El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, conmovió al país. Lo mismo vale para la gravísima condición de vida en que quedó nuestra compañera Elsa Rodríguez. Sacudió al poder político y tocó a fondo al movimiento popular. El impacto llevó al oficialismo a imaginar que había sido el detonante de la muerte de Néstor Kirchner una semana más tarde. Se podría decir, incluso, que provocó una crisis política; es que cinco días antes, en el estadio de River, Cristina Fernández había pretendido consagrar una unidad política con la burocracia sindical. Ante una tribuna en la que se destacaban los gorros de la Unión Ferroviaria y se refugiaba la figura de Cristian Favale (uno de los que gatilló el arma asesina), la jefa del Estado anunciaba la reconciliación con la nefasta Juventud Sindical de los años 70.
El asesinato de Mariano devolvió a la superficie el carácter criminal de la burocracia sindical y su transformación en una casta empresarial que prospera mediante la explotación de los trabajadores de su propio gremio. Puso asimismo al descubierto la trama mafiosa del armado kirchnerista en el transporte ferroviario. Un año y medio después, esa trama se volvería a poner en evidencia en la masacre de Once. Denunciamos, desde el primer momento, todas estas circunstancias, y con ello produjimos una delimitación política que aportó una claridad decisiva al movimiento popular a la hora de la movilización por el Juicio y Castigo a los culpables. Miles de jóvenes y trabajadores se reconocieron en la condición social y militante de Mariano; los trabajadores tercerizados se sintieron interpelados, no ya entre los ferroviarios, sino en toda la dimensión del territorio nacional. Las tentativas de cooptar a los allegados políticos y personales de la víctima -la táctica empleada por este gobierno y los anteriores, para neutralizar el repudio- fracasaron en forma miserable. El método político empleado en la lucha por el Juicio y Castigo, en el caso de este crimen, se diferenció del utilizado en los casos de los compañeros Qom o del docente neuquino Carlos Fuentealba. Nosotros fuimos de entrada por los responsables políticos -incluido el gobierno nacional y el Poder Ejecutivo, al que conminamos a que procediera a una investigación en sus propias filas. Debido a la recusación de esta requisitoria a proceder a investigar el aparato del propio Estado, el gobierno ha quedado como responsable último de la masacre de Once.
Las escuchas telefónicas han dejado probada la colaboración de los titulares del Ministerio de Trabajo con Pedraza. La reacción inicial del gobierno y de sus alcahuetes (en particular José Pablo Feinmann y otros de Carta Abierta) fue enrostrar la responsabilidad del crimen al Partido Obrero, que habría estado en el lugar y en el momento inadecuado. “Nos tiraron un muerto”, acusaron las eminencias que viven del presupuesto del Estado. La misma Presidenta utilizó la mayor parte de la entrevista que concedió a los familiares de Mariano, a atacar al Partido Obrero. Claro: en octubre de 2009, al inaugurar una sede sindical de los ferroviarios, Cristina había consagrado a Pedraza como la encarnación del -textual- “sindicalismo que construye”. No insistieron en esta vía de exabruptos cuando, el 22 de febrero de 2011, otros 51 muertos cayeron en la estación de Once, como tampoco lo habían hecho antes, en ocasión de la decena de accidentados fatales en los pasos a nivel. Los compañeros tercerizados que se habían convocado, aquel 20 de octubre, para reclamar por el pase a planta permanente, no estaban allí por “apresuramiento”: habían trajinado durante dos años los pasillos ministeriales con esa misma reivindicación.
“Un crimen político contra la clase obrera” -esa fue la síntesis de la caracterización política que guió nuestra lucha. Un crimen ejecutado para defender un sistema de concesión parasitaria y corrupta del transporte, así como la explotación del trabajo precario de miles de trabajadores tercerizados. Un crimen para defender el monopolio de una burocracia sindical patronal, integrada al Estado. Un crimen para detener el movimiento por la independencia de la clase obrera, que hoy mismo progresa en todos los sindicatos. Pocas veces antes había quedado definido con tanta claridad la naturaleza social y política de un crimen contra luchadores populares. Lo que se puso en juego, entonces, en esta lucha por el juicio y castigo, es una confrontación de naturaleza histórica.
Es esta lucha y la claridad con que fue empeñada lo que permitió llegar al juicio oral y público, que se encuentra en la etapa final, con los responsables políticos de la patota entre los acusados. Antes de que la prisión preventiva cayera sobre Pedraza, la ministra actual de Seguridad, Nilda Garré, desplegó la última tentativa para evitarla: montó un operativo mediático para encarcelar a los compañeros ferroviarios que habían luchado con Mariano, a los que acusó de actos de vandalismo en la estación Constitución, con la clara finalidad de desnaturalizar la lucha de los tercerizados. Garré había llegado a ese ministerio como parte de una maniobra cuidadosa del gobierno para apartar a Aníbal Fernández de la conducción política de la policía y sacarlo del foco de la responsabilidad por las órdenes que dio a la fuerza aquel 20 de octubre. Luego de la condena que dicte el Tribunal Oral habrá que ir por la investigación y juicio de Aníbal Fernández. En el juicio oral y público “no están todos los que son”: faltan los concesionarios del Roca, que habilitaron la salida laboral de la patota y que están entrelazados en la explotación de los tercerizados y en el desvío de los subsidios; no está la cúpula de la policía, que monitoreó el operativo desde la Jefatura; no está el ministro encargado de las fuerzas de seguridad en aquella ocasión.
¿Cuál es el desafío político en esta fase final? El gobierno no es impasible o neutral en esta circunstancia. Se ve que ha seguido un lento y penoso peregrinaje gatopardista, que consiste en depurar en forma aséptica (sin sangre) y limitada la trama mafiosa para conservar la conducción del aparato de negocios y sindical del ferrocarril. Los Luna y los Schiavi enfrentan ahora su propio juicio oral y público por Once; el nuevo ministro de transporte, Randazzo, no es del palo de Maturano (La Fraternidad) ni del pedracismo; se ha removido a la conducción macrista-moyanista-pedracista del Belgrano Cargas; está intentando manejar la UF con un pedracismo sin Pedraza. Por último, pretende que la culminación del juicio oral y público sea el final de la historia, o sea que no se trasvase a los concesionarios, a la jefatura policial, a los ministros de Seguridad.
Las querellas representadas por los abogados del Cels y los del Partido Obrero alegarán, en los próximos días, por la condena a perpetua de Pedraza y de sus cómplices. No se conoce, sin embargo, el planteo de la fiscal, que representa al ministerio público y que, en esa condición, influye en la formación de la opinión del Tribunal. La fiscalía atravesó una crisis seria, hace un par de meses, cuando la procuradora K, Alejandra Gils Carbó, le puso dos comisarios políticos como “ayudantes”. Del juicio oral y público se desprende una conclusión de conjunto acerca de la responsabilidad de Pedraza como instigador político de las acciones que llevaron al crimen, que para sus defensores no alcanzan el carácter de una prueba firme. Si prevalece este criterio judicial, jamás sería posible probar una responsabilidad política y la impunidad quedaría consagrada con carácter universal. En este caso, Pedraza -el mismo que intentó sobornar a los jueces de Casación, para obtener una excarcelación- hasta podría ser declarado ¡inocente!
Otro capítulo merece la posición de la troika que integra el Tribunal, la cual se encuentra atravesada, por lo menos, por dos condicionamientos: uno tiene que ver con la presión de la cruzada del gobierno en el Poder Judicial, para reemplazar con jueces propios a los que reputa afines a la “corpo”; el otro es, digamos, ideológico, con referencia al garantismo. En relación con esto último, los defensores de la patota alegan la falta de pruebas “materiales”; o sea, la ausencia de una orden escrita y firmada de matar. Recordemos que el garantismo es una posición de defensa de la población, que carece de la capacidad material de defender sus derechos ante la acción del Estado y de las fuerzas de seguridad, que se mueven con recursos y desarrollan una conspiración impune. No debería servir como escudo para defender a ese mismo aparato (burocracia, policía, funcionarios, ministros, pulpos económicos concesionarios), que precisamente conspira contra quienes carecen de derechos, trabajadores tercerizados, privados del derecho elemental del convenio colectivo.
Este conjunto de señalamientos apunta al objetivo de dar las armas intelectuales y, por lo tanto, organizativas, para impedir un nuevo caso de impunidad. La perpetua para Pedraza y para sus cómplices no solamente daría impulso a las cuestiones excluidas de esta causa desde su fase de instrucción; también impulsaría la lucha por el esclarecimiento, juicio y castigo por la desaparición de Jorge Julio López y de Luciano Arruga; por los asesinatos de campesinos Qom y del Mocase; por llevar a tribunales a Sobisch, por Carlos Fuentealba, y por tantos y tantos compañeros sometidos y reprimidos: las mujeres agredidas, las trabajadoras y trabajadores esclavizados en el campo y la ciudad.
Vamos con todo, compañeros.
Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, ex candidato a Presidente por el Frente de Izquierda.
