Jueves 1°/11: Marcha por el Derecho al Aborto

EL PLENARIO DE TRABAJADORAS CÓRDOBA es una de las organizaciones convocantes

NI UNA MUERTE MÁS POR ABORTOS CLANDESTINOS

MARCHAMOS

1º DE NOVIEMBRE, 18hs

Colón y Gral. Paz

Este 1º DE Noviembre las mujeres salimos a las calles a luchar por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

En este día se cumple un año de la presentación ante la Comisión de una de las cámaras de Diputados, del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal. Este proyecto no pudo ser tratado ya que la mayoría del bloque kirchnerista no dio quórum. Lo cual demuestra la decisión política del gobierno de Cristina Kirchner: el gobierno nacional impidió que se tratara y aprobara esta ley.

El proyecto de ley fue cajoneado, lo que nos impulsa a las mujeres a organizarnos en todo el país para exigir nuestro derecho: el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Centenares de mujeres mueren al año por abortos clandestinos, siendo esta la principal causa de muerte de mujeres gestantes, engrosándose las cifras entre las de más bajos recursos, lo que convierte a este flagelo en un asunto de salud pública de primer orden.

Frente al fallo de la Suprema Corte de Justicia que plantea la necesidad de la aplicación del aborto no punible, en nuestra provincia, así como en todas las provincias del país, el gobierno de De La Sota y sus jueces, en acuerdo con los grupos fundamentalistas “pro vida”, han impedido que se aplique el aborto no punible en las condiciones que establece el fallo de la Corte.

Estos mismos grupos que piensan que las mujeres no merecemos derechos, que somos un mero recipiente reproductivo incapaces de decidir sin tutela. Por eso, desde nuestra autonomía y solo con la movilización y organización, las mujeres seguiremos enfrentando y denunciando a este sistema capitalista y patriarcal que sigue matando mujeres por aborto clandestino.

¡ABORTO LEGAL YA!

¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR; ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR; ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA NO MORIR!

Convocan: Las Mufas y las otras Feministas Anticapitalistas- Plenario de Trabajadoras, PO- Las Rojas, Nuevo Mas- Frente Darío Santillán- Pan y Rosas, PTS- Mujeres de Izquierda Socialista- Movimiento Socialista de los Trabajadores- MUMALA- Colectivo Gualicho- TPR.



Cintia Frencia, (Legisladora electa por el FIT), 155477903

Soledad Díaz García, (Plenario de Trabajadoras), 155484495

Contactos de prensa:

Irene Gómez, 155489966

Jorge Albornoz, 157051661

Charla Debate con Cintia Frencia, legisladora provincial electa del Frente de Izquierda, en el local central del Partido Obrero de Córdoba

"La situación política en la Argentina - La salida es por izquierda" -> Miércoles 31/10 - 20 Hs. - Catamarca 374.

Charla Debate con Eduardo Salas en Ciudad Universitaria‏

Martes 30/10 - "Cacerolazos, D7, crisis con la Gendarmería, LA SALIDA ES POR IZQUIERDA" - Habla Eduardo Salas, 20 hs., Pabellón Mariano Ferreyra (Ex Casa Verde), FFyHH (UNC) - Ciudad Universitaria.

Ciclo de Charlas Debate sobre la situación política

Martes 30/10 - "Cacerolazos, D7, crisis con la Gendarmería, LA SALIDA ES POR IZQUIERDA" - Habla Eduardo Salas, 20 hs., Pabellón Mariano Ferreyra, FFyHH (UNC) - Ciudad Universitaria.

Miércoles 31/10 - "LA SALIDA ES POR IZQUIERDA" - Habla Cintia Frencia, 20 hs., en Catamarca 374 - Centro.

Viernes 02/11 - "LA SALIDA ES POR IZQUIERDA"- Habla Eduardo Salas, 18:30 hs., Av. Congreso 783 (entre Bogotá y Tilcara), Villa El Libertador.

Viernes 02/11 - "LA SALIDA ES POR IZQUIERDA" - Habla Cintia Frencia, 19 hs., Av. San Martín 4995 (Centro Cultural Mariano Ferreyra), Río Ceballos.

PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA

Mariano Ferreyra y la situación en Fadea

Facsímil del volante repartido esta mañana temprano en la puerta de la fábrica

NADA DE ‘MACRIS’, HUELGA GENERAL

El reclamo para reabrir las paritarias está ganando a numerosos sindicatos. La carestía en los alimentos se suma a los tarifazos en las naftas.

El impuesto al salario abarca a cada vez más trabajadores.

Una respuesta de conjunto de la clase obrera es cada vez más necesaria.

La marcha del pasado 10 de octubre dejó planteada esta cuestión. Lo volvió a plantear la del miércoles 24, contra las ART.

En lugar de definir -de una vez por todas- un paro general y un plan de lucha, para Moyano ha sido más oportuno reunirse con Macri y dar alas a un acuerdo político.

El único resultado que puede buscar semejante transa es someter a los trabajadores a los intereses de sus peores enemigos.

Convertido en aliado de Clarín, quiere dar pelea al gobierno desde una trinchera patronal.

Incluso los ‘progresistas’ que votaron a favor de la ley de medios -como el FAP de Binner y Lozano, y Proyecto Sur de Solanas- se han unido a la derecha para defender la libertad de expresión, no la de los obreros o las organizaciones populares, sino la de las corporaciones capitalistas.

La reunión de Moyano con Macri resume todo el dilema de los trabajadores, quienes son invitados a apoyar a un negrero para combatir el atropello a sus derechos por parte del oficialismo, o apoyar a los ejecutores de estos atropellos contra esos negreros.

Se trata de una trampa política.

Para enfrentar esta trampa, llamamos a apoyar al Frente de Izquierda y a reclamar -mediante plenarios, asambleas y pronunciamientos- una huelga nacional para eliminar el impuesto al salario, recuperar el salario familiar, estatizar el seguro de enfermedades y accidentes de trabajo, establecer comités de seguridad en las empresas, por la vigencia del 82% móvil para los jubilados, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

La movilización política por Mariano Ferreyra en Córdoba

Luego de una furiosa lluvia con piedras, el viernes 19 marchamos más de una decena de organizaciones políticas, sociales y centros de estudiantes secundarios y universitarios. Lo más destacable fue la preparación y la intensa campaña que desplegamos hacia el interior de los sindicatos, en las fábricas automotrices, de la alimentación, en universidades, en reparticiones públicas, en hospitales y en escuelas. Un hecho significativo fueron las votaciones por unanimidad ocurridas en los cuerpos de delegados de los sindicatos Suoem, Luz y Fuerza y UEPC Capital sumándose a la campaña. El combativo cuerpo de delegados de los trabajadores municipales convocó a Eduardo Salas a una asamblea para que explique el avance del juicio. En las automotrices desplegamos una intensa agitación, que incluyó la proyección nocturna de videos, la pintada de murales y volanteadas. En VW se registró una buenísima recepción entre los trabajadores y, por lo tanto, una reacción de la patronal, la que intentó infructuosamente intimidarnos con la Policía.

En la Universidad, colocamos una placa junto al Centro de Estudiantes de FFyH y cambiamos el nombre del Pabellón Casa Verde por el de Pabellón Mariano Ferreyra -hecho que ya se había votado en asambleas estudiantiles y que el decanato pretendía ignorar.

A esta causa popular, en vísperas de la movilización del 19, también se sumaron poetas y artistas de Córdoba en un gran y emotivo festival de poesía por Mariano, en el populoso barrio de Alberdi.

Ahora, estamos organizando el viaje a Buenos Aires de una delegación obrera y otra estudiantil para presenciar el juicio, además de la preparación de un masivo festival para noviembre, con una gran cantidad de bandas que se organizan y colaboran para que esta causa triunfe.

FADEA CORDOBA: El “fachokirchnerismo”

La patronal -el Estado nacional- de Fadea -fábrica de aviones- suspendió por cinco días a 30 trabajadores, por haberse negado a responder un cuestionario en un supuesto curso de capacitación.

El cuestionario es directamente un informe policial. Los trabajadores no sólo deben dar su opinión sobre el sindicato -Apta-, sobre la empresa y sobre el gobierno nacional, también delatar a los compañeros que participaron en una acción gremial. A su vez, hay amenazas directas de aplicación del Código Penal o de la ley de “defensa de la democracia” contra quienes efectúen medidas de fuerza.

Una nueva negativa de los trabajadores produjo 14 suspensiones más.

En los aprietes está metido el propio presidente de la empresa, Raúl Argañaraz, de La Cámpora.

Las suspensiones y amenazas vienen a completar otro operativo profundamente reaccionario: la desafiliación de los trabajadores de Apta para que entren en un sindicato creado por la patronal. Además de los aprietes, hay una oferta de 900 pesos por única vez para que los trabajadores se pasen.

De los 900 afiliados de Apta 200 ya se han pasado, y la patronal habilitó elecciones de delegados para el nuevo sindicato. De los catorce delegados de Apta, nueve rompieron con su conducción y se pasaron al lado de Argañaraz, lo que dejó al cuerpo en una situación de virtual acefalía.

Todo el operativo confirma las tendencias a la estatización y a la división de las organizaciones obreras y populares por parte del gobierno nacional.

Los métodos brutales aplicados en Fadea esconden que la patronal busca un proceso de desguace de la empresa sin resistencia. Hay un cuadro de pérdida de conquistas -como la bolsa de trabajo- y un deterioro de las condiciones de trabajo que han producido accidentes laborales, así como la falta de inversiones en infraestructura y en equipamiento.

Cuando la empresa -ex Lockheed Martin- fue “estatizada” en 2008, CFK habló de un nuevo “despertar” de la industria aeronáutica argentina y anunció contratos con Embraer y un nuevo Pampa. Desde entonces nada ha pasado, salvo generosas compras de aviones Embraer.

La “estatización” fue una operación a gusto de la Lockheed, que recibió una compensación de 25 millones de dólares luego de no haber invertido un solo peso y de haber vivido de los subsidios del Estado durante los catorce años de su gestión. La “estatización” fue saludada por prácticamente todo el arco político, y motivó un acto de las fracciones de la burocracia sindical, incluido el degennarismo local. Hoy los planes más ambiciosos pasan por convertirla en una “fábrica” de helicópteros, que ensamble piezas chinas.

Cirielli y Morselli -el representante de Apta en Córdoba- no están haciendo nada para frenar los aprietes y, mucho menos, por las reivindicaciones propias de la planta -bolsa de trabajo, salario, inversión en la fábrica. Llaman a los sancionados a que se muevan con cautela y por la vía legal, y aducen que el conflicto todavía no está instalado.

La salida es realizar una asamblea general, para defender los puestos de trabajo y la unidad de los trabajadores, así como establecer un control obrero de la empresa para impedir su vaciamiento y para echar a los “fascistas” de la empresa.

Facultad de Filosofía (UNC): el kirchnerismo va por la división de los estudiantes

El decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Diego Tatián (líder de Carta Abierta Córdoba), pretende otorgarle el triunfo de las elecciones de centro de estudiantes (realizada el pasado 18) a la agrupación del rectorado K, La Bisagra. Se ha metido en la elección de la gremial estudiantil con un organismo trucho para hacer valer dos votos impugnados y de esta manera romper el empate que se dio entre La Bisagra y la actual conducción del centro, la agrupación Desde Abajo y a la Izquierda (independientes).

Mediante este ardid el kirchnerismo quiere disimular su retroceso en la facultad y en la universidad, que ya lo ha dejado prácticamente afuera de continuar a la cabeza del rectorado cuando en marzo próximo se defina la sucesión de la actual rectora Carolina Scotto. A pesar de que el conjunto de “tribus” k bajaron sus listas para asegurar el triunfo de La Bisagra, ésta retrocedió en votos respecto de la elección anterior.

La izquierda de conjunto tuvo la mejor elección en años, obteniendo alrededor del 70% de los votos. Sin embargo al presentarse dispersa permitió el empate.

La conducción del Cefyh, Desde Abajo y a la Izquierda, sufrió una ruptura a principios de año conformándose el Colectivo Gualicho (ligado a La Mella) y se negó a un frente común para impedir el avance del rectorado, como desde la UJS vinimos advirtiendo desde hace meses y a su vez llamando al conjunto de la izquierda a establecer un frente único. Fue esta política divisionista y la parálisis política de la conducción ante las principales tareas del movimiento estudiantil lo que puso en peligro un centro históricamente de izquierda. Ante este negativa de la izquierda independiente se conformó el único frente de izquierda, el Frente estudiantil Mariano Ferreyra (UJS-PO, PTS, MAS, PSTU, 29 de Mayo).

La Bisagra ya está dejando en claro su decisión: crear un centro paralelo ya que rechazó la resolución de la junta electoral de convocar a un “ballotage” para desempatar.

Rechazamos la intervención K para apropiarse del centro de izquierda, y llamamos a una gran asamblea que reafirme este rechazo.

Cintia Frencia

La Fragata Libertad, el naufragio del pseudo antiimperialismo

¿La Unasur dónde está, que nadie la puede encontrar?

En una mesa sobre “el genocidio”, hace tres años, en el auditorio de la Facultad de Derecho, interpelé a Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte, acerca de por qué ese tribunal no recuperaba la jurisdicción nacional para “la deuda externa” de Argentina. La callada por respuesta puso de manifiesto la condición colonial del país. El ‘status’ de Malvinas domina el núcleo de relaciones internacionales de Argentina; la Fragata Libertad fue secuestrada, a pesar de que, al igual que una embajada, equivale para el derecho internacional a un territorio nacional. Aunque el gobierno denuncie correctamente que se trata de un acto de piratería, no se puede omitir que, en los últimos días, como consecuencia de la decisión de Capitanich de pagar en pesos la deuda dolarizada de la provincia, el mismo gobierno nacional ha ratificado los derechos de los piratas, al insistir en que seguiría pagando la deuda internacional de Argentina de acuerdo con lo establecido por las leyes, normativas y tribunales extranjeros -en resumen, Nueva York y Londres, la capilla Sixtina de los fondos buitres. Ghana, el país predador, está lejos de ‘rankear’ con los países del ‘eje del mal’, porque ocupa el segundo lugar en el Indice de Estado de Derecho, en la Africa sub-sahariana, del Proyecto de Justicia Mundial 2011 (Financial Times, 20/10), que aplica las normas de la jurisdicción que reconoce Argentina.

Para Jorge Castro, columnista de Clarín, el secuestro de la Fragata Libertad demostraría que “para la comunidad internacional, Argentina sigue siendo un país en ‘defol’”. El Financial Times, que recoge el planteo, añade que “Las cortes de justicia de Estados Unidos y el Reino Unido han reconocido reclamos por 1.600 millones de pesos a favor del fondo NML…”. La réplica de un Estado soberano a este atropello debería ser la nacionalización de la jurisdicción de la deuda externa y la suspensión indefinida de su pago -por lo menos hasta que se verifique su legitimidad, intensamente cuestionada. Los nac&pop no han cuestionado legalmente siquiera que la deuda externa sea una acumulación de intereses sobre intereses.

La Unasur no se ha pronunciado sobre este acto de piratería, ni siquiera en ocasión de la ‘jubilosa’ visita de Lula a Argentina. Tampoco ha hecho nada, como es obvio; CFK no le ha pedido que lo hiciera. ¿Cómo se explica esto, de parte de incansables patrioteros? El bolivariano Evo Morales, que acaba de contraer un empréstito internacional con jurisdicción de Nueva York, oficiado por el JP Morgan, mal podría denunciar a los ‘fondos buitres’. Toda la deuda de los países de la Unasur está atada a la jurisdicción extranjera. El caso de Lula es, en todo esto, el más interesante, porque en enero de 2003, a poco de asumir la presidencia de Brasil, negoció con W. Rhodes, el entonces presidente del Citigroup, la reanudación de los créditos extranjeros al comercio exterior brasileño a cambio del nombramiento de un funcionario del Banco de Boston, Henrique Meirelles, a la presidencia del Banco Central de Brasil (columna de Rhodes en Financial Times, 24/6/04).

Argentina obtuvo la aceptación del 96% de los acreedores cuando renegoció la deuda en ‘defol’, en 2005, con excepción de la contraída con el FMI, el BID, el Banco Mundial y, controvertidamente, el Club de París, que alegan que los organismos oficiales no aceptan quitas. Los que quedaron afuera (‘hold out’) del acuerdo (4%), lo hicieron a sus expensas, porque no habría sido posible otorgarles ventajas sobre los demás. Es precisamente en estos términos que se renegoció la deuda de Grecia (un 50% de quita, aproximadamente) a principios de año, donde no se aceptó que ningún acreedor privado ‘quedara afuera’ -una condición exigida por el FMI y el BCE, que además impusieron el cobro de la totalidad de los créditos otorgados por ellos.

El planteo del arco patronal antiK es muy ilustrativo, porque reclama que el gobierno argentino rescate a la fragata por medio del pago de la fianza que estableció el juez ghanés. A la ‘dignidad’ de la fragata planteada por los opositores, CFK le opuso la ‘dignidad’ del país -que es, en realidad, la de su gobierno. Estamos ante una pelea típica de los súbditos ante un atropello imperial. El ejemplo más claro de esta conciencia colonizada ha sido la disputa adentro del gobierno, para cargar el muerto del secuestro a la oficina que autorizó el atraco en Ghana. La carnicería interna ante el atropello imperial fue encabezada por Horacio Verbitsky, quien busca operar como el Rasputín de la zarina. La derecha quiere ‘pagar’, esto porque su política es “volver a los mercados internacionales”; los K se oponen, porque la de ellos es valerse de la pesificación para licuar la deuda pública con la Anses y el Banco Central, y confiscar a jubilados y contribuyentes, incluida la posibilidad de un ‘rodrigazo’. Después de recordar el arrojo del grupo encabezado por el futuro montonero Dardo Cabo, en el aniversario de su desembarque simbólico en Malvinas (1966), los K han tenido que tomar un avión de línea para implorar la solidaridad de Ban Ki Moon (el secretario general de la ONU, que tuvo que hacer Córdoba-Buenos Aires en bañadera, debido a las cenizas sureñas).

El conventillo jurídico está enfrascado, en este momento, en determinar la admisibilidad del ‘per saltum’ (recurso directo a la Corte) para obtener una declaración de vigencia de la ley medios y desplumar a la Corpo Clarín. Se podría aprovechar la bolada para que la Corte anule la jurisdicción extranjera en materia de deuda contraída por el Estado nacional, y que el gobierno suspenda por tiempo indefinido el pago de la deuda externa.

De lo contrario, como hay que esperar, el secuestro de la Fragata Liberad será otra evidencia del naufragio nac&pop.

Jorge Altamira

Riesgos de trabajo: crimen social “nac&pop”

El proyecto de ART -el cual tiene media sanción- que se debate a partir del miércoles 24 en Diputados, está calcado de la ley 24.028 dictada en el ’91. Diversos fallos de la Corte Suprema establecieron, luego, que el trabajador podía apelar a la Justicia laboral después de haber recibido la indemnización de la ART si se consideraba perjudicado. El nuevo proyecto violenta estos fallos, porque establece, en términos excluyentes, una u otra vía.

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) se registran, en promedio, unos 650.000 infortunios laborales anuales. Otro 35% proviene de accidentes laborales no registrados, lo que llevaría la cifra a 900.000 accidentes anuales. Una parte importante de las acciones judiciales tienen que ver con las llamadas “enfermedades profesionales”; la SRT sólo reconoce el 20% de las realmente existentes según la OIT. Estamos hablando de más de un millón de accidentes anuales para ocho millones de asegurados.

El negocio del seguro de trabajo se ha ido concentrando: de las veintitrés ART que han quedado, diez acaparan el 90% de los asegurados. Se ha producido una absorción de ART en contra del trabajador. La competencia entre las ART es implacable: los descuentos que ofrecen a las empresas para conseguir su adhesión se manifiestan luego en una clara devaluación de las indemnizaciones que ofrecen al trabajador afectado.

El nuevo proyecto obliga al trabajador accidentado o enfermo a optar entre la tarifa pautada por estos grandes pulpos o esperar, impedido de trabajar, el resultado de un juicio largo. Hoy se amontonan centenares de miles de juicios, en tanto las indemnizaciones son inferiores a los montos de los juicios laborales. Se establece un sistema nuevo para el cálculo de las remuneraciones tanto de las ART como de los propios juicios, llamado Ripte, el cual no tiene como base indemnizatoria el salario actualizado -con los aumentos, adicionales y beneficios que se cobraban al momento de producirse el accidente-, sino un índice difuso, trimestral, que sólo contempla las remuneraciones sujetas a los aportes provisionales -en un país donde el pago no remunerativo es generalizado. Se busca que el trabajador desista del juicio.

La burocracia sindical

La “CGT-Balcarce” ha aceptado el nuevo proyecto, pues le ofrece la posibilidad de armar su propia ART. La contradicción es clara: el sindicato debe elegir entre la defensa de los intereses de los accidentados y el interés de la burocracia que maneja la aseguradora. Si un obrero rechaza la indemnización, deberá accionar contra su propio sindicato y enfrentar represalias de la burocracia. Por otro lado, ¿quién controlará las primas de seguro que la burocracia de las ART-Mutuas cobre a las patronales? El proyecto otorga a Gerardo Martínez, por ejemplo, la posibilidad de armar una ART-Mutua en un sindicato que tiene el nivel más alto de accidentes y de muertes laborales en el país, y cuya burocracia se caracteriza por los arreglos con las patronales para que éstas hagan lo que quieran en los lugares de trabajo.

El rechazo a la nueva ley -nacional y popular- de accidentes de trabajo debe ir acompañado por el planteo de la estatización del seguro laboral, bajo un control obrero independiente de la burocracia y la posibilidad de la doble vía -cobrar la indemnización y recurrir a la Justicia.

Jubilados subsidian a YPF, patronales reclaman más devaluación

YPF informó el viernes 19 otro aumento de nafta, que sumado al de julio supera el 10% en sólo tres meses. El aumento se produjo 48 horas después de que la empresa fracasara en colocar deuda en el mercado local, y de que fuera “auxiliada” de nuevo por la Anses, que le giró más de la mitad del dinero. A pesar de que “el objetivo inicial de la petrolera era el público minorista, éste apenas suscribió el 1% de los títulos” (Clarín, 18/10). Por su parte, Diego Bossio, director ejecutivo de la Anses, justificó en el Congreso “la buena inversión que representa el Tesoro Nacional por la gran capacidad de repago que tiene y… porque tiene mejores rendimientos que el resto de los activos financieros”… (Cronista Comercial, 19/10). Bossio habla de títulos que se pagan en 2045, y cotizan un 80% debajo de su precio de emisión.

Confiscación

El pretexto de que el aumento tiene “el objetivo de disminuir la brecha de precios con el resto de las petroleras” (Ambito.com) es un encubrimiento, porque es el gobierno el que autoriza el aumento de las demás petroleras.

Esta confiscación de ingresos de los trabajadores se completa con la confiscación de la Anses, que presta a tasas menores que la inflación. En este caso, el organismo le prestó a YPF más de 1.100 millones de pesos, ajustados al dólar oficial -que se revalúa a la mitad de la inflación-, a una tasa promedio del 5,6%, cuando los bonos de la provincia de Buenos Aires, con vencimiento incluso más cortos -y que se pagan en dólar billete-, cotizaban el viernes con un rendimiento del 19% anual: un rendimiento de más del triple. Al mismo tiempo, el titular de la Anses reconoció: “El presupuesto nacional del año próximo prevé que la Anses sólo pague en efectivo 25.000 sentencias de jubilados” (La Nación, 24/9), cuando los litigantes son 257.000.

Dos políticas

Las tasas que pagó YPF, a pesar de ser menores a las tasas del mercado -calculadas en pesos- se acercan al 20% anual. Son cinco puntos más que la fijada por el gobierno a los bancos. YPF tiene el privilegio de que recibe el subsidio de la Anses; Molinos Río de la Plata, en cambio, tuvo que suspender una colocación de deuda. En el “coloquio de Idea”, las patronales reclamaron la devaluación del peso oficial; “el único tipo de cambio que hay en la Argentina es el del ‘blue’… el ideal para que las empresas puedan mantener competitividad” (Ratazzi, Fiat, Ambito.com). A su vez, rechazaron la pesificación de la deuda en dólares, y Pescarmona salió a ratificar el pago en dólares de sus deudas bajo ley nacional. Plantearon lo mismo los gobernadores opositores, como De la Sota. Se trata de una presión combinada para llevar el tipo de cambio oficial a más de 6 pesos.

El aumento de precio de las naftas y la confiscación de los fondos de la Anses implican una nueva baja del salario real, sumada a la negativa a pagar los fallos a favor de los jubilados. A su vez, el reclamo de mayor devaluación internacional del peso implica una mayor licuación de los salarios.

DERECHO AL ABORTO: Pichetto, no aclares que oscurece.

“Haría falta una ley clarificadora para todo el país que permita poner fin a las situaciones controversiales”, declaró el titular del bloque de senadores del FpV, Miguel Angel Pichetto, en referencia a los bloqueos al aborto no punible. El tema se encuentra en el centro de la escena a partir del fallo de la Corte Suprema (13 de marzo) de las reglamentaciones reaccionarias que se vienen sucediendo en las provincias K y en las opositoras, del veto de Macri a la ley de la Ciudad sobre aborto no punible, por lo sucedido en el Hospital Ramos Mejía y por la aprobación de una “suspensión” a la penalización del aborto en Uruguay.

Detrás de la declaración de un objetivo “clarificador” que hace Pichetto, en realidad se esconde la verdadera intención de que el aborto legal no prospere en el debate parlamentario y de utilizar una reivindicación tan elemental del movimiento de mujeres para extorsionar a la derecha. “De todas maneras, dejó bien en claro que su iniciativa apunta a ese sentido y en nada tiene que ver con lo aprobado este miércoles en Uruguay, donde fue aprobada una ley que legaliza el aborto durante el primer trimestre de gestación”, aclaró Télam, citando al dirigente.

Pujas políticas y aborto

Algunos sostienen que detrás del cacerolazo del 13 de septiembre actuó también un sector de la Iglesia católica. En la provincia de Salta, esto fue totalmente ostensible, teniendo en cuenta que el gobernador K es el más clerical de todos, al punto que ha impuesto la educación religiosa en el sistema público y la reglamentación más reaccionaria del aborto no punible. En septiembre, la Iglesia agitaba con fuerza la pelea contra el Código Civil y Comercial K, que establecería principios que resultan nocivos para la concepción familiar que sostiene el clero.

Aunque el nuevo Código Civil K le concede a las posiciones religiosas el principio de defensa de la vida desde la concepción, la Iglesia va por más y se queja porque dicho artículo establece que esta defensa se produce si el embrión es creado “dentro del útero materno”. Pretende dominar todo el manejo de embriones para la investigación científica y para limitar el avance de la fertilización asistida, que requiere de embriones formados fuera del útero materno. Por supuesto que un sector clerical también pretende eliminar la aceptación de los matrimonios entre personas de un mismo sexo, la “acción altruista” en la sesión de vientres y la aceleración de los trámites de divorcio.

La discusión del aborto está sometida al escenario político general de inflación galopante, de imposición de medidas antiobreras, como el impuesto a las Ganancias o la ley de ART, impulsada por los K y aplaudida de pie por la UIA. En el posicionamiento de cada sector en la pelea contra Clarín, el gobierno se juega a cambiar de empresarios y sectores sociales de poder, pero no a garantizar la libertad de expresión y la democracia mediática: la Iglesia es uno de los grandes beneficiarios de la ley de medios.

La clase política argentina está contra el aborto legal. El proyecto de aborto legal presentado por cuarta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está siguiendo el mismo destino que en las anteriores presentaciones: el ninguneo. Los bloqueos al aborto no punible se producen por el lugar que los K y los opositores le han dado a los sectores “pro vida” en el aparato de salud, porque el gobierno nacional es un enemigo declarado del aborto legal, porque los gobernadores son “pro vida”, como ocurre con los kirchneristas Colombi o Urtubey, y con Macri en la Ciudad.

La única vía posible para encarar una lucha real y sincera contra los bloqueos al aborto no punible, de los que ahora se queja Pichetto, es la aprobación del aborto legal en el Congreso y la eliminación de los funcionarios clericales de los hospitales; y no la recontra reglamentación de los casos no punibles que, en definitiva, van todos a parar al campo legal sistemáticamente. El kirchnerismo no reúne la voluntad política para imponer estas dos condiciones, y la agitación que por el tema hacen algunos de sus diputados no es más que una cortina de humo para encubrir que, en la lucha interna del gobierno K, hace mucho tiempo que los derechos de las mujeres han perdido la pelea.

El 1º de noviembre, a un año del tratamiento del proyecto de aborto legal en el parlamento -que fuera debut y despedida-, concentramos en el Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, para exigir aborto legal, seguro y gratuito.

A 3 años de la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello

El Plenario de Trabajadoras Córdoba convoca a la MARCHA POR LA APARICIÓN CON VIDA de Yamila Elizabeth Cuello: Jueves 25/10, 18 hs., Colón y Gral. Paz. En el video, la palabra de la abogada de la familia Cuello e integrante del Plenario de Trabajadoras, Soledad Díaz García.

MARCHA POR LA APARICION INMEDIATA DE YAMILA CUELLO

El próximo 25 de octubre se cumplen tres años de la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello, sin que hasta el momento se haya encontrado un solo indicio de su paradero.

La causa actualmente se encuentra en Tribunales Federales caratulada como “Trata de Personas”; sin embargo, hasta el momento la investigación no ha arribado a la imputación del principal sospechoso al que apunta la familia como entregador de Yamila a las redes de trata que operan en la provincia.

El caso de Yamila no es un hecho aislado, es parte de un flagelo que crece con total impunidad, cuya razón no está en la ausencia de leyes sino en el entramado mafioso de complicidades que existen entre las redes de trata, la policía y funcionarios públicos, para sostener un negocio que mueve millones por año.

A tres años de la desaparición de Yamila marchamos para exigir:

* Aparición inmediata de Yamila Elizabeth Cuello y de todas las desaparecidas.

* Desmantelamiento de las redes de trata.

* Cárcel a policías y funcionarios públicos cómplices.

JUEVES 25 DE OCTUBRE, A LAS 18 HS., DESDE COLON Y GENERAL PAZ.


Organización de Mujeres "PLENARIO DE TRABAJADORAS"


Para comunicarse:

- Soledad Cuello -> (0351) 153-662412 (Hermana de Yamila Cuello)

- Cintia Frencia -> (0351)-155-477903 (Legisladora electa por el FIT)

- Soledad Díaz García -> (0351) 155-484495 (Abogada de la familia)

Abajo las ART

El 24 de octubre bloqueemos el Congreso

El gobierno kirchnerista está por asestarle un golpe al derecho de la clase obrera a la salud y la seguridad en el trabajo. La nueva ley de riesgos del trabajo obligará a optar: o el resarcimiento miserable de la “administradora” (ART)… o esperar varios años hasta cobrar el juicio civil.

La extorsión es clara: empujan al trabajador a quedarse con el pago de la ART, ante la imposibilidad de aguantar hasta el juicio.

Perfecciona la privatización de los “riesgos del trabajo” que inauguraron Menem y Cavallo.

Para los capitalistas, bajará el costo de los accidentes laborales.

Por lo tanto, tendrán que gastar menos en prevenirlos.

El beneficio de las administradoras, asociadas a la burocracia sindical, crecerá junto a la inseguridad en el trabajo.

A pocos días del 17 de octubre, el gobierno ha dado una muestra de “lealtad”… pero hacia la Unión Industrial, que viene reclamando esta reforma desde hace años.

El miércoles 24, la nueva ley de ART será debatida en el Congreso. La CGT y la CTA han convocado a concentrar allí desde las 14 horas.

Marchemos masivamente, convoquemos a marchar en todas las organizaciones obreras.

Por comisiones obreras de seguridad e higiene, electas y con poder de veto sobre las condiciones de trabajo.

Por el derecho a recurrir sin condicionamientos a la demanda civil en los accidentes de trabajo.

Por un paro nacional y un plan de lucha por este reclamo, contra el impuesto al salario y todas las reivindicaciones obreras.

Que se concrete el paro nacional

El choque entre Moyano y su ex abogado Héctor Recalde en el Congreso tuvo un claro telón de fondo. El gobierno que el dirigente camionero apoyó durante nueve años está por sancionar una ley que perfecciona la privatización de los riesgos del trabajo. Los popes de la Unión Industrial aplaudieron de pie el fin de la “doble vía” en los accidentes de trabajo. La Presidenta explicó que el cepo cambiario asegura el uso de las reservas para el pago de la deuda dolarizada, pública y privada. Kicillof, en el Congreso, aseguró la vuelta de los “vientos de cola” de la economía mundial. Pero la soja ha caído un 20 por ciento en un lapso de semanas (“serios problemas de caja para comienzos de 2013”; Ambito, 17/10). La mentada recuperación brasileña sigue en promesa, y Renault de Córdoba ha vuelto a las suspensiones. El ajuste y la fundición del “modelo” agrede a la clase obrera: un relevamiento privado informa de un aumento de los precios de la canasta básica del 39% en un año, frente a paritarias que han oscilado entre el 20 y el 25%. El trabajo en negro, la tercera parte de la fuerza laboral, ni siquiera accedió a esos aumentos. Los trabajadores en blanco soportan el rasero del impuesto al salario. Cuando las contradicciones de la economía oficial resultan incontenibles, el gobierno busca fundar el respaldo de la clase capitalista con medidas antiobreras.

Por un paro nacional

Moyano resolvió aprovechar el 17 de octubre para compartir un palco con De Narváez y otros integrantes del pejota, que negocian una alianza nacional con el macrismo. ¿Y el paro nacional, lanzado en la tribuna del pasado 10; Micheli ha seguido el mismo rumbo.

El planteo de un paro nacional y un plan de lucha por las reivindicaciones obreras ocupa, en este cuadro, un lugar definido. Hay que dar la batalla en el seno de las organizaciones obreras, para superar los límites sindicales y políticos insuperables de sus burocracias. La lucha por la reapertura de las paritarias, por el fin del impuesto al salario, por el 82% móvil, por un básico de 7.000 pesos para todos los trabajadores, el fin de las tercerizaciones, por la nacionalización sin resarcimiento de las privatizadas y el no pago de la deuda a los usureros internacionales, se oponen por igual al gobierno ajustador y a sus aspirantes a suplantarlo, en nombre de intereses sociales igualmente reaccionarios.

Un programa de la clase obrera, y un plan de lucha, contribuirían para colocar a todas las clases sociales agraviadas por los “ajustadores” oficiales en el campo de la clase obrera. Impulsemos plenarios, pronunciamientos y una campaña, en todo el movimiento obrero, por un paro nacional, por un programa y una salida política de los trabajadores.

Marcelo Ramal

La izquierda frente al desbarajuste nacional

Contra lo que cabría esperar cuando el proceso político se acelera, las definiciones electorales de los diversos partidos, de cara a las elecciones de 2013, se demoran. Da la impresión de que los protagonistas estuvieran a la espera de un catalizador; no pretenden orientar los acontecimientos sino evitar que los sorprendan. Si no las miradas, al menos los instintos están puestos en lo que pueda ocurrir con los cacerolazos que se van agendando; con el cantado y al mismo tiempo oscuro 7D, con un paro nacional CGT-CTA contra el impuesto al salario, incluso con un ‘defol’ en gateras para blindar la pesificación; o, en última instancia, con un anuncio de reforma de la Constitución o el adelantamiento de la fecha de los comicios. Del radar no escapan tampoco las consecuencias que podrían emerger del corte de los subsidios nacionales para el mantenimiento del subterráneo.

La tentativa de Binner de ocupar la ‘pole position’ electoral con una campaña de recolección de firmas contra la re-re-re, no llegó a embragar la segunda. La imagen de un Capriles, que unifique a los opositores a Su Majestad, parece requerir una presión excepcional de los acontecimientos, y lo mismo pasa con la posibilidad de que el oficialismo no sucumba ante una tentativa de ir por la re-reelección. Por esto mismo, la aventura que ha emprendido Pino Solanas para que se lo reconozca como candidato a senador con posibilidades, se difumina en la soledad. A Pino no lo urge la situación política sino la necesidad de borrar la impresión que dejó Proyecto Sur el año pasado, cuando no logró atravesar las primarias para Presidente y ocupó un lugar distante en la elección nacional en la Ciudad.

Frente de Izquierda

Este vacío político ofrece una oportunidad singular al Frente de Izquierda. La izquierda, por su condición revolucionaria, debe tomar la iniciativa política y delimitar en sus propios términos (no en los que presentan los campos patronales), los verdaderos (históricos) campos en disputa. Sin embargo, ocurre lo contrario: el Frente de Izquierda está paralizado por los acontecimientos, incluso va a la rastra de ellos y hasta lo hace con yapa, porque no acierta en adoptar una posición común frente a ninguno de los episodios políticos de los últimos meses y, lo que es mucho peor, no se advierte un propósito de clarificar las diferencias de caracterizaciones y tácticas con vistas a reivindicar y destacar su objetivo estratégico, que es convertir a la política nacional en una lucha de clases y avanzar hacia un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda debería tener a corto plazo su definición político-programática electoral y su lista de candidatos.

El solitario Solanas ha dejado de lado el enorme ego que le adjudican sus amigos y parece dispuesto a volver al redil de Hermes Binner, el ‘socialista’ sojero que, aislado él mismo en un techo del 13% de las intenciones de voto, lanza miradas acosadoras hacia una parte de la UCR. La naturaleza distrital de la elección de renovación parlamentaria, parece venirle como anillo al dedo a un enjuague oportunista, mediante alianzas diferentes en cada distrito, dejando el frente nacional para 2015, que incluso podría zanjar las candidaturas en las elecciones primarias (como ya ocurre en la provincia de Santa Fe). Pero, como ya se ha dicho, todo dependerá de los algoritmos: 8N, 7D ó 10D y de los que se vayan subiendo al calendario. A nadie se le debería escapar que, luego de haber votado con conciencia serena la ley de medios, Pino Solanas reviste hoy, en forma firme, en las filas de Clarín, como el propio Binner. Quienes no se sienten aludidos por estas guarangadas (ni siquiera por la presencia de la privatizadora petrolera, María Eugenia Estenssoro, al lado de Binner) son los dirigentes de Libres del Sur, del PCR y del MST, que siguen firmes como furgones de cola del FAP y Proyecto Sur, respectivamente.

Devaluación y después

Tal como se van perfilando los alineamientos políticos, no importa que la oposición tradicional vaya en distintas listas a las elecciones parlamentarias, porque forma en los hechos y en las definiciones un bloque político. Los tejes y manejes de Moyano con los De la Sota, De Narváez y gobernadores e intendentes que aún revisten en el kirchnerismo, se conjugan con la tendencia a formar un bloque opositor, cuyo programa no es la ‘institucionalización’ ni la libertad de prensa sino la devaluación del peso y la salida del ‘defol’ K mediante el ‘retorno’ a los mercados internacionales (las mineras y los pulpos de la energía reclaman la posibilidad de remitir ganancias al exterior, en tanto que los sojeros no quieren vender la cosecha al tipo de cambio oficial, en especial ahora que el precio de la soja comenzó la caída). La cabeza ‘teórica’ de los devaluacionistas (entre ellos, el ‘pequeño productor’ Eduardo Buzzi) es el ex duhaldo-kirchnerista Roberto Lavagna. Para Lavagna, el horizonte es el que hemos descripto en estas páginas desde antes que él: el ‘rodrigazo’.

En el ‘coloquio’ de Idea, los centroizquierdistas del FAP, con Lozano y Bonfatti, aprovecharon la presencia del kirchnero-bolivariano Lula da Silva, para juntarse con lo más granado de la burguesía nacional e internacional, a sabiendas de que tiene el programa único de la devaluación y el abandono de la política intervencionista del gobierno. Una reunión similar, en noviembre de 1988, en Bariloche, sirvió para lanzar la alianza entre Menem y Alsogaray (y poner las primeras piezas de la expulsión anticipada del gobierno de Alfonsín), que nuestro partido pronosticó en la campaña electoral de 1989.

En este cuadro, el oficialismo intenta repetir la ‘hazaña’ de principios de 2011, cuando al imponer el control del Tesoro sobre el Banco Central se quedó con la caja y el poder necesarios para ganar las presidenciales de octubre. El blanco es ahora la intervención y el desguace de Cablevisión y, enseguida, una desapropiación de Papel Prensa. Si gana la partida, piensan en la Rosada, podrían competir con Chávez en longevidad gubernamental. El gobierno procura engrosar la tropa de capitalistas amigos que se quedarían con los despojos de la Corpo, para respaldar el ataque. Sin embargo, la capacidad que ha demostrado la oposición, en el Consejo de la Magistratura, para poner piedras al proyecto, pone de manifiesto una resistencia generalizada en el ‘establishment’ judicial, a la que no es ajeno el reagrupamiento de fuerzas expuesto en Idea. Aunque el oficialismo se enfrenta a la posibilidad de un nuevo Voto No Positivo, que podría tener consecuencias de mayor alcance que la de la 125, está dispuesto a desafiar a los opositores a una crisis de poder. Las destituciones de mandos militares, como consecuencia de los sucesos con la Gendarmería y la Fragata Libertad, se explican por el conjunto de la orientación política oficial para las próximas semanas.

La condena de la crisis mundial

Las peleas que se libran en el campo capitalista, sin embargo, no tienen destino positivo para el régimen político. De choque en choque, la crisis de la economía y de la política se acentúa sin pausa. El viceministro Kicillof confesó la vulnerabilidad oficial cuando pronosticó un año económico mejor, en 2013, a nivel mundial, que daría un respiro a la Argentina. Federico Narvaja, un economista que escribe para Ambito, recordó, hace dos semanas, que ni oficialistas ni opositores habían embocado una en las previsiones de los últimos años. El medio ministro, que hizo el tránsito imposible del marxismo al desarrollismo, en plena bancarrota capitalista, fabula para la tribuna.

Este es el marco extraordinario que plantea una iniciativa estratégica enérgica de la izquierda revolucionaria.

Jorge Altamira

El conflicto capitalista de los medios

La necesidad de una posición propia de los trabajadores

La disputa en relación con el 7D se ha focalizado, en las últimas semanas, casi exclusivamente en la Justicia. Ambos bloques pretenden colocar a uno de su palo en el Juzgado Nº 1 del fuero Civil y Comercial Federal, que tiene a su cargo la causa. Clarín ha logrado bloquear el ingreso de candidatos del oficialismo y el propio trámite judicial.

La crisis comienza a diseminarse. En el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo no logra reunir los dos tercios necesarios para imponer su terna de jueces. La Cámara Civil y Comercial Federal por el momento también está fuera del control del gobierno. En estas condiciones, el conflicto marcha derecho a la Corte Suprema, que también está en estado de ‘asamblea’. De acuerdo con información suministrada por el diario Perfil, habría un acuerdo interno de todas las fracciones para reelegir en la presidencia a Lorenzetti y ponerle un “dique de contención” al gobierno. Siempre según la misma fuente, hasta el más pro-oficialista de los miembros de la Corte, Raúl Zaffaroni, estaría en esa tesitura.

Choque

El grupo Clarín se opone a la ‘desinversión’ que establece la ley de medios para todos los grupos mediáticos que superan determinada cantidad de licencias. El kirchnerismo ha ofrecido a otros grupos capitalistas el desguace del grupo de Magnetto. Las telefónicas podrían ser las grandes beneficiarias del negocio de cable, debido al cableado de la red telefónica. CFK siempre señaló que las telefónicas serían las grandes beneficiarias de un negocio que ofrece telefonía-televisión-Internet. Esto demuestra que el gobierno no busca la transparencia ni la igualdad, sino quebrar a un medio políticamente rival, que influye en las decisiones electorales. Clarín protesta diciendo que, mientras a las operadoras de cable se les pone un límite de 24 licencias locales, a “sus competidores (DirecTV o las empresas telefónicas), les permite llegar a las 2.200 localidades del país con una sola licencia. Esta discriminación es uno de los motivos del juicio de fondo por inconstitucionalidad”. Clarín también se queja porque los extranjeros podrán tener más licencias que los grupos locales. También está en desarrollo una rama de negocios vinculada con la producción de contenidos en múltiples plataformas. El grupo Time Warner acaba de instalar su base de operaciones para América Latina en Buenos Aires. De este modo, con la “ley de medios nacional y popular” se está operando una penetración de capital extranjero en la industria del cable.

Democratización, las pelotas

Aunque ambos bandos se presentan como adalides de la “libertad de prensa”, lo cierto es que defienden el monopolio de los medios por parte de las grandes empresas o del Estado. Esto se puso de manifiesto en que la promesa de otorgarle un tercio del espectro a medios sin fines de lucro quedó en la nada; fue una zanahoria para la cooptación oficial de organizaciones populares. Las condiciones establecidas para la TV digital eran directamente prohibitivas. El pliego para presentarse a una licitación era de 140 mil pesos y el canon mensual de 24 mil. A esto había que agregarle la inversión en infraestructura y personal. Como era previsible, el concurso terminó desierto. El centroizquierda que ahora se declara estafado apoyó entusiastamente la ley de medios del oficialismo.

La intervención de los trabajadores

Los sucesivos choques crearon una situación de polarización en los sindicatos. Mientras las burocracias sindicales se colocan de uno y otro lado del mostrador, está ausente un punto de vista independiente de los trabajadores. Sin embargo, sólo auspiciando la intervención de los trabajadores como clase sería posible superar los límites de este choque entre patronales.

El primer paso debería ser poner en el primer plano la defensa de los trabajadores, como clase, a través de las decisiones soberanas de sus asambleas y de una deliberación permanente de toda la base. La agenda debe consistir en la defensa de las fuentes de trabajo, incluido el veto a cualquier modificación del plantel de personal, así como la independencia ideológica de los trabajadores de prensa y comunicación, que es indisociable de la defensa de su lugar de trabajo. Por encima de las diferencias de pensamiento y adhesión política de cada trabajador, reivindicamos la unidad de la clase sobre la base de una agenda propia de defensa de sus intereses materiales y morales. En esta línea, propiciamos el derecho de los trabajadores a intervenir en el diseño político y cultural de los medios en los que trabajan, y hacer extensiva esa participación al conjunto de los trabajadores en el ejercicio de ese derecho.

En el caso de los periodistas, dad la peculiaridad de que su actividad que consiste en elaborar información, la defensa de los puestos de trabajo supone rechazar toda regimentación política e ideológica. Para los dueños de los medios, la negativa de un periodista a someterse a la directiva ideológica de la empresa equivale a un despido… justificado. Esto vale tanto para las empresas estatales como para las privadas, en todos los casos las patronales operan presionando a los periodistas en función de determinada orientación. De este modo, la lucha por la defensa de los puestos de trabajo se une concretamente a la defensa de la libertad de prensa, en oposición a ambos bloques en disputa, que agitan abstractamente esa bandera cuando en la práctica la violan todos los días.

El planteo de asambleas soberanas y de una agenda de clase es tanto más pertinente cuanto que las comisiones internas de varias empresas han tomado ya una posición por uno u otro bando patronal, arrogándose la representación ideológica de los trabajadores. Esto es inadmisible: la posición programática debe ser establecida colectivamente, y la prevalencia de la mayoría sobre la minoría debe legitimarse mediante convocatorias periódicas que permitan analizar los resultados obtenidos.

Gabriel Solano

“Dólares para nosotros, pesos para el pueblo argentino” (Crédit Suisse)

El miércoles pasado, la Presidenta le reiteró a los acreedores externos -que incluye un numeroso lote ‘nacional’- que el “cepo cambiario” no está destinado a ellos. Que el “cepo democrático” había permitido pagar, durante los primeros nueve meses del año, 17.500 millones de dólares, en concepto de deuda externa (privada y pública). Al día siguiente, un informe Credit Suisse Bank recomendaba la compra de bonos argentinos: “la política gubernamental de permitir pagar a la provincia del Chaco su deuda en pesos, tiene el objetivo primordial de preservar las reservas del Banco Central y la capacidad de pago de la deuda externa”, y agregaba que “esto presenta la oportunidad de comprar en la caída (de precios)”… o sea, los dólares para nosotros, pesos para el pueblo argentino.

La banca internacional tiene en claro que la pesificación de las deudas que se encuentra “bajo legislación local”, así como el “democrático” cepo cambiario, sólo apunta a garantizar el pago en divisas a los acreedores externos. Pero el colmo de la cuestión es que además de pagar en divisas la deuda en dólares, el gobierno volvió a comprometer en un comunicado oficial del BCRA, “el acceso al mercado de cambios a los no residentes que cobran servicios de títulos locales”. Son los títulos en dólares bajo la legislación internacional y local, pero también los títulos en pesos.

Financiando la fuga de capitales…

El pago más importante de la deuda externa en el año, será el del cupón PBI el próximo 15 de diciembre. El gobierno tiene previsto desembolsar en moneda extranjera unos 2.800 millones de dólares por un certificado que no se ha originado en el ingreso de un crédito. Es un tributo colonial -aún peor los que hipotecaban en el pasado el ingreso de las aduanas. Además, debe pagar más de 3.500 millones de pesos por el mismo certificado en pesos. Es sobre este título que los “no residentes” (argentinos y extranjeros) podrán acceder al mercado de cambios al dólar oficial, para cobrar una suma de hasta 750 millones de dólares adicionales. Así, el gobierno está financiando la fuga de capitales a precios de remate. De esta manera, se cierra el circuito por el cual primero se fugan capitales mediante la transferencia al exterior de títulos públicos y luego estos títulos son remunerados por los dólares del BCRA, cuando se paga la amortización de bonos que originalmente eran en pesos, convirtiéndolos a divisas al cambio oficial.

Confiscan el ahorro nacional

La transferencia de recursos de los últimos años del BCRA y la Anses para pagar la deuda externa ha sido inmensa. Solamente del BCRA se han transferido desde diciembre de 2009 hasta septiembre de este año la suma de 34 mil millones de dólares. Esto ha incrementado la deuda del Tesoro con el Banco Central, que ascenderá a fin de año a los 60 mil millones de dólares. Además, según el último informe de la Anses, éste también cedió cerca del 60% de sus activos al gobierno, a cambio de títulos públicos con vencimiento dentro de décadas, por una suma de 27 mil millones de dólares. Este es el nudo de la actual “pesificación”, por la cual esta inmensa fortuna que ha sido transferida mayoritariamente en dólares, el gobierno ahora la ha desvalorizado a través de su conversión a pesos. Por otro lado, le sigue pagando con las reservas en moneda extranjera a los tenedores de títulos públicos en pesos, que residen en el exterior del país. Otro de los mecanismos por los cuales se premia a los especuladores internacionales (ya no sólo pagando la deuda en dólares, ¡sino dolarizando la de pesos!), es a través del “defol” a los jubilados y la confiscación del ahorro nacional.

Sergio Szulman

La fragata del ‘desendeudamiento’

Después de destinar la cuarta parte de las reservas del Banco Central a pagar la deuda externa de este año, el gobierno acaba de sufrir un embargo internacional a manos de un acreedor de deuda. El gobierno les habló a los usureros con la billetera (desendeudamiento), y los usureros le contestaron con los principios (hay que pagar hasta la última gota de sangre -Nicolás Avellaneda ‘dixit’). El pase de factura en Ghana llega en medio de una nueva crisis de financiamiento del Estado.

CFK se olvidó de la promesa de ‘malvinizar’ la política exterior, porque hasta ahora no dedicó una palabra a denunciar una flagrante violación a la soberanía nacional por parte de un aliado del Commonwealth. Es posible que la voluntad de “volver a los banqueros” explique la conducta política del gobierno frente al secuestro de la nave insignia de la Armada. La única voz oficial de protesta fue la del ministro Lorenzino, y nada menos que en la asamblea del FMI. Lorenzino imploró un aval del Fondo para que declare cerrado al megacanje argentino y poder acceder así al financiamiento internacional. Los voceros del Fondo y del departamento del Estado le dijeron que se arregle con Ghana.

Guerra de camarillas

La cuestión de la Fragata abrió otra crisis en el gabinete de defensa y seguridad, cuando el conflicto de prefectos y gendarmes aún no se ha cerrado. Verbitsky, el socorrista de Garré, le endilgó a la Armada -y al ministro de Defensa, Puricelli- la decisión de aparcar en Ghana. Los marinos, en cambio, sostienen que se trató de una decisión “interministerial”, con la participación de la Cancillería e incluso del inefable Moreno, para hacer negocios con los países africanos. Hace sólo un mes, el mismo Verbitsky había acusado a Puricelli de organizar cursos de “capacitación” con militares norteamericanos. No hay peor destituyente que el del propio palo. Puricelli respondió que seguía los lineamientos que había iniciado Garré como ministra de Defensa. En un artículo titulado “El pragmatismo se impone en la relación con los Estados Unidos”, La Nación (19/9) señalaba que esos ” trabajos conjuntos que hoy ejecuta Estados Unidos con la Casa Rosada se concentran en la lucha contra el narcotráfico, el combate al lavado de dinero, la defensa militar y el terrorismo”. Sergio Berni, por su parte, se habría hecho cargo de retomar la relación del gobierno argentino con la DEA (La Nación, 24/9). Todo esto está en línea con “el proyecto X”, la “seguridad democrática” y la “ley antiterrorista”. La crisis también ha colocado en la picota al canciller Timerman, en momentos en que éste se apresta a comenzar el “diálogo” con Irán.

Los futuros embargos

Los K le endilgaron la crisis de la Fragata al menemismo, por la deuda contraída bajo ley extranjera. Pero el Banco Central confirmó que las divisas sólo estarán aseguradas para “las deudas en moneda extranjera que se contrajeron bajo la legislación extranjera” (Clarín, 12/10). En resumen: los especuladores internacionales tendrán derecho a embargar al Estado argentino, mientras la Anses y el Banco Central (o sea, los jubilados, consumidores y trabajadores argentinos) han renunciado a cualquier garantía.

Marcelo Ramal

Segundo aniversario del crimen de Mariano Ferreyra

Conferencia de prensa y movilización en Córdoba

Invitamos a los medios de comunicación en general a la conferencia de prensa que se desarrollará en Art Deco, sito en calle Humberto Primo 401, mañana jueves 18/10, a las 11 hs., a fin de anunciar la movilización que se realizará en Córdoba con motivo de cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra.

Cabe destacar que desde el 6 de agosto se desarrolla el juicio a los responsables del asesinato, y mientras en el mismo se acumulan las pruebas contra la cúpula de la Unión Ferroviaria, sus personeros continúan ocupando puestos claves en la gestión del sistema ferroviario.

Además, las amenazas y actos de intimidación contra testigos de la causa, ocurridas en las últimas semanas -que se suman a una larga lista de hechos similares ocurridos a lo largo de estos dos años, ninguno esclarecido- ponen de manifiesto que las patotas de Pedraza continúan activas.

La conferencia de prensa se dará en las vísperas de la movilización de justicia por Mariano Ferreyra, a realizarse en la ciudad de Córdoba el viernes 19/10, a las 18.30 hs., desde Colón y Cañada hasta Patio Olmos, y que precederá a la marcha que tendrá lugar en Plaza de Mayo el día en que se cumplen exactamente dos años del crimen que segó la vida de Mariano.

Es importante señalar que esta movilización en Córdoba es convocada, al igual que la que tendrá lugar en Plaza de Mayo el sábado 20, por un amplio abanico de organizaciones políticas, sociales, culturales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, contando, además, con el explícito respaldo de importantes sectores del movimiento obrero cordobés, como los cuerpos de delegados de Luz y Fuerza y del Suoem, que votaron participar de la marcha del próximo viernes en Córdoba capital.

Lo señalado marca a todas luces el carácter popular que posee la causa Mariano Ferreyra. De allí que, al cumplirse los dos años del asesinato de este luchador obrero y socialista, convocamos a los trabajadores y al pueblo en general a movilizarnos a Plaza de Mayo y a todos los centros políticos del país para reclamar Justicia por Mariano, Perpetua a Pedraza, y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresarias enquistadas en el ferrocarril.

Quedan todos invitados.

Conferencia de Prensa: Jueves 18 – 11 Hs. – Bar Art Deco – Humberto Primo 401

Marcha: Viernes 19 – 18:30 Hs. – Colón y Cañada

A DOS AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

Movilización en Córdoba

Viernes 19 de octubre - 18 Hs. - Av. Colón y la Cañada

* Justicia por Mariano

* Perpetua a Pedraza

Evento en Facebook -> A 2 años del asesinato de Mariano Ferreyra: Marcha en Córdoba el viernes 19/10 

Iniciativas por Mariano Ferreyra en barrios de Córdoba capital

Radio Abierta en San Vicente: Domingo 14 de octubre - 10 Hs. - Feria de la Plaza Mariano Moreno

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EL JUICIO DE MARIANO FERREYRA - VIDEO DEBATE: LOCAL PARTIDO OBRERO RUTA 20 (Lagunilla 3330 esq. Talma, B° Matienzo) - DOMINGO 14/10 A LAS 18 HS.

Convocatoria para organizar en Córdoba la marcha por el 2° aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra

Invitamos al pueblo en general y a organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles a la reunión para organizar la movilización del 20 de octubre, fecha en que se cumple el segundo aniversario del asesinato del compañero Mariano Ferreyra.

Ese día, en todo el país, expresaremos en las calles el reclamo popular de "Justicia por Mariano - Perpetua a Pedraza".

La cita es el viernes 12 de octubre, a las 19 hs., en la facultad de Derecho de la UNC (Centro).

La movilización tendrá lugar en momentos en que el juicio a Pedraza y la patota gana en profundidad, el testimonio de cada testigo va develando que la cúpula de la Unión Ferroviaria armó un plan criminal para aleccionar a los trabajadores y defender el negocio de la tercerización laboral, y el manejo discrecional de los subsidios.

La movilización también tendrá lugar para reclamar el esclarecimiento del secuestro que sufrió Alfonso Severo, y el fin de las amenazas que sufren varios testigos de la causa.

Quedan todos invitados.

PARTIDO OBRERO

El 20 a Plaza de Mayo: ¡Justicia por Mariano!

El próximo sábado 20 se cumplirán dos años del crimen de Mariano Ferreyra y del brutal ataque a Elsa Rodríguez y a otros compañeros. El crimen de Mariano sacó a la luz el entrelazamiento de la burocracia sindical con la policía, los concesionarios del ferrocarril y el aparato del Estado, para superexplotar a los trabajadores tercerizados y para desviar a sus bolsillos los subsidios que el gobierno K reparte sin control entre sus amigos.

La lucha popular puso en la cárcel a la patota de Pedraza y en el banquillo de los acusados a una parte de la policía, pero todavía falta un camino a recorrer para obtener la condena de los criminales -y, por esta vía, contribuir también a poner fin a la dominación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical.

Las amenazas a los testigos del juicio oral y público a la patota y a la policía, así como el secuestro de uno de ellos, ponen de manifiesto que los responsables políticos del crimen no cejan en sus esfuerzos para arrancar la impunidad.

La incapacidad del gobierno para neutralizar esas amenazas, y para impedir el secuestro reciente y su esclarecimiento, demuestra que solamente la lucha popular podrá conseguir la ¡Justicia para Mariano!

Por eso, convirtamos el segundo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra -el próximo 20 de octubre- en una gran jornada de movilización a Plaza de Mayo.

Llenemos la Plaza -y todas las plazas del país- este 20.

Alfonso Severo, secuestro y aparición

La desaparición del testigo Alfonso Severo puso de manifiesto que los privatizadores y la burocracia de Pedraza operan en forma sistemática para condicionar el juicio oral y público. A partir de una iniciativa de nuestro partido, miles de personas se concentraron esa misma tarde en Plaza de Mayo para reclamar por su aparición.

Severo desapareció cuando debía testificar en el juicio a Pedraza y su banda. Tras su reaparición, afirmó que “hace tres años que denuncié a la mafia y nadie hizo nada”, a pesar “de haber golpeado todas las puertas”. La posición del gobierno giró bruscamente tras su reaparición: de la denuncia de un ‘autosecuestro’ pasó a elogiar la conducta de Severo. Alak terminó vinculando el secuestro de Severo con la aplicación de la Ley de Medios.

En los dos años transcurridos desde el crimen de Mariano, fueron muchos los testigos amenazados (Cardías, Sotelo, Esteche, Reynoso, Hospital, Franzín, García -y la lista sigue); cuatro de ellos se encuentran inscriptos en el programa estatal de protección. En el caso de Severo, su domicilio había sido baleado en la madrugada siguiente al crimen de Mariano. Además, esta misma semana, otro testigo -”Cacho” Andino, del MTR- recibió el apriete de dos desconocidos que le exigieron que no se presentara a declarar. El gobierno jamás condenó políticamente a la patota de Pedraza -ni tampoco a las patotas de la burocracia sindical en general- ni adoptó medida alguna. Ninguna de estas denuncias fue esclarecida ni motivaron consideraciones públicas por parte de los funcionarios. Sin embargo, la Cámara de Casación se basó precisamente en ellas cada vez que rechazó los reiterados pedidos de excarcelación de los detenidos por el crimen de Mariano. Mientras tanto, los personeros de Pedraza y compañía siguen participando de la gestión del ferrocarril y del copamiento oficialista de la CGT.

Quién es y qué declaró Severo

Alfonso Severo fue gerente de Ferrobaires hasta 2009. Ligado a la burocracia desde los inicios de su carrera, fue despedido luego de una violenta disputa que concluyó con su desalojo de la empresa a punta de pistola.

Durante la investigación, Severo declaró en la fiscalía que, un día antes del crimen de Mariano, Humberto Martínez -delegado de la Unión Ferroviaria y secretario general de la seccional Buenos Aires Sud- reunió a todo el personal de Ferrobaires en las oficinas del sindicato ubicadas en Constitución y lo convocó a “impedir que los tercerizados cortaran las vías” al día siguiente. Dijo que se enteró de esa macabra ‘asamblea’ a través de un trabajador que no concurrió a las vías el día 20 y que fue despedido inmediatamente. También aseguró que en Constitución y en el Museo Ferroviario de Avellaneda se encuentran los depósitos de armas de la patota de Ferrobaires y que los matones utilizan un sector de encomiendas y los coches-comedor para practicar tiro. Diversos indicios llevan a sospechar que las armas utilizadas por la patota de Pedraza salieron de Ferrobaires. Esta semana, otra testigo -Andrea de Yulis, que vive en las viviendas ferroviarias de la calle Hornos- ratificó buena parte de estas denuncias. Aseguró que los matones armados que circulan a diario por allí “son todos de la Unión Ferroviaria”.

Ferrobaires -que cubre apenas dos servicios semanales a Mar del Plata- es un nido de delincuentes. De sus 1.200 empleados, solamente una cuarta parte realiza tareas ferroviarias. El resto es un verdadero ejército mafioso -reclutado entre barrabravas y punteros- dedicado a todo tipo de actividades delictivas, que van desde la explotación de la venta ambulante en el ferrocarril hasta el lavado de dinero, pasando por la venta de artículos robados y los negocios inmobiliarios. Su fuerza de choque está encabezada por Norberto Saldaña, “Chuly” Carruega y Daniel Hess, tres matones a sueldo que ahora operan para el interventor Antonio Maltana. Ferrobaires está intervenida por el gobierno de Daniel Scioli desde abril del año pasado. En esa primera declaración, Severo afirmó que “la escala jerárquica que maneja la Unión Ferroviaria se divide en Ferrobaires y Ugofe, las cuales trabajan unidas”. En ambos casos, son manejadas “en primer lugar” por José Pedraza y por Juan Carlos Fernández, seguidos por Humberto Martínez, Pablo Díaz y otros dos delegados de apellidos Maldonado y Aguirre. También declaró que Ugofe era “manejada de hecho” por el entonces subsecretario de Transporte ferroviario, Antonio Luna.

Exigimos el completo esclarecimiento del episodio de su desaparición.

Jacyn

Mariano Ferreyra: El 20 de octubre, a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país

Segundo aniversario del crimen

El próximo 20 de octubre, al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de Mariano, el Partido Obrero, junto a un amplísimo arco de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, convocamos a los trabajadores, la juventud y el pueblo en general a movilizarnos a Plaza de Mayo y a todos los centros políticos del país para reclamar justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresarias enquistadas en el ferrocarril.

Las amenazas y actos de intimidación contra testigos de la causa ocurridos en la última semana-que se suman a una larga lista de hechos similares ocurridos a lo largo de estos dos años, ninguno esclarecido- ponen de manifiesto que las patotas de Pedraza continúan activas. Pasan los días y, hasta ahora, el gobierno no aportó ningún elemento sobre quiénes fueron los responsables de la desaparición de Alfonso Severo, un hecho que conmocionó al país. Reclamaremos el completo esclarecimiento de lo ocurrido con él, así como de todas las amenazas y atentados sufridos por los testigos de la causa.

Mientras en el juicio se acumulan las pruebas contra la cúpula de la Unión Ferroviaria, sus personeros continúan ocupando puestos clave en la gestión del sistema ferroviario. En cada jornada surgen nuevos elementos que ponen de manifiesto la complicidad entre empresarios, funcionarios y burócratas sindicales en el montaje de un gigantesco negociado basado en los subsidios estatales destinados al ferrocarril. Es ese régimen criminal -el que la patota de Pedraza defendió a los tiros contra los obreros tercerizados- el que derivaría, meses después del crimen de Mariano, en la masacre de Once. El próximo 20 de octubre, a dos años del asesinato de nuestro compañero, nos movilizaremos para que estos crímenes no queden impunes y haya castigo efectivo para todos los responsables.

Justicia por Mariano

Perpetua a Pedraza.

Fuera sus patotas y los empresarios del ferrocarril.

La Plaza dejó planteada la huelga general

La Plaza de Mayo reunió entre 30 y 40 mil personas a partir de la convocatoria de la CTA Micheli, a la que adhirieron, sin paro, camioneros y delegaciones de gremios de la CGT Moyano.

Las horas que precedieron a la jornada estuvieron dominadas por la noticia de la bajada de Moyano de la tribuna -fue reemplazado por Schmidt, de Dragado y Balizamiento- y por el boicot de ATE Capital, cuya mayoría se ha pasado al kirchnerismo. La participación de la Federación de Educadores bonaerense, que logró una adhesión superior al 50%, fue un golpe positivo contra la burocracia de Suteba, alineada con el gobierno.

En la composición de la Plaza se destacó una columna de unos 10 mil camioneros y delegaciones de bancarios, personal legislativo, judiciales, Udocba y otros gremios de la CGT Moyano. En cuanto a los organizadores (la CTA-Micheli), se notó fuertemente la disminución de ATE; hubo empeñosas columnas piqueteras de Barrios de Pie, CCC, MTR Dignidad, Teresa Vive y otras. En ATE de provincia, se destacó la movilización de más de mil compañeros del Astillero Río Santiago. El desgaste natural de 15 días de huelga le impidió a ATE Educación una movilización masiva con sus propias consignas, pero estuvo presente el clasismo de ATE -tanto de capital como de provincia.

Las 500 o 700 personas de la Federación Agraria en la Plaza no compensaron lo que restó, políticamente, la presencia de Buzzi, como pata de la Mesa de Enlace -resistida por vastos sectores de activistas en los lugares de trabajo. En el palco no se hicieron ver los Binner y otras fuerzas del FAP, aliadas de los representantes políticos de la CTA, a excepción de los propios como Lozano o Pino Solanas.

Nuestra columna reunió a más de 3.000 compañeros, que entraron con el Sitraic, AGD-UBA y Fuba, Suteba La Plata, ATE Sur y delegaciones de ferroviarios, gráficos, metalúrgicos y distintos gremios bajo el cartel: “Paro general, por 7.000 pesos de básico, abajo el trabajo en negro y el impuesto al salario”. Esta orientación política marcó una perspectiva, ya inscripta en el movimiento obrero con la huelga de Educación en la provincia de Buenos Aires, la huelga petrolera de Comodoro, las huelgas docentes en diferentes provincias, Los Dragones.

Nadie dijo una palabra del juicio a Pedraza ni de los sucesos protagonizados por las patotas de Gerardo Martínez. El centroizquierda no planteó terminar con la burocracia sindical y sus patotas.

Micheli llamó a rodear el Congreso el próximo 24 contra la pseudoreforma de las ART. Transmitió que Moyano le aseguró que habría un paro general antes de fin de año. No hay, sin embargo, ningún plan de lucha en esa dirección. La Plaza dejó planteada la huelga general.

Néstor Pitrola

Una ‘CGT’ de gestores

La única carta de la nueva CGT que ¿conduce? Antonio Caló es haber realizado su congreso ante cinco inspectores del ministerio de Tomada. Caló tuvo que admitir una mesa “colegiada”, dividida por tercios entre los ‘independientes’ de Gerardo Martínez, los ex moyanistas que comanda Viviani y los “gordos”.

Los ‘gordos’ impusieron una agenda de reclamos que ya mismo justificarían la ruptura con Balcarce: eliminación del IVA en la canasta básica, universalización de las asignaciones que se acaban de fragmentar por parte de la Presidenta, un aumento “extraordinario” de las jubilaciones y la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Caló se plantó enseguida con un planteo contrario, cuando dijo que no llevarían reivindicaciones a la reunión con CFK. Esta camarilla, sin embargo, exigirá su participación en la Anses, el Pami y la Superintendencia de Salud. Pero no hay miras de que les devuelvan un peso de los 15 mil millones que el gobierno de Néstor y Cristina, sucesivamente, les usurpó a las obras sociales. El que sigue perdiendo en esta fluida crisis de la burocracia sindical es Barrionuevo: el gremio papelero, que revistaba en su CGT Azul y Blanca, se ha pasado el moyanismo, lo mismo que el plástico.

Esta CGT nace bajo la impronta de la crisis del gobierno kirchnerista, lo que significa que asistimos a una estatización que chocará rápidamente con sus límites.

Al mismo tiempo, Moyano le sacó el cuerpo a una movida masiva el 10 y suspendió la firma del petitorio por universalización de asignaciones. En este marco de crisis de la burocracia sindical, crecen los reagrupamientos independientes, como ocurrió recientemente en la UOM de Villa Constitución, en mineros, en la carne, entre los obreros azucareros (donde acaba de ganar una nueva dirección el Ingenio La Esperanza), luego de la gran lucha del Tabacal, o con el gran proceso de ruptura con Gerardo Martínez que referencia al Sitraic.

Por otro lado, todas las centrales están de espaldas a las grandes huelgas. Ahora, petroleros de Chubut, ayer Educación en La Plata o del reiniciado conflicto de Los Dragones. Por ellos marchamos el 10 con la consigna “Paro general, por 7.000 de básico, abajo el impuesto al salario y el trabajo en negro y la tercerización, salario familiar para todos de 700 pesos por hijo”.

Néstor Pitrola

Los trabajadores y el 7D

El amenazante 7D y la muy publicitada batalla final contra el grupo Clarín han ingresado en el territorio kafkiano de los tribunales. Corpo y gobierno se trenzan en recusaciones judiciales cruzadas para manejar el desenlace. Detrás del subterfugio de la “libertad de prensa” se esconden cuestiones patrimoniales y derechos de propiedad. O sea que se trata de una disputa de orden estrictamente capitalista.

La historia puede ser simplificada. El gobierno logró apartar del juzgado encargado del tema al juez Tettamanti (lo acusa de alineado con Clarín); Julio Alak, ministro de Justicia, había dicho que Tettamanti fue nombrado por la dictadura, de lo cual se acuerda recién ahora. En nueve años, el “gobierno de los derechos humanos” nunca planteó expulsar a los jueces nombrados entre 1976 y 1983; por el contrario, los ha reciclado. La ocupación de Clarín requiere tener alineadas a todas las instituciones del Estado. Ese salto requerirá una o varias crisis políticas.

¿Qué pasará entonces el 7D? Sabbatella, que ahora preside el Afsca, todavía no aclaró sus planes. Según el diario La Nación, sin embargo, Sabbatella estaría buscando una línea de compromiso, que consistiría en obtener de la Corpo un plan de ‘desinversión’ aprobado por el Afsca. Esto le daría una salida a los grupos capitalistas amigos de los K, que también están ‘sobreinvertidos’ y necesitan armar un esquema de testaferros para adecuarse a la ley de medios.

Clarín insiste en solicitar la inconstitucionalidad del artículo que ordena la ‘desinversión’. Con mucha picardía, Magnetto ha presentado a TN como el canal del “cacerolazo” y espera un 8N masivo (algunos hablan de un millón de personas en el Obelisco).

¿Qué pasa, mientras tanto, entre los trabajadores gráficos y de prensa, en relación con este conflicto, y la clase obrera en general?

Los trabajadores de prensa y de la televisión ingresan en este conflicto neutralizados por sus direcciones sindicales. La UTPBA apoya al gobierno; la comisión interna del canal 13 del Sindicato de Televisión defiende el planteo de inconstitucionalidad de Clarín. La izquierda, que tiene presencia entre los trabajadores de prensa, apoya al gobierno contra Clarín. No le importa que se forme un monopolio oficial de medios, entre los funcionarios del gobierno y los capitalistas amigos de los K. Tampoco le importa el fracaso de la ley de medios, definitivamente incapaz de licitar el tercio de la frecuencia a los movimientos sociales. Desligan el conflicto comunicacional del carácter de clase del gobierno, que paga la deuda externa con fondos de la Anses y promociona a los monopolios mineros, y mantiene en pie el monopolio trasnacional del comercio exterior, de las privatizadas, del petróleo.

El kirchnerismo, consciente del lugar estratégico que ocupan los trabajadores, está prometiendo la “estabilidad laboral” de los empleados del grupo Clarín. Se trata de una promesa de cumplimiento imposible, por la misma razón de que el objetivo del gobierno es la regimentación de la prensa y la comunicación.

La defensa de los puestos plantea una reivindicación fundamental: el control y la gestión colectiva (responsable ante las asambleas) de los medios. No es un planteo que se pueda confinar a un medio determinado, solamente puede prosperar si es una posición común de trabajadores de prensa y gráficos, y del conjunto de los luchadores sindicales y asambleas gremiales. Está en juego el derecho al trabajo, el derecho a la libertad ideológica del trabajador de prensa, la independencia de los sindicatos del Estado y la libertad de acción frente a los gobiernos patronales.

Abramos la discusión.

Gabriel Solano

Una crisis de Estado y los socialistas

El amotinamiento de las fuerzas estatales de represión (Gendarmería, Prefectura, Armada, etc.) es, con ciertos límites transitorios, una crisis del Estado.

No estamos ante un soviet de soldados, pero los reclamos salariales de la tropa han dejado al desnudo un enorme agravio de la tropa y una lucha interna de las camarillas de los mandos y el gobierno. El amotinamiento no ha cambiado la naturaleza represiva de las fuerzas en cuestión, pero ha quedado claro que no pueden funcionar como lo venían haciendo; y han hecho ver reivindicaciones que entran en contradicción con la naturaleza y la función de una fuerza que ocupa el centro de la represión de los trabajadores y movimientos sociales que desarrollan reivindicaciones similares o afines. Se filtra, de este modo, sobre un sector ultrasensible del aparato estatal, la presión que ejerce la bancarrota capitalista, en primer lugar sobre la capacidad fiscal de los gobiernos pero también a través de un personal que desarrolla labores, debido a esa misma crisis fiscal, fuera del ámbito de las fuerzas represiva (‘changas’). La frecuencia de estos casos lleva a suponer que entre los amotinados podría haber personal con experiencias en el movimiento sindical. Numerosos voceros de los amotinados revelaron su condición paralela de docentes, técnicos y, en algunos casos, obreros de la construcción.

La sindicalización

El planteo de la sindicalización ha sido tomado, de un modo diferenciado, por los mandos superiores y sus asesores y, por otro lado, por sectores de la tropa. En un marco inflacionario galopante, es natural que las cúpulas recojan la necesidad de una representación que gestione el tema de los salarios -incluso porque el índice oficial es mentiroso- porque un fallo de la Corte ha cuestionado el sistema de adicionales y porque el Presupuesto nacional no establece una previsión de aumentos salariales para los empleados del Estado.

La consideración de estas necesidades no modifica la naturaleza ni la función de estos aparatos -al contrario, procura consolidarlas frente al desafío que representa el derrumbe fiscal para la estabilidad de los aparatos de seguridad-, pero es claro que alimenta la crisis de conjunto, entre otras cosas porque pone en entredicho el ‘ajuste’ desde los sectores encargados, en última instancia, de imponerlo contra los trabajadores. No es casual que en las manifestaciones que se registran en Grecia o España aparezcan policías y bomberos que se identifican con los reclamos populares.

Estos planteamientos, como correspondía esperar, han desatado una polémica, en primer lugar entre los distintos estratos del aparato represivo, que tienen un objetivo de contención. En algún caso aislado ha incluido, entre los voceros ocasionales de la tropa, el planteo de que las fuerzas en cuestión se despojaran de su condición represiva social y política. Es un planteo incompatible con el Estado capitalista, o sea que solamente podría realizarse en la práctica bajo otro Estado. Pero precisamente por esto, el planteo expone lo que sería el último estadio de la crisis, que ya no se limitaría a las fuerzas represivas sino que afectaría al conjunto de las relaciones sociales existentes. Uno de los voceros sancionados, según la prensa un ex sacerdote, desarrolló en una entrevista televisiva la necesidad de que la Gendarmería dejara de estar encuadrada en el Código Militar y la elaboración de un estatuto nuevo para esa fuerza.

Transición política

La polémica que se ha desatado es objetiva, o sea que no puede ser ignorada. No se puede esperar, para tomar posición, a la llegada de los ‘momentos decisivos’, cuando todos los problemas de la transición política hacia ellos han dejado de existir, precisamente porque arribaron a su plena madurez y a su desenlace. El arte de la política socialista (y, más exactamente, de la estrategia) consiste, de nuevo precisamente, en agotar la experiencia con todas las fases de la transición política, del estado de cosas actual a la victoria de la clase obrera, por medio de una actividad concreta, para conquistar en ese desenlace una posición dirigente.

Conquistar una posición organizativa dentro de las fuerzas que se encargan en forma directa de la represión estatal, sobre la base de una posición clasista, es tan legítimo y necesario como lograrlo en una institución parlamentaria o judicial del mismo Estado. No hay que olvidar tampoco que una fuerza represiva ejecuta las leyes que vota el Congreso y los fallos que dicta la Justicia. Tampoco hay que olvidar las contradicciones del régimen constitucional, que derivan de la pretensión de igualar, en el derecho, la desigualdad que caracteriza al régimen social que ese derecho preserva. El amotinamiento de la Gendarmería y la Prefectura, como antes ocurrió con policías de provincia, desnuda la desigualdad social que impera en las fuerzas represivas, entre jerarcas y tropas, y desnuda también que esa desigualdad es absolutamente necesaria para establecer la relación de obediencia entre mando y tropa, que caracteriza a las fuerzas represivas.

Parafraseando una frase famosa: ninguna crisis política nos es ajena (a los socialistas).

Norberto E. Calducci