DENUNCIAMOS EL INTENTO DEL GOBIERNO K DE ENCUBRIR LA ACCIÓN PARAESTATAL DE REGIMENTACIÓN IDEOLÓGICA EN LAS ESCUELAS: POR EL VOTO A PARTIR DE LOS 16 AÑOS Y EL LIBRE INGRESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ESCUELAS, LUGARES DE TRABAJO, TEMPLOS, CUARTELES Y COMISARÍAS
El gobierno nacional ha salido con una propuesta que habilita el derecho optativo al voto para los mayores de 16 años, en un inocultable intento de disimular con un planteo democrático la política de regimentación ideológica en las escuelas a través de los grupos paraestatales como La Cámpora y la discriminación simultánea de los adversarios. La Presidenta no impulsa la militancia, lo que equivale al derecho a una participación igualitaria de todas las fuerzas políticas en las actividades escolares, sino la estatización ideológica –que es uno de los rasgos del fascismo.
La bandera del voto a partir de los 16 años es una bandera de la izquierda revolucionaria, no del peronismo ni del Frente para la Victoria. La Presidenta la saca de la manga, contra toda la tradición programática del justicialismo, para reforzar la nefasta estatización ideológica que denunciamos. Del mismo modo, ha lanzado una campaña de división del movimiento estudiantil y creación de entidades secundarias y universitarias paraestatales.
El derecho al voto para los mayores de 16 años debe ser universal, o sea obligatorio, como ocurre con el resto de los ciudadanos. La creación de esta capacidad electoral para millones de jóvenes que están hoy fuera del padrón, debe ir acompañada del derecho de todos los partidos políticos a ingresar en lugares de trabajo y estudio (y a los templos y unidades de las fuerzas armadas y de la policía y penitenciaría), en paridad de condiciones, en actividades electorales y políticas, con independencia de las que ya realizan las agrupaciones políticas juveniles. Debe cesar, al mismo tiempo, toda actividad paraestatal en las escuelas y otros ámbitos, destinada a regimentar a los jóvenes en el terreno ideológico.
El gobierno K asume que el voto de los mayores de 16 años apuntalaría su registro electoral en retroceso; el Partido Obrero y la UJS recogen el desafío y llaman a acelerar el establecimiento del voto adolescente, a abrir las escuela y lugares de trabajo y los ámbitos cerrados de las fuerzas de defensa y seguridad, al debate político e ideológico, y a poner fin al para estatismo fascistizante.
REGIONAL CÓRDOBA
31 de agosto de 2012
“La tregua: una maniobra que no es una salida”
Declaraciones de Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
“Los dirigentes estatales han entrado en una maniobra de la cual no tienen salida. La peor de la tregua otorgada a De la Sota es que reconoce a las jubilaciones (y el salario) como la variante de ajuste; la suerte de los jubilados dependerá, entonces, de la pelea entre Cristina y De la Sota, cuando la jubilación es un salario diferido y por lo tanto una obligación que debe garantizar el empleador”, declaró Eduardo Salas hoy a medios radiales de la provincia.
Y continuó: “De la Sota ha asociado a los dirigentes gremiales a su política frente a la Nación; si el gobierno nacional responde negativamente a la provincia (como todo indica que va a suceder), DLS tendrá a los dirigentes estatales como socios en la derrota y así justificado su ataque al bolsillo de los jubilados y de todos los cordobeses".
"Lo que corresponde es otra cosa: que De la Sota decrete una 'tregua' en su ataque a los trabajadores, que cobre los impuestos a quienes no los pagan (como los pulpos industriales, las patronales de los calls, los pools sojeros) y que entregue la Caja a sus legítimos administradores”.
“La tregua firmada por las direcciones de los gremios estatales sólo agrava la situación. Que rompan con el seguimiento a ambos gobiernos. Que convoquen a un congreso de delegados de base de todos los estatales para resolver un programa de salida a la crisis y un plan de lucha para defender a los trabajadores. Las jubilaciones no se tocan, el salario no se toca”, concluyó.
Para comunicarse:
Eduardo Salas - 3515477025
“Los dirigentes estatales han entrado en una maniobra de la cual no tienen salida. La peor de la tregua otorgada a De la Sota es que reconoce a las jubilaciones (y el salario) como la variante de ajuste; la suerte de los jubilados dependerá, entonces, de la pelea entre Cristina y De la Sota, cuando la jubilación es un salario diferido y por lo tanto una obligación que debe garantizar el empleador”, declaró Eduardo Salas hoy a medios radiales de la provincia.
Y continuó: “De la Sota ha asociado a los dirigentes gremiales a su política frente a la Nación; si el gobierno nacional responde negativamente a la provincia (como todo indica que va a suceder), DLS tendrá a los dirigentes estatales como socios en la derrota y así justificado su ataque al bolsillo de los jubilados y de todos los cordobeses".
"Lo que corresponde es otra cosa: que De la Sota decrete una 'tregua' en su ataque a los trabajadores, que cobre los impuestos a quienes no los pagan (como los pulpos industriales, las patronales de los calls, los pools sojeros) y que entregue la Caja a sus legítimos administradores”.
“La tregua firmada por las direcciones de los gremios estatales sólo agrava la situación. Que rompan con el seguimiento a ambos gobiernos. Que convoquen a un congreso de delegados de base de todos los estatales para resolver un programa de salida a la crisis y un plan de lucha para defender a los trabajadores. Las jubilaciones no se tocan, el salario no se toca”, concluyó.
Para comunicarse:
Eduardo Salas - 3515477025
30 de agosto de 2012
CON LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE ONCE Y CON LOS FERROVIARIOS
Reclaman la condena penal de los De Vido, Schiavi y Cirigliano.
Y que respondan con sus patrimonios personales.
Un entramado de negocios, desfalco de fondos públicos y explotación obrera ha sido puesto en la picota.
El mismo que se cobró la vida nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Por él, están siendo juzgados José Pedraza y su patota.
Pero no ocurre lo mismo con los concesionarios y funcionarios.
Dos años después del crimen de Mariano, la permanencia de todos ellos en el ferrocarril se cobró 51 vidas.
A la lucha de los familiares de Once y por Mariano Ferreyra, se suma ahora la de los trabajadores ferroviarios.
Como ocurre en el subte, los ferroviarios no tuvieron su paritaria.
Pero la cúpula de la Unión Ferroviaria no se dio por enterada.
Su atención no está puesta en el salario, sino en defender a los asesinos de Mariano.
Y perpetuarse en el ferrocarril, a través de unas elecciones con estatuto tramposo.
Paritaria para los ferroviarios, no hay.
Pero los subsidios siguen lloviendo sobre los concesionarios para un servicio ferroviario que continúa en caída libre.
Los ferroviarios del Sarmiento marchan a una gran asamblea y paro este viernes, por un 30% de aumento.
La deliberación se extiende a otras líneas.
Cárcel a los responsables de Plaza Once.
Satisfacción integral de los reclamos de los familiares de las víctimas.
Condena y cárcel perpetua a todos los responsables del crimen de Mariano.
Fuera Pedraza de la Unión Ferroviaria.
Paritarias Ya.
Pero la cúpula de la Unión Ferroviaria no se dio por enterada.
Su atención no está puesta en el salario, sino en defender a los asesinos de Mariano.
Y perpetuarse en el ferrocarril, a través de unas elecciones con estatuto tramposo.
Paritaria para los ferroviarios, no hay.
Pero los subsidios siguen lloviendo sobre los concesionarios para un servicio ferroviario que continúa en caída libre.
Los ferroviarios del Sarmiento marchan a una gran asamblea y paro este viernes, por un 30% de aumento.
La deliberación se extiende a otras líneas.
Cárcel a los responsables de Plaza Once.
Satisfacción integral de los reclamos de los familiares de las víctimas.
Condena y cárcel perpetua a todos los responsables del crimen de Mariano.
Fuera Pedraza de la Unión Ferroviaria.
Paritarias Ya.
Córdoba: La lucha contra el ajuste delata a los K y a De la Sota
Las luchas de los estatales y de los docentes ocupan el escenario político en la provincia, en medio de los choques y chicanas entre De la Sota y el kirchnerismo.
Desde la aprobación de la ley 10.078 (que posterga los aumentos a los jubilados), las movilizaciones, paros y medidas de lucha de los trabajadores estatales están en el orden del día. El jueves 23, se realizó la tercera movilización frente a los Tribunales, donde la dirigencia sindical fue a presentar un pedido de inconstitucionalidad de la ley. En la concentración, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, lo que fue utilizado por el gobierno para lanzar una fuerte represión y lograr la desconcentración de los 3 mil estatales que habían concurrido (sólo pararon los docentes).
El gobierno provincial acusó al nacional por los “incidentes”; el kirchnerismo local salió a acusar al gobierno de represor.
Crisis económica y política
El gobierno de Córdoba reclama los fondos que desde los años 90 viene aportando a la Anses. El gobierno nacional se niega, porque con el dinero de la Anses paga la deuda externa y subsidia a los capitalistas.
De la Sota necesita fondos para sostener un régimen de subsidios y exenciones a los grandes capitalistas y los negocios de la patria contratista. Pero las suspensiones y despidos encubiertos -cada vez más frecuentes en la industria automotriz, como resultado de la caída del mercado brasileño y de la recesión en la Argentina- revelan el fracaso de esta política. Huyendo para adelante, De la Sota se dispuso a meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados. La respuesta de los estatales fue inmediata; y la aprobación de las otras dos leyes de su “paquete” -impuestos a los combustibles y suba del valor de las cuotas de los planes sociales de vivienda- está despertando reacciones por todos lados. El control de la Legislatura no le asegura salir indemne. Hasta que no discipline a los cordobeses, sus aspiraciones políticas nacionales de liderar una oposición a los K quedarán en suspenso.
Al responder a De la Sota, el gobierno nacional mostró toda su vocación ajustadora. Por todos los medios, salió a reclamarle la “armonización” jubilatoria con la nación, lo que implica llevar los haberes al 40% del sueldo en actividad. Pero con este planteo, el kirchnerismo abrió una crisis con sus menguados apoyos en la provincia, como las directivas de Luz y Fuerza y del Suoem. Son estos gremios los que cuentan con las jubilaciones más altas y, por lo tanto, pasibles de recortes. En su momento, esos sindicatos encabezaron la feroz resistencia a un ensayo anterior de “armonización”, que emprendió Schiaretti en 2008 y que llevó el haber inicial al promedio de los últimos cuatro años (la nación exige que sea de los últimos diez). Al rechazar la pretendida armonización, las burocracias sindicales terminaron haciendo frente común con el otro ajustador -De la Sota- y a solidarizarse con sus reclamos ante la Corte y con la renuncia del Pacto Fiscal. Pero el gobierno provincial se los retribuyó con una escalada represiva.
Los K fogonean el desgaste de De la Sota y quieren llevarlo a una búsqueda desesperada de recursos que, incluso, lo enfrente a su base social: los sojeros y los pulpos automotrices. El “atraso” del inmobiliario rural -que se cobra a valores de 1995-, que el Frente de Izquierda denunció durante toda la campaña electoral, ahora es ventilado abiertamente en los debates políticos.
Luego de la represión, la diputada nacional ultra K Carmen Nebreda -ex secretaria general de la UEPC- salió con un galimatías para explicar lo imposible, a saber: “armonización” significaba mejoras para los jubilados. El kirchnerismo busca recomponer sus relaciones con los sindicatos que le eran afines. La intervención de los K apunta a dividir el frente de los gremios estatales y desarmar la movilización en curso.
Salto político. Por un congreso de delegados de base
Las maniobras de delasotistas y de kirchneristas no se desenvuelven en el vacío, sino frente a una extraordinaria respuesta de los trabajadores.
No sólo existe voluntad de lucha, sino que también se revelan conclusiones políticas. Las recientes elecciones de juntas en la docencia media -votan todos, afiliados y no- significaron un durísimo golpe para la burocracia celeste, la que perdió abrumadoramente en la capital a cuenta de la lista antiburocrática de la izquierda. En un plenario de delegados del SEP (empleados públicos), la propuesta hecha por un delegado para que el secretario general del gremio y legislador del oficialismo, Pihén, rompiera con el bloque legislativo del gobierno, fue aclamada. Las burocracias sindicales se columpian entre los dos gobiernos, pero la lucha contra el ajuste empuja a los trabajadores a conclusiones de independencia política.
Desde la Legislatura, el Frente de Izquierda señaló que, si la pelea por los fondos lanzada por De la Sota no era una pantalla para reventar el 82% móvil, el gobierno debía garantizar que no tocaría el régimen jubilatorio. Naturalmente, lo hizo: a los diez minutos de aprobado el reclamo contra la nación, vino la ley del recorte de las jubilaciones. El FIT denunció a ambos gobiernos por su política de trasladarles a los trabajadores la crisis fiscal. También presentó un proyecto de ley para que se deroguen todas las leyes de recorte a las jubilaciones y que cese la intervención a la Caja.
Impulsamos un plan de lucha de todos los estatales hasta la derogación de las leyes de ajuste y por un programa obrero frente a la crisis.
Eduardo Salas
Desde la aprobación de la ley 10.078 (que posterga los aumentos a los jubilados), las movilizaciones, paros y medidas de lucha de los trabajadores estatales están en el orden del día. El jueves 23, se realizó la tercera movilización frente a los Tribunales, donde la dirigencia sindical fue a presentar un pedido de inconstitucionalidad de la ley. En la concentración, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, lo que fue utilizado por el gobierno para lanzar una fuerte represión y lograr la desconcentración de los 3 mil estatales que habían concurrido (sólo pararon los docentes).
El gobierno provincial acusó al nacional por los “incidentes”; el kirchnerismo local salió a acusar al gobierno de represor.
Crisis económica y política
El gobierno de Córdoba reclama los fondos que desde los años 90 viene aportando a la Anses. El gobierno nacional se niega, porque con el dinero de la Anses paga la deuda externa y subsidia a los capitalistas.
De la Sota necesita fondos para sostener un régimen de subsidios y exenciones a los grandes capitalistas y los negocios de la patria contratista. Pero las suspensiones y despidos encubiertos -cada vez más frecuentes en la industria automotriz, como resultado de la caída del mercado brasileño y de la recesión en la Argentina- revelan el fracaso de esta política. Huyendo para adelante, De la Sota se dispuso a meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados. La respuesta de los estatales fue inmediata; y la aprobación de las otras dos leyes de su “paquete” -impuestos a los combustibles y suba del valor de las cuotas de los planes sociales de vivienda- está despertando reacciones por todos lados. El control de la Legislatura no le asegura salir indemne. Hasta que no discipline a los cordobeses, sus aspiraciones políticas nacionales de liderar una oposición a los K quedarán en suspenso.
Al responder a De la Sota, el gobierno nacional mostró toda su vocación ajustadora. Por todos los medios, salió a reclamarle la “armonización” jubilatoria con la nación, lo que implica llevar los haberes al 40% del sueldo en actividad. Pero con este planteo, el kirchnerismo abrió una crisis con sus menguados apoyos en la provincia, como las directivas de Luz y Fuerza y del Suoem. Son estos gremios los que cuentan con las jubilaciones más altas y, por lo tanto, pasibles de recortes. En su momento, esos sindicatos encabezaron la feroz resistencia a un ensayo anterior de “armonización”, que emprendió Schiaretti en 2008 y que llevó el haber inicial al promedio de los últimos cuatro años (la nación exige que sea de los últimos diez). Al rechazar la pretendida armonización, las burocracias sindicales terminaron haciendo frente común con el otro ajustador -De la Sota- y a solidarizarse con sus reclamos ante la Corte y con la renuncia del Pacto Fiscal. Pero el gobierno provincial se los retribuyó con una escalada represiva.
Los K fogonean el desgaste de De la Sota y quieren llevarlo a una búsqueda desesperada de recursos que, incluso, lo enfrente a su base social: los sojeros y los pulpos automotrices. El “atraso” del inmobiliario rural -que se cobra a valores de 1995-, que el Frente de Izquierda denunció durante toda la campaña electoral, ahora es ventilado abiertamente en los debates políticos.
Luego de la represión, la diputada nacional ultra K Carmen Nebreda -ex secretaria general de la UEPC- salió con un galimatías para explicar lo imposible, a saber: “armonización” significaba mejoras para los jubilados. El kirchnerismo busca recomponer sus relaciones con los sindicatos que le eran afines. La intervención de los K apunta a dividir el frente de los gremios estatales y desarmar la movilización en curso.
Salto político. Por un congreso de delegados de base
Las maniobras de delasotistas y de kirchneristas no se desenvuelven en el vacío, sino frente a una extraordinaria respuesta de los trabajadores.
No sólo existe voluntad de lucha, sino que también se revelan conclusiones políticas. Las recientes elecciones de juntas en la docencia media -votan todos, afiliados y no- significaron un durísimo golpe para la burocracia celeste, la que perdió abrumadoramente en la capital a cuenta de la lista antiburocrática de la izquierda. En un plenario de delegados del SEP (empleados públicos), la propuesta hecha por un delegado para que el secretario general del gremio y legislador del oficialismo, Pihén, rompiera con el bloque legislativo del gobierno, fue aclamada. Las burocracias sindicales se columpian entre los dos gobiernos, pero la lucha contra el ajuste empuja a los trabajadores a conclusiones de independencia política.
Desde la Legislatura, el Frente de Izquierda señaló que, si la pelea por los fondos lanzada por De la Sota no era una pantalla para reventar el 82% móvil, el gobierno debía garantizar que no tocaría el régimen jubilatorio. Naturalmente, lo hizo: a los diez minutos de aprobado el reclamo contra la nación, vino la ley del recorte de las jubilaciones. El FIT denunció a ambos gobiernos por su política de trasladarles a los trabajadores la crisis fiscal. También presentó un proyecto de ley para que se deroguen todas las leyes de recorte a las jubilaciones y que cese la intervención a la Caja.
Impulsamos un plan de lucha de todos los estatales hasta la derogación de las leyes de ajuste y por un programa obrero frente a la crisis.
Eduardo Salas
Docentes de Córdoba: Elecciones de Junta de Clasificación y Disciplina
Derrumbe de la burocracia y gran avance de la izquierda
El pasado 16, se desarrollaron las elecciones de Juntas de Clasificación y Disciplina de Nivel Medio de la provincia. Las elecciones se desarrollaron en un marco de innumerables irregularidades, perpetradas por el gobierno desde la junta electoral en connivencia con la conducción celeste de Uepc, que allanaron el camino al fraude y facilitaron el accionar de los aparatos.
No obstante, el derrumbe de la burocracia se precipitó. En el departamento Capital, que concentra el 50% de la docencia y existe una mayor organización del activismo, la Lista Celeste de Uepc (kirchnerista-delasotista) no ganó una sola de las seis juntas y salió tercera en Junta de Disciplina, sólo por delante de la otra lista burocrática, conformada por los sindicatos Amet, Ademe y Uda.
El derrumbe sólo ha sido atenuado por los resultados del Interior, donde pudieron volcar padrones por ausencia de fiscales. De este modo, con datos provisorios, la Celeste obtuvo a nivel provincial el 35% de los votos, contra el 30% para la lista 7, el 15 % para nuestra lista 3 y el 13% para la 1 (Amet-Ademe-Uda).
Sin embargo, el dato más importante se dio en la votación de la oposición. La lista 7 Pluricolor (encabezada por ex-celestes convertidos al juecismo, e integrada además por la CTA, Libres del Sur, binneristas, e incluso activistas y agrupaciones de izquierda como Izquierda Socialista, MST, PCR y otras), mantuvo proporcionalmente su votación en relación a las elecciones de sindicato realizadas el año pasado, sacando un 40% de los votos. La lista 3, conformada por nuestra Fucsia, la Verde y Encuentro Docente, triplicó su votación ascendiendo al 28%.Los votos que pierde la celeste, se dirigen directamente hacia la 3, la oposición antiburocrática.
La elección cuestiona fuertemente la política de secundar a una fracción de la burocracia para relevar a otra fracción. Sin el apoyo de la izquierda y el centroizquierda, la burocracia ex celeste reconvertida en opositora hubiera sufrido la misma suerte que el resto de las corrientes burocráticas que dirigen todos los gremios docentes de la provincia (Uepc, Sadop, Ademe, Amet, Uda).
La campaña desarrollada por la Fucsia, que defendió la asamblea cómo método de organización y la independencia de los gobiernos patronales, ha sido ampliamente ratificada. Está totalmente planteada la recuperación de Uepc por parte de la izquierda y el activismo, desechando cualquier componenda con elementos burocráticos y corruptos. El desarrollo de un correcto balance entre todos los docentes y una campaña por la afiliación al gremio se imponen como tareas inmediatas.
Estos desafíos se desenvolverán en el campo de intervención más general, que el ajuste capitalista de Cristina y De la Sota presenta para los trabajadores de la educación.
Anabel Allochis (delegada de UEPC y dirigente de la Lista Fucsia)
El pasado 16, se desarrollaron las elecciones de Juntas de Clasificación y Disciplina de Nivel Medio de la provincia. Las elecciones se desarrollaron en un marco de innumerables irregularidades, perpetradas por el gobierno desde la junta electoral en connivencia con la conducción celeste de Uepc, que allanaron el camino al fraude y facilitaron el accionar de los aparatos.
No obstante, el derrumbe de la burocracia se precipitó. En el departamento Capital, que concentra el 50% de la docencia y existe una mayor organización del activismo, la Lista Celeste de Uepc (kirchnerista-delasotista) no ganó una sola de las seis juntas y salió tercera en Junta de Disciplina, sólo por delante de la otra lista burocrática, conformada por los sindicatos Amet, Ademe y Uda.
El derrumbe sólo ha sido atenuado por los resultados del Interior, donde pudieron volcar padrones por ausencia de fiscales. De este modo, con datos provisorios, la Celeste obtuvo a nivel provincial el 35% de los votos, contra el 30% para la lista 7, el 15 % para nuestra lista 3 y el 13% para la 1 (Amet-Ademe-Uda).
Sin embargo, el dato más importante se dio en la votación de la oposición. La lista 7 Pluricolor (encabezada por ex-celestes convertidos al juecismo, e integrada además por la CTA, Libres del Sur, binneristas, e incluso activistas y agrupaciones de izquierda como Izquierda Socialista, MST, PCR y otras), mantuvo proporcionalmente su votación en relación a las elecciones de sindicato realizadas el año pasado, sacando un 40% de los votos. La lista 3, conformada por nuestra Fucsia, la Verde y Encuentro Docente, triplicó su votación ascendiendo al 28%.Los votos que pierde la celeste, se dirigen directamente hacia la 3, la oposición antiburocrática.
La elección cuestiona fuertemente la política de secundar a una fracción de la burocracia para relevar a otra fracción. Sin el apoyo de la izquierda y el centroizquierda, la burocracia ex celeste reconvertida en opositora hubiera sufrido la misma suerte que el resto de las corrientes burocráticas que dirigen todos los gremios docentes de la provincia (Uepc, Sadop, Ademe, Amet, Uda).
La campaña desarrollada por la Fucsia, que defendió la asamblea cómo método de organización y la independencia de los gobiernos patronales, ha sido ampliamente ratificada. Está totalmente planteada la recuperación de Uepc por parte de la izquierda y el activismo, desechando cualquier componenda con elementos burocráticos y corruptos. El desarrollo de un correcto balance entre todos los docentes y una campaña por la afiliación al gremio se imponen como tareas inmediatas.
Estos desafíos se desenvolverán en el campo de intervención más general, que el ajuste capitalista de Cristina y De la Sota presenta para los trabajadores de la educación.
Anabel Allochis (delegada de UEPC y dirigente de la Lista Fucsia)
Córdoba – Automotrices: las suspensiones no se frenan
Asamblea general
Luego de las suspensiones del miércoles 22 en Iveco -la fábrica de camiones de Fiat-, ahora fue Renault quien volvió a suspender su producción -en principio por un día-, el viernes 24. Esta vez el argumento fue la falta de un insumo. En junio, Renault había puesto en marcha un plan de suspensiones para los días viernes, que tenía como fin “regular el stock”, debido a la caída de las ventas en Brasil. En julio se dieron suspensiones con el argumento de una huelga aduanera en el país vecino.
Sea por problemas de insumos, por dificultades aduaneras -vía Moreno o en Brasil-, por “regulación de stock, las suspensiones no cesan.
Las razones son profundas. “En los primeros siete meses del año, Renault Argentina fabricó un 4% menos de unidades que en el mismo período del año pasado. En lo que va del año, el retroceso de toda la industria automotriz es del 12,4%. A esto se agregan las presiones de las terminales para que se produzca una devaluación en regla.
La burocracia del Smata actúa como vocero de las patronales y sale a explicar cada parate, eximiéndose de intervenir activamente en la crisis. Su argumento es que los trabajadores cobran el 75% de sus salarios los días de suspensión. Pero a la merma directa del salario, hay que agregarle los despidos encubiertos por contratos no renovados, la situación de las tercerizadas -que no están bajo convenio del Smata- y el hecho de que este año la “paritaria” significó la prórroga de un acuerdo que el hiperkirchnerista Pignanelli del Smata nacional firmó el año pasado con un 6% trimestral; o sea que no hubo paritaria.
La única salida es la intervención de los trabajadores con un programa propio que parta de la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario hasta un plan de reconversión de la industria bajo control obrero.
Para enfrentar esta situación reclamamos la asamblea general de todos los metalmecánicos de Córdoba.
Eduardo Salas
Luego de las suspensiones del miércoles 22 en Iveco -la fábrica de camiones de Fiat-, ahora fue Renault quien volvió a suspender su producción -en principio por un día-, el viernes 24. Esta vez el argumento fue la falta de un insumo. En junio, Renault había puesto en marcha un plan de suspensiones para los días viernes, que tenía como fin “regular el stock”, debido a la caída de las ventas en Brasil. En julio se dieron suspensiones con el argumento de una huelga aduanera en el país vecino.
Sea por problemas de insumos, por dificultades aduaneras -vía Moreno o en Brasil-, por “regulación de stock, las suspensiones no cesan.
Las razones son profundas. “En los primeros siete meses del año, Renault Argentina fabricó un 4% menos de unidades que en el mismo período del año pasado. En lo que va del año, el retroceso de toda la industria automotriz es del 12,4%. A esto se agregan las presiones de las terminales para que se produzca una devaluación en regla.
La burocracia del Smata actúa como vocero de las patronales y sale a explicar cada parate, eximiéndose de intervenir activamente en la crisis. Su argumento es que los trabajadores cobran el 75% de sus salarios los días de suspensión. Pero a la merma directa del salario, hay que agregarle los despidos encubiertos por contratos no renovados, la situación de las tercerizadas -que no están bajo convenio del Smata- y el hecho de que este año la “paritaria” significó la prórroga de un acuerdo que el hiperkirchnerista Pignanelli del Smata nacional firmó el año pasado con un 6% trimestral; o sea que no hubo paritaria.
La única salida es la intervención de los trabajadores con un programa propio que parta de la prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario hasta un plan de reconversión de la industria bajo control obrero.
Para enfrentar esta situación reclamamos la asamblea general de todos los metalmecánicos de Córdoba.
Eduardo Salas
Juicio a fumigadores de barrio Ituzaingó
Bajo una gran expectativa, un tribunal provincial dictó sentencia en el juicio contra dos productores agrarios y el dueño de una empresa de fumigaciones, por haber esparcido agrotóxicos en el barrio Ituzaingó. El fenomenal crecimiento en el país y en Latinoamérica del número de enfermos de cáncer, de abortos espontáneos y de nacimientos con malformaciones como resultado de la exposición a agrotóxicos, debido a la brutal expansión del cultivo de la soja, explica el interés despertado.
Dos acusados fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a cumplir cuatro años de trabajos comunitarios; el tercero fue absuelto.
La decisión de los jueces de que ningún sojero fuera preso no podía ser más oportuna. En el banquillo de los acusados estaba el eslabón más débil de la red de contaminadores ya que la principal responsabilidad la tienen los pooles sojeros y los fabricantes de semillas, fertilizantes y agroquímicos. La punta del ovillo está en la bolsa de Nueva York. Fue en esa ciudad que Cristina -que durante la crisis con el campo en 2008 había convertido el caso Ituzaingó en un emblema- anunció con bombos y platillos el próximo desembarco de Monsanto (creador del glifosato y el principal productor de semillas, de agrotóxicos y de fertilizantes) en Córdoba, para instalar tres plantas: una en el conurbano de la ciudad de Córdoba y otras dos en Río Cuarto, profundizando su dominio sobre la producción agrícola en la Argentina. De la Sota en Córdoba coincidió ampliamente con su archienemiga.
¡Fuera Monsanto!
La resistencia a la instalación de Monsanto en Córdoba es muy fuerte. El pasado 19 de julio hubo una gran movilización con más de 5.000 personas por las calles de Córdoba en contra de Monsanto y en apoyo a las Madres de Ituzaingó (organización de mujeres del barrio que desde hace más de 10 años luchan contra la contaminación); a su vez en la zona donde se instalaría la empresa (Malvinas Argentinas) hay asambleas y acciones de vecinos.
Mientras organizaciones (y funcionarios) ligados al kirchnerismo o al FAP se declaraban satisfechos, las Madres rechazaron el fallo y llamaron a continuar la lucha y organizarse “reclamando por el derecho a la vida y a la salud de las personas, exigiendo la no instalación de Monsanto en Córdoba, ni en Argentina, ni en América latina”.
E.B.
Dos acusados fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a cumplir cuatro años de trabajos comunitarios; el tercero fue absuelto.
La decisión de los jueces de que ningún sojero fuera preso no podía ser más oportuna. En el banquillo de los acusados estaba el eslabón más débil de la red de contaminadores ya que la principal responsabilidad la tienen los pooles sojeros y los fabricantes de semillas, fertilizantes y agroquímicos. La punta del ovillo está en la bolsa de Nueva York. Fue en esa ciudad que Cristina -que durante la crisis con el campo en 2008 había convertido el caso Ituzaingó en un emblema- anunció con bombos y platillos el próximo desembarco de Monsanto (creador del glifosato y el principal productor de semillas, de agrotóxicos y de fertilizantes) en Córdoba, para instalar tres plantas: una en el conurbano de la ciudad de Córdoba y otras dos en Río Cuarto, profundizando su dominio sobre la producción agrícola en la Argentina. De la Sota en Córdoba coincidió ampliamente con su archienemiga.
¡Fuera Monsanto!
La resistencia a la instalación de Monsanto en Córdoba es muy fuerte. El pasado 19 de julio hubo una gran movilización con más de 5.000 personas por las calles de Córdoba en contra de Monsanto y en apoyo a las Madres de Ituzaingó (organización de mujeres del barrio que desde hace más de 10 años luchan contra la contaminación); a su vez en la zona donde se instalaría la empresa (Malvinas Argentinas) hay asambleas y acciones de vecinos.
Mientras organizaciones (y funcionarios) ligados al kirchnerismo o al FAP se declaraban satisfechos, las Madres rechazaron el fallo y llamaron a continuar la lucha y organizarse “reclamando por el derecho a la vida y a la salud de las personas, exigiendo la no instalación de Monsanto en Córdoba, ni en Argentina, ni en América latina”.
E.B.
Córdoba: se realizó el plenario clasista de estatales
El 25 de agosto en Córdoba tuvo lugar el plenario de estatales convocado por el Partido Obrero. Con la presencia de delegados y activistas de UEPC, Sadop, SEP, Salud, Suoem y Luz y Fuerza, el plenario deliberó en momentos de plena intervención de los estatales cordobeses contra el ajuste de De la Sota-K y por la derogación de la ley previsional que ataca a jubilados y activos. En el informe central, Eduardo Salas caracterizó el operativo político de los gobiernos de De la Sota y de Cristina Kirchner por dividir a los trabajadores y por entramparlos detrás de cualquiera de sus variantes ajustadoras. Las burocracias sindicales acompañan de lleno estas maniobras. En ese sentido, quedó planteada como tarea central la lucha por la independencia política de los trabajadores y de los sindicatos y, por lo tanto, la importancia de reforzar los agrupamientos clasistas estatales y de constituirlos allí donde no existan. Luego de un extendido debate se plantearon las siguientes resoluciones:
1. Campaña por el plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales que, con mandato, resuelva un plan de lucha unificado y un programa de intervención independiente.
2. Campaña por la reapertura de las paritarias, salario mínimo igual a la canasta familiar. Eliminación del impuesto al salario y del tope en las asignaciones familiares.
3. Campaña por Justicia por Mariano Ferreyra en todos los sindicatos. Se puso como objetivo que los sindicatos estatales convoquen a la movilización cuando se cumpla el segundo aniversario de este crimen contra la clase obrera, el 20 de octubre, para que en las calles redoblemos la lucha por justicia y desbaratemos todas las provocaciones de Pedraza para allanar el camino hacia la impunidad.
4. La presentación de un proyecto de ley a través del bloque del FIT en la Legislatura para terminar con el trabajo precario y tercerizado en el Estado, que sirva como agitación en todas las reparticiones y que contribuya en la organización de la lucha contra el trabajo en negro y el pase a planta de todos los contratados, monotributistas, etcétera.
5. Conformación de una mesa con dirigentes de Tribuna Docente-Lista Fucsia, 29 de Mayo-Suoem, La Violeta-SEP y Tribuna de Salud, que integre a los delegados y activistas de otros gremios, y cuya función sea coordinar el trabajo al interior de los sindicatos, reforzar las agrupaciones ya existentes y colaborar para la puesta en pie de agrupaciones clasistas en los sindicatos en los que aún no existen.
6. Implementación de cursos de formación política y sindical, dirigidos a la nueva camada de activistas que queremos incorporar a las filas del Partido Obrero.
Anabel Allochis
1. Campaña por el plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales que, con mandato, resuelva un plan de lucha unificado y un programa de intervención independiente.
2. Campaña por la reapertura de las paritarias, salario mínimo igual a la canasta familiar. Eliminación del impuesto al salario y del tope en las asignaciones familiares.
3. Campaña por Justicia por Mariano Ferreyra en todos los sindicatos. Se puso como objetivo que los sindicatos estatales convoquen a la movilización cuando se cumpla el segundo aniversario de este crimen contra la clase obrera, el 20 de octubre, para que en las calles redoblemos la lucha por justicia y desbaratemos todas las provocaciones de Pedraza para allanar el camino hacia la impunidad.
4. La presentación de un proyecto de ley a través del bloque del FIT en la Legislatura para terminar con el trabajo precario y tercerizado en el Estado, que sirva como agitación en todas las reparticiones y que contribuya en la organización de la lucha contra el trabajo en negro y el pase a planta de todos los contratados, monotributistas, etcétera.
5. Conformación de una mesa con dirigentes de Tribuna Docente-Lista Fucsia, 29 de Mayo-Suoem, La Violeta-SEP y Tribuna de Salud, que integre a los delegados y activistas de otros gremios, y cuya función sea coordinar el trabajo al interior de los sindicatos, reforzar las agrupaciones ya existentes y colaborar para la puesta en pie de agrupaciones clasistas en los sindicatos en los que aún no existen.
6. Implementación de cursos de formación política y sindical, dirigidos a la nueva camada de activistas que queremos incorporar a las filas del Partido Obrero.
Anabel Allochis
La reelección, operativo distraccionista
1994-2012
Los partidarios de la reforma constitucional plantean que las modificaciones del último período entran en contradicción con la matriz neoliberal de la actual Constitución, hija del pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín. Pasan por alto el apoyo activo de los K al adefesio neoliberal. Ahora, los que votaron la reforma de 1994 (Garré, Abal Medina, Pino Solanas) serían los llamados a darle “cristina” sepultura -aunque no está previsto separar a la Iglesia del Estado.
¿Qué medidas de estos nueve años justificarían una reforma constitucional? No es, claro, el 82% móvil, que la presidenta vetó y considera inviable. La “Argentina kirchnerista” paga 1.800 pesos al 80% de los jubilados. Tampoco un salario mínimo igual a la canasta familiar. ¿La “asignación universal por hijo”?, la pagan los jubilados, no los banqueros. En lo que concierne a la defensa del medio ambiente, el gobierno es un defensor acérrimo de la megaminería y la soja contaminante. Otro tanto ocurre con planteos que versean sobre la responsabilidad del Estado en los servicios públicos, pues han sido el sambenito para otorgar subsidios millonarios a las empresas privatizadas, produciendo una quiebra fiscal del Estado.Los defensores de la reforma plantean anular la propiedad de las provincias sobre el subsuelo, que fuera impulsada por el repsoliano Néstor Kirchner. Pero la propiedad del subsuelo en manos del Estado nacional no es un antídoto contra el entreguismo. Ahora mismo, el Estado nacional está buscando de manera denodada alianzas con los grandes monopolios petroleros internacionales.
Gobierno por decreto
La reforma de 1994 le dio carácter constitucional a los “decretos de necesidad y urgencia” y al veto parcial de las leyes por parte del Poder Ejecutivo. En la misma línea autorizó al poder Legislativo a delegar amplísimas funciones en el Poder Ejecutivo. No será este ‘unicato’ lo que querrá superar Carta Abierta.
El juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, plantea que es necesario pasar a un régimen parlamentario, pero existe una fundada sospecha de que se trata un Plan B, para el caso de que no prospere la re-re. El kirchnerismo funciona como un gobierno por decreto y como si el país estuviera en ‘estado de excepción’. Carta Abierta critica el “bonapartismo mediático”, pero no se entiende si quiere decir que Clarín es el árbitro de la política nacional, o si el bonapartismo de CFK es un invento de la Corpo.
Sin Scioli, no
La reforma constitucional solamente podría concretarse si la apoya la derecha del oficialismo. Por eso CFK ordenó parar por el momento la ofensiva contra Daniel Scioli. La izquierda K oculta la participación necesaria de la derecha. Claro que, en el medio, está el choque inminente con Clarín, que podría desbaratar la tregua. Para Clarín, la re-re es un regalo del cielo, porque podrá presentar los ataques que reciba como parte de una campaña autoritaria y continuista. Van der Kooy escribió, el último domingo, que la oposición a la re-re es ideal para unir a la oposición. Clarín piensa en sí mismo.
La re-re es una maniobra distraccionista para sacar de la agenda del país el derrumbe del ‘modelo’ y las cuestiones sociales y reivindicativas.
La oposición
El gobierno buscará explotar hasta el final las contradicciones de la oposición; una parte de ella ha votado la mayor parte sus medidas de emergencia (UCR, FAP, Proyecto Sur, peronistas sueltos). La sola promesa de una reversión de la propiedad del subsuelo de las provincias a la Nación alcanzaria para que Pino Solanas y sus diputados se sumen a la onda re-re. Por derecha, el gobierno ya ha sumado al diputado salteño Olmedo, un sojero denunciado por trabajo esclavo en sus fincas. Los radicales temen que tres de sus senadores sean la llave para que el kirchnerismo logre los dos tercios. A Macri lo corren con el juicio oral por las escuchas del espía Ciro James.
Desarrollar una alternativa
El gobierno responde con medidas de ‘emergencia’ a las tendencias a la disgregación creadas por la bancarrota capitalista y el agotamiento del “modelo productivo”. El parate industrial, la inflación creciente, la caída del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones y el deterioro de los servicios públicos golpean duramente sobre las masas. El salvataje de los grupos capitalistas en quiebra procede mediante tarifazos y devaluaciones (petróleo y electricidad).
La re-re es un artificio distraccionista. En oposición a esta campaña planteamos la abolición del impuesto al salario, la recuperación del salario familiar, la nacionalización de las empresas de servicios privatizadas, sin compensación; un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 82% móvil. El desarrollo de la izquierda revolucionaria no puede proceder de un enfrentamiento discursivo sino de una campaña por un plan de lucha. Mirémonos en el espejo de los K de Brasil, que enfrentan luchas extraordinarias de trabajadores estatales, en las vísperas de la campaña por paritarias de todo el proletariado industrial.
Gabriel Solano
“Dirigismo” contra la clase obrera
Consejo del salario
La consideración de que el salario mínimo es un punto de referencia en el trabajo en negro es relativa; especialmente, cuando hay recesión económica (como ahora) lo que le quita fuerza al colectivo obrero en el mercado laboral.
Por sobre todas las cosas, la convocatoria al Consejo -con la burocracia sindical en su seno- apunta a avalar una política. Allí no se discute la jubilación, lo que pondría de manifiesto el saqueo de la Anses, la aniquilación del 82% y el desconocimiento de los juicios ganados. Pero la jubilación es un salario diferido, para el cual aportamos toda la vida.
Lo que sí estaba en el temario es el Fondo de Desempleo, subsidio al desocupado también instaurado en la época menemista, cuyo techo ha sido congelado por Cristina Kirchner en 400 pesos. Se cobra por un año sólo si el despido es en blanco y sin causa, y su monto es descendente, primero al 85% y luego al 70%. La escala y el monto violan las normas de la OIT y las de la propia ley que lo estableció, porque no debería bajar del 45% del último salario cobrado por el trabajador despedido. Basta conocer que el salario en blanco promedio es de 6.000 pesos para apreciar el desfasaje. Sin embargo, la cuenta de la Anses que financia este fondo es superavitaria.
El “dirigismo” de Cristina interviene en los salarios, pero en contra los trabajadores. Otros temas vitales que hoy afectan el salario -como el impuesto a las Ganancias o la destrucción de las asignaciones familiares- estuvieron afuera del temario. Esto, cuando en el horizonte inmediato del bolsillo obrero están los aumentos de tarifas y el recrudecimiento de la carestía. Un reciente estudio de la Universidad Di Tella arrojó una expectativa inflacionaria cercana al 40%. Recién en febrero, el mínimo trepará a 2.875 pesos.
El papel de los sindicatos en el Consejo del Salario es vergonzoso: participan para convalidar la violación del valor de la fuerza de trabajo. Esta situación viene desde los tiempos de Moyano -y aún cuando la CTA estaba unida.
El sindicalismo argentino se apartó hace rato de la lucha por un mínimo equivalente a la canasta familiar. Su centroizquierda se adscribió a la política del ingreso ciudadano, para establecer una “malla de contención a la pobreza”. Esa línea, inspirada en el Banco Mundial fue tomada, en los 90, por el Frente Nacional contra la Pobreza que idearon De Gennaro y Carrió. La burocracia sindical peronista fue directamente el instrumento de regimentación contra las luchas obreras que, desde la huelga general contra el “Rodrigazo” de 1975, pugnan por detener una caída más o menos imparable del salario real.
Por ello, este martes 28 nos hemos movilizado al Ministerio a denunciar el consejo “antisalarial” y a reclamar un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% en la jubilación.
Final previsible. El Consejo del Salario de Cristina con los Biolcatti, Mendiguren y Gerardo Martínez aprobó por unanimidad un 16% de aumento, lo que eleva el mínimo a 2.670 pesos. El nuevo mínimo se ubica 1.000 pesos por debajo de la línea de pobreza -que el instituto estadístico de Mendoza fijó en 3.871 pesos. El seguro al desocupado no se discutió. La nueva coalición del gobierno con los gordos de la CGT-Balcarce y Yasky tuvo su debut.
El kirchnerismo se ha ingeniado para que el Consejo del Salario no sirva a ninguna de sus funciones -de por sí, limitadas-, que son las de establecer un mínimo vital y móvil, y el seguro al desocupado. Tampoco ha cambiado su composición -diseñada durante los 90- con mayoría patronal-estatal, puesto que el gobierno se guarda la capacidad de laudar si no hay dos tercios de acuerdo.
El Consejo es convocado, sistemáticamente, luego de la ronda de paritarias. Precisamente lo contrario de lo que debería ser, dado que fijar un mínimo, vital y equivalente a una canasta familiar, debería ser un acto anterior a las paritarias, las que se discutirían a partir de una línea trazada por su costo.
Ese costo tendría que ser resultado no de los acuerdos o afinidades con ciertos sindicalistas, sino de las estadísticas que el Indec no produce más y que deberían estar bajo control de las organizaciones obreras, cosa que tampoco ocurre. Justamente, la crisis con la meneada candidatura de Caló a la nueva CGT-Balcarce tuvo como desencadenante un estudio de la UOM, que arrojó la cifra de 6.200 pesos para la “canasta básica de subsistencia”.
Hoy cobran el salario mínimo unas 113.000 personas. Los convenios superan el mínimo largamente, aunque estén lejos de la verdadera canasta familiar -la que tampoco es la de “subsistencia”. Están excluidos los numerosos obreros rurales y las empleadas domésticas. También, desde luego, los trabajadores en negro, que son el 35% de la fuerza laboral. En total, casi 7 millones de trabajadores -sobre una fuerza total de más de 16 millones- están afuera, antes de la discusión.
El kirchnerismo se ha ingeniado para que el Consejo del Salario no sirva a ninguna de sus funciones -de por sí, limitadas-, que son las de establecer un mínimo vital y móvil, y el seguro al desocupado. Tampoco ha cambiado su composición -diseñada durante los 90- con mayoría patronal-estatal, puesto que el gobierno se guarda la capacidad de laudar si no hay dos tercios de acuerdo.
El Consejo es convocado, sistemáticamente, luego de la ronda de paritarias. Precisamente lo contrario de lo que debería ser, dado que fijar un mínimo, vital y equivalente a una canasta familiar, debería ser un acto anterior a las paritarias, las que se discutirían a partir de una línea trazada por su costo.
Ese costo tendría que ser resultado no de los acuerdos o afinidades con ciertos sindicalistas, sino de las estadísticas que el Indec no produce más y que deberían estar bajo control de las organizaciones obreras, cosa que tampoco ocurre. Justamente, la crisis con la meneada candidatura de Caló a la nueva CGT-Balcarce tuvo como desencadenante un estudio de la UOM, que arrojó la cifra de 6.200 pesos para la “canasta básica de subsistencia”.
Hoy cobran el salario mínimo unas 113.000 personas. Los convenios superan el mínimo largamente, aunque estén lejos de la verdadera canasta familiar -la que tampoco es la de “subsistencia”. Están excluidos los numerosos obreros rurales y las empleadas domésticas. También, desde luego, los trabajadores en negro, que son el 35% de la fuerza laboral. En total, casi 7 millones de trabajadores -sobre una fuerza total de más de 16 millones- están afuera, antes de la discusión.
La consideración de que el salario mínimo es un punto de referencia en el trabajo en negro es relativa; especialmente, cuando hay recesión económica (como ahora) lo que le quita fuerza al colectivo obrero en el mercado laboral.
Por sobre todas las cosas, la convocatoria al Consejo -con la burocracia sindical en su seno- apunta a avalar una política. Allí no se discute la jubilación, lo que pondría de manifiesto el saqueo de la Anses, la aniquilación del 82% y el desconocimiento de los juicios ganados. Pero la jubilación es un salario diferido, para el cual aportamos toda la vida.
Lo que sí estaba en el temario es el Fondo de Desempleo, subsidio al desocupado también instaurado en la época menemista, cuyo techo ha sido congelado por Cristina Kirchner en 400 pesos. Se cobra por un año sólo si el despido es en blanco y sin causa, y su monto es descendente, primero al 85% y luego al 70%. La escala y el monto violan las normas de la OIT y las de la propia ley que lo estableció, porque no debería bajar del 45% del último salario cobrado por el trabajador despedido. Basta conocer que el salario en blanco promedio es de 6.000 pesos para apreciar el desfasaje. Sin embargo, la cuenta de la Anses que financia este fondo es superavitaria.
El “dirigismo” de Cristina interviene en los salarios, pero en contra los trabajadores. Otros temas vitales que hoy afectan el salario -como el impuesto a las Ganancias o la destrucción de las asignaciones familiares- estuvieron afuera del temario. Esto, cuando en el horizonte inmediato del bolsillo obrero están los aumentos de tarifas y el recrudecimiento de la carestía. Un reciente estudio de la Universidad Di Tella arrojó una expectativa inflacionaria cercana al 40%. Recién en febrero, el mínimo trepará a 2.875 pesos.
El papel de los sindicatos en el Consejo del Salario es vergonzoso: participan para convalidar la violación del valor de la fuerza de trabajo. Esta situación viene desde los tiempos de Moyano -y aún cuando la CTA estaba unida.
El sindicalismo argentino se apartó hace rato de la lucha por un mínimo equivalente a la canasta familiar. Su centroizquierda se adscribió a la política del ingreso ciudadano, para establecer una “malla de contención a la pobreza”. Esa línea, inspirada en el Banco Mundial fue tomada, en los 90, por el Frente Nacional contra la Pobreza que idearon De Gennaro y Carrió. La burocracia sindical peronista fue directamente el instrumento de regimentación contra las luchas obreras que, desde la huelga general contra el “Rodrigazo” de 1975, pugnan por detener una caída más o menos imparable del salario real.
Por ello, este martes 28 nos hemos movilizado al Ministerio a denunciar el consejo “antisalarial” y a reclamar un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% en la jubilación.
Néstor Pitrola
Monsanto: los K tienen un nuevo aliado
Pero esta inscripción es sólo una parte de la historia. Lo más importante es que el Ministro de Agricultura acaba de anunciar un régimen de reconocimiento integral del pago de regalías o derechos por las patentes de sus inventos y la próxima modificación de la Ley de Semillas.
Hasta ahora, sólo el 25% del uso de semillas de soja es “certificada” -o sea, de origen reconocido. El resto de las semillas proviene de aquellas que los propios productores guardan después de la cosecha y que, por lo tanto, no pagan regalías (bolsa blanca). Por este motivo, Monsanto amenazó con retirarse del mercado argentino en 2004 y realizó diferentes reclamos al gobierno y a las entidades agrarias. Monsanto condicionaba, asimismo, el ingreso de nuevas variedades al cobro de regalías, lo que llevó a que el gobierno iniciara un juicio contra la multinacional. El giro de 180 grados del gobierno “nacional y popular” llevó al editorialista agropecuario de Clarín, un vocero incuestionable de los intereses sojeros y de la ‘corpo’, a decir que “la foto del Ministro de Agricultura con el presidente y con el vicepresidente de la multinacional es muy fuerte” (25/8).
Monsanto los cría
Monsanto acaba de asegurarse el cobro integral de regalías para su nueva variedad. Pero, adicionalmente, el gobierno asumió el compromiso de modificar la Ley de Semillas para limitar el “uso propio” de la semilla y para evitar “que la soja transgénica sea multiplicada y vendida en canales informales” (Clarín, 22/8). Un directivo de Monsanto se animó a decir que “trabajamos con un gobierno abierto al diálogo” (ídem). Según el gobierno, la medida exceptuará a los pequeños productores, pero éstos representan una parte ínfima del cultivo de soja.
Otra medida tomada por Monsanto para asegurarse el pago de las regalías es el inicio de una campaña de “acuerdos individuales” con productores, que el gobierno no ha objetado. Estos deben pagar la regalía al comprar semilla certificada o someter su producción a una prueba de detección de los genes modificados, cuando procedan a la venta. Si el resultado es positivo, el acopiador de granos cobrará a cuenta del semillero las regalías pendientes, a un costo mayor. Ya se firmaron acuerdos con 8.500 empresarios en el norte del país (aproximadamente el 60% del área sojera).
El negocio de la semilla de soja en el país rondó los 300 millones de dólares, con sólo un 40% del mercado que paga la semilla y las regalías. Si ese mercado se extiende aproximadamente al 100%, la cifra trepa a más de 750 millones de dólares. Aquí no sólo se beneficiará Monsanto, sino también el resto de las empresas que participan del negocio semillero. El acuerdo convierte a la economía sojera en una dependencia del capital internacional, que produce semillas modificadas, y de la industria química en general. La agricultura capitalista ingresa en un círculo vicioso entre la aplicación de herbicidas y el uso de semillas resistentes a esos herbicidas.
Se construye de ese modo, a nivel mundial, un monopolio de la oferta de alimentos por parte de algunos países y de algunas compañías, que agrava el hambre en las naciones demandantes, como consecuencia de la carestía. A esto se agrega el desvío de la producción de materias primas alimenticias para producir biocombustibles. La verdadera fuerza propulsora de la industria de la ingeniería genética no es hacer a la agricultura más productiva ni acabar con el hambre, sino -simplemente- generar ganancias. El gobierno nacionalista de los K tiene excepciones de lujo: Barrick en la minería y Monsanto en la agricultura.
Raúl Stevani
Ciccone en el fútbol
De la bandera “liberiana” a la “AFA para todos”
En la marina mercante, se conoce con el nombre de “pabellones de conveniencia” a aquellas naciones que “prestan” su bandera para la realización de operaciones marítimas que buscan eludir los controles de impuestos. Por este oscuro procedimiento, pululan por los puertos del mundo barcos de “bandera liberiana”. Liberia es una pequeña república que, además, es un enorme paraíso fiscal.
Hace ya muchos años que los “contratos de conveniencia” existen en el fútbol mundial. El abanderado de la “bandera liberiana” del fútbol fue un club suizo de la segunda división llamado Locarno FC, donde se realizaron las operaciones millonarias de grandes jugadores -incluso de argentinos como Higuaín, Belluschi y el “Piojo” López. Detrás del Locarno, no sólo se descubrió la existencia de evasiones fiscales, sino de la actuación de grupos inversores y de lavado de dinero. Una denuncia en la Fifa terminó con las operaciones fraudulentas que se realizaban en ese club.
Entonces, los negocios oscuros del fútbol han tomado otros rumbos. Hoy, las triangulaciones en Europa se han ido desplazando al fútbol ruso, dominado por verdaderas mafias con magnates en el mundo futbolístico. Un tiempo después de estas denuncias, las operaciones de triangulación se comenzaron a hacer en Argentina con clubes de la “Suiza” de América (clubes de la segunda división del fútbol uruguayo -como Progreso y Sud América- y de primera -como Fénix). También algunos clubes chilenos prestaron su “bandera” para la compra y venta de decenas de jugadores argentinos por una “módica” comisión, nunca especificada. La llamada triangulación no es sólo evasión fiscal; es también -en la mayoría de los casos- una estafa, pues van prendidos en la venta -que siempre figura menor a la real- los representantes de los jugadores, las autoridades de los clubes comprador y vendedor, y las del llamado “triangulador”. En la mayoría de los casos, con desconocimiento de los propios jugadores comprados o vendidos. Todo esto se ha hecho durante todos estos años con la abierta complicidad de Grondona.
Los “sabuesos” políticos
En un país en el que hasta el vicepresidente de la nación está “flojo de papeles”, la ofensiva de la Afip sobre los clubes tiene un propósito político. A la cabeza de la denuncia contra Grondona y contra la mesa directiva de la AFA se ha colocado, otra vez, Daniel Vila, presidente de un club mendocino y mandamás del grupo Vila-Manzano (el mismo que espera favorecerse con un posible desguace del grupo Clarín). La ofensiva de la Afip puede terminar en la Justicia y desplazar al “eterno” Grondona de la jefatura de la AFA, quien está abiertamente salpicado por estas transacciones. Grondona, hasta ahora socio del gobierno, terminaría como Ezkenazi, Brito y otros capitalistas amigos. Al igual que los ferrocarriles o el petróleo, el fútbol de la era K ha terminado en una crisis completa, con clubes fundidos y copados por bandas de lavadores de dinero o barrabravas. Todo esto ocurrió bajo un gobierno que viene controlando totalmente los ingresos y, fundamentalmente, los siderales “egresos” del fútbol argentino.
El fin de las triangulaciones redondearía una estatización que, como la de Ciccone, apuntará a rescatar económica y -penalmente- a los vaciadores del fútbol argentino.
Juan Ferro
Hace ya muchos años que los “contratos de conveniencia” existen en el fútbol mundial. El abanderado de la “bandera liberiana” del fútbol fue un club suizo de la segunda división llamado Locarno FC, donde se realizaron las operaciones millonarias de grandes jugadores -incluso de argentinos como Higuaín, Belluschi y el “Piojo” López. Detrás del Locarno, no sólo se descubrió la existencia de evasiones fiscales, sino de la actuación de grupos inversores y de lavado de dinero. Una denuncia en la Fifa terminó con las operaciones fraudulentas que se realizaban en ese club.
Entonces, los negocios oscuros del fútbol han tomado otros rumbos. Hoy, las triangulaciones en Europa se han ido desplazando al fútbol ruso, dominado por verdaderas mafias con magnates en el mundo futbolístico. Un tiempo después de estas denuncias, las operaciones de triangulación se comenzaron a hacer en Argentina con clubes de la “Suiza” de América (clubes de la segunda división del fútbol uruguayo -como Progreso y Sud América- y de primera -como Fénix). También algunos clubes chilenos prestaron su “bandera” para la compra y venta de decenas de jugadores argentinos por una “módica” comisión, nunca especificada. La llamada triangulación no es sólo evasión fiscal; es también -en la mayoría de los casos- una estafa, pues van prendidos en la venta -que siempre figura menor a la real- los representantes de los jugadores, las autoridades de los clubes comprador y vendedor, y las del llamado “triangulador”. En la mayoría de los casos, con desconocimiento de los propios jugadores comprados o vendidos. Todo esto se ha hecho durante todos estos años con la abierta complicidad de Grondona.
Los “sabuesos” políticos
En un país en el que hasta el vicepresidente de la nación está “flojo de papeles”, la ofensiva de la Afip sobre los clubes tiene un propósito político. A la cabeza de la denuncia contra Grondona y contra la mesa directiva de la AFA se ha colocado, otra vez, Daniel Vila, presidente de un club mendocino y mandamás del grupo Vila-Manzano (el mismo que espera favorecerse con un posible desguace del grupo Clarín). La ofensiva de la Afip puede terminar en la Justicia y desplazar al “eterno” Grondona de la jefatura de la AFA, quien está abiertamente salpicado por estas transacciones. Grondona, hasta ahora socio del gobierno, terminaría como Ezkenazi, Brito y otros capitalistas amigos. Al igual que los ferrocarriles o el petróleo, el fútbol de la era K ha terminado en una crisis completa, con clubes fundidos y copados por bandas de lavadores de dinero o barrabravas. Todo esto ocurrió bajo un gobierno que viene controlando totalmente los ingresos y, fundamentalmente, los siderales “egresos” del fútbol argentino.
El fin de las triangulaciones redondearía una estatización que, como la de Ciccone, apuntará a rescatar económica y -penalmente- a los vaciadores del fútbol argentino.
Juan Ferro
29 de agosto de 2012
Transporte Público en Córdoba capital: Concentración en repudio al nuevo marco regulatorio
Jueves 30 de agosto - 10 Hs. - Concejo Deliberante
Mañana jueves 30 de agosto, a las 10 hs., el Partido Obrero se concentra frente al Concejo Deliberante para repudiar la aprobación del nuevo Marco Regulatorio del Transporte.
Lejos de lo que pretenden hacernos creer, este instrumento no mejorará absolutamente nada del ya pésimo servicio de transporte que tenemos los cordobeses. Por el contrario, establece las bases para montar un negocio de envergadura para los parásitos empresarios del transporte, en contra de las condiciones de transporte de los vecinos y de los derechos laborales de los trabajadores.
Mestre y sus funcionarios insisten en que garantizarán “el carácter esencial del servicio de transporte”, el cual dicen no se podría suspender por huelgas de la UTA. Una impostura. En el año 2012, las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba provocaron dos huelgas de los trabajadores. En abril, las empresas se negaron a pagar el acuerdo salarial que ellas mismas habían firmado; el conflicto se destrabó cuando la Municipalidad dispuso un subsidio de 19 millones de pesos en favor de las empresas. El paro de agosto se debió a la persecución laboral y sindical que Ciudad de Córdoba ha impuesto sobre sus trabajadores, hostigándolos con suspensiones y despidos.
En ninguno de los conflictos el gobierno procedió en aras de garantizar el servicio, tal cual indica la ordenanza que regula la concesión, la que dispone la facultad de la Municipalidad de incautar las unidades y disponer la caducidad de la concesión cuando el concesionario deja de prestar el servicio durante dos días consecutivos o seis días alternados durante el año.
La declaración de servicio esencial del trasporte no resguarda el interés del usuario, sino que va en su perjuicio. Se establece para debilitar el poder de resistencia de los trabajadores que son los únicos que han denunciado el vaciamiento del transporte.
Para comunicarse:
Manuel D'Alessandro - 3515078317
Mañana jueves 30 de agosto, a las 10 hs., el Partido Obrero se concentra frente al Concejo Deliberante para repudiar la aprobación del nuevo Marco Regulatorio del Transporte.
Lejos de lo que pretenden hacernos creer, este instrumento no mejorará absolutamente nada del ya pésimo servicio de transporte que tenemos los cordobeses. Por el contrario, establece las bases para montar un negocio de envergadura para los parásitos empresarios del transporte, en contra de las condiciones de transporte de los vecinos y de los derechos laborales de los trabajadores.
Mestre y sus funcionarios insisten en que garantizarán “el carácter esencial del servicio de transporte”, el cual dicen no se podría suspender por huelgas de la UTA. Una impostura. En el año 2012, las empresas Coniferal y Ciudad de Córdoba provocaron dos huelgas de los trabajadores. En abril, las empresas se negaron a pagar el acuerdo salarial que ellas mismas habían firmado; el conflicto se destrabó cuando la Municipalidad dispuso un subsidio de 19 millones de pesos en favor de las empresas. El paro de agosto se debió a la persecución laboral y sindical que Ciudad de Córdoba ha impuesto sobre sus trabajadores, hostigándolos con suspensiones y despidos.
En ninguno de los conflictos el gobierno procedió en aras de garantizar el servicio, tal cual indica la ordenanza que regula la concesión, la que dispone la facultad de la Municipalidad de incautar las unidades y disponer la caducidad de la concesión cuando el concesionario deja de prestar el servicio durante dos días consecutivos o seis días alternados durante el año.
La declaración de servicio esencial del trasporte no resguarda el interés del usuario, sino que va en su perjuicio. Se establece para debilitar el poder de resistencia de los trabajadores que son los únicos que han denunciado el vaciamiento del transporte.
Para comunicarse:
Manuel D'Alessandro - 3515078317
27 de agosto de 2012
Carta abierta a las conducciones de los gremios estatales de Córdoba
Los trabajadores de todos los gremios estatales hemos demostrado sin duda nuestra disposición a enfrentar la infame ley 10078 y defender el 82% móvil.
El gobierno provincial pretende descargar sobre los trabajadores el apropiamiento que la Nación hace de los fondos de Córdoba. Pretende, a su vez, ocultar que entre gobiernos radicales y justicialistas desfinanciaron la Caja de Jubilaciones con el trabajo precario, las sumas en negro, las tercerizaciones, después de mantener durante 17 años el manejo discrecional de nuestros fondos a través de la intervención.
El gobierno nacional niega a la provincia los fondos que le corresponden porque han hecho de la ANSeS una gran AFJP: despilfarran los fondos como las AFJP. No se asegura una jubilación acorde con el salario de los últimos años del trabajador sino un mínimo de subsistencia. Las inversiones de la ANSeS son tan ruinosas como las de las AFJP: el 60% está en bonos del Estado, en la misma proporción que cuando estaban en manos de aquellas. Además la ANSeS financia al Tesoro para que pague la deuda externa y sus intereses a favor de los acreedores financieros internacionales. Y el resto son créditos a multinacionales, inversiones en acciones de multinacionales, etc., etc. Al igual que la Caja provincial, la ANSeS se encuentra intervenida.
Bossio y Abal Medina deschavan la “táctica” de los K: obligar a De la Sota a hacer todo el trabajo sucio, que no es otro que una liquidación total del actual régimen provincial de jubilaciones con la llamada “armonización”.
El asalto de De la Sota a la Legislatura da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial. La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público; de la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros, a las patronales negreras de los calls centers y a los pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
De la Sota quiere quebrar la lucha popular, hacernos pagar la crisis a los trabajadores y erigirse en el eje de un agrupamiento capitalista ajustador. Pero Cristina también va al ajuste, aunque trate de disimularlo con la 'sintonía fina' o el dirigismo estatista de Kicillof, que oculta la centralización de una caja que toma todas las cajas -Anses, Banco Central, Banco Nación, Obras Sociales- para mantener los subsidios a privatizadas y el pago en dólares de la deuda externa.
Los delegados y activistas estatales reunidos en el plenario clasista convocado por el Partido Obrero entendemos que cualquier clase de asociación política con los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia abrirá paso a un operativo político para dividir a los trabajadores, quebrar la lucha y asociar a las direcciones sindicales a alguna de las dos variantes ajustadoras. El resultado, sin lugar a dudas, será un golpe a los trabajadores: a sus ingresos, a sus condiciones de vida, a sus derechos. Sostenemos que las direcciones deben romper políticamente tanto con el gobierno nacional como el provincial. La defensa de los derechos e intereses de los trabajadores exige la total independencia política del movimiento obrero respecto de variantes políticas capitalistas.
Ante el ajuste en marcha y la tentativa de descargar la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores, sostenemos que solo el movimiento obrero unificado y en lucha puede desbaratar esos planes; por ello somos partidarios y planteamos a ustedes las conducciones sindicales la inmediata convocatoria a un plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales, que con mandato de base resuelva un plan de lucha unitario y un programa de intervención independiente.
Proponemos como programa las siguientes medidas de defensa de las condiciones de vida de los trabajadores:
1. Abajo el ajuste. Reapertura de las paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
2. Basta de despidos. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
3. No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 y derogación de la 9504 y la 10078. Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente. Por una Anses dirigida por jubilados y trabajadores.
4. No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC y control obrero de la misma.
5. Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos; que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
El gobierno provincial pretende descargar sobre los trabajadores el apropiamiento que la Nación hace de los fondos de Córdoba. Pretende, a su vez, ocultar que entre gobiernos radicales y justicialistas desfinanciaron la Caja de Jubilaciones con el trabajo precario, las sumas en negro, las tercerizaciones, después de mantener durante 17 años el manejo discrecional de nuestros fondos a través de la intervención.
El gobierno nacional niega a la provincia los fondos que le corresponden porque han hecho de la ANSeS una gran AFJP: despilfarran los fondos como las AFJP. No se asegura una jubilación acorde con el salario de los últimos años del trabajador sino un mínimo de subsistencia. Las inversiones de la ANSeS son tan ruinosas como las de las AFJP: el 60% está en bonos del Estado, en la misma proporción que cuando estaban en manos de aquellas. Además la ANSeS financia al Tesoro para que pague la deuda externa y sus intereses a favor de los acreedores financieros internacionales. Y el resto son créditos a multinacionales, inversiones en acciones de multinacionales, etc., etc. Al igual que la Caja provincial, la ANSeS se encuentra intervenida.
Bossio y Abal Medina deschavan la “táctica” de los K: obligar a De la Sota a hacer todo el trabajo sucio, que no es otro que una liquidación total del actual régimen provincial de jubilaciones con la llamada “armonización”.
El asalto de De la Sota a la Legislatura da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial. La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público; de la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros, a las patronales negreras de los calls centers y a los pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
De la Sota quiere quebrar la lucha popular, hacernos pagar la crisis a los trabajadores y erigirse en el eje de un agrupamiento capitalista ajustador. Pero Cristina también va al ajuste, aunque trate de disimularlo con la 'sintonía fina' o el dirigismo estatista de Kicillof, que oculta la centralización de una caja que toma todas las cajas -Anses, Banco Central, Banco Nación, Obras Sociales- para mantener los subsidios a privatizadas y el pago en dólares de la deuda externa.
Los delegados y activistas estatales reunidos en el plenario clasista convocado por el Partido Obrero entendemos que cualquier clase de asociación política con los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia abrirá paso a un operativo político para dividir a los trabajadores, quebrar la lucha y asociar a las direcciones sindicales a alguna de las dos variantes ajustadoras. El resultado, sin lugar a dudas, será un golpe a los trabajadores: a sus ingresos, a sus condiciones de vida, a sus derechos. Sostenemos que las direcciones deben romper políticamente tanto con el gobierno nacional como el provincial. La defensa de los derechos e intereses de los trabajadores exige la total independencia política del movimiento obrero respecto de variantes políticas capitalistas.
Ante el ajuste en marcha y la tentativa de descargar la crisis capitalista sobre la espalda de los trabajadores, sostenemos que solo el movimiento obrero unificado y en lucha puede desbaratar esos planes; por ello somos partidarios y planteamos a ustedes las conducciones sindicales la inmediata convocatoria a un plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales, que con mandato de base resuelva un plan de lucha unitario y un programa de intervención independiente.
Proponemos como programa las siguientes medidas de defensa de las condiciones de vida de los trabajadores:
1. Abajo el ajuste. Reapertura de las paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
2. Basta de despidos. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
3. No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 y derogación de la 9504 y la 10078. Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente. Por una Anses dirigida por jubilados y trabajadores.
4. No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC y control obrero de la misma.
5. Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos; que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
PLENARIO DE TRABAJADORES ESTATALES DEL PARTIDO OBRERO
Resolución de la conferencia de estatales convocada por el Partido Obrero
CARTA ABIERTA A LAS DIRECCIONES DE LOS GREMIOS ESTATALES
(Se presentará hoy a las 16 hs. en la reunión de las conducciones gremiales)
En la tarde de hoy, Anabel Allochis, delegada de Uepc y dirigente de Tribuna Docente-Lista Fucsia, José Barraza, delegado del Sep y dirigente de la agrupación Violeta, y Paulina Castro, delegada de Suoem y dirigente de la agrupación “29 de mayo”, presentarán hoy a la 16 hs. a las conducciones sindicales de los gremios estatales de Córdoba una carta abierta reclamando la convocatoria a un plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales que, con mandato, resuelva un plan de lucha unificado y un programa de intervención independiente.
Esta es una de las resoluciones del plenario de estatales convocado por el Partido Obrero que se realizó el pasado sábado 25 con la presencia de delegados y activistas de Uepc, Sadop, Sep, Salud, Suoem y Luz y Fuerza. El plenario deliberó en momentos de plena intervención de los estatales cordobeses contra el ajuste de De la Sota-K y por la derogación de la ley previsional que ataca a jubilados y activos, y votó entre otras resoluciones una campaña por el plenario de delegados de base de todos los gremios estatales.
En el debate se caracterizó minuciosamente el operativo político del gobierno de De la Sota y del gobierno de Cristina de Kirchner para dividir a los trabajadores y entramparlos tras cualquiera de las variantes ajustadoras. En ese sentido, se debatió como central la necesidad de la independencia política de los trabajadores y los sindicatos, cómo en cada uno de ellos está planteada la tarea concreta de su recuperación por parte del activismo independiente, y, por lo tanto, la importancia de reforzar los agrupamientos clasistas estatales y de constituirlos allí donde no existan.
Para comunicarse:
* Anabel Allochis (delegada UEPC, dirigente de Tribuna Docente): 3515466272
* Paulina Castro (delegada del SUOEM, agrupación 29 de Mayo): 3515473208
(Se presentará hoy a las 16 hs. en la reunión de las conducciones gremiales)
En la tarde de hoy, Anabel Allochis, delegada de Uepc y dirigente de Tribuna Docente-Lista Fucsia, José Barraza, delegado del Sep y dirigente de la agrupación Violeta, y Paulina Castro, delegada de Suoem y dirigente de la agrupación “29 de mayo”, presentarán hoy a la 16 hs. a las conducciones sindicales de los gremios estatales de Córdoba una carta abierta reclamando la convocatoria a un plenario general de delegados de base de todos los gremios estatales que, con mandato, resuelva un plan de lucha unificado y un programa de intervención independiente.
Esta es una de las resoluciones del plenario de estatales convocado por el Partido Obrero que se realizó el pasado sábado 25 con la presencia de delegados y activistas de Uepc, Sadop, Sep, Salud, Suoem y Luz y Fuerza. El plenario deliberó en momentos de plena intervención de los estatales cordobeses contra el ajuste de De la Sota-K y por la derogación de la ley previsional que ataca a jubilados y activos, y votó entre otras resoluciones una campaña por el plenario de delegados de base de todos los gremios estatales.
En el debate se caracterizó minuciosamente el operativo político del gobierno de De la Sota y del gobierno de Cristina de Kirchner para dividir a los trabajadores y entramparlos tras cualquiera de las variantes ajustadoras. En ese sentido, se debatió como central la necesidad de la independencia política de los trabajadores y los sindicatos, cómo en cada uno de ellos está planteada la tarea concreta de su recuperación por parte del activismo independiente, y, por lo tanto, la importancia de reforzar los agrupamientos clasistas estatales y de constituirlos allí donde no existan.
Para comunicarse:
* Anabel Allochis (delegada UEPC, dirigente de Tribuna Docente): 3515466272
* Paulina Castro (delegada del SUOEM, agrupación 29 de Mayo): 3515473208
24 de agosto de 2012
Ricardo Darín también quiere Justicia por Mariano Ferreyra
Campaña audiovisual del Partido Obrero exigiendo Justicia por Mariano
23 de agosto de 2012
REPUDIAMOS REPRESION – EXIGIMOS DEROGACION DE LA LEY Y DEL AJUSTE
Declaraciones de Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores
La represión feroz de la policía de De la Sota contra los jubilados y estatales da cuenta de una crisis fiscal y política de fondo en la provincia que el gobierno quiere descargar sobre los trabajadores.
El recorte jubilatorio es la punta de lanza de un ajuste provincial en regla que ya se ha cobrado cientos de despidos, vía la “no renovación de contratos”, y las paritarias que no se reabren, no obstante el desfasaje con la inflación.
Por su parte, el gobierno nacional intenta saquear los últimos restos de la Anses, mientras desarrolla un “Rodrigazo” en cuotas, devaluando el peso y habilitando los tarifazos.
Los K quieren que DLS se haga cargo del trabajo sucio del ajuste y lo están empujando a eso.
El enfrentamiento tan fuerte que los trabajadores están haciendo a las medidas de DLS y por la derogación de la 10087 requiere que mantengamos total distancia de la pelea entre DLS y CFK.
Eduardo Salas - 3515477025
La represión feroz de la policía de De la Sota contra los jubilados y estatales da cuenta de una crisis fiscal y política de fondo en la provincia que el gobierno quiere descargar sobre los trabajadores.
El recorte jubilatorio es la punta de lanza de un ajuste provincial en regla que ya se ha cobrado cientos de despidos, vía la “no renovación de contratos”, y las paritarias que no se reabren, no obstante el desfasaje con la inflación.
Por su parte, el gobierno nacional intenta saquear los últimos restos de la Anses, mientras desarrolla un “Rodrigazo” en cuotas, devaluando el peso y habilitando los tarifazos.
Los K quieren que DLS se haga cargo del trabajo sucio del ajuste y lo están empujando a eso.
El enfrentamiento tan fuerte que los trabajadores están haciendo a las medidas de DLS y por la derogación de la 10087 requiere que mantengamos total distancia de la pelea entre DLS y CFK.
Que las conducciones gremiales declaren la huelga general.
Para comunicarse:
Para comunicarse:
Eduardo Salas - 3515477025
No al salario mínimo del INDEK
La semana que viene se reunirá el Consejo del Salario. Empresarios, dirigentes sindicales y el gobierno van a discutir un aumento en el salario mínimo, vital y móvil, el cual está hoy en los 2.300 pesos. Con el aumento que prevé el gobierno, el nuevo salario mínimo orillará los 3.000 pesos.
La inflación que se viene, con aumentos de tarifas incluidos, se va a devorar ese aumento en menos de un año.
El gobierno nos va a decir que el nuevo salario mínimo “cubre una canasta básica” y que la Argentina “no tiene trabajadores pobres”.
Pero eso sólo ocurre en la Argentina del IndeK, donde se come por seis pesos por día.
En cambio, la verdadera canasta familiar se acerca a los 7.000 pesos.
El doble del salario mínimo que nos van a “regalar” en estos días.
Mientras tanto, las jubilaciones no llegan a los 1.900 pesos.
Y un tercio de los trabajadores, en negro, no cuenta siquiera con el piso de ese salario mínimo.
Un viejo conocedor de estos “consejos del salario”, Moyano, ha dicho que el de la semana que viene “será un circo”.
Reclamó un mínimo, vital y móvil de 3.500 pesos.
Pero para ese salario -que sigue muy lejos de la canasta familiar- no ha dispuesto otra cosa que un afiche.
No queremos el salario mínimo del IndeK.
Luchemos por un salario igual a la canasta familiar, por la derogación del impuesto al salario, por el fin de la precarización laboral y las tercerizaciones.
Recuperemos los sindicatos para la clase obrera.
“Metroactivistas” en UTA - Córdoba
Extraordinaria huelga
Los trabajadores de Ciudad de Córdoba, empresa de transporte en la que viajan 200.000 pasajeros por día, vienen de realizar una huelga de 36 horas por la reincorporación de tres compañeros despedidos hace cuatro meses. Cesano, Tuero y Brian fueron echados por participar de una asamblea donde se denunció que un tercio de la flota estaba fuera de circulación, o sea por manifestarse contra un vaciamiento.
El paro fue cuidadosamente preparado mediante boletines de la agrupación clasista Ortuta y la discusión de ésta con el activismo de la empresa. Este, junto al apoyo activo de medio centenar de compañeros del Partido Obrero y familiares de los despedidos, a las 5 de la mañana pudieron garantizar la asamblea que obligaría posteriormente a la directiva de la UTA a decretar el paro de la empresa Ciudad de Córdoba.
La conducción intentó levantar varias veces la medida; ya sea negociándola por otras reivindicaciones, abriendo mesas de diálogo con dinero para los despedidos o agitando el fantasma de nuevos despidos o represalias si no se terminaba con el paro y se aceptaba la conciliación obligatoria con los despedidos afuera.
Pero la burocracia fue derrotada asamblea tras asamblea, con críticas a su integración con la patronal. Los trabajadores juntaron firmas para destituir, en el medio de la jornada de lucha, al actual cuerpo de delegados y formar una comisión provisoria que lo reemplace y les garantice a los trabajadores una representación gremial genuina.
La propuesta que definitivamente cerró la conducción de la UTA fue aceptar la conciliación obligatoria con los compañeros afuera, aunque cobrando su salario mientras ésta dure y con una mesa de diálogo abierta para discutir cada reincorporación por separado. A los quince minutos de ser rechazada esta propuesta en una improvisada asamblea, un ejército de 200 policías e infantes fuertemente armados con escopetas y la división canes a pleno, garantizó que una veintena de contratados, bajo amenaza, pudiera sacar los colectivos y así quebrar el paro. La maniobra que dio fin a esta huelga fue preparada directamente en la Casa de Gobierno de la provincia. Es evidente que De la Sota tuvo que reaccionar a la advertencia que hizo en radio Mitre el vicepresidente de la firma, Mariano Llabot: ¨Si yo reincorporo a los despedidos tenemos metrodelegados en Córdoba¨.
El principal matutino cordobés calificó a esta huelga de “inexplicable”, y algunos periodistas lanzaron una campaña para que fuera violentamente reprimida.
El establishment de la provincia se alarmó ante los métodos de la huelga general del subte. Sólo con la infantería pudieron detener, por ahora, la heroica huelga de los compañeros de Ciudad.
Ahora, la difícil tarea es preparar el movimiento para el fin de la conciliación. En ese camino es fundamental exigir el reconocimiento de la comisión provisoria.
Los despidos son parte del golpe que vienen asestando las patronales y la municipalidad contra los trabajadores y usuarios, sumado al vaciamiento y a la privatización de la empresa municipal TAMSE. En todas las empresas hay conflictos permanentes donde se destaca un activismo creciente.
Exigimos la convocatoria a una asamblea general de todas las líneas para preparar un plan de lucha por todas las reivindicaciones y por la reincorporación de los tres despedidos de Ciudad de Córdoba.
Alejandro Roqueiro
Los trabajadores de Ciudad de Córdoba, empresa de transporte en la que viajan 200.000 pasajeros por día, vienen de realizar una huelga de 36 horas por la reincorporación de tres compañeros despedidos hace cuatro meses. Cesano, Tuero y Brian fueron echados por participar de una asamblea donde se denunció que un tercio de la flota estaba fuera de circulación, o sea por manifestarse contra un vaciamiento.
El paro fue cuidadosamente preparado mediante boletines de la agrupación clasista Ortuta y la discusión de ésta con el activismo de la empresa. Este, junto al apoyo activo de medio centenar de compañeros del Partido Obrero y familiares de los despedidos, a las 5 de la mañana pudieron garantizar la asamblea que obligaría posteriormente a la directiva de la UTA a decretar el paro de la empresa Ciudad de Córdoba.
La conducción intentó levantar varias veces la medida; ya sea negociándola por otras reivindicaciones, abriendo mesas de diálogo con dinero para los despedidos o agitando el fantasma de nuevos despidos o represalias si no se terminaba con el paro y se aceptaba la conciliación obligatoria con los despedidos afuera.
Pero la burocracia fue derrotada asamblea tras asamblea, con críticas a su integración con la patronal. Los trabajadores juntaron firmas para destituir, en el medio de la jornada de lucha, al actual cuerpo de delegados y formar una comisión provisoria que lo reemplace y les garantice a los trabajadores una representación gremial genuina.
La propuesta que definitivamente cerró la conducción de la UTA fue aceptar la conciliación obligatoria con los compañeros afuera, aunque cobrando su salario mientras ésta dure y con una mesa de diálogo abierta para discutir cada reincorporación por separado. A los quince minutos de ser rechazada esta propuesta en una improvisada asamblea, un ejército de 200 policías e infantes fuertemente armados con escopetas y la división canes a pleno, garantizó que una veintena de contratados, bajo amenaza, pudiera sacar los colectivos y así quebrar el paro. La maniobra que dio fin a esta huelga fue preparada directamente en la Casa de Gobierno de la provincia. Es evidente que De la Sota tuvo que reaccionar a la advertencia que hizo en radio Mitre el vicepresidente de la firma, Mariano Llabot: ¨Si yo reincorporo a los despedidos tenemos metrodelegados en Córdoba¨.
El principal matutino cordobés calificó a esta huelga de “inexplicable”, y algunos periodistas lanzaron una campaña para que fuera violentamente reprimida.
El establishment de la provincia se alarmó ante los métodos de la huelga general del subte. Sólo con la infantería pudieron detener, por ahora, la heroica huelga de los compañeros de Ciudad.
Ahora, la difícil tarea es preparar el movimiento para el fin de la conciliación. En ese camino es fundamental exigir el reconocimiento de la comisión provisoria.
Los despidos son parte del golpe que vienen asestando las patronales y la municipalidad contra los trabajadores y usuarios, sumado al vaciamiento y a la privatización de la empresa municipal TAMSE. En todas las empresas hay conflictos permanentes donde se destaca un activismo creciente.
Exigimos la convocatoria a una asamblea general de todas las líneas para preparar un plan de lucha por todas las reivindicaciones y por la reincorporación de los tres despedidos de Ciudad de Córdoba.
Alejandro Roqueiro
Ciccone, una radiografía del estatismo oficial
El gobierno dice que “no pagará un peso” por la gráfica, ya que podría compensar el valor de sus activos con la deuda acumulada con la Afip. Los que afirman esto no tienen en cuenta que, a través de ese arreglo, los actuales accionistas dejarán de pagarle al fisco unos 250 millones de pesos. Pero la expropiación “sin pago” no pasaría de una expresión de deseos. Ocurre que “hay acreedores en el concurso con privilegios mayores que la Afip” (La Nación, 9/8). Según algunos especialistas, la vía elegida por el gobierno, la expropiación de las acciones de la gráfica -y no de sus máquinas- es “un proceso más rápido, pero muchísimo más costoso” (La Nación, idem). Acaba de revelarse que entre los aportistas a la misteriosa sociedad que pasó a controlar Ciccone están los banqueros Brito y Moneta. En estas condiciones, la expropiación no sólo encubriría el negociado anterior, sino también facilitaría otro rescate de intereses privados con los recursos del Estado. Como prueba de ello, ninguno de los supuestos expropiados -los nuevos accionistas de Ciccone- han abierto la boca contra la medida oficial. El mismo Vanderbroele, según informan los diarios, habría servido de nexo entre los Ciccone -hoy accionistas minoritarios- y el Estado, en torno de este arreglo.
Adicionalmente, la expropiación buscaría tapar el vaciamiento de la Casa de Moneda, que tuvo como contrapartida la tercerización en la producción de billetes. El último de ellos, con la ‘nueva’ Ciccone, se vino abajo con el escándalo de Vanderbroele-Boudou.
Frente a estas imputaciones, el oficialismo ha defendido el proyecto afirmando que las investigaciones judiciales sobre Ciccone “corren por cuerda separada”. Con el mismo argumento, Juez y Solanas se han plegado al kirchnerismo, y “confiando en la justicia”. Los diarios oficialistas, sin embargo, anticipan que el caso Ciccone- Boudou podría terminar en la justicia con un gigantesco cero. En el recinto, Pino Solanas habló contra las ‘mafias’, pero terminó dando un cheque en blanco a este salvataje mafioso. El mismo que otorgó a la ‘nueva’ YPF, que, una vez “estatizada”, salió de inmediato a negociar con Chevron y Exxon Mobil.
En el senado, Luis Juez también levantó la mano, en disidencia con los senadores del FAP y de Morandini, la otra integrante del juecismo. En Diputados, el FAP se partió en tres, con los juecistas votando a favor, los socialistas y el GEN en contra y la abstención de Lozano. La expropiación de Ciccone dejó ver la inconsistencia del bloque centroizquierdista que se plantea como “alternativa” al gobierno.
Toda esta operación de rescate económico y político de grupos capitalistas nada tiene de ‘nacional’. Pero en lo sustancial, reitera toda la saga de las estatizaciones kirchneristas.
Para fundamentar el voto por la expropiación, el senador oficialista Fuentes dijo que “el estado es el único que hoy tiene capacidad para acumular capital, dirigir y planificar la actividad con los privados”. (La Nación, 20/8). Pero ninguna de las estatizaciones kirchneristas es el resultado de un plan deliberado. Han sido impuestas por la crisis capitalista y el “derrumbe” del modelo. Ciccone-Boudou-Brito se inscribe en la línea de YPF -Esquenazi o TBA-Cirigliano. Ciccone es sólo la versión grosera del estatismo kirchnerista, que es siempre una variante de rescate del capital.
Marcelo Ramal
K-Clarín, el estallido
Los K, sin embargo, no pueden permitir que Clarín siga con sus licencias y con una desinversión selectiva, pues equivaldría, en primer lugar, a dejarle el poder de fuego intacto durante todo el crucial año electoral de 2013. Para el kirchnerismo, el choque con el multimedio es la “madre de todas las batallas”. En momentos en que los pronunciamientos por la re-reelección se reproducen como hongos después de la lluvia, perder la batalla con Clarín equivale más o menos a mandarla a Cristina, en forma anticipada, a El Calafate. Por eso, los voceros del kirchnerismo aseguran que el plazo para la “desinversión voluntaria” ya ha concluido y que, el mismo 7 de diciembre próximo, el directorio de Cablevisión deberá ser removido -quizá también el de Canal 13- por un interventor oficial. YPF y Ciccone han sido un ‘ensayo general’.
‘Soberanía informativa’
El resultado de este choque podría derivar en una estatización de un sector decisivo de los medios de comunicación. Es cierto que los K se han asociado a otros grandes grupos económicos en esta ‘vataya’ (como el de Vila-Manzano y el ‘legendario’ Moneta) y que la ley de medios apunta a una redistribución entre grupos capitalistas. Pero el recurso a una intervención estatal podría dilatar la re-privatización legal en el tiempo y dejaría al gobierno en posesión de los medios de la Corpo. El Estado debería hacerse cargo de la ‘desinversión’ del multimedio, un camino plagado de corruptelas y de conflictos de todo tipo durante al menos un año. Tendríamos ‘cadena’ las 24 horas del día.
El grupo Vila-Manzano tiene sus dificultades para quedarse con las licencias de Clarín. Ocurre que él mismo debiera proceder a una “desinversión”, ya que posee 90 licencias -o sea, 66 más que lo permitido. Incluso esta “desinversión” ya debiera haberse realizado, porque el grupo no tiene a su favor ninguna medida cautelar como la que sí tiene Clarín. El gobierno, sin embargo, ha hecho la vista gorda a esta realidad, pero no va a avanzar contra este grupo en forma simultánea a la ‘expropiación’ de Clarín. A plena luz del día, el grupo Vila-Manzano está armando empresas con testaferros para eludir los límites que la ley de medios le impone y, así, poder apropiarse de las licencias de Cablevisión y de sus abonados. Otros de los beneficiarios serán Telecentro, del ex menemista y duhaldista Alberto Pierri, y el grupo Ick de Santiago del Estero, el cual hizo sus fortunas de la mano de los Juárez.
Intervenir en la pelea
En el choque entre el gobierno y Clarín se juegan intereses capitalistas, así como también replantea el monopolio capitalista de la libertad de expresión. El Estado arbitrará el nuevo reparto del espacio, de modo que los nuevos capitalistas serán apéndices más o menos disimulados del gobierno. La oposición tradicional se ha encolumnado detrás de la ‘corpo’ como un solo hombre. De Macri a Binner, pasando por todas las tendencias de la UCR y del peronismo federal. Incluso “Pepe” Scioli, quien volvió al redil de su hermano. La excepción pareciera ser el cuenta-chistes Luis Juez, que después de votar por Boudou-Ciccone en el Senado dijo que “De la Sota es Clarín”. Con estas palabras mágicas piensa convertirse en el candidato kirchnerista de Córdoba. Pero no hay que confundirse, porque al momento del choque muchos ‘opositores’ olvidarán sus ‘promesas’ para alinearse con el bando que parezca vencedor. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en todas las pendencias.
Una estatización de los medios, incluso parcial, significa dotar de una herramienta fundamental de manipulación ideológica (informativa y política) al Estado, que es capitalista, y que, en todo caso, defiende los intereses de la burocracia gobernante. Boudou, el Indek, los amigos de Pedraza en los ministerios y reparticiones públicas, la burocracia sindical adepta, los pulpos mineros contaminantes, la trasferencia de la deuda externa a los jubilados, la política de atraer a Exxon para explotar el gas, tendrían un instrumento de lucha poderoso contra los trabajadores. Favorecería el intento de instalar un régimen de partido único, sin necesidad de proscribir a los opositores. La autonomía ideológica de los periodistas, que hoy se encuentra condicionada por la ‘corpo’ -con independencia de la labor que esos periodistas ejerzan- se vería sometida al control de los ‘comisarios’ del poder. Un sector del oficialismo -en un caso el más avanzado políticamente, en otro caso el más hipócrita- argumentará que una estatización parcial de la ‘corpo’, aún si se hace en alianza con otros monopolios e incluso para operar contra la independencia de las organizaciones populares, no dejaría de ser ‘revolucionaria’, porque sería aplicada contra un grupo que representa a un vasto sector del capitalismo tradicional, no solamente a un medio de comunicación.
Nuestra posición: no defenderemos políticamente, bajo forma alguna, al monopolio Clarín, pero sí denunciamos el propósito reaccionario del gobierno, que pretende utilizar la comunicación para domesticar a las organizaciones populares, ponerlas bajo su tutela y, en definitiva, estatizarlas. En oposición a esta maniobra de alcance reaccionario, llamamos a luchar por una gestión de los medios por parte de los periodistas y los trabajadores de la cultura y de la actividad económica. Llamamos a defender la continuidad laboral y la prohibición de cualquier despido de trabajadores de prensa y gráficos. Llamamos a organizar asambleas populares para reclamar la presencia de las organizaciones de lucha en la gestión y dirección de los medios.
El último capítulo del choque K-Clarín, que tiene su origen en la desavenencia entre uno y otro a la hora de imponer un ‘relato’ común contra el pueblo, plantea una cuestión más general que es la lucha por la libre expresión y la independencia de las organizaciones populares. Plantea una crisis política, que se desplegará más allá de las fronteras nacionales. Es en este punto en el que la independencia política de los trabajadores es absolutamente fundamental, porque el interés de los trabajadores debería ser aprovechar esta crisis para avanzar en sus reivindicaciones y objetivos propias, y no para ir de furgón de cola de los intereses antiobreros en pugna. ¿O los trabajadores podemos defender al gobierno de la canasta alimentaria de seis pesos por día, que ataca el trabajo de los docentes, que impone topes salariales o que rechaza con obstinación reconocer la personería gremial del sindicato del subte?
Llamamos a una gran deliberación política en la izquierda y en los sindicatos para arribar, por medio de un debate, a una posición que tenga fuerza movilizadora, para imponer las reivindicaciones económicas y políticas de la clase obrera.
Gabriel Solano
Trotsky, virajes y perspectivas: historia, política revolucionaria y actualidad
20 de agosto: aniversario de su asesinato
El título de este artículo alude una obra de Trotsky escrita inmediatamente después de la revolución de 1905. Resultados y Perspectivas plantea las lecciones de aquella revolución y consagra un pronóstico histórico cuyo rigor y audacia sólo pueden compararse con las del Manifiesto Comunista- como lo señaló Isaac Deutscher en su trilogía biográfica sobre Trotsky.
La sustancia de tal pronóstico alude precisamente a un viraje de la historia contemporánea: “En un país económicamente atrasado -concluyó entonces Trotsky- el proletariado puede tomar el poder antes que un país donde el capitalismo esté desarrollado (…) La Revolución Rusa produce condiciones en las que el poder puede (…) pasar a manos del proletariado antes de que los políticos del liberalismo burgués tengan la oportunidad de mostrar plenamente su genio de estadistas”.
Un viraje y una nueva transición histórica. En 1848, en el momento de la publicación del Manifiesto, la luz de la revolución democrática burguesa, que había brillado en el París de 1789, tendía a apagarse por la aparición de la clase obrera, que la burguesía consideraba una amenaza peor que la del viejo orden. Por eso, el Manifiesto Comunista preveía que la “revolución alemana (…) será el preludio de la revolución proletaria”. En 1905, el papel del movimiento obrero en la revolución mostraba la consolidación de una nueva era, de otra transición, que ponía en el primer plano la revolución socialista.
Para ese entonces, el bolchevismo ya había dado a este viraje de la historia el sello de su propio programa, cuando Lenin señaló que “el capitalismo se transforma en imperialismo en un momento muy alto de su desarrollo, cuando sus características fundamentales alumbran la transición a un nuevo régimen social”. Otra vez: viraje y transición.
Estructura y coyuntura
Los virajes y las transiciones no dominan apenas del “tempo” de la historia, sino también el de la situación política y el de la evolución de la conciencia de las masas. Trotsky vio la capacidad de Lenin para apreciar este proceso, cuando aludió a su excepcional “golpe de vista político”. Es decir, su rigor para detectar lo esencial y lo accesorio de las manifestaciones diversas de la situación corriente, lo concreto como la “síntesis de múltiples determinaciones”. “Golpe de vista”, una suerte de intuición construida sobre la base de la experiencia y tenacidad revolucionaria para captar lo esencial de un panorama político. Una cuestión clave: la evolución de la conciencia de las masas que contribuye a precisar la línea de trabajo específica (táctica).
Ese “golpe de vista político” al servicio de la tarea de llevar a la clase obrera al poder es el que, en su testimonio biográfico (Mi Vida) Trotsky estima como una de las virtudes insuperables de Lenin. Una virtud que modeló al bolchevismo en la coyuntura decisiva de 1917 y en la guerra civil.
El propio Trotsky se esmeró en el desarrollo de este recurso virtuoso para caracterizar los virajes y transiciones que dominaron las convulsivas dos décadas posteriores a la toma del poder por los bolcheviques: las derrotas de la revolución alemana del 18 al 23, la huelga general inglesa del 26 y la revolución china del 27; la trágica derrota sin lucha del PC alemán y el ascenso nazi en Alemania; las vicisitudes de la revolución española y del levantamiento del proletariado francés poco después. Por último, pero decisivo, sus planteamientos políticos en el combate final por la IV Internacional, lo que Trotsky consideró la batalla más importante de su vida, la única en la cual consideró que su tarea era “imprescindible”. Otra transición, aún inacabada, por reconstituir la dirección revolucionaria del proletariado.
Hoy
No está mal recoger, desde el ángulo que aquí indicamos, este legado de Trotsky en la situación presente. En primer lugar, porque estamos en una bisagra de la historia reciente. Es nuestra “transición”. Apenas “ayer”, en el inicio de los noventa y con el derrumbe de la URSS, el capital proclamaba a tambor batiente una suerte de venganza final contra los arrebatos revolucionarios de la clase obrera. La colonización capitalista de China, según aseguraba la burguesía, consagraba un nuevo siglo de supremacía capitalista.
Ironías de la historia: no había pasado una década cuando, en el propio sudeste asiático, el tsunami de una crisis mundial debutó en Tailandia y arrasó con los “tigres”, que se presentaban como testimonio de la siempre renovada capacidad modernizadora del capital. Fue en 1997, al año siguiente el huracán arrasó con la Rusia en restauración, cuando declaró la cesación de pagos y llevó a la quiebra a gigantes del capital financiero en Wall Street, que habían hecho su agosto con los burócratas y mafiosos reconvertidos. El derrumbe bursátil y la bancarrota se extendieron al territorio norteamericano con el estallido de las llamadas compañías tecnológicas y quiebras de corporaciones monopólicas emblemáticas como WordCom y Enron. Los vientos de la crisis entonces volvieron a tomar dirección al sur, esta vez en nuestro continente. Depredaron a Brasil y se llevaron puesto al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y soplaron con más fuerza en nuestro propio suelo. Es la historia conocida de la mayor depresión económica de la Argentina de todos los tiempos y su estallido final en el Argentinazo.
Ahora sabemos (¡pronosticamos!) que la “recuperación” de la economía global entre el 2002/3 y el 2007 estaba condenada a reventar en proporción a la mayor burbuja especulativa que la alimentó. Y reventó. De tal manera que tenemos una bancarrota sin precedentes que, en dos actos, se extiende desde hace más de quince años. La restauración que pretendía ser la locomotora inédita de una nueva época de ascenso, se revela ahora como una carpa de oxígeno para un enfermo terminal. ¡Cuántas palabras se han gastado para ignorar lo se puede plantear en una simple metáfora! Como un fenómeno de boomerang, pasamos ahora de la desintegración de las viejas economías estatizadas (como supuesto salvataje del capitalismo mundial y reversión de su larga declinación a lo largo de un cuarto de siglo, desde la crisis de los años setenta) a la desintegración de uno de los centros claves del capitalismo mundial, la Unión Europea.
Es la bisagra que invierte el signo de los acontecimientos de más de dos décadas y restituye el hilo de la historia, que incluso cuando parece doblarse, retorcerse y aún retroceder, no se dobla. Bisagras, virajes y transiciones. El tema ha sido examinado, otra vez, en el reciente Congreso del Partido Obrero, el cual ha trazado nuevas perspectivas -a partir de los virajes de la revolución árabe, el derrumbe político de los partidos tradicionales de Grecia y las movilizaciones crecientes en España- a lo que se suma la crisis política de conjunto en América Latina.
Desafìo
En este punto, vale la pena también volver a Trotsky cuando señalaba que la revolución socialista seguiría presente, más allá de los reflujos y las derrotas, en la inevitable tendencia a las crisis capitalistas y al “retroceso de las fuerzas productivas”. El viraje de la situación se expresa ahora, luego de una década y media de crisis mundial, en el quebrantamiento sin prisa y sin pausa de los regímenes políticos, desbordados por la bancarrota que no cesa, por huelgas y levantamientos populares -con epicentro en el viejo continente y en el mundo árabe- de un alcance que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Los desplazamientos políticos de las clases, la disolución de las formaciones políticas llamadas tradicionales, los cambios bruscos de frentes están a la orden del día.
En definitiva, la agenda política de la clase obrera, con todos los matices que distinguen a continentes y países, está definida por un período histórico de transición -de crisis económicas, políticas e internacionales, que plantean una nueva acción histórica independiente de las masas. La bancarrota del capital desarrolla un salto en calidad en el plano de la subjetividad política y de la conciencia de las masas. Lo vemos en Grecia (ver Grecia, o el enorme atraso… en páginas 14 y 15). La cuestión del viraje domina el momento político, así como la cuestión de la dirección política de las rebeliones populares. Es como resultado de esta caracterización que el Partido Obrero se convoca a sí mismo y a toda la izquierda revolucionaria -que proclama la lucha por la dictadura del proletariado- a desenvolver una orientación en consecuencia. La razón última del faccionalismo y de la autoproclamación, que sigue caracterizando a gran parte de la izquierda revolucionaria mundial, reside en una incomprensión fatal de la nueva transición histórica. Nuestra forma de rendir homenaje a Trotsky es recuperar uno de sus legados teórico-prácticos fundamentales: cómo construir una política revolucionaria en un período de transición.
Pablo Rieznik
La sustancia de tal pronóstico alude precisamente a un viraje de la historia contemporánea: “En un país económicamente atrasado -concluyó entonces Trotsky- el proletariado puede tomar el poder antes que un país donde el capitalismo esté desarrollado (…) La Revolución Rusa produce condiciones en las que el poder puede (…) pasar a manos del proletariado antes de que los políticos del liberalismo burgués tengan la oportunidad de mostrar plenamente su genio de estadistas”.
Un viraje y una nueva transición histórica. En 1848, en el momento de la publicación del Manifiesto, la luz de la revolución democrática burguesa, que había brillado en el París de 1789, tendía a apagarse por la aparición de la clase obrera, que la burguesía consideraba una amenaza peor que la del viejo orden. Por eso, el Manifiesto Comunista preveía que la “revolución alemana (…) será el preludio de la revolución proletaria”. En 1905, el papel del movimiento obrero en la revolución mostraba la consolidación de una nueva era, de otra transición, que ponía en el primer plano la revolución socialista.
Para ese entonces, el bolchevismo ya había dado a este viraje de la historia el sello de su propio programa, cuando Lenin señaló que “el capitalismo se transforma en imperialismo en un momento muy alto de su desarrollo, cuando sus características fundamentales alumbran la transición a un nuevo régimen social”. Otra vez: viraje y transición.
Estructura y coyuntura
Los virajes y las transiciones no dominan apenas del “tempo” de la historia, sino también el de la situación política y el de la evolución de la conciencia de las masas. Trotsky vio la capacidad de Lenin para apreciar este proceso, cuando aludió a su excepcional “golpe de vista político”. Es decir, su rigor para detectar lo esencial y lo accesorio de las manifestaciones diversas de la situación corriente, lo concreto como la “síntesis de múltiples determinaciones”. “Golpe de vista”, una suerte de intuición construida sobre la base de la experiencia y tenacidad revolucionaria para captar lo esencial de un panorama político. Una cuestión clave: la evolución de la conciencia de las masas que contribuye a precisar la línea de trabajo específica (táctica).
Ese “golpe de vista político” al servicio de la tarea de llevar a la clase obrera al poder es el que, en su testimonio biográfico (Mi Vida) Trotsky estima como una de las virtudes insuperables de Lenin. Una virtud que modeló al bolchevismo en la coyuntura decisiva de 1917 y en la guerra civil.
El propio Trotsky se esmeró en el desarrollo de este recurso virtuoso para caracterizar los virajes y transiciones que dominaron las convulsivas dos décadas posteriores a la toma del poder por los bolcheviques: las derrotas de la revolución alemana del 18 al 23, la huelga general inglesa del 26 y la revolución china del 27; la trágica derrota sin lucha del PC alemán y el ascenso nazi en Alemania; las vicisitudes de la revolución española y del levantamiento del proletariado francés poco después. Por último, pero decisivo, sus planteamientos políticos en el combate final por la IV Internacional, lo que Trotsky consideró la batalla más importante de su vida, la única en la cual consideró que su tarea era “imprescindible”. Otra transición, aún inacabada, por reconstituir la dirección revolucionaria del proletariado.
Hoy
No está mal recoger, desde el ángulo que aquí indicamos, este legado de Trotsky en la situación presente. En primer lugar, porque estamos en una bisagra de la historia reciente. Es nuestra “transición”. Apenas “ayer”, en el inicio de los noventa y con el derrumbe de la URSS, el capital proclamaba a tambor batiente una suerte de venganza final contra los arrebatos revolucionarios de la clase obrera. La colonización capitalista de China, según aseguraba la burguesía, consagraba un nuevo siglo de supremacía capitalista.
Ironías de la historia: no había pasado una década cuando, en el propio sudeste asiático, el tsunami de una crisis mundial debutó en Tailandia y arrasó con los “tigres”, que se presentaban como testimonio de la siempre renovada capacidad modernizadora del capital. Fue en 1997, al año siguiente el huracán arrasó con la Rusia en restauración, cuando declaró la cesación de pagos y llevó a la quiebra a gigantes del capital financiero en Wall Street, que habían hecho su agosto con los burócratas y mafiosos reconvertidos. El derrumbe bursátil y la bancarrota se extendieron al territorio norteamericano con el estallido de las llamadas compañías tecnológicas y quiebras de corporaciones monopólicas emblemáticas como WordCom y Enron. Los vientos de la crisis entonces volvieron a tomar dirección al sur, esta vez en nuestro continente. Depredaron a Brasil y se llevaron puesto al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y soplaron con más fuerza en nuestro propio suelo. Es la historia conocida de la mayor depresión económica de la Argentina de todos los tiempos y su estallido final en el Argentinazo.
Ahora sabemos (¡pronosticamos!) que la “recuperación” de la economía global entre el 2002/3 y el 2007 estaba condenada a reventar en proporción a la mayor burbuja especulativa que la alimentó. Y reventó. De tal manera que tenemos una bancarrota sin precedentes que, en dos actos, se extiende desde hace más de quince años. La restauración que pretendía ser la locomotora inédita de una nueva época de ascenso, se revela ahora como una carpa de oxígeno para un enfermo terminal. ¡Cuántas palabras se han gastado para ignorar lo se puede plantear en una simple metáfora! Como un fenómeno de boomerang, pasamos ahora de la desintegración de las viejas economías estatizadas (como supuesto salvataje del capitalismo mundial y reversión de su larga declinación a lo largo de un cuarto de siglo, desde la crisis de los años setenta) a la desintegración de uno de los centros claves del capitalismo mundial, la Unión Europea.
Es la bisagra que invierte el signo de los acontecimientos de más de dos décadas y restituye el hilo de la historia, que incluso cuando parece doblarse, retorcerse y aún retroceder, no se dobla. Bisagras, virajes y transiciones. El tema ha sido examinado, otra vez, en el reciente Congreso del Partido Obrero, el cual ha trazado nuevas perspectivas -a partir de los virajes de la revolución árabe, el derrumbe político de los partidos tradicionales de Grecia y las movilizaciones crecientes en España- a lo que se suma la crisis política de conjunto en América Latina.
Desafìo
En este punto, vale la pena también volver a Trotsky cuando señalaba que la revolución socialista seguiría presente, más allá de los reflujos y las derrotas, en la inevitable tendencia a las crisis capitalistas y al “retroceso de las fuerzas productivas”. El viraje de la situación se expresa ahora, luego de una década y media de crisis mundial, en el quebrantamiento sin prisa y sin pausa de los regímenes políticos, desbordados por la bancarrota que no cesa, por huelgas y levantamientos populares -con epicentro en el viejo continente y en el mundo árabe- de un alcance que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Los desplazamientos políticos de las clases, la disolución de las formaciones políticas llamadas tradicionales, los cambios bruscos de frentes están a la orden del día.
En definitiva, la agenda política de la clase obrera, con todos los matices que distinguen a continentes y países, está definida por un período histórico de transición -de crisis económicas, políticas e internacionales, que plantean una nueva acción histórica independiente de las masas. La bancarrota del capital desarrolla un salto en calidad en el plano de la subjetividad política y de la conciencia de las masas. Lo vemos en Grecia (ver Grecia, o el enorme atraso… en páginas 14 y 15). La cuestión del viraje domina el momento político, así como la cuestión de la dirección política de las rebeliones populares. Es como resultado de esta caracterización que el Partido Obrero se convoca a sí mismo y a toda la izquierda revolucionaria -que proclama la lucha por la dictadura del proletariado- a desenvolver una orientación en consecuencia. La razón última del faccionalismo y de la autoproclamación, que sigue caracterizando a gran parte de la izquierda revolucionaria mundial, reside en una incomprensión fatal de la nueva transición histórica. Nuestra forma de rendir homenaje a Trotsky es recuperar uno de sus legados teórico-prácticos fundamentales: cómo construir una política revolucionaria en un período de transición.
Pablo Rieznik
22 de agosto de 2012
Vamos al Plenario Clasista de Estatales convocado por el Partido Obrero
SÁBADO 25 DE AGOSTO - 15 HS. - ATE: ENTRE RÍOS 450
• SE ABRE LA ETAPA DE LAS GRANDES MOVILIZACIONES
• ABAJO EL AJUSTE
• JUSTICIA POR MARIANO
El asalto de De la Sota a la Legislatura, efectuado en la madrugada del pasado 9 de agosto, da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial y anticipa los grandes desafíos que los trabajadores enfrentaremos en la próxima etapa.
La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público, a la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros y pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
La crisis fiscal provincial y la que aqueja a la totalidad de los municipios son la expresión más desarrollada de la crisis nacional. La cuestión de un “Rodrigazo” como en el ’75 (devaluación y tarifazos) ha comenzado a plantearse abiertamente a partir de una crisis fiscal nacional que tiende a acentuarse y de una crisis financiera. El temor a una rebelión popular ha llevado al kirchnerismo a elaborar una política de ajuste “nacional y popular” complementado con acciones regulatorias del Estado.
La decisión de limitar la asistencia financiera a las provincias es el telón de fondo de una gran fractura política. El estado nacional se plantea una centralización financiera para pilotear la crisis, pagando la deuda en dólares y rescatando al capital quebrado. De la Sota, por su parte, pretende reagrupar a la base empresarial que cuestiona la capacidad del Gobierno para pilotear la crisis. En el debate sobre la armonización, el derechista De la Sota dejó a la derecha a los “nacionales y populares”, que salieron a pelear públicamente por un objetivo repudiado por los trabajadores: la armonización con el sistema nacional o sea reducir el haber jubilatorio al 40% del activo.
Es causa común de los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y a la población.
Ajuste en marcha: Liquidación del 82% móvil
Después de repetir durante semanas -y de comprometerse formalmente en la Legislatura- que la Provincia de Córdoba no iba a armonizar el régimen jubilatorio local con el nacional, que no iba a aceptar las exigencias de la Nación para enviar los fondos adeudados, De la Sota terminó liquidando el 82 % y la movilidad.
Las cartas documento enviadas a Nación, la presentación ante la Corte y la decisión de “denunciar” el convenio de 1992 por el cual la provincia cedió el 15% de la coparticipación a la ANSeS terminaron oficiando de pantalla para proceder al ajuste que exige el kirchnerismo (modificación del cálculo del haber jubilatorio inicial –promedio últimos 10 años- y actualización por el índice nacional). Todo ello, tal cual lo anticipó el Frente de Izquierda.
El ajuste se dirige en principio a los actuales jubilados, quienes no cobrarán el aumento que recibirán los activos en setiembre (segunda cuota de tres). Es decir, verán el aumento seis meses después de lo que correspondía y, más grave aún, se perderá definitivamente el enganche que da lugar a la movilidad. De la Sota avanza en el camino abierto por Schiaretti en 2008, que provocó una rebelión generalizada.
La reforma está en plena coincidencia de los anuncios de Kiciloff respecto de imponer a nivel nacional una especie de “jubilación para todos” de carácter asistencial, al nivel del haber mínimo. Los K han convertido a la ANSeS una gran AFJP; el 60% de sus fondos está en bonos del Estado y son utilizados para el pago de la deuda externa a los usureros internacionales. El mismo destino pretenden para la Caja provincial. Los K no innovan absolutamente nada. El asalto a los jubilados, para solventar la quiebra de los bancos y estados, es una “tendencia” mundial de los gobiernos capitalistas, como enseña la situación en Grecia, España e Italia.
Van por las paritarias
Desde comienzos de 2012, Cristina Kirchner se ha centrado en imponer un techo a los aumentos salariales del orden del 18%. El impuesto directo al salario (ganancias) y los topes para cobrar las asignaciones familiares han presionado por arriba el cierre a la baja de las paritarias. El asunto cobró importancia de Estado cuando el ministro de Trabajo, Tomada, se negó a homologar acuerdos alcanzados que superaban el 25%.
Las paritarias, lejos de alcanzar la inflación anual calculada en 30%, tampoco han previsto los planes del gobierno de lanzar los tarifazos que han sido autorizados luego del cierre de la mayoría de aquellas. Esa línea ha sido seguida en forma disciplinada por las administraciones provinciales. En Córdoba el cierre a la baja se viabilizó con la imposición de cuotas, que termina dejando los aumentos en los parámetros nacionales mencionados.
Los acuerdos salariales estatales cerrados a la baja (25% en cuotas), a principio de año, han quedado desfasados con la inflación en curso y los tarifazos desatados. Las dos primeras y grandes huelgas docentes por la reapertura de paritarias (Mendoza y Chaco) de hace días señalan una perspectiva general.
Con la aprobación del ajuste jubilatorio, se ha anunciado que una reducción de los aportes personales (hoy se aporta el 18%) sería tomada a cuenta de futuros aumentos; de darse esa reducción, el próximo aumento de los jubilados no sólo será pagado con un atraso de seis meses sino que se calculará con un recorte de ese porcentaje.
El “aumento” viene a suplantar una negociación salarial pero con nuestros propios sueldos y además ese monto será tenido a cuenta de la actualización salarial de principios de 2013. De la Sota pretende prepararse para el próximo episodio del ajuste.
Sobre la cuestión salarial, sin embargo, sobrevuela una amenaza más gravosa aún. Desde principio de año asistimos, en Córdoba, a un reguero de conflictos de los trabajadores municipales por el cobro del salario íntegro y a tiempo. La lucha más resonante fue la del Suoem, que paralizó la ciudad en el mes de enero; Bialet Masse llegó a establecer la fecha de cobro por sorteo. En el propio gobierno provincial la docencia suplente tuvo que salir a la lucha por el cobro de sueldos.
El anuncio del ministro González respecto de que Córdoba no tendría problemas hasta febrero de 2013 debe entenderse en sentido contrario.
Se profundiza la precarización laboral
El comienzo del juicio a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra ha refrescado en la memoria nuestra caracterización de que estábamos en presencia de un crimen político contra la clase obrera, cometido por la clase capitalista, su Estado y la burocracia sindical. Ello porque se dirigió a la defensa de un régimen de explotación laboral que ha sido impuesto en todos los ámbitos para desconocer condiciones laborales y salariales, con la complicidad de las conducciones gremiales, que en el caso de Pedraza actuaba ella misma como patronal, mediante el fraude de las cooperativas.
Este régimen de explotación se extiende hasta las entrañas del propio Estado. Córdoba tiene más de cinco mil compañeros precarizados por medio de contrato o directamente sin ellos, como monotributistas, y terceriza varias de sus actividades. No existe municipio alguno que no emplee trabajadores con estas formas de precarización; la gran mayoría las condiciones laborales son calamitosas.
La crisis fiscal ha colocado a estos trabajadores como las primeras víctimas del ajuste. En lo que va del año provincia y municipios han anunciado cientos de despidos bajo el eufemismo de “no renovación de contratos”, sólo revertidos parcialmente por las luchas de los trabajadores. En los últimos días el propio gobierno de De la Sota ha llegado al extremo de pasar compulsivamente a compañeros de salud que habían sido contratados por contingencia, a calidad de monotributistas, bajo la extorsión de no hacer efectivo el pago de sus salarios.
Frente a los despidos y el agravamiento de las condiciones de trabajo, resulta esencial profundizar la lucha por el pase a planta de todos los contratados y monotributistas.
Fuera Electroingeniería de EPEC
La crisis provincial se refleja idénticamente en la Epec, la cual ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa -la empresa de participación estatal dedicada a la comercialización mayorista de energía- comandada por Julio De Vido. Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma.
Lo que no se dice es que esos costos de generación son los más altos de la Argentina, como consecuencia de la pesada carga que significa pagar la amortización de la obra de repotenciación de la Central de Pilar, la que fue ejecutada con sobreprecios que superan en un 70 por ciento a los valores medios del mercado (1.800 millones de pesos en total).
La empresa ultraK Electroingeniería fue la gran beneficiada con ese negociado, el cual fue financiado con fondos de la ANSeS a cambio de un bono emitido por la Epec. Esa empresa también se quedó a cargo de la obra de mantenimiento de la Central de Pilar por 1.350 millones de pesos por nueve años.
Un aumento de los combustibles haría más inviable Pilar. Por ello De la Sota ha salido a plantear la transferencia de la Central a Nación, a sabiendas que ello no sucederá, para proceder a un tarifazo y ajuste sobre los trabajadores. He aquí la salida capitalista a la crisis que plantea el sistema parasitario de subsidios y negocios de las privatizadas, que ya ha mostrado todo su fracaso con la tragedia de Once.
Congreso de delegados de base de los sindicatos estatales
Miles y miles de trabajadores se han levantado contra el ajuste capitalista. Sólo fueron convocados cuando se había sancionado la ley. Antes, las conducciones de los gremios estatales se habían encerrado en largas y herméticas reuniones para ofrecer “alternativas” que hicieran “viable” el régimen jubilatorio. Las discusiones las dirigía el propio Pihén, legislador de De la Sota y secretario general del SEP y de la CGT unificada.
La gran intervención obrera contra el impuesto al salario del 27 de junio sorprendió a las conducciones, las que sólo atinaron a plegarse con un acto en Córdoba y el envío a Buenos Aires de algunos micros. La enorme huelga en la provincia de Buenos Aires que hizo recular al gobierno marca la tendencia general que se abre para derrotar el ajuste.
Precedida por un reguero de luchas parciales, se ha abierto la etapa de las grandes movilizaciones. La burocracia sindical pretende continuar con el viejo modo que habían impuesto a las organizaciones obreras, caracterizado por discusiones ministeriales, presentaciones judiciales, compromisos con el gobierno y movilización de los llamados “cuerpos orgánicos”. La declaración de guerra de los gobiernos capitalistas no da lugar a esas prácticas. Corresponden nuevos métodos para la nueva etapa.
La bronca es muy profunda y madura la perspectiva de la huelga general. La unidad del movimiento obrero y su independencia política frente a los ajustadores resultarán esenciales para la victoria de los trabajadores. En oposición al viejo método burocrático cobra cuerpo la necesidad de convocar a un Congreso de delegados de base de los gremios estatales que despliegue un programa de salida al derrumbe capitalista. Fuera la burocracia sindical.
Un programa anticapitalista
En oposición a la agenda de los gobiernos ajustadores, corresponde la elaboración un programa que enfrente los planteos ajustadores del Gobierno nacional y provincial.
No al ajuste. Reapertura de paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
Ningún despido. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 (derogación de la 9504 y la 10078). Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente.
No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC. Control obrero.
Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
Mariano Ferreyra
El pasado 6 de agosto comenzó el juicio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones de Elsa Rodríguez. El inicio dejó en evidencia a los ojos de la población una gran victoria: la burocracia asesina llega al mismo detrás de las rejas. No se ha visto, desde poco después de la salida de la dictadura militar, una movilización tan intensa como la que se ha desplegado contra el crimen de Mariano, por parte de las organizaciones de izquierda y del conjunto de organizaciones populares.
Para obtener la perpetua a Pedraza y el resto de los imputados será necesario el desarrollo de una movilización política de tal envergadura que la caracterización de que estamos en presencia de un crimen político, sea asumida por un sector muy amplio de trabajadores, con todas las conclusiones que se derivan de ella.
Esta lucha entronca con los objetivos estratégicos de la clase obrera: liberación de los sindicatos de la burocracia antiobrera; transformación de ellos en organizaciones de lucha de clases de los trabajadores; desenmascaramiento del gobierno como representante (y por lo tanto encubridor) de la clase capitalista; por un gobierno de trabajadores. Y, fundamentalmente, el señalamiento del maridaje entre el aparato de represión del Estado (en este caso la Policía Federal) con las patronales y la burocracia sindical.
Sobre esta caracterización y conclusiones, el Partido Obrero de Córdoba y las agrupaciones Tribuna Docente-Lista Fucsia, La Violeta – SEP, Tribuna de Salud, y 29 de Mayo-Suoem, hemos convocado al plenario estatal clasista. Nuestra convocatoria está dirigida a los trabajadores de todos los sectores ligados al estado: de los municipios de toda la provincia, de la administración central, de la educación y la salud, de Epec, del banco de Córdoba, del poder judicial, etc. El objetivo es reagrupar al activismo sobre la base de un programa clasista y resolver un plan de acción.-
• SE ABRE LA ETAPA DE LAS GRANDES MOVILIZACIONES
• ABAJO EL AJUSTE
• JUSTICIA POR MARIANO
El asalto de De la Sota a la Legislatura, efectuado en la madrugada del pasado 9 de agosto, da cuenta de una quiebra generalizada del estado provincial y anticipa los grandes desafíos que los trabajadores enfrentaremos en la próxima etapa.
La decisión de avanzar sobre las jubilaciones e imponer un impuestazo obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento público, a la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros y pulpos industriales, y a la caída de la actividad económica, fundamentalmente la industria metalmecánica y la construcción. Estas medidas son sólo el comienzo.
La crisis fiscal provincial y la que aqueja a la totalidad de los municipios son la expresión más desarrollada de la crisis nacional. La cuestión de un “Rodrigazo” como en el ’75 (devaluación y tarifazos) ha comenzado a plantearse abiertamente a partir de una crisis fiscal nacional que tiende a acentuarse y de una crisis financiera. El temor a una rebelión popular ha llevado al kirchnerismo a elaborar una política de ajuste “nacional y popular” complementado con acciones regulatorias del Estado.
La decisión de limitar la asistencia financiera a las provincias es el telón de fondo de una gran fractura política. El estado nacional se plantea una centralización financiera para pilotear la crisis, pagando la deuda en dólares y rescatando al capital quebrado. De la Sota, por su parte, pretende reagrupar a la base empresarial que cuestiona la capacidad del Gobierno para pilotear la crisis. En el debate sobre la armonización, el derechista De la Sota dejó a la derecha a los “nacionales y populares”, que salieron a pelear públicamente por un objetivo repudiado por los trabajadores: la armonización con el sistema nacional o sea reducir el haber jubilatorio al 40% del activo.
Es causa común de los gobiernos capitalistas de Nación y Provincia descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y a la población.
Ajuste en marcha: Liquidación del 82% móvil
Después de repetir durante semanas -y de comprometerse formalmente en la Legislatura- que la Provincia de Córdoba no iba a armonizar el régimen jubilatorio local con el nacional, que no iba a aceptar las exigencias de la Nación para enviar los fondos adeudados, De la Sota terminó liquidando el 82 % y la movilidad.
Las cartas documento enviadas a Nación, la presentación ante la Corte y la decisión de “denunciar” el convenio de 1992 por el cual la provincia cedió el 15% de la coparticipación a la ANSeS terminaron oficiando de pantalla para proceder al ajuste que exige el kirchnerismo (modificación del cálculo del haber jubilatorio inicial –promedio últimos 10 años- y actualización por el índice nacional). Todo ello, tal cual lo anticipó el Frente de Izquierda.
El ajuste se dirige en principio a los actuales jubilados, quienes no cobrarán el aumento que recibirán los activos en setiembre (segunda cuota de tres). Es decir, verán el aumento seis meses después de lo que correspondía y, más grave aún, se perderá definitivamente el enganche que da lugar a la movilidad. De la Sota avanza en el camino abierto por Schiaretti en 2008, que provocó una rebelión generalizada.
La reforma está en plena coincidencia de los anuncios de Kiciloff respecto de imponer a nivel nacional una especie de “jubilación para todos” de carácter asistencial, al nivel del haber mínimo. Los K han convertido a la ANSeS una gran AFJP; el 60% de sus fondos está en bonos del Estado y son utilizados para el pago de la deuda externa a los usureros internacionales. El mismo destino pretenden para la Caja provincial. Los K no innovan absolutamente nada. El asalto a los jubilados, para solventar la quiebra de los bancos y estados, es una “tendencia” mundial de los gobiernos capitalistas, como enseña la situación en Grecia, España e Italia.
Van por las paritarias
Desde comienzos de 2012, Cristina Kirchner se ha centrado en imponer un techo a los aumentos salariales del orden del 18%. El impuesto directo al salario (ganancias) y los topes para cobrar las asignaciones familiares han presionado por arriba el cierre a la baja de las paritarias. El asunto cobró importancia de Estado cuando el ministro de Trabajo, Tomada, se negó a homologar acuerdos alcanzados que superaban el 25%.
Las paritarias, lejos de alcanzar la inflación anual calculada en 30%, tampoco han previsto los planes del gobierno de lanzar los tarifazos que han sido autorizados luego del cierre de la mayoría de aquellas. Esa línea ha sido seguida en forma disciplinada por las administraciones provinciales. En Córdoba el cierre a la baja se viabilizó con la imposición de cuotas, que termina dejando los aumentos en los parámetros nacionales mencionados.
Los acuerdos salariales estatales cerrados a la baja (25% en cuotas), a principio de año, han quedado desfasados con la inflación en curso y los tarifazos desatados. Las dos primeras y grandes huelgas docentes por la reapertura de paritarias (Mendoza y Chaco) de hace días señalan una perspectiva general.
Con la aprobación del ajuste jubilatorio, se ha anunciado que una reducción de los aportes personales (hoy se aporta el 18%) sería tomada a cuenta de futuros aumentos; de darse esa reducción, el próximo aumento de los jubilados no sólo será pagado con un atraso de seis meses sino que se calculará con un recorte de ese porcentaje.
El “aumento” viene a suplantar una negociación salarial pero con nuestros propios sueldos y además ese monto será tenido a cuenta de la actualización salarial de principios de 2013. De la Sota pretende prepararse para el próximo episodio del ajuste.
Sobre la cuestión salarial, sin embargo, sobrevuela una amenaza más gravosa aún. Desde principio de año asistimos, en Córdoba, a un reguero de conflictos de los trabajadores municipales por el cobro del salario íntegro y a tiempo. La lucha más resonante fue la del Suoem, que paralizó la ciudad en el mes de enero; Bialet Masse llegó a establecer la fecha de cobro por sorteo. En el propio gobierno provincial la docencia suplente tuvo que salir a la lucha por el cobro de sueldos.
El anuncio del ministro González respecto de que Córdoba no tendría problemas hasta febrero de 2013 debe entenderse en sentido contrario.
Se profundiza la precarización laboral
El comienzo del juicio a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra ha refrescado en la memoria nuestra caracterización de que estábamos en presencia de un crimen político contra la clase obrera, cometido por la clase capitalista, su Estado y la burocracia sindical. Ello porque se dirigió a la defensa de un régimen de explotación laboral que ha sido impuesto en todos los ámbitos para desconocer condiciones laborales y salariales, con la complicidad de las conducciones gremiales, que en el caso de Pedraza actuaba ella misma como patronal, mediante el fraude de las cooperativas.
Este régimen de explotación se extiende hasta las entrañas del propio Estado. Córdoba tiene más de cinco mil compañeros precarizados por medio de contrato o directamente sin ellos, como monotributistas, y terceriza varias de sus actividades. No existe municipio alguno que no emplee trabajadores con estas formas de precarización; la gran mayoría las condiciones laborales son calamitosas.
La crisis fiscal ha colocado a estos trabajadores como las primeras víctimas del ajuste. En lo que va del año provincia y municipios han anunciado cientos de despidos bajo el eufemismo de “no renovación de contratos”, sólo revertidos parcialmente por las luchas de los trabajadores. En los últimos días el propio gobierno de De la Sota ha llegado al extremo de pasar compulsivamente a compañeros de salud que habían sido contratados por contingencia, a calidad de monotributistas, bajo la extorsión de no hacer efectivo el pago de sus salarios.
Frente a los despidos y el agravamiento de las condiciones de trabajo, resulta esencial profundizar la lucha por el pase a planta de todos los contratados y monotributistas.
Fuera Electroingeniería de EPEC
La crisis provincial se refleja idénticamente en la Epec, la cual ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa -la empresa de participación estatal dedicada a la comercialización mayorista de energía- comandada por Julio De Vido. Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma.
Lo que no se dice es que esos costos de generación son los más altos de la Argentina, como consecuencia de la pesada carga que significa pagar la amortización de la obra de repotenciación de la Central de Pilar, la que fue ejecutada con sobreprecios que superan en un 70 por ciento a los valores medios del mercado (1.800 millones de pesos en total).
La empresa ultraK Electroingeniería fue la gran beneficiada con ese negociado, el cual fue financiado con fondos de la ANSeS a cambio de un bono emitido por la Epec. Esa empresa también se quedó a cargo de la obra de mantenimiento de la Central de Pilar por 1.350 millones de pesos por nueve años.
Un aumento de los combustibles haría más inviable Pilar. Por ello De la Sota ha salido a plantear la transferencia de la Central a Nación, a sabiendas que ello no sucederá, para proceder a un tarifazo y ajuste sobre los trabajadores. He aquí la salida capitalista a la crisis que plantea el sistema parasitario de subsidios y negocios de las privatizadas, que ya ha mostrado todo su fracaso con la tragedia de Once.
Congreso de delegados de base de los sindicatos estatales
Miles y miles de trabajadores se han levantado contra el ajuste capitalista. Sólo fueron convocados cuando se había sancionado la ley. Antes, las conducciones de los gremios estatales se habían encerrado en largas y herméticas reuniones para ofrecer “alternativas” que hicieran “viable” el régimen jubilatorio. Las discusiones las dirigía el propio Pihén, legislador de De la Sota y secretario general del SEP y de la CGT unificada.
La gran intervención obrera contra el impuesto al salario del 27 de junio sorprendió a las conducciones, las que sólo atinaron a plegarse con un acto en Córdoba y el envío a Buenos Aires de algunos micros. La enorme huelga en la provincia de Buenos Aires que hizo recular al gobierno marca la tendencia general que se abre para derrotar el ajuste.
Precedida por un reguero de luchas parciales, se ha abierto la etapa de las grandes movilizaciones. La burocracia sindical pretende continuar con el viejo modo que habían impuesto a las organizaciones obreras, caracterizado por discusiones ministeriales, presentaciones judiciales, compromisos con el gobierno y movilización de los llamados “cuerpos orgánicos”. La declaración de guerra de los gobiernos capitalistas no da lugar a esas prácticas. Corresponden nuevos métodos para la nueva etapa.
La bronca es muy profunda y madura la perspectiva de la huelga general. La unidad del movimiento obrero y su independencia política frente a los ajustadores resultarán esenciales para la victoria de los trabajadores. En oposición al viejo método burocrático cobra cuerpo la necesidad de convocar a un Congreso de delegados de base de los gremios estatales que despliegue un programa de salida al derrumbe capitalista. Fuera la burocracia sindical.
Un programa anticapitalista
En oposición a la agenda de los gobiernos ajustadores, corresponde la elaboración un programa que enfrente los planteos ajustadores del Gobierno nacional y provincial.
No al ajuste. Reapertura de paritarias sin tope. Por el pago en tiempo y forma. Salario mínimo igual a la canasta familiar. Por la indexación automática del salario de acuerdo a la inflación. Derogación del impuesto al salario o elevación del mínimo no imponible a 15.000 pesos. Devolución de las asignaciones familiares.
Ningún despido. Basta de precarización laboral y trabajo en negro. Pase a planta de todos los trabajadores estatales. Respeto de la estabilidad laboral. No a la privatización de servicios que debe garantizar el Estado.
No a la armonización. Por el 82% móvil. Plena vigencia de la ley 8024 (derogación de la 9504 y la 10078). Eliminación del aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal. Abajo la intervención de la caja, que la misma sea dirigida por trabajadores y jubilados, elegidos libremente.
No a los tarifazos. No al desguace de la Epec. Fuera Electroingeniería de la EPEC. Control obrero.
Contra el rescate de los privatizadores a costa del presupuesto público y de tarifazos que se cobre impuestos extraordinarios a los pools sojeros y las grandes industrias para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado. Que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
Mariano Ferreyra
El pasado 6 de agosto comenzó el juicio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra y las graves lesiones de Elsa Rodríguez. El inicio dejó en evidencia a los ojos de la población una gran victoria: la burocracia asesina llega al mismo detrás de las rejas. No se ha visto, desde poco después de la salida de la dictadura militar, una movilización tan intensa como la que se ha desplegado contra el crimen de Mariano, por parte de las organizaciones de izquierda y del conjunto de organizaciones populares.
Para obtener la perpetua a Pedraza y el resto de los imputados será necesario el desarrollo de una movilización política de tal envergadura que la caracterización de que estamos en presencia de un crimen político, sea asumida por un sector muy amplio de trabajadores, con todas las conclusiones que se derivan de ella.
Esta lucha entronca con los objetivos estratégicos de la clase obrera: liberación de los sindicatos de la burocracia antiobrera; transformación de ellos en organizaciones de lucha de clases de los trabajadores; desenmascaramiento del gobierno como representante (y por lo tanto encubridor) de la clase capitalista; por un gobierno de trabajadores. Y, fundamentalmente, el señalamiento del maridaje entre el aparato de represión del Estado (en este caso la Policía Federal) con las patronales y la burocracia sindical.
Sobre esta caracterización y conclusiones, el Partido Obrero de Córdoba y las agrupaciones Tribuna Docente-Lista Fucsia, La Violeta – SEP, Tribuna de Salud, y 29 de Mayo-Suoem, hemos convocado al plenario estatal clasista. Nuestra convocatoria está dirigida a los trabajadores de todos los sectores ligados al estado: de los municipios de toda la provincia, de la administración central, de la educación y la salud, de Epec, del banco de Córdoba, del poder judicial, etc. El objetivo es reagrupar al activismo sobre la base de un programa clasista y resolver un plan de acción.-
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