29 de noviembre de 2012

MACRI Y K: LAS BODAS DEL TARIFAZO

Para financiar el ‘traspaso’ del subte, Macri acaba de anunciar un impuesto a las naftas, además de aumentar los peajes y otros servicios.

Scioli quiere ‘empardarlo’ con otro impuesto a los combustibles. Hace un par de meses, De la Sota los madrugó a los dos.

Los gobiernos provinciales han salido a imitar la receta de todos los ajustazos europeos: el impuesto a las naftas, que se cobra fácil y se traslada enseguida a trabajadores y consumidores.

A ello, se suman los boletazos en el transporte. Aquí también se anotó Bonfatti, el gobernador de Binner.

Nada menos que el gobierno nacional -el campeón del impuesto al salario- ha calificado a estos impuestazos como “antisociales”.

Pero sus quejas tienen otra razón: los K quieren reservar los tarifazos en beneficio de los monopolios petroleros.

Por eso, Cristina Kirchner acaba de anunciar un aumento del 40% en el precio del gas en “boca de pozo”. Lo mismo ocurrió, días atrás, con las tarifas de la electricidad y del gas domiciliario.

Detrás de las peleas de micrófono, el maridaje entre los K, por un lado, y Macri, De la Sota, Scioli o Binner, por el otro, tiene un claro contenido: trasladarle al pueblo la factura de la quiebra fiscal y el vaciamiento energético.

¡Abajo los tarifazos nacionales y provinciales! Nacionalización del petróleo, el gas y todas las privatizadas, bajo control de sus trabajadores.

Murió Gustavo Spedale


El lunes 19 falleció Gustavo Spedale.

Gustavo fue un gran luchador de la generación del Cordobazo. A fines de los ’80, junto a varios activistas, participó de la recuperación del sindicato de Obras Sanitarias de la provincia. En el ’94, Spedale (en ese momento secretario del interior) renunció a la conducción del gremio en protesta contra la burocratización de Luis Bazán. En el ’95 jugó un importantísimo papel en los plenarios de activistas y delegados en la lucha contra el ajuste del gobernador Angeloz. Spedale denunció vivamente a la burocracia que entregó la lucha y, particularmente, a Bazán. Un reportaje en Prensa Obrera de la época da cuenta de su lucha.

Junto a su inseparable compañera, Ana Poratti, se convirtieron en la cabeza de la lucha contra la privatización de la empresa de agua y por la recuperación del gremio.

Gustavo dedicó (en el medio de una salud resquebrajada) todas sus energías a combatir la privatización de Suez-Roggio y el negocio privado con el agua. En eso estuvo hasta sus últimos días.

Marxista y socialista, Gustavo fue candidato a senador provincial del PO en 1999. Siempre fue fiscal en las elecciones y un lector consecuente de Prensa Obrera. Inteligente, agudo, profundamente riguroso en sus análisis, sus escritos son material obligatorio de consulta a la hora de la lucha por la defensa del agua.

Gustavo había decidido, en las últimas elecciones de la CTA, sumarse a la conducción local ligada al michelismo -para preservar, según sus palabras, el espacio que había conseguido en la lucha contra Roggio y Suez. Creo que fue la única vez que tuvimos una diferencia de fondo.

Acompañamos a su inseparable compañera de la vida y de la lucha, Ana, a sus hijos y a su madre en el dolor de la ausencia.

Eduardo Salas

Un respiro muy costoso

Al suspender el fallo del juez neoyorquino Griesa -quien ordenaba depositar a la Argentina la totalidad de la deuda pendiente con una fracción de los “fondos buitre”-, los camaristas de ese país tomaron nota de la capitulación argentina ante esos mismos especuladores. En la apelación que había presentado el día anterior, el kirchnerismo ofrecía reabrir un arreglo de la deuda externa para quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2009, a quienes el gobierno había jurado dejar afuera de cualquier pago.Convalidar esta nueva hipoteca contra el país era lo que reclamaban al unísono los economistas de Macri, Duhalde y Carrió. Todos ellos -junto a la Unión Industrial- saludaron la declaración de “buena voluntad” del gobierno argentino hacia los especuladores.

El fallo “suspensivo” abre un paréntesis de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la Justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.

Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación, tutelada por la Justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre.

La mano de la Reserva Federal

No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ‘nacional’. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes” (La Nación, 28/11). En la cola de esta exigencia de normalización económica están la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.

En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.

“Desendeudamiento”

Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo les otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.

Se ha derrumbado uno de los pilares del ‘modelo’ oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.

A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.

Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con la Anses y el Banco Central. Pero, precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local”, que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía de la Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó a la Anses de 5.135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de la deuda se ha cobrado esta confiscación.

El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa, para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, los que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado a la Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.

Marcelo Ramal

Clarín y los periodistas K: Verbitsky descuenta contra Lanata



En estos términos habría que definir la trifulca ocasionada por la presentación judicial de Clarín contra los funcionarios y periodistas que lo habían acusado y hostigado como la mano negra que habría estado detrás del motín de prefectos y gendarmes hace dos meses. No estuvieron en discusión la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Con el golpe de vista de un truhán, Verbitsky llamó a una conferencia de prensa para embestir contra la Corpo. La extorsión funcionó tan bien que, en menos de lo que canta un gallo, hasta Lanata se aferró al micrófono de radio Mitre para atacar la torpeza de la acción del ‘multimedio’ (una denominación que convierte a la restricción en plétora). Las distancias que tomaba ‘Mr. Fuck you’ tampoco eran inocentes, porque pretendía demostrar que dentro del monopolio funciona la ‘democracia interna’. Para el oyente desprevenido, en el grupo Clarín habría un ‘doble poder’ -el ‘soviet’ de los periodistas que no se amilana, frente a los propietarios privados del medio. La libertad de prensa, bajo el capitalismo, es posible.

La verdad de la milanesa es, sin embargo, que los periodistas damnificados son funcionarios del gobierno. Cobran en forma directa o indirecta del gobierno (que subsidia a los medios oficialistas), escriben en función de los intereses del gobierno y ocupan, en buena parte de los casos, posiciones gerenciales que los atan a la patronal que les baja la línea. Si ladra, tiene cuatro patas y es ‘amigo del hombre’, ¿qué es? Son los Kirschbaum y Van der Koy de la pata oficial. Ellos mismos se han apodado Vatayón Militante; ellos mismos han dicho que hay una verdad militante que desprecia la verdad objetiva que emerge de la práctica social. Por eso monologan y no discuten. No deberían escudarse, entonces, en el derecho la preservación de sus fuentes de información (lo cual en el caso de ellos es una estafa, porque la conoce todo el mundo), sino declarar abiertamente que trabajan para un objetivo político que es el del gobierno nacional -y que Clarín (siempre) miente. Después de varios años insistiendo en que el “periodismo independiente” no existe, se arropan en sus faldas. La selección de personal en Clarín (y los medios capitalistas en general) y en el gobierno opera del mismo modo: por cooptación y por despido. Aquí es donde entra la organización sindical, que en el periodismo es doblemente estratégica, la cual que no solamente debe ser independiente, sino antagónica de ambas patronales. Numerosos periodistas, en ausencia de una defensa colectiva, renuncian a sus trabajos -sea en el gobierno o afuera.

Al denunciar a los periodistas militantes, Clarín evitó apuntar más arriba. Atacó a los mandantes, no a los mandatarios. Si tenía pruebas, hubiera debido pedir la comparecencia de Berni y de Garré, en lugar de pedir a los periodistas que revelen sus fuentes, que -aunque conocidas- los colocaría en la condición de alcahuetes. Clarín atacó a los militantes del Vatayón no por su condición de funcionarios, sino por su carácter de periodistas. Clarín aceptó la aberración anti-democrática de la inmunidad judicial de los funcionarios ejecutivos (que hay que distinguir de la que deben gozar los representantes electos como arma de defensa contra el Poder Ejecutivo, precisamente). Es claro que para Clarín, el periodismo independiente no es la suma de los periodistas independientes, sino la independencia de acción de la empresa capitalista de los medios. Como el Poder Judicial no distingue entre periodistas militantes o de cualquier otro carácter, la denuncia judicial de Clarín criminaliza al periodismo. Que judicializar sea sinónimo de criminalizar habla por sí sólo del carácter de la Justicia. Un protagonismo judicial del propio pueblo sería otra cosa.

Conclusión: no ha habido en este incidente ningún interés en defender la independencia del periodismo. Seguimos en un lucha interpuesta entre varios monopolios de medios y de telecomunicaciones, un sector de los cuales cuenta con el apoyo abierto del Estado.

Cómo seguirla después del paro











La reacción del gobierno después del paro confirma las razones que llevaron a la huelga general. Cristina Kirchner no admite que 10 millones de trabajadores hayan paralizado el país contra su política. El impuesto al salario, la destrucción de las asignaciones familiares y los ajustes e impuestazos provinciales responden a la necesidad de pagar a los usureros de la deuda y a los vaciadores del transporte y la energía.

La tendencia a la huelga se abrió paso gracias, en parte, a la disgregación de la burocracia sindical. Se reforzó el protagonismo de los cuerpos de delegados y sindicatos de base, por un lado, y de los piquetes, por el otro. El clasismo ha jugado un rol sin precedentes en un paro nacional.

Las declaraciones “unitarias” de Gerardo Martínez con el moyanismo muestran el temor de que la división de la burocracia potencie a la izquierda en los sindicatos. Los “unidos y organizados” del movimiento obrero como Yasky o Pianelli han salido muy golpeados de la huelga.

El paro deja planteada la continuidad de la lucha. Moyano salió a enfriar un posible paro de 36 horas. Al mismo tiempo, surgen reivindicaciones “puentes” como los 4.000 pesos de compensación anual por inflación y ganancias, o un doble aguinaldo, o un simple adicional, como plantea el cuerpo de delegados de Sociales-UBA. La burocracia de petroleros de Neuquén lanzó paros progresivos por un adicional de zona.

Otro tema que queda planteado después del paro son las paritarias (las patronales plantean un “cepo” del 20%). Bancarios reclama un modesto 25% y un adicional. La renovación sindical que plantea Palazzo exige asambleas en los bancos y plenarios de delegados en todo el país.

Néstor Pitrola

Schiavi-Pedraza: entre bueyes no hay cornadas


El jueves 22, cuando se cumplían nueve meses de la masacre de Once, le tocó declarar al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, uno de los máximos responsables por ese desastre, que terminó en la muerte de 52 personas. Su declaración fue breve: se escudó en el hecho de estar procesado en la causa que investiga la masacre, para evitar responder preguntas sobre el manejo de los subsidios al ferrocarril. Respecto del crimen de Mariano, sólo dijo que se enteró de la posibilidad del corte de vías el día anterior, a través de José Pedraza -poniendo de manifiesto, una vez más en el juicio, que los funcionarios, la UF y los empresarios sabían con anterioridad de la movilización. Por su forma y contenido, la declaración de Schiavi despertó la indignación del numeroso público que concurrió a la audiencia.

El funcionario que debió estar imputado

Al estar convocado como testigo, Schiavi se refugió en el derecho que lo asiste de negarse a responder preguntas que podrían autoincriminarlo. Durante la investigación del crimen de Mariano, nuestra querella había solicitado su imputación, justamente por el rol que le cupo en la organización del negociado monstruoso de las tercerizaciones, donde se asociaron el Estado, los empresarios y la burocracia sindical.

En su declaración, Schiavi se limitó a señalar que la operatoria de las tercerizadas “se ajustaba a derecho” porque estaban contempladas en las modalidades de “contratación, que vienen de los años ’90″. Dijo que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema (de los tercerizados)”. “Lo que pasó el 20 de octubre no era algo querido por nuestro gobierno, y seguramente por ese hecho se aceleraron los plazos”. Un canalla, porque desde hace una década que ‘el modelo’ banca la tercerización y la precarización laboral. Aún hoy, al margen de la conquista de los ferroviarios del Roca -y de otros movimientos obreros inspirados en esa lucha- que arrancaron el pase a planta, los trabajadores tercerizados se cuentan por centenares de miles. La tercerización ha sido -y sigue siendo- uno de los pilares del gobierno ‘nacional y popular’.

“Yo hablaba con muchachos que eran tercerizados, venían y me mostraban boletas y veía que unos ganaban dos mil quinientos pesos y otros 4 mil. Yo, ante todo, soy peronista, y eso no puede ser”, dijo este ex jefe de campaña de Mauricio Macri hasta 2007 y ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista hasta marzo de 2012.

Schiavi no se hizo cargo de nada de lo que ocurría en su área. ¿Cortes de vías? “No soy experto en seguridad ni policía”. ¿Control de las concesiones? “No me corresponde”. ¿Verificación de inversiones? “De eso se ocupa la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”… y así fue hilvanando sus respuestas.

Dijo que ‘le parecía’ que, alguna vez, la Unión Ferroviaria pidió que se ‘normalizara’ (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba “si lo hizo por algún canal formal”. Puro verso. En la documentación reunida para este juicio, incluida la aportada por las partes, no existe un solo documento, volante o acta de la UF que planteara el pase a planta de los tercerizados. Por el contrario, lo que sí consta son las actas en las que la UF acepta la tercerización y deja asentado que ‘los tercerizados no son empleados ferroviarios’. Schiavi hizo lo posible -aunque sea por sus dichos, y sin otro elemento de respaldo- por atenuar la situación de su aliado, José Pedraza. Reconoció que las gestiones, medidas de lucha y audiencias por los tercerizados tenían lugar al margen de la Unión Ferroviaria -”venían a las audiencias con abogados que, como verificamos luego, tenían militancia en partidos de izquierda”. La Unión Ferroviaria desarrollaba, mientras tanto, una brutal campaña contra ellos, que tuvo su pico máximo en el crimen de Mariano.

En referencia a las disposiciones de la Secretaría de Transporte frente al corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010 (“se planteó la prevención, sobre todo porque se trata de un servicio eléctrico, y cualquier corte puede traer aparejada la posibilidad de que alguien se electrocute”, dijo el muy sinvergüenza), afirmó que, una vez puesto en conocimiento de la medida, se ajustó al ‘protocolo’, dando parte a Ugofe… ¡pero los gerentes de Ugofe declararon exactamente lo contrario: que puestos en conocimiento de la medida, dirigieron notas de aviso a la Secretaría de Transporte! Otra vez, el juego del Gran Bonete…

Una de las funcionarias del área de Transporte que tomó parte en ello fue Graciela Cavazza (“una funcionaria con mucha experiencia, que tomó las riendas”, dijo Schiavi de ella). Cavazza -quien ya declaró en este juicio- se comunicó varias veces con Juan Carlos Fernández, tanto el 19 como el 20 de octubre, para preguntarle ‘si estaba garantizado el servicio’, y que lo hizo por orden expresa de Schiavi. Esto delata que Schiavi contaba con la burocracia para ‘garantizar’ la prestación del servicio. Pedraza y los suyos montaron entonces una agresión criminal que, esperaban, fuese ‘aleccionadora’ contra los tercerizados.

Uno de los jueces le preguntó a Schavi quién era el funcionario a cargo de la Policía Federal en octubre de 2010. “No recuerdo”, dijo primero, y luego agregó: “Creo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré”. El Ministerio de Seguridad se creó con posterioridad al crimen de Mariano -y a la represión en Parque Indoamericano. El responsable político de la PFA al momento del crimen de Mariano era Aníbal Fernández, quien dijo que la actuación policial había sido “impecable”.

Existe una causa judicial conexa a la que investiga el crimen de Mariano, que versa sobre la trama económica. Está caratulada “posible defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la tiene el juez Lijo. Sus avances son, hasta ahora, de escasos a nulos.

Detrás del crimen de Mariano y de la masacre de Once, el mismo negociado, la misma trama de intereses, los mismos actores. Schiavi, qué duda cabe, es uno de ellos, al igual que Pedraza.

Jacyn

Gaby Weber: “No hay voluntad política de ir hasta el final”

Las apropiaciones de niños bajo la dictadura

Hace ya casi tres décadas que la periodista Gaby Weber se radicó en América Latina, investigando -entre otros temas- la protección empresarial y política a los jerarcas nazis escondidos en la región. A partir de 1999, Gaby se volcó de lleno a investigar la complicidad de las filiales de las corporaciones capitalistas alemanas con la dictadura de Videla. Un documental -”Milagros no hay”- da cuenta de su investigación sobre Mercedez Benz, donde desaparecieron 13 delegados y activistas de fábrica entre 1976 y 1977. Ese trabajo llevó a Gaby al terreno de la apropiación de bebés, encabezando hoy una vasta causa judicial de más de un centenar de afectados que no encontraron respuesta en el mundo de los “derechos humanos” oficialistas. En esta entrevista, Weber realiza una dura denuncia sobre la indiferencia del gobierno nacional y los “organismos” paraoficiales.


-¿Qué fue lo que encontraste en tu investigación sobre Mercedes Benz?

-Entre 1976 y 1977 había 4.000 obreros en la planta de Argentina. Estaban muy organizados, llevaban adelante actos de resistencia y huelgas contra la patronal. ¡En plena dictadura! Como parte de esta lucha, la producción llegó a caer un 40%. En esta situación, los patrones resolvieron apelar a métodos de terror. Muy pronto, los obreros pudieron apreciar que los jefes y gerentes eran aliados directos de los dictadores. Ellos denunciaron a los obreros más activos, que eran opuestos a la conducción del Smata, como “terroristas subversivos” o “agitadores”, tal como figura en los registros del Batallón 601. Esa denuncia de los gerentes a los militares equivalía a mandar a los obreros al infierno y a la muerte. El 19 de agosto de 1977, cuando desaparece el último obrero, el jefe de Mercedes Benz, D’Elía, insta a los militares, en una visita al cuartel de Ciudadela, a dar por concluidos los secuestros, ya que “ahora se arregló la situación”. En efecto, los obreros ya trabajaban con el terror adentro de sus huesos. Ello está registrado en los papeles de la empresa.

-Tu testimonio pone de manifiesto la fuerte resistencia obrera a la dictadura…

-Claro. Y hay que agregar la complicidad del Smata con los secuestros. Y del Partido Comunista, que consideró a Videla un “militar moderado” y sostenía a esa directiva del Smata.

-A partir de allí, aparece la figura del jefe de producción de la planta…

-Se trata de Juan Tasselkraut, quien era el enlace entre la empresas y los militares. En su familia, Tasselkraut tiene al menos tres chicos apropiados. Esta denuncia la llevamos a diferentes tribunales en el mundo. Acá lo hicimos primero en el juicio de la verdad, con el juez Schiffrin, en La Plata. Luego, iniciamos una acción penal en Buenos Aires y una demanda civil en Estados Unidos. Esta demanda es la única que hoy sigue en pie. La presentamos en 2004, y en época de Bush. Apostamos a que el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos contribuyera a sostenerla.

Aunque soy periodista, siempre traté de judicializar esta cuestión, para que no quedara limitada al terreno de una simple denuncia. Acá, en Argentina, hicimos una presentación penal por asociación ilícita. No sólo apuntábamos a los militares, sino a la parte civil, o sea la empresa. Y también al Smata y a gente como Carlos Ruckauf, quien, como ministro de Trabajo en la etapa inmediata anterior al golpe, colaboró con la patronal contra los obreros. La Justicia argentina pide testimonios y documentación a Alemania. Pero por un error de traducción, en vez de solicitarlo a los responsables patronales, lo hacen a responsables “sindicales”. En consecuencia, en Alemania son citados, no la patronal sino el jefe del sindicato de allá. En nuestra denuncia, sin embargo, figuraban los nombres propios de quienes debían ser citados. A partir de este episodio ridículo, el juez Rafecas -que suele posar de “progresista”- y el fiscal Delgado se desentendieron de la causa, con el argumento de que “no encontraron pruebas en Alemania”. Entonces la remitieron a un juzgado de San Martín, en relación con su posible conexión con el campo de detención que operaba en Campo de Mayo.

-¿Qué respuestas recibiste del gobierno a partir de tus investigaciones?

-En 2005 fuimos recibidos -junto a familiares de estos desaparecidos- por Néstor Kirchner. Prometió una investigación profunda y que la causa “no se iba a entregar al altar de los intereses económicos”. Nada de esto se cumplió.

-¿Cuál fue la conducta de los organismos de derechos humanos frente a tu denuncia?

-Cuando recibo la información sobre la apropiación de bebés (2004), lo primero que hago es llevar la denuncia a Abuelas. La abogada de Abuelas recibe el material, pero lo devuelven a las seis semanas, diciendo que no están interesadas. En las búsquedas que hice por mi cuenta, llegué a resultados importantes. Obtuve las partidas de nacimiento de los niños de Tasselkraut. Fueron inscriptos como hijos biológicos y nacidos de partos domiciliarios. Pero las parteras que firman los certificados están involucradas en otras denuncias de apropiaciones de niños. Una de ellas, incluso, había sido empleada del Hospital Militar de Campo de Mayo. Nada de esto despertó el interés de Abuelas. Presenté esta documentación al juez Bonadío, quien tampoco investigó. En el juzgado de San Martín citan a los chicos Tasselkraut, quienes reconocen que son adoptados y admiten, por lo tanto, el carácter fraudulento de sus partidas de nacimiento. El juez les realiza las pruebas de ADN, que resultan negativas. Pero es sabida que son muy pocas las muestras existentes en el banco genético. Entonces, el juez de la causa -Gurruchaga- da por prescriptos los hechos y absuelve a la partera involucrada y a los apropiadores Tasselkraut.

Cuando logro consultar el expediente, descubro que lo único que hizo el juez fue pedir los certificados de nacimiento que había presentado, para ver si los falsifiqué. O sea que me investigó a mí… En cambio, nada dijo de la discrepancia existente entre el lugar de nacimiento de estos chicos, según obra en el Registro Civil, por un lado, y en el Registro Nacional de las Personas, por el otro. En este último caso no figura parto domiciliario sino una dirección de San Martín. ¿Cuál? ¡La del Liceo Militar! Documentamos, en blanco y negro, que esos chicos nacieron en un campo de detención ilegal. Con esa prueba, sin embargo, absolvieron a los responsables. Nuestro abogado, el doctor Fachal, hizo una presentación contra este juez en el Consejo de la Magistratura.

-Actualmente, sos querellante en una causa por sustracción sistemática de niños que involucra a mucho más casos…

-Más de un centenar. Todas estas personas fueron inicialmente a Abuelas, pero no les dieron pelota. Es, por ejemplo, el de Marcela Rodríguez Procopenco, donde Abuelas negó públicamente que resultara hija de desaparecidos. Al ser reconocida como querellante, pude pedir pruebas formalmente. En primer lugar, pedí el secuestro de las inscripciones en el Registro Nacional de las Personas, para poder comparar las direcciones con los centros de detenciones, como había podido documentarlo en el caso de Tasselkraut. Estoy segura que de ese chequeo van a salir a la luz muchos casos. Los dos canales principales de las apropiaciones son los casos de nacidos en Campo de Mayo y los niños ‘distribuidos’ por el Movimiento Familiar Cristiano, que participó también de esta red. Además, muchos de estos chicos fueron bautizados en capillas militares. Por eso, también pedí el acceso a los libros de bautismo de la época. Simplemente, cotejar quién fue bautizado allí, y tenés otra pista.

-¿Hay una conexión entre estas apropiaciones y el tráfico de personas?

-Quiero destacarte que, cuando comienza la sustracción de niños, los militares utilizan los canales ilegales que ya existían: o sea, las parteras que se involucraban en las redes de trata o de abortos clandestinos. Naturalmente, esas redes continúan hasta hoy, y la negativa a investigar todo esto protege al actual tráfico ilegal que involucra, como sabemos, a niños y mujeres.

-Suele exhibirse un balance exitoso del hallazgo de niños secuestrados bajo la dictadura. ¿Cuál es tu propio balance?

-Es muy pobre. En treinta años de democracia no se hizo la comparación de registros que antes te mencioné. No se unificó el banco genético con el abundante material encontrado por antropólogos. No se hizo campaña para enriquecer al banco genético con más muestras. Como en el caso Clarín: “Si el banco da negativo, entonces es inocente”. ¡No es así! A esto, se agrega el vaciamiento de la investigación en curso en el juzgado de San Martín. Dos secretarias judiciales que venían haciendo su labor con responsabilidad, fueron separadas de su puesto de trabajo en el tribunal de Comodoro Py.

-¿Cómo explicás esto?

-Es que no hay voluntad política de que avance esta causa. Están los “pesos pesados”, como Mercedes Benz, como Bayer, e incluso un caso de tráfico de niños donde está involucrado el encargado militar de la Embajada de Estados Unidos.

-Nombraste a Bayer por primera vez…

-Es un caso similar al de Mercedes Benz. Se trata de una apropiación mediada por el Movimiento Familiar Cristiano, un bebé “NN” que fue a manos de un alto gerente, Lambert Court. A nuestro juicio, existen un 95% de chances de que sea hijo de desaparecidos. Más precisamente: se trataría del hijo faltante de la familia Oesterheld. Pero a esta causa tampoco Abuelas la quiere seguir y solicitó sacarme a mí, la investigadora, como querellante…

-¿Qué interpretación hacés de la posición de Abuelas y del gobierno?

-No quiero cargar la mayor responsabilidad en Abuelas, porque el verdadero responsable es el Estado y no una ONG. Pero, al igual que la Justicia, ese Estado es permeable a la presión política.

Hace un par de semanas, el principal director de la casa matriz de Mercedes Benz estuvo en la Casa Rosada, anunciando junto a Cristina Kirchner inversiones millonarias. Supongo que es un “paquete” que tiene a la impunidad dentro de él.

-Tenemos entendido que enviaste una reciente carta a la Presidenta…

-Sí, allí señalo que lo mínimo es que invite a las víctimas y les diga: “Muchachos, lamentamos, pero fueron entregados al altar de los intereses económicos”. Pero ni eso. Las causas siguen paralizadas.

-¿Cómo sigue esta lucha?

-Bueno, tenemos la cuestión del juicio en Estados Unidos, donde la Suprema Corte tendrá que decidir si la demanda sólo puede ser presentada contra individuos o también contra empresas. Esta demanda no sólo incluye a los familiares de los desaparecidos y a los sobrevivientes del terror, sino contamos como querellantes como Paula Logares, una de las primeras identificadas por la apropiación de niños, a manos de Rubén Lavallén, ex jefe de seguridad de la Mercedes Benz, y también con la abuela Elsa Pavón, quien ha hecho ya antes de 1983 un trabajo de investigación maravilloso.

Tengo toda la confianza de que podremos avanzar.

23 de noviembre de 2012

EL DERRUMBE DE LA ESTRATEGIA ‘NACIONAL Y POPULAR’ PARA LA DEUDA EXTERNA








El fallo de un juez norteamericano que ordena el pago integral de la deuda de Argentina a los fondos buitres (que rechazaron el canje de 2005), impone a Argentina una carga adicional que implica una nueva bancarrota para el país. Se trata de una carga adicional de hasta 12 mil millones de dólares. En la restructuración de deuda de 2005, el gobierno K reconoció la jurisdicción extranjera para la resolución de los conflictos de deuda y admitió hipotecar, como garantía, los bienes del Estado. Ratificó, así, todas las cláusulas establecidas desde la dictadura militar en adelante.

Argentina enfrenta ahora la imposición de una nueva deuda impagable, luego de ocho años de pago de la deuda usuraria con el endeudamiento de la Anses, el Banco Central y otros organismos estatales. Mientras descapitalizaba al país con esta sangría, el gobierno K desconocía los fallos de la Corte argentina que ordenaban el pago de la deuda con los jubilados, como consecuencia de los congelamientos que sufrieran en 1995 y en 2002. La incorporación de la cláusula del acreedor más favorecido, que Néstor Kirchner incluyó en el canje de 2005, permitiría ahora al 95% de los acreedores reclamar el mismo trato que Griesa otorga a los fondos buitres.

Más allá de los desbordes verbales, el gobierno nacional se apresta a llegar a un nuevo arreglo con los usureros internacionales. Es lo que le reclaman todos los sectores del capital local, que se financian con deuda externa, que es en la actualidad de 80 mil millones de dólares (la deuda pública, por su lado, alcanza a 190 mil millones de dólares). El arreglo consiste en depositar la garantía que le exige el fallo, de 1300 millones de dólares, para poder apelar la sentencia y para ganar tiempo para negociar un pago menor a los fondos buitres, o sea con una quita.

Este arreglo, sin embargo, representaría el colapso de la política económica oficial, que consiste en racionar la oferta pública de dólares, para poder pagar los vencimientos de la deuda actual y la importación de combustibles. También golpea la intención de asociar a las petroleras internacionales para sacar a YPF de la bancarrota. Por último, al hundir la cotización de la deuda pública del país, plantea la quiebra del sistema bancario local, atiborrado de bonos y títulos emitidos por el Estado nacional. Coloca, en definitiva, al gobierno ante una crisis política de características excepcionales.

Argentina vuelve a llegar al final del camino en la cuestión de la deuda externa y enfrenta la amenaza de una nueva bancarrota. Es un resultado, fundamentalmente, del pago serial de esa deuda desde 2005, que ha drenado una masa fabulosa de recursos financieros. El pago de la deuda externa ha debilitado a Argentina frente a los usureros y fondos buitres internacionales. El Partido Obrero ha venido anticipando esta situación en forma sistemática, con su campaña por el no pago de la deuda usuraria.

El fallo confiscatorio contra Argentina forma parte de una acción mundial para forzar a las naciones endeudadas a pagar en forma integral las deudas usurarias de sus gobiernos y bancos, a costa de los trabajadores y del remate de las propiedades públicas.

En esta nueva situación planteamos:

1. La suspensión de todo pago de la deuda con los capitales financieros internacionales, para defender las reservas del país y el rechazo a nuevos arreglos por parte del gobierno K.

2. Reivindicar la jurisdicción nacional para los litigios de deuda que contraiga Argentina.

3. Proceder a la inmediata nacionalización del sistema bancario para poner fin a la fuga de capitales y habilitar una restructuración de la economía nacional, que ponga fin a la dependencia financiera internacional.

4. Convocar a una conferencia internacional para recuperar la soberanía de decisión nacional y repudiar los rescates del capital financiero a costa de la solvencia de las naciones endeudadas y de los intereses más elementales de los trabajadores.

Jorge Altamira

22 de noviembre de 2012

A SEGUIRLA

Hasta conquistar los reclamos

El paro general hizo sentir toda la fuerza de la clase obrera en la crisis nacional.

Pero también desnudó -como nunca antes- la hostilidad visceral del gobierno hacia los trabajadores.

La razón es clara: la política oficial choca de frente contra el salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo.

Pero, entonces, la conclusión que nos deja el 20N es más clara aún:

Para que el impuesto al salario deje de pagar la deuda externa.

Para terminar con el régimen menemista de riesgos del trabajo.

Para que la carestía infernal deje de financiar a los capitalistas, a costa del salario.

Necesitamos seguir esta lucha.

Abramos la deliberación, en los sindicatos y lugares de trabajo, para impulsar un plan de lucha hasta conseguir las reivindicaciones.

Un paro general activo de 36 horas ya está colocado en esa agenda de lucha.

El paro mostró la fractura abierta entre el gobierno y la clase obrera, que lo había votado mayoritariamente.

Y sumó la simpatía de muchos de los que participaron de los cacerolazos.

Se ha abierto una nueva etapa, para los trabajadores y para el país.

¡A seguirla!

Apoyémonos en la victoria del 20N para imponer nuestras reivindicaciones.

Unamos al movimiento obrero en lucha con la izquierda auténtica, para poner en pie una alternativa política de los trabajadores.

Delasotistas y kirchneristas contra el paro

El valor de los piquetes

Delasotistas y kirchneristas coincidieron en carnerear el paro general. Dragún, del Smata, se pasó varios días elogiando a De la Sota por haber rechazado el impuesto al salario frente a Deborah Giorgi. Sin embargo, el Smata no paró “para no hacerle el juego a la CTA”. Lo mismo hicieron los gremios delasotistas como el SEP.

El Sueom, UEPC y judiciales, entre otras conducciones kirchneristas, no pararon para no “hacerle el juego a Clarín y a la Federación Agraria”.

Los gremios estatales, que ya han llevado la lucha contra los recortes jubilatorios de De la Sota al muere, “canjearon” el paro del 20 por uno provincial el 30. En el medio del debate por un presupuesto que aumenta impuestos y consagra los recortes salariales, ese paro será… para exigir al Tribunal Superior de Justicia que declare inconstitucional la modificación jubilatoria de De la Sota.

Lo cierto es que ninguna de estas conducciones convocó a asamblea alguna para que los trabajadores decidieran frente al paro. De hacerlo, hubiese sido votado masivamente.

Los reproches a la burocracia de todos los gremios fueron muy fuertes a través de los medios y en las jornadas previas al paro; el reclamo era el mismo: queremos parar, ¿a quién consultaron para no hacerlo?

Es lo que sucedió con UTA, cuya conducción decidió carnerear el paro, pero a las 10 de la mañana lo decretó con el argumento de falta de seguridad frente a los piquetes. En casi todas las líneas los delegados fueron convocados por los trabajadores, que en asamblea los castigaron por no haber convocado al paro por las reivindicaciones obreras. Finalmente UTA lo levantó a las 16 horas luego de presiones del gobierno provincial.

Con Aoita (choferes del servicio interurbano) el paro de se decretó a partir de las 12 y no pudo ser levantado hasta las 24 horas.

Hay un antes y un después de este paro en el movimiento obrero cordobés.

Quienes sí pararon además de ATE, fueron Luz y Fuerza (que decidió no movilizar), los recolectores de residuos (que cortaron parcialmente los puentes de acceso al centro junto a taxistas y remiseros), correo y bancarios. Los piquetes de los gremios y los partidos de izquierda vaciaron el centro de la ciudad, con el paro de UTA se terminó por suspender las clases ante la escasa concurrencia de alumnos y docentes.

Al mediodía, 1.000 trabajadores con una marcha y un acto finalizaron la protesta.

Eduardo Salas

Un balance para todo el Smata

ELECCIONES DE COMISION INTERNA EN VW CORDOBA

La semana pasada hubo elecciones para la comisión interna de la fábrica Volkswagen de Córdoba. Las elecciones cobraron particular importancia porque la CI estaba en manos de la oposición. Hace dos años, los delegados más combativos le ganaron a la burocracia de Dragún (secretario general del Smata y ministro de Trabajo de De la Sota) quebrando una maniobra inventada por el sindicato.

Ahora, el activismo, Lista 2, superó en 21 votos a la Lista 1 de Dragún y ganó en las dos plantas mayoritarias, mientras la burocracia sólo lo hizo en una, creada recientemente por la patronal a la medida de Smata. Sin embargo, Dragún se quedó con la mayoría de la comisión interna (12 sobre 19 delegados).

La burocracia pudo alzarse con la mayoría modificando arbitrariamente el sistema de votación y de reparto de cargos que ellos mismos impusieron en la última elección, para tratar de desplazar al activismo.

Si bien la burocracia siempre cuenta con aparato propio y con el que le presta la patronal, lo que torció la balanza y le permitió maniobrar y quedarse con la mayoría del cuerpo de delegados fue que logró instalar en un sector de trabajadores y, principalmente, sobre el mismo cuerpo de delegados, el planteo de que sin el aparato del gremio y el respaldo de la patronal es imposible conseguir un reclamo. Esto llevó a la comisión interna a entrar en las elecciones sin ningún tipo de iniciativa sobre las reivindicaciones del gremio. El último reclamo, un atraso de la patronal de VW en el pago de un premio, fue explotado por los punteros de la burocracia, que tres meses más tarde aparecieron apropiándose del triunfo “gracias a sus gestiones”. Incluso el corte de calle que organizó la comisión interna el día del paro de Moyano contra el impuesto a las ganancias, fue procesado por los trabajadores como una medida aislada. La propia CI no dio continuidad a un reclamo profundamente sentido.

La dirección del cuerpo de delegados nunca avanzó en una política clasista para VW y menos para el Smata. A pesar de que la burocracia había sido barrida de la empresa, no se plantearon como norte inmediato el control del lugar de trabajo. Las asambleas y las medidas de lucha siempre se dieron entre los estrechos marcos que le establecían la conducción y la patronal. Cambiaron la acción directa por el uso abusivo de petitorios y juntadas de firmas dirigidas al gremio y a la empresa.

Aunque su campaña fue “por un cuerpo de delegados independiente”, no lograron trasponer la acción declamativa de este postulado para transformarlo en una lucha política y programática concreta. En el programa de la comisión interna de VW estuvo y está ausente la asamblea general de la planta y asamblea general del Smata. La ausencia de este planteo, en los momentos de crisis, no prepara ni unifica a los trabajadores, que terminan yendo a la rastra de la burocracia.

A pesar de esto, la mayor cantidad de votos se lo llevó la Lista 2, porque los trabajadores de Smata entienden las consecuencias de tener una burocracia comprometida con los patrones y el gobierno.

La tarea en el Smata es desarrollar una agrupación clasista que, asentada en el sentimiento antiburocrático de los trabajadores, en sus reivindicaciones y en su predisposición a la lucha, recupere los cuerpos de delegados y, con un programa independiente, prepare las condiciones para echar a De la Sota y las patronales del gremio.

Alejandro Roqueiro

Lo que promete la formidable huelga nacional













El primer dato del paro fue su alcance como huelga general del conjunto del movimiento obrero, a pesar de haber sido convocada por una fracción de él. Más aún, fue un paro convocado contra las cúpulas de los gremios del transporte de pasajeros y de los grandes sindicatos industriales y del comercio del país. En ese cuadro, la colosal adhesión -del 100% en los sindicatos adheridos y muy importante en los que no lo hicieron- deja planteada una nueva etapa, en la vida de los sindicatos y en la situación política.

La huelga se destacó por parar los ferrocarriles -a excepción del Belgrano Norte- contra un Pedraza que alineó a la UF con Cristina; a varias líneas del subte, dejando a las restantes con servicios mínimos, ello frente a dos sindicatos que militaron intensamente contra el paro. La huelga paralizó también a diez líneas de colectivos de Ecotrans, a la UTA Córdoba y a los choferes mendocinos contra la burocracia de Roberto Fernández. Fue maciza en el cordón industrial de Rosario y muy importante en la docencia de casi todo el país, contra un Yasky que llamó a carnerear.

El trabajo de la izquierda y del clasismo en los sindicatos excedió largamente su presencia masiva y militante en decenas de piquetes de todo el país. La izquierda fue clave en la batalla política del subte y en los ferrocarriles, así como en las líneas de transporte. Se pararon las principales plantas gráficas, donde la Naranja preparó la medida en un asado de 130 activistas el sábado anterior. Esa labor también fue decisiva en fábricas del Smata (véase Honda Guerrero, pág. 10) y en decenas de metalúrgicas. AGD-UBA paró la universidad contra todo el sindicalismo pro kirchnerista. El Sitraic les paró las obras de la zona sur a la patronal y a Gerardo Martínez. La Coordinadora Sindical Clasista y el PO desarrollaron una agitación fabril y un trabajo de asambleas y organización desde el mismo 10 de octubre, cuando Micheli anunció en la Plaza de Mayo la voluntad de hacer un paro nacional. No esperamos la fecha, innecesariamente dilatada, para realizar un gran trabajo que dio formidables frutos.

Desde luego, el paro de señaleros fue clave en los ferrocarriles. Pero sólo sirvió de excusa para facilitar la adhesión del resto de los trabajadores. En centenares de fábricas, los trabajadores se complotaron para el faltazo masivo el día previo, en forma solapada, sorteando a la patronal y a su burocracia sindical, pero de manera colectiva. En el marco de un gran ausentismo y de marcada bronca obrera por el impuesto al salario, Ford y VW interrumpieron la producción por “falta de insumos”. Cables Lear del Smata Tigre, paró en un 80% contra Pignanelli. En camioneros, pararon sectores precarios y tercerizados por primera vez en estos diez años.

El protagonismo de los piquetes sirvió para darle un carácter activo al paro, después de la negativa de Moyano a movilizar a la Plaza de Mayo. Los piquetes expresaron la militancia sindical, expusieron las reivindicaciones del paro ante el conjunto del país y le dieron cohesión a la clase obrera, frente al poder patronal que se desplegó con toda su fuerza contra el paro. El gabinete nacional no se ahorró ataques por “extorsión” y “aprietes” a la gran huelga. Pero se cuidó de ocultar las brutales intimidaciones de las patronales y del propio Estado contra los trabajadores que querían parar, a través de amenazas de sanciones, descuentos de premios y otras represalias. El paro, sin embargo, no dependió de los piquetes: cuando éstos se constituyeron, el país ya estaba parado. La adhesión a la huelga nació de las entrañas del movimiento obrero. Los sectores que trabajaron lo hicieron bajo el peso de la burocracia sindical oficial, y de ningún modo por la voluntad de la base obrera.

Una quiebra en los sindicatos

El paro dejó planteada una quiebra política y sindical de los aparatos que fueron desbordados por sus bases y, en especial, de aquellos que militan en las “izquierdas” kirchneristas, como los de Yasky y Pianelli. El paro reforzó la organización clasista del movimiento obrero y socavó las bases de toda la burocracia sindical. Incluso en los pesados aparatos de la CGT Moyano o la barrionuevista, el activo más combativo y clasista tomó en sus manos la tarea de asambleas, por caso en técnicos aeronáuticos, plásticos, papeleros o perfumistas.

Más allá del protagonismo de la CTA Micheli, la central no pudo parar los dos gremios industriales donde tiene influencia: la seccional San Fernando del Neumático y la UOM de Villa Constitución. Ello plantea un debate y un balance político, al igual que, por el lado de la izquierda, el caso de Kraft, que no paró.

Ruptura de la clase obrera con el gobierno

El contundente paro nacional plantea una ruptura política de la clase obrera con el gobierno kirchnerista. Un gobierno que pretendió tener a la CGT como su columna vertebral ha sufrido una masiva huelga nacional. Después del 8N y el 20N, se ha quebrado definitivamente el carácter de gobierno plebiscitario en el que Cristina basa su régimen de poder personal.

Se trató de una gran huelga política, como todo paro nacional. Pasó por encima de las enormes diferencias interiores de la clase obrera, desde los que se movilizan por el impuesto a las ganancias, pasando por los que dependen de un salario familiar para subsistir o los jubilados, hasta los flamantes desocupados por el parate industrial o de la construcción. Estas reivindicaciones de la huelga, como el rechazo a la ley de ART o a la desvalorización de los convenios y jubilaciones como consecuencia de la inflación, son incompatibles con la política del gobierno. Los reclamos del paro chocan con la devaluación en marcha, los ajustes provinciales del gasto educativo, sanitario y social y los impuestazos. La clase obrera ha cuestionado una orientación social destinada a sostener la deuda pública usuraria y rescatar el régimen de privatizaciones a costa de los que trabajan. Lo mismo vale para la confiscación de la obras sociales, provenientes de los aportes obreros.

La tendencia a la huelga general que caracterizamos en la Conferencia Sindical convocada por el PO en abril se manifestó este 20 de noviembre. Su realización cambia el escenario, incluso posterior al 8N, porque coloca los reclamos de la clase obrera en la primera plana de la crisis nacional, y plantea la oportunidad de encolumnar tras ellos al descontento de otras clases populares. Esto va de punta con la demagogia de la oposición tradicional, que salió a “comprender los reclamos” pero dejó ver, al mismo tiempo, su rechazo visceral a la huelga y a los piquetes. Los Macri, Binner, De Narváez o De la Sota, ni hablar de la Mesa de Enlace, propugnan como salida una devaluación, el “sinceramiento” de tarifas e impuestazos que ya pusieron en marcha en sus provincias.

Se han acelerado las condiciones para luchar por la fusión del movimiento obrero y la izquierda revolucionaria, tal como lo planteamos en nuestro XXI Congreso en julio. Tenemos por delante una gran tarea en dos sentidos: la continuidad de un plan de lucha que ya empezó a tomar la forma de un paro activo de 36 horas, por un lado. Por el otro, desarrollar la alternativa política obrera y socialista a la presente crisis, para que el agotamiento evidente del kirchnerismo pueda desembocar en una salida propia de los trabajadores. Un colosal terreno preparatorio de esa lucha serán las elecciones de 2013, donde se van a delinear los bloques políticos que van a disputar el desenlace de esta nueva etapa política.

Néstor Pitrola

“Argentina se encuentra en estado de asamblea”













El lunes 19, el periodista Santiago Fioriti publicó en Clarín una entrevista con Jorge Altamira, ilustrada con la foto de una mesa redonda que Altamira compartió, en Montevideo, con el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista de Uruguay y con Julio Chirino, embajador de Venezuela en Montevideo. La entrevista fue el resultado de una consulta escrita y otra telefónica. Para complementar el amplio reportaje publicado, ofrecemos las respuestas escritas al extenso cuestionario propuesto por Fioriti.

-¿Qué lectura hace de los cacerolazos?

-Son, antes que nada, una expresión de descontento social que se manifiesta, incluso en mayor medida, en las movilizaciones sindicales y se volverá a manifestar en la huelga general del martes 20. También expresa el deterioro de la capacidad de arbitraje del gobierno ante el aumento del déficit fiscal y de la tasa de inflación. La devaluación del peso oficial y el cepo cambiario, para pagar la deuda externa, y la ampliación del impuesto al salario, han minado el respaldo plebiscitario que obtuvo el gobierno en las elecciones pasadas.

-¿Son una expresión de la derecha, como dice el gobierno?

-Es cierto que el 8N fue fogoneado entre bambalinas no solamente por la derecha sino por el centroizquierda (Binner), e incluso por sectores del gobierno (Scioli, Massa), que se disimularon con una posición neutral.

Pero el gobierno no tiene autoridad para endilgarle un carácter de derecha, cuando es él quien paga la deuda usuraria con los fondos de los jubilados, hace fraude con la movilidad jubilatoria, grava los salarios e incluso dicta una ley antiterrorista por un reclamo del aparato de seguridad de Estados Unidos.

-¿Por qué la izquierda se queda afuera de un reclamo social como ese y parece ningunearlo?

-Estamos llamando a los caceroleros a unirse al paro nacional del martes 20. Desde la izquierda, sin embargo, advertimos también contra la mimetización de la oposición tradicional en los movimientos de protesta, con el propósito de presentarse como pretendida alternativa a la descomposición del kirchnerismo. Denunciamos las componendas constantes entre esa oposición y el oficialismo cuando se trata de defender negocios capitalistas, como está ocurriendo con los desarrollos inmobiliarios de K y Macri en la Ciudad. En oposición a la campaña por una “unidad opositora”, planteamos un gran frente de los trabajadores y la izquierda para que la crisis no la pague el pueblo sino sus responsables, los grandes capitalistas.

-¿El kirchnerismo está acabado?

-El kirchnerismo está acabado, como proyecto de desarrollo nacional independiente, hace mucho tiempo. No suscita el fervor de las masas ni su movilización autónoma. El propósito de “reconstruir a la burguesía nacional” ha quedado reducido al beneficio de un grupo de capitalistas amigos, en medio de una mayor extranjerización de la economía. Sobrevive como una maquinaria política con recursos fiscales menguantes.

-¿Cuál es la opción de poder real al gobierno?

-La opción de poder real al gobierno está en construcción. Argentina se encuentra en estado de asamblea. Para que se reúnan las condiciones de un viraje a la derecha, el país debería atravesar crisis aún mayores y una derrota popular. Por eso la derecha camina sorteando huevos y hace demagogia populista, mientras aplica impuestazos y reclama la devaluación masiva del peso y un tarifazo, en un ‘replay’ del ‘rodrigazo’ de hace cuarenta años. La alternativa de poder real surgirá de la unión de la izquierda auténtica y el movimiento obrero.

-Si el año que viene mejora la economía, ¿el kirchnerismo resurge?

-Argentina atraviesa una crisis de su organización social, no una oscilación del PBI. Los ingresos fabulosos por la soja, en los años recientes, se transformaron en una furiosa salida de capitales, que fue a llenar los agujeros de las quiebras en los balances de los bancos y empresas en Estados Unidos y Europa. Un tercio de los ingresos de los hogares se encuentra hipotecado por el crédito al consumo. Incluso si se produjera una recuperación de la economía (que será, de todos modos, harto modesta), ello atizará más la lucha social.

-¿No complica al Frente de Izquierda que el gobierno levante algunas banderas históricas de la izquierda?

-En períodos de crisis, la burguesía se enmascara en movimientos nacionalistas y populistas, y éstos se revisten de un lenguaje socialista, para separar a los trabajadores de la izquierda. Al mismo tiempo, cooptan y estatizan a las organizaciones obreras. Pero ahora tenemos un relato oficial que zozobra y una ruptura del monolitismo sindical: los obreros que votaron al kirchnerismo hacen paros generales contra el gobierno. Moyano se visto obligado a incitar a los delegados de los sindicatos que no adhieren al paro, a que desconozcan a sus burocracias. Tenemos un maremoto de fuerzas contradictorias, que trabajan, sin darse cuenta, para los objetivos de la izquierda.

-¿Qué se juega el año que viene?

-El año que viene se verificará el alineamiento de fuerzas que disputará el gobierno al kirchnerismo, pero por sobre todo cuál es la cristalización política del movimiento social que se encuentra en desarrollo. Queremos que cristalice en un ascenso de la izquierda. Nosotros, la izquierda, somos la única fuerza que está creciendo en los cuerpos de delegados, sindicatos, centros de estudiantes y universidades, y en movimientos de la cultura y el arte.

-¿Usted va a ser candidato?

-Voy a ser candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El 9 de diciembre, en el gran Picnic del Partido Obrero, anunciaremos el inicio de una campaña política con vistas a las elecciones de 2013. Queremos que la izquierda sea visualizada como alternativa estratégica en cada una de las confrontaciones y crisis que jalonarán el año entrante. Debemos profundizar el ascenso registrado en 2011 y establecer un bloque obrero y socialista en el Congreso, como premisa de conquistas mayores y decisivas.

-¿La re-reelección es una utopía o CFK tiene alguna chance?

-La posibilidad de obtener una segunda reforma constitucional depende de que el gobierno logre un segundo pacto de Olivos, como el que suscribieron Menem y Alfonsín. Dada la corrupción de la política tradicional y su completa falta de principios, esto no puede excluirse. Pero desataría una crisis enorme. Lula aconsejó explícitamente a la Presidenta que no intente esa aventura.

-¿No cree que la izquierda es muy sectaria y que eso le impide mejores resultados?

-Se confunde la actitud principista de la izquierda con el sectarismo. Los centroizquierdistas están negociando con la UCR para formar una Alianza II. La experiencia del año pasado demostró que el Frente de Izquierda tiene un vasto campo de crecimiento. En medio de la mayor crisis capitalista de la historia, dejar de lado los principios es un suicidio, porque de esta crisis sólo se sale con un gobierno de trabajadores y con una lucha por el socialismo a nivel mundial.

-La izquierda en la Argentina, ¿no debería aggiornarse?

-Se entiende por izquierda ‘aggiornada’ a la que sucumbe ante el capitalismo. Pero ahora que sucumbe el capitalismo es una invitación a una procesión fúnebre. Hay otro ‘aggionarmento’, sin embargo, que no solo es posible sino necesario. Consiste en comprender que vivimos lo que será, a partir de una creciente catástrofe capitalista, la época más revolucionaria de la humanidad. Las masas del mundo entero enfrentarán el desafío hermoso de un nuevo comienzo.

-¿Se viene otro milagro para Altamira?

-El milagro es posible cuando resulta de un enorme esfuerzo militante común. No es necesario rezar para que ocurra. Así que vamos por la segunda.

-El problema de la Argentina, ¿es cultural? ¿es económico? ¿es de Justicia?

-El problema de Argentina es histórico. Sus clases explotadoras no han sabido ni querido construir una nación independiente. De esto deben hacerse cargo, ahora, los trabajadores. Se logrará en el marco de una unión socialista de América Latina, incluido Puerto Rico, y en colaboración con los trabajadores y oprimidos de todo el mundo.

El monopolio telefónico, detrás del 7D

Si algún anuncio faltaba para echar por tierra la versión interesada de que el 7D se juega la “madre de todas las batallas” por la libertad de prensa y de la palabra, bastó la conferencia de prensa dada por Martín Sabbatella, encargado de la aplicación de la ley de medios. El ex intendente de Morón hizo el listado de las empresas que deben “desinvertirse” y para sorpresa de varios omitió nada más y nada menos que a Telefónica, propietaria de Telefé, el principal canal de aire, y de otros ocho canales del interior. El asunto rozó el escándalo, porque Telefónica, en su doble carácter de empresa de servicios públicos y de capital extranjero, no puede prestar servicios de medios de comunicación.

La alianza entre el kirchnerismo y las telefónicas viene de larga data. En la primera versión de la ley de medios, el oficialismo habilitaba de manera expresa a las telefónicas a prestar el servicio de triple play (telefonía, TV e Internet). Posteriormente, cuando la Presidenta se vio obligada a eliminar esta autorización para conseguir votos en el Congreso, pronosticó que no se podía “tapar el Sol con las manos”. Lo que no se le ocurrió a nadie, es que la Presidenta había excluido a las teles con la finalidad de evitar que deban ‘desinvertir’ -un caso único de hipocresía política. Es lo que dice ahora Sabbatella, que niega por un lado la propiedad de Telefónica sobre Telefé, un fraude a todas luces evidente, y por el otro la autoriza a eludir los límites para empresas de capital extranjero. Para justificar este exabrupto declara que Telefé está protegida por la ley de Bienes Culturales. La ley de medios se ha convertido, entonces, en un negociado.

No es ésta la única triquiñuela del gobierno “nacional y popular”. Consultado sobre qué sucederá con los medios de comunicación en manos del capital yanqui, Sabbatella anunció también que el capital norteamericano gozaba de derechos adquiridos en los medios, como consecuencia del tratado de protección de inversiones recíprocas firmado durante el gobierno de Menem. Estamos ante la defensa de una norma colonial. Lo de “recíproco” es claramente una farsa, ya que las inversiones argentinas en Estados Unidos son casi inexistentes.

Las telefónicas no son las únicas beneficiadas. El grupo que controla el banquero menemista Monetta tampoco fue incorporado dentro de los que deben desinvertir, a pesar de que las radios que posee superan los límites establecidos por la norma vigente. Otro tanto ocurre con Telecentro, del ex menemista y duhaldista Pierri, que con una sola licencia presta su servicio en varios distritos. Dentro de los que violan la ley por ser propietarios de empresas de servicios públicos se encuentran también Cristóbal López y Manzano, pero también contarían con el favor oficial para seguir con su doble condición de empresarios.

Salta a la vista que lo que está en juego es un reparto del negocio de medios de comunicación. El gobierno cuenta con el apoyo de grandes capitalistas, listos para quedarse con los despojos de la Corpo.

El 7D no se juega “la libertad de la prensa” ni la “pluralidad de la palabra”. Es una disputa por intereses capitalistas entre monopolios. Frente a esto, el gran desafío de los trabajadores es construir nuestra propia alternativa.

Gabriel Solano

Abajo la masacre sionista en Gaza

El gobierno israelí desató una nueva ola de bombardeos sobre la región de Gaza, a lo que se agrega la amenaza de una incursión militar terrestre, para la cual ya movilizó a 75 mil reservistas. La nueva escalada sobre la Franja de Gaza lleva más de 134 muertos palestinos, la mitad civiles (entre ellos, 34 niños) y 1.000 heridos. El régimen sionista incrementó los bombardeos ante la respuesta militar de Hamas y las milicias palestinas que, sin embargo, sólo han causado cinco bajas israelíes. La fuerza armada sionista cuenta con un avanzado sistema antimisiles que pone de relieve la desproporción gigantesca en capacidad militar entre uno y otro bando.

Como se ha encargado de destacar la prensa, el asesinato del jefe militar de Hamas, Ahmed Yabari, que terminó por precipitar la crisis actual, fue un operativo de espionaje y militar preparado y ejecutado con una precisión quirúrgica. La decisión del jefe de gobierno israelí, Netanyahu, de promover este nuevo “asesinato selectivo”, estaría vinculada, entre otras razones, con su frente interno, cuando se avecinan las elecciones que tendrán lugar en enero próximo. En ellas, otros representantes de la derecha le pisan los talones al actual mandatario.

La principal objeción que le hacen estos adversarios es su “pasividad” frente a los ataques palestinos. Según Haaretz, el diario liberal israelí, “el asesinato de Yabari pasará a la historia como otra acción militar de show en la noche anterior de una elección. Netanyahu está interesado en neutralizar cada posible rival y el ministro de Defensa, Ehud Barak, está peleando por suficientes votos para retornar al Knesset (parlamento) “(citado por el diario El País, 18/11). Esto prueba el grado de división y enfrentamiento que reinan en el gobierno israelí, y que atraviesa al propio gabinete. Es que el régimen sionista no ha sido inmune a los cambios revolucionarios operados con la primavera árabe. La causa palestina ha ido levantando cabeza al calor de este proceso.

El ataque israelí llega cuando los palestinos avanzan para conseguir su rol de observadores en la ONU, una jugada a la que se oponen Estados Unidos e Israel. El gobierno sionista llegó al extremo de amenazar con promover la destitución del primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, en caso de que prosperase la aprobación de dicha propuesta. La escalada militar contra Gaza es también un tiro por elevación contra Irán: Israel no oculta sus preparativos bélicos para atacarlo. Con estas nuevas matanzas, el Estado sionista quiere reafirmar su papel de gendarme del imperialismo en la región, a pesar de las convulsiones políticas y sociales planteadas por la revolución árabe.

Obama y Morsi

Obama ha declarado que “Israel tiene derecho a defenderse”, en un claro respaldo a su aliado. Pero, al mismo tiempo, está tratando de frenar una invasión terrestre.

Es que una incursión militar de esas características pondría en tela de juicio todo el armado político que trabajosamente Estados Unidos viene tejiendo de cara al nuevo escenario creado por la revolución árabe, y que tiene en Egipto y Turquía dos piezas principales. “Uno de los peligros de la crisis de Gaza, es el de que toda esa arquitectura de influencias en Oriente Próximo se le derrumbe a Obama si la escalada militar continúa hasta provocar una matanza de palestinos. Es muy difícil que el presidente norteamericano pudiera seguir contando con Morsi (presidente egipcio) si eso llega a producirse” (El País, 19/11).

El nuevo presidente egipcio, Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, está llamado a jugar un papel central en esta crisis. Obama se ha recostado en él en la búsqueda de una tregua y un compromiso en el conflicto. Morsi se mueve en un delicado equilibrio, que en cualquier momento se puede romper. Acaba de proclamar que “El Cairo no abandonará a Gaza a su suerte. El Egipto de hoy no es el Egipto de ayer”. A esto se agrega la visita a Gaza en estos días del primer ministro egipcio, Hisham Kandil, por instrucción del presidente Morsi, lo que representa un desafío a la política de bloqueo sionista-imperialista sobre Gaza, tras la victoria de Hamas en las elecciones de 2006. Pero, al mismo tiempo, Morsi se ha cuidado muy bien de preservar sus lazos con Occidente y reafirmar su respeto por los acuerdos de paz de Camp David, firmados por Hosni Murabak, su antecesor depuesto por la rebelión popular. Esos acuerdos cimentan el status quo que le asegura al sionismo el papel de gendarme del imperialismo en la región.

El líder egipcio, que ve en la crisis de Gaza la oportunidad de ganar un protagonismo en el escenario internacional, pondrá a prueba su capacidad de disciplinar a Hamas, encauzar la insurgencia palestina y evitar una desestabilización de la región.

Las reservas respecto de una invasión terrestre a Gaza provienen también del propio campo israelí. Todavía resuena en los oídos de la dirigencia el fracaso estrepitoso del ejército sionista en el Líbano, en el año 2006. “Natanyahu tiene encendida la alerta con la lección aprendida por sus predecesores en embarcarse en guerras innecesarias… La ofensiva del Líbano no sólo frustró los proyectos reeleccionistas del entonces primer ministro Ehud Olbert sino la pérdida de una alianza estratégica con Turquía” (The Economist, 20/11).

Por lo pronto, la prolongación del conflicto ha despertado una corriente de adhesión y simpatía entre los palestinos de Cisjordania, en la que Israel había logrado avanzar, estos últimos años, en un mayor control, apoyándose en el colaboracionismo del ala más contemporizadora del movimiento palestino, la Autoridad Nacional Palestina. “Inspirado en la lucha en Gaza, los choques entre los jóvenes palestinos y las fuerzas israelíes en Cisjordania se han incrementado en los días recientes (ídem).

Movilización internacional

Se acaba de firmar, como quedó dicho, un alto al fuego cuyo alcance se clarificará con el correr de los días.

Llamamos a repudiar esta nueva avanzada criminal del sionismo sobre la Franja de Gaza y reclamamos el retiro de las tropas israelíes de la frontera y el cese total e incondicional de los bombardeos, el fin del bloqueo y la libre circulación por las fronteras. Denunciamos la complicidad del imperialismo yanqui y manifestamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación. Hacemos una convocatoria a redoblar la movilización nacional e internacional y a derrotar esta nueva escalada.

Pablo Heller

21 de noviembre de 2012

25 de noviembre: Día de la No Violencia hacia la Mujer

VAMOS POR LA LIBERACION DE TODAS DE LAS MUJERES DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA

El próximo 25 de noviembre en el día de la no violencia hacia las mujeres, como cada año las mujeres volveremos a movilizarnos en las calles.

En los últimos años las noticias sobre mujeres violentadas o asesinadas por sus parejas y/o ex parejas aumentan a diario.

A esto hay que sumar las que mueren por abortos clandestinos y las desaparecidas por el negocio de la trata, sin ir mas lejos en la provincia tenemos el caso de Yamila Elizabeth Cuello desaparecida hace tres años.

Frente a este cuadro el gobierno nacional kirchnerista tardo 16 meses en reglamentar la Ley 24.485 “Contra la Violencia de Género” sancionada en 2009, la que no se implemento en absoluto. Sin embargo el aumento de las penas no significará una reducción en los casos de violencia, y si pone al descubierto el fracaso de la política “progre” del oficialismo.

Por otro lado el FAP lleva el asunto al parlamento con la sola intención de “visibilizarlo”, mientras donde son gobierno (en la zona portuaria de Santa Fe o en el campo), la tercerización, los salarios bajos y precarización, son su base.

En la mayoría de los casos las mujeres son sometidas a la violencia en el ámbito familiar del cual dependen económicamente, las mujeres tienen menor salario que un hombre por igual tarea, en muchos casos el trabajo en negro y precario impiden su independencia económica.

El movimiento de mujeres tiene que tener su propia fisonomía, independiente del estado, la iglesia y las fuerzas de la burguesía. 

Convocamos a todas las organizaciones de mujeres, sociales, de DDHH, políticas, estudiantiles y de los trabajadores, como así también a la población en general a movilizarnos el próximo 23 de Noviembre, para exigir:

* Trabajo en blanco y cobertura social para las mujeres.
* Igual salario por igual trabajo.
* Salario igual a la canasta familiar.
* Acceso a la vivienda de forma prioritaria para las jefas de hogar.
* Aborto legal, seguro y gratuito. Pleno reconocimiento legal del derecho de la mujer a decidir sobre aspectos que hacen a su vida y su cuerpo.
* Desmantelamiento de las redes de trata, cárcel a funcionarios, jueces y policías cómplices.



MARCHA: VIERNES 23 DE NOVIEMBRE - 18 HS. - COLON Y GRAL. PAZ

PLENARIO DE TRABAJADORAS

Cintia Frencia - Legisladora provincial electa por el Frente de Izquierda -> (0351) 155-477903

Córdoba: Nos movilizamos al consulado de Israel para repudiar la agresión contra el pueblo palestino



Miércoles 21 - 19 Hs. - Desde Colón y General Paz

El gobierno israelí desató una nueva ola de bombardeos sobre la región de Gaza, que desde hace años funciona virtualmente como un campo de concentración a cielo abierto. Israel mantiene un férreo bloqueo de la zona, impidiendo el ingreso de los recursos más básicos como alimentos o cemento para construcciones.

En las últimas semanas, el gobierno ultraderechista de Netanyahu utilizó los confusos episodios en la frontera del Sinaí para justificar estos ataques. El intento de hablar de un enfrentamiento entre las partes no resiste la prueba de los hechos. Las víctimas fatales y los heridos se concentran en un 97% del lado palestino, afectando con mayor fuerza a la población civil, incluida mujeres y niños.

En la Operación Plomo Fundido, en 2008, las víctimas palestinas se contaron de a miles, mientras Israel sólo tuvo 14 bajas militares. La desproporción es más que evidente entre uno y otro lado. Denunciamos que este nuevo bombardeo cuenta con la complicidad del reelecto “Nobel de la Paz”, Barack Obama, quien durante su campaña electoral justificó la politica belicista del sionismo.

El gobierno israelí anunció que se prepara para una incursión terrestre, algo que sería impensable sin el aval de Washington. Los gobiernos del Mercosur no se pronunciaron oficialmente. Pero este organismo suscribe un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, a pesar de su política de agresión permanente contra el pueblo palestino.

Repudiamos en forma categórica los bombardeos del sionismo contra la población de la Franja de Gaza y manifestamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino.

Llamamos a las organizaciones obreras, de izquierda y antimperialistas de Argentina a movilizarnos en el día de hoy, 21 de noviembre, a las 19 horas, desde Colón y Gral. Paz hasta el consulado de Israel, en repudio a la agresión contra el pueblo Palestino.


Eduardo Salas, 155-471060

20 de noviembre de 2012

LAS LECCIONES DE UNA HUELGA QUE PROMETE UN ALCANCE HISTÓRICO



La huelga nacional del día de hoy es histórica debido a varias cuestiones fundamentales. La primera es, indudablemente, su amplitud, desde la industria automotriz, el cordón industrial en Rosario, las líneas ferroviarias, el paro de Ecotrans y la UTA Córdoba, las huelgas en el subte, en la industria metalúrgica del gran Buenos Aires o en las grandes plantas gráficas. Esta amplitud consagra una ruptura política de la clase obrera con el gobierno que pretende encarnar un frente policlasista que la debía tener como “columna vertebral”.

Ha puesto de manifiesto también una quiebra de varios aparatos burocráticos en los sindicatos, como expresión de la iniciativa de parar de numerosos cuerpos de delegados de la CGT y la CTA oficialistas (Caló, Yasky). Ha cambiado la situación política en el país y en el movimiento obrero.

El piquetazo que denigra el aliancista delaruista Abal Medina, es otro elemento significativo, porque nos devuelve a las huelgas activas, que ponen de manifiesto la conciencia y voluntad de lucha de la militancia sindical. El país y los trabajadores han dado un salto enorme hacia adelante.

La huelga tuvo un carácter incuestionablemente político, pero no el que le atribuye el gobierno, cuando lo vincula a ambiciones de la burocracia sindical que convocó. Su condición política deriva del hecho de que las reivindicaciones fundamentales de la huelga son incompatibles con la orientación del gobierno hacia el ‘ajuste’ social –impuestos al salario para pagar la deuda usuraria, impuestazos y tarifazos en provincias y en CABA.

El alcance de la huelga modifica las perspectivas políticas que derivan de la movilización del 8N, porque plantea una posibilidad de unificación del descontento de las clases populares, en oposición al intento de dar una base social a tentativas imposibles de la derecha. No es casual, por eso, que Macri rechazara la huelga y que Binner o De Narváez o Patricia Bullrich no se hicieran ver, como sí lo hicieron hace dos semanas.

Los luchadores socialistas que integramos el Frente de Izquierda nos planteamos enfrentar el desafío de encarar con audacia una situación nueva, que habíamos previsto. Esto significa iniciar de inmediato una campaña de propaganda y difusión en gran escala sobre la base de una alternativa obrera y socialista al agotamiento de la experiencia kirchnerista, que no es más que una expresión de la tendencia a la desintegración capitalista que se registra a nivel mundial.

Se desarrollan con intensidad las condiciones para fusionar al movimiento obrero con la izquierda.

JORGE ALTAMIRA

19 de noviembre de 2012

6ta. Marcha de la Gorra en Córdoba


COLOQUEMOS A LA CLASE OBRERA AL FRENTE DEL DESCONTENTO - PARO Y PLAN DE LUCHA HASTA GANAR








Minutos antes de participar en la conferencia de prensa en la CTA, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, declaró: “En los gremios que adhieren el paro será total, pero lo notable es la adhesión de cuerpos de delegados de fábricas enteras y de muchos compañeros a pesar del boicot de sus sindicatos, integrantes de la CGT Balcarce, o el caso de los docentes bonaerenses que pararán contra el Suteba de Yasky; habrá ausentismo marcado incluso en el subte, donde los dos sindicatos son kirchneristas, y en talleres gráficos o metalúrgicos. Los piquetes serán para ayudar a esos compañeros”.

“Al paro se oponen los Gerardo Martínez, los Pedraza, Caló y Cavalieri; paramos junto al sector de organizaciones obreras que convocan. El paro es la oportunidad de que el movimiento estudiantil y miles de caceroleros participen con la clase obrera y sus reivindicaciones”.

Pitrola finalizó: “Tenemos que levantar muy alto las banderas contra el cepo salarial por $7000 de básico, anulación del impuesto al salario, salario familiar para todos de $700 por hijo, abajo las ART, contra la devaluación y la inflación que carcome los salarios, contra el ajuste de Cristina y los gobernadores oficialistas y opositores, por el 82% móvil, por $4000 de compensación de fin de año por inflación y ganancias. Y a partir de mañana, plan de lucha con paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, para lograr las reivindicaciones planteadas”.

PARTIDO OBRERO

16 de noviembre de 2012

Repudiamos los bombardeos sionistas en la Franja de Gaza








El gobierno israelí desató una nueva ola de bombardeos sobre la región de Gaza, que desde hace años funciona virtualmente como un campo de concentración a cielo abierto. Israel mantiene un férreo bloqueo de la zona, impidiendo el ingreso de los recursos más básicos como alimentos o cemento para construcciones.

En las últimas semanas, el gobierno ultraderechista de Netanyahu utilizó los confusos episodios en la frontera del Sinaí para justificar estos ataques. La respuesta armada por parte de las milicias palestinas no produjo ninguna víctima, mientras que el operativo sionista ya cuenta con más de 15 muertos, entre ellos, tres niños.

En la Operación Plomo Fundido, en 2008, las víctimas palestinas se contaron de a miles, mientras Israel sólo tuvo 14 bajas militares. La desproporción es más que evidente entre uno y otro lado. Denunciamos que este nuevo bombardeo cuenta con la complicidad del reelecto “Nobel de la Paz”, Barack Obama, quien durante su campaña electoral justificó la politica belicista del sionismo.

El gobierno israelí anunció que se prepara para una incursión terrestre, algo que sería impensable sin el aval de Washington. Los gobiernos del Mercosur no se pronunciaron oficialmente. Pero este organismo suscribe un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, a pesar de su política de agresión permanente contra el pueblo palestino.

Repudiamos en forma categórica los bombardeos del sionismo contra la población de la Franja de Gaza y manifestamos nuestra solidaridad incondicional con el pueblo palestino. Llamamos a las organizaciones obreras, de izquierda y antimperialistas de Argentina a concretar una movilización de repudio en Argentina.

PARTIDO OBRERO

EL FRENTE DE IZQUIERDA LLAMA A PARAR ACTIVAMENTE EL 20N‏

La CGT Moyano y CTA Micheli convocan a un paro general para el próximo 20 de noviembre. El Frente de Izquierda adhiere en forma decidida al paro, llama a parar y a asegurar el éxito de la huelga; a promover asambleas, plenarios y reuniones de activistas que resuelvan el paro, e impulsar piquetes en todo el país para garantizar su cumplimiento, tanto en los sindicatos que están adheridos a las centrales convocantes como a los que no.

La necesidad de un paro nacional activo como inicio de un verdadero plan de lucha de las organizaciones obreras está fuera de toda duda. Una inflación cercana al 30% anual devora el salario y las jubilaciones. A ello se suma la confiscación del impuesto al salario a millones de trabajadores, más allá del anuncio de la presidenta de que no se aplicará para el medio aguinaldo de fin de año. También la pérdida de las asignaciones familiares para gran parte de los trabajadores. La ley de ART -impulsada por el gobierno con el entusiasta apoyo de Macri y otros políticos patronales-, es otro golpe a los derechos de los trabajadores, a la medida de las exigencias de la Unión Industrial. Hay barrios sin luz y sin agua y se sigue viajando como ganado. Mientras tanto, la política oficial destina los recursos estatales al pago de la deuda externa y a subsidiar a las privatizadas.

El Frente de Izquierda llama a parar activamente con un claro programa obrero frente a la crisis nacional: por un salario igual a la canasta familiar (que hoy ronda los 7000 pesos) y su ajuste automático con la inflación; derogación del impuesto al salario y asignaciones familiares para todos; un plus de 4.000 pesos a fin de año para todos los trabajadores para paliar los aumentos de precios y el robo al salario con el impuesto; 82% móvil para los jubilados; abajo las ART del gobierno; contra el trabajo en negro y tercerizado y contra la criminalización de la protesta. En definitiva, contra el ajuste de Cristina Fernández que aplica junto al resto de los gobernadores. Lucha que debe estar ligada a la necesidad de pelear por un programa obrero y popular que de salida a la crisis por izquierda, que incluya el no pago de la deuda externa; reestatización de! todas las privatizadas bajo control y gestión de trabajadores y usuarios; nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre otras medidas de fondo.

El paro nacional y el plan de lucha que necesita el pueblo trabajador es una oportunidad para que la clase obrera irrumpa en la crisis nacional con sus propios reclamos e intereses, que son contrarios tanto a los del gobierno K como a los de los políticos patronales como los Macri, Scioli, De la Sota, Binner, o de los Buzzi. Por eso es necesario luchar por un programa propio de los trabajadores, independiente de cualquier variante patronal.

La medida resuelta por la CGT-CTA carece de continuidad. Planteamos, por el contrario, que debe ser parte de un verdadero plan de lucha, hasta lograr todas las reivindicaciones planteadas.

Este 20N: ¡VAMOS AL PARO ACTIVO!


FRENTE DE IZQUIERDA y de los Trabajadores

PARTIDO OBRERO - PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS - IZQUIERDA SOCIALISTA