31 de enero de 2013

Hacia el Campamento Nacional de la UJS: Charla Debate con Eduardo Salas

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Sumate al Campamento Sindical del PO de Córdoba

Las agrupaciones sindicales del Partido Obrero de Córdoba llaman a participar de este campamento de formación política que se realizará los días 9, 10 y 11 de febrero de 2013, en La Casona de Villa Forchieri, en la localidad de Unquillo, Sierras Chicas. El costo del mismo es de $200 por alojamiento, comida y pileta.

Se dictarán dos cursos de tres clases cada uno: "El Estado y la Revolución" y "Qué hacer", a partir de textos de Lenin.

Además, en el marco de esta iniciativa, está previsto se desarrollen actividades recreativas, deportivas y culturales.

(Para ver la imagen de abajo en su tamaño original, hacer clic sobre la misma)  



* Evento creado en Facebook para adherir a esta actividad: Campamento Sindical del Partido Obrero de Córdoba

28 de enero de 2013

29/01: Marcha contra Monsanto en Malvinas Argentinas

FUERA MONSANTO Y LA “LEY DE SEMILLAS”

La multinacional Monsanto puede atribuirse un milagro político: haber unido a Cristina, de la Sota y la UCR en la defensa de sus negocios en la Argentina y particularmente en Córdoba.

En marzo del año pasado el matutino ultrakirchnerista sacaba un artículo denunciando la protección de Clarín y La Nación a los negocios de Monsanto, tres meses después debieron tragarse sus palabras: CFK desde Nueva York daba la bienvenida a la instalación de Monsanto en Córdoba.

Desde el gobierno de De la Sota mientras tanto se dedicaron a facilitar la instalación de las plantas violando incluso leyes y disposiciones. En el día de ayer una jueza no tuvo más remedio que poner un poco de “orden” y obligar a que presenten un estudio de impacto ambiental para poder funcionar.

Sin embargo, la multinacional puede seguir construyendo su planta gracias a las autorizaciones del intendente de Malvinas Argentinas, el radical Arzani, que para esto desconoció el repudio popular y los reclamos de una consulta popular para aceptar o rechazar la instalación del a planta.

Kirchneristas, delasotistas y radicales defendiendo a un monopolio repudiado mundialmente debido al peligro real de sus productos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Desde hace décadas en América Latina, principalmente en Argentina, Monsanto produce y comercializa de manera desmesurada sus productos dejando en evidencia un modelo extractivista que fomenta el “crecimiento económico” mediante la extracción, por empresas mayoritariamente extranjeras, de materias primas que se exportan sin control, con nula o escasa elaboración (soja, maíz, minerales metalíferos, etc) y que conlleva la utilización de productos sumamente tóxicos producidos por la misma empresa. En 2003 Monsanto anunció que interrumpía su “programa de mejoramiento de soja” en el país debido a la baja rentabilidad del negocio. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le garantice mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones. En respuesta a esta exigencia el gobierno nacional pone en discusión la modificación de la ley de semillas llevando adelante esta negociación a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos. Dicha ley limita el llamado “uso propio” por parte de los productores, que hoy pueden resembrar su propia semilla sin comprar una nueva bolsa. A su vez, pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas multinacionales e implica la pérdida de derechos de nuestro pueblo al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas. El proceso de concentración de estas empresas provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas encareciendo la producción agrícola en general y de los alimentos en particular. Repudiamos la “unidad nacional” en contra del pueblo argentino, de los habitantes de Malvinas Argentinas.

Exigimos fuentes de trabajo dignas, que no comprometan la salud de la población y de quienes posteriormente se vean afectados en la cadena de producción y consumo (semillas transgénicas, patentamiento de la misma y control absoluto de su siembra, ampliamente de las fronteras agropecuarias con el desplazamiento forzado de los pueblos campesinos, incremento de fumigaciones con agro-tóxicos que ya hoy nos están “matando”, enriquecimiento de pocos a costa de la vida de todas/os).

Fuera Monsanto.

PARTIDO OBRERO



24 de enero de 2013

MENEAN UN RODRIGAZO

El titular de la UIA vaticinó un “Rodrigazo”.

Guillermo Moreno lo acompañó con el anuncio de una devaluación del 25% del peso en 2013.

Macri y De la Sota no se quedaron atrás el primero, con el tarifazo al subte; el segundo, al colectivo -que tampoco son los primeros.

No son los aumentos de salarios los que impulsan la inflación.

La inflación es el producto del despilfarro de dinero en el pago de la deuda usuraria (que sigue creciendo) y en el despilfarro monumental de los subsidios a los concesionarios del servicio público y de la energía.

De Mendiguren agita el fantasma de un “Rodrigazo” a pedido del gobierno, para extorsionar a las paritarias.

Quieren imponer el tope salarial y mantener el impuesto al salario y la desvalorización del salario familiar.

Si logran ‘anclar’ el salario, tendrán las manos libres para devaluaciones mayores y más tarifazos.

Piden ‘moderación salarial’, mientras negocian en Nueva York la forma de pagar a los ‘fondos buitres’.

Estos son los ‘nacionales y populares’ que ‘supimos conseguir’ -coronados de estafas, no de laureles.

Impongamos, a través de la movilización, la defensa integral del salario.

Sólo los trabajadores en lucha podremos impedir un ‘Rodrigazo’.

Córdoba: La campaña política de 2013

De acá a octubre parece un trecho muy largo para los partidos patronales de la provincia. De la Sota aspira a llegar a las elecciones sin que se le desmadren las finanzas provinciales, y en la medida que la elección es enteramente nacional (sólo se eligen diputados nacionales) lo coloque como una alternativa de relevo al kirchnerismo. Hasta ahora no parece que pueda lograrlo.

Cuando creyó que con el recorte a los jubilados (prórroga del pago de los aumentos) y la “tasa vial” (impuesto a los combustibles) zafaba, la quiebra de las finanzas provinciales lo obligó a un aumento del inmobiliario urbano e incluso un enfrentamiento con el sector rural (al cual terminó sacándole 310 millones a cambio de una promesa de eliminar el inmobiliario rural en 2014) y al aumento del 25% del boleto interurbano. Así y todo debe recurrir a un nuevo, ya súper abultado, endeudamiento -a la prórroga del pago a proveedores, y al recorte de gastos sociales, cuando la desocupación empieza a hacerse fuerte en los barrios como resultado del derrumbe de la construcción. En las gateras está el aumento de las tarifas de la electricidad, empujadas por el aumento de Cammessa, y de agua, entre otros servicios. De la Sota no tiene otra cosa que ofrecer que ajuste, impuestazos y tarifazos.

Para completarla, el panorama de la industria automotriz no suena prometedor, a pesar del repunte del mercado brasileño (cuyo alcance está supeditado al desenvolvimiento de la crisis mundial). VW va por una reestructuración a la baja y ya provocó 19 despidos. Políticamente las cosas no van mejor. Macri y Scioli le vienen “trabajando” la provincia, explotando las fisuras dentro del PJ local. Los intendentes están tironeados entre éstos y el gobierno nacional, y como ninguno juega su propio pellejo en la elección están a la caza de la mejor oferta. El resultado para De la Sota puede ser la pérdida de los dos tercios en la Legislatura provincial por deserciones de su bloque. Los radicales sueñan con un resurgimiento como resultado de haber recuperado la intendencia capitalina, por eso han rechazado de plano cualquier acuerdo con el FAP, que implicaría negociar con Juez. Sin embargo, Mestre empezó el año con un aumento del transporte, urbano, del inmobiliario (el ABL de Buenos Aires) y con el aval a negociados inmobiliarios. Las finanzas municipales no gozan de mejor salud que la de las provincias.

La crisis no perdona. El kirchnerismo pretende explotarla denunciando el carácter ajustador de De la Sota y Mestre, tratando de ocultar que le retacea fondos a la provincia y al municipio (fundamentalmente jubilaciones, obras públicas y subsidios al transporte) tercerizando en De la Sota el trabajo sucio del ajuste. Pero su propia política terminó quebrando su débil inserción en la provincia: el impuesto al salario y la negativa a enviar los fondos de la Anses a la Caja de Jubilaciones le terminó provocando una crisis con la burocracia sindical afín (perdió la dirección de Luz y Fuerza y la UOM). La elección del nuevo rector de la UNC en marzo mostrará la declinación del kirchnerismo en la misma; la actual rectora, Scotto, probable cabeza de la lista K en octubre, no logra una sucesión propia y la UNC podría quedar en manos de los radicales.

Por el lado del centroizquierda las cosas no van mejor. El juecismo debe lidiar con la derrota en las provinciales, y sobre todo en las municipales de Capital, donde pasó de vencedor absoluto desde 2003 a salir cuarto con sólo dos concejales. El FAP en córdoba está asentado sobre la base del juecismo; los demás, desde el PS al MST son fuerzas marginales. Juez en 2012 salió a coquetear con el kirchnerismo votándole algunas leyes claves, como la designación de Marcó del Pont al frente del Banco Central y la expropiación de Ciccone, pero más simbólico aún fue el ataque de Juez a La Voz del Interior y a Clarín, denunciándolos como agentes de De la Sota. El centroizquierda acusa a De la Sota de “no gestionar” y dedicarse a gastar fondos en su campaña presidencial. De la Sota está gestionando a favor de los pulpos automotrices, de los pools sojeros y de Monsanto, entre otros. La crítica a De la Sota es una delación de la política del centroizquierdismo frente a la crisis.

Nuestra política

La crisis de las diversas fuerzas políticas plantea una disgregación que se hará manifiesta cuando más cerca se esté de las elecciones.

En el medio, la bancarrota capitalista hará lo suyo, clarificando ante las masas el carácter de cada fuerza política. Por último se trata de una “interna” entre ajustadores, algunos partidarios de una megadevaluación y otros que caminan hacia ello.

Para los trabajadores cordobeses está planteada la continuidad de los grandes combates que protagonizaron el año pasado, como fue la lucha contra el recorte jubilatorio (que este año adquirirá nuevas versiones), el impuesto al salario, la defensa del ambiente (contra Monsanto), entre otras reivindicaciones. Será también la continuidad de la lucha contra el código de faltas que movilizó miles en la provincia.

En el plenario provincial de principios de diciembre y en el picnic de fin de año, el Partido Obrero lanzó su campaña llamando a los trabajadores y a la juventud a sumarse a la izquierda para intervenir autónomamente en la crisis capitalista no sólo en las luchas también en el terreno político, y rechazar por igual a oficialistas y opositores por responsables de las penurias y ataques que vive el pueblo argentino.

En 2011 el Frente de Izquierda obtuvo un 4% de los votos, saliendo de la marginalidad electoral; el gran paso es ubicarnos en el centro de la situación, convirtiendo a los trabajadores en una alternativa de poder.

Con ese fin diseñamos una agenda para que Eduardo Salas y Cintia Frencia (legisladora electa del FIT) recorran la provincia realizando asambleas y reuniones, asistiendo a los medios de comunicación, para llevar la posición de la izquierda revolucionaria.

Eduardo Salas

Municipalidad de Córdoba: Tarifazos, negociados y despidos

El 9 de enero, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba protagonizó una jornada histórica para los negocios capitalistas en la ciudad. Aprobó un conjunto de ordenanzas que van desde los pliegos de licitación para el transporte urbano y la recolección de residuos, un tarifazo en el boleto, hasta la entrega de las mejores tierras de la ciudad a la corporación América de Eurnekian.

Transporte

El pliego para la concesión del servicio de transporte es, sencillamente, un cúmulo de artículos cuyos principales objetivos son la privatización de la empresa municipal de transporte, que hoy controla casi el 50% del servicio, y un ataque en regla a los trabajadores de la Uta, incluyendo más de quinientos despidos.

La crisis que se vive, desde hace años, en la ciudad pone de manifiesto décadas de fracaso de la gestión privada en el servicio de transporte, de hecho el surgimiento de la empresa municipal fue el resultado del fracaso de un conjunto de empresas que fueron a la quiebra hace algunos años. Es decir que la privatización de la Tamse es una nueva vuelta de tuerca en la crisis del transporte.

El pliego es, por sobre todo, un ataque violento a los trabajadores del transporte. Los 761 coches definidos por el pliego, combinados con la formulación – existente en el Marco Regulatorio – de 3,3 empleados por coche deja en el aire a más de 500 trabajadores sobre la plantilla total, actualmente en 3049 trabajadores. Las empresas ya vienen preparando este escenario de despidos, durante este 2012 han sido despedidos más de 100 trabajadores, en muchos casos por denunciar vaciamiento y condiciones laborales. El pliego es un manual anti obrero ya que autoriza a las empresas a disponer de listados de trabajadores eventuales para ser convocados en caso de medidas de fuerza, es decir rompe-huelgas.

Pero todo este esquema no cierra sin un tarifazo, por eso el ejecutivo hizo aprobar también un aumento del boleto del 28%, llevándolo a $ 4.10.

El negociado de la basura

Con la licitación del nuevo servicio de recolección de residuos, el gobierno municipal se está armando un negocio millonario para un grupito de tres empresas de capitalistas amigos. Según el propio gobierno el servicio se va a llevar el 13% del presupuesto, lo que hoy significa más de 500 millones anuales ¡un 100% más de lo que hoy se paga por el servicio! Lo peor de todo es que le asegura a las empresas beneficiadas una cláusula de ajuste automático de los valores de prestación.

La automatización de una parte de la recolección pone, a su vez, en riesgo una cantidad importante de puestos de trabajo, sobre todo en el área de recolección. El sindicato que nuclea a los trabajadores de las empresas de recolección de residuos ya han anticipado que enfrentarán este nuevo intento de precarizar y de reducir la fuerza laboral.

El Partido Obrero ha lanzado una campaña dirigida a los trabajadores y a los vecinos para establecer un programa político que enfrente los despidos, las privatizaciones y los tarifazos, estableciendo una alternativa política propia de los trabajadores y de la izquierda.

Manuel D’Alessandro

“En pelotas”













El discurso de Cristina Fernández, al recibir la Fragata Libertad, fue cualquier cosa menos festivo. La certeza de una confirmación del fallo, por parte de la Justicia norteamericana, a favor del pago integral de la deuda con los fondos que no aceptaron los canjes de 2005 y de 2010, la llevó a diagnosticar que el ‘relato’ oficial había quedado “en pelotas”. Después de cuarenta años de endeudamiento, incluida la década del ‘desendeudamiento’, Argentina ha ingresado en una nueva crisis con la deuda externa. La única incógnita que aún resta por develar es si la Justicia norteamericana ordenará el pago a los fondos litigantes en una sola cuota o en varias. Para forzar al gobierno argentino a cumplir con el fallo, ratificará que el pago a los acreedores que no ingresaron a los canjes debe hacerse en forma simultánea con los próximos pagos de deuda a quienes sí se acogieron a ellos. Si Argentina rechazara hacerlo, ingresaría en un ‘defol’.

El gobierno ha ofrecido, como alternativa, reabrir el canje que había clausurado con la “ley cerrojo”. Bien mirado, sin embargo, esto no sería más que una variante del pago total que reclaman los demandantes. Ocurre que de acuerdo a los cálculos con de Prat Gay, que fue banquero de los K y que se ha presentado en la Corte neoyorquina para abogar en favor del gobierno argentino, la quita final sobre la deuda heredada por el gobierno no fue más del 15%, una vez considerados los pagos comprometidos por el llamado cupón PBI. Para Héctor Giuliano es peor porque, considerando estos cupones, la quita no sería tal sino que se convertiría en un sobreprecio sobre la deuda original. La única ventaja del canje K queda reducida, entonces, a un alargamiento de los plazos de vencimiento del capital e intereses de la deuda, lo cual comporta por cierto algún descuento del total. Si los fondos demandantes no aceptan esta salida, ello se debe simplemente a que reclaman, además, el reconocimiento de los intereses punitorios por el tiempo transcurrido, y el pago en efectivo. Hay que admitir que los buitres que sí ingresaron al canje, han podido re-utilizar el dinero de la deuda a medida que la fueron cobrando, lo que los buitres que no entraron no podían hacer. Como se ve, la liberación de la Fragata no es el resultado de un fallo de la Corte de Justicia del Mar (el barco estaba en un puerto), sino de la oferta de reabrir el canje.

En su pugna judicial, Argentina ha ganado aliados ‘contaminantes’ – el gobierno de Obama, el FMI, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, además de numerosos fondos especulativos. El maridaje no ha incomodado para nada a los K, que siguen con su profesión de fe ‘nacional y popular’. A esos ‘amigos’ del Gobierno, sin embargo, no los moviliza la oposición a un fallo en favor de los fondos que entraron al canje, sino la forma de ejecución del pago. En noviembre pasado, el juez de la causa, Griesa, había establecido que debía efectuarse junto con una parte del pago de los vencimientos al resto de los acreedores.

Esto habría implicado un incumplimiento parcial con éstos, y por lo tanto un ‘defol’ (declaración de insolvencia). Se trataba de una suerte de embargo sobre los giros de Argentina, que fue suspendido a tiempo para que Argentina pagara los cupones PBI y otros vencimientos en diciembre por cerca de cinco mil millones de dólares. El fallo, de un modo general, afectaba la intangibilidad de los fondos que los países endeudados giran a los bancos norteamericanos para pagar sus obligaciones con los acreedores internacionales.

Se habría producido un ‘defol’ en medio de la quiebra del sistema bancario internacional. Los “amigos de Argentina” presionan para que se modifique esa modalidad del pago, no para que se rechace el reclamo de cobro del total de lo adeudado. La orden de pagar a los ‘buitres’ (aunque no la forma de pago) data de febrero de 2012 y fue ratificada por una Corte de Apelaciones de Nueva York – este asunto está fuera de la discusión. Con un acuerdo para que el pago no sea al contado, Argentina contraería una nueva deuda, ahora con los que quedaron afuera del canje, con nuevos intereses, la que alargaría la hipoteca nacional, con suerte, hasta el final del siglo.

La ‘ayuda’ que han decidido brindar los ‘amigos’ de la UE, el FMI y la Reserva Federal viene, asimismo, con yapa. Esta ‘troika’ reclama que Argentina cumpla con varios fallos pendientes en la Comisión de Litigios del Banco Mundial, en juicios iniciados por empresas privatizadas -por varias decenas de miles de millones de dólares-, y que pague la deuda con el llamado Club de París, por otros diez mil millones. Estos ‘amicae curiae’ que los K supieron conseguir, vienen por su propia carroña.

El trajín de este fallo ha dejado en la sombra un hecho relevante. La jurisdicción norteamericana establecida en los contratos de deuda bajo Menem, tenía fechas sucesivas de vencimiento -entre 2003 y 2006-, pero fue prorrogada en la ‘reestructuración soberana’ que firmaron Kirchner y Lavagna, en 2005. Estos mismos próceres introdujeron, sin que nadie se los pidiera, la cláusula del acreedor más favorecido, de modo que cualquier beneficio que obtengan los ‘buitres’ que quedaron afuera del canje deberá ser extendido a los ‘buitres’ que quedaron adentro. Detrás de la disposición a pelear en bolas, se disimula el entreguismo.

La certeza acerca del resultado oneroso del litigio, ha desatado una fuerte especulación contra la deuda de Argentina y, en consecuencia de ello, contra el peso. Los especuladores apuestan a una interrupción de los pagos de la deuda. Para los comentaristas K, esto no sería más que una maniobra de los bancos y fondos que venden a precio exorbitante los seguros contra ‘defol’. Es una operación que puede atraer a toda clase de especuladores -no hace falta ser acreedor de Argentina. Es el deporte del momento (“the game in town”). Pero incluso si no se produjera este ‘defol’, la obligación de pagar a nuevos acreedores (los que quedaron afuera del canje) representa una carga insoportable para un Estado cuya incapacidad de pago está demostrada por su decisión de racionar la oferta de divisas (‘cepo’).

En este principio de año, los países de la zona euro han establecido la norma de que, con la aprobación del 66%, las reestructuraciones de deuda son obligatorias para la totalidad de los acreedores. Suena fuerte, pero no es nada, porque son reestructuraciones que impulsan los propios acreedores, cuando observan la inminencia de una cesación de pagos de los deudores, no estos últimos. Por otro lado, la deuda en la zona euro es de jurisdicción nacional, lo que permite que las condiciones de aprobación las decida el país afectado. No es el caso de Londres, ni de Nueva York. Estados Unidos ha reforzado desde los años 60 del siglo pasado la prioridad de su legislación interna en materia de deuda internacional, reduciendo en la misma proporción la inmunidad soberana del resto de los estados nacionales. También ha rechazado la adhesión a cualquier legislación internacional, incluso la promovida por el FMI. En el litigio actual, el ‘interés nacional’ del capital financiero norteamericano está del lado de los ‘buitres’ que no entraron al canje. La diferencia se limita a la modalidad de pago de la deuda con ellos, que para el gobierno Obama no debe perjudicar al sistema bancario norteamericano, ni al resto de los acreedores.

La cuestión de la deuda externa precipita una nueva crisis. La política de los gobiernos capitalistas de Argentina -pagarla hasta ‘la última gota de sangre’ (de los trabajadores, claro), ha fracasado. Están ‘en pelotas’, es cierto, pero de ningún modo luchando.

Jorge Altamira

El garrote contra el salario y el espectro del “Rodrigazo”

Cuando los representantes del sindicato bancario (de la CGT opositora) y de las patronales bancarias se levanten de la reunión fijada para cerrar la primera paritaria del año, habrá quedado develado el pacto anudado entre el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical. El ministerio de Trabajo intervino en contra del acuerdo obtenido por los bancarios (un aumento, por tres meses, de una suma fija de 1.440 pesos y un monto no remunerado por única vez de 770), planteando que no homologaría acuerdos de menos de un año de duración y tampoco aumentos del orden del 24,5%, el porcentaje con el que el aumento a los impactos impacta sobre los salarios inferiores de la escala. En realidad, el aumento promedio es del 20%. “Para el gobierno -comenta el cuasi oficialista Ámbito Financiero (23/1)-, tomando en cuenta que se trata de un sector de muy buen resultado en 2012, no sería un mal final, siempre y cuando pueda anunciarse en abril y licuarse con otros acuerdos más cercanos al 20 %, como los que se preparan con los trabajadores públicos de UPCN (Andrés Rodríguez) y quizá con algún sindicato amigo, como el de la construcción de Gerardo Martínez”. Días antes, la burocracia del sindicato aceitero de San Lorenzo, en la CGT Balcarce, había firmado por un 19 por ciento más un premio por asistencia y otro premio anual de 4.000 pesos, todo en negro.

En una patética marcha atrás, el oficialista Yasky se desdijo de dos tajantes afirmaciones hechas 24 horas antes: que antes de cualquier negociación paritaria debía resolverse el tema del impuesto al salario y que era legítimo pactar salarios por períodos menores a un año, para precaverse frente a la inflación.

En ninguno de estos casos la burocracia planteó el tema del impuesto al salario y de las asignaciones familiares, como punto de partida para que la discusión paritaria no se convierta en un papel mojado antes de comenzar.

Qué se negocia

En el editorial con su firma en Página/12 en la edición del último domingo, Horacio Verbitsky expresó la posición del gobierno con un cinismo característico: la eliminación del impuesto al salario “dejaría sin recursos a los programas de transferencia de ingresos a los más débiles”. El pago de la deuda usuraria y los subsidios infames a los concesionarios de servicios públicos, el ex monto los tiene fuera del radar.

Es decir, el impuesto al salario puede sufrir un ajuste menor, pero no se va. Como tampoco se van los topes que impidieron el cobro del salario familiar – ¡con sus montos congelados a valores de 2008!- a los padres de casi 400.000 chicos en los últimos seis meses del año 2012. La experiencia del año pasado -un paro aislado y mucha gritería -ha convencido al gobierno de que cuenta con la complicidad de la burocracia, la oficialista y la opositora. Hugo Moyano ha anunciado un posible paro general para marzo, cuando paritarias estratégicas -como la de docentes- ya estarán jugadas.

El trío que convocara la saga de manifestaciones que se inició el 24 de junio del año pasado está volcando sus mejores esfuerzos a los armados electorales; Moyano con el peronismo disidente y Micheli con el FAP. “Castiguemos con el voto”- se jugó Moyano.

La burocracia sindical no está deliberando para frustrar el planteo del gobierno sino conspirando contra los trabajadores -como ha ocurrido con las paritarias de estos últimos años. Las patronales levantan el espectro de un ‘Rodrigazo’ para alinear a la burocracia con los intereses patronales. Pero como dice el adagio: “Dios ciega a quien quiere perder”. Es que hace casi cuarenta años, el mismo cuento precipitó el ‘Rodrigazo’. Una vez que las burocracias sindicales se avinieron a los topes del gobierno isabeliano, éste sintió que tenía las manos libres para superdevaluar la moneda y aplicar un tarifazo histórico. Ni siquiera en ese momento reaccionó la burocracia sindical, completamente sometida al gobierno de la Triple A. La reacción la produjeron las coordinadoras fabriles de base, a partir de una huelga activa votada en Ford, General Pacheco, John Deere, en Sauce Viejo (Santa Fe). Esta reacción llevó a una huelga general de seis semanas ¿Alguien tiene la menor duda de que los K están buscando en convenios salariales a la baja y en el mantenimiento del impuesto al salario, como un ‘ancla contra la inflación’ (como ellos mismos dicen), que les permita avanzar en la devaluación del peso y en la ‘sintonía fina’ K, a la Macri, a 3,50 pesos el viaje (para empezar)? El mismísimo Guillermo Moreno, el carcelero de los precios y el demonio de los monopolistas que remarcan, ha anunciado una devaluación de la moneda del 25% anual y la autorización de aumentos de precios aún mayores.

La perspectiva de un Rodrigazo fue planteada, antes que nadie, en Prensa Obrera, por Altamira, y luego en un artículo en el diario Perfil. Lavagna tomó el tema, precisamente, para denunciar este análisis, que atribuyó a “círculos de iluminados”, en un artículo en Clarín. Clarín se negó, sin embargo, a publicar la réplica de Altamira, que luego reprodujimos en estas páginas. El Rodrigazo es una respuesta capitalista a los gigantescos desequilibrios de la economía nacional, que necesitan “las paritarias por uno o dos años”, como dijo Tomada, para que los trabajadores paguen la factura.

En este “año electoral”, los partidos capitalistas, del oficialismo y la oposición, están unidos en el garrote contra el salario. En las paritarias provinciales, los gobernadores fijaron pautas inferiores al 20% (Scioli, 18%; Sapag, 17%). Nuestra campaña política pone el acento en la denuncia de este atropello y advierte que el propósito de este atropello es avanzar en un ajuste a la Rodrigo, como el arma última de los capitalistas, su gobierno y partidos frente a la crisis que no pueden controlar.

Llamamos a impulsar un movimiento de lucha por la derogación del impuesto al salario -absolutamente para todos, para los que revistan en condición de asalariados y para los jubilados; por la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares, por un salario de convenio igual a la canasta familiar. Solamente asambleas soberanas en cada rincón del movimiento obrero podrán dar una perspectiva de victoria a esta lucha, no la burocracia sindical.

José Ortiz

Telefonía Móvil: regalo millonario para las corpos “amigas”

Recientemente, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos la constitución de una compañía estatal de telefonía móvil. La flamante Arsat, según palabras de De Vido, serviría para “aumentar la competencia” en el sector y quebrar el monopolio de las telefónicas. Después de tanta alharaca, sin embargo, los K decidieron dar marcha atrás con el plan. El proyecto de llevar adelante inversiones en infraestructura y redes móviles quedó archivado.

Pero el recule va más lejos, porque el gobierno ha terminado por avanzar exactamente en el sentido inverso. Acordó con Movistar, Personal y Claro que ellos utilicen las frecuencias asignadas a Arsat, cuyo valor supera los $1.000 millones, a cambio de que algunas cooperativas y pymes puedan revender sus servicios (como ya lo hace la Federación de Cooperativas Fecosur, que ofrece en algunas localidades los servicios de Personal, a través de la marca “Nuestro”).

Pero lo mas escandaloso es que la cesión va a ser ¡gratuita!. El Estado les va a regalar el uso de frecuencias de alto valor económico, que iba a licitar con un precio base de $ 935 millones, a cambio de poder usar sus redes ya instaladas para dar un servicio más económico en algunas localidades del país.

El caso de Movistar es el más bochornoso: el operador móvil de Telefónica había tenido que devolver, cuando se fusionaron Movicom y Unifón -luego cambió su nombre-, 30 Megahertz (MHz) en la Región Norte, 35 Mhz en el Sur y 37.5 Mhz en AMBA, porque superaba el máximo permitido de 50 Mhz de ancho de banda permitidos; con este acuerdo, Movistar podrá utilizar parte de las frecuencias que tuvo que devolver en 2005. Es decir que, a través de la tercerización de los servicios que hará la estatal Arsat, la empresa española tendrá la posibilidad de sortear el tope que la ley fija en la explotación y usufructo de frecuencias. Personal y Claro también serán beneficiadas, porque podrán ampliar la capacidad de sus redes. Slim, dueño de Claro, es hoy en día uno de los capitalistas “amigos” del gobierno -y entre otras cosas, socio del Estado en YPF.

La anterior subasta de frecuencias celulares en Argentina recaudó US$ 1.273 millones en 1999, cifra que fue pagada precisamente por Telefónica, Telecom y Claro. Los operadores móviles ahora no tendrán que pagar para usar las frecuencias que devolvió Movistar, pero a cambio se han comprometido a ceder parte del uso de la red a la estatal Arsat, quien será un operador mayorista de telefonía celular. En síntesis, Arsat, al igual que la frustrada Enarsa en el área energética, no es más que un cascarón vacío, una fachada para poner al Estado como comisionista de las grandes corporaciones capitalistas. En este ramo, quienes terminan llevándose la tajada del león son los operadores que prestan el servicio, cuyo manejo queda en este caso enteramente reservado a las telefónicas.

El papel al que quedará confinado Arsat es el de otra “caja negra” del kirchnerismo. Coincidente con esta entrega vergonzosa de las frecuencias, acaba de salir a la luz un escándalo que compromete a Arsat, envuelto en una operación bursátil que no registra antecedentes en el mercado, cediendo en alquiler títulos públicos de su propiedad a 20 años -cuando lo usual son operaciones, a lo sumo, a un año. Esto se une a denuncias sobre licitaciones y contratos de la empresa que dejan serias dudas.

En resumen, otra entrega “nacional y popular”. Las “corpos”, de fiesta.

Pablo Heller

21 de enero de 2013

Vení al Campamento 2013 de la UJS

Campamento nacional de formación política de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS-PO), del 9 al 13 de febrero en San Nicolás, pcia. de Buenos Aires, en cercanías del arroyo Ramallo.


9, 10, 11 Y 12 DE FEBRERO/2013 – SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE BS. AS. – JUVENTUD DEL PARTIDO OBRERO

Vení al campamento de la UJS

Por una alternativa política de la juventud y los trabajadores

Del 9 al 12 de febrero, aprovechando los feriados de carnaval, la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS-PO) realizará su tradicional campamento de verano a metros del arroyo Ramallo (PBA). Será la oportunidad para que cientos y cientos de militantes y nuevos compañeros, jóvenes trabajadores y estudiantes de todo el país, se reúnan en una actividad recreativa, deportiva y de formación política. El objetivo es reforzar la conciencia y la organización socialista de la juventud, y potenciar nuestra intervención política de cara a la gran crisis nacional que presenta 2013.

¿Por qué una alternativa?

El kirchnerismo pretende ser una experiencia transformadora. Pero, tras una década, la realidad contrasta los discusos. Luego de la bancarrota de 2001, los K montaron un régimen de subsidios millonarios a las privatizadas, que terminaron en la masacre de Once y el desguace del sistema de transporte. Hablaron de “desendeudamiento”, pero la deuda externa crece sin parar, y los “buitres” financieros cobran a partir del asalto de los fondos de jubilados y otras cajas públicas.

El cierre de 2012, entre saqueos y cortes de luz, es elocuente: inflación del 40% en los alimentos, precarización laboral y crisis del sistema energético. La mitad de los ocupados gana menos $3000 mensuales, mientras la canasta familiar supera los $7000.

Los opositores tradicionales al gobierno buscan desmarcarse, pero apenas disimulan que en las provincias donde gobiernan, los Binner, Macri o De la Sota también ejecutan ajustes y tarifazos contra el pueblo. A pesar de las disputas electorales, terminan juntos con el gobierno, como ejemplifica la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, el PRO de Macri y los K acordaron un verdadero paquete antipopular: traspaso del subte con tarifazo y ataques a los obreros; impuestazo; entrega de tierras públicas a grandes pulpos (IRSA). Las legislaturas provinciales de todo el país, con sus particularidades, reprodujeron esta situación, con subas en las tasas y otros ajustes. Hasta la pata centroizquierdista de la oposición acompañó esta política. Proyecto Sur de Pino Solanas, por caso, votó el aumento del ABL porteño.

Estas componendas antipopulares hacen imprescindible que los trabajadores y la juventud contemos con una alternativa política propia, de izquierda.

El desafío de la juventud

Hace un tiempo, el kirchnerismo comenzó a mostrar un interés por la juventud, tan súbito como oportunista e instrumentalizador. Con la sanción del voto optativo a los 16 años, quiso encubrir todo un sistema estatal y para-estatal de control de la juventud y sus organizaciones. A través de las autoridades escolares o de agrupaciones como La Cámpora, financiadas con el presupuesto público, el gobierno pretende monopolizar la propaganda política en los colegios y disciplinar a los centros de estudiantes. Pero, ¿es acaso un desafío transformador para los jóvenes ser furgón de cola de un gobierno que dice golpear a la derecha mientras acuerda con buchones de la dictadura como el burócrata Gerardo “Batallón 601” Martínez? Queremos superar esta experiencia, desarrollando una organización socialista de la juventud, de masas, para luchar con criterio propio e independencia política junto a la clase obrera.

Aquí y en todo el mundo

La bancarrota capitalista y los ajustes están arrojando a las juventudes a las calles, sea en España, Grecia o Egipto. En nuestro país, con la completa complicidad de la burocracia sindical, más de un 50% de los jóvenes con trabajo están en negro, sin derechos laborales, y el resto son contratados bajo la forma de “pasantías”, por agencia o encuadrados en sindicatos con convenios inferiores. El costo de la vivienda es prohibitivo y el encarecimiento de los materiales de estudio es sistemático. La crisis educativa es cada vez mayor, debido a la deserción y el desfinanciamiento de la escuela pública. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina avanzó como nunca la Ley de Educación Superior menemista, que recorta las carreras, desvaloriza los títulos y fomenta la privatización de contenidos a través de postgrados pagos.

Pero hay un camino. La nueva generación obrera es protagonista en la recuperación de comisiones internas y sindicatos a manos de la burocracia. En el movimiento estudiantil, abundan los ejemplos de lucha por la independencia de los centros de estudiantes frente a las autoridades y su autonomía frente al poder político. Son estas experiencias de lucha las que nutrirán el campamento de la UJS.

Vení al campamento

En este cuadro queremos construir una organización socialista de la juventud, que colabore con el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores. El campamento es un paso en ese sentido, donde compartiremos experiencias de lucha, y cursos de formación política, para deliberar colectivamente respecto de los legados del pasado y su vigencia en el presente. Este año, nos dedicaremos al estudio de un clásico revolucionario, el Qué hacer de Lenin; en paralelo, habrá cursos sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución.

El cuadro político es distinto: la izquierda puede -y debe- constituirse como alternativa. La referencia conquistada por el Frente de Izquierda en el pasado reciente, nos coloca como desafío ir por más, y los jóvenes, obreros y estudiantes, estamos llamados a ser protagonistas.

10 de enero de 2013

Regalo de reyes: más carestía

El gobierno suele acusar de la inflación galopante a las “corporaciones monopolistas”.

Las mismas a las que dejó aumentar los precios de los alimentos en un 40 por ciento, durante 2012.

La oposición de los Macri, Binner o De la Sota acusa de la inflación al gobierno.

Pero ellos disponen impuestazos y tarifazos allí donde gobiernan.

Trenes, colectivos y peajes inauguraron 2013 con aumentos de marca mayor.

El derechista Macri hará lo propio con el subte, que acaba de transferirle el gobierno K.

La “nueva” YPF cierra sus acuerdos con petroleras extranjeras en base a brutales aumentos en la nafta y en el gas.

Estamos ante una gigantesca transferencia de riqueza (de los trabajadores, consumidores y jubilados) hacia los monopolios capitalistas y el Estado que los sostiene.

Está claro, entonces, que los “alertas” del gobierno y los opositores tradicionales respecto de la inflación se deben a los aumentos que ellos mismos promueven.

El “grito en el cielo”, en cambio, apunta a atenazar el salario de los trabajadores de cara a las próximas paritarias.

Según la Universidad de Rosario, la canasta familiar ya llegó a 7.646 pesos.

Muy lejos de los 3.000 que percibe el 70 por ciento de los que trabajan.

El gobierno y las cámaras patronales se aferran a un techo del 20 por ciento de aumento para el año 2013, cuando la inflación difícilmente baje de un treinta por ciento.

Pero ¿qué decir de los compañeros precarizados o en negro, quienes soportan la carestía infernal sin recibir un peso de aumento?

O los desocupados, que sobreviven con una asistencia social también “ajustada” y congelada.

La crisis social que asoma detrás de esta orientación anticipa un 2013 de luchas y definiciones políticas.

Preparemos la lucha por paritarias sin techo, por 7.600 pesos de básico y el fin de la precarización laboral.

Opongamos a los gobiernos de la carestía y el saqueo al salario una alternativa política de izquierda.

Sumate a una alternativa de izquierda en 2013










A nadie se le escapa que Argentina se encuentra condicionada por contradicciones insostenibles. Una carestía de más del 30 por ciento al año demuele los ingresos de los trabajadores. Un déficit fiscal, del orden de los 100 mil millones de pesos, no encuentra otro financiamiento más que el de los fondos de la Anses y la emisión del Banco Central (una deuda que jamás será cancelada), lo que ha dado lugar (por lo cual es, hasta cierto punto más grave) a la imposición permanente de un impuesto a los salarios. Esta misma crisis fiscal ha llevado al abuso extremo de hurtar tres puntos del ajuste semestral a los jubilados, quienes en un 70 por ciento recibe menos de 1.900 pesos al mes. Una importación de petróleo y gas por 12 mil millones de dólares, resultado de un gigantesco vaciamiento energético, arrasa con las reservas internacionales y ha forzado al gobierno a establecer un ‘cepo cambiario’, el cual ha provocado una enorme devaluación del peso. Un 35 por ciento de los trabajadores se encuentra en negro y son aún más los tercerizados y precarios, lo que significa salarios menores y una carencia de protección previsional y sanitaria. Un 70 por ciento de la masa laboral gana en promedio 3.000 pesos al mes; la desocupación no es ‘de un dígito’ (como propalan los punteros del oficialismo), sino de alrededor de un 15 por ciento de la población activa -una vez que se incluya ahí a los que trabajan en los planes sociales. Con la subocupación, el desempleo real supera el 20 por ciento. En 2012, la población ocupada en empleos reales cayó en 300 mil personas. La deuda pública (con los acreedores internacionales, la Anses, el Banco Central y el Nación) pasó la línea de los 200 mil millones de dólares, sin contar los intereses. Esto significa un aumento del 40 por ciento, luego de una década de ‘desendeudamiento’.

Crisis política

Estamos frente a algo más que al enésimo fracaso de una tentativa ‘nacional y popular’. El proyecto formulado por Néstor Kirchner -”reconstruir la burguesía nacional”- se ha consumido en una masa irrecuperable de subsidios, en la formación de un ‘capitalismo de amigos’, en el vaciamiento energético y en una descomunal corrupción. El llamado de socorro al pulpo de Rockefeller, la estadounidense Chevron, es un testimonio del derrumbe de la pretendida ‘recuperación de soberanía’ y la confesión expresa de que la estatización parcial de YPF no es otra cosa que una reprivatización.

Es falso lo que dicen los pseudo opositores -quienes han gobernado y hundido al país en las gestiones pasadas- de que la catástrofe actual es la consecuencia exclusiva de ‘una mala gestión económica’. Es, por sobre todo, una expresión de la bancarrota del capitalismo, cuyo alcance es mundial. No hay que olvidar que ‘la gestión K’ fue, en su comienzo, una respuesta a la bancarrota de 2001/2, cuyo epicentro fue mundial (la crisis de Asia y Rusia, en 1997/9; la norteamericana, en 2000/2; la brasileña -fulminante-, a partir de 1999). La gestión K es una copia de la gestión Obama o de la gestión Merkel: emisión de billones y billones de dólares y de euros para rescatar a un capital quebrado y subsidiar una fracasada ‘recuperación económica’. Centenares de millones de desocupados y jubilados están pagando en el mundo la factura del rescate capitalista. La ‘mala gestión K’ es un producto derivado de las contradicciones insuperables que plantea la crisis capitalista.

Nosotros, la izquierda, nos plantamos no solamente frente a una crisis de gobierno, sino frente a una crisis de sistema.

Quién es quién

Esta es la diferencia fundamental que nos separa de la pseudo oposición representada por los Binner, Macri o De Narváez, o de la que pretende encarnar Scioli desde el oficialismo. Incluso de ‘Pino’ Solanas, quien aboga por un frente con un agente asumido del gran capital agrario -como lo es Hermes Binner.

Más prosaicamente: ¿quiénes son los responsables de los aumentos siderales del ABL, los impuestos a la vivienda, las tasas municipales o las tarifas del transporte? ¿No son los Binner, Macri, De la Sota y la ristra de gobernadores oficialistas? ¿No son ellos mismos los que aumentan en forma vertiginosa los endeudamientos de las provincias con bonos que se ajustan al dólar? ¿No es esta deuda creciente la que permite sacar capitales del país y la que convierte una deuda interna en una deuda internacional?

Esta pseudo oposición se divide en dos bloques: el ‘centroderecha’, que plantea un retorno al menemismo, y el ‘centroizquierda’, que quiere reconstituir la Alianza. Hugo Moyano, que alguna vez dijo que debían gobernar los trabajadores, fogonea una alianza con De Narváez y De la Sota. La burocracia sindical, ella misma empresaria, se alinea con los partidos capitalistas que ya han fracasado en forma reiterada. En el centro del programa de estos dos bloques hay un punto de fierro: un violento ‘ajuste’ contra los trabajadores para viabilizar una megadevaluación del peso. ¡Es el camino que ya recorre el gobierno!

Nosotros, la izquierda, decimos: está en juego, en la presente crisis, un nuevo giro estratégico de la burguesía nacional, cuyos platos rotos pagarán (y ya están pagando) los trabajadores. Es necesaria una acción autónoma de las fuerzas del trabajo y de la juventud para desbaratar estos planes. Asimismo, la posibilidad de una acción política autónoma de los trabajadores no pasa por la burocracia sindical o sus voceros, sino por la unión de los trabajadores con la izquierda que lucha y organiza los lugares de trabajo y los espacios de la juventud.

Elecciones y luchas

Las elecciones de 2013 están marcadas como punto de definición de la presente crisis política. Este hecho nos plantea lanzar desde ya la campaña electoral de la izquierda, para que las elecciones no sean una disputa entre los mismos perros con distinto collar. También para que las mismas sirvan para abrir paso a una nueva alternativa histórica. Los trabajadores tampoco esperan las elecciones con los brazos cruzados, como lo demuestran las movilizaciones de 2012 y la primera huelga general contra el gobierno K. ¡No pueden tampoco paralizarse, cuando la inflación es galopante, se suman tarifazos e impuestazos, y el gobierno quiere reglamentar las paritarias más de lo que ha hecho en los años previos! Los sectores populares más vulnerables han iniciado acciones desesperadas (saqueos a supermercados) ante el derrumbe de los planes sociales y las disputas de los intendentes y gobernadores oficialistas. Este protagonismo obrero y popular refuerza la importancia estratégica de las elecciones de 2013. Nosotros, la izquierda, planteamos insistentemente -en contraste con el inmovilismo o las acciones aisladas, y con la política de subordinación de las burocracias a los partidos de la pseudo oposición- un plan de lucha. No solamente esto: ¡planteamos intervenir en estas luchas como una alternativa política actuante y no como un factor de presión sindical! Uno de los factores más importantes para conseguir la victoria de las luchas que jalonarán 2013 es la conciencia política con la que participen en ella una masa cada vez mayor de trabajadores.

Iniciamos esta campaña electoral, también, para sacudir el inmovilismo o la vacilación que existe en las filas de la izquierda, incluso el apoliticismo. Toda crisis plantea una cuestión de poder. La izquierda no puede ignorarla: tiene la obligación de determinar su política frente a esta cuestión. La campaña electoral de 2011 sacó a la izquierda de la marginalidad política, pero aún estamos lejos de ocupar el centro del escenario -incluso cuando nuestra influencia crece a pasos firmes en los lugares de trabajo y de estudio, en los movimientos ambientales y de la cultura, así como en sindicatos y organizaciones masivas. El año 2013 plantea la posibilidad de una revolución política en el tablero nacional, si la izquierda se empeña a fondo en el desarrollo de una campaña autónoma, estrechamente ligada a los trabajadores y a la juventud. Esa revolución política -convertir a la izquierda en un movimiento de masas- es la que convertirá a los trabajadores en una alternativa de poder.

VENI CON NOSOTROS, LA IZQUIERDA.

El retorno de la fragata fue pactado en Nueva York

El retorno de la Fragata Libertad a la Argentina se enmarca en la decisión de la Corte de Nueva York, que posterga la aplicación del fallo del juez Griesa en favor del reclamo de los fondos buitres para el 27 de febrero próximo. A su turno, esa decisión de la Corte es el resultado de la presentación de Argentina que promete reabrir el canje de deuda para los que se quedaron afuera de él en 2010 y obtener del Congreso la derogación de la ley cerrojo. No se trata, por tanto, de un acto de autonomía nacional, sino la consecuencia de otra inclinación vasallática ante el señor.

El litigio con los fondos buitres, los que pretenden el cobro integral de la deuda de Argentina, sin ninguna clase de quitas y con el reconocimiento de los intereses que se han ido acumulando desde 2003, no pinta bien para la gestión del asunto por parte de los K. La mayoría de los observadores coincide en que el fallo de Griesa será ratificado; la controversia se ha trasladado hacia la decisión de que el Banco de Nueva York reserve para ese pago a los buitres una parte del dinero que Argentina deposita allí para el pago regular de la deuda externa. Incluso el FMI y el gobierno de Obama se han presentado ante la Corte para señalar que tal cosa llevaría a Argentina a un defol técnico con los acreedores que entraron en el canje de 2005 y 2010, lo cual sería una amenaza para el sistema internacional de pagos. El asunto es que la orden al Banco de Nueva York sería la única manera de forzar a Argentina a cumplir con el fallo que obliga a pagar a los buitres, ya que sin esa amenaza lo ignoraría por tiempo indefinido, aunque la fuerce a tomar medidas precautorias contra un embargo de bienes en el exterior, como se dice que habría ocurrido con el Tango 01 si CFK lo hubiera usado para la gira que está haciendo en estos momentos. La apertura del canje que Argentina promete para los buitres remisos incluye la emisión de nuevos cupones PBI -un instrumento especulativo que llevará a pagar 30 mil millones de dólares hasta su vencimiento.

Ante este panorama negativo, al gobierno argentino solamente le quedaría apelar, con resultado incierto, ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Por eso, algunos gestores que se han presentado para ‘defender’ a la Argentina aparecen negociando una reducción de la compensación a los buitres -como, por ejemplo, dejar de lado los intereses acumulados (intereses sobre intereses). Sea como fuere, con esta propuesta o cualquier otra, el gobierno que ‘rescató’ la Fragata se ha comprometido a incrementar la factura de la deuda usuraria, en momentos en que los desequilibrios económicos del país están ocasionando enormes penurias a los trabajadores y anuncian una devaluación catastrófica del peso.

Jorge Altamira

Darín, ni un pelo de pelotudo

Las declaraciones de Ricardo Darín a una revista -”que alguien me explique cómo creció el patrimonio de los Kirchner”- provocó una airada respuesta por parte de la Presidenta, que no responde, sin embargo, a la interpelación de Darín. El impacto que ha tenido la controversia no obedece solamente a la gravedad de la acusación implícita, sino a que muchos suponían que Darín era un ladero del oficialismo. Es por este motivo que han provocado un modesto sismo político. Otro hombre del cine, el premiado director Campanella, salió en defensa de Darín. Por otro lado, el gran actor del “Secreto….” se queda corto, porque en las alforjas presidenciales hay más que un sólo paquete: los negociados de Jaime, De Vido-Skanska y los contratistas K de Santa Cruz, por citar lo más reciente.

CFK se defiende planteando que su familia fue beneficiada con tres sobreseimientos, en tanto que acusó a Darín de haber zafado de una condena por contrabando gracias a la prescripción de la causa. No es exactamente lo que ocurrió: la causa por enriquecimiento fue simplemente archivada, por la complicidad de los fiscales. De acuerdo con las declaraciones juradas, el patrimonio presidencial se multiplicó once veces desde 2003, de 7 a 82 millones de pesos -un salto prodigioso para una pareja absorbida por tareas de gobierno. La cifra sería incluso bastante mayor, sin embargo, ya que está disminuida por la declaración de deudas millonarias con una empresa donde la propia familia K es accionista. En los negocios corrientes, este tipo de operación precede a un vaciamiento.

Los Kirchner han justificado el crecimiento astronómico del patrimonio como una consecuencia de la valorización de los terrenos patagónicos de su propiedad. Desgraciadamente, no se trata de un caso de una especulación inmobiliaria exitosa como arguyen algunos oficialistas, como si esto fuera posible sin haber reunido antes un capital considerable y gozar de la ventaja de una información preferencial -para colmo, desde una posición de gobierno (gobernación de Santa Cruz y Presidencia de la Nación). El enriquecimiento inmobiliario constituye una transferencia de riqueza en perjuicio de los afectados por la carestía habitacional. En Calafate, los K compraron terrenos a un precio considerablemente inferior al de mercado (al valor fiscal establecido por intendencias adictas).

Las declaraciones juradas oficiales tampoco aportan un sólo dato de los manejos patrimoniales de los K anteriores al ‘modelo’, cuando ejecutaban a deudores hipotecarios en los años de la 1050 de la dictadura militar -ni dan cuenta de los famosos 1.100 millones de dólares por regalías petroleras que Kirchner recibió de Menem en los años ’90 a cambio del apoyo de los K a la privatización de YPF, los que mandó al exterior. La ubicación de esos fondos, así como de sus cuantiosos intereses, continúa siendo un misterio “nacional y popular” (o más bien ‘neoliberal’, por la época en que se volatilizaron).

Como se ve, mal que le pese a Federico Luppi, Darín demostró no tener un pelo de pelotudo. El gran actor de “Tiempo de Revancha”, que defiende el relato oficial, debería mirar la paja en su propio ojo.

Marcelo Ramal

La destrucción nacional y popular de la memoria

La schocklenderización de la ex Esma

La Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos y otros militantes de derechos humanos han denunciado la malversación política consumada por el gobierno en la ex Esma. El ‘Museo de la Memoria’ se ha convertido en el escenario habitual para asados oficiales, entrenamiento de murgas o producciones culturales.

La denuncia ha sacado a la luz toda la dimensión del fraude oficial en la ex Esma. Ocho años después de su inauguración, no se ha construido ningún museo. Los pabellones de la ex Escuela de Mecánica no aportan ningún elemento informativo o testimonial sobre la represión dictatorial. No hay documentos periodísticos sobre los crímenes perpetrados, ni siquiera una historia cabal sobre la dictadura genocida o, al menos, sobre lo sucedido en la Esma.

Más allá de algunos carteles o referencias aisladas, las huellas de los centros de tortura y exterminio han sido borradas de los edificios. En su lugar, refacciones costosas han dado lugar a despachos oficiales. Entre ellas, el “Centro internacional para la promoción de los Derechos Humanos (Unesco)”, los canales de cable Paka Paka o Encuentro, así como también los locales de las organizaciones afines al gobierno. En medio de todos estos kioscos, el “Espacio para la Memoria” se encuentra circunscripto a sólo uno de los once pabellones: se trata del ex Casino de Oficiales, el lugar donde fueron torturados más de 5.000 detenidos ilegales. Pero el material de este “Espacio” se encuentra bajo la tutela “de un consejo asesor formado por sobrevivientes, ONG oficialistas y autoridades del Estado y la Ciudad” (¡o sea Macri!) (Clarín, 6/1). La misma periodista atribuye el vacío conceptual de este “Espacio” a que el “consejo discrepa en sus contenidos y prefiere no asumir los retos de la difusión” (ídem).

Ocultamiento

La ocupación oficialista de la Esma ha devenido en un acto sistemático de destrucción de la ‘memoria’. La conversión de pabellones de tortura en oficinas públicas debería ser denunciada como un acto de destrucción de pruebas.

En 2004, al inaugurar la Esma, Néstor Kirchner pidió “perdón” por la responsabilidad del Estado nacional, que los gobiernos sucesivos preservaron, en la comisión de crímenes horrendos. Siete años después, el gobierno “nac & pop” debería volver a pedir disculpas: esta vez, por sus responsabilidades ‘específicas’.

El correlato judicial de esta responsabilidad son las condenas a cuentagotas: el vasto aparato de represión de la dictadura no tiene más que cincuenta y cinco condenados en firme, con la mitad de ellos en prisión domiciliaria.

Marcelo Ramal

YPF-Chevron: celebran el cipayismo

La conducción ‘nac&pop’ de YPF ha celebrado la asociación que YPF firmó en Houston con la petrolera norteamericana Chevron, para realizar 100 pozos exploratorios en la formación Vaca Muerta de Neuquén. Luego del acuerdo con Chevron, YPF firmó otro similar con Bridas -una sociedad de los Bulgheroni con la china CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).

La zona del acuerdo con la petrolera americana ya ha sido explorada por YPF desde hace décadas, de modo que Chevron no arriesga un dólar. Además, la cantidad de pozos está lejos de los miles considerados como necesarios para revertir la caída de la producción. En el caso de Bridas, el acuerdo también plantea la cesión de áreas con cuantiosas reservas comprobadas.

El acuerdo con Chevron se asienta en otra medida clave del gobierno “nac&pop”: la duplicación o triplicación del valor en boca de pozo para el gas que se extraiga por sobre los deprimidos volúmenes actuales. Esta medida, además de presionar al alza de los precios de los combustibles, significa un negocio extra para las petroleras. Ya se ha empezado a aumentar la producción en pozos en declinación sobre la base de procesos de recuperación secundaria y terciaria (extracción forzada que inyecta sustancias contaminantes y radiactivas en el subsuelo). Las petroleras, sin poner un peso en exploración, usufructúan las inversiones que hizo la petrolera estatal en décadas pasadas.

El caso más emblemático es que se ha reactivado la producción en los alrededores del pozo 1 en Plaza Huincul, que lleva más de 90 años de producción.

En el caso de Bridas, su vinculada Panamerican, que explota el yacimiento Cerro Dragón en Chubut (el mayor productor de petróleo en el país) se benefició con una resolución que eleva sustancialmente el precio del petróleo exportado, tan sólo cinco días después de firmar su acuerdo con YPF.

Contrato “farm in”

El tipo de asociación contractual firmado con Chevron, que promete ser modelo para YPF con otras empresas, implica que la petrolera estadounidense será propietaria de gran parte de lo que se extraiga, rompiendo con el mito de la “soberanía hidrocarburífera”.

Por este acuerdo a cambio de 1.000 millones de dólares, “YPF cederá a Chevron al menos el 50% de sus derechos sobre Loma La Lata Norte y Loma Campana” (La Mañana de Neuquén, 20/12/12). Hace un año atrás se informaba que sólo en la primera de ellas había una reserva de 927 millones de Barriles Equivalentes de Petróleo (BEP). Ceder la mitad “al menos” de esa reserva implica entregarle a Chevron un valor a precio de mercado de hoy (a 89 dólares por barril) de no menos de 41.000 millones de dólares, que la petrolera yanqui podrá capitalizar a su favor en los mercados.

Como Chevron ya es propietaria de la empresa que administra los oleoductos que parten de Neuquén, tiene asegurado el transporte de “su” petróleo a las refinerías y al puerto de Bahía Blanca y a la exportación, quedándose con la parte del león.

Queda confirmado que la “nacionalización” es una reprivatización de YPF a favor del lucro capitalista.

Norberto E. Calducci

El ajuste en la asistencia social y los saqueos

Asambleas en todos los barrios

Entre el 20 y el 24 de diciembre se produjeron más de 300 ataques a comercios y supermercados en cuarenta ciudades. En ellos participaron miles de personas, en su gran mayoría jóvenes. En los incidentes murieron cuatro personas y otras nueve fueron heridas de bala. Fueron detenidas más de 800 personas y aún continúan en ese estado 126, sólo en la provincia de Buenos Aires.

Cuarenta menores de 16 años fueron encerrados en “sistemas de contención sin salida”, un eufemismo para esconder los terroríficos institutos de menores donde se aprende a delinquir en serio.

Los saqueos han sido la manifestación de una crisis social mayúscula.

El ajuste para los pobres

En la Argentina, más de 4 millones de personas cobran la asignación universal por hijo (272 pesos por mes o 9 por día) que se paga con fondos de la Anses. Desde su creación, la asignación perdió el 30 por ciento de su poder adquisitivo. Pero, además, quien la cobre no puede acceder a ninguna otra cobertura, por ejemplo, planes de empleo. O sea que desde que se creó la AUH el Estado viene reduciendo su presupuesto en asistencia social, trasladándole a los trabajadores esa carga vía la Anses.

Todos los planes sociales están congelados, sin aumento desde su creación (los barrios bonaerenses y PEC, creados entre 2000-2002, no superan los 250 pesos). Las cooperativas del plan Argentina Trabaja (utilizados para todo tipo de tareas por los municipios) y otros, tienen congelado su ingreso desde su creación, en 2009. Sólo una inmensa lucha de los trabajadores del AT logró un aumento de 500 pesos en estos casi cuatro años. El presupuesto de 2012, que preveía ampliar este programa en 30 mil puestos de trabajo más, no ejecutó esta ampliación.

En la provincia de Buenos Aires, Scioli ha vaciado el Ministerio de Desarrollo Social, cerrando decenas de programas sociales y reduciendo las partidas alimentarias para comedores escolares y populares.

El FMI no lo hubiera hecho mejor: reducción de las partidas para asistencia social, aumento de tarifas y servicios, congelamiento de los planes sociales.

Este el marco en el que se desarrollaron los hechos de diciembre.

Un rumbo de organización

Tempranamente, desde estas páginas caracterizamos este cuadro y planteamos una salida de conjunto.

“El parate en la construcción, el cepo cambiario, la caída en la actividad industrial, que ya se cobró 110 mil puestos de trabajo, y la “desaceleración” en la creación de empleo (reconocimiento del ministro Tomada en septiembre de 2012) han empezado a reflejarse fuertemente en los barrios obreros, sobre todo entre los jóvenes, en un crecimiento del desempleo formal e informal” (Prensa Obrera, 8/10).

A la disminución de las “changas” y la poca o nula creación de nuevos empleos, se suma el ajuste social, que ha convertido al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en una cáscara vacía: el único programa social dirigido a la juventud desocupada (“Envión”), que atiende a menos del 1 por ciento de los jóvenes pobres, no paga ni las becas ni a los profesores desde hace seis meses.

Los alimentos para los comedores escolares se han reducido a la mitad. Entre la juventud de los barrios la desocupación tiende a acentuarse. Por otro lado, para muchas familias los gastos de enviar un hijo a la escuela son prohibitivos. En ese sentido, ni Cristina K ni Macri, ni Scioli, se diferencian. Tanto las becas por estudio de la provincia y de la Ciudad, como la asignación por hijo, no superan los diez pesos por día. Al mismo tiempo, se descarga una inflación de casi el 40 por ciento en los alimentos básicos. El ajuste recorre los barrios de la mano de esta inflación y golpea los planes sociales, congelados desde hace años, y a los programas de empleo precario del Estado (Argentina Trabaja, Pris, etc.). Ante este cuadro el Polo Obrero comenzó un proceso de empadronamiento de desocupados que en menos de 40 días convocó a 8.500 personas, en su gran mayoría jóvenes, lanzó un plan de asambleas y le propuso a las organizaciones de desocupados un plan de lucha unitario que no aceptaron.

Más de 2.500 personas marcharon portando un cartel que reclamaba trabajo para la juventud, plan de obras públicas y otras consignas.

Dábamos en el clavo planteando una reivindicación impostergable y dándole un canal de movilización contra el Estado.

El Partido Obrero plantea:

* Entrega de ayuda alimentaria inmediata a todas las familias que lo necesitan, bajo control de representantes electos de los barrios.

* Empadronamiento urgente de todos los desocupados, y otorgamiento de un subsidio equivalente al 80% de la canasta básica.

* Puesta en marcha de un plan de obras públicas y viviendas en los barrios y municipios afectados, que asegure trabajo a todos los desocupados empadronados.

* Eliminación inmediata del IVA y los impuestos al consumo, salario igual a la canasta familiar, restitución de las asignaciones familiares.

* Anulación de los tarifazos en el transporte público.

* Abajo la represión en los barrios.

Eduardo Belliboni

2013: por paritarias libres y la derogación del impuesto al salario

Con el aumento de transportes, combustibles e impuestos de fin de año, y con una inflación prevista de alrededor de un 30%, CFK mandó a Moreno a reunir a la CGT Balcarce con Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, Aluar, De Mendiguren, Bulgheroni y otros, para explorar un pacto social.

Paolo Rocca de Techint ya se había pronunciado contra los aumentos “indiscriminados de salarios” (Perfil, 22/12) y, para bajar costos laborales, atar los aumentos de salarios a la productividad -compensaciones que permitan reducir la jornada laboral y segmentar los aumentos de acuerdo a una canasta básica alimentaria consensuada previamente con los sindicatos. Por cuerda separada, Rocca fogonea una maxidevaluación del peso contra la competencia, dice, de China.

Paolo Rocca no sólo habla, actúa. En Siderca, ha reducido un turno de trabajo de tres (esta es la “reducción de jornada”), mientras que en Tenaris canceló contratistas y en distintas plantas del grupo se introdujeron nuevas multifunciones, hay listas de retiros voluntarios y aumentos en los ritmos de trabajo. Para las paritarias, se barajan la segmentación en cuotas a lo largo del año o la división de una pauta de no más del 20% -un 10% al convenio y otro 10% atado a aumentos de productividad.

En ese camino, la burocracia de Aceiteros de San Lorenzo, que se pasó al cristinismo, acaba de firmar un 19,5% más un presentismo “no remunerativo”.

En el caso de los estatales, Sapag, en Neuquén, ofrece 480 pesos fijos a los docentes y estatales hasta junio, algo que no llega al 10% de aumento. Santa Cruz anuncia otro año más sin aumento alguno. Scioli no devolvió los descuentos por paros ordenados por la justicia y ofrece tres cuotas de un 6% para todo 2013.

La burocracia está dispuesta a firmar a la baja si el gobierno aumenta el mínimo no imponible a ganancias, el cual, de no producirse, se comería cualquier aumento en paritarias. Pero para liberar paritarias de ganancias, el aumento del mínimo no imponible tendría que superar el 60%.

Lo que se viene

La pulseada empezó con los bancarios, quienes con un rajante paro nacional, anunciado un día antes, desoyó una conciliación de Tomada, dispuesta contra el reclamo y en respaldo de una banca que ofrece el 15%, cuando ganó 12.000 mil millones en 2012 un 35% más que el año anterior.

En rigor, la cuestión del plan de lucha es más necesaria que nunca: por ganancias, por salarios familiares y por un mínimo de convenios equivalente a una canasta familiar -8.000 pesos de básico. En 2013 habrá que luchar por este programa y por paritarias libres.

Néstor Pitrola

7 de enero de 2013

Contra el Ajustazo de Mestre en Córdoba Capital

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MESTRE LE DECLARA LA GUERRA A LOS VECINOS

“El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, y sus concejales, se preparan para protagonizar una jornada memorable para los negocios capitalistas en la ciudad de Córdoba. El próximo miércoles, al enorme aumento del precio del boleto Mestre le va a sumar una ordenanza que lo convierte en lobbista de los negocios armados por De La Sota y Eurnekian. El grupo América se va a quedar con 22 hectáreas de la mejor tierra de la ciudad, mientras el Banco Municipal de Tierras no logró pasar de los papales, tal como en su momento lo denunció el Partido Obrero. Está mas clara que nunca la orientación social del gobierno municipal”. Así se refirió Manuel D’Alessandro, dirigente del Partido Obrero, ante la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Córdoba prevista para el miércoles 9 de enero.

D’Alessandro continuó: “El boletazo es parte de un ajuste a las condiciones de vida de los vecinos de Córdoba, que se completa con los pliegos de licitación del transporte y la recolección de residuos. Dos enormes negocios para un puñado de capitalistas amigos que serán bancados por el bolsillo de los cordobeses y que implican, además, un ataque furioso a los trabajadores del transporte y recolectores, que incluye despidos masivos y ataque a las conquistas laborales”.

“La sesión del miércoles será, sin dudas, un mazazo a las aspiraciones populares de vivir en una ciudad que merezca ser vivida. Mestre cuenta para este ataque con la complicidad del resto de los bloques de concejales, que aprovechando la mayoría automática del oficialismo, sólo atinaron a expresar tibias criticas a los proyectos que se aprobarán el miércoles. Desde el Partido Obrero llamamos a los vecinos a movilizarse el próximo miércoles a las 9 horas, desde Colón y la Cañada, para rechazar este nuevo ataque del municipio a los vecinos cordobeses”,
finalizó Manuel D’Alessandro.


Manuel D'Alessandro, 155-078317

Cintia Frencia, Legisladora electa por el FIT, 155-47790
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