicas y mecánicas levantan el fantasma de las suspensiones y los despidos. Ambas, sin embargo, han acumulado ganancias inéditas en los últimos años y están siendo fuertemente beneficiadas por el proteccionismo oficial. Mal que le pese a las burocracias de Caló y Pignanelli, estas empresas tienen espaldas para responder a reclamos que, como mínimo, deben partir de la inflación real del año que pasó y de los tarifazos de ahora.
Naipes marcados
La primera señal de la política oficial apareció en la paritaria de los aceiteros, donde el sindicato reclamó un 26% y las patronales ofrecieron un 17%. En seguida, Tomada se apresuró a dictar la conciliación obligatoria -hecho que desmiente la supuesta "libertad de negociación" en las paritarias. Allí donde los trabajadores se arriman a recuperar el poder de compra del salario, el Estado actúa despóticamente contra ellos. Es cierto que el gobierno tiene avanzado un acuerdo con las burocracias del Smata, de la UOM y del "agente" Martínez (Uocra) en relación con su "techo" del 18%. Pero la carestía galopante está colocando en crisis la posibilidad de un arreglo similar para los docentes y otros gremios. La CTA de Yasky ha reclamado en estos días "no menos del 25% para los maestros". Sin embargo, Wasiejko -y el propio Yasky- han abierto la posibilidad de partir ese aumento en varias cuotas anuales. En ese caso, el gobierno y las patronales se saldrían con la suya de otorgar ahora un porcentaje muy inferior a la inflación registrada en 2011 y así patear para adelante otros reajustes que, si se producen, tendrán como contrapeso los tarifazos en ciernes.
Los sindicatos más comprometidos con el "modelo" oficial -como UPCN, el Suterh u Obras Sanitarias- ya "compraron" la propuesta del aumento en cuotas, pero partiendo de un mísero 7% (Ambito, 18/1). El gobierno está operando activamente en favor de esta licuación de los aumentos. Para afrontar una negociación en cuotas, quieren armar un índice de precios "especial" -o sea, tan trucho como el del Indec, pero que tenga la bendición de las burocracias sindicales.
Moyano, Micheli
Las operaciones oficiales contra las paritarias parecen haber dejado a un lado a Moyano. Pero, antes de eso, hay que decir que Moyano se corrió solo del escenario. Ningún moyanista ha salido a cuestionar los ajustes en curso -tarifazos, cesantías de contratados- y su líder sólo mantiene la amenaza de discutir "sin techos" su propia paritaria. Pero esa negociación tendrá lugar a mediados de año. Le dejan el camino libre al gobierno y a la UIA para avanzar en arreglos fraccionados, que convaliden un despojo del salario. De más está decir que esta política entierra en la miseria salarial a los precarizados y contratados, quienes representan el 40% de la clase obrera.
Micheli se apresuró a apoyar a Moyano en sus choques verbales con el gobierno. Pero, mientras tanto, la CTA "opositora" no articuló ninguna respuesta de conjunto frente a la oleada de cesantías de estatales contratados, que está diezmando a ATE en el interior del país.
Una política para defender el salario
Es claro que, en cualquier circunstancia, la emergencia de las paritarias debería ser objeto de una deliberación y una acción de conjunto de los trabajadores, que agrupe a todas sus fracciones y sindicatos. Pero esa necesidad se redobla en el cuadro del ajuste, el cual tiene al Estado y a las patronales conspirando férreamente en la tarea de trasladarle a los trabajadores la factura de la crisis. El objetivo último de la estrategia oficial es la liquidación de las paritarias como proceso colectivo de discusión del salario y de las condiciones laborales. La burocracia sindical, con sus negociaciones por separado y en el tiempo, está haciendo una contribución preciosa a esa política.
La defensa de las paritarias exige, en primer lugar, un programa: 1) reconocimiento inmediato de la inflación acumulada de 2011 y de los tarifazos en curso, algo que en ningún caso es inferior al 30%; 2) ajuste automático de los salarios de acuerdo con la inflación; 3) ninguna suspensión ni despido -ni en el sector público, ni en el privado. Que las patronales banquen la ocupación con los beneficios acumulados. Pase a planta de los contratados; 4) no a los tarifazos e impuestazos. Que se abran los libros y costos de las privatizadas; 5) abajo las cláusulas flexibilizadoras. Incorporación al básico de los plus condicionados a la "productividad".
Impulsemos reuniones de delegados y plenarios en todos los sindicatos para discutir este programa. Que las centrales obreras rompan con el gobierno y su política de liquidación de las paritarias, y resuelvan un plan de lucha común para defender el salario, las condiciones laborales y los puestos de trabajo.
Marcelo Ramal
La lucha sigue, Famatina no se toca
En los últimos días, el corte de ruta contra el acuerdo de Osisko Mining y el gobierno riojano se ha reforzado como nunca. Los pobladores de Famatina, Chilecito y Alto Carrizal montan una guardia permanente, para impedir que lleguen equipamentos o insumos al lugar donde la minera se pretende instalar. Los pobladores de la zona entendieron desde un principio que el proyecto de Osisko implicaría contaminación del agua, destrucción de los suelos, contaminación del aire, nuevas enfermedades y destrucción de los cultivos. Existe una vasta organización popular en torno del corte: los comerciantes llegan con alimentos, otros se encargan de cocinar para todos los acampantes, se reparten frutas, está prohibido el consumo de alcohol. El domingo por la tarde había más de 2.000 personas en Alto Carrizal. El levantamiento popular desafía a los aprestos represivos que han organizado Beder Herrera y la Osisko. Por un lado, el gobierno ha enviado a una Brigada de Acción Operativa, un comando "especial" que permanece amenazante en el lugar, ante la evidencia de que la policía local se ha negado a reprimir. Luego, se han comprobado acciones de inteligencia y espionaje contra los dirigentes de la asamblea local, probablemente financiadas por el pulpo minero.
Crisis y necesidades
El actual gobernador, Beder Herrera, realizó su primera campaña electoral (2007) oponiéndose a la minería a cielo abierto. Pero apenas desplazó al ex gobernador Maza, abrazó a las mineras con la fe los conversos, que siempre necesitan de mayores demostraciones. En 2011, Beder Herrera consiguió la reelección de la mano de Cristina, esta vez abiertamente sostenido por el lobby minero. No es éste el primer intento del gobernador de instalar la minería a cielo abierto en la zona. En 2007, una pueblada como la actual impidió a la Barrick Golld instalarse en Peña Negra. Ahora es el turno de la OSC (Osisko Mining Corporation), una multinacional de origen canadiense. Las circunstancias, sin embargo, son diferentes a la de la intentona de la Barrick Gold. La crisis capitalista está golpeando duramente a las provincias. En vez de gravar a los monopolios agroindustriales, Beder, en su momento Soria y otros gobernadores, se han lanzado desesperadamente a habilitar la minería a cielo abierto a cambio de unas ínfimas regalías. En Famatina, por lo tanto, se juega una pulseada con repercusión nacional, puesto que el desenlace de esta lucha puede incidir en el curso de otras explotaciones mineras.
Perspectivas
En estos días se cumplirán los plazos para que la minera se instale definitivamente en la zona. En el corte está instalada la conciencia de que esta pelea está siendo seguida y apoyada por todos los luchadores contra la depredación ambiental en el país. Si se le tuerce el brazo a Beder Herrera será un impulso para la lucha contra todos los contaminadores capitalistas. Con la resistencia de los pueblos de Chilecito, Famatina y Alto Carrizal, y el apoyo de luchadores de todo el país, la victoria es posible.
Martín Correa
Huelga general de municipales enfrenta el ajuste en Córdoba capital
El jueves 5, el intendente de Córdoba anunció que pagaría en cuotas los sueldos de diciembre -debido, decía, a no contar con los fondos suficientes. Tres días después, conseguía un préstamo y efectivizaba los salarios. En el medio una huelga general de los municipales, presentada como retención de tareas y acompañada con cortes de calle, paralizó toda la administración. El paro había surgido como mandato unánime de todas las asambleas realizadas al efecto de discutir el plan de acción.
Sin embargo, la intendencia no cesa en su política. Horas después de depositar los salarios, se constituyó como querellante contra los trabajadores, por supuestos ‘desmanes' cometidos durante los cortes. Además, anuló las denominadas "prolongaciones de jornadas" a cerca de mil compañeros, las cuales se otorgan anualmente desde hace más de diez años y ya se han convertido en parte del salario. Ello provocó nuevas asambleas, que mantienen a muchos sectores de la municipalidad paralizados. Antes, había hecho votar en el Concejo Deliberante la poda de la mayoría de horas extras.
Mestre está empeñado en descargar la crisis y las deficitarias cuentas municipales sobre los trabajadores y el pueblo, para seguir garantizando los negociados de los capitalistas locales e incluso profundizarlos. En esa inteligencia, Mestre sabe que los municipales, los compañeros de UTA y del Surrbac (recolectores de basura) serán en lo inmediato los grandes rivales a derrotar.
Al paquete de medidas antipopulares anunciado en diciembre pasado (ver en PO Nº 1.207 "Ajustazo"), se ha sumado un plan para la privatización de las empresas de transporte y de recolección de basura.
La huelga municipal ha establecido una oposición a los planes del gobierno. Sobre la base de enfrentar el ajuste y los tarifazos, y defender el trabajo, el salario y las condiciones laborales, impulsemos asambleas y plenarios para discutir un programa y un plan de acción para defender todas las conquistas amenazadas.
Jorge Navarro
Sin embargo, la intendencia no cesa en su política. Horas después de depositar los salarios, se constituyó como querellante contra los trabajadores, por supuestos ‘desmanes' cometidos durante los cortes. Además, anuló las denominadas "prolongaciones de jornadas" a cerca de mil compañeros, las cuales se otorgan anualmente desde hace más de diez años y ya se han convertido en parte del salario. Ello provocó nuevas asambleas, que mantienen a muchos sectores de la municipalidad paralizados. Antes, había hecho votar en el Concejo Deliberante la poda de la mayoría de horas extras.
Mestre está empeñado en descargar la crisis y las deficitarias cuentas municipales sobre los trabajadores y el pueblo, para seguir garantizando los negociados de los capitalistas locales e incluso profundizarlos. En esa inteligencia, Mestre sabe que los municipales, los compañeros de UTA y del Surrbac (recolectores de basura) serán en lo inmediato los grandes rivales a derrotar.
Al paquete de medidas antipopulares anunciado en diciembre pasado (ver en PO Nº 1.207 "Ajustazo"), se ha sumado un plan para la privatización de las empresas de transporte y de recolección de basura.
La huelga municipal ha establecido una oposición a los planes del gobierno. Sobre la base de enfrentar el ajuste y los tarifazos, y defender el trabajo, el salario y las condiciones laborales, impulsemos asambleas y plenarios para discutir un programa y un plan de acción para defender todas las conquistas amenazadas.
Jorge Navarro
Querella de intelectuales
Carlos Pagni, columnista de La Nación, caracteriza al nuevo agrupamiento de "vecino (a) la izquierda oficialista". Alude a la condición filo kirchnerista de algunos de los signatarios y también al desarrollo conceptual del pronunciamiento. Ocurre que Plataforma denuncia las imposturas del "relato" de Carta Abierta, contradictorio con la realidad de la política oficial, pero no con sus pretensiones ideológicas nacionales y populares. Pagni confronta a Plataforma con el último documento de 2011 de Carta Abierta, para concluir que se ha abierto una crisis en la "izquierda oficialista". Atribuye la crisis al ingreso de la política económica oficial a una etapa de ‘ajuste' y al conflicto del gobierno con la CGT, cuestionados por los partidarios de la ‘profundización del modelo'.
Carta Abierta
La caracterización de Pagni, sin embargo, es muy generosa con Carta Abierta. Antes que una delimitación de posiciones frente al derrumbe de la orientación oficial, el texto de Carta Abierta es una operación de encubrimiento de la "sintonía fina" con la que el gobierno adorna el ajuste. Esta operación queda demostrada, de entrada, en el título: "Carta de la Igualdad" -como si la ‘igualdad' ("¡que se avizora!", nos asegura el texto) pudiera siquiera ser pensada en un régimen de explotación del hombre por el hombre. La grandilocuencia del propósito no logra disimular la tentativa grosera de tapar -con el abuso de la verborragia- el tarifazo, los despidos masivos y las reducciones de sueldos que se han anunciado en la administración pública de la nación y de las provincias, o el ‘techo' para las paritarias -que ya se intentó en 2010, mediante un acuerdo de CFK con Moyano, el cual motivó la represión a los petroleros de Santa Cruz. La "recuperación del lenguaje", que los intelectuales K se dieron como tarea suprema, ha sido convertida en su contrario. Los topes salariales, que luego del pacto de la Rosada no lograron imponerse en las paritarias, reaparecieron en el congelamiento del mínimo no imponible en ganancias. Sólo la complicidad con la desinformación oficial puede circunscribir el tarifazo a una "quita de subsidios a los ricos y a las clases medias altas". El traspaso del subte a Macri fue pactado con un aumento de mucho más del ciento por ciento, que anticipa al que habrá para el conjunto del transporte. Afirmar, sin pestañeo, que esa quita "contribuye a la equidad distributiva" releva ya de la falta de pudor intelectual -como si la polarización de ingresos estuviera determinada por los consumos domiciliarios y no por las relaciones de propiedad entre el capital y el trabajo.
El texto de Carta Abierta, sin embargo, descubre una dificultad obvia para consagrar "el paradigma de la igualdad": nada menos que la "estructura intacta (¡intacta!) de la extranjerización de la economía (...) más la concentración", al punto que -dice- "contribuyen a una persistente fuga de capitales (que en) los '90 se financiaba con endeudamiento y hoy se hace con las divisas del superávit comercial". ¡Así, sin la molestia de un mosqueo, Carta Abierta (no Clarín) pone un signo igual entre el menemismo y el kirchnerismo! Esta condena -a casi una década de gestión nacional y popular- tampoco logra ser disimulada mediante la falacia de reclamar "renacionalizar la economía", efectuada desde la propia tienda oficial o de su retórica. Por otra parte, "renacionalizar la economía" es una generalidad, no significa nada ni tampoco tiene sentido. "La economía" es internacional, no puede ser encerrada en los marcos nacionales. Lo que hay que nacionalizar son los monopolios internacionales y nacionales. El fanatismo por la pureza del lenguaje descarrila a los ‘cartistas' de ideas tan simples como la nacionalización sin pago de la banca bajo control obrero, o de los recursos naturales sin ninguna compensación. ¡Saludan la estatización de Aysa, una excepción determinada por el interés del monopolio francés de retirarse del país y cobrar la indemnización, pero no abren el pico para denunciar el salvataje de todas las privatizadas que quebraron en 2001 -las que en 2011 costaron al contribuyente 80 mil millones de pesos!
Los intelectuales K no se arredran cuando se trata de derribar su anhelado "paradigma de la igualdad". Dicen: "la conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma lógica que la conquista del desierto del siglo XIX". Brutal. ¿"Cristina" es Roca? ¿O es Rosas, a quien la Presidenta comparó con Lincoln, quien más allá de la liberación de los esclavos consolidó la "conquista del oeste", el cual se había convertido en el último reducto de los aborígenes? Carta Abierta, sin embargo, alude a los "montes" para no tener que referirse al regalo de tierras fiscales a los acaparadores capitalistas, desde Calafate hasta el departamento de Anta, en Salta, ni a los pooles de siembra que acaparan la producción mediante el alquiler de tierras, ni a la industria de semillas modificadas que están programadas para expropiar a los agricultores la capacidad de reproducción natural del ciclo agrícola -ni hablar de otra confiscación, como la pérdida de fertilidad del suelo producida por el monocultivo.
También es interesante la defensa que Carta Abierta realiza de la burocracia sindical, cuando el "cristinismo" quiere neutralizarla para "profundizar el modelo" -por ejemplo expropiando las obras sociales para manotearles la caja. En esta defensa, los burócratas intelectuales no se privan de enunciar un desatino: "es inimaginable (¡i-ni-ma-gi-na-ble!) -dicen- que (las) representaciones sindicales elijan el camino de la reacción" -esto después de la alianza de estas ‘representaciones' con las Tres A y después del asesinato de Mariano Ferreyra y del apaleamiento de trabajadores por patotas sindicales a lo largo y ancho del país. Los pretendidos teóricos del "modelo" revelan una incapacidad supina para desentrañar los intereses sociales que dictan la conducta de la burocracia sindical -los que, si por un lado están ligados al movimiento obrero, residen fundamentalmente en los privilegios de la integración al Estado y en su paulatina conversión en camarillas empresariales. Por vía de una elipsis, los jefes de Carta Abierta ratifican la tesis oficial y la opinión que esgrimieron desde el comienzo: que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra no fue responsabilidad de Pedraza y del gobierno que lo ha amparado políticamente, sino de su propio partido y de sus propios compañeros -o sea: responsabilidad de la lucha.
El llamado de Carta Abierta a "profundizar el modelo" posiblemente refleje "las vibraciones de la izquierda (que) sacuden al oficialismo", como consecuencia del ‘ajuste´, porque de otro modo ese llamado sería ocioso. Pero mientras que esta operación de ‘lobby´ puede reflejar las conspiraciones de camarillas dentro del oficialismo, la perorata sobre el "paradigma de la igualdad" de Carta Abierta es una operación de encubrimiento mayúsculo del hecho consumado del ‘ajuste' y la "sintonía fina". Esto se refleja también en su ‘crítica' a la "ley antiterrorista". Para los firmantes de Carta Abierta, la tipificación como terrorista de la protesta social que el Estado o los jueces califiquen como delito (una huelga declarada "ilegal") constituye una intromisión innecesaria en una ley que castiga el lavado de dinero. El gobierno habría pecado por ‘exceso' legalista. En lugar de preguntarse acerca de las razones que llevaron a la eminencia gris del gobierno (Zanini) y a la jefa del movimiento a incurrir en ese exceso -o a los compromisos internacionales que se honraron con la introducción de esta legislación-, Carta Abierta absuelve a sus autores mediante un proceso de intenciones benévolo. El encubrimiento es aquí por partida doble, porque ha habido denuncias de presiones del G-20 o de reclamos de los servicios de seguridad internacionales que actúan con visto bueno en el territorio argentino, con el pretexto de combatir la infiltración de Irán. ¿O no volaron algunos kircneristas del gobierno precisamente por estas razones?
Plataforma 2012
Los dislates de los intelectuales de Carta Abierta refutan la aseveración de los firmantes de la Plataforma 2012 de que "lo que nos define como intelectuales es pensar sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos", o "leer más allá de la letra manifiesta y visibilizar lo oculto". Los intelectuales no son un compacto homogéneo ni mucho menos una realidad supra-social a la que ‘piensan' o ‘diagnostican'. No pueden operar en la forma abstracta que les adjudica Plataforma. Se encuentran tan escindidos -a su manera, es cierto- como el resto de la sociedad por las contradicciones de clase. El "debate de ideas" que pretende "promover" Plataforma, como método "hacia un accionar colectivo y transformador", distorsiona o deforma la realidad social -o sea que la encubre. Se trata de una realidad social que se distingue por el antagonismo irrevocable entre el trabajo, por un lado, y el capital, por el otro, así como por el afán de supervivencia del capitalismo, de una parte, y su carácter histórico transitorio, de la otra. El discurso que presenta al debate como un medio de convergencia es alienante. Olvida que la crítica solamente se entiende dirigida contra el orden social existente. Plataforma opone al "doble discurso" del oficialismo otro ‘relato' -que será fatalmente tan ficticio como el primero, porque oculta al servicio de qué intereses sociales se coloca. Que los términos de la Plataforma hubieran sido suscriptos por un arco que va del kirchnerismo crítico hasta la izquierda, pasando por todas las gamas de derecha e izquierda del centroizquierdismo, denuncia un frente oportunista que no puede tener sino un discurso encubridor, que unifica en la abstracción sus contradicciones insalvables. En la transición que inicia el derrumbe del llamado ‘modelo', este abordaje político es tan peligroso para los intereses de los trabajadores como el macaneo del oficialismo intelectual. Sorprende que personas de un elevado nivel intelectual -como los firmantes de Plataforma- no expliciten sus intenciones políticas, no desarrollen ninguna reflexión acerca de la perspectiva de la transición (crisis) política que caracteriza a la situación nacional (ni qué decir de la situación mundial -la mayor bancarrota de la historia del capital). Debido a este nivel de improvisación y empirismo, Plataforma no sobrevivirá a la coyuntura que le dio luz.
La intelectualidad no existe como una fuerza social homogénea: no solamente refleja en forma distorsionada las contradicciones de clases, sino incluso la dependencia que se deriva de su condición de fuerza de trabajo intelectual en las diferentes modalidades y escalas de la gestión capitalista. Por eso, muchos de sus pronunciamientos responden a las circunstancias o conveniencias laborales, académicas o empresariales (privadas y públicas) del momento. La intelectualidad, si quiere desempeñar un rol social transformador, debe, con independencia de las circunstancias particulares de cada intelectual, formar Partido y tomar Partido. En las circunstancias históricas actuales, esto quiere decir una sola cosa: o que la crisis del capital la paguen los trabajadores (con un desenlace en la barbarie), o que la paguen los capitalistas -o sea la revolución social, la que significa la transformación socialista a partir de gobiernos de trabajadores. En estos mismos términos, se plantea también la cuestión de la independencia o autonomía nacional: o una federación socialista de América Latina -incluida Puerto Rico- o la Unasur de las mineras y contratistas brasileñas, norteamericanas y canadienses, interesadas en el corredor bioceánico para vender a China -al lado del Mercosur de los pulpos automotrices y al lado de la OEA de los operativos militares conjuntos, la ocupación de Haití y la financiación del BID y del Banco Mundial.
La Asamblea de Intelectuales
La aparición de Plataforma ha inquietado al estanque oficial y ha servido para poner en evidencia a otras capillas que se referencian en el kirchnerismo. El caso de un grupo del Centro Cultural de la Cooperación no tiene desperdicio, si se tiene en cuenta que sus mentores acaban de votar la ley antiterrorista. Recupera el relato de la historia del partido Comunista, pero olvida la colaboración de éste con la dictadura. Financiado por un banco, también desarrolla el discurso de la "igualdad" y termina con "la mirada puesta en las estrellas", sin dejar de asegurarse que tiene "los pies firmes en el suelo" -es decir en la realidad del capitalismo en bancarrota del cual se nutre. Otro, que presenta "argumentos para una mayor igualdad", al menos critica la ley antiterrorista (aunque no denuncia que fue votada por diputados con los cuales se relacionan, como los "sabattellistas"). "Argumentos" denuncia que "comienza a agrietarse una de las grandes conquistas democráticas posteriores a los asesinatos de Kosteki y Santillán", en referencia a la represión kirchno-macrista al Indoamericano y a los Qom, pero omite a Mariano Ferreyra, crimen en el que intervino una burocracia sindical ligada al gobierno. Al final, propugna "una construcción de izquierda" ligada al kirchnerismo.
La Asamblea de Intelectuales que se formó en apoyo al Frente de Izquierda enfrenta un enorme desafío -que es, precisamente, su oportunidad. En oposición a todos los ‘relatos', tiene el desafío de desarrollar la crítica al orden existente y, en particular, a la incapacidad del nacionalismo de contenido burgués para llevar adelante cualquier propuesta emancipadora, ya que la nacional va asociada a la social. Tiene el desafío de afirmar con claridad una conciencia y un programa socialistas, cuya realización depende de la acción histórica independiente de la clase obrera. Tiene el desafío, también, de desarrollar una vigorosa acción sindical en los ámbitos académicos y estudiantiles, para fusionar a la intelectualidad con el movimiento obrero en su acción práctica.
La querella de los intelectuales pone de manifiesto el impasse de la sociedad capitalista. Desarrollemos una intelectualidad que contribuya a la construcción socialista revolucionaria.
Jorge Altamira
Malvinas: el ruido y las nueces de los "hermanos latinoamericanos"
La última cumbre del Mercosur resolvió que los barcos ingleses rumbo a Malvinas no pudieran recalar en los puertos de la región. Los diarios oficialistas de Argentina celebraron la "victoria diplomática" de Cristina. Pero el fervor se desinfló cuando un buque con bandera británica, efectivos militares y el antecedente inmediato de haber localizado petróleo en el Mar del Norte, recaló en el puerto de Montevideo, sin que el gobierno de Mujica hiciera la menor objeción. Enseguida, los funcionarios uruguayos aclararon que el acuerdo de los "hermanos del Mercosur" sólo impedía el paso de buques si éstos ostentaban bandera malvinense. En cambio, no existía ninguna restricción para los de bandera británica. La ‘victoria diplomática' resultó una farsa.
En esas horas, el canciller británico informaba a su parlamento que "Chile, Brasil y Uruguay no tienen intención de participar en bloqueo económico alguno a las islas". Ginés García, el embajador argentino en Chile, se ocupaba de aclarar lo mismo -"no hay bloqueo ni nada que se le parezca". En el medio de los cruces verbales, los K habían resuelto nombrar embajador en Londres, después de cuatro años de vacancia. Mientras, el canciller Timerman escribía en los diarios ingleses: "Queremos negociar" (The Times, 14/1).
¿A dónde apuntan los fogonazos de la diplomacia K? En medio de una agudización de las medidas proteccionistas en materia de comercio exterior, el reavivamiento de la cuestión de Malvinas ayuda a revestir al proteccionismo oficial de un manto nacionalista. Con el mismo propósito, el gobierno descarga la artillería (verbal) desde hace años sobre el pulpo angloholandés Shell, aunque el paquete mayoritario de las acciones de Repsol se encuentra también en manos inglesas.
La cuestión de fondo es la gran expansión de los negocios petroleros en la plataforma del Atlántico Sur. La Falkland Oil, una de las compañías a cargo, acaba de hacer una emisión de acciones récord en la bolsa de Londres, apostando al desarrollo de sus pozos de aguas profundas en la zona. Las reservas comprobadas hasta hoy en torno de las islas cuadruplicarían a las que cuenta Argentina en el continente; para el ex canciller Bielsa, Malvinas y su cuenca marítima son "un golfo pérsico austral" (La Nación, 18/2/10). Bielsa se queja de los "ingresos fiscales cuantiosos" que percibiría la administración de Malvinas por esta explotación.
Los diplomáticos kirchneristas y algunos geopolíticos que le tiran letra, piensan que la declinación económica y militar de Gran Bretaña constituiría un escenario favorable para una escalada diplomática en relación a Malvinas; es la misma hipótesis que llevó a Galtieri a invadir las islas. Pero es probable que la analogía con 1982 no termine allí. La dictadura apostaba a la "soberanía compartida" de las islas, un status que le hubiera permitido coparticipar los recursos petroleros o pesqueros. Es el "modelo" que los K han habilitado para que la British Petroleum explote otra cuenca sureña, continental, hasta el año 2047. Los nac & pop argentinos sueñan con encontrar otra veta fiscal, entre la muy jugosa de la patria sojera o la menos jugosa de la minería a cielo abierto. En Inglaterra, los partidarios de una negociación destacan el valor de las costas argentinas como "plataforma de tierra" para la explotación petrolera en las islas, donde Chile, Brasil y Uruguay rivalizarían con la Argentina. Como se ve, la "solidaridad continental" de los gobiernos capitalistas está condicionada a una política entreguista de los recursos. Obama y la canciller Clinton exhortaron a las partes "a negociar", como en su oportunidad lo habían hecho Reagan y su ministro Haig. Gran Bretaña no puede soltar la presa, cuando la crisis de sus vínculos con la ‘zona euro' amenaza el monopolio financiero de la city de Londres. Como al mismo tiempo Argentina se está quedando sin reservas de petróleo y de gas, como consecuencia de la privatización y mercado libre de combustibles -que los K defienden desde 1992-, la impotencia nacional es completa. Argentina ha quedado a merced de los hidrocarburos de Qatar, una plaza del capital petrolero internacional.
Marcelo Ramal
La paritaria docente frente al ajustazo
11 de febrero, Congreso Nacional de Tribuna Docente
La paritaria docente, en febrero (vacaciones), será un caso testigo para el movimiento sindical, especialmente del sector público. Involucra a nada menos que un millón de trabajadores. El gobierno pretende un tope del 18%, siete puntos por debajo de la inflación, esto en vísperas del impacto del ajustazo (nacional, provincial y municipal). "Todo ese paquete", asegura una consultora, "incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, e impactaría sobre el propio índice de precios" (Clarín, 12/1). El 18% llevaría el salario inicial docente a apenas a 2.714 pesos, un 45% de la actual canasta familiar.
Yasky
Varios gobiernos provinciales han declarado que se ajustarán a la paritaria nacional -entre ellos, la provincia de Buenos Aires.
Stella Maldonado, secretaria general de Ctera, ha declarado que no aceptará el 18%. Pero en Neuquén ya arreglaron por un 17%, con la excusa de que las negociaciones se reanudarán a mediados de año. El secretario adjunto de la CTA kirchnerista, Wasiejko (Sutna), resumió: "acuerdos salariales por dos años, ajustados cada tres o cuatro meses" (La Nación, 15/1). ¿Pero cuál es el aumento que reivindica el sindicato para los dos años? No se sabe. El año pasado, los aumentos salariales, en cuotas, dieron un promedio anual del 18/20% -o sea por debajo de la inflación.
Por un aumento salarial no inferior al 25%
Como la directiva no se compromete con una reivindicación de aumento salarial concreta, proponemos iniciar una campaña para exigir que éste no sea inferior al 25% y que no se firme ningún acuerdo que no sea aprobado por asambleas. La campaña deberían iniciarla las seccionales opositoras hasta llegar a todo el sindicato. Adosac (Santa Cruz) convocó a un congreso de todo el movimiento sindical para febrero, para debatir un plan de acción contra el paquetazo de Peralta y CFK. Impulsemos plenarios con mandatos, asambleas, autoconvocatorias para desarrollar una campaña por la reivindicación salarial y que no se firme nada sin la aprobación de las bases.
Ningún tarifazo ni impuestazo; nacionalización sin pago de las privatizadas, bajo control obrero. Soberanía de las asambleas para determinar las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales. Indexación automática del salario por inflación. Defensa del 82% móvil. Fuera las leyes educativas privatistas K; defensa del estatuto; basta de precariedad laboral.
Tribuna Docente
Con el objetivo de resolver un plan de intervención en este sentido, el 11 de febrero se realizará el congreso nacional de TD, en la Ciudad de Buenos Aires. Participarán cientos de compañeros de CABA y de la provincia de Buenos Aires, y delegaciones de todo el país. El congreso será preparatorio de Plenarios Provinciales y seccionales, que aborden esta lucha en cada jurisdicción.
Daniel Sierra
Yasky
Varios gobiernos provinciales han declarado que se ajustarán a la paritaria nacional -entre ellos, la provincia de Buenos Aires.
Stella Maldonado, secretaria general de Ctera, ha declarado que no aceptará el 18%. Pero en Neuquén ya arreglaron por un 17%, con la excusa de que las negociaciones se reanudarán a mediados de año. El secretario adjunto de la CTA kirchnerista, Wasiejko (Sutna), resumió: "acuerdos salariales por dos años, ajustados cada tres o cuatro meses" (La Nación, 15/1). ¿Pero cuál es el aumento que reivindica el sindicato para los dos años? No se sabe. El año pasado, los aumentos salariales, en cuotas, dieron un promedio anual del 18/20% -o sea por debajo de la inflación.
Por un aumento salarial no inferior al 25%
Como la directiva no se compromete con una reivindicación de aumento salarial concreta, proponemos iniciar una campaña para exigir que éste no sea inferior al 25% y que no se firme ningún acuerdo que no sea aprobado por asambleas. La campaña deberían iniciarla las seccionales opositoras hasta llegar a todo el sindicato. Adosac (Santa Cruz) convocó a un congreso de todo el movimiento sindical para febrero, para debatir un plan de acción contra el paquetazo de Peralta y CFK. Impulsemos plenarios con mandatos, asambleas, autoconvocatorias para desarrollar una campaña por la reivindicación salarial y que no se firme nada sin la aprobación de las bases.
Ningún tarifazo ni impuestazo; nacionalización sin pago de las privatizadas, bajo control obrero. Soberanía de las asambleas para determinar las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales. Indexación automática del salario por inflación. Defensa del 82% móvil. Fuera las leyes educativas privatistas K; defensa del estatuto; basta de precariedad laboral.
Tribuna Docente
Con el objetivo de resolver un plan de intervención en este sentido, el 11 de febrero se realizará el congreso nacional de TD, en la Ciudad de Buenos Aires. Participarán cientos de compañeros de CABA y de la provincia de Buenos Aires, y delegaciones de todo el país. El congreso será preparatorio de Plenarios Provinciales y seccionales, que aborden esta lucha en cada jurisdicción.
Daniel Sierra
Mariano Ferreyra: Un crimen contra la clase obrera
En las vísperas del juicio oral y público
Resta poco más de un mes para la fecha fijada como inicio del juicio a Pedraza y la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, y que hirió gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Esa fecha, el 22 de febrero, tendrá que ser confirmada por la Justicia en los primeros días del mismo mes.
La unificación de las causas
En diciembre pasado, todas las querellas del juicio hemos pedido que la causa contra Pedraza y la patota sea unificada con la de los policías que "liberaron" la zona -que se tramita por ahora en forma separada. El crimen de Mariano es el resultado de una articulación criminal que tuvo tres pilares: la burocracia sindical y su patota, el Estado -a través de su aparato represivo y de los funcionarios del sistema de transporte- y los empresarios del ferrocarril concesionado. Pero el curso del proceso judicial apuntó siempre a diluir las responsabilidades de la policía, de los ministerios de Transporte y Trabajo, y empresariales. La causa policial marchó por separado, y procesó a sus imputados por un delito menor (‘abandono de persona'). La Ugofe ni siquiera ha sido sentada en el banquillo. La escisión de las causas no sólo apunta a aminorar la participación del Estado y de su aparato de represión: es, en última instancia, la punta del ovillo para desacreditar la existencia de un plan criminal y, por lo tanto, apuntar también a la absolución de Pedraza. Los abogados de la UF ya presentan a los Favale o los Sánchez como "loquitos", que actuaron por la propia. Los responsables del crimen de Mariano están trabajando activamente para "desflecar" el proceso judicial y zafar de sus responsabilidades criminales. Al pedir la unificación de las causas, estamos reafirmando que el de Mariano fue un crimen político contra la clase obrera, y queremos poner de manifiesto todas las vinculaciones entre los matones, el Estado y la clase social que explota a los ferroviarios.
No se nos escapa que nuestro pedido -si es admitido por la justicia- podría retrasar el comienzo del juicio, en nombre de los trámites administrativos que exige la unificación de las causas. Pero es claro que las mayores chances, no ya de una libertad, sino de la absolución de Pedraza, estarán presentes en un juicio por separado, donde el crimen de Mariano sea presentado como un exabrupto personal, alejado de un planeamiento criminal.
No a la excarcelación
En este cuadro, y junto al reclamo por la unificación de las causas, vamos a redoblar la movilización contra el pedido de la excarcelación de José Pedraza. La burocracia sindical está jugando fuertes recursos en favor de ello. En las vísperas de las fiestas, ello se expresó a través de una solicitada, una marcha a los tribunales y, desde luego, una constante presión en los talleres ferroviarios. Pero esta acción tiene otras graves implicancias: la Cámara de Casación Penal no se ha expedido sobre el último pedido de excarcelación del jefe de la patota -o sea que no lo ha rechazado, guardando una carta en favor de su libertad. Más grave aún es que la causa que juzga a Pedraza y a sus personeros legales por la tentativa de soborno a camaristas de Casación está absolutamente ‘dormida'. El avance de esa acusación reforzaría de un modo concluyente la prisión preventiva a Pedraza, ya que demuestra hasta qué punto el jefe de la UF utilizaría su libertad para conspirar abiertamente a favor de la impunidad de la patota y de la suya propia.
Las presiones judiciales se desarrollan en un marco político definido. En medio de un ‘ajuste' en regla contra la clase obrera, es indudable que la burocracia ha colocado la cuestión de sus causas judiciales en la mesa de negociaciones con el gobierno. Moyano saludó la libertad de Zanola en el acto de Huracán. Guillermo Moreno, por su parte, se está reuniendo con las burocracias de las empresas privatizadas -entre ellas, la de la UF- para imponer las paritarias "con techo". Los vínculos de Tomada, Schiavi y compañía con Pedraza son suficientemente fuertes y antiguos como para colocar la cuestión de su impunidad en la mesa del "ajuste".
Nuestra campaña política
Está clara, a partir de lo anterior, la decisión del Partido Obrero de abordar las vísperas del juicio con una campaña política en regla, dirigida a interesar y movilizar, en primer lugar, a la clase obrera ferroviaria; luego a los trabajadores y a la opinión pública popular, a los artistas e intelectuales que siempre apoyaron la causa de Mariano. Vamos, en primer lugar, por la unificación de las causas, para que realmente exista el juicio y castigo a TODOS los responsables. Reclamamos el inicio del juicio en forma perentoria, aún en el caso en que avance nuestro reclamo por la unificación, y redoblamos la oposición a cualquier excarcelación de Pedraza.
El encarcelamiento de Pedraza y su patota ha sido una de las victorias políticas más importantes de la clase obrera que pugna por poner en pie una nueva dirección sindical y política. La condena definitiva de la patota refrendará esa perspectiva, y el Partido Obrero se va a empeñar en ello con todas sus fuerzas.
Marcelo Ramal
Resta poco más de un mes para la fecha fijada como inicio del juicio a Pedraza y la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, y que hirió gravemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Esa fecha, el 22 de febrero, tendrá que ser confirmada por la Justicia en los primeros días del mismo mes.
La unificación de las causas
En diciembre pasado, todas las querellas del juicio hemos pedido que la causa contra Pedraza y la patota sea unificada con la de los policías que "liberaron" la zona -que se tramita por ahora en forma separada. El crimen de Mariano es el resultado de una articulación criminal que tuvo tres pilares: la burocracia sindical y su patota, el Estado -a través de su aparato represivo y de los funcionarios del sistema de transporte- y los empresarios del ferrocarril concesionado. Pero el curso del proceso judicial apuntó siempre a diluir las responsabilidades de la policía, de los ministerios de Transporte y Trabajo, y empresariales. La causa policial marchó por separado, y procesó a sus imputados por un delito menor (‘abandono de persona'). La Ugofe ni siquiera ha sido sentada en el banquillo. La escisión de las causas no sólo apunta a aminorar la participación del Estado y de su aparato de represión: es, en última instancia, la punta del ovillo para desacreditar la existencia de un plan criminal y, por lo tanto, apuntar también a la absolución de Pedraza. Los abogados de la UF ya presentan a los Favale o los Sánchez como "loquitos", que actuaron por la propia. Los responsables del crimen de Mariano están trabajando activamente para "desflecar" el proceso judicial y zafar de sus responsabilidades criminales. Al pedir la unificación de las causas, estamos reafirmando que el de Mariano fue un crimen político contra la clase obrera, y queremos poner de manifiesto todas las vinculaciones entre los matones, el Estado y la clase social que explota a los ferroviarios.
No se nos escapa que nuestro pedido -si es admitido por la justicia- podría retrasar el comienzo del juicio, en nombre de los trámites administrativos que exige la unificación de las causas. Pero es claro que las mayores chances, no ya de una libertad, sino de la absolución de Pedraza, estarán presentes en un juicio por separado, donde el crimen de Mariano sea presentado como un exabrupto personal, alejado de un planeamiento criminal.
No a la excarcelación
En este cuadro, y junto al reclamo por la unificación de las causas, vamos a redoblar la movilización contra el pedido de la excarcelación de José Pedraza. La burocracia sindical está jugando fuertes recursos en favor de ello. En las vísperas de las fiestas, ello se expresó a través de una solicitada, una marcha a los tribunales y, desde luego, una constante presión en los talleres ferroviarios. Pero esta acción tiene otras graves implicancias: la Cámara de Casación Penal no se ha expedido sobre el último pedido de excarcelación del jefe de la patota -o sea que no lo ha rechazado, guardando una carta en favor de su libertad. Más grave aún es que la causa que juzga a Pedraza y a sus personeros legales por la tentativa de soborno a camaristas de Casación está absolutamente ‘dormida'. El avance de esa acusación reforzaría de un modo concluyente la prisión preventiva a Pedraza, ya que demuestra hasta qué punto el jefe de la UF utilizaría su libertad para conspirar abiertamente a favor de la impunidad de la patota y de la suya propia.
Las presiones judiciales se desarrollan en un marco político definido. En medio de un ‘ajuste' en regla contra la clase obrera, es indudable que la burocracia ha colocado la cuestión de sus causas judiciales en la mesa de negociaciones con el gobierno. Moyano saludó la libertad de Zanola en el acto de Huracán. Guillermo Moreno, por su parte, se está reuniendo con las burocracias de las empresas privatizadas -entre ellas, la de la UF- para imponer las paritarias "con techo". Los vínculos de Tomada, Schiavi y compañía con Pedraza son suficientemente fuertes y antiguos como para colocar la cuestión de su impunidad en la mesa del "ajuste".
Nuestra campaña política
Está clara, a partir de lo anterior, la decisión del Partido Obrero de abordar las vísperas del juicio con una campaña política en regla, dirigida a interesar y movilizar, en primer lugar, a la clase obrera ferroviaria; luego a los trabajadores y a la opinión pública popular, a los artistas e intelectuales que siempre apoyaron la causa de Mariano. Vamos, en primer lugar, por la unificación de las causas, para que realmente exista el juicio y castigo a TODOS los responsables. Reclamamos el inicio del juicio en forma perentoria, aún en el caso en que avance nuestro reclamo por la unificación, y redoblamos la oposición a cualquier excarcelación de Pedraza.
El encarcelamiento de Pedraza y su patota ha sido una de las victorias políticas más importantes de la clase obrera que pugna por poner en pie una nueva dirección sindical y política. La condena definitiva de la patota refrendará esa perspectiva, y el Partido Obrero se va a empeñar en ello con todas sus fuerzas.
Marcelo Ramal
El gobierno es cómplice del cartel petrolero
Bien mirada, la denuncia debería conducir a una investigación penal del propio gabinete. Un periodista observó que "el gobierno conoce en detalle al mercado del gasoil, intervenido desde 2002" (Cronista, 18/1), lo que sugiere que cualquier sobreprecio contaba con la complicidad del gobierno -el cual desembolsa el subsidio. Schiavi y compañía, en definitiva, han cubierto con generosas subvenciones a concesionarios y proveedores que presentaron gastos "inflados". Por eso ahora rechazamos el tarifazo, que convierte al subsidio del Estado en el precio inflado que deberán pagar los usuarios.
Si el gobierno "descubrió" ahora la cartelización de las petroleras, es por la sencilla razón de que la caja de los subsidios se ha agotado. En la cola de los tarifazos, se anotan los servicios de micro de media y larga distancia, a cuyas empresas -según anunció el gobierno hace unos días- se les cortarán los subsidios al gasoil. Algunos opinan que al presionar a las petroleras para que bajen el gasoil, los K esperan 'moderar' el aumento de tarifas de transporte. Pero la diferencia entre el precio del gasoil al público y el subsidiado es del 500%. En cambio, la cartelización y sobreprecios denunciados por el gobierno no superan al 20% del precio del combustible -muy poco para compensar el tarifazo que viene. Todo indica, entonces, que las denuncias oficiales son otra versión de la política del tero: aparecer golpeando a las petroleras y a "los subsidios que las privilegian" en vísperas de que todo el pueblo usuario tenga que pagar un aumentazo en el transporte. La conferencia de prensa del gasoil fue una reedición de aquella donde Boudou y De Vido "denunciaron" a los casinos y a Puerto Madero como beneficiarios de subsidios, cuando se aprestaban a largar los tarifazos.
Lo que se calló el gabinete
Si de denuncias a las petroleras se trata, los funcionarios se cuidaron muy bien de silenciar la más grave de sus cartelizaciones. Repsol, Total, Petrobras y otras se han sentado "consensuadamente" sobre los pozos petroleros y gasíferos, a la espera de una rediscusión ‘definitiva' de sus precios en boca de pozo. Mientras perpetran este sabotaje a la exploración y la inversión, las mismas petroleras han armado un gigantesco negocio de importación de gas desde Bolivia y otras latitudes, que se cobra cinco o seis veces el precio local del fluido. Ese negocio, que también era sostenido por subsidios, se ha traspasado ahora a los consumidores, a través de un ‘cargo fijo'. En la conferencia de prensa del gasoil, De Vido ensayó otra queja contra Repsol al reclamar que "pongan en operación sus descubrimientos de gas en Neuquén". Quedó en evidencia una crisis entre el gobierno y su petrolera "amiga", directamente relacionada con el agotamiento del "modelo". Durante varios años, Ezkenazi y los accionistas españoles embolsaron los subsidios a la importación y se sirvieron de las utilidades de la petrolera, mientras vaciaban sus actividades de exploración. En el cuadro de la bancarrota fiscal y de la escasez de dólares, el gobierno le reclama a Repsol "que reinvierta sus utilidades". Pero del otro lado de la mesa, Ezkenazi-Brufau condicionan todo a un aumento en los precios internos del petróleo, el gas y los combustibles. En definitiva, la puja entre el gobierno y los pulpos petroleros reside en discutir qué tajada retendrá, cada uno, de los tarifazos en puerta.
Los trabajadores y el tarifazo
El conflicto del gasoil tiene otra vertiente. Al sentar en el banquillo de los acusados a las petroleras, los K quieren ganar autoridad para sentar, en el mismo lugar, a los trabajadores. Los supuestos "enemigos de Shell y Repsol" se preparan para acusar de 'cartelización' y extorsión a los trabajadores de las privatizadas, cuando sus sindicatos se sienten a discutir sus salarios y condiciones de trabajo. Hace una semana, el "controlador" Moreno convocó a las burocracias sindicales de Luz y Fuerza, ferroviarios y UTA, entre otras, para hacerles ver que ellos también formaban parte de los "costos" que serán objeto de "sintonía fina". En este caso, responsabilizándolos de los aumentos de tarifas para el caso en que resolvieran "excederse" en el reclamo salarial.
En todos estos años, las crisis con Shell y compañía han tenido como salida un crecimiento del 400% en el precio de los combustibles líquidos. En cambio, los choques con la clase obrera petrolera o del transporte han terminado en conciliaciones obligatorias, represiones e incluso asesinatos. La dureza con los monopolios sirve para las conferencias de prensa, pero sólo prepara la coartada para una agresión a los trabajadores. En oposición a los tarifazos y las maniobras de los pulpos, así como a la impotencia oficial para con ellos, luchemos por la apertura de sus libros y costos, y por la nacionalización sin pago del petróleo y las privatizadas. Ninguna extorsión sobre el salario: por su ajuste de acuerdo a la inflación, sin que sus aumentos impliquen un tarifazo. Debatamos este programa entre toda la clase obrera del transporte y la población usuaria.
M. R.
La bancarrota K en ciencia y tecnología
Pero el futuro (y la crisis) ya llegó con un palazo: en diciembre, el Conicet resolvió dejar en la calle a 1.630 doctores jóvenes de todo el país (904 que se presentaron a la carrera de investigador y 726 a becas posdoctorales) -el doble de los supuestamente repatriados. El Directorio recurrió a criterios de evaluación completamente arbitrarios y discriminadores (a un postulante lo impugnan por su militancia política), ocultó los órdenes de mérito y hasta hizo caso omiso a las altísimas ponderaciones en sus proyectos (¡90 sobre 100!).
Como resultado de dos masivas movilizaciones de becarios -convocadas por Jóvenes Científicos Precarizados, AGD, ATE Conicet y la Fuba-, el Conicet echó lastre: otorgó de buenas a primeras 106 becas adicionales. Pero tanto su Directorio como el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ratificaron que no es parte de la política científica del gobierno absorber a los 1.630 que deberán reubicarse como y donde puedan. Así será cada año de aquí en adelante. Es la declaración pública de la bancarrota de su política.
Hace un año, Barañao repetía que el país necesitaba "doctores para la sociedad". En estos días, como respuesta a la crisis, hizo una precisión: que se están implementando programas de "doctores en empresas" (La Nación, 31/12). No se trata de un "viraje" privatista de una supuesta línea "nac & pop" -como sugiere la periodista de La Nación-, pues este planteo se puede encontrar ya en sus primeras declaraciones como ministro. En lugar de producir calificadísimos investigadores dedicados a la producción pública de medicamentos, atención de enfermedades resolución de los problemas habitacionales, los fondos del Estado estaban destinados a subsidiar la formación de doctores para los grandes monopolios. Ahora, en medio de la crisis económica mundial, faltan doctores para la "sociedad", pero sobran para el capital -incluso a bajo precio. Las estadísticas revelan que cada vez más doctores deben aceptar puestos de trabajo que no requieren calificación alguna.
La otra vía muerta propuesta por Barañao es reinsertarse en "grupos de investigación en universidades públicas de reciente creación". Pero en las universidades nacionales -incluso en las recientemente creadas a pedido de los barones del Conurbano-, el congelamiento de la planta docente es absoluto. En el mejor de los casos, se incorporarán como ya lo hacen en calidad de ad honorem (trabajadores sin salario, una categoría aún más precarizada que la que padecen hoy los becarios, quienes no reciben aguinaldo, no tienen obra social, no perciben asignaciones por hijo ni aportan a su jubilación). O, concediendo, el joven doctor podría ganar un concurso -una vez que desplace a otro docente con menor titulación y más edad- y pasaría a cobrar el salario de un auxiliar docente: 800 pesos mensuales de bolsillo -lo que reduciría su salario horario actual en un ¡60 por ciento!
La política nacional y popular de ciencia y técnica es incapaz de superar sus limitaciones capitalistas o el intento de reconstruir la burguesía nacional.
Graduados de Exactas comentaban que la carrera del joven investigador y docente universitario se parecía a un Juego de la Oca,en el que cada avance personal era respondido por el Conicet o la UBA con un retroceso en los casilleros. Ahora, quedaron 1.630 científicos fuera de juego.
Frente a esta embestida, los indignados becarios, investigadores, docentes y estudiantes involucrados se organizan y dan batalla. El pasado jueves 5, tras una conferencia de prensa, una nueva movilización de más de 300 compañeros y compañeras se plantó frente al Ministerio Ciencia y Técnica para reclamar una reunión con el ministro Barañao. A partir de febrero, profundizarán su plan de lucha contra las cesantías, por todas sus reivindicaciones laborales y por una política científica al servicio de las mayorías populares.
Santiago Gándara y Antonio Rosselló
El entramado mafioso de los dos oficialismos
Macri, los prostíbulos que aportan a su campaña, la Federal y la Side de los K
Martins fue agente de la Side entre 1974 y 1987. Es decir, estuvo ahí durante toda la dictadura. El abogado de Lorena Martins, su hija y denunciante, es Claudio Lifschitz, un hombre que conoce el asunto bien de adentro, porque también está vinculado con las redes de prostitución y de trata, y porque fue empleado de Martins. Según Lifschitz, Martins trabajó en la Side con el seudónimo "Aristóbulo Manghi" y los alias "El Profesor" y "Pini", y cumplió tareas en la Base Billinghurst, que operaba para la Esma y para Automotores Orletti; es decir, para el Plan Cóndor. Como se sabe, muchos de los criminales que operaron en el Cóndor usaron sus contactos en América Central para continuar luego sus actividades, ahora como simples mafiosos vinculados con la prostitución, el tráfico de drogas, de armas y de personas. En eso anda Martins desde 1987, cuando se retiró de la Side.
Siempre la Federal
En una parte de su denuncia, Lorena Martins y Lifschitz dicen: "Esta actividad (la explotación de prostíbulos) la desarrollan gracias a la protección que a cambio de dinero reciben tanto por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina, como de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargados del control de habilitaciones y desarrollo de actividades lucrativas dentro de esta Capital Federal".
También indica Lorena Martins que en los resúmenes de cuentas de la banda de su padre están indicadas con nombres en clave las comisarías donde se pagan las coimas. La 50ª es "Gaona", por la avenida en que está ubicada, con jurisdicción sobre los prostíbulos Top Secret y Hot Area. La 38ª es "83", en cuya jurisdicción está el local New Manhattan. La 6ª es "árbitro 11" (por el barrio), con control sobre el boliche Oba-Oba; y la 19ª es "vecinos", porque está a cien metros de Anchorena SW Club, un local swinger donde, además, funciona la administración del emporio de Martins en la Capital.
Lorena Martins denuncia que esta mafia aportó 10 mil pesos o dólares (ella, según dice, no pudo ver los billetes) a la campaña de Macri. El vínculo de Macri con Martins se produjo por intermedio de Gabriel Conde, hijo de Luis (ex dirigente de Boca). La denuncia adjunta una foto de Conde con Macri y su mujer en Cancún. Pues bien: Gabriel Conde está procesado y prófugo de la justicia argentina desde los años '90, cuando en su cabaré Shampoo explotaba mujeres traficadas desde Brasil y República Dominicana. Shampoo fue fundado por Luis Conde, ladero político de Macri en Boca.
Un mail de Martins, dirigido a uno de sus socios y que también acompaña la denuncia, dice: "Hay que aportar a la campaña de Mauricio porque todos los negocios los tenemos en Capital". ¿Hay acaso algún pedido de juicio político, o siquiera una investigación impulsada por el kirchnerismo en la Legislatura porteña? No, y es lógico: si esto se investiga van presos hasta los investigadores.
Otra vez la Side
Ahora bien, hay un punto especialmente llamativo en la denuncia original de Lorena Martins respecto de los vínculos de estos mafiosos con la Side, que toca el centro del aparato de inteligencia kirchnerista.
La denuncia dice: "También se le paga al agente de la ex Side conocido como ‘el Lauchón', para que avise si algún teléfono o handy que utiliza la organización se encuentra intervenido judicialmente".
Martins, en sus tiempos de la Side, era operador de Contrainteligencia, como ya se dijo, en la Esma y en la Base Billinghurst. Su tarea era preparar escuchas telefónicas y obtener fotografías de personas que luego los grupos de tareas secuestraban y hacían desaparecer. En Contrainteligencia, ya entonces trabajaba Luis Stiusso, "Stiller", que actualmente es el hombre clave de los K en la Secretaría de Inteligencia. El tal "Lauchón", si como dice la denuncia tiene por encargo avisar de cualquier posible intervención judicial a los teléfonos del grupo de Martins, necesariamente tiene que estar en Contrainteligencia, donde nada sucede sin que Stiusso lo sepa.
Lorena Martins presentó su denuncia en julio del año pasado. En sus declaraciones judiciales posteriores, y sobre todo en su raid de prensa por medios oficialistas, jamás volvió a hablar del "Lauchón" ni de la Side. Se olvidó del asunto ¿Habrá sido, causalmente, porque antes de esa recorrida mediática se reunió con Nilda Garré?
El prostibulario Oyarbide
De un modo u otro, la denuncia duerme desde hace dos meses en el despacho del juez Oyarbide. Razonablemente, Lorena Martins dice que no volverá a declarar ni a ratificar su denuncia mientras Oyarbide no se aparte de la causa ¿Por qué? Otra foto, publicada en diversos medios de circulación "reservada", pero no en los diarios oficialistas ni en los de la "corpo", muestra a Oyarbide, en un restaurante, abrazado con Raúl Martins y en compañía del comisario Luis Buscaglia, ex jefe de Moralidad (ahora Seguridad Personal).
Oyarbide, tan amigo de los K, está vinculado íntimamente con la Iglesia y con la Policía Federal, pero, sobre todo, con los prostíbulos. Todos recordarán el escándalo de su señoría con el prostíbulo masculino Spartacus, también propiedad de Martins, que destapó sus vínculos con el comisario Roberto Rosa. Ese oficial, que con el nombre de "Clavel" operó durante la dictadura en los grupos de tareas de la Federal, luego se dedicó, él también, a la protección de prostíbulos. Que Oyarbide esté a cargo de resolver la situación procesal de Martins es como poner al oso a cuidar la miel.
Por eso está tan cuidadoso el kirchnerismo con esta porquería.
Como diría Guillermo Lora: hundan un dedo en cualquier costado de esta burguesía y verán la pestilencia que brota.
A. Guerrero
Martins fue agente de la Side entre 1974 y 1987. Es decir, estuvo ahí durante toda la dictadura. El abogado de Lorena Martins, su hija y denunciante, es Claudio Lifschitz, un hombre que conoce el asunto bien de adentro, porque también está vinculado con las redes de prostitución y de trata, y porque fue empleado de Martins. Según Lifschitz, Martins trabajó en la Side con el seudónimo "Aristóbulo Manghi" y los alias "El Profesor" y "Pini", y cumplió tareas en la Base Billinghurst, que operaba para la Esma y para Automotores Orletti; es decir, para el Plan Cóndor. Como se sabe, muchos de los criminales que operaron en el Cóndor usaron sus contactos en América Central para continuar luego sus actividades, ahora como simples mafiosos vinculados con la prostitución, el tráfico de drogas, de armas y de personas. En eso anda Martins desde 1987, cuando se retiró de la Side.
Siempre la Federal
En una parte de su denuncia, Lorena Martins y Lifschitz dicen: "Esta actividad (la explotación de prostíbulos) la desarrollan gracias a la protección que a cambio de dinero reciben tanto por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina, como de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargados del control de habilitaciones y desarrollo de actividades lucrativas dentro de esta Capital Federal".
También indica Lorena Martins que en los resúmenes de cuentas de la banda de su padre están indicadas con nombres en clave las comisarías donde se pagan las coimas. La 50ª es "Gaona", por la avenida en que está ubicada, con jurisdicción sobre los prostíbulos Top Secret y Hot Area. La 38ª es "83", en cuya jurisdicción está el local New Manhattan. La 6ª es "árbitro 11" (por el barrio), con control sobre el boliche Oba-Oba; y la 19ª es "vecinos", porque está a cien metros de Anchorena SW Club, un local swinger donde, además, funciona la administración del emporio de Martins en la Capital.
Lorena Martins denuncia que esta mafia aportó 10 mil pesos o dólares (ella, según dice, no pudo ver los billetes) a la campaña de Macri. El vínculo de Macri con Martins se produjo por intermedio de Gabriel Conde, hijo de Luis (ex dirigente de Boca). La denuncia adjunta una foto de Conde con Macri y su mujer en Cancún. Pues bien: Gabriel Conde está procesado y prófugo de la justicia argentina desde los años '90, cuando en su cabaré Shampoo explotaba mujeres traficadas desde Brasil y República Dominicana. Shampoo fue fundado por Luis Conde, ladero político de Macri en Boca.
Un mail de Martins, dirigido a uno de sus socios y que también acompaña la denuncia, dice: "Hay que aportar a la campaña de Mauricio porque todos los negocios los tenemos en Capital". ¿Hay acaso algún pedido de juicio político, o siquiera una investigación impulsada por el kirchnerismo en la Legislatura porteña? No, y es lógico: si esto se investiga van presos hasta los investigadores.
Otra vez la Side
Ahora bien, hay un punto especialmente llamativo en la denuncia original de Lorena Martins respecto de los vínculos de estos mafiosos con la Side, que toca el centro del aparato de inteligencia kirchnerista.
La denuncia dice: "También se le paga al agente de la ex Side conocido como ‘el Lauchón', para que avise si algún teléfono o handy que utiliza la organización se encuentra intervenido judicialmente".
Martins, en sus tiempos de la Side, era operador de Contrainteligencia, como ya se dijo, en la Esma y en la Base Billinghurst. Su tarea era preparar escuchas telefónicas y obtener fotografías de personas que luego los grupos de tareas secuestraban y hacían desaparecer. En Contrainteligencia, ya entonces trabajaba Luis Stiusso, "Stiller", que actualmente es el hombre clave de los K en la Secretaría de Inteligencia. El tal "Lauchón", si como dice la denuncia tiene por encargo avisar de cualquier posible intervención judicial a los teléfonos del grupo de Martins, necesariamente tiene que estar en Contrainteligencia, donde nada sucede sin que Stiusso lo sepa.
Lorena Martins presentó su denuncia en julio del año pasado. En sus declaraciones judiciales posteriores, y sobre todo en su raid de prensa por medios oficialistas, jamás volvió a hablar del "Lauchón" ni de la Side. Se olvidó del asunto ¿Habrá sido, causalmente, porque antes de esa recorrida mediática se reunió con Nilda Garré?
El prostibulario Oyarbide
De un modo u otro, la denuncia duerme desde hace dos meses en el despacho del juez Oyarbide. Razonablemente, Lorena Martins dice que no volverá a declarar ni a ratificar su denuncia mientras Oyarbide no se aparte de la causa ¿Por qué? Otra foto, publicada en diversos medios de circulación "reservada", pero no en los diarios oficialistas ni en los de la "corpo", muestra a Oyarbide, en un restaurante, abrazado con Raúl Martins y en compañía del comisario Luis Buscaglia, ex jefe de Moralidad (ahora Seguridad Personal).
Oyarbide, tan amigo de los K, está vinculado íntimamente con la Iglesia y con la Policía Federal, pero, sobre todo, con los prostíbulos. Todos recordarán el escándalo de su señoría con el prostíbulo masculino Spartacus, también propiedad de Martins, que destapó sus vínculos con el comisario Roberto Rosa. Ese oficial, que con el nombre de "Clavel" operó durante la dictadura en los grupos de tareas de la Federal, luego se dedicó, él también, a la protección de prostíbulos. Que Oyarbide esté a cargo de resolver la situación procesal de Martins es como poner al oso a cuidar la miel.
Por eso está tan cuidadoso el kirchnerismo con esta porquería.
Como diría Guillermo Lora: hundan un dedo en cualquier costado de esta burguesía y verán la pestilencia que brota.
A. Guerrero
"DESAJUSTEMOS" EL AJUSTE
Durante diez años, quienes gobiernan usaron el presupuesto público para rescatar a las privatizadas con subsidios.
El resultado es conocido: los privatizadores destruyeron los ferrocarriles y todo el transporte público.
Nos dejaron sin reservas de petróleo y de gas.
La caja que bancó ese vaciamiento se fundió. En 2012, éstas consumirían 80 mil millones de pesos.
Pero sus responsables quieren salvar a los vaciadores a costa de tarifazos.
Los K y Macri dejan de lado sus peleas para hacernos pagar la factura, como se demuestra en el subte o en los impuestazos en Capital y provincias.
En estas condiciones pretenden que las paritarias no aumenten salarios de acuerdo con la inflación y la mayor productividad
Los trabajadores tenemos que "desajustar" este ajuste:
• Aumento inmediato de salarios de acuerdo con la inflación pasada y los tarifazos ya aplicados.
• Paritarias libres, con representantes electos en asamblea.
• Ningún despido en el Estado. Pase a planta de todos los contratados.
• Abajo los tarifazos. Abrir los libros de las privatizadas y nacionalizarlas sin resarcimiento y bajo control obrero.
Que la CGT, las CTA y los sindicatos emprendan una acción de conjunto contra el "ajuste".
El resultado es conocido: los privatizadores destruyeron los ferrocarriles y todo el transporte público.
Nos dejaron sin reservas de petróleo y de gas.
La caja que bancó ese vaciamiento se fundió. En 2012, éstas consumirían 80 mil millones de pesos.
Pero sus responsables quieren salvar a los vaciadores a costa de tarifazos.
Los K y Macri dejan de lado sus peleas para hacernos pagar la factura, como se demuestra en el subte o en los impuestazos en Capital y provincias.
En estas condiciones pretenden que las paritarias no aumenten salarios de acuerdo con la inflación y la mayor productividad
Los trabajadores tenemos que "desajustar" este ajuste:
• Aumento inmediato de salarios de acuerdo con la inflación pasada y los tarifazos ya aplicados.
• Paritarias libres, con representantes electos en asamblea.
• Ningún despido en el Estado. Pase a planta de todos los contratados.
• Abajo los tarifazos. Abrir los libros de las privatizadas y nacionalizarlas sin resarcimiento y bajo control obrero.
Que la CGT, las CTA y los sindicatos emprendan una acción de conjunto contra el "ajuste".
17 de enero de 2012
5 de enero de 2012
EL AJUSTE NO DA TREGUA
No hay margen de duda: el año 2012 debutó con un ajuste brutal contra los trabajadores.
Al menos ocho provincias anunciaron despidos o congelamiento de los salarios estatales. En Santa Cruz, el corazón del kirchnerismo, quieren arrasar, además, con las conquistas previsionales.
Los mismos gobiernos que atacan el salario y las jubilaciones dispusieron tarifazos e impuestazos. En la Capital, el pacto entre los K y Macri por el traspaso del subte está atado a un aumento del 125 por ciento en el pasaje.
A los trabajadores, quienes tendremos que enfrentar esta mayor carestía, quieren imponernos paritarias con techo; también suspensiones y despidos -como en Swift, Mecca o Bosch.
A todo esto, Moyano y la CGT ingresaron en el nuevo año en una "tregua" con el gobierno y las patronales, con la excusa de la salud presidencial.
Algo que no le impidió a la Presidenta autodecretarse la facultad de ¡reducir! los salarios estatales.
La "tregua" podrá existir en las cabezas de los burócratas sindicales. Pero el gobierno nacional y los de las provincias no dejaron pasar un minuto sin avanzar contra los trabajadores.
Los Kirchner, Scioli o Macri se lamentan por sus "finanzas en rojo". No dicen -claro está- que vaciaron sus cajas en beneficio de los acreedores de la deuda, de los privatizadores y de otros capitalistas subsidiados.
A la hora de "ajustar", sin embargo, dejan intactos a todos ellos y traspasan la factura de la crisis a los que trabajan.
En Santa Cruz, una decidida intervención obrera puso freno a un ajuste feroz. Quedó claro que no hay lugar ni tiempo para "treguas".
Impulsemos asambleas y plenarios en todos los sindicatos, para discutir un programa y un plan de acción contra el ajuste.
Ningún tarifazo ni impuestazo. Paritarias libres y sin techos. Por la indexación automática del salario con la inflación. Defensa de todas las conquistas salariales y del 82% móvil.
Ni despidos ni suspensiones: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
Que las centrales obreras rompan la "tregua" con el gobierno y resuelvan un plan de lucha por estos objetivos.
Que los sindicatos discutan una salida obrera a la crisis.
Diez años después, se desarrolla un ‘argentinazo' mundial
El artículo que sigue fue solicitado por la Nueva Corriente de Izquierda de Grecia en ocasión del décimo aniversario de la crisis argentina de 2001.
Diez años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro' de los de abajo y la confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo. La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas, universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración del décimo aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal.
La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida' a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de supervivencia del capital.
El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido posible.
El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que, a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de provincia.
La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días de su triunfo electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una crisis final.
Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un retorno al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico.
La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En las elecciones recientes, el Frente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de una crisis mundial imparable.
El Argentinazo fue un "pre-ensayo general".
Jorge Altamira
Diez años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro' de los de abajo y la confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo. La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas, universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración del décimo aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal.
La bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una ‘salida' a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de supervivencia del capital.
El default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50 mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor, cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido posible.
El oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública, en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a la confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas del Estado. La deuda externa ha sido convertida, en casi un 60 por ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento. Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que, a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos gobernadores de provincia.
La bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el 30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de 3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los salarios han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días de su triunfo electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político -es decir la etapa previa de una crisis final.
Ninguna nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un retorno al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por parte del imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico.
La bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante (liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la dependencia del capital internacional. La intervención del Partido Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por "una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores") sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas, así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En las elecciones recientes, el Frente de Izquierda obtuvo el mayor porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el 14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de una crisis mundial imparable.
El Argentinazo fue un "pre-ensayo general".
Jorge Altamira
CGT: más que una tregua
Ahora mismo se han liquidado de un plumazo los adicionales de fin de año en organismos nacionales -lo que llevó a la huelga general al Inti. Un DNU habilita la rebaja de ingresos para 300 mil empleados públicos nacionales; mil becarios fueron despedidos del Conicet y 20 mil rionegrinos fueron pasados a disponibilidad. Moyano mutis. Piumato rechazó el DNU por twitter. La CGT, una de las organizaciones más afectadas potencialmente, no se pronunció contra la ley antiterrorista.
La Bancaria, sindicato moyanista, firmó un acuerdo salarial de tres cuotas con techo del 18%. Este es el resultado de la 'trabajosa' política de Moyano. En medio del vacío creado, dos de sus gremios -judiciales y Afip- han debido tomar medidas de fuerza por reivindicaciones.
Ante la ofensiva del 'ajuste', apodado "sintonía fina", reclamamos un Congreso de Bases con mandatos de asambleas de todos los gremios, para defender el conjunto de las reivindicaciones.
Néstor Pitrola
No es solamente Santa Cruz
Las provincias y el final del "modelo"
Con la quiebra de las provincias, estalló otra de las contradicciones del kirchnerismo. La contrapartida del superávit fiscal del Estado nacional, que el gobierno exhibía como una expresión de "fortaleza", era la asfixia económica de las provincias. De igual modo que la Anses, los trabajadores y el pueblo del interior contribuyeron a bancar el pago de la deuda pública y los subsidios a los capitalistas. Los Scioli, De la Sota y otros aspiraban a postergar sus crisis a través de la emisión de deuda en el exterior, pero el default europeo ha derrumbado esa posibilidad. Como alternativa, provincias como Córdoba o Mendoza estudian endeudarse en el mercado local, pero sólo podrían hacerlo a tasas de interés usurarias debido al peligro de una devaluación del peso; en dólares, quedarían sujetos a una hipoteca temeraria. En Chubut y en Salta se tramitan préstamos garantizados por las regalías petroleras, lo cual supone que aumente el precio de los combustibles. El plan de refinanciación de las deudas provinciales por parte del Estado nacional -anunciado días atrás por Cristina y los gobernadores- tiene como condición la única salida que le queda a los K: el ajuste.
La Cámpora
La decidida intervención sindical aprovechó la fuerte crisis de camarilla (que aqueja desde hace tiempo al oficialismo provincial) para frenar al ajuste. Esta circunstancia -ausente en principio en Río Negro- podría reaparecer en esta provincia después de la muerte de Soria. Los de La Cámpora eran más ‘ajustistas' que el propio Peralta, para poder voltearlo más tarde y gobernar con el trabajo sucio realizado. Ahora: si Peralta renuncia, el ajuste lo tendrán que hacer "los muchachos"; por eso no es casual que critiquen por igual "al gobierno y a los sindicatos" por haber consentido "privilegios" -esto en referencia a los derechos jubilatorios o de negociación colectiva de docentes o estatales. Ha quedado claro que el único papel de la juventud kirchnerista es el de oficiar de cortesana del "ajuste".
Nuestro planteo
El ‘ajuste' tiene reservado un lugar especial para los trabajadores del Estado y para los jubilados. ¿Qué desafío nos plantea? Después del discurso de Moyano en Huracán, el secretario general de la CTA, Michelli, le propuso un frente único a la CGT de carácter genérico. La intención es ponerse bajo el alero de la burocracia cegetista para protegerse del ajuste. Esa política representa un callejón sin salida, porque la burocracia no tiene intención de sabotear el ajuste, sino de salvar sus posiciones políticas y económicas. Un planteo de frente único con la CGT es válido si está acompañado de una movilización en gran escala de docentes y empleados públicos. La convocatoria a un congreso nacional de delegados de trabajadores del Estado, con mandatos de asambleas, es absolutamente necesaria. No solamente está planteada una enorme movilización de fuerzas, sino también un programa alternativo, una salida para que el movimiento obrero no se vea en la situación de tener que defender el status quo actual que se cae por todos lados. Por ejemplo, es necesario oponer al ajuste en el empleo y de los ingresos de los trabajadores, un impuesto progresivo a la oligarquía del capital agrario, nacionalizar los recursos estratégicos y capturar por ese medio los ingresos que se apropian los grandes capitales. El ‘loco' Soria no solamente lanzó un plan de despidos, sino que abrió paso a la minería a cielo abierto -esto en abierto rechazo a la Ley de Glaciares. La agenda sindical contra el ajuste plantea un cambio radical de metodología del movimiento obrero, que la burocracia es incapaz de llevar adelante. En lugar de abrir una cuota de confianza en ella, es necesario denunciar sus limitaciones y, por medio de la agitación y la organización, preparar el ascenso de una nueva dirección en el terreno de la lucha.
Que la CGT y la CTA convoquen a un Congreso de Bases contra el ‘ajuste'
Ningún despido, defensa incondicional de los derechos previsionales, por el 82% móvil, que la Anses sea dirigida por trabajadores y jubilados. Defensa de las obras sociales, control obrero de la medicina privada y nacionalización de los grandes laboratorios y sanatorios. Ajuste automático de los salarios con la inflación. Por impuestos extraordinarios a los grandes propietarios urbanos y rurales, así como a los grandes monopolios capitalistas instalados en las provincias. Que las direcciones sindicales rompan con los gobiernos ajustadores y resuelvan un plan de lucha hasta la anulación de todos los recortes contra el pueblo.
Villa Allende y Río Ceballos contra el ajuste
Los gobiernos justicialistas municipales han anunciado alrededor de cien despidos de estatales en Villa Allende, y casi 150 en Río Ceballos.
En Río Ceballos, una asamblea de trabajadores decidió una huelga indefinida hasta la reincorporación de todos. Por más que el gremio intentó separar entre los de planta permanente, los contratados y los subsidiados, los trabajadores defendieron el método de la asamblea única y votaron una comisión negociadora de delegados de la asamblea y representantes gremiales. También se resolvió que las propuestas del ejecutivo municipal serán evaluadas sólo por la asamblea general.
En Villa Allende, una asamblea del gremio, conducido por la lista de activistas, resolvió la ocupación del edificio municipal, que fue masiva y obligó al municipio a dar marcha atrás con los despidos.
En Río Ceballos, sin canales de negociación, la asamblea resolvió que los trabajadores se presentarán a sus lugares de trabajo; en caso de que no se les permita el ingreso, inmediatamente se continuará con el paro y corte de calle. Se discutió cortar las rutas de ingreso a la ciudad, así como la toma del edificio municipal.
En el último tiempo, la lucha de los trabajadores de los municipios, con ocupaciones de edificios públicos, cortes de calles y asambleas, se hizo sentir en las localidades de Capilla del Monte, Jesús María y Salsipuedes.
Es para destacar el señalamiento generalizado entre los trabajadores en Río Ceballos: "Nosotros no somos los culpables de la crisis del municipio, ¿por qué tenemos que pagarla con nuestros empleos?".
Adrián Flores
En Río Ceballos, una asamblea de trabajadores decidió una huelga indefinida hasta la reincorporación de todos. Por más que el gremio intentó separar entre los de planta permanente, los contratados y los subsidiados, los trabajadores defendieron el método de la asamblea única y votaron una comisión negociadora de delegados de la asamblea y representantes gremiales. También se resolvió que las propuestas del ejecutivo municipal serán evaluadas sólo por la asamblea general.
En Villa Allende, una asamblea del gremio, conducido por la lista de activistas, resolvió la ocupación del edificio municipal, que fue masiva y obligó al municipio a dar marcha atrás con los despidos.
En Río Ceballos, sin canales de negociación, la asamblea resolvió que los trabajadores se presentarán a sus lugares de trabajo; en caso de que no se les permita el ingreso, inmediatamente se continuará con el paro y corte de calle. Se discutió cortar las rutas de ingreso a la ciudad, así como la toma del edificio municipal.
En el último tiempo, la lucha de los trabajadores de los municipios, con ocupaciones de edificios públicos, cortes de calles y asambleas, se hizo sentir en las localidades de Capilla del Monte, Jesús María y Salsipuedes.
Es para destacar el señalamiento generalizado entre los trabajadores en Río Ceballos: "Nosotros no somos los culpables de la crisis del municipio, ¿por qué tenemos que pagarla con nuestros empleos?".
Adrián Flores
Un decretazo contra 300 mil estatales
El gobierno nacional abrió el año 2012 con un ataque en regla contra los trabajadores estatales. A través de un decreto de necesidad y urgencia, pone “bajo revisión” a todos los “pagos de adicionales, bonificaciones y plus” de los empleados estatales. El decreto habilita al gobierno a “confirmar la procedencia” de esos pagos y también “limitar su alcance”. El decretazo abre la puerta de una reducción salarial, no para “algunos privilegiados” -como dicen los K- sino para la inmensa masa de los estatales, más de 300 mil.
Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de turno y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar.
Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro.
Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Desde hace muchos años, los trabajadores del Estado han buscado superar sus básicos miserables -pactados entre los gobiernos de turno y las burocracias sindicales- arrancando pagos adicionales en sus diferentes organismos y reparticiones. En cualquier caso, esos adicionales forman parte del salario -que, para el promedio de los estatales, está muy por debajo de la canasta familiar.
Después de haber criticado tantas veces a “los que le redujeron un 13% el salario a los estatales” (López Murphy y De la Rúa), el gobierno K avanza en la misma dirección de aquellos ajustadores. Ya se ha ejecutado la anulación de bonificaciones de fin de año -huelga del Inti-, mientras UPCN no dio señales de vida, Piumato twitteó su sorpresa y ATE “evalúa” un paro.
Asambleas en todas las reparticiones, unitarias, sin distinción de gremio; plan de lucha por la defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
La ley penal tributaria es otra estafa
Los K -según la publicidad oficial- habrían dado con la reforma al Régimen Penal Tributario un paso fundamental en el combate contra los evasores. Sin embargo, el monto a partir del cual la evasión será considerada delictiva se eleva de 100 mil a 400 mil pesos para la simple, y de un millón a cuatro millones para la agravada. Es decir que se han multiplicado por cuatro los montos para entrar en la órbita penal. Esta "actualización", dice El Cronista (30/12), "sirve de alivio en tanto deberá operar como ley penal más benigna y aplicarse en forma retroactiva a aquellos que afronten actualmente un proceso penal por evasiones de montos inferiores a las establecidas en la nueva ley". Una suerte de amnistía para los actuales imputados o procesados.
Frente a las causas que se sustancien de ahora en más, ya habrán blanqueos o moratorias, como hizo Cristina en 2008 cuando el país entró en recesión: "Las empresas se acogieron a la moratoria por más de 615 millones de pesos, según los cálculos tribunalicios, y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal" (La Nación, 21/6).
En la lista aparecen Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías o Teba (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista).
La posibilidad de un nuevo blanqueo "ya está circulando... la iniciativa que apunta a volcar al sistema los dólares que hoy el público tiene atesorados en cajas de seguridad o en sus domicilios. Apunta a generar incentivos de distinto tipo para que el ahorrista gane con la propuesta. Desde ya que habría un perdón impositivo para todos esos fondos" (Ambito, 2/12). A manera de adelanto, Córdoba acaba de disponer una moratoria, que condona o recorta multas e intereses y brinda generosas facilidades, que hacen que la deuda termine licuada por la inflación. La provincia de Buenos Aires volvió a relanzar una moratoria.
La causa judicial más abultada en materia de evasión comprueba que "no sólo el sector privado le compró facturas a Viazzo (emisor de las facturas truchas) a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recurrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación" (La Nación, 21/6).
Pablo Heller
Frente a las causas que se sustancien de ahora en más, ya habrán blanqueos o moratorias, como hizo Cristina en 2008 cuando el país entró en recesión: "Las empresas se acogieron a la moratoria por más de 615 millones de pesos, según los cálculos tribunalicios, y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal" (La Nación, 21/6).
En la lista aparecen Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías o Teba (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista).
La posibilidad de un nuevo blanqueo "ya está circulando... la iniciativa que apunta a volcar al sistema los dólares que hoy el público tiene atesorados en cajas de seguridad o en sus domicilios. Apunta a generar incentivos de distinto tipo para que el ahorrista gane con la propuesta. Desde ya que habría un perdón impositivo para todos esos fondos" (Ambito, 2/12). A manera de adelanto, Córdoba acaba de disponer una moratoria, que condona o recorta multas e intereses y brinda generosas facilidades, que hacen que la deuda termine licuada por la inflación. La provincia de Buenos Aires volvió a relanzar una moratoria.
La causa judicial más abultada en materia de evasión comprueba que "no sólo el sector privado le compró facturas a Viazzo (emisor de las facturas truchas) a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recurrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación" (La Nación, 21/6).
Pablo Heller
Papel Prensa: el ruido intenta ocultar una capitulación
Pero, se sabe, un matrimonio de conveniencia se disuelve cuando la conveniencia entra en crisis, cosa que sucedió cuando los K respaldaron los intereses de los pulpos telefónicos contra los de la "corpo" en el negocio del triple play. Ahora, el trámite de divorcio ha ingresado en una etapa particularmente conflictiva, aunque también en este caso hay más ruido que nueces.
En principio, la ley regulatoria del mercado de papel para diarios declara "de interés público" la producción de ese insumo. A diferencia de lo que ocurriría con una declaración de utilidad pública (una herramienta constitucional), el llamado "interés público" no abre las puertas a expropiaciones, y ni siquiera a una injerencia estatal extraña a la empresa.
Sin embargo, al obligar a Papel Prensa a abastecer la totalidad del consumo nacional de papel para diarios, el Estado se permite aumentar su participación en el capital accionario de la empresa, que hoy es del 27 por ciento. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Monopolio privado, monopolio estatal
La Argentina consume anualmente 225 mil toneladas de papel, y Papel Prensa produce 175 mil (el 74 por ciento). El resto se importa con arancel cero, de modo que el papel importado resulta más barato que el ofrecido por la sociedad de Clarín, La Nación y el Estado. Es más: el precio internacional del papel tiende a bajar porque es una commodity sobreofertada, debido a que la crisis ha hecho disminuir la tirada de los grandes diarios en el mundo.
Como se ve, la ley no tiene el propósito de asegurar la provisión de papel, disponible para todo el que pueda pagar algo más de 3 mil dólares la tonelada. Como ha dicho el diputado kirchnerista Agustín Rossi, la nueva norma no pone en peligro los derechos de propiedad de Clarín y La Nación sobre Papel Prensa. La posibilidad de que el Estado amplíe su parte en el paquete accionario (siempre que los dos socios privados no incrementen sus inversiones) abre una pugna comercial dentro de la empresa, pero en modo alguno coloca en cuestión a la empresa misma ni a sus propietarios, ni la provisión de papel para Clarín y La Nación.
Por eso Clarín invirtió algo más de 300 millones de dólares en 2011 y anuncia "fuertes inversiones en la tecnología HD para Canal 13 y TN, en Cablevisión y para contenidos y publicidad digital" (Perfil, 3/12). No es la política de una empresa en retirada, así la "desinversión" a que lo obliga la llamada "ley de medios" (discutida en sede judicial) lo haga desprenderse de parte de sus marcas.
En otras palabras: el peligro grande lo sufren todos los demás, no el grupo Clarín ni La Nación. Si el Estado efectivamente avanzara hasta equiparar el número de acciones de Clarín en Papel Prensa, o aun si adquiriera una posición dominante, el pulpo de Magnetto no tendría problemas para aprovisionarse de papel. Por el contrario, sería el resto el que quedaría sometido al arbitrio energúmeno de Guillermo Moreno, transformado en "autoridad de aplicación" de la norma regulatoria. Entonces se vería hasta qué punto el monopolio estatal puede ser mucho peor que uno privado.
La "supervisión parlamentaria" que se anuncia, a cargo de una comisión bicameral, es una superchería. Para que fuera efectiva debería suprimirse el secreto comercial, pero en ese caso sí quedaría en tela de juicio no sólo la propiedad de Clarín y La Nación en Papel Prensa sino, además, la propiedad capitalista en general. Los "observadores" parlamentarios no pueden afectar la posición dominante de los accionistas mayoritarios ni los pactos societarios, aun los secretos, permitidos por la ley y por los estatutos de las empresas.
Así, aún en el momento más álgido del divorcio entre los K y el grupo Clarín, el bochinche triunfalista del oficialismo y los chillidos histéricos de la oposición, de Magnetto y de la familia Mitre, esconden una capitulación del gobierno ante la "corpo", que se apropió de Papel Prensa durante la dictadura, de manera ilegítima, ilegal y criminal. Para cualquier demócrata consecuente no puede haber legalidad bajo una dictadura militar, y todas sus normas y todos los contratos -públicos o privados- firmados bajo sus condiciones son insanablemente ilegales y están, por eso mismo, sujetos a revocación. Pero está a la vista que resulta imposible ser un demócrata consecuente sin poner en cuestión todo el régimen político y social imperante.
Asegurar la libertad de imprenta y, con ella, la de pensamiento y de expresión, obliga a disolver Papel Prensa SA, para que la producción de papel para diarios pase a manos de las fuerzas políticas efectivamente existentes, que operarían bajo control de organizaciones de periodistas, de la cultura y ambientales, y de trabajadores gráficos y papeleros -todo lo cual supone la expropiación del monopolio capitalista y la exclusión del Poder Ejecutivo del manejo de la prensa.
A. Guerrero
LEY DE TIERRAS: La votan hasta los "destituyentes" sojeros
En medio de las polémicas que ha generado el paquetazo de fin de año de los K en el Congreso, no se le puede escapar a nadie que llamada "Ley de tierras" ha levantado muy poca polvadera. Ni los ‘destituyentes' empedernidos de la Mesa de Enlace han protestado por el tema, ni la oposición patronal que le responde ha colocado a esa ley como emblema de la intolerancia K. Muy por el contrario, varios sectores, como el radicalismo, los diputados que responden al ex secretario de agricultura de Menem, Felipe Solá, del FAP de Binner y hasta la Coalición Cívica, votaron favorablemente.
Tanta unanimidad debiera ser ya motivo de sospecha, salvo que se crea que la oposición patronal decidió ir contra el capital sojero. Como eso obviamente no es así, sólo queda indagar en las características de la ley para entender por qué la casi totalidad de los bloques políticos del Congreso le ha dado su consentimiento.
En primer lugar, corresponde aclarar que la "Ley de tierras" no se propone ir contra la gran concentración terrateniente en el país, sino sólo limitar la venta de tierras a extranjeros. En ese sentido, defiende el interés de la oligarquía local. Los Blaquier, Anchorena y Fortabat, poseedores de decenas de miles de hectáreas, pudieron pasar las fiestas tranquilos. Para que no quedaran dudas, Cristina Kirchner buscó congraciarse con los grandes latifundistas, cuando dijo que se trataba de un "proyecto nacional y no estatal". Más claro, agua.
La "Ley de tierras" apunta a una concentración de la propiedad mediante la asociación entre el capital local y extranjero, estableciendo que éste no puede superar el 49% del paquete accionario. Otra vez apunta a resguardar los privilegios de la oligarquía local, a la cual busca convertir en socia del gran capital internacional. Por eso la Mesa de Enlace y sus representantes políticos han hecho silencio. Todos saben, además, que la forma de fraguar la composición del capital de una asociación empresaria es múltiple y que sobre eso está todo inventado. Además, los capitalistas extranjeros que ya han comprado grandes propiedades, como los Benetton con su millón de hectáreas, no serán alcanzados por la ley, pues ésta no afecta los "derechos adquiridos" de los capitalistas.
Antes de su aprobación, la Cámara de Diputados redujo del 20 al 15% la cantidad de tierra rural que puede estar en manos de extranjeros. Aunque esto se presente como un gran avance, es necesario señalar que permitiría, de acuerdo con todas las estimaciones, al menos duplicar la cantidad de tierras que pasen a manos del capital extranjero, debido a que en la actualidad éste sólo posee algo más del 5%. Por otro lado, se ampliaron las posibilidades de compra que puede hacer cada capitalista, pues se estableció que el límite de 1.000 hectáreas sólo corre para la zona núcleo (la Pampa Húmeda), mientras que para el resto del país se establecerán equivalencias. De esta forma, si 1.000 hectáreas en la zona núcleo equivalen a 15 millones de dólares, cada capitalista extranjero podrá adquirir en la Patagonia una propiedad por ese mismo valor. De acuerdo con los valores actuales, las propiedades en las zonas más alejadas podrían superar tranquilamente las 5.000 hectáreas.
El punto más importante que han hecho notar varios especialistas -como Osvaldo Barsky, del Conicet- es que, al no haber registros sobre cuál es la cantidad de tierras en manos de extranjeros y, al mismo tiempo, al ser la tierra un recurso natural que le corresponde a las provincias regular (según la Constitución de 1994), se corre el serio riesgo de que todo termine siendo un "saludo a la bandera" sin ninguna incidencia real. No por nada los legisladores K se negaron a tomar medidas de alcance realmente efectivo, como prohibir la venta de tierra a extranjeros en tanto se sustancie un verdadero censo que permita saber cuánta tierra es la que ya poseen.
Las comunidades originarias han denunciado la ley porque, lejos de garantizarles la propiedad de la tierra bajo la forma comunitaria que ellos reclaman, habilita nuevas enajenaciones promovidas por la oligarquía nacional. A modo de ejemplo: el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero fue ordenado por un terrateniente santafesino que, mediante un acuerdo con el gobernador K, Zamora, y el intendente del mismo signo, pretendía quedarse con tierras justamente reclamadas por campesinos y pueblos originarios.
La línea estratégica de Cristina Kirchner es lograr una producción de granos de 150 millones de toneladas, especialmente de la soja que comen los porcinos de China. Este proyecto de "patria sojera" requiere una ley a su medida. Por eso la "Ley de tierras" K fue apoyada por la Mesa de Enlace.
Gabriel Solano
Tanta unanimidad debiera ser ya motivo de sospecha, salvo que se crea que la oposición patronal decidió ir contra el capital sojero. Como eso obviamente no es así, sólo queda indagar en las características de la ley para entender por qué la casi totalidad de los bloques políticos del Congreso le ha dado su consentimiento.
En primer lugar, corresponde aclarar que la "Ley de tierras" no se propone ir contra la gran concentración terrateniente en el país, sino sólo limitar la venta de tierras a extranjeros. En ese sentido, defiende el interés de la oligarquía local. Los Blaquier, Anchorena y Fortabat, poseedores de decenas de miles de hectáreas, pudieron pasar las fiestas tranquilos. Para que no quedaran dudas, Cristina Kirchner buscó congraciarse con los grandes latifundistas, cuando dijo que se trataba de un "proyecto nacional y no estatal". Más claro, agua.
La "Ley de tierras" apunta a una concentración de la propiedad mediante la asociación entre el capital local y extranjero, estableciendo que éste no puede superar el 49% del paquete accionario. Otra vez apunta a resguardar los privilegios de la oligarquía local, a la cual busca convertir en socia del gran capital internacional. Por eso la Mesa de Enlace y sus representantes políticos han hecho silencio. Todos saben, además, que la forma de fraguar la composición del capital de una asociación empresaria es múltiple y que sobre eso está todo inventado. Además, los capitalistas extranjeros que ya han comprado grandes propiedades, como los Benetton con su millón de hectáreas, no serán alcanzados por la ley, pues ésta no afecta los "derechos adquiridos" de los capitalistas.
Antes de su aprobación, la Cámara de Diputados redujo del 20 al 15% la cantidad de tierra rural que puede estar en manos de extranjeros. Aunque esto se presente como un gran avance, es necesario señalar que permitiría, de acuerdo con todas las estimaciones, al menos duplicar la cantidad de tierras que pasen a manos del capital extranjero, debido a que en la actualidad éste sólo posee algo más del 5%. Por otro lado, se ampliaron las posibilidades de compra que puede hacer cada capitalista, pues se estableció que el límite de 1.000 hectáreas sólo corre para la zona núcleo (la Pampa Húmeda), mientras que para el resto del país se establecerán equivalencias. De esta forma, si 1.000 hectáreas en la zona núcleo equivalen a 15 millones de dólares, cada capitalista extranjero podrá adquirir en la Patagonia una propiedad por ese mismo valor. De acuerdo con los valores actuales, las propiedades en las zonas más alejadas podrían superar tranquilamente las 5.000 hectáreas.
El punto más importante que han hecho notar varios especialistas -como Osvaldo Barsky, del Conicet- es que, al no haber registros sobre cuál es la cantidad de tierras en manos de extranjeros y, al mismo tiempo, al ser la tierra un recurso natural que le corresponde a las provincias regular (según la Constitución de 1994), se corre el serio riesgo de que todo termine siendo un "saludo a la bandera" sin ninguna incidencia real. No por nada los legisladores K se negaron a tomar medidas de alcance realmente efectivo, como prohibir la venta de tierra a extranjeros en tanto se sustancie un verdadero censo que permita saber cuánta tierra es la que ya poseen.
Las comunidades originarias han denunciado la ley porque, lejos de garantizarles la propiedad de la tierra bajo la forma comunitaria que ellos reclaman, habilita nuevas enajenaciones promovidas por la oligarquía nacional. A modo de ejemplo: el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero fue ordenado por un terrateniente santafesino que, mediante un acuerdo con el gobernador K, Zamora, y el intendente del mismo signo, pretendía quedarse con tierras justamente reclamadas por campesinos y pueblos originarios.
La línea estratégica de Cristina Kirchner es lograr una producción de granos de 150 millones de toneladas, especialmente de la soja que comen los porcinos de China. Este proyecto de "patria sojera" requiere una ley a su medida. Por eso la "Ley de tierras" K fue apoyada por la Mesa de Enlace.
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