26 de febrero de 2012

Mesa Redonda sobre minería a cielo abierto en la UNC

MEGAMINERIA: Negociados y destrucción ambiental - Un debate necesario

HABLAN:

* Eduardo SALAS
DIRIGENTE DEL PARTIDO OBRERO

* Patricia ALTAMIRANO
DECANA DE LA FAC. DE PSICOLOGIA DE LA UNC

* Un miembro de la ASAMBLEA CONTRA LA MINERIA EN CORDOBA

MARTES 28/02 - 19:30 hs. - Fac. de Psicología - Pabellón Nuevo (Ciudad Universitaria)

Organizan: PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA y de los TRABAJADORES / Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS-PO).




24 de febrero de 2012

CONFERENCIA DE GARRE: Un intento de encubrir el espionaje oficial

La conferencia de prensa de la ministra Garré y la “auditoría” de su ministerio son un acto de encubrimiento del espionaje oficial.

1.-La ministra rechazó que el Proyecto X se haya utilizado contra militantes del movimiento social, a pesar de que en el expediente de la causa Kraft figuran las ‘actuaciones’ de la gendarmería con datos sobre los delegados del conflicto, sobre los dirigentes políticos que lo apoyaron e incluso análisis políticos de esa huelga. El jefe de gendarmería, Schenone, confirmó ante el juez que esa tarea de espionaje se realizó en el marco del Proyecto X. La “auditoría” oficial por lo tanto, ni siquiera ‘encontró’ lo que es ya de conocimiento público, está documentado en la justicia y reconocido por el propio organismo que llevó adelante el espionaje.

2.-Garré dijo que la Gendarmería sólo actúa en manifestaciones o protestas a requerimiento de los jueces, y en un marco –o ‘base de datos’- diferente al de Proyecto X, con funcionamiento en Campo de Mayo. Pero ningún juez ordenó que los gendarmes se hagan pasar como ‘periodistas’ en las manifestaciones, o que espíen reuniones de los huelguistas fuera del lugar del corte de ruta, o que ‘caractericen’ políticamente a los huelguistas.  O Sea que existe una labor de inteligencia de carácter independiente a los requerimientos judiciales, sobre la que Garré no dio cuentas.

3.-La ministra reconoció que esta ‘base de datos’ opera desde 2002, con Duhalde y Toma. De la misma época son los archivos de la SIDE que se conocieron en agosto pasado, y que reunían miles de datos de dirigentes políticos y sociales. Todo indica que el kirchnerismo se ha apropiado de ese material de inteligencia; que, con el nombre que fuere, la Gendarmería y otras fuerzas represivas realizan una labor sistemática de espionaje sobre las organizaciones populares; y que la presentación de Garré y su auditoría han salido al rescate de esa operación represiva.

4.-Si Garré quiere probar lo que dice, debería abrir todos los archivos de inteligencia política –no sólo los de Gendarmería– a la consideración pública, y dar luego lugar a su completa destrucción. En cambio, la “auditoría” del espionaje a cargo de los propios sospechados de espiar ha terminado en un fiasco.

Accidente ferroviario en Once: Un crimen contra el pueblo

Se tienen que ir TBA y todos los concesionarios de los ferrocarriles

Nuevamente el pueblo que trabaja ha sido víctima de la corruptela, la desidia y la total irresponsabilidad que caracteriza a las empresas concesionarias del ferrocarril y a los funcionarios de un gobierno que ha permitido la formación de una verdadera mafia en la Secretaría de Transporte encabezada por Juan Pablo Schiavi, cuya conferencia de prensa sólo confirmó el encubrimiento y el negociado del que es responsable, en continuidad con la gestión del corrupto Ricardo Jaime cuyos contratos siguen vigentes integralmente.

No ha dicho una palabra de que el grupo Cirigliano, controlante de TBA, es dueño del Grupo Plaza que es un monopolio de todos los transportes de colectivos en el oeste (grupo Ecotrans) y que se está quedando con líneas enteras en toda la provincia de Buenos Aires, precisamente usando la caja del ferrocarril para el enriquecimiento de su grupo empresario.

No estamos frente a una tragedia sino ante un verdadero crimen contra el pueblo. Los 50 muertos, al menos hasta este momento, y los más de 600 heridos, muestran que estamos ante uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia Argentina.

Nadie puede, sin embargo, declararse sorprendido. Sólo en los últimos 12 meses hubo varios choques fatales y descarrilamientos de trenes. El 2 de enero, descarriló un tren que se dirigía de Retiro a Tucumán con 1.400 pasajeros a bordo. El 18 de diciembre del año pasado, una locomotora que debía enganchar a una formación que estaba detenida en la estación Témperley no frenó a tiempo y la chocó: 17 heridos. El 28 de noviembre descarriló en Chascomús el nuevo tren Talgo a Mar del Plata. El 13 de septiembre, un tren embistió a un colectivo y luego chocó contra otra formación en la estación Flores, del barrio de Flores, en un paso a nivel sin banderillero y con una barrera automática descompuesta: 11 muertos y 228 heridos. El 16 de febrero, un tren de Ferrobaires no frenó y embistió a otro de Ugofe a la altura de estación San Miguel: 4 muertos y más de 100 heridos. Una estadística negra.

Esta verdadera demolición del ferrocarril es la consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión que caracterizó la gestión de las concesionarias desde la privatización menemista al presente. El kirchnerismo siguió el negocio montado en los 90 beneficiando a Cirigliano, Roggio, Romero, Macri, Moyano y la actual conducción de los gremios ferroviarios con multimillonarios subsidios. Empresarios y burócratas sindicales integraban e integran un triángulo de negocios que tiene como vértice a los propios funcionarios del gobierno, con Schiavi a la cabeza.

Todo esto ha sido denunciado por nuestro Partido cuando fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra. En esa oportunidad dijimos que Mariano había sido asesinado por una patota de la burocracia sindical para defender justamente este esquema de negocios del ferrocarril, que incluía la tercerizaciones truchas y el manejo irregular de subsidios. Por ello está preso Pedraza. Pasado más de un año de este asesinato que conmovió el país está preso el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, pero los funcionarios involucrados siguen todos en sus puestos; los empresarios que armaron con él las tercerizaciones truchas mantienen sus concesiones, y la burocracia sindical metida hasta la cabeza en los negocios sigue recibiendo protección oficial.

Al punto que el Subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna, hombre de la Fraternidad, por lo tanto del tándem Pedraza-Maturano, sigue al día de hoy en su puesto manejando los millonarios subsidios del transporte ferroviario.

El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, plantea que este crimen contra el pueblo no puede quedar impune. Planteamos:

• Juicio y castigo a los responsables de este verdadero “Cromañón” ferroviario. Que se vaya Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna. Que respondan ante la justicia.

• Fuera TBA y todos los concesionarios de los ferrocarriles.

• Perpetua a los asesinos de Mariano Ferreyra.

• Fuera la patota sindical de los gremios ferroviarios.

• Nacionalización inmediata de los ferrocarriles bajo control obrero. de los trabajadores, mediante comisiones técnicas y operativas electas. Con supervisión de comisiones electas de usuarios del tren.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda

23 de febrero de 2012

Declaraciones de Jorge Altamira ante la conferencia de prensa de De Vido-Schiavi

“EL GOBIERNO ES CÓMPLICE, NO PUEDE SER QUERELLANTE"

“Es curioso que el cómplice de un fraude pretenda querellar al estafador. La Comisión de Regulación de Transporte denunció el vaciamiento de los concesionarios del ferrocarril ya en 2010, y se apresta a presentar un informe que actualiza la denuncia. Lo mismo está por hacer la Auditoría General. Se estima que el valor de los activos ferroviarios es hoy el 15 % del de 2003. Está claramente establecida la colusión de 'favores' entre la Secretaria de Transporte y los concesionarios, expuestos también en el expediente judicial por el asesinato de Mariano Ferreyra. El gobierno se olvidó de ser querellante por la masacre de Flores, o de llevar a la Justicia a Ugofe, del ex Roca, por su complicidad con Pedraza. Las únicas 'querellas' oficiales han sido, sin presentar pruebas, sólo mediáticas, contra el Partido Obrero, en un caso, y los ferroviarios tercerizados, en el otro. La Presidenta tuvo la mala fortuna, recientemente, de felicitar al 'vasco Othacehé', un represor socio político de Cirigliano". 
 
El ex candidato a presidente del Frente de Izquierda concluyó que “los sucesores y cómplices oficiales, en lugar de querellantes, deberían ser sentados en el banquillo, junto con los privatizadores”.

Altamira destacó, por último, que "la principal querella debe ser social y política, expulsando a los concesionarios. El sistema de transporte, bajo gestión pública directa, debe ser reorganizado bajo control de los trabajadores, y dotado de un plan de inversiones que se financie con el cese del pago a la deuda externa usuraria, que sólo en 2012 drenará 15 mil millones de dólares de la economía nacional".

22 de febrero de 2012

EL ACCIDENTE DE ONCE CONSTITUYE EL “CROMAÑÓN FERROVIARIO” LARGAMENTE ANUNCIADO

Se tienen que ir TBA y todos los concesionarios de los ferrocarriles


Juicio y Castigo

Las 600 víctimas del choque de Once, con casi 50 muertos hasta ahora, no han sufrido un accidente. Han padecido la consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión que caracterizó la gestión de las concesionarias desde la privatización menemista al presente. Son víctimas también de la continuidad del negocio bajo el kirchnerismo, que benefició a Cirigliano, Roggio, Romero, Macri, Moyano y la actual conducción de los gremios ferroviarios con multimillonarios subsidios. Una verdadera mafia que maneja la Secretaría de Transporte de Juan Pablo Schiavi a su antojo.

No sólo son los responsables de la precariedad del servicio, expresada también en la falla de los frenos de la formación siniestrada, sino también de la precariedad laboral y la persecución sindical contra quienes denunciamos este “Cromañón” latente desde hace muchos años.

En los últimos 12 meses, hubo varios choques fatales y descarrilamientos con trenes. El 2 de enero, descarriló un tren que se dirigía de Retiro a Tucumán con 1.400 pasajeros a bordo. El 18 de diciembre del año pasado, una locomotora que debía enganchar a una formación que estaba detenida en la estación Temperley no frenó a tiempo y la chocó: 17 heridos. El 28 de noviembre descarriló en Chascomús el nuevo tren Talgo a Mar del Plata. El 13 de septiembre, un tren embistió a un colectivo y luego chocó contra otra formación en la estación Artigas, del barrio de Flores, en un paso a nivel sin banderillero y con una barrera automática descompuesta: once muertos y 228 heridos. El 16 de febrero, un tren de Ferrobaires no frenó y embistió a otro de Ugofe a la altura de estación San Miguel: cuatro muertos y más de 100 heridos. Una estadística negra.

La conversión de formaciones eléctricas Sorefame, traídas de Portugal, para ser remolcadas por locomotoras Diesel es reveladora de que toda la inversión estatal se transforma en retornos para los funcionarios y en una regresión tecnológica. Esas formaciones son producto de una compra multimillonaria de material obsoleto de la mano del ex secretario de Transporte Jaime (hoy procesado, pero libre y participando de actos oficiales).

Los ferroviarios no queremos más muertos. Está en juego la seguridad de usuarios y trabajadores. El futuro de los ferrocarriles no puede seguir en manos de esta trenza de empresarios, burocracia sindical y funcionarios corruptos.

Exigimos:

* Juicio y castigo a los responsables de este verdadero “Cromañón” ferroviario. Que se vaya Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna. Que respondan ante la justicia.

* Fuera TBA y todos los concesionarios de los ferrocarriles.

* Perpetua a los asesinos de Mariano Ferreyra.

* Fuera la patota sindical de los gremios ferroviarios.

* Nacionalización inmediata de los ferrocarriles bajo control obrero.

22/02/2012

Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra

El sistema ferroviario corrupto vuelve a enlutar a familias trabajadoras

El monumental accidente de esta mañana condena definitivamente al régimen de las concesiones ferroviarias, que Menem puso en pie y que el kirchnerismo ha sostenido a cualquier precio. Durante dos décadas dilapidaron subsidios millonarios, mientras sometían a los ferrocarriles a la desinversión y la falta de mantenimiento, y a los trabajadores, a la precarización laboral y la tercerización.

El triángulo corrupto de la burocracia sindical, los funcionarios y la patria contratista, que se ha sostenido sobre la malversación del presupuesto público y hasta crímenes –como el de Mariano Ferreyra- ha conducido a la masacre de hoy. Reclamamos el juicio y castigo a los responsables y el apartamiento inmediato de todos los responsables.

PARTIDO OBRERO

El Gobierno y los Monopolios Mineros

21 de febrero de 2012

EN UN CAMPAMENTO MULTITUDINARIO DE LA JUVENTUD, ALTAMIRA LLAMÓ A REFORZAR LAS FILAS DE LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA

Jorge Altamira, ex candidato a presidente del Frente de Izquierda, se hizo presente en uno de los  campamentos de formación política que la juventud del PO (Unión de Juventudes por el Socialismo) organizó en todo el país, que funcionó este fin de semana largo en la ciudad de Ramallo.

En su discurso, ante más de 1.000 jóvenes, Altamira destacó que “en el cuadro de la bancarrota mundial del sistema asistimos, en Argentina, a un ascenso de la izquierda anticapitalista justo cuando el gobierno, que se reclama nacional y popular, está empeñado en llevar adelante un ajuste para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores".

 
"Los casi 700.000 votos obtenidos por el Frente de Izquierda han provenido esencialmente de la juventud, tanto trabajadora como estudiantil. Este dato prueba que las nuevas generaciones se están haciendo cargo de decirle a los capitalistas que 'no pasarán'”.

Altamira convocó a reforzar la posición de la izquierda anticapitalista en el país mediante un reclutamiento masivo de nuevos contingentes.

19 de febrero de 2012

HORACIO VERBITSKY confirma denuncia del PO y defiende EL ESPIONAJE OFICIAL como una POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA

El descubrimiento de un sistema de espionaje contra organizaciones populares a cargo de la Gendarmería (“Proyecto X”) demuestra cuál es la “seguridad democrática”, que el progresismo oficial defiende como gestión del “orden público”. La llamada “prevención del conflicto” implica la infiltración,  la delación a los luchadores y  los procesos judiciales contra ellos. La “seguridad democrática” tuvo su debut en ocasión dela acusación infundadade la ministra Garré por cadena nacional contra el Partido Obrero, que se valió de una provocación armada por la burocracia sindical de Pedraza en Plaza Constitución. No es cierto que  esos métodos “profesionales” hayan reemplazado la tercerización de la represión por medio de patotas o jueces adictos. Hay cinco mil luchadores procesados. Véase lo que ocurre en Catamarca.

Ahora que 'la seguridad democrática` de espionaje y delación ha saltado a la luz, uno de sus ideólogos, Horacio Verbitsky, ha salido a defender la actuación “abierta o encubierta” de las fuerzas represivas para impedir delitos, y culpa a la Gendarmería, y no a su jefa –Garré-, de  interpretar el código Penal “a su manera”, porque el  “Proyecto X” habría sido creado para la prevención del narcotráfico y el jefe de la Gendarmería es  “un “hombre de la DEA” ( los hilos de la “seguridad democrática” del gobierno malvinero los mueve el departamento de Estado yanqui).

El Código penal no menciona ideologías, partidos o comisiones internas: pero aplicar sus figuras penales –coacción agravada, obstrucción, etc.-a la lucha social no es un invento del jefe de la Gendarmería: es la práctica corriente que han seguido Garré, Aníbal Fernández o la propia Cristina Kirchner, que reiteradamente ha desnaturalizado el caracter social de la lucha de los petroleros o docentes de Santa Cruz, y los ha 'tipificado' de "extorsión". Verbitsky dice que la “interpretación” del código es “una cuestión política”, precisamente lo que han hecho autoridades y jueces, o sea,  la criminalización de la protesta como doctrina oficial. Los luchadores de Kraft siguen procesados.

Para Verbitsky ha habido “exceso” represivo, pero esta vez no actuaron la Federal o Bonaerense, sino “la niña de los ojos” de Garré, la Gendarmería, que venía a reparar los 'excesos' de las otras, bajo la batuta de Garré...y la DEA.

Ahora que la podredumbre ha salido a la luz, los escribas oficiales sacan a relucir sus calañas.  Pero según H.V., los informes de inteligencia de la Gendarmería “podrán servir a la defensa de aquellos a quienes los señores jueces intentan procesar”, dado que “no dejan dudas de que las movilizaciones se realizan en pos de reivindicaciones laborales legítimas”. Del relato de  Verbitsky surge que los movimientos de lucha deberían reclamar, no el fin del espionaje, sino la integración permanente de la Gendarmería como protectora de las luchas obreras, incluso reemplazando a los corresponsales de los periódicos de izquierda. La defensa de Verbitsky del espionaje de la Gendarmería es incondicional; los K están metidos hasta los tuétanos en el bochorno.

Reclamamos  la publicación de todos los archivos de Proyecto X y su destrucción posterior, no la “auditoría” del propio gobierno.

18 de febrero de 2012

Marcha y acto del 15-02 en Córdoba por Andalgalá y contra la megaminería

Declaraciones de Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero

“QUE SE PUBLIQUEN Y DESTRUYAN LOS ARCHIVOS DEL PROYECTO X Y TODO ARCHIVO DE GENDARMERÍA; POR LO TANTO, QUE SE ANULE LA CAUSA KRAFT POR ILEGITIMA, Y, MAS QUE NUNCA, DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY ANTITERRORISTA”

Néstor Pitrola declaró: “No hay lugar a dudas, la base de datos del Proyecto X excede toda orden judicial, es inteligencia e infiltración previa y permanente, como lo demuestra que en la causa Kraft los gendarmes informaron de la participación del militante Luis Cubillas, fallecido el 9 de junio de 2009, dos meses antes del comienzo de la huelga”.

“Cuando el comandante Schenone informa del Proyecto X a la Justicia Federal, mandó al frente a la Ministra Nilda Garré y su política de 'seguridad democrática', extendida al empleo represivo de la gendarmería en distintas provincias contra las huelgas obreras, a la infiltración y el 'armado' de causas, como la que la Ministra y la Federal le armaron a los dirigentes obreros ferroviarios, compañeros de Mariano Ferreyra, Jorge Hospital y Omar Merino, líderes de la lucha de los tercerizados. Toda la base de datos e información sobre organizaciones populares de la Gendarmería debe ser publicada y destruida”.

Pitrola continuó: "Y, de inmediato, debe ser anulada en su totalidad la causa Kraft, porque es ilegítima e ilegal por las fuentes y los procedimientos de las pruebas falsificadas, colectadas por agentes encubiertos”.

“Más que nunca, ahora, contra la infiltración y el espionaje, contra la represión que sufren obreros, pobladores de la cordillera y hasta veteranos de Malvinas, la inmediata derogación de la ley antiterrorista”, finalizó Pitrola.

16 de febrero de 2012

LOS INGLESES ESTAN EN FAMATINA Y ANDALGALA -CON GURKAS 'NACIONALES'

Famatina pudo, todos podemos". La tapa del número anterior de Prensa Obrera anticipó un crecimiento de las luchas. En Andalgalá, en Belén y en otros pueblos de Catamarca y Tucumán, los piquetes contra Minera La Alumbrera han ganado las rutas.

Lo mismo ocurre en Cafayate (Salta) y en Bariloche y Esquel.

Rechazan la explotación minera depredadora gobernada por el lucro capitalista.

Un sistema basado en la tercerización, el hacinamiento y la insalubridad laboral, en la destrucción del medio ambiente en gran escala, y en el saqueo de recursos estratégicos.

Varios de los Estados imperialistas que albergan a los accionistas de estos pulpos han prohibido la explotación a cielo abierto, con explosivos y cianuro.

Por eso se encuentra en marcha una rebelión continental, de Panamá a la Patagonia, del Amazonas a la Cordillera.

El gobierno ha elegido su campo hace mucho, con Xstrata, Barrick Gold o Anglogold -o sea las Bolsas de Londres y Nueva York.

Mientras se invoca la soberanía nacional en Malvinas, las mineras copan los medios de la región y organizan la 'seguridad' contra el pueblo en lucha.

Los piratas dominan el NOA con sus gurkas (gobernadores) 'nacionales y populares'.

Los Kirchner, Gioja, Corpacci o Urtubey quieren salvar sus presupuestos con las migajas que dejan los pulpos mineros, aunque descapitalicen a la Nación.

Es otra manifestación del ajuste en marcha. La rebelión del Norte vuelve a colocar sobre el tapete la cuestión de quién paga la crisis.

Apoyemos la rebelión de los pueblos del norte, impulsemos una gran lucha nacional contra los monopolios mineros, los tarifazos y el ajuste.

Una asociación ilícita con los pulpos mineros

En las vísperas del segundo aniversario de la pueblada de Andalgalá, siete gobernadores y Cristina Kirchner cerraron un pacto para enfrentar las puebladas contra los pulpos mineros. El "pacto minero" asocia a los Estados provinciales con los monopolios contaminadores. El oficialista BAE reconoce que, a cambio de estas empresas mixtas, las empresas lograrían "evitar que se revise su privilegiado marco impositivo" (15/9); "el tema tributario no se toca", le cuenta un ‘vocero' del pacto. El "pacto" prevé la constitución de fondos específicos, para otorgar préstamos (deuda) a las administraciones provinciales; se trata de una "unión de por vida" con Xstrata, Anglogold, Barrick, Goldcorp y Glencore. Los firmantes del pacto son los mismos que se adjudican una ‘ofensiva' contra Repsol-YPF.

El acuerdo tiene una cláusula no escrita: la declaración de guerra a los piquetes que luchan contra los monopolios mineros. Estamos ante una "asociación ilícita" para desalojar las rutas. La seguridad pública, la policía y el acceso a Andalgalá han sido colocados bajo una guardia privada del pulpo La Alumbrera. En el noroeste argentino tenemos unas Falklands gobernadas por gurkas nacionales y populares.

La malvinización, una careta

Lo que ocurre en el norte desnuda que la agitación malvinera del kirchnerismo es un taparrabos de la entrega a los fondos de inversión de la city de Londres, donde recogen el capital los pulpos mineros. El ‘pacto minero' bien podría ser firmado por Cameron para Malvinas: policía, seguridad pública, yacimientos y sus accesos para el Reino Unido, pero con la bandera celeste y blanca. El gobierno nacional y popular quiere seducir a los piratas con el ejemplo.

Una crisis de conjunto

La entrega de los recursos del suelo a los monopolios mineros, que abarca al conjunto de América Latina, ha cobrado un vigor inusitado, porque forma parte de la lucha desesperada por el control de las materias primas entre los capitales acuciados por la crisis capitalista. A su vez, pone al desnudo las limitaciones insalvables de los gobiernos nac & pop como Correa, Humala, Morales, Rousseff y CFK. La explotación depedradora emerge de la necesidad de elevar la tasa de beneficio mediante una rotación más rápida del capital.

La rebelión popular que baja de La Rioja, de Catamarca y de todo el noroeste argentino reclama un apoyo de conjunto, que necesariamente depende de una lucha real contra la totalidad del ajuste. Se encuentra en debate la concreción de una gran jornada de lucha para el próximo primero de marzo. Ganemos las calles con una intensa agitación política por la expulsión de los monopolios mineros, contra los tarifazos y el ajuste.

Marcelo Ramal

La lucha contra el saqueo de la megaminería contaminante

Llevemos al triunfo los reclamos con una lucha de conjunto

La pueblada riojana del 26 de enero, en la que se movilizaron más de 10.000 pobladores, le dio un enorme impulso a todos los reclamos contra la megaminería contaminante. En particular, reanimó el proceso de lucha contra la minera La Alumbrera, expresado en una serie de bloqueos a todas las rutas de acceso a la mina.

Este nuevo escenario obligó a un replanteo del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales frente a su oposición encarnizada a los movimientos de lucha. En la Rioja, el gobernador Beder Herrera y la multinacional Osisko acomodaron su discurso, declarando que sin "licencia social" no se iba a implementar el proyecto de exploración y explotación del Famatina. Buscan apaciguar las aguas y ganar tiempo. Mientras tanto, lanzaron una contraofensiva para aislar al pueblo de Famatina. Beder Herrera declaró que Famatina era una "cuestión provincial", precisamente cuando la defensa del Famatina se había transformado en una causa nacional.

Catamarca-Tucumán

En el caso de Catamarca, mientras la gobernadora Corpacci insistía en que la minería era política de Estado y se declaraba en favor del consenso social, ponía la policía y a sus grupos a disposición de la justicia para el desalojo violento de los bloqueos. Esa línea comenzó en Santa María, cuando a varios luchadores se les inició una causa bajo la nueva Ley antiterrorista. Luego, la presión represiva se concentró sobre Belén, donde se desarrollaba una intensa acción de cortes selectivos a los camiones que llevan suministros a La Alumbrera. Allí, la minera comenzó a propalar rumores de suspensión a los trabajadores (una parte de ellos son residentes de esa ciudad). La propia empresa impulsó un corte total de la ruta 40, con el propósito de desabastecer a la ciudad y volcar a la población contra los luchadores. Esta acción no dio lugar a ninguna acción judicial, ni a ningún reproche en los medios o de parte del gobierno. Una vez liberada la ruta, el malón policial se dirigió a Tinogasta, donde más de 1.000 personas se volcaron a la ruta a defender el bloqueo. Usando todos los recursos, procedieron a una violenta represión que dejó un tendal de heridos. Así liberaron el camino. Ese mismo escuadrón se dirigió, al día siguiente, a Andalgalá, donde actuó como soporte de las bandas de matones a sueldo de la minera, quienes han tomado de hecho el control de la ciudad. En simultáneo con estos hechos, la policía provincial de Tucumán, encapuchada y con autos con las patentes tapadas, procedió a levantar el bloqueo de Amaicha, destrozando un minicampamento que se había instalado en la zona del corte, y sitiando por horas el domicilio de un comunero donde se habían refugiado los participantes del corte. La misma Justicia que avala un desalojo a las cuatro de la mañana permite que las comisarías tengan las puertas cerradas para recibir a los abogados que defienden a los detenidos.

La reacción popular

Todos estos hechos represivos precipitaron múltiples acciones de repudio en todo el país, que alentaron un reagrupamiento de los luchadores del NOA.

En Santa María, en Belén, en Tinogasta, las movilizaciones populares liberaron a los detenidos y han alentado nuevos cortes y bloqueos contra las mineras. En Tinogasta, una gran concentración exigió la renuncia del intendente Avila.

En Santa María y Amaicha se resolvieron diversas medidas de movilización para el 15 de febrero. Todos estos hechos han contagiado al movimiento ambiental de Cafayate (Salta), que ha convocado a una asamblea para sumarse a la lucha.

La Rioja

Esta provincia sigue siendo el epicentro de la reacción popular, mientras el gobierno lanza una campaña sobre las "bondades" de la megaminería en mano de las multinacionales y refuerza su acción de prebendas -así como de intimidación represiva. Sin embargo, esta campaña encuentra límites en la propia crisis de las filas oficialistas, pues varios intendentes y legisladores -bajo el peso de la presión popular- han cuestionado los planes mineros. El movimiento popular se mantiene firme. Se ha iniciado una contracampaña de esclarecimiento en los pueblos del departamento, y se está impulsando un petitorio en el que se exige la revocatoria del mandato de la diputada oficialista representativa del departamento, Adriana Olima. También está en preparación un gran festival con los artistas nacionales que han apoyado la causa. El objetivo inmediato es la anulación del contrato con la Osisko; el mediato, la anulación de toda la legislación minera nacional.

Por una lucha de conjunto

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales actúan de conjunto, porque consideran que la defensa de los intereses de las grandes mineras multinacionales es una cuestión de Estado. Asociados a ese interés, la nación y las provincias reciben migajas que van a tapar los agujeros de sus cuentas fiscales. Con ese fin, los Beder y Corpacci impulsan la formación de empresas mineras estatales, para asociarlas a los planes de explotación de las multinacionales extranjeras.

Esta orientación tiene que ser respondida con un plan de lucha de conjunto. El miércoles 15 se van a producir múltiples acciones en toda la región, las cuales van a unir el repudio a la represión, el reclamo por la anulación de la Ley antiterrorista y la bandera de que el Famatina y el Aconquija no se tocan. Puede ser un gran paso para avanzar en una acción más de fondo: una marcha federal para llevar los reclamos al corazón del poder político del país.

Daniel Blanco

La lucha ambiental, una lucha continental

A lo largo de los últimos años, la lucha ambiental se masificó en toda Latinoamérica. El ascenso de los gobiernos nacionalistas, lejos de frenar la escalada de depredación, le dio un nuevo impulso. Estos gobiernos han llegado al poder con el apoyo de organizaciones sociales críticas de la explotación minera, en uno de los casos más clamorosos de estafa política.

Juntos somos más

Mientras el derechista Piñera persigue a los mapuches judicialmente como "terroristas", en un intento por desalojarlos de las tierras del sur de Chile, el gobierno golpista de Honduras encubre el asesinato de campesinos para expropiar sus tierras. El gobierno de Panamá, otro exponente de la derecha continental, enfrenta los bloqueos de carreteras que ejercitan los pueblos indígenas, los movimientos populares y las organizaciones sindicales, para rechazar una nueva ley de reforma al Código de Minería -que expone a las tierras indígenas a las actividades de minería de cobre y oro. Luego de una represión que dejó cientos de heridos, detenidos y dos muertos, el gobierno tuvo que sentarse a negociar en el marco de una vigilia de sindicatos, indígenas, campesinos y estudiantes.

Del lado de los gobiernos "nacionales y populares", la semana pasada estuvo marcada por la gran "marcha por el agua" de los indígenas peruanos, de Cajamarca hasta Lima, para entregar iniciativas legislativas que declaran al agua como un derecho humano, y la inviabilidad del proyecto minero Conga (que representa una inversión de más de 4.800 millones de dólares). La movilización, que empezó con unos 200 dirigentes campesinos y sociales y el apoyo de más de 120 organizaciones, se ha engrosado y sumado y sumó a miles de participantes. En oposición al reclamo de los manifestantes, Humala diseñó un plan asistencial basado en la suba de impuestos a la actividad, con el propósito de cooptar, dividir a los sectores populares y aislar las luchas ambientales. Según el informe estadístico del Inei de 2011, entre 2000 y 2009 la participación de las remuneraciones salariales en el PBI se ha reducido del 24,4 a 22%, mientras que la cuota del excedente de explotación se incrementó de 59,1 a 62,8%. El desarrollo de la inversión minera va de la mano de una profundización de la explotación social.

En un conflicto similar, a fines del año pasado, Evo Morales reprimió salvajemente la marcha de los indígenas por la defensa del Tipnis, contra una carretera que partiría en dos esa reserva natural. Los dirigentes indígenas se han acercado a la derecha, con la expectativa sin fundamento de que los apoyaría en su lucha contra el gobierno.

Brasil, las bambalinas

Por detrás de estos grandes emprendimientos mineros y petroleros se encuentra Brasil, que desde el gobierno de Lula le ha dado a Petrobras y Vale, las dos más importantes empresas multinacionales brasileñas ligadas a los negocios petroleros y mineros, una intervención continental.

Bancos de inversión como Merryl Lynch están detrás de operaciones como la adquisición de la refinería de Zinc peruana de Cajamarquilla por la empresa Votorantim -por mencionar un caso. De esta forma, el capitalismo brasileño controla un porcentaje importante de las principales fuentes de divisas de los países de la región: los hidrocarburos en Bolivia, la minería en Perú, la ganadería y los frigoríficos en Uruguay, la energía de Itaipú y la soja en Paraguay. Brasil es el principal impulsor de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un vastísimo plan de infraestructuras distribuido en doce ejes o corredores que cruzan América Latina de sur a norte y de este a oeste, que incluye carreteras, rutas, hidrovías, ferrovías, autopistas, oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, represas, usinas, puertos fluviales y marítimos y zonas francas, reconfigurando el territorio para exportar mercancías (principalmente brasileñas) a través de puertos del Pacífico.

La clase obrera

Donde gobierna la derecha, el reagrupamiento de fuerzas contra la depredación ambiental se ha dado principalmente bajo la dirección del llamado progresismo. En los países donde gobiernan los nacionalistas, las luchas ambientales han generado procesos de rupturas de diverso tipo con muchas de las organizaciones que fueron parte de estos gobiernos. La cooptación política a partir de los fondos proporcionados por las mineras es una constante en ambos casos, del mismo modo que la represión.

La intervención independiente de la clase obrera no sólo es necesaria para el triunfo de estas luchas, sino para abrir una perspectiva de desarrollo basado en las necesidades del pueblo trabajador.

Cristian Henkel

La crisis de la CGT

La CGT está dividida y paralizada desde tiempo inmemorial; hizo su último paro fracasado en 2001. Ahora se enfrenta a una crisis mayor, si cabe, dado que en julio debe elegir una nueva directiva y secretario general. Enfrentado a Moyano, el gobierno quiere poner una dirección que se adapte por completo a la política de ajuste. La pretensión del moyanismo de convertirse en la ‘columna vertebral' del kirchnerismo ha dado el resultado contrario: el ‘cristinismo' quiere imponer una tropa afín en la CGT. En la cancha de River, hace dos años, CFK le anticipó a Moyano que el lugar de ‘primera trabajadora' lo ocupaba solamente ella. El primer candidato para sustituir a Moyano fue Gerardo Martínez, el delator del Batallón 601.

El ajuste en marcha plantea un cambio sistémico en todas las relaciones económicas, laborales, contractuales, impositivas. No hay salida a la vista para la deuda de 12 mil millones de pesos que el gobierno tiene con las obras sociales. La supresión de subsidios implica una poda fenomenal al acaparamiento de fondos públicos para los empresarios y burócratas, en especial en el transporte. Los K acaban de estatizar la caja del Renatre, con la que ya están pagando deuda pública.

La crisis del sistema plantea una nueva relación entre el Estado, los sindicatos y las masas. Este replanteo se hizo presente en los fallos de la Corte en torno de la libertad sindical y los derechos de los delegados disidentes; la Justicia busca un sindicalismo ‘plural', que neutralice y atomice políticamente a la burocracia frente al poder del Estado -no la democratización de los sindicatos.

En la base de los gremios hay una evolución significativa, que no se limita al surgimiento de delegados e internas antiburocráticas. Hay una enorme ampliación de las afiliaciones en todo el movimiento obrero, así como una reactivación del protagonismo de los sindicatos. Esto explica el ‘discurso' de los laderos de Moyano acerca de democratizar el sistema de sindicato único, en oposición al esquema ‘pluralista': no se busca debilitar el monolitismo de la burocracia sino hacer participar en la CGT a un numeroso grupo de sindicatos chicos o nuevos -para frenar la ‘cristinización' que busca el oficialismo. Otro aspecto de este reajuste de línea, es el llamado de J. C. Schmidt a "discutir un programa" -en alusión a los 26 puntos de Ubaldini bajo el gobierno de Alfonsín. No es cierto, sin embargo, que el moyanismo careciera de programa en los '90: fue pionero de la ‘movida' de Techint y compañía, a partir de la crisis de 1994, a favor de la devaluación del peso. En la Unión Ferroviaria, el moyanismo quiere aprovechar el encarcelamiento de Pedraza para cooptar a lo que queda del pedracismo, probablemente en un acuerdo con el burócrata de La Fraternidad, Maturano. Moyano ha formado lista opositora en Comercio y en Pintura, e hizo un intento penoso y fracasado en Gráficos, pero no ha dejado claro si pretende meter ‘listas opositoras' de su propio cuño en los sindicatos de sus rivales.

Los movimientos de Moyano no pueden aislarse de la tendencia más general de desintegración que afecta al frente oficialista. Lo que ocurre con YPF es muy significativo, porque pone en evidencia una fractura en el seno de la camarilla K -a la cual pertenecía hasta hace poco el empresario Eskenazi, que hoy ‘gestiona' la petrolera bajo la supervisión de Repsol y los fondos de inversión anglo-yanquis. Esta fractura se expresa en el plano político en el choque entre Moreno y De Vido. El moyanismo opera en el terreno que van abonando las viudas del kirchnerismo.

Los límites insalvables de la oposición del moyanismo al gobierno están establecidos por su condición de burocracia con fuertes intereses económicos, ligada a una fracción de la burguesía y del oficialismo que disienten con la versión ‘cristinista' del ajuste. El voto en contra de los diputados moyanistas a la Ley agraria que sustrajo el Renatre a la burocracia de Venegas y a la Mesa de Enlace, no se repitió con la Ley antiterrorista, que fue votada a favor por parte de Plaini, en tanto Facundito y Recalde se ausentaban de la sesión. Micheli, de la CTA, se hace el distraído cuando se sorprende de que Moyano no lo acompañe contra esa ley.

La burocracia sindical, bajo la presión de la burguesía, del gobierno y del ‘ajuste', marcha hacia una división formal de la CGT. Esto es lo que hay que denunciar. En oposición a esta división, en oposición a la parálisis de la CGT frente al ‘ajuste', en oposición a la política del anti-moyanismo de negociar la regimentación de la CGT a cambio de recuperar la deuda a la caja de las obras sociales, en oposición a una CGT digitada por el Estado y el gobierno, en oposición al palabrerío democratizante de los que reclaman un ‘sindicalismo plural' y de los que plantean un ‘retorno a Ubaldini'; en definitiva, en oposición al callejón sin salida de la burocracia y del kirchnerismo, planteamos un Congreso de delegados de base, con mandato, de la CGT.

Es lo que, con ciertos límites, se ve empujada a hacer la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz, cuyos delegados deliberarán el 25 de febrero, para enfrentar el ajuste de Peralta. Este planteo tiene una actualidad enorme ante la inminencia de las paritarias, donde el pliego de reclamos y la decisión final deben ser determinados por congresos de bases y asambleas, no por el capricho de la burocracia. Es en conexión con todo esto que debemos incrementar la movilización contra la represión que crece y contra la Ley antiterrorista, por el desprocesamiento a los luchadores y por la cárcel a Pedraza y a todos los responsables del crimen de Mariano.

Néstor Pitrola

Frente de Izquierda, una perspectiva

Publicamos a continuación la entrevista que Sol Prieto, periodista de Página/12, le hizo a Jorge Altamira para un artículo que apareció en el diario el lunes 13 de febrero.

Preguntas

1. Hay un artículo tuyo en la prensa del partido el 1º de septiembre, donde hablás de una "tendencia", que se encuentra "potencialmente" en las fuerzas integrantes del FIT, a "avanzar en la consigna de un partido de los trabajadores", aunque considerás -en el artículo- que los resultados de las primarias no permiten avanzar en ella. ¿Por qué hablás de que existe una tendencia en ese sentido?, ¿te referís a que el debate ya transcurre de forma informal en el partido?, ¿a la coyuntura?, ¿a algún tipo de crecimiento?

2. ¿Por qué considerás que los resultados de las primarias -supongo que esto se extiende a los resultados de las elecciones generales- no permiten avanzar en el armado de un partido único de los que integran ese Frente?

3. ¿Los "límites" o "impedimentos" para avanzar son de carácter programático o más bien organizativo?, ¿Cuáles son? (en este sentido, Izquierda Socialista señaló como puntos de divergencia la lectura acerca de la rebelión en Libia y el rol de los desocupados en el 19 y 20 de diciembre de 2001).

4. ¿Se está discutiendo el tema al interior del partido?, ¿en qué instancias?, ¿en qué punto se encuentran de la discusión?

5. ¿En qué sectores están pensando para integrar un "partido de los trabajadores"?, ¿sólo en los que integran el Frente o también otros espacios?

6. ¿Existe alguna diferencia entre el planteo de "partido de los trabajadores" y "partido revolucionario"?

7. ¿Cuáles serían los "pasos" o instancias para avanzar en un espacio de unidad?

8. ¿Consideran como un factor de presión cierto "folclore" acerca de la supuesta tendencia de la izquierda a la división?

Respuestas

Es indudable, para nosotros, que entre las posibilidades del Frente de Izquierda, el desarrollo más rico sería converger en un partido común. La vía para ello es preparar en forma adecuada un congreso nacional sobre la base de propuestas de programa, que puedan ser discutidas con amplitud en un plazo amplio. El debate iría acompañado por una práctica sistemática en el cuadro del Frente. Las divergencias que se pongan de manifiesto en el debate serían finalmente puestas a votación, con la previsión de que la dirección que sea electa representaría en forma proporcional a los distintos planteos y de que el partido común se desenvolvería en el marco de un estatuto que garantice tanto la unidad de acción del partido como la democracia interna. Es ajeno al socialismo el planteo de que la existencia de divergencias justifique partidos separados o que un partido revolucionario deba tener un pensamiento uniforme, salvo que se trate de principios. Suponer que un partido no conozca divergencias en su seno en su proceso de desarrollo, está reñido con la realidad y sería la receta perfecta para la división permanente y haría imposible la simple existencia de partidos revolucionarios. Los partidos históricamente más relevantes en la historia del socialismo y del movimiento obrero -me refiero a la socialdemocracia alemana hasta la Primera Guerra Mundial y el partido bolchevique hasta su usurpación por el stalinismo- albergaban una miríada de divergencias y tendencias internas holgadamente mayor que todas las disputas sumadas de los pequeños partidos actuales -simplemente porque tenían un desarrollo histórico superior y, por eso, un arco iris intelectual considerablemente más rico. Este planteo lo desarrollé varias veces en actos públicos del Frente; sería absurdo que la existencia de un partido revolucionario común se encuentre vedada por las diferencias sobre Libia o la caracterización de los obreros desocupados en las dos décadas pasadas (esto simplemente refleja la ausencia de algunos partidos del Frente en la lucha piquetera). Como ocurre con cualquier partido, la posición oficial, en el caso de diferencias del momento, sería la mayoritaria, sin desmedro del derecho de cada uno a defender sus planteos.

El Frente de Izquierda es un caso particular (y probablemente más avanzado) de una posición que estamos desarrollando desde hace más de diez años respecto a la IV Internacional -o sea, la necesidad de convocar a un congreso, preparado por un debate amplio y una práctica común, para desarrollar un partido revolucionario internacional. El Frente de Izquierda ha dejado establecida una diferenciación política respecto de los partidos y grupos que abandonaron una posición independiente de izquierda y se fueron a frentes electorales binneristas o kirchneristas, que permite precisar las cosas. Eso no ocurre a nivel internacional, donde prevalece una bolsa de gatos. Por eso hemos definido que nuestra convocatoria va dirigida a aquellos que defiendan principios irrenunciables para cualquier socialista: 1) la independencia de la clase obrera y la oposición a frentes estratégicos con las burguesías nacionales y movimientos nacionalistas, o sea la oposición a los llamados frentes populares o de colaboración de clases; 2) la defensa de la dictadura del proletariado, que significa la destrucción del Estado burgués, el establecimiento de la dominación política de la clase obrera, la expropiación del gran capital y la progresiva anulación de toda forma de Estado a través de la permanencia de la revolución; 3) el carácter internacional de la revolución socialista, en oposición a la utopía reaccionaria del socialismo nacional o socialismo en un solo país; 4) la fusión de la izquierda y del socialismo con el movimiento obrero por medio de un programa de reivindicaciones transitorias y la emancipación de las organizaciones obreras y el desarrollo de una dirección clasista; 5) la defensa de las naciones oprimidas y el apoyo a las guerras nacionales contra el imperialismo. En el caso de América Latina, la defensa del planteo de Federación Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico. Es sobre esta base que proponemos un Congreso de unidad de los revolucionarios, preparado por una discusión auténtica y una práctica común sistemática.

No se trata de un planteamiento formalista, en el cual se podría incurrir si se lo abstrae del lugar histórico en que se desarrolla. La crisis capitalista mundial cierra el largo período de degeneración de los Estados que surgieron de procesos revolucionarios y el desarrollo de la restauración del capitalismo. Esto se manifiesta en los movimientos sociales y en las consignas; una extensión creciente de las huelgas en los países desarrollados y en los Estados restauracionistas, y la aparición de palabras de orden anticapitalistas. O sea que asistimos a una nueva transición histórica. Los socialistas solamente pueden fecundar este desenvolvimiento histórico revolucionario si unen fuerzas sobre la base de la discusión política y la claridad.

En Argentina, esta nueva tentativa de transición histórica se manifiesta con fuerza inusitada en el reiterado fracaso del peronismo por superar la crisis endémica del país, el ingreso en una nueva crisis y la creciente disgregación del peronismo. La manifestación principal de esta transición se da en el movimiento obrero, donde surgen nuevas camadas y direcciones clasistas, en especial en la nueva generación. El sindicalismo dominado por la burocracia integrada al Estado sufre tendencias disgregadoras como nunca -desafiado por la crisis capitalista y por sus bases. Los 660 mil votos que obtuvo el Frente de Izquierda tienen que ver con una definición política en parte de la clase obrera, que demuestra que existe una posibilidad de fusión de la izquierda y de los socialistas con el movimiento obrero. Esta fusión significaría la formación de un partido de trabajadores, nada menos que el final-final de la subordinación política de la clase obrera al peronismo y a la pequeña burguesía democratizante. El planteo de un partido de trabajadores, en la campaña electoral, apuntó a dejar en claro que el resultado de un progreso político de la izquierda revolucionaria en las elecciones no se reducía a la conquista de una plataforma parlamentaria, distante del movimiento obrero, sino que era un síntoma de la tendencia histórica a la formación de un partido independiente de la clase obrera. Que en los círculos oficiales de la burocracia vuelva a aparecer el planteo de un partido de trabajadores (esgrimido por la CTA en diversas ocasiones sin mayor entusiasmo) es una manifestación de que la acción política de la clase obrera se encuentra agotada en el marco del peronismo y es una maniobra para encauzar esta tendencia hacia una vía de compromiso con el sistema capitalista.

El partido revolucionario que resulte de un congreso preparado por un debate programático y una acción sistemática común se combina recíprocamente con el planteo de un partido de trabajadores, en la medida en que la ambición histórica de los socialistas es la fusión de la izquierda revolucionaria con la clase obrera que lucha -el movimiento obrero.

Millonarios en el Congreso

Un informe publicado en el International Herald Tribune (26/12/11) revela que el Congreso de Estados Unidos alberga millonarios en su seno en una proporción jamás igualada en su historia. Esta oligarquía incluye casi la mitad del total de sus miembros -unos 250 sobre 534. De conjunto, el patrimonio neto de un legislador llega en promedio a 913.000 dólares.

¿No fue siempre así?

El Congreso de Estados Unidos jamás fue un lugar para indigentes. Estuvo dominado por los propietarios de plantaciones o terratenientes grandes y medianos aún en los tiempos de la Independencia. Pero, según el informe de marras, "rara vez ha aparecido una brecha tan amplia, o el contraste público de manera tan cruda entre los legisladores y sus representados". Mientras el patrimonio neto promedio de los miembros del Congreso subió un 15% de 2004 a 2010, para el conjunto de los estadounidenses este patrimonio se redujo un 8% en términos reales (Moody's Analytics). Si se mira más hacia atrás, la riqueza medida de los miembros del Congreso creció dos veces y media entre 1984 y 2009 en dólares ajustados por la inflación, mientras la riqueza de la familia estadounidense cayó en el mismo cuarto de siglo (The Washington Post, 26/12/11). Una representante demócrata planteó lo obvio: "Los multimillonarios en el Congreso ven la vida desde una perspectiva diferente". The New York Times inquirió al conjunto de diputados y senadores sobre si tenían familiares y amigos que hubieran perdido sus trabajos o sus casas desde 2008; sólo 18 miembros respondieron en forma afirmativa.

"Los representantes del pueblo"

El enriquecimiento de los "representantes del pueblo" no se explica por la sola evolución de su sueldo. Un legislador norteamericano percibió en 2011 un ingreso base anual de 174.000 dólares; no está muy lejos de los 146.000 dólares anuales que percibe un diputado o senador de la República Argentina con el reciente aumento de sus dietas (La Nación, 13/2).

Fuera de su salario "base", reciben una paga extra en función de sus cargos, así como beneficios médicos y de pensión. "Quizá lo más revelador pero difícil de debatir en la creciente riqueza del Congreso sea el desempeño de los legisladores en el mercado de valores -y la cuestión de si están utilizando su acceso a la información confidencial para enriquecerse". En un estudio realizado el año pasado, continúa el informe, salió a luz que las acciones que poseían miembros de la Cámara de Representantes superaron en un 6% el promedio; en el caso de los senadores, un 12%. "Los investigadores atribuyeron el desempeño a una ventaja importante en la información que los legisladores poseen en virtud de sus posiciones y al hecho de que no están alcanzados por penalidad alguna debido al uso de información privilegiada".

No hay una información similar sobre Argentina, y por ahora los De Narváez, Menem, Reutemann, Rodríguez Saá son minoría (aunque, probablemente, una mayoría en el Senado) en contraste con lo que ocurría antes del ‘45, cuando la representación popular estaba en manos de la oligarquía (incluso bajo Irigoyen). Pero los Boudou les están pisando los talones. El enriquecimiento de los legisladores es una tendencia mundial; los italianos acaban de aumentarse la dieta, en pleno derrumbe económico, mientras en Grecia el ‘ajuste' no llegó al parlamento. Por eso votan como votan -entre otras razones. El poder adquisitivo del salario nominal de los ‘representantes', en Argentina, es superior al de Estados Unidos. Los ‘periodistas' de ‘6,7,8' tienen incluso un salario superior al de los legisladores. La aspiración de la pequeña burguesía ‘política' criolla es emular a la norteamericana. La bancarrota capitalista acentúa esa tendencia, porque se necesita que los representantes voten la confiscación de los trabajadores y el rescate del capital.

Democracia

"Es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna (el gobierno obrero establecido en París en 1871), que Marx subraya: la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado hasta el nivel del ‘salario de un obrero'. Aquí es donde se expresa de un modo más evidente el viraje... de la democracia de los opresores hacia la democracia de las clases oprimidas". Lo dice Lenin en El Estado y la revolución (Editorial Polémica, Buenos Aires, 1974), subrayando que "este punto tan evidente" es "tal vez el más importante en lo que se refiere a la cuestión del Estado".

Christian Rath

"Qué suerte que tiene Rajoy"

Para CFK, su colega español Rajoy, así como los pulpos como Santander, BBVA o Repsol son "suertudos", dado que pueden anunciar los ajustes sin encontrar resistencia por parte de los sindicatos. Los ‘pensadores' de Carta Abierta deben sentirse aterrados, luego de perorar por años a favor del ‘conflicto' y de la ‘tensión'. La expresión de la Presidenta ha puesto al desnudo su lado bonapartista -como en gran parte ha sido el franquismo al que pertenece Rajoy- y dejado bajo la alfombra su costado centroizquierdista. Es cierto que CFK niega que en Argentina haya ajuste, pero eso hace más interesante que salude la resignación ante el corte de sueldos y jubilaciones que aplican los gobiernos en España para rescatar a los parásitos capitalistas. Por otro lado, rechazar la lucha de clase de los trabajadores, con el argumento de que ‘Argentina crece', significa que el crecimiento lo tendría que acaparar el capital, o que éste o el Estado tienen el monopolio para asignar cuánto le corresponde al explotado. Sea como fuere, el gobierno nac&pop no quiere obreros movilizados, en especial porque ya estamos a fondo en ‘una sintonía fina', de la que CFK no habló en la campaña electoral, y en la que no quiere que los trabajadores metan sus narices. Nadie envidia a un Rajoy en vano.

CFK atiza el tema de la huelga general, no porque crea que se encuentre en la carpeta de la burocracia, sino para dividirla. El ‘taxista' Viviani, un moyanista, acaba de ‘aclarar' que no acompañaría acciones contra la política del gobierno. La burocracia, incluido Moyano, está a la expectativa de que la ‘sintonía fina' contemple una devolución en cuotas de la deuda del gobierno con las obras sociales - que el gobierno condiciona, por su lado, a la conducta de los burócratas en las paritarias.

Esperemos que en poco tiempo una huelga general en España le quite la envidia a la Presidenta de Argentina. En Argentina, las luchas, las movilizaciones y las huelgas seguirán creciendo.

M. R.

Página/12 describe la estafa petrolera ejecutada por el gobierno

Con letra del gobierno, el diario oficialista Página/12 publicó, el 6 de febrero, un informe sobre Repsol-YPF que retrata la estafa de la "argentinización" petrolera -el cual es más que suficiente para pedir el juicio político a Cristina Kirchner y la expropiación sin pago de YPF bajo control de los trabajadores.

El informe dice:

1. "En los tres años analizados (entre 2008 y 2010), fueron repartidos 18.628 millones de pesos por ganancias acumuladas no distribuidas de periodos anteriores".

2. "Este esquema de manejar las utilidades tuvo como consecuencia directa una intensidad menor en el rubro inversiones, que se tradujo en una baja de la producción anual de petróleo y gas, una disminución en la refinación y una merma de las reservas de la compañía".

3. Esta debacle se acentuó en 2008 con el ingreso de la familia Eskenazi (Grupo Petersen) en YPF, cuando de la mano generosa de Néstor Kirchner el socio "argentino" adquirió el 14,9% de YPF. Luego hizo otras compras, con los dividendos recibidos, hasta alcanzar el 25% en marzo de 2011. Mientras tanto, YPF fue una de las compañías que mayores utilidades remitió a su principal accionista, Repsol, cuya casa matriz está en España. Una parte de las sucesivas caídas de las reservas del Banco Central se deben al giro de utilidades y dividendos.

4. Mientras tanto, por la suba del precio interno y los subsidios del Estado, YPF siguió generando utilidades. En 2008 fueron 3.640 millones de pesos, pero se distribuyeron utilidades por 9.287 millones de pesos (2.689 millones de dólares), porque se agregó "un pago extraordinario de 850 millones de dólares". En 2009, las utilidades fueron de 3.486 millones, pero por "un acuerdo entre Repsol y los Eskenazi, ese año se distribuyeron 4.897 millones de pesos". En 2010, las utilidades fueron de 5.790 millones de pesos y la distribución de dividendos de 4.444 millones.

5. ¿Qué pasó con la producción? En medio de este jolgorio de la "argentinización" K, la producción de petróleo y gas siguió disminuyendo y "la refinación también cayó". Eso llevó a importar gas y combustibles para concluir en 2011 con una balanza comercial energética deficitaria de casi 3.000 millones de dólares, acentuando la caída de las reservas internacionales.

6. ¿Cómo pudo YPF aumentar sus utilidades con menor producción? "Por los ajustes de los mayores precios obtenidos por la venta de naftas y gas oil" dice el informe oficialista, con un detalle: "Desde la llegada del grupo Petersen a YPF, el gobierno le ha autorizado a la empresa subas de precios de los combustibles en el surtidor, que actuaron como referencia para el resto de las petroleras".

7. Mientras tanto, a través de los programas Petróleo Plus y Refino Plus, las petroleras seguían recibiendo subsidios del Estado, mientras se les permitía que una parte de los dólares de las exportaciones no se liquidaran en el país, sino que quedaran directamente en el exterior. Toda esta estafa kirchnerista saltó ahora en los medios oficialistas porque ya no pueden "tapar el sol con la mano": directamente la estantería se vino abajo.

Ahora, la nueva perfidia es presentar las cosas como una "maldad" de "los gallegos y los Eskenazi", para salvar la responsabilidad política y económica del kirchnerismo y presionar a Repsol y su "socio argentino" a corregir el rumbo, bajo la amenaza de la nacionalización. Desde la gran banca, ya le advirtieron al gobierno que no tiene los fondos para comprar YPF, porque descartan que el kirchnerismo se atreva siquiera a pensar en una expropiación lisa y llana -la cual está más que justificada por el vaciamiento empresario. Las utilidades repartidas, el consumo de las reservas, las nulas inversiones en exploración, la caída de la producción, la importación y los subsidios recibidos ya pagaron no una, sino dos o tres YPF.

Mercedes Marconi

MALVINAS, HOY: "Seguridad política y jurídica para los monopolios petroleros"

Reportaje a Jorge Altamira realizado por la oficina de prensa del sindicato docente de la Universidad Federal de Santa María, Brasil.

-Dado que la cuestión fue retomada con más fuerza y tenemos las declaraciones de ambas partes, el envío de un buque de guerra británico moderno a la escena, el bloqueo de los barcos con la bandera de las islas Malvinas por parte de algunos países de América del Sur, el envío del príncipe Guillermo a las islas, entre otras cosas. ¿Cuál es el carácter del conflicto, hoy? 

-Lo que ha acelerado el conflicto por Malvinas no es la inminencia del aniversario de la guerra de 1982, sino la posibilidad del hallazgo de petróleo que pueda ser comercializado en el mercado mundial. Que la zona pueda convertirse en un polo petrolero mundial, bajo la soberanía de una potencia extranjera, sembraría una inestabilidad política crónica en Argentina. Gran Bretaña, por su lado, necesita un acceso al territorio continental por necesidades de logística y seguridad internacional. Por eso está buscando un acuerdo con Argentina sobre este asunto de la explotación del petróleo, como condición para iniciar discusiones sobre soberanía (La Nación, 5/2). Las amenazas de cada lado apuntan a influir en las negociaciones que podrían iniciarse a corto plazo, luego de la celebración del aniversario, nuevamente -como en 1982- a instancias del gobierno norteamericano.

-¿El bloqueo aéreo a las Malvinas (que aislaría al archipiélago tanto del abastecimiento de productos como de transporte) sería el "siguiente paso" del gobierno argentino? ¿Cuál sería el impacto de esto?

-El bloqueo de Malvinas, que Argentina alega haber obtenido de los países del Mercosur, es una ficción, porque no afecta a barcos fletados por Gran Bretaña. El abastecimiento de Malvinas se realiza, básicamente, desde Londres. Si el comienzo de negociaciones no prospera, Argentina podría malvinizar su política bajo la presión de la crisis interna que acosa a CFK, como consecuencia de la crisis fiscal y de las divisiones políticas crecientes en el gobierno. Argentina enfrenta también una crisis de abastecimiento de petróleo y de gas, así como una crisis con la empresa Repsol-YPF. Podría ocurrir que el gobierno retire concesiones de explotación a esta compañía, en beneficio de PDVSA. Esto sería contradictorio con la política de acercamiento del gobierno argentino al norteamericano y con la pertenencia de Argentina al G-20.

-¿Prohibir a LAN (principal línea aérea chilena, que realiza vuelos semanales a las islas y es de propiedad privada) está al alcance del gobierno argentino? Si no es así, ¿qué podría hacer?

- Argentina podría bloquear los vuelos de LAN si impidiera su paso por el espacio aéreo de Argentina. Aunque el gobierno tiene conflictos comerciales con LAN, esta prohibición no sería bien recibida por Brasil y Uruguay.

-¿Existe la posibilidad de una reanudación del conflicto armado?

-No existe ninguna posibilidad de conflicto armado, porque las Fuerzas Armadas de Argentina tampoco tienen condiciones de llevarlo adelante. El anuncio del gobierno de que daría a conocer el "informe Rattenbach" -una investigación sobre la guerra que se mantiene en secreto desde 1982- inculpa de tal modo a las Fuerzas Armadas, que no parece coherente con la intención de plantear un conflicto. De todos modos, llamó la atención que un especialista internacional muy respetado, Gabriel Tokatlian, quien tiene ideas progresistas, haya recomendado la necesidad de reequipar a las fuerzas armadas nacionales.

Argentina reclama "negociaciones diplomáticas", o sea concesiones recíprocas, que contemplen una transferencia cierta de soberanía sin que importe el plazo, así como la seguridad jurídica y política para las inversiones de los grandes monopolios petroleros en el Atlántico sur. El grupo siderúrgico Tenaris, que domina el mercado de tubos o caños sin costura para la industria petrolera, se beneficiaría enormemente de semejante salida.

-¿Cuál es la solución posible y viable a la cuestión (aunque temporal)?

-El mundo transita por una fase de guerras internacionales crecientes, que alterarán en forma radical el mapa político -incluida la posibilidad de revoluciones sociales victoriosas. La cuestión Malvinas no puede ser aislada de este contexto, como tampoco ocurrió en 1982. Este cuadro de guerras posiblemente refuerce la presión para activar negociaciones secretas entre Gran Bretaña y Argentina. Argentina acaba de llenar la vacancia de la Embajada en Londres, luego de varios años. En estas negociaciones interferirá, con seguridad, la crisis interna de Argentina, vinculada con la sucesión de la Presidenta actual -los británicos tienen preferencia por la oposición.

CORDOBA: Bloque parlamentario de izquierda rechaza política K sobre Malvinas

El miércoles 8, en el transcurso de la sesión ordinaria de la unicameral, el oficialismo incluyó para la votación un proyecto de declaración de cuatro puntos que repudia las declaraciones del primer ministro inglés, David Cameron, y elogia la política negociadora de la Cancillería.

El proyecto fue colocado entre aquéllos que no se debaten y que se votan en bloque, con la sola enumeración de los mismos.

La propuesta fue soplada por el Ejecutivo, fuera de todos los plazos y de los acuerdos, en la reunión de labor parlamentaria -que es la que fija el temario de la sesión. No había interés de promover un pronunciamiento serio, sino simplemente de colocarse en la órbita del gobierno nacional.

La incorporación apresurada contó con el acuerdo del juecismo y el radicalismo.

Liliana Olivero, por el Frente de Izquierda, denunció la irregularidad del proceso y rechazó el proyecto. Planteamos que la mesa de negociación por la que pugna el gobierno nacional está colocada en el interés de los grupos petroleros y de la pesca, y denunciamos que esa es la política impulsada por el imperialismo yanqui y que esas negociaciones sólo podrían arribar a una soberanía argentina formal a cambio de un régimen económico y jurídico que contemple los intereses británicos y norteamericanos.

También señalamos que, frente a la gravedad de la denuncia del gobierno sobre la militarización de Malvinas, éste no había ni siquiera amenazado mínimamente con medidas que afecten los intereses económicos y financieros de los capitales imperialistas.

E. S.

La ocupación de las Malvinas en 1982

Un simulacro de soberanía que terminaría en tragedia

El canciller, Héctor Timerman, le agradeció edulcoradamente a la subsecretaria de Estado norteamericana para América Latina, Roberta Jacobson, la postura de Washington sobre Malvinas -manifestada poco antes por la portavoz de Hillary Clinton, Victoria Nuland: "Alentamos a la Argentina y Gran Bretaña a resolver esto de manera pacífica, a través de negociaciones".

En un contexto diferente, fracasada ruidosamente la política de "seducción" hacia los falklanders que intentaron Carlos Menem y su canciller Guido Di Tella, el gobierno argentino torna al camino en el cual Leopoldo Galtieri creyó sustentar su política respecto de Malvinas: la búsqueda de respaldo en la diplomacia norteamericana para forzar una negociación con Londres.

Cristina Kirchner señaló en qué consistirían esas negociaciones, cuando se refirió a la calificación de "colonialista" que el primer ministro inglés, David Cameron, le había dado a la Argentina: la Presidenta le recomendó al premier que hablara con los CEO's de empresas británicas radicadas aquí "para que le cuenten cómo somos".

Por cierto, podrían darle a Cameron excelentes referencias de las facilidades que tienen para sus negocios y negociados argentinos los ejecutivos, entre muchos otros, del Banco Patagonia (asociado con el Lloyds TSB Bank); o los del HSBC (controladora de la Rockhopper Exploration, que en estos momentos tiene sus plataformas petroleras en las aguas circundantes de las islas Malvinas); o del Standard Bank; o de Metro Gas (perteneciente al British Gas Group). Incluso los de Repsol, agentes de la City londinense.

En definitiva, el reclamo de una soberanía formal es un simulacro de soberanía, cuando es formulado por un gobierno que muestra como cartas credenciales su protección a los pulpos imperialistas en el territorio continental.

Hace ya treinta años, ese simulacro derivó en una enorme tragedia.

Una dictadura en crisis terminal

El 15 de diciembre de 1981, el comandante de la Armada, Jorge Isaac Anaya, llamó a su despacho al comandante de Operaciones Navales, Juan José Lombardo, y le dio una orden que debía ser mantenida en estricto secreto: preparar un plan de desembarco militar en las islas Malvinas. El propio Anaya había diseñado un plan de ese tipo en 1977, cuando era comandante de la Flota de Mar, pero Lombardo se encontró con una primera gran dificultad: no podía consultar ese material porque estaba en poder del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), una cueva de infidentes donde resultaba imposible mantener algo en reserva. En otras palabras, la disgregación terminal de la dictadura y de las Fuerzas Armadas hacía de todo el conjunto un armatoste inoperante.

Menos de un mes antes, esa lucha entre camarillas militares había provocado el derrocamiento del presidente de facto Roberto Viola y su reemplazo por Galtieri, de quien el periódico ultraconservador norteamericano The Christian Science Monitor había dicho que era "un duro y perspicaz estratega y un caluroso aliado de los Estados Unidos".

Días antes de aquella orden que le dio a Lombardo, Anaya había recibido los primeros cinco aviones franceses Super-Etendard de una partida de catorce. En un cuadro de caída de la producción, inflación galopante, especulación financiera sostenida con emisión de moneda casi descontrolada y un sistema bancario en crisis (tenía una cartera de incobrables de casi 10 mil millones de dólares), la dictadura gastaba 6 mil millones de dólares anuales en equipamiento militar.

De un modo u otro, la dictadura era un régimen acabado a comienzos de 1982. El periódico clandestino Política Obrera lo anunció así, en una tapa en marzo de ese año, como corolario de la devaluación del peso decidida por Martínez de Hoz. Si el de Viola había sido el último intento de unidad burguesa en torno del cuartel para reordenar la economía y permitirles a los militares retirarse en orden, el de Galtieri era el gobierno de una camarilla, de la franja del capital financiero más vinculada con los Estados Unidos -su ministro de Economía era Roberto Alemann-, y no podía menos que volcar hacia la oposición incluso a la mayor parte de la burguesía nacional.

El entreguismo sin bozal en el plano interno encontraba su continuidad en la política exterior de la dictadura, en su compromiso con las bandas de militares narcotraficantes que habían asaltado el poder en Bolivia y con los regímenes criminales de América central. No obstante, también en ese plano estaban liquidados: la dictadura boliviana ya hacía frente a una resistencia de masas activa y multitudinaria, mientras en Centroamérica los paramilitares argentinos, al servicio del Departamento de Estado yanqui, recibían una paliza detrás de la otra.

Entretanto, el movimiento obrero aceleraba la recomposición que -en forma de una resistencia sorda, molecular- había comenzado a semanas del golpe y encontraba su punto de inflexión en la huelga general de abril de 1979, cuando más de 4 millones de trabajadores pararon en medio de la congeladora dictatorial. El 30 de marzo de 1982, tres días antes de la ocupación de las islas, una enorme movilización obrera derivó en una batalla campal durante todo el día, y mostró que el conflicto social tendía hacia el estallido de una crisis explosiva.

En ese contexto, Malvinas fue el intento -sobre la base de un cálculo groseramente fallido- de reconstruir la posición de la dictadura y establecer una nueva relación de fuerzas imperialistas en el Atlántico Sur, con el régimen militar argentino en un lugar de importancia -lo cual, en la imaginación de Galtieri y compañía, les permitiría permanecer en el poder indefinidamente.

Malvinas, base militar norteamericana

La intención de la dictadura al ocupar las Malvinas se desprende de una serie de artículos en el diario La Prensa, firmados por Jesús Iglesias Rouco -un portavoz de la camarilla de Galtieri. Por ejemplo, uno del 3 de marzo de 1982 (un mes antes del desembarco militar) reclamaba la "comprensión" norteamericana. La soberanía argentina en las islas, decía, "constituye, a esta altura, condición sine qua non para el establecimiento de una adecuada estructura defensiva en el Atlántico Sur, de cara a la penetración soviética en la zona". En aquellos días, conviene recordar, la dictadura acariciaba la idea -también Washington- de constituir una Organización del Tratado del Atlántico Sur, una Otas, hermana de la Otan, alianza militar del imperialismo contra el bloque soviético.

La ocupación no tendría un gramo de antiimperialismo y La Prensa lo decía explícitamente. "Buenos Aires -señalaba Iglesias Rouco- estaría dispuesto a ofrecer a la British Petroleum y otras empresas británicas una participación en la explotación de hidrocarburos y otros recursos en extensiones importantes de la región, lo mismo que facilidades para su flota, todo ello en forma tal que la soberanía no implique mengua alguna -más bien al contrario- de las perspectivas de Gran Bretaña en el Atlántico Sur" (ídem).

Incluso en Londres, el Latin America Weekly Report (12/03/1982, dirigido por Rodolfo Terragno) escribía: "Galtieri siente que una acción drástica sobre las islas Malvinas (...) podría hacer maravillas con su popularidad. Algunos observadores creen que él podría usar la cuestión como una plataforma para el lanzamiento de un partido oficial o semioficial". El semanario inglés agregaba que la disputa por las islas "puede abrir el camino a la instalación de una base militar norteamericana".

Esto es: la ocupación apuntaba a reforzar la dominación imperialista en la zona, de ninguna manera a suprimirla.

A. Guerrero

14 de febrero de 2012

Por juicio y castigo para el crimen de Mariano Ferreyra

Jueves 16/02 - 20 Hs. - Plaza Seca - FFYHH - Ciudad Universitaria

FESTIVAL POR EL JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA



JUEVES 16 FEBRERO


Logramos la unificación de las causas; burócratas, policías y empresarios serán juzgados juntos por este crimen... EXIGIMOS ¡JUICIO YA!

Lo hacemos luchando.

Vení al festival en Plaza Seca, Facultad de Filosofía, Ciudad Universitaria, desde las 20 hs.


- Bandas

- Proyecciones

- Actividades Artísticas




MARIANO FERREYRA, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡FUERZA, ELSA RODRIGUEZ!




- PARTIDO OBRERO

- UNIÓN DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO

Contra la megaminería y la ley antiterrorista

MARCHA CONVOCADA POR ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SOCIALES, ESTUDIANTILES Y DE DDHH:

MIERCOLES 15/02 - 18 HS. - COLÓN Y CAÑADA:

* FAMATINA NO SE TOCA. APOYO A LOS PUEBLOS DE CATAMARCA Y TUCUMAN EN SU LUCHA POR EL AGUA Y LA VIDA.

* ¡NO A LA MEGAMINERÍA CONTAMINANTE!

* ¡ANULACIÓN DE LOS CONVENIOS CON LAS MINERAS!

* ¡DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA!

* ¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡DESPROCESAMIENTO DE LOS MANIFESTANTES PROCESADOS!

13 de febrero de 2012

Declaraciones de Jorge Altamira sobre el aumento de las dietas de los diputados

“Una completa distorsión a la representación popular”

“En un país que tiene un 35 % de la población por debajo de la línea de pobreza, que los diputados se asignen este tipo de salario es una locura”.
Esto señaló Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, a Radio El Mundo, en la tarde de este lunes.

“Cuando fui legislador de la Ciudad, presentamos con otros diputados de izquierda un proyecto que vinculaba el salario del parlamentario al convenio colectivo de CTERA, es decir, al salario de un trabajador. Se trata de algo muy profundo: el que está en política y establece un privilegio económico en su favor, está distorsionando la representación popular. Porque, en ese caso, nunca se va a saber si quien es electo quiere mejorar una situación personal o quiere representar políticamente a su pueblo”.

“Debe haber una relación entre lo que cobra un trabajador y lo que cobra un parlamentario. Y si el parlamentario quiere cobrar mejor, entonces que suban la condición de vida y el sueldo de los trabajadores. Por otra parte, y a la hora de discutirse una ley, el poder político y los intereses económicos saben que tienen que operar como lobbystas sobre representantes políticos que, por sobre todo, quieren mantener sus pregorrativas económicas”.

“Esta distinción enorme en el nivel de vida entre un parlamentario y un trabajador vulnera cualquier principio democrático. Los socialistas toda la vida han dicho que un representante del pueblo no puede ganar más de lo que gana un trabajador calificado”.

10 de febrero de 2012

Hoy movilización en repudio a la represión en Tinogasta y Amaicha del Valle

El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, repudia la brutal represión desatada por los gobernadores kirchenristas Corpacci y Alperovich contra los pueblos de Tinogasta (Catamarca) y Amaicha Del Valle (Tucumán), que fueron desalojados violentamente de los cortes de ruta que mantenían contra las empresas mineras, usando balas de goma y gases lacrimógenos. Una radio local, La Voz del Algarrobo, que se encontraba informando los hechos, fue interferida.

Sumado a la represión de ayer sobre el corte de Belén, nos encontramos frente a una decisión política de Estado de defender con todo su aparato los intereses de las empresas mineras que saquean nuestros recursos y depredan el medio ambiente, contra las poblaciones que luchan por defender sus condiciones de vida.

El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, junto a organizaciones sociales, políticas y de DDHH, se vuelve a movilizar, hoy a las 18 horas, frente a la casa de la provincia de Catamarca, en Capital Federal, para repudiar estos nuevos hechos y hacer fuerza por el triunfo de la lucha contra la minería contaminante.

En la ciudad de Córdoba, la convocatoria para la concentración y marcha es a las 17:30 hs. en el Patio Olmos.

Partido Obrero en el Frente de Izquierda

7 de febrero de 2012

La Justicia unificó las dos causas seguidas por el asesinato de Mariano Ferreyra, una victoria

El Tribunal Oral en lo Criminal 21 ha decidido la unificación en un solo juicio de la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros, con la que se encuentra abierta a la Policía Federal por su participación en ese acontecimiento. Respondió de este modo a la presentación conjunta realizada por todos los querellantes. Hemos logrado sentar en un banquillo único a Pedraza y Cia. y a toda la cúpula de la Policía Federal que garantizó el accionar de la patota asesina e intentó encubrir su fuga.

La resolución del tribunal admite que se trata de un mismo hecho, con víctimas y pruebas comunes. Esto permitirá abordar en el debate tanto la intervención de cada uno de los responsables del homicidio como la coordinación que fue necesaria para perpetrar el ataque homicida a los tercerizados. Asimismo, pondrá de manifiesto los intereses que impulsaron dicho crimen, allanando el camino a la demostración del plan criminal y extender la acusación como partícipes del homicidio a los imputados de la jerarquía policial, que hasta el momento aparecen incursos solamente en la tipificación de “abandono de persona”.

La respuesta del tribunal es un triunfo del planteamiento unificado de la querella.

Advertimos, sin embargo, que la Cámara de Casación Penal, incluso después de su reciente renovación, tiene pendiente la resolución sobre la excarcelación de Pedraza. Los aliados de Pedraza en el aparato del Estado y de la burocracia sindical pretenden que asista al juicio en libertad. Tanto Pedraza como el conjunto de los imputados intentaron por distintos medios perjudicar la acción de la Justicia mientas estuvieron en libertad, entre los que se incluyen campañas mediáticas, intimidaciones en el ferrocarril, amenazas varias y el intento de coima a los jueces.

En resumen, las razones jurídicas para mantener la prisión preventiva de Pedraza y sus cómplices siguen en pie. Advertimos del mismo modo que la liberación de Pedraza es uno de los temas en la agenda de disputas políticas que dividen a los círculos oficiales.

La resolución que unifica las causas prorroga sin fecha el inicio del juicio oral y público previsto para este febrero. Reclamamos que se lo establezca de inmediato dentro del primer semestre de este año.

Para que esto ocurra, solamente es necesario que la Corte Suprema de la Nación garantice la sala del Palacio de Justicia que permita al TOC 21 llevar a cabo un juicio de esta envergadura, como los recursos materiales que corresponden, y que se suspenda la radicación de nuevas causas. Es necesario, asimismo, que la Ministra Garré ordene a la gendarmería que priorice la realización de las pericias pendientes, en lugar de infiltrar y espiar a los militantes sindicales combativos, como fuera denunciado en el juicio a los delegados de Kraft y a Ripoll y Pitrola.

Llamamos a la ciudadanía a que nos acompañe en este reclamo, para dar otro paso más hacia el Juicio y Castigo de TODOS los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y de los daños terribles ocasionados a nuestra compañera Elsa Rodríguez.

PARTIDO OBRERO

5 de febrero de 2012

Declaración del Frente de Izquierda y de los Trabajadores frente al discurso de De la Sota

Apenas horas después que De la Sota pidiera públicamente paciencia a la población, los cortes de calles, asambleas y reclamos se acrecentaron.

Las víctimas de la tormenta que azotó la Capital hace unos días son conscientes de que la responsabilidad de las penurias que están pasando no es de la naturaleza. La tormenta desnudó años de deterioro de los servicios públicos esenciales, de la ausencia de mantenimiento de árboles y parques y de la crisis habitacional que vive la provincia. Bajo los gobiernos provinciales y municipales de peronistas, radicales y juecistas se gobernó para un puñado de grandes capitalistas de la ciudad y del campo subsidiando sus negocios, exceptuándolos de impuestos, etc., mientras no se atienden las necesidades básicas elementales del pueblo.

La tormenta destapó además la confesión del gobernador frente a la Legislatura de su impotencia para resolver los problemas de la población.

A falta de soluciones (“es lo que hay”, dijo el gallego) y, según él, de recursos, a pesar del discurso “campechano”, el gobernador se dedicó entre pedidos de disculpas y paciencia a amenazar y denigrar a los trabajadores.

La población que votó creyendo que el progreso estaba en marcha está comprobando que se trataba de cartón pintado. El Frente de Izquierda durante la campaña diagnosticó esta situación y estableció un programa para superarla.

La ley antiterrorista, versión cordobesa

El Frente de Izquierda llama al pueblo de Córdoba y sobre todo a los trabajadores a sacar todas las conclusiones del discurso del gobernador.

Después de meses del reclamo de los trabajadores de salud, por los bajos salarios, por la falta de personal y de insumos, en suma, por el deterioro de la salud pública, De la Sota, después de decir que no tiene nada que ofrecer salvo unas migajas, condicionó éstas a medidas de apriete sobre el personal. Apriete que extendió al resto de los trabajadores del estado provincial, en vísperas de la discusión salarial que obligatoriamente para el gobierno debe comenzar en estos días.

Pero De la Sota es consciente de que el problema mayor no son sólo los empleados del estado provincial. Sabe que está en marcha un aumento de impuestos y tarifas en todos los niveles (Nación, provincia y municipios) y en todos los servicios. En la ciudad la gestión radical de Ramón Mestre impuso el aumento del inmobiliario y ahora va por el del transporte; en la provincia, aumentó la luz un 28%, el agua otro tanto, el inmobiliario urbano arriba del 50%, todo esto cuando todavía están vigentes los subsidios que la Nación ya decidió quitar en los próximos meses. Todo esto llevará la inflación del año muy por encima del 30%.

De la Sota sabe que en estos días se abren las paritarias de todos los gremios. Sabe que los trabajadores tomaremos el reclamo salarial como bandera para resarcirnos de la creciente inflación y de todas las metidas de mano en el bolsillo del estado y de las empresas privatizadas.

De la Sota decidió afrontar esta situación reforzando el poder represivo del estado al igual que lo hizo “su” presidente con la ley antiterrorista buscando avanzar en la criminalización de la protesta social.

La decisión de modificar el código de faltas (ese que legaliza el abuso policial) no es para proteger a la población de las bombas de estruendo y al medio ambiente del humo de las gomas, es la confesión de que a falta de zanahorias no tiene más que garrotes.

Lo que para De la Sota es un delito, el corte de calles y la acción directa, para el Frente de Izquierda es parte de las herramientas de los trabajadores para defenderse y luchar por sus legítimos derechos, y la banca del FIT estará presente en cada uno de ellos, como ahora son los trabajadores de la salud, municipales y recolectores de residuos o como fueron los trabajadores de VW realizando cortes contra los despidos, para, en todo caso, ser juzgados junto a los trabajadores

De la Sota debe saber que el pueblo cordobés, al igual que el argentino, no es un hueso fácil de roer. Con la lucha hicimos retroceder a los pulpos mineros y al gobierno de La Rioja en Famatina; con la lucha los santacruceños pusieron freno al ajustazo en esa provincia, y así a lo largo del país.

Nuestro planteo

El Frente de Izquierda repudia el discurso del gobernador.

La crisis de las finanzas provinciales obedece a que sólo el pueblo trabajador paga impuestos, los capitalistas están prácticamente eximidos; a que los recursos se dedican a subsidiar la actividad privada y las ganancias de los empresarios. Así no hay provincia que aguante.

De la Sota pidió paciencia al pueblo cordobés pero no a los usureros que tienen agarrada la provincia. De la Sota ha dejado el reclamo de los 1.700 millones que la Nación debe a la provincia para más adelante, consciente de que a esos fondos el gobierno nacional los usa para pagar la deuda externa.

Planteamos la exigencia de inmediata solución a los problemas estructurales que la tormenta destapó, sobre la base de un impuesto extraordinario al gran capital agrario e industrial.

Rechazamos los impuestazos y tarifazos. Reestatización sin indemnización de las privatizadas, de las petroleras y del transporte bajo control obrero de la producción y de la gestión.

El gobierno nacional y De la Sota quieren condicionar la discusión salarial, limitando los aumentos a un monto no superior al 18% y en cuotas, además condicionados a aumentos de productividad (explotación laboral). De esta manera los trabajadores debiéramos absorber los costos de la crisis.

Defendemos las paritarias sin condicionamientos ni techos salariales. Exigimos el reconocimiento inmediato de la inflación acumulada de 2011 y de los tarifazos en curso, algo que en ningún caso es inferior al 30%; el ajuste automático de los salarios de acuerdo con la inflación; ninguna suspensión ni despido -ni en el sector público, ni en el privado. Que las patronales banquen la ocupación con los beneficios acumulados. Pase a planta de los contratados y tercerizados, basta de trabajo precario y flexibilizado (como el PPP), trabajo digno para todos.

Planteamos a los sindicatos y a la CGT, a las CTA y a todo el movimiento de trabajadores la convocatoria a asambleas que discutan la salida y planes de lucha. Las negociaciones deben ser discutidas y aprobadas en asamblea con delegados paritarios mandatados y elegidos por ellas.

Para el Frente de Izquierda, los ajustes de De la Sota y Mestre los vamos a parar con un plan de lucha, tanto en la provincia como a nivel nacional. El FIT pone todas sus fuerzas militantes por esta perspectiva.

Llamamos a todas las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos a movilizarnos contra la modificación del código de faltas y la ley antiterrorista, contra la criminalización de la protesta social.

Córdoba, 03-02-2012

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Partido Obrero

PTS

Izquierda Socialista


3 de febrero de 2012

El ajuste viene con una crisis política

El ajuste -"sintonía fina"- lanzado por el gobierno ha inaugurado un período de choques y realineamientos políticos, que están a la vista de todos, tanto en las filas del oficialismo como en las de la oposición. La tremenda movilización que ha suscitado el proyecto de megaminería en La Rioja se inserta en este panorama, porque ha mostrado las grietas del gobierno y ha sembrado la confusión en la militancia K.

La olla levanta presión

El ajuste en marcha tiene características explosivas, porque se asienta en un cuadro inflacionario elevado (alrededor del 25%), que los subsidios no lograron frenar, ni tampoco, ahora, el retraso del dólar. Para evitar que la inflación se transforme en hiper, o que para frenarla haya que producir un parate de la economía, el sabueso Moreno ha sacado a relucir todas sus habilidades para imponer un dirigismo económico en el comercio exterior y en la regulación de bancos y petroleras. Este intento de gambetear la crisis está produciendo un cimbronazo en las alianzas oficiales -por ejemplo con el Banco Macro, al cual el gobierno acusa de haber promovido la fuga al dólar, y con Repsol, que sería responsable de facturar el gasoil por encima de lo establecido. Las escaramuzas no han impedido, sin embargo, que el salteño Urtubey autorice un aumento de la remuneración de las petroleras que operan en su provincia, o que las estaciones de Esso sean transferidas a la todavía británica Panamerican Energy.

Las medidas adoptadas por el gobierno parecen tomadas de diversos planteamientos que expusimos en las elecciones recientes. Se ha establecido una suerte de control de cambios, se han prohibido algunas remisiones de ganancias al exterior, y Moreno dijo que habría que investigar los costos de las privatizadas. Quedó demostrado que el Frente de Izquierda fue mucho más realista que el bloque gobernante en la caracterización que debía enfrentar. Sin embargo, estas medidas intervencionistas muestran todos sus límites cuando son tomadas por un gobierno capitalista, o sea en forma aislada, inconexa, sin afectar el poder de decisión de los monopolios capitalistas y no como parte de una reestructuración social de orden general, que establezca una planificación orientada por la clase obrera. La restricción a la salida de divisas, por ejemplo, ha sido enfrentada por los capitalistas mediante una bicicleta financiera, que opera con intereses en pesos del orden del 20% anual -lo cual no solamente afecta al crédito al consumo: además aumenta la presión sobre la inflación y sobre la demanda de divisas (el mercado negro opera a 4,80 pesos el dólar).

Es necesario insistir en que los subsidios al transporte y a los servicios no produjeron ningún beneficio a los trabajadores, cuyo salario quedó determinado por una canasta familiar que se encuentra desvalorizada por la menor incidencia de las tarifas. Los beneficiados fueron los capitalistas de la industria, que pagaron salarios inferiores a los que les hubiera correspondido pagar con tarifas sin subsidios. Ahora, el gobierno quiere aplicar la ‘sintonía fina' a las paritarias, para evitar que el tarifazo sea compensado con un aumento salarial en la misma escala.

Moyano y las paritarias

El ajuste opera como una medicina perfecta para reavivar la lucha de camarillas al interior del oficialismo. La 'hegemonía' que conquistó el oficialismo se encuentra neutralizada por la fragmentación creciente en sus filas. Moyano ya transitó, el año pasado, el camino de pactar con el gobierno un techo salarial en las paritarias. Si ahora no repite es porque el gobierno amenaza sus cajas, como acaba de ocurrir con el Renatre. El oficialismo personaliza el poder, pero -por sobre todo- necesita meter la mano en cualquier lugar para pagar la deuda pública (ya le sacó a la ex caja de Venegas varias decenas de millones de pesos).

El techo del 18% que el gobierno quiere imponer no suena realista, lo que prueba que se mueve en un entorno desfavorable de relaciones de fuerza. Si alguien pensaba lo contrario, Famatina y los riojanos le acaban de dar una lección. Por eso procura llegar a ese techo con recursos de otro tipo, como dividir los aumentos en cuotas, achicar la estructura salarial, acentuar la incidencia del impuesto a las ganancias para salarios, etc. Lo acompaña en esto su adversario Binner, quien ha desatado una crisis en su frente oportunista con el reclamo de que se 'moderen' a las paritarias y que se tome como referencia a la inflación prevista para 2012 en lugar de la pasada. Este planteo ilustra el desvarío opositor, que supone que el tarifazo no afectará la canasta familiar.

Como correspondía esperar, ya aparecieron los que reclaman "vamos con Moyano", invistiéndolo como líder de la lucha contra el 'ajuste'. Moyano, sin embargo, no ha salido a luchar contra el tarifazo y ha actuado como bombero en la lucha contra los aumentos de tarifas e impuestos de Macri y de Scioli. La burocracia de los sindicatos se encuentra dividida; la puede unir la defensa de sus cajas, no una lucha consecuente contra el ajuste. El gobierno se empeñará en agrandar estas divisiones, beneficiando a los burócratas que lo acompañen. En lugar del seguidismo sin salida a la burocracia, es necesario aprovechar el escenario convulsivo que rodea a las paritarias para forzar a los sindicatos a que convoquen a asambleas, para que los reclamos incluyan las condiciones de trabajo y la situación de los trabajadores tercerizados y en negro, y también para que la reivindicación salarial sea determinnada por las bases de los sindicatos. Es necesario aprovechar las paritarias para desarrollar en los trabajadores la conciencia de la necesidad de una salida propia frente a la crisis.

El Frente de Izquierda no puede dejar pasar la oportunidad de ocupar una posición de liderazgo en el movimiento obrero, con el planteo de que las bases decidan las paritarias mediante asambleas y congresos con mandatos.

Scioli y la oposición

El pedido de Scioli a Moyano para que reconsidere su renuncia a la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires termina con los disimulos en el oficialismo.

La respuesta de la camarilla cristinista no pudo reflejar mejor su debilidad: largaron el planteo de la re-reelección -o sea, lo que hubiera debido ser el último recurso del arsenal oficial. La provincia amenaza convertirse en un gigantesco campo de guerra, donde los contendientes no vacilarán en utilizar la presión económica, las crisis policiales, las reyertas de municipios y toda suerte de provocaciones. En lugar del retorno de Moyano al pejotismo bonaerense, sería más probable que Scioli se convierta en el nuevo Cobos, para conspirar en compañía de Massa y otros intendentes del conurbano. ¿Es muy osado pensar que el cristinismo lo quiere empujar en esa dirección?

En cuanto a la oposición, también se cuecen habas. Binner les ha tirado una soga a la UCR y a la Coalición Cívica, con las cuales gobierna en Santa Fe. Los radicales son también presionados por el macrismo. La movida radical de Binner no le gustó nada a la ex radical Stolbizer, la que pagaría los costos del acuerdo, ni tampoco -parece- a los de la CTA, que se enojaron porque Binner pide 'moderación' salarial cuando ellos están tratando de armar una alianza con Moyano. El Frente Progresista -un representante del capital, en cuyo nombre e intereses gobierna Santa Fe desde hace una década- tiene que sintonizar con la burguesía en tiempos de ajuste; la indignación de sus aliados es hipocresía.

La reelección

No es motivo de sorpresa que una camarilla bonapartista pretenda la re-reelección. Antes del fallecimiento de Néstor Kirchner, esto debía ocurrir mediante una rotación familiar. El planteo, por ahora, está fuera de actualidad; primero deberá atravesar el ajuste. La posibilidad de éxito de la operación está condicionada, además, por los resultados de las elecciones en Venezuela, en octubre, y -de un modo general- por las vicisitudes de los gobiernos afines en Bolivia, Uruguay, Brasil o, incluso, Ecuador.

Una posibilidad mayor la tiene la convocatoria a un referendo, sobre un tema a determinar, en forma preventiva, si la crisis en lo que ha sido el bloque oficial se acentúa y pone en cuestión la continuidad del gobierno.

Ofensiva

El ajuste implica el desarrollo de una crisis política. Famatima lo ha demostrado en forma incontrovertible y ocurrirá -aún más- con la suba del transporte, el arribo de las facturas de servicios, la reunión de las paritarias, las crisis financieras de las provincias o las diferentes luchas (por el derecho al aborto, la vivienda y otras).

La agitación del Frente de Izquierda debe servir para desarrollar la conciencia de esta situación en el movimiento obrero, luchar por la dirección de los sindicatos, reclutar fuerzas nuevas y convertirse en la alternativa política de los explotados.

Gabriel Solano