Por un Año Nuevo con Justicia por Mariano Ferreyra

EL PARTIDO OBRERO PARTICIPARA DE LA AUDIENCIA SOBRE TRANSPORTE E HIGIENE URBANA

Hoy jueves 27/12, a las 15 hs., tendrá lugar la audiencia pública donde se tratarán los proyectos de licitación de transporte y basura. La improlijidad de que se realice una sola audiencia para ambos temas y se desarrolle en período vacacional y sin mayor publicidad, da cuenta de las intenciones del gobierno; que no son otras que establecer un nuevo ajuste, en pos de garantizar la rentabilidad de empresarios amigos, que asciende al 30% en el caso del Transporte.

En efecto, el proyecto de Transporte establece la privatización de Tamse. Se pretende olvidar el origen de Tamse, la cual tuvo lugar después del descalabro al que llevaron el transporte público las gestiones de Mestre (padre), Martí y Kammerath, privatizadores que permitieron toda clase de abusos de los capitalistas del transporte. Ahora se avanza en el negociado en un doble sentido. Por un lado se establece un régimen de líneas troncales, con vehículos de gran porte, que permitirá a las empresas establecer una alta rentabilidad de esas líneas dejando sin servicio a la mayoría de las barriadas. Hoy en día sufrimos la situación de barrios enteros que se quedan sin servicio durante días o sectores donde los usuarios abonan un pasaje hasta la punta de línea para poder acceder al servicio hasta el centro. Un tarifazo implícito ($3,70) completa el cuadro.

Por otro lado se avanza en contra de los trabajadores procediendo a un ajuste y suprimiendo su capacidad de control. Se deja afuera del sistema a más de 700 trabajadores, lo que plantea despidos y desconocimiento de derechos, tales como las 7 horas por insalubridad y licencias médicas. Este año se contabilizaron cerca de 100 despidos en el transporte, entre personal de planta y tercerizados.

Lo más pérfido es la declaración de “servicio esencial”, lo cual no se desarrolla para poner en caja a los empresarios vaciadores que realizan grandes negociados con los tarifazos y subsidios del Estado; sino para atacar el derecho constitucional de huelga y el derecho de reunión de los trabajadores. Se establece “legalmente” la creación de bandas de rompehuelgas dirigidas por las patronales. El planteo apunta a la desorganización sindical y a la supresión de cualquier tipo de cuestionamiento a la gestión de un negocio capitalista. No olvidemos que Cesano y otros dos compañeros de la empresa Ciudad de Córdoba fueron despedidos este año por reclamar por condiciones de trabajo, entre ellas, la frecuencia y el estado de la flota y de las unidades.

Sobre la licitación del servicio de Higiene Urbana, basta con mencionar que las empresas que hoy cumplen con el servicio le llevan al municipio más fondos de lo que costaba la Crese estatal.

El Partido Obrero denunciará el programa privatista de Mestre, que busca, a la vez, ajustar y establecer un nuevo negociado, y presentará las siguientes propuestas en defensa de los derechos de trabajadores y vecinos: No a la privatización de Tamse. Abajo el proceso privatizador de Mestre. Basta de negociados. Cláusula inmediata de estabilidad laboral para todos los trabajadores. No a la tercerización. Ningún tarifazo. Por un servicio de transporte y de recolección de basura públicos, con control de trabajadores y usuarios, elegidos en asamblea y por el voto popular, respectivamente.


Manuel D'Alessandro, 155-078317

Cintia Frencia, Legisladora electa por el FIT, 155-477903

La acción de la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura de la provincia de Córdoba durante 2012

El momento más destacado de la banca del Frente de Izquierda, este año, ha sido su actuación frente al recorte previsional de De la Sota.

Cuando De la Sota agitó el atraso de la Anses en el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones de la provincia, elaboramos un pedido de informes para que el gobierno hiciera público el estado de las negociaciones con el gobierno nacional y sus propios planes frente al litigio, a sabiendas de que oficialismo lo utilizaría para atacar los derechos jubilatorios en Córdoba. En las reuniones de comisión y audiencias, exigimos que se definieran contra cualquier recorte a las conquistas del régimen jubilatorio. Fuimos el único bloque, representado en el recinto por la compañera Liliana Olivero, que denunció la maniobra del delasotismo y votamos en contra de la postura del gobierno provincial.

No hubo que esperar nada para confirmarlo: en esa misma sesión, De la Sota se hizo presente en la Legislatura para traer el proyecto que recorta las jubilaciones. Nuestro bloque entroncó así, desde la acción legislativa, con las jornadas de lucha que desató la aprobación de la ley de recortes y reforzó la capacidad de movilización del Frente de Izquierda en los lugares de trabajo y en la calle. Luego, presentamos un proyecto para exigir la derogación de las leyes que modificaron el régimen previsional. Estas presentaciones sirvieron para que nuestra diputada desarrollara una fuerte denuncia política del Estado y los partidos patronales.

Otra actuación destacada de la banca del Frente fue ante la llamada ley de Trata. La ley es un instrumento para combatir a las mujeres que ejercen la prostitución, en lugar de combatir a los capitalistas y proxenetas que las explotan. Nuestras denuncias acaban de ser ratificadas por Susana Trimarco, quien anteriormente había apoyado expresamente la ley. El Plenario de Trabajadoras aprovechó el debate para llevar a la Legislatura del caso de Yamila Cuello, desparecida desde hace tres años en un evidente caso de trata que la policía y la justicia pretendieron ocultar.

A través de pedidos de informes, hemos llevado los reclamos de trabajadores y vecinos en diversos aspectos, como la situación laboral en las automotrices, el atraso del pago de sueldos de los nuevos docentes, la situación de los planes de vivienda, de numerosas escuelas y hospitales, así como de la crisis hídrica en varias localidades.

El bloque ha presentado varios proyectos de ley (prohibición de despidos y suspensiones, reestatización de la empresa de agua, régimen laboral en los calls centers, etc.). Nunca se nos escapó que el control absoluto del oficialismo (tiene los dos tercios y mayoría en todas las comisiones) impediría el tratamiento de los mismos, y que su materialización no se haría efectiva por un procedimiento formal del parlamento. Lo que importa, sin embargo, es la agitación política que puede suscitar, el esclarecimiento de los intereses de clase en conflicto y que sirva como instrumento de propaganda para impulsar la organización de la clase obrera.

Hemos decidido presentar un proyecto que prohíba el trabajo precario (contratos, monotributistas) y tercerizaciones en el Estado provincial, municipios y empresas del Estado. Con el objetivo de generar las condiciones para imponer su discusión, estamos en un proceso de debate con delegados y organizaciones obreras.

El Frente de Izquierda tiene solamente una diputada en la unicameral, pero hay todo un equipo militante que trabaja para que la legislatura sirva al desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y a su fortalecimiento material frente a la clase capitalista. Un bloque legislativo de izquierda, cuando desafía al Estado capitalista en todas sus instituciones, desarrolla ‘de facto’ un principio de doble poder.

Eduardo Salas

El Partido Obrero y organizaciones de DDHH por la libertad de los presos de Corral de Bustos

El pasado jueves 20 de diciembre una delegación compuesta por organizaciones pertenecientes al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto a la CTA local y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, visitaron en el Penal de Villa María a los presos políticos de Corral de Bustos.

Los 6 compañeros fueron procesados por los disturbios y la quema de tribunales de dicha localidad en diciembre de 2006, cuando se desató una pueblada que movilizó a más de 2000 personas ante el asesinato de una niña de 4 años.

En declaraciones a los medios locales, Cintia Frencia, legisladora electa del Frente de Izquierda, señaló: "La pueblada de diciembre del 2006 fue alimentada por una creciente impunidad en la localidad de Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba, con más de 17 asesinatos impunes, denuncias permanentes de robos de camiones, tráfico de mujeres y de niños, tráfico de drogas, etc.; una verdadera zona liberada para el narcotráfico, las redes de trata y el crimen organizado. La pueblada fue reprimida duramente, con más de 40 detenidos, 26 procesados y al día de hoy 6 compañeros condenados. Resulta una verdadera aberración que existan presos por exigir justicia”.

Continuó Frencia: “Las condenas de 5 a 7 años de prisión, que al día de hoy no están firmes, se asientan sobre la base de un supuesto video, que ha sido destruido, de un peritaje 'virtual' del edificio de Tribunales (que fue demolido antes de ser peritado), y de declaraciones de dos menores de edad obtenidas bajo tortura de la policía local. Claramente se trata de una causa armada para garantizar la impunidad desde el poder político y judicial con la que cuenta el crimen en la zona. No resulta casual que entre los presos se encuentre Omar Pasquini, un periodista de la zona que denunciaba implacablemente estos manejos; Víctor Barbero, un abogado que fue parte de la movilización y las denuncias a la justicia, y un vecino, testigo ocular, quien habría denunciado a un ex juez como el que inició el incendio y la quema de expedientes en tribunales”.

La legisladora del FIT denunció: “La condena y la prisión de estos luchadores no es un hecho aislado; se trata de una política represiva desde el estado, que ha sido reforzada con la aprobación de la Ley Antiterrorista nacional y el Código de Faltas provincial. Tenemos sobradas muestras en la provincia del rol del gobierno y la justicia, quienes utilizan las fuerzas represivas para aplacar los reclamos sociales, como es el caso de la brutal represión a los trabajadores estatales en el reclamo por sus jubilaciones. El saldo es de más de 5000 procesados por luchar a nivel nacional, y decenas de presos políticos”.

Cintia Frencia concluyó: “Las organizaciones de DDHH y el Partido Obrero en el Frente de izquierda nos hemos comprometido firmemente a desarrollar una fuerte movilización nacional para exigir la inmediata libertad a los presos políticos de Corral de Bustos, así como también terminar con la impunidad y la represión existentes. Desde la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura Provincial iniciaremos una serie de acciones políticas para reforzar esta lucha”.

Cintia Frencia -> (0351) 155-477903

EL PARTIDO OBRERO ANTE LOS HECHOS DE BARILOCHE, ROSARIO, CAMPANA Y OTRAS CIUDADES

Los funcionarios oficiales han abundado en acusaciones diversas en relación a los hechos de Bariloche, Rosario y otras ciudades. En cambio, no pudieron detenerse un segundo a responder sobre las consecuencias de su propia política, que ha llevado a una inflación del 40% en los alimentos, a un tercio de los trabajadores argentinos en condición precaria, a 35.000 puestos de trabajo menos en la industria de la construcción.

La inflación engordó los balances de los bancos y monopolios alimentarios. Pero su contrapartida es una monumental confiscación a los salarios y jubilaciones. Los tenedores de la deuda externa argentina –que acaban de recibir el mayor pago de su historia- tendrán una Navidad muy superior a la de las familias obreras de Argentina.

Bariloche es una versión corregida y aumentada de esta realidad: detrás de la fachada turística, la desocupación de jóvenes y trabajadores asuela las barriadas. Un dirigente vecinal de esa ciudad, entrevistado por las radios porteñas, no pudo ser más claro: “Aquí –dijo- nos estamos cagando de hambre”. Hasta el mismo intendente de Bariloche le describió esa realidad al jefe del gabinete. Pero la única respuesta de Abal Medina fue el envío de 300 gendarmes. En cambio, no conocemos una sólo medida oficial para paliar, de modo urgente, las necesidades planteadas en los barrios postergados.

De cara a esta crisis, el Partido Obrero plantea que dirijamos los reclamos al poder político, y con un programa:

1. entrega de ayuda alimentaria inmediata a todas las familias que lo necesitan, bajo control de representantes electos de los barrios.
2. empadronamiento urgente de todos los desocupados, y otorgamiento de un subsidio equivalente al 80% de la canasta básica.
3. Puesta en marcha de un plan de obras públicas y viviendas en los barrios y municipios afectados, que asegure trabajo a todos los desocupados empadronados.
4. Eliminación inmediata del IVA y los impuestos al consumo, salario igual a la canasta familiar, restitución de las asignaciones familiares.
5. Anulación de los tarifazos en el transporte público.

Hacemos un llamado al conjunto de las organizaciones políticas, sindicales y sociales ligadas a la clase obrera a impulsar asambleas en los barrios, para organizar movilizaciones a los municipios por este programa de reclamos.

PARTIDO OBRERO

La agenda de 2013: la batalla política de la izquierda

A medida que se acercaba el miércoles 19, el acto convocado por Moyano, Micheli y Barrionuevo en la Plaza de Mayo fue reforzando las características reaccionarias que hemos señalado desde estas páginas. Los “preparativos” para el 19 no se concentraron en las fábricas o en las asambleas sindicales. En cambio, los organizadores redoblaron sus contactos con los dirigentes de la oposición patronal. En lugar de anunciar un plan de lucha para defender las paritarias del tope que pretende imponer el gobierno, Moyano ‘lo corrió’ con el pseudo desafío de que “gobierne por decreto”. Las centrales opositoras se han convertido en los fogoneros más activos de un frente opositor al kirchnerismo, que abarca desde el PRO hasta Proyecto Sur. La militancia moyanista por el acto incluyó los encuentros con Alfonsín y Lavagna, quien oficia como vocero de la burguesía -desde Techint a Clarín y las automotrices y sojeros. El ‘pliego de reivindicaciones’ del ex candidato radical y ex ministro kirchnerista plantea, por partida doble, una devaluación y la definitiva libertad de tarifas.

Facundo Moyano se reunió con Scioli, De Narváez y varios diputados pejotistas, a dos días de la marcha del 19. Pactaron un ‘interbloque’ bonaerense para protegerse de las embestidas de Mariotto y de La Cámpora. Pero, al mismo tiempo, Scioli aceptaría consensuar una lista de diputados nacionales con Cristina, con la pretensión de obtener, a cambio, una mayoría en la lista de legisladores provinciales. O sea que se mueve en todas las direcciones, incluida la disputa por la herencia de los K. El tironeo por las ‘pilchas que vas a dejar’ (como decía Discépolo) se ha instalado con mucha antelación al año 2015. Moyano llamó en estos días a “cerrar el ciclo del kirchnerismo”, pero para darle la llave de la puerta a los enemigos de los trabajadores. Este rumbo derechista estaba anunciado en los acuerdos con la CGT de Barrionuevo.

Los organizadores llamaron a los caceroleros a la marcha del 19, pero no para sumarlos a las reivindicaciones obreras, sino como enviados de los mismos opositores derechistas que se pusieron, políticamente, al frente de los cacerolazos del 13S y el 8N.

Subte

A pocas horas -y metros- de la marcha del 19, los obreros y delegados del subterráneo estarán librando una lucha tenaz contra la ley con la que el macrismo quiere establecer el traspaso del servicio a la Ciudad. El ‘traspaso’ es, por un lado, la envoltura de un tarifazo en el transporte y de enormes negociados vinculados con su financiamiento y, por otro lado, una agresión a las conquistas de sus trabajadores. Los organizadores de la marcha del 19 le han dado la espalda a la lucha de los metrodelegados -algo que vale, en particular, para la CTA de Micheli. En cambio, sí se han preocupado por atraer a la marcha a las huestes del puntero Ritondo, el vicepresidente macrista de la Legislatura porteña.

Esto es algo que no puede sorprender, si se tiene en cuenta que el arco que apoyó este traspaso reaccionario -impulsado por el kirchnerismo- va desde Macri hasta Proyecto Sur. Los de Solanas, a su turno, acaban de votar junto al PRO el tarifazo del ABL en la Ciudad, avalando así los verdaderos presupuestos del Estado porteño (Banco Ciudad, tierras públicas) y su manejo sin control por parte del gobierno PRO. En la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la marcha del 19, se ha puesto de manifiesto el contenido nefasto de las ‘salidas’ que, de centroizquierda a centroderecha, fogonean los dirigentes de las tres centrales opositoras.

Confiscación política

La marcha del 19 transcurrirá después de un año signado por la primera huelga general contra el gobierno K, manifestaciones y enormes expresiones de insatisfacción popular. El gobierno ha buscado gambetear el ‘rodrigazo’, pero con el impuesto al salario (que se aplicaría también ¡a las indemnizaciones por despido!), con la restricción sistemática de las asignaciones familiares, la inflación galopante y con el aumento de la desocupación y de la subocupación. En medio de los anuncios oficiales de “viviendas para todos”, la construcción acumuló 30.000 puestos de trabajo perdidos a lo largo del año. Ahora, el gobierno condiciona una reducción del mínimo imponible a ganancias a la aceptación de un tope a las paritarias. La burocracia sindical -que acompañó al kirchnerismo durante una década- se ha fracturado al calor de esta crisis. El clasismo y la izquierda han reforzado su intervención.

La burocracia sindical interviene con el propósito de contener la reacción obrera contra el ‘modelo’ y bloquear una unión entre el movimiento obrero que lucha con la izquierda auténtica. La ‘reconstrucción del peronismo’ -la consigna levantada por Moyano- es una salida con los De la Sota, Macri, Barrionuevo y Scioli.

Los organizadores de la marcha han puesto sobre la mesa la tentativa de copar políticamente el movimiento popular, sin disimulos. Quieren pasar a jugar directamente en los armados electorales de 2013. A pocas horas de la marcha, trascendieron disidencias entre la CGT y la CTA: los partidarios de Lozano y De Gennaro en la CTA reclaman dar por finalizados los acuerdos con Moyano, para pasar a disputar un lugar en las listas del FAP de Binner (el mismo que dijo que “no reconocía fronteras programáticas ni con Macri”). A su turno, Moyano ha obtenido una personería electoral, que colocará al servicio de ‘colar’ dirigentes en las listas opositoras.

Nuestra política

El Partido Obrero lucha contra esta tentativa de copamiento político de la clase obrera y del movimiento popular, así como por la fusión de este movimiento con la izquierda revolucionaria. Es una batalla política, que la propia burocracia sindical se ha encargado de marcar. La responsabilidad por esta batalla política es del Frente de Izquierda. Unimos la exigencia combativa de un plan de lucha y de un paro de 36 horas a la batalla por una alternativa política de los trabajadores. Con el mismo propósito estratégico, estaremos en las calles este jueves 20, junto a una parte de la izquierda, para reivindicar al Argentinazo. Su tarea inconclusa -unir a la rebelión popular con el programa y la organización de la izquierda revolucionaria- es la gran cuestión que debe crecer a pasos de gigante en 2013.

Marcelo Ramal 

7D, 2013 y referéndum

La entrada de Sabbatella a las oficinas del grupo Clarín estuvo lejos de la épica que le había otorgado el kirchnerismo. La escena se redujo a abogados de uno y otro lado que debatían si la cautelar que le permite al grupo de Magnetto no aplicar la desinversión establecida por la ley de medios está vigente o no. La llamada “democratización de la palabra” se transformó en una pelea de caranchos (muy bien pagos por sus mandantes), disputándose derechos de propiedad y porciones del mercado.

No se agrega nada nuevo si afirmamos que la estrategia de Clarín es ganar tiempo, pero la novedad es que, por lo visto, el gobierno está dispuesto a dásrselo. Es lo que surge del protocolo armado por el AFSCA, el cual descarta la intervención oficial al multimedios que no presentó el plan de desinversión. De este modo, Magnetto seguirá operando la totalidad de licencias que tiene Clarín en la actualidad y, además, tendrá varios meses para aplicar la “desinversión”. En ese lapso, es más que probable que la Cámara que debe resolver la apelación presentada por la empresa saque un fallo -el que sea cual fuere, será apelado por quien resulte derrotado. El gobierno descuenta que ese fallo será favorable a Clarín, aunque aún puede haber sorpresas. De cualquier forma, al final del camino, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra.

Llegado a este punto, los tiempos políticos y los del calendario se empiezan a mezclar. Es que la Cámara se tomará un tiempo para emitir el fallo y sólo luego irá a la Corte. El gobierno podría abreviarlo, utilizando el per saltum que votó en el Congreso. De este modo, la pelea entre Clarín y el gobierno se meterá de lleno en la campaña electoral de 2013. Para el kirchnerismo, sería una oportunidad de valerse de esa pelea para transformar las elecciones en un referéndum que le permita polarizar y colocar a la oposición como rehén de Magnetto. Semejante recurso no es para nada desdeñable, sobre todo cuando el kirchnerismo vive una pérdida creciente de iniciativa política como consecuencia del agotamiento acelerado del llamado “modelo productivo”.

Dentro del arco oficialista, la transformación de la elección de 2013 en un referéndum genera resistencia. Los gobernadores del peronismo temen quedar como víctimas de una derrota kirchnerista. Por eso, ya hay planes para dividir las elecciones provinciales de las nacionales, buscando asegurar cada uno su propio feudo. De prosperar esta línea, el kirchnerismo se vería en un serio problema, pues perdería el sustento electoral de la enorme legión de punteros que aportan los gobernadores. Más que nunca se pondrá en evidencia que la camarilla kirchnerista tiene como sustento el viejo y podrido aparato del peronismo tradicional.

El grupo Clarín también ve con simpatía estirar la desinversión para después de las elecciones. La apuesta es lógica: de ser derrotado el oficialismo, la “ley de medios” pasará a mejor vida. Incluso se planteará la posibilidad de que una nueva composición del Congreso revise los artículos que afectan al grupo. La excusa puede ser que la ley está “mal hecha” porque no tiene en cuenta las nuevas tecnologías -internet y telefonía- y confunde el espacio radioléctrico, que es limitado, con el cable, que no lo es. De ese modo, Clarín aspira a que una ley de medios reformada no afecte las licencias de Cablevisión y su entrelazamiento con Fibertel (internet). Pero si de todas formas estos planes no caminaran, ya se comenta que Clarín tiene listo un plan de “desinversión”, el cual consistiría en vender Cablevisión a capitales yanquis protegidos con tratados de inversión ‘recíprocos’. La ley nacional y popular podría terminar beneficiando al capital yanqui.

Para la Corte Suprema, que deberá resolver finalmente el tema, las elecciones le permitirán saber para dónde sopla el viento. Frente al agotamiento del gobierno y la crisis de la oposición, la función principal de la Corte es evitar que la cosa se vaya de madre y termine produciendo una crisis política. El choque más general entre el gobierno y la Justicia tiene este trasfondo. El kirchnerismo carece de la fuerza para alinear a todos los poderes del Estado, pero no puede dejar de intentar hacerlo si es que quiere recomponer su capacidad de arbitraje.

La disputa en torno del 7D y a la ley de medios se ha transformado en una lucha política de alcance general. Los campos patronales en disputa son ambos adversarios de la libertad de prensa y de la “democratización de la palabra”, como lo prueban las persecusiones de Clarín y el gobierno contra los trabajadores periodistas propios y ajenos. La salida de este laberinto requiere que los trabajadores de prensa, gráficos y de televisión intervengan con una posición propia, discutida democráticamente como clase, lo cual permitirá fortalecer un polo independiente de los bloques patronales en disputa.

Gabriel Solano

Adónde va el rescate “nacional y popular” de YPF

Después de varios meses de caída en picada, desde su reestatización parcial, las acciones de YPF mostraron un repunte. La razón de fondo para que esto ocurra es la triplicación del precio del gas natural, que el gobierno dispuso para la producción que supere los niveles históricos de cada yacimiento. El tarifazo es el único recurso del gobierno para sacar a la petrolera -y a la política energética- del pantano. A partir de estos aumentos, la administración kirchnerista quiere acelerar el endeudamiento interno y externo de la petrolera, así como las asociaciones con grupos petroleros privados -tanto locales como internacionales.

A caballo del tarifazo

Antes de que se anunciara el tarifazo en el gas, el presidente de YPF, Galuccio, le tiró otro ultimátum a la Presidenta: “las naftas deben subir un 35% por encima de la inflación” (Clarín, 16/11). Los tarifazos son la garantía de un endeudamiento. El primer prestamista es la Anses, aunque en condiciones favorables para la petrolera. Por otro lado, el gobierno impulsa asociar a YPF con grupos locales -como Bulgheroni o Eurnekian- y, fundamentalmente, petroleras internacionales. También anunció una preferencia en beneficio de proveedores locales de equipos o servicios petroleros. Los límites de esta política son claros: los préstamos obtenidos hasta ahora no llegan a financiar el 5% del “plan de inversiones”. El camino del financiamiento internacional -y las “alianzas estratégicas” afuera- plantean exigencias de otro alcance.

Fondos buitres y Repsol

En sus reuniones con inversores, Galuccio explicó que va a salir a tomar préstamos al exterior “cuando la situación de Argentina se normalice (…) después de todo el asunto de los holdouts” (Clarín, 8/12). Otro escollo -mayor- es la expropiación ‘inconclusa’ de Repsol. “No hay un solo día en que no haya conversaciones sobre ese asunto entre el gobierno argentino y el español” (La Nación, 20/11). A las presiones de los grupos petroleros, se ha sumado recientemente el propio Departamento de Estado norteamericano, el cual acaba de reclamar al gobierno argentino un “justo resarcimiento” en este caso. Repsol exige una indemnización de 10.000 millones de dólares, que representan la mitad de los recursos propios que YPF tendría que invertir en el próximo lustro. También demandó a Chevron por el acuerdo firmado con YPF, en relación con Vaca Muerta, por “apropiarse de los hallazgos de Repsol” en el yacimiento.

Los nuevos contratos

La triplicación del precio del gas ‘nuevo’ parece haber acelerado los acuerdos con Chevron y Bridas. El “modelo de asociación” con estos grupos les permite “tomar una participación en un bloque del yacimiento a cambio de que financien los costos de exploración y producción por unos años” (Clarín, 8/12). Los pulpos no serían contratistas sino socios plenos de YPF, con derechos sobre el petróleo o el gas extraído. Pero la libertad para disponer de los hidrocarburos deberá completarse, primero, con la habilitación para exportarlos y, después, con la remisión sin restricciones de utilidades al exterior. El kirchnerismo se apresta a explotar Vaca Muerta con el modelo de asociación más leonino en favor del capital extranjero.

El tarifazo del gas es sólo del comienzo. La ruta de los acuerdos con los monopolios petroleros exige un cambio total del ‘modelo’ intervencionista. Es lo que concluyen los ex ministros de Energía, quienes actúan como ariete de la oposición.

Marcelo Ramal

Juicio por el crimen de Mariano Ferreyra: en la recta final

El juicio por el crimen de Mariano ingresa en la recta final. Al momento de publicarse este artículo, estarán declarando los últimos testigos. Luego, para finalizar la etapa de ‘producción de prueba’, se dedicarán algunas audiencias a las escuchas judiciales registradas durante la instrucción (en el veredicto, serán valoradas solamente aquellas que se reproduzcan en la sala de audiencias) y se realizarán inspecciones oculares en la sede de la Dirección General de Operaciones y en el lugar de los hechos, en Barracas. Por el momento, y a pesar de las versiones que trascendieron, solamente Francisco Pipitó anticipó que está dispuesto a prestar declaración indagatoria.

El juicio entrará en receso del 28 de diciembre al 16 de enero. Es probable que en febrero comience la etapa de los alegatos, que insumirá varias audiencias. Luego de los alegatos de la fiscalía y las querellas, de la respuesta de las defensas y de las rondas de réplicas y dúplicas, el tribunal dispondrá de cinco días para dar a conocer su veredicto. Hasta quince días más tarde podrá exponer sus fundamentos.

A lo largo de estos 26 meses, la movilización por el castigo a todos los responsables del crimen de Mariano no cesó ni un instante. A esta altura del juicio, está archiprobada la existencia de un plan criminal, pergeñado por la cúpula de la Unión Ferroviaria junto a empresarios y funcionarios, para ‘aleccionar’ a los tercerizados, y también la participación fundamental de la policía.

Entramos en la fase crítica de las definiciones. Llamamos a redoblar todos los esfuerzos para coronar esta gran lucha con una victoria.

Perpetua a José Pedraza. Justicia por Mariano.

Jacyn

“Sin clientes no hay trata”, un espejismo capitalista

La consigna “sin clientes no hay trata” se ha popularizado en una porción del espectro político, en particular entre diversos agrupamientos feministas, pero también entre partidos y grupos políticos de centroizquierda. Se trata de una proclama que despierta una genuina simpatía en un sector no menor de la población, lo cual explica, por ejemplo, su enorme difusión en las redes sociales. Los socialistas debemos advertir, sin embargo, que se trata de una consigna errada, cuyo carácter distraccionista sólo dificulta la clarificación del verdadero problema y el desarrollo de un programa independiente de la clase obrera, capaz de proveer una salida al mismo.

El consumo de servicios de prostitución ha existido en todas las sociedades históricas, capitalistas o no. Pero, para superarlo, los socialistas luchamos contra la opresión del hombre sobre el hombre en la sociedad capitalista. Esta opresión toma diversas formas y la prostitución es una de las más infames y aberrantes. Sin embargo, es un grave error concluir que es el (potencial) consumidor de prostitución el responsable de su existencia; las mujeres son forzadas a la prostitución en regímenes sociales donde, en forma parcial o total, rige el tráfico de mercancías y el trabajador cubre sus necesidades vendiendo su fuerza en el mercado. La clase capitalista explota a la inmensa mayoría de la humanidad y, en particular, regentea con inigualable crueldad el negocio de la explotación sexual y el lavado de dinero que genera.

Es por eso que nuestra lucha tiene como únicos enemigos a los proxenetas y a la estructura política burguesa que los ampara. La estrategia del “Sin clientes no hay trata” no ofrece ninguna salida, porque el tráfico de personas es inherente a toda sociedad de clases y al capitalismo. El capitalismo no suprime la mercancía socialmente destructiva: la potencia, como lo muestra el lugar descomunal que ocupa la producción de armamentos. No se puede combatir la superexplotación de los obreros fabriles malayos instando al pueblo a no comprar ropa deportiva. Una intervención de este tipo no sólo no es socialista ni contrahegemónica e incompatible con el capitalismo. Reemplaza una campaña de lucha política en contra de una estructura empresarial, gubernamental y policial con una campaña de concientización que está en contradicción con la estructura social dominante.

Nuestro enemigo no es un cliente abstracto sino un sujeto político definido: la burguesía. Fuera Alperovich, desmantelamiento de las redes de trata, cárcel a todos los responsables del secuestro y explotación de Marita Verón. Sin complicidad política y policial no hay trata.

Daniel Di Stefano

Ley de Trata: el tercer secuestro de Marita

Se aprobó finalmente, en comisión, el proyecto que tenía media sanción del Senado, desde agosto de 2011, que modifica la ley de trata. El cuerpo lo convertirá en ley en la sesión extraordinaria llamada para tal fin. El proyecto había perdido estado parlamentario debido a la negativa del bloque mayoritario del FpV a tratarlo. El presidente de la Comisión Penal de Diputados, Oscar Albrieu, explicó que había divergencias en el bloque del Frente para la Victoria, que nunca explicó. La crisis que suscitó la absolución en Tucumán y el dedo del Ejecutivo unificaron las posiciones en menos de lo que canta un gallo.

Las modificaciones introducidas en la ley eliminan la figura del consentimiento: la ley actual obligaba a la víctima mayor de edad a demostrar que no había consentido en someterse a la explotación sexual. Aníbal Fernández, la entonces senadora Vilma Ibarra y el kirchnerismo en su conjunto habían defendido este pretexto de proxenetas. La senadora Rojkés, esposa de Alperovich, siguió por esta ruta cuando aseguró que la prostitución es inevitable. Es decir que el ‘consentimiento’ de la mujer está en su propia naturaleza.

En 2008, Vilma Ibarra había defendido el “consentimiento de la víctima”, para proteger a las mujeres que “eligen” (sic) la prostitución. El proyecto contra la trata se convertía en el de la prostitución ‘consentida’.

La ley nueva no admite la excarcelación de los imputados, para lo cual eleva la pena mínima. El kirchnerismo, sin embargo, había defendido hasta ahora la excarcelación, para mantener la coherencia de las penalidades que figuran en el código. El kirchnerismo aprobó una reforma del Código Penal que establece penas al robo de humanos menores que al de cabezas de ganado. El “abigeato”, en el artículo 167 quater del Código Penal, tiene penas de cuatro a diez años. El artículo 145 bis introducido por el kirchnerismo con la ley 26364, impone penas de tres a seis años por el robo de humanos. A partir de la modificación en trámite, las penas siguen siendo mínimas, pero como parten de los cuatro años no serán excarcelables. Esto no le impedirá a un proxeneta quedar libre a los dos años ni seguir manejando sus bienes.

Por último, se introdujo un artículo relativo a la atención de las víctimas y la creación de un Consejo Federal, integrado por diferentes poderes del Estado, “tres organizaciones de la sociedad civil” y un Consejo Ejecutivo, que será el encargado de aplicar de forma cotidiana la atención. Este será un órgano integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo. En el caso de las obligaciones asistenciales del Estado para con la víctima, figura “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, pero no conseguir el empleo para víctimas que han sido violadas, drogadas y doblegadas, ni garantiza su sostenimiento material. También está la posibilidad de “retornar a su lugar de origen si la víctima así lo solicitare”, pero no aquélla por la cual el Estado debiera garantizar un lugar alternativo de vivienda definitiva, ya que la mayoría de los “captadores” originales de chicas están en los barrios de donde provienen las víctimas y donde seguramente quedó parte de su familia.

Tanto los kirchneristas como los radicales se negaron a introducir un régimen especial de incautación de bienes para el caso y, por supuesto, no han establecido ninguna medida de control de movimientos bancarios ni de procedencia de capitales para inversiones. La pesquisa de los bienes de inversiones de procedencia indefinida es, sin embargo, indispensable para perseguir este delito y a las redes. Sin embargo, para toda la clase política gobernante, la protección de las mujeres atormentadas por este delito está subordinada a la preservación de la “seguridad jurídica” de los patrimonios privados.

Desde el año 2008 no se desmanteló una sola red, porque el gobierno sencillamente se niega a tocar los intereses capitalistas. En el caso de la trata con fines de explotación laboral se incurre en un procedimiento similar: no sólo no persigue a quienes violan las leyes de contrato de trabajo y todas las normas de regulación laboral, sino que los promueve, como es el caso de los dueños de La Salada, a quienes les está permitiendo instalar talleres clandestinos en todo el país, a uno de los cuales llevó a los viajes internacionales de Moreno y, por si faltaran señales de apoyo, los sentó al lado de la Presidenta en los actos. No olvidemos que los mismos funcionarios cercanos a la presidencia trasladan en sus delegaciones de “comercio exterior” a proxenetas, como ha quedado demostrado en el caso del viaje de Moreno a Angola.

Los seguidores kirchneristas que colocan a la Presidenta en las antípodas del proxenetismo, evidentemente se interesan por ciertas mujeres, no por las niñas y mujeres sometidas a prostitución. El jefe o la jefa de cualquier Estado es el primer responsable del tráfico de personas, incluso internacional, en su propio territorio. Los que gobernaron la patria chica K son los responsables de la protección a Las Casitas de Río Gallegos, desde el año 1989, y también del ingreso sin controles en su provincia de mujeres para ser explotadas, incluso desde otros países. Por último, ninguna ley eliminará la trata; solamente lo conseguirá la destrucción del aparato capitalista del Estado. No es casual que la trata de personas se haya convertido en el cuarto rubro en importancia en el comercio internacional. La Unión Europea es un paraíso de la trata de niños y mujeres del este del continente; lo mismo ocurre con los países del sudeste asiático.

La herramienta legal es insuficiente, para decir lo menos, aunque la aprobación de las modificaciones ha sido un duro golpe a una línea cambalache del kirchnerismo, de derechistas y progres. El gobierno cedió contra su voluntad con la vana intención de descomprimir la indignación producida por el fallo -hasta el próximo escándalo. Insistimos en que se vaya Alperovich, para golpear al aparato del Estado que protege las redes.

Página/12 titula: “La ley Marita”. Es falso. Luego de la absolución, esta ley impotente es el tercer secuestro de Marita Verón, o sea que no detiene los secuestros.

Vanina Biasi

El 19 y el 20 ganamos las calles

Denunciamos a la burocracia

El Partido Obrero se movilizará los días 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Córdoba, junto a otras organizaciones y partidos.

El 19/12 marcharemos reclamando el cese del impuesto al salario, el 82% móvil y el salario mínimo igual a la canasta familiar. Pero lo haremos también con la exigencia de un inmediato paro de 36 horas y un plan de lucha. Denunciamos que los convocantes a la jornada del 19 (Moyano y Micheli) pretenden cerrar el ciclo abierto por el paro del 20N en función de llevar a los trabajadores atrás de variantes patronales proimperialistas, partidarias de la devaluación y el tarifazo, como es el caso de los De la Sota, Macri o Binner. Por eso la jornada del 19 no tiene un carácter de lucha sino de movilización de aparatos; el Partido Obrero participará de ella para levantar los reclamos de los trabajadores, que son incompatibles con la orientación que Moyano, Micheli y Barrionuevo están desenvolviendo.

El 20/12, a 11 años del Argentinazo, saldremos nuevamente a la calle a reivindicar esa acción de los trabajadores y el pueblo argentino. La reivindicación de los métodos del Argentinazo, al igual que los del Cordobazo, sirve para fortalecer la conciencia histórica de la clase obrera.

Llamamos a los trabajadores, al activismo, al pueblo cordobés, a sumarse a nuestras columnas con estas perspectivas.

Para comunicarse:

Eduardo Salas -> 351-5-477025

Cintia Frencia (Legisladora FIT) -> 351-5-477903

Susana Trimarco confirma las denuncias del Frente de Izquierda

Ante las duras declaraciones de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, contra María Amelia Chiófalo, secretaria de prevención de la trata del gobierno de De la Sota , Cintia Frencia, legisladora electa por el Frente de Izquierda, declaró en un medio local: "Estas declaraciones confirman las denuncias realizadas por el Frente de Izquierda hace algunos meses, en la legislatura. En dicha oportunidad, el Frente de Izquierda denunció que la aprobación de la ley de trata presentada por el ejecutivo provincial constituía una nueva herramienta legal al servicio de tratantes y proxenetas. Por un lado, la nueva ley convierte un delito federal, como lo es la apertura de prostíbulos, en una contravención del código de faltas. Al mismo tiempo, pone en manos del propio aparato represivo, cómplice de las redes de trata, la aplicación de dicha ley".

La dirigente del Partido Obrero continuó: "La denuncia de Susana Trimarco respecto a las irregularidades en los procedimientos de allanamiento a los prostíbulos, donde un contador toma declaraciones a las prostitutas, ratifica que se trata de una ley contra las trabajadoras sexuales independientes y no contra el crimen organizado de las redes de trata. El cierre de prostíbulos sólo logró enviar más a la clandestinidad a las trabajadores sexuales, exponiendo aún más a las víctimas de trata, que quedan a merced de sus captores".

Cintia Frencia también afirmó: "El bloque del FIT fue el único en votar en contra de la ley provincial, ya que no se trata de un vacío legal, sino de la impunidad con la que se manejan las redes amparadas desde los poderes político y judicial, así como también desde las fuerzas de seguridad. Las críticas de Susana Trimarco hacia la secretaria de prevención de la trata dan cuenta de las denuncias realizadas oportunamente por el FIT, e incluso de la completa inutilidad de la nueva secretaría del área a la hora de desarrollar una sola política de prevención y reinserción de las víctimas. Por el contrario, dicho organismo aparece como una pantalla para disimular la responsabilidad del gobierno provincial en torno a los casos de trata, y culpabilizar a las trabajadoras sexuales independientes. Esta responsabilidad queda claramente graficada en el caso de Yamila Cuello, donde la justicia provincial sobreseyó al principal sospechoso teniendo todas las pruebas para imputarlo".

Para concluir, Frencia expresó: "Desde el Frente de Izquierda repudiamos la sentencia que deja en libertad a los 13 imputados por el caso de Marita, y denunciamos que ninguna ley provincial servirá para atacar a las redes mientras permanezcan intactos el aparato represivo y los jueces y funcionarios cómplices. Llamamos a redoblar la lucha para terminar con las redes de trata, por la condena a los responsables y por la aparición inmediata de Marita Verón, Yamila Cuello y todas las desaparecidas".


Plenario de Tabajadoras
Partido Obrero
en el Frente de Izquierda


Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT, 155-477903

Soledad Diaz García, abogada de la Flía. Cuello, 155-484495

Fiesta por Campaña Financiera en el Local Central del PO de Córdoba

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Fuera Alperovich

La absolución de los imputados por el secuestro de Marita Verón es una decisión del poder político.

Es cierto que en el banquillo no estaban “todos los que son”, ni mucho menos los principales, pero el poder decidió que fuera absuelto incluso este rango de secuestradores.

Ocurre que el proxenetismo y la trata son un negocio del poder y de las mafias, que ha crecido en forma enorme a lo largo y ancho del país.

En Tucumán, las marchas por secuestros y crímenes de mujeres han sido incesantes.

Susana Trimarco, la madre de Marita, que no es para nada adversaria del kirchnerismo, denunció ante todos los medios la connivencia entre la Justicia absolutoria, las mafias y el gobierno de la provincia.

Alperovich se empeñó en colonizar el Poder Judicial desde su primer día de gobierno, para lograr el aval para la relección indefinida. La Justicia es en la provincia una sucursal del gobernador.

Es imposible avanzar siquiera un paso en el desmantelamiento de las redes de tratas sin desmantelar al poder político que las apadrina.

Fuera Alperovich y todos los gobiernos que protegen el secuestro y prostitución de mujeres y niños, y todos sus cómplices medáticos, políticos, económicos y clericales.

Elecciones en Luz y Fuerza Córdoba: Derrota del kirchnerismo, gran votación de la oposición

Con el 56% de los votos, el actual secretario gremial de Luz y Fuerza, el moyanista Suárez, se quedó con la conducción del gremio que desde hace doce años estaba en manos de una coalición de kirchneristas, juecistas y moyanistas.

El gran derrotado fue el kirchnerismo, que se sumó a la lista Azul liderada por el actual adjunto, el legislador juecista Santiago Clavijo. Este acuerdo K-juecismo salió segundo con el 22% de los votos, a menos de un punto (16 votos) de la tercera lista, la Verde, integrada por delegados combativos y sectores de izquierda (fundamentalmente Libres del Sur).

La votación de la Verde (21%) es el gran dato de la elección.

La Verde surgió en repudio a la política del oficialismo: abandono de la convocatoria a cuerpos de delegados y asambleas, la falta de lucha frente al impuesto al salario (que entre los trabajadores de la Epec golpea fuertemente) y el seguidismo a las burocracias del SEP (empleados públicos) y UEPC (docentes) que reventaron la lucha contra la reforma jubilatoria de De la Sota. Además, la Verde hizo una fuerte denuncia de la corrupción contra la directiva del gremio.

La ruptura entre Moyano y CFK terminó de destapar la crisis resultante del profundo entrelazamiento de la directiva con los grandes negociados de la Epec con grupos privados. El ex secretario general, Leyría, es considerado un agente del grupo empresario K Electroingeniería.

El electo Suárez -además de moyanista- mantiene una relación estrecha con De Vido y también con ministros del gabinete provincial.

La lista Verde es la expresión de las tendencias de lucha entre los trabajadores, surge de un proceso que se inició con la convocatoria de Moyano el pasado 27 de junio contra el impuesto a las ganancias. Mientras Leyría se escondía, el activismo y los delegados más combativos impusieron que el gremio adhiriera al paro e incluso movilizara a Plaza de Mayo.

Luz y Fuerza integra un proceso que recorre persistentemente al movimiento obrero cordobés. Se verificó en la renovación del cuerpo de delegados de UEPC y más agudamente en las elecciones para las juntas de calificación de enseñanza media, donde la burocracia celeste perdió en la Capital y a dura penas mantuvo la provincia, mientras la oposición clasista alcanzó el 27%. Está presente también entre los municipales, en las recientes elecciones de delegados del frigorífico Estancias del Sur y está en el proceso de constitución de las listas para delegados en UTA.

Eduardo Salas

Las felices fiestas de Moyano, Micheli y Barrionuevo

La convocatoria a la marcha del próximo 19 no debería engañar a nadie. La ausencia de un plan de lucha, desde la primera manifestación contra el impuesto al salario hace ya seis meses, es una demostración suficiente de que las reivindicaciones obreras son un elemento secundario del trío convocante. Su verdadero propósito es contribuir al desarrollo de un frente opositor al kirchnerismo, que va desde el PRO a Proyecto Sur -este último, intentando obtener un reconocimiento de la candidatura de Solanas a senador de la Ciudad por las grandes ligas. Decepcionado de la posibilidad de un pasaje de Scioli a la oposición, Moyano se ha lanzado con decisión a un frente con el peronismo remanente, como lo prueban sus febriles negociaciones con la derecha del peronismo y su reunión política del martes 11 con Lavagna.

Moyano y Micheli pretenden dar por cerrada la zafra reducida de manifestaciones, que iniciaron el pasado 24 de junio, para volcar sus mejores energías a los armados electorales. Caracterizan que el gobierno logró resistir la presión para subir el mínimo no imponible por lo que ahora hay que esperar al retoque que haga el gobierno el año que viene, o a una movida oficial contra las paritarias. Moyano ya legalizó su partido de la Producción (sic) y el Trabajo (PT) -una ficción incluso para un partido sindical. En las filas de Micheli, según reporta Clarín, se replantea dejar a la calle en un lugar menor para concentrar esfuerzos en la promoción del bloque electoral Lozano-De Gennaro en el FAP. Hermes Binner pretende zanjar las disidencias en el FAP en ocasión de las internas abiertas, que ya advierte que serán una dura disputa, a la que pretenden invitar al mismo ‘Pino’ Solanas. Los ‘progresistas’ del FAP se hicieron los distraídos con el acto de “unión democrática” que convocó la UCR, que Binner reforzó luego con una columna editorial, el miércoles, en Clarín. La elección del diario de Magnetto no es casual, pues es evidente para todo el mundo que es el principal fogonero de la “unidad democrática” de los opositores. La ‘progresista’ Margarita Stolbizer no se quiso perder la luminaria, por lo que mandó por escrito su apoyo desde el extranjero. Como lo demuestra, sin embargo, la reacción popular ante el fallo fraudulento sobre el secuestro de Marita Verón, o la movilización barrial a la Legislatura contra el pacto inmobiliario PRO-K, sacar a la gente de la calle será sencillamente inviable, porque Argentina ha ingresado en estado de asamblea.

Para 2013 se pronostican paritarias calientes, cuyo motor ya han encendido los docentes bonaereneses. Scioli reserva para el arbolito navideño el pago en cuotas del aguinaldo.

Los convocantes dieron la cita para el 19, de modo de coquetear con el Argentinazo que comenzó en la noche de ese día hace once años, pero para evitar -por sobre todo- confundirse con el mismo 20 de diciembre. El trío convocante saboteó el Argentinazo en su momento (la CTA estaba abocada a un plebiscito sobre el ingreso mínimo) y no es para nada afecto a las puebladas. La alianza de Moyano con Barrionuevo, que ha fracasado para que el barrabrava de Chacarita ingrese en la CGT Azopardo, es una señal política clara para avanzar hacia un acuerdo con el bloque de Caló para defender la caja de las obras sociales. Por eso, el gobierno reaccionó con la oferta de un ‘pacto social’ a la burocracia oficialista, cuya contrapartida será, sin duda, un arreglo sobre las deudas del Estado con esa burocracia.

Por todo esto, luce como un despropósito que se quiera presentar a la convocatoria del 19 como “una jornada de lucha”. Desarrollada hasta sus últimas consecuencias, esta posición flirtea la capitulación ante la burocracia moyanista. El propósito de la convocatoria (cuyo horario fue acomodado por Moyano con la supuesta intención de facilitar el acceso de caceroleros) no es otro que proceder a un recuento de fuerzas de cara a los próximos episodios de la crisis política y a los armados electorales de la oposición ‘democrática’. A partir de esta caracterización, el planteo de la izquierda revolucionaria debe ser disputar ese recuento con una movilización extraordinaria de fuerzas, sobre la base de las posiciones combativas: un plan de lucha y una huelga de 36 horas. Hay que ir para criticar la convocatoria burocrática con tendencias políticas pro-imperialistas, no para embellecerla. Para disputar, no para conciliar. Para mostrar ante los ojos del pueblo que se desarrolla una unión entre la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero. Al día siguiente, debemos salir a reivindicar los métodos del Argentinazo que, como el Cordobazo, deben servir para reforzar la conciencia histórica del proletariado.

Una mirada muy simple sobre el escenario político alcanza para ver que los partidos patronales y el gobierno están lanzados a dirimir la crisis política mediante un referendo, que idealmente para ellos debería tener lugar en las internas abiertas y en las legislativas de octubre próximo, pero que bien podría ser desencadenado antes, según lo plantee el ritmo de la crisis. Cuando aún está fresquísimo el papelón del 7D, cuando al mismo tiempo se desata una crisis con la mismísima Corte Suprema, cuando el empleo cae y la economía no levanta; cuando ocurre esto y muchas cosas más, estalla el volcán provincial con un nuevo asesinato de compañeros Qom y el fallo del tribunal de Alperovich. Con este fallo, Marita Verón se convierte en una desaparecida oficial de la democracia. La organización social capitalista queda al desnudo en todo el país con la extensión de la red de trata y con la extraordinaria declaración de un ‘cafishio’ del oficialismo de Tucumán, quien reivindica la prostitución.

Hay un mundo de fango y sangre que debemos enterrar cuanto antes.

Jorge Altamira

La Justicia Federal no quiere que se investigue a Gerardo Martínez

La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones suspendió la audiencia para tratar la apelación presentada por los organismos y organizaciones querellantes en la causa por el accionar de Gerardo Martínez como agente del Batallón 601 de inteligencia en la dictadura.

Lo hizo a la vez que se declaró incompetente, fundamentando que la causa tenía conexidad con otra en el que también había sido imputado Martínez, y en la misma había intervenido la Sala II, por la cual decidió su remisión a dicha sala.

De su repentina “incompetencia” los jueces se dieron cuenta después de fijar dos audiencias, primero fue la del 29 de noviembre que suspendieron 24 horas antes para fijar nueva fecha para el día de hoy.

Estas dilaciones reflejan que la impunidad de Gerardo Martínez es una cuestión de Estado.

El intento de cerrar la causa ha sido combatido en la calle para terminar con la impunidad que Martínez tiene desde hace 30 años, es gravísimo que un ex agente de inteligencia y miembro del aparato represivo de la dictadura continúe gozando de los privilegios que le da su estrecha relación con el gobierno nacional.

Exigimos respuesta inmediata, basta de impunidad.

Víctor Grossi, comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (Sitraic).

El 7D no cruzó el Canal de la Mancha

Sabiendo que la mano venía difícil, el kirchnerismo le había bajado intensidad al 7D. Para desalentar un fallo judicial en contra había elaborado un protocolo del AFSCA que remplazaba la prometida intervención del grupo Clarín por una más modesta visita de Sabbatella junto a un escribano a las oficinas del grupo. Pero ni eso ocurrió. La Cámara Civil y Comercial simplemente resolvió extenderle la cautelar a Clarín. El único 7D del kirchnerismo fue el de 2007, cuando Néstor Kirchner firmó un decreto autorizando la fusión de Multicanal con Cablevisión.

A este traspié se sumó otro: la Corte rechazó tratar la cautelar por el mecanismo del ‘per saltum’. Ahora el gobierno tendrá que presentar un “recurso extraordinario”. Mientras tanto, el monopolio Clarín gana un tiempo precioso, porque en cualquier caso tendrá un año para desinvertir -o sea después de las elecciones de octubre próximo.

Derrota

La derrota judicial del gobierno tiene causas políticas en la propia ley de medios, que ofrece innumerables escapatorias a los pulpos y que busca remplazar a los opositores por los oficialistas. No tiene por sujeto a la libertad de expresión, la lucha contra el capital mediático ni a los trabajadores de prensa. CFK se enredó en una telaraña de presentaciones judiciales y en la violación de la ley, al meter a Telefónica y los Cristóbal López y Monetta en el negocio, e incluso convocar, al final, a desinvertir entre testaferros.

A los negocios con empresarios amigos el gobierno le sumó, a último momento, la presentación judicial del titular de la Afip, Echegaray, contra los periodistas Matías Longoni y Luis Majul, que investigaron las maniobras fraudulentas en el otorgamiento de subsidios de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). De este modo, se cayó la demagogia en defensa de la libertad de prensa con la que el gobierno quería encubrir sus enjuagues con empresarios amigos.

Ex gobierno plebiscitario

Los fallos judiciales son otro golpe al gobierno plebiscitario del 54% de los votos, luego del cacerolazo del 8N y, en especial, de la huelga del 20 de noviembre. En poco menos de un año Argentina pasó del poder personal al estado de asamblea. La oposición tradicional, incluido Proyecto Sur, ha cerrado filas detrás de Clarín.

Las condiciones para una crisis política de fondo se han reunido con creces. Las elecciones de 2013 se han convertido en un referéndum.

Gabriel Solano

Marita Verón: Política e impunidad

¿Qué se juzgó en este juicio? El secuestro y posterior sometimiento a prostitución de Marita Verón. ¿Con qué legislación? Con la que existía en el año 2004, fecha en la que cerró la instrucción del juicio oral y público que luego tardó ocho años más en comenzar. Por entonces aún no existía la Ley Nacional de Trata de Personas 26364, aprobada en 2008. ¿Quiénes fueron imputados? Regenteadores de prostíbulos de Tucumán y La Rioja. ¿Quiénes quedaron fuera de la imputación en 2004? La querella de Trimarco acusaba a 12 personas que habían sido imputadas originalmente, junto a los 13 que llegaron a juicio, entre ellos la enfermera acusada de entregarla. Luego la justicia las absolvió. ¿Qué pasó con el dueño de la empresa de remises 5 estrellas? Rubén “La Chancha” Ale nunca fue imputado, tampoco el poder político provincial que en 2002 integraban José Miranda, gobernador, y Alperovich, ministro de Economía.

Rubén “La Chancha” Ale

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2012 estuvo detenido, aunque nunca pisó la cárcel. El hombre fue acusado de usurpar la finca Los Pereyra junto al candidato a delegado municipal por Los Ralos, Daniel Jorrat. Allí se robaron la cosecha de soja y luego la vendieron en el mercado negro por alrededor de medio millón de pesos. Alegando razones de salud, Ale estuvo dos meses internado y luego cumplió prisión domiciliaria. En agosto fue excarcelado. Se sospecha que la soja robada pertenecía a un testaferro de Alperovich. Robar ganado y soja es más importante que robar mujeres y someterlas. En el pasado reciente, entre 2003 y al menos hasta 2007, Rubén Ale era el empresario estrella aliado al kirchnerismo provincial, su presencia permanente en actos y en reuniones en la casa de gobierno lo demuestra. Advertido sobre su complicidad con el caso Verón, Néstor Kirchner igual lo colocó a su lado en el palco de la plaza Independencia cuando viajó a la provincia en el año 2006. La impunidad del delincuente procede de lo más alto del poder político.

Daniela Milhein

Es una de las acusadas de haber mantenido retenida en su casa a Marita. En el juicio declaró que ella no había sido esposa de Rubén Ale, como algunos medios informaban, sino que había sido sometida a esclavitud sexual a los 16 años por parte del mafioso tucumano. Los fiscales tucumanos, que dependen del Estado, no encontraron aún razones, parece, para abrirle una causa de oficio al explotador de mujeres. Por robar soja, en cambio, fue rápidamente juzgado.

Alperovich

El gobernador Alperovich no es un aliado más del gobierno de CFK. Su mujer es la siguiente a Boudou en la línea sucesoria nacional. El ministro de Salud de la Nación, Manzur, salió del mismo riñón político. Las elecciones provinciales han eliminado cualquier tipo de oposición política. Desde 2003 Alperovich gobierna la provincia manteniendo el monopolio total no sólo de las instituciones, incluida la Justicia, sino también de los medios de comunicación, que domina en un 90%.

El kirchenrismo y la trata

El juicio por el secuestro de Marita no se hizo bajo el imperio de la Ley de Trata porque la instrucción cerró antes de 2008, momento en que se aprobó la ley. No obstante esto, a la Justicia no le faltaron herramientas legales para condenar a los culpables: simplemente le faltó voluntad política.

La aprobación de la Ley de Trata en la Argentina en 2008, no se debió en ningún momento a una preocupación por las finalidades por las cuales las personas son tratadas (captadas, trasladadas y vendidas a un tercero).

Ni el trabajo esclavo ni la explotación de la prostitución han disminuido. Una de las industrias que utiliza trabajo esclavo, la de la indumentaria, ha mantenido a su máximo líder como referente máximo de la UIA. Así fue bajo el gobierno de Duhalde, continuó siendo bajo el de Néstor Kirchner y ahora con el de CFK. Su segundo en la entidad patronal le sigue los pasos esclavistas: Nicholsones junto a Blaquier, el máximo responsable del Ingenio Ledesma. Una de las principales industrias avícolas del país está en manos del intendente K de Pilar y jamás se afectó su negocio.

La Presidenta impulsó el trabajo esclavo y en negro a partir de enaltecer la figura del responsable de La Salada, que regentea el funcionamiento de alrededor de 20 mil talleres clandestinos. La mano derecha de CFK, Moreno, viajó promocionando esa “industria” a Angola junto al esclavista, y también lo hizo junto a Alberto Fernández, un proxeneta de la Recoleta que no cuenta con otro dato en su currículum que el de ser propietario de un prostíbulo.

La Ley de Trata de personas fue una exigencia de la embajada norteamericana. A partir del año 2000 con la reunión que elaboró el Protocolo de Palermo, que debe su nombre a la ciudad italiana en la que se realizó, decidió convertir el problema en virtud, y así fue que uno de los países que recibe mayor tráfico de personas para el negocio de la prostitución, pretendió erigirse en su combatiente. Junto a la ley antiterrorista, esta ley sienta las bases de futuras excusas para la intervención sobre cuestiones de seguridad interna de países “en vías de desarrollo”. Lo mismo ocurre con la excusa del combate al narcotráfico.

La ley no tiene nada sobre los bienes de los tratantes, establece como legal la trata en los casos en que la Justicia entienda que hubo consentimiento de la víctima, y la carga penal para el tratante es menor que la que existe por robar ganado. La modificación de estos aspectos denunciados por las organizaciones que luchan contra la trata, tuvieron un tratamiento dispar: la UCR se opuso férreamente en comisión, junto a los K, a la incautación de los bienes de los tratantes. Finalmente se aprobó en el Senado una modificación de algunas de estas cuestiones y los kirchneristas la dejaron morir en Diputados. En Argentina, la esclavitud consentida no es delito.

Los apoyos políticos

Muy tempranamente el kirchnerismo comenzó una política de seducción sobre la familia de Marita, el caso más conocido de la Argentina y el mundo. Una denuncia a fondo de parte de la familia hacia el Estado hubiera significado un escenario de enorme conflicto político. Esta política de cooptación la llevó adelante el kirchnerismo con muchos casos donde se ponía en juego la impunidad del Estado. Poner al desnudo esta metodología es un aporte a la clarificación del caso Marita.

El fallo absolutorio coincide con una política de intento del gobierno de no avanzar en modificaciones a la ley de trata que no son del agrado de proxenetas y políticos de la burguesía cercanos a las fuerzas de seguridad, ya que ellos y los funcionarios policiales viven de las cajas negras de la prostitución. La reforma de la ley, con media sanción del Senado desde agosto de 2011, fue cajoneada durante todo el año.

La condena a los 13 imputados hubiera hecho justicia con una parte del entramado que mantiene a Marita desaparecida después de diez años. Los máximos responsables aún ni llegaron al banquillo. Denunciemos la impunidad desde arriba. Castigo a los jueces comprados. ¡Que el ex gobernador Miranda, Alperovich y el mafioso Ale sean enjuiciados y castigados por sus responsabilidades!

Vanina Biasi

DENUNCIAMOS PROVOCACION DE C5N CONTRA EL PARTIDO OBRERO Y EL FRENTE DE IZQUIERDA

El Partido Obrero denuncia la provocación montada contra el Frente de Izquierda y sus dirigentes por C5N y el gobierno, a través de Eduardo Feinman, en relación a los incidentes producidos en la marcha de repudio por la absolución de los procesados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.

C5N aseguró en forma verbal y escrita en su pantalla, sin constancia ni prueba alguna, que los dirigentes del Frente de Izquierda “avalaban” los incidentes. La misma expresión “avalar” demuestra la perfidia de la provocación de este medio de comunicación, porque busca amparar la difamación en la ambigüedad. Este medio es un reincidente en estas provocaciones, como ocurriera cuando Aníbal Fernández y de nuevo Feinman, al servicio de Cirigliano y Othacehé, denunciaran a la izquierda por quema de trenes en el pasado. Por esta difamación del Estado desde este aparato comunicacional, C5N y Fernández se encuentran procesados en la Justicia.

La provocación contra la izquierda está al servicio de la operación impunidad con que los gobiernos nacional y de Tucumán buscan hundir la causa por la aparición de Marita Verón y el fin del régimen de trata de personas, que opera con la complicidad de los aparatos del Estado.

Denunciamos que la policía aprovechó los incidentes para desatar una brutal represión contra el conjunto de la manifestación, con un único y claro objetivo: provocar el desbande de una marcha que se engrosaba, a cada minuto, con cientos de nuevos manifestantes.

Haremos las demandas legales correspondientes contra esta provocación, al tiempo que ratificamos nuestra lucha para llevar a la cárcel a los raptores de Marita Verón y a sus instigadores económicos y políticos. La izquierda está decidida a recurrir a la movilización popular y a la lucha para terminar con la explotación, la denigración y la humillación de la mujer, por parte de las mafias capitalistas y sus protectores políticos.

Partido Obrero

MARCHA DE REPUDIO AL FALLO JUDICIAL DEL CASO MARITA VERON

Miércoles 12/12 - 18 hs. - Colón y Gral. Paz

Sin complicidad de lo más alto del poder del estado, no hay impunidad y esclavitud sexual.

La indignación popular que produjo el fallo absolutorio para los 13 imputados se va a reflejar hoy en masivas movilizaciones en todo el país.

Los jueces han plasmado en el fallo, la integral impunidad que el estado le brinda en todo el país a este delito. La alianza, durante años, del gobernador Alperovich con el mafioso Ruben Ale, le ha dado a este el poder que acumuló hasta el presente. La vinculación de los jueces, los funcionarios políticos y la policía con la explotación sexual de las mujeres y las niñas es total en todo el país.

El gobierno no sólo no ha desmantelado una sola red de trata, sino que en estos días de cierre de la tarea legislativa ha quedado claro que el kirchnerismo se negó a tratar la media sanción de la reforma de Ley de Trata, para sacar la figura del consentimiento, defendida por los propios senadores kirchneristas cuando se aprobó la ley en 2008.

En Córdoba, el caso de Yamila Cuello sigue la misma suerte; luego de un derrotero judicial de más de dos años, el principal sospechoso ni siquiera se encuentra imputado.

La causa por la aparición de Marita y de todas las desaparecidas, la lucha por terminar con el negocio de la explotación sexual de mujeres y niñas, es una lucha independiente de los poderes del estado y de sus representantes políticos.

Cárcel a los 13 imputados.

Juicio y Castigo para el ex gobernador Miranda, Alperovich, por entonces Ministro de Economía, Rubén Ale y todos los responsables.

Aparición con vida de Marita, Yamila y de todas las desaparecidas.

MARCHAMOS HOY, 12 DE DICIEMBRE, DESDE COLÓN Y GRAL. PAZ - 18 hs.

Plenario de Trabajadoras

Partido Obrero

en el FRENTE DE IZQUIERDA


Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT, 155-477903

Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, 153-662412

Soledad Díaz García, abogada de la flia. Cuello, 155-484495

Discurso de Jorge Altamira

Pronunciado en el picnic del PO en Buenos Aires (09/12/2012)

Marcha por el Día Internacional de los DDHH

10 de diciembre - 18 hs.- Colón y Gral. Paz - Córdoba capital

Intervención de Eduardo Salas en el PIC NIC de fin de año del Partido Obrero de Córdoba

Al finalizar el picnic que el Partido Obrero realizó en el Parque Sarmiento de nuestra ciudad, Eduardo Salas se dirigió a la concurrencia para lanzar una amplia campaña política dirigida a que “la izquierda sea visualizada como una alternativa política, para profundizar el ascenso registrado en las elecciones de 2011 y que nos permita en las elecciones del próximo año establecer un bloque obrero y socialista en el Congreso”.

Salas llamó la atención de los trabajadores en el sentido de que "se están reuniendo las condiciones de una crisis política para la cual debemos prepararnos. El gobierno nacional pretenderá revertir el fracaso de su 7D con una alianza mayor con los grupos empresarios y con la derecha que ya integra el oficialismo. La oposición tradicional se valdrá de una demagogia favorable a las instituciones para presionar por un ajuste y estructurar una salida antipopular; es la línea de De la Sota. En esta perspectiva de la oposición se inscribe la convocatoria de Moyano y Micheli para el próximo 19”.

Concluyendo su intervención, Salas llamó a los trabajadores a "fusionarse con la izquierda consecuente en la lucha por todas las reivindicaciones planteadas tanto el 20N como incluso por una parte de los manifestantes del 8N”, y en esa perspectiva convocó a ganar las calle el próximo 20 de diciembre, cuando se cumplan 11 años del Argentinazo.


PARTIDO OBRERO, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.


Eduardo Salas, 155-471060

Cintia Frencia, Legisladora electa por el FIT, 155-477903

El Partido Obrero ante el 7D

1. La derrota judicial del gobierno es el resultado de las contradicciones insuperables de su propia política. Después de armar una telaraña de presentaciones judiciales quedó enredado en ellas, al arbitrio de medidas cautelares, recusaciones de jueces y recursos de per saltum. Era el final natural de una “ley de medios” que nunca pretendió democratizar la palabra, sino proceder a un re-distribución capitalista del negocio capitalista de los medios de comunicación audiovisuales. La posibilidad de manipular licencias y derechos de propiedad chocó con la resistencia de la Justicia, que actúa bajo la presión de los grupos capitalistas, tanto de los que apoyan al gobierno como los que militan en el campo opositor.

2. El gobierno no libró la batalla contra el monopolio Clarín en nombre de la libertad de prensa. Por el contrario se alió a otros monopolios, como las empresas telefónicas, y a capitalistas que en el pasado eran opositores y que se acercaron al oficialismo viendo la oportunidad de quedarse con los despojos de Clarín, como el grupo Vila-Manzano. Por la vía de armar una red de medios en manos de grupos afines, el gobierno pretendió monopolizar el discurso ante la población y evitar el desmoronamiento de un régimen de gobierno basado en el arbitraje personal.

3. Una prueba irrefutable que desmiente las intenciones democratizadoras del gobierno es en la demanda presentada por el titular de la AFIP, Ricardo Etechagay, contra los periodistas Majul y Matías Longoni. En el caso de Longoni suma a su condición de trabajador de prensa una actividad gremial en la formación de la comisión interna del diario Clarín. Una característica distintiva de este gobierno es que nunca apeló a los trabajadores cuando, ocasionalmente, tuvo choques con los grupos económicos. Pasó en el conflicto con la 125 y en los desencuentros con el grupo Techint. No debe sorprender, por lo tanto, que las patronales agrarias le hayan ga! nado la calle al gobierno y que ahora el voto contrario de la Justicia no haya despertado movilizaciones callejeras o demostraciones populares de repudio. En ausencia de éstas el gobierno se conformará con un festival regimentado y financiado por el Estado en Plaza de Mayo, donde el público lo convocarán los artistas y las organizaciones punteriles políticas del kirchnerismo.

4. La oposición tradicional, incluida la centroizquierda, se ha sumado apasionadamente al campo de Clarín bajo el argumento de la “defensa de la democracia y las instituciones”. Lo hacen incluso quienes votaron por la “ley de medios” cuando los vientos soplaban en otra dirección y ahora se declaran engañados por el oficialismo. Detrás de estos planteos se esconde la defensa de un programa ajustador que reclama la clase capitalista, en pos de una devaluación de la moneda que permita levantar el cepo cambiario, autorizar el giro de utilidades y abrir un nuevo ciclo de endeudamiento público y privado.

5. Dentro del propio arco político del oficialismo el fallo judicial ha sido recibido con un silencio que denota un apoyo camuflado. Los Scioli, los Massa, los Urtubey ven con beneplácito la pérdida de poder de la camarilla oficial y piensan convertirse en los sucesores naturales del modelo nacional y popular. La burocracia sindical que integra la CGT-Balcarce tampoco abrió la boca. De tanto atacar a la derecha el gobierno se olvida que dentro de su propia configuración política milita el 80% de la derecha argentina.

6. El Partido Obrero llama la atención a los trabajadores del país con que se están reuniendo las condiciones de una crisis política para la cual debemos prepararnos. El debilitamiento del gobierno, que se manifiesta en la pérdida de su capacidad de arbitraje, querrá ser revertida por éste mediante una alianza con los grupos empresarios y con la derecha que integra el oficialismo. La dependencia de los Scioli crecerá más que nunca. Mientras la oposición tradicional se valdrá de una demagogia favorable a las instituciones para presionar por un ajuste y estructurar una salida antipopular. En esta perspectiva se inscribe la marcha convoca! da por Moyano, Barrionuevo y Michelli para el 19 de diciembre. Es necesario denunciar estas dos variantes, igualmente reaccionarias, y oponerle la construcción de una alternativa de los trabajadores y la izquierda, con un anclaje profundo en las masas. Como un paso en esa dirección llamamos a realizar una demostración masiva el 20 diciembre, en el aniversario de la rebelión popular.

PARTIDO OBRERO

7D, pelea de buitres

Finalmente, llegó el 7D.

Pero la “libertad de expresión” está más lejos que nunca.

El propio gobierno ya dio la receta del fraude: que los empresarios repartan las licencias entre sus parientes o socios.

El mismo “método” que usó Boudou para quedarse con Ciccone.

Los beneficiarios de esa estafa serán las enormes “K”orpos armadas al calor del gobierno: Cristóbal López, Vila-Manzano y otros.

Ese mismo recurso podría ser utilizado, finalmente, por el mismísimo grupo Clarín.

La guerra transcurre entre juzgados y conspiraciones de accionistas.

Son los métodos de los buitres capitalistas.

No está en juego la “democratización” de los medios: es apenas un nuevo reparto de negocios entre sus propietarios.

También es el intento oficial de monopolizar la palabra, para reforzar un régimen de gobierno personal.

Por eso, los dos -la Corpo y el gobierno- tienen un blanco común.

Por un lado, los trabajadores de prensa, igualmente perseguidos por Clarín y por el gobierno.

Por el otro, la población trabajadora, que seguirá sometida a la manipulación de las corporaciones mediáticas, oficialistas u opositoras.

La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.

Luchemos por esta perspectiva.

Defendamos la libertad y la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa.

CORDOBA: La lucha de los trabajadores de la salud mental

El ajuste presupuestario que se descarga en el sistema sanitario de la provincia ha demostrado, una vez más, su cara más despiadada: la situación deplorable que atraviesa el Instituto Neuropsiquiátrico Provincial.

A dos años de haberse aprobado la ley provincial de salud mental, se profundizó la destrucción del mismo. La situación del Neuropsiquiátrico Provincial no escapa a la realidad del resto de las dependencias sanitarias públicas de la provincia, donde se evidencia la falta de personal, insumos, contratos basura y salarios miseria. A esto se suma el incendio -todavía no esclarecido- del Ipad (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción) que se encontró varios meses cerrado. Ello provocó mayor hacinamiento en el neuropsiquiátrico, ya que varios pacientes del mismo fueron trasladados allí.

Tanto el Instituto Neuropsiquiátrico Provincial como el Ipad, hoy se encuentran en la mira de los especuladores inmobiliarios. La promesa desmanicomializadora que pregonaba la ley de salud mental provincial sólo fue utilizada como una pantalla progresista para desfinanciar a la entidades públicas de salud, favoreciendo los negociados privados, que son los que hoy ofrecen los servicios que se ajustan en el sector público.

Ante esta avanzada del gobierno provincial, los trabajadores de la salud están desarrollando un proceso de organización y de lucha. La única reforma y desmanicomialización posible debe partir de la triplicación del presupuesto y de la planificación del mismo bajo el control de los trabajadores, para que los trabajadores reciban salarios acordes y puedan ejercer un trabajo interdisciplinario, así como también la creación de las hospitales de día, la casa de medio camino, los subsidios a las familias sustitutas y demás planteos contemplados en la ley de salud mental, sin perjuicio de la defensa y reconstrucción del Instituto Neuropsiquiátrico y de sus trabajadores.

Estudiantes de Psicología en Praxis – UJS Córdoba

El acuerdo Moyano-Barrionuevo es contra el movimiento obrero

Las tareas para el 19 y 20 de diciembre

Moyano, Micheli y Barrionuevo han convocado a una marcha a Plaza de Mayo para el próximo 19, con tres reivindicaciones: el impuesto a las ganancias, salarios familiares y devolución de fondos de las Obras Sociales, las que se encuentran envueltas en la ambigüedad, ya que no se sabe si, por ejemplo, se reclama la abolición del impuesto o la atenuación de la carga.

Será un acto de las burocracias convocantes, no una huelga que continúe la del 20N. El horario -después de las 18 horas- aleja la posibilidad de una acción desde los lugares de trabajo. O sea que sólo se movilizarán los aparatos. Los organizadores justifican la hora de la marcha en la pretensión de atraer a los caceroleros.

La movida de las tres centrales se da en el marco de las negociaciones de unidad de Moyano y Barrionuevo. Moyano se desplaza, de este modo, más decididamente hacia un frente opositor con la derecha interna y externa al PJ contra el kirchnerismo. El otro aspecto es que abre una vía al acuerdo con la CGT de Caló, lo cual implicaría el pasaje de toda la burocracia a la oposición a los K, en función de defender -en primer lugar- la caja de las obras sociales. Para eso, Moyano estaría dispuesto a limitar su injerencia en otros sindicatos, por ejemplo Comercio, para capturar afiliados. La declaración del presidente de la UIA, De Mendiguren, sobre la “atomización” sindical podría indicar que incluso este sector de la burguesía fogonea el pasaje entero de la burocracia a la oposición. Los capitalistas nacionales quieren poner fin al ‘cepo cambiario’ -que en teoría se dispuso para ‘protegerlos’- y defender así su endeudamiento en el mercado internacional.

La fecha

Con la elección de la fecha, el 19 de diciembre se pretende ignorar el aniversario de rebelión popular de 2001. La convocatoria ignora también la lucha del subte, incluso por parte de la CTA, por la complicidad con la burocracia de UTA y el coqueteo con la CGT Balcarce.

No es un secreto que Moyano y Barrionuevo pretenden jugar un papel en la reorganización del PJ disidente con los Macri, los De la Sota o incluso, de acuerdo con la marcha de la crisis política, los Scioli o De Narváez. En el caso de Micheli, su horizonte político es el FAP -el cual está en tratativas con la UCR. La burocracia se alinea con una salida patronal al agotamiento del kirchnerismo.

Programa y política

En oposición a estas brutales omisiones, el eje del clasismo y la izquierda debe ser, en primer lugar, la victoria de los trabajadores del subte. Esto significa la derogación del descuento para la UTA y de los días de huelga, así como el retiro incondicional del proyecto anti-sindical en la Legislatura. En segundo lugar, organizar una gran movilización popular a Plaza de Mayo, el 20 de diciembre.

Defendemos la continuidad de la huelga del 20N, por medio de un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha. Es lo que acaba de reclamar el plenario de delegados del Banco Provincia. También reclamamos como los movimientos sindicales y fabriles por el doble aguinaldo o el adicional de fin de año para compensar inflación y ganancias.

En este nuevo aniversario del Argentinazo, el agotamiento de la experiencia política que buscó estrangular la rebelión popular de 2001 ha vuelto a colocar en las calles el descontento de todas las clases explotadas. La burocracia sindical quiere llevar los piquetes y cacerolas de 2012 al campo de un recambio capitalista. Ganemos la calle y la plaza del Argentinazo el próximo 20, para forjar una alternativa política dirigida por la clase obrera en forma independiente.

Néstor Pitrola