31 de marzo de 2013

Nuestra respuesta al macartismo oficial

El dirigente del PO aborda la conmemoración del 24 de marzo y las diferencias desatadas entre el oficialismo y los partidos de izquierda.
















Escribe Jorge Altamira*

La Presidente de la Nación reaccionó con un discurso macartista al obvio fracaso del kirchnerismo en impedir que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia reuniera sesenta mil manifestantes, primero, y que pudiera conmemorar después, en la Plaza de Mayo, el aniversario del golpe militar del 24 de marzo. La semana previa, el jefe de Gabinete, Abal Medina, había ignorado los reiterados reclamos que se le efectuaron, por escrito, para que el gobierno garantizara el derecho de manifestar al Encuentro. Es claro que la jefa del Estado había impartido la orden para que el oficialismo usurpara la jornada en función de la agenda política del gobierno. Esto desmiente, en forma terminante, que la movilización de sus simpatizantes fuera independiente del aparato del Estado. La subordinación política tuvo su correlato natural en el dispositivo logístico enorme del que hizo gala la manifestación kirchnerista. Ante los cordones montados por La Cámpora, en la avenida de Mayo, las inmensas columnas del Encuentro eligieron serpentear por Santiago del Estero, Rivadavia, Salta y Bartolomé Mitre, para enfilar hacia Diagonal Norte y a Plaza de Mayo.

El oficialismo logró, ciertamente, su objetivo declarado de que el acto del Encuentro transcurriera en la noche de una luna en cuartos crecientes. Pero perdió políticamente – y no solamente debido a la advertencia bíblica de que los últimos serán la primeros. En efecto, clausuramos la jornada. Pero perdió, sobre todo, por el contraste de agendas. En tanto el acto oficialista funcionó como claque de la reforma judicial que promueve el Ejecutivo, el del Encuentro denunció la ley antiterrorista, el Proyecto X de espionaje oficial, la matanza de aborígenes en las provincias gobernadas por el kirchnerismo, el crecimiento de la trata de mujeres y niños y la impunidad que gozan sus autores, la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga y, en definitiva, la complicidad de la Policía y los concesionarios 'amigos' del gobierno en el "plan criminal" que terminó con la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra. El esperpento judicial de los K –reivindicado en el acto oficial- impulsa el alargamiento de los juicios previsionales y laborales, en evidente perjuicio para jubilados y trabajadores, y la inmunidad para los funcionarios públicos, precisamente después de la tragedia de Once y los procesos que tienen abiertos Jaime, Boudou o Cameron. Eduardo Anguita, un intelectual destacado del oficialismo, se sintió obligado a desnudar, en un medio de prensa K, la hipocresía del documento oficial, que condena la complicidad de la familia Blaquier con la dictadura y el secuestro y desaparición de luchadores, mientras ese mismo empresario recibe créditos subsidiados del Bicentenario y ventajas económicas para la producción de biocombustibles. No hace falta que se diga que el documento de las organizaciones K ahorra cartuchos con la Iglesia, luego que la Presidenta descubriera su tardía fidelidad a la jerarquía clerical. En el espacio de las pocas hectáreas que ocupa nuestra Plaza histórica, quedó expuesto un contraste político pocas veces tan transparente.

La Presidenta tomó conciencia de esta realidad política durante la forzada introspección personal que impone un vuelo de tres horas a Río Gallegos. Fue entonces cuando intentó contrarrestar el balance negativo que sacó de la jornada con una serie de tweets de inconfundible naturaleza macartista. En sucesivos disparos de tecla descalificó a la bandera roja del internacionalismo y la fraternidad de la clase obrera de todos los países; autojustificó su propio fracaso con alusiones a las ventajas recíprocas que se prodigarían "los extremos" en detrimento de los 'gobiernos populares'. La mandataria estaba sintonizando el canal Volver – la Liga Patriótica de los años 20 y 30, la Ley de Residencia de 1902 que castigaba la actividad "anti-argentina" de los trabajadores inmigrantes; la "sección especial" de torturas de la Policía de las décadas del 30 y 40; o finalmente los slogans de la Juventud Sindical Peronista y del lopezreguismo de los años 70. Actualizó la teoría de los "dos demonios"; la presidente insinuó la opinión, con estos tweets, que el golpe militar del 76 no hubiera ocurrido sin la provocación del otro 'extremo', una tesis que no es precisamente la que sostienen los miles de kirchneristas que ocuparon la Plaza hasta la puesta del sol. ¿No fue diseñado, acaso, por el Consejo Empresario Argentino (de "los grupos concentrados") y por la cruzada anticubana de los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y la entonces Comunidad Europea? CFK no alcanzó a advertir, en el tiempo de vuelo, que sus amigos del chavismo se distinguen por su orgullosa vestimenta "rojo-rojita".

Los incidentes, muy menores, intrascendentes, provocados por una patota del IndeK frente a la columna que intentaba ingresar a la Plaza, no deben disimular la gravedad de los planteos de la primera mandataria. Menos aún deben servir como pretexto provocador para que la violencia de carácter faccional imponga su objetivo de bloquear el debate político. El contenido de los dichos de la Presidenta puede ser instrumentalizado en esa dirección. No es para nada lo que conviene para un desarrollo independiente y socialista del movimiento obrero y para un crecimiento político de la izquierda. La energía de nuestra respuesta política al macartismo oficial tiene también la finalidad de neutralizar el potencial de violencia reaccionaria que anida en las patotas de distinta fisonomía, como ha ocurrido con las patotas sindicales que comulgan con los gobiernos de turno, o los barrabravas financiados por los punteros políticos de la mayoría de los partidos tradicionales.

*Dirigente del Partido Obrero

30 de marzo de 2013

“LA PROVOCACION DEL 24 DE MARZO PARTIÓ DEL GABINETE NACIONAL”

Declaraciones radiales de Jorge Altamira











“La presencia de Guillermo Moreno en la patota que quiso impedir nuestro ingreso a Plaza de Mayo sólo demuestra que la provocación contra la marcha del pasado 24 de marzo provino del propio gabinete nacional”, señaló Altamira a medios radiales, en relación a los videos en los que aparecen la patota del Indek y el secretario de Comercio. “El intento de disimular esta provocación llevó a la Presidenta a lanzar un ataque serial en las redes sociales de características macartistas, con alusiones fascistizantes contra las banderas rojas, que son la expresión histórica de la unidad internacional de la clase obrera”. 

Para Altamira, “el oficialismo no tiene derecho a reivindicar el pabellón nacional, luego de su larga colaboración con el menemismo y su política de entrega económica y territorial de la autonomía”. "Incluso ahora -añadió el candidato a diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda- el pago de la deuda externa usuraria con el dinero de los jubilados está lejos de ser una expresión de soberanía nacional”.

“La tentativa de impedir nuestro acto fue una decisión de Estado, para imponer al 24 de Marzo una agenda antidemocrática”. Altamira se refirió de esta manera a la ley antiterrorista y el Proyecto X (espionaje de las organizaciones sociales), así como al encubrimiento de los gobiernos oficialistas provinciales responsables de los asesinatos de campesinos y aborígenes, y de crímenes de mujeres secuestradas, que no se esclarecen por la complicidad del propio Estado.

"El acto oficialista -dijo el dirigente del PO- reivindicó una reforma judicial que busca alargar los juicios previsionales y laborales, en perjuicio de jubilados y trabajadores, luego de haber cedido a la presión de las aseguradoras para privar a los trabajadores accidentados del derecho real a la acción judicial, así como la impunidad para los funcionarios públicos, esto luego de la tragedia de Once y de la denuncia judicial contra el vicepresidente de la Nación”.

"Los videos y audios son una prueba definitiva de la verdadera filiación política de 'los garrotes que abollan ideas': el oficialismo, no los luchadores de la izquierda".

"Llamamos a los numerosos integrantes del campo oficialista que nos han hecho llegar, en forma privada, su rechazo al macartismo presidencial, a que hagan público su repudio, porque solamente de este modo contribuirán al desarrollo de una democracia política real y al avance de la causa de los trabajadores".
   

Jorge Altamira
PARTIDO OBRERO en el Frente de Izquierda

28 de marzo de 2013

Charla de Eduardo Salas con los vecinos de Ruta 20

Eduardo Salas, candidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda, estará realizando una charla debate con los vecinos de Ruta 20 el jueves 28 de marzo.

La actividad se realiza en el marco de un ciclo de charlas y reuniones, entre las que se destacan la reunión del candidato con trabajadores estatales presentando el proyecto de ley contra la precarización laboral, la visita de Salas a Villa María y una serie de reuniones con vecinos de la zona sur de la ciudad.

Así, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda impulsa su campaña electoral con una amplia agenda de reuniones con diferentes sectores de trabajadores y vecinos, para discutir los planteos y propuestas de la izquierda de cara a octubre.

Charla de Eduardo Salas con vecinos de Ruta 20: Jueves 28 de Marzo - 18 hs. - Lagunilla 3330 (B° Matienzo)

Evento en FB: http://www.facebook.com/events/387898567984501/


* Eduardo Salas, Candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, Legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA


MENOS “TARJETA” Y MÁS SALARIO













El gobierno le ha ofrecido a los docentes un aumento del 22% en cuotas.

Equivale a un 15-17% al cabo de un año.

Es la “pauta” que quieren extender a muchos otros gremios, tanto estatales como privados.

Todo el mundo sabe, sin embargo, que en 2012 la inflación real no bajó del 25% y que llegó al 30% para muchos productos de primera necesidad.

Haciendo cuentas: nos quieren rebanar en 10 ó 15 puntos nuestra capacidad de compra.

Pero el recorte es todavía mayor, si contabilizamos el impuesto al salario.

En Buenos Aires, lo pagan uno de cada dos maestros.

¿Qué nos ofrece el gobierno a cambio de estas paritarias con cepo?

Un dudoso congelamiento de precios, el cual excluye a los combustibles, el transporte o la vivienda.

Y una “tarjeta” de compras, para bancar nuestros consumos con deudas.

Y pagar intereses bien mayores al aumento de los salarios.

En cambio, a los capitalistas les acaban de ofrecer descuentos e intereses “especiales” para pagar los impuestos que deben.

Con el dinero que ahorren, van a seguir conspirando contra el peso.

Pero los trabajadores no queremos llegar a fin de mes “tarjeteando”.

Queremos un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Y que se indexe con la inflación pasada.

Necesitamos abolir el impuesto al salario y asegurar el 82% para los jubilados.

Y reconstruir los hospitales y la escuela pública.

Por todo esto, los docentes de Buenos Aires, Neuquén, Chaco y otros distritos están en lucha.

Lo mismo que los médicos bonaerenses.

Reclamemos a la CGT y la CTA que convoquen asambleas en todos los distritos y sindicatos, para preparar un plan de lucha en serio contra el ajustazo, por paritarias sin techo y contra el impuesto al salario.

La Super-card no es una salida para los trabajadores

Finalmente, se emitirá la Moreno-card en algunos supermercados. La tarjeta será financiada por un fondo (fideicomiso) que formarán las compañías de seguros, el que deberá cobrar una comisión menor a la que hoy reciben a los bancos (el 1 por ciento mensual en lugar del 3 por ciento). La Moreno-card circulará, al menos por ahora, solamente entre los grandes supermercados. El consumidor pagará, por sus saldos, un 22% anual. El gobierno asegura que la reducción de la comisión servirá para prolongar el congelamiento de precios establecido con estos supermercados. Sin embargo, el alza de los precios de los alimentos en marzo, a pesar del congelamiento, superó las tasas de enero y febrero.

Queda claro, de todos modos, que una reducción de la comisión de las tarjetas no puede absorber, en el tiempo, el aumento de precios sucesivo que provoca la inflación. Lo que ocurrirá en realidad es que los supermercados se quedarán con una parte de las ganancias que ahora van a los bancos. Los súper que no integran las grandes cadenas no tendrán esa ventaja. Los bancos, por su parte, buscarán compensar esa reducción de sus beneficios con un recargo a las tarjetas que operan en otros rubros del comercio. El interés del 22% anual sobre los saldos de los consumidores es -en un marco de congelamiento de precios- una tasa confiscatoria. También es superior a los aumentos salariales, del 15 al 17%, que está ofreciendo el gobierno en las paritarias.

La tarjeta no tendrá promociones ni descuentos. O sea que será el pretexto para una cartelización de los supermercados, organizada desde el propio Estado, para evitar una competencia que baje los precios en un momento de caída de las ventas.

El fondo de las aseguradoras -que financiará las tarjetas- deberá asegurar su capital contra la inflación y la devaluación del peso, pues de otro modo se vaciará en tiempo relámpago. Los bancos lo hacían mediante tasas de interés usurarias, que cobraban con la justificación del “riesgo”. El fideicomiso asegurará su capital con el Banco Central (con seguros de cambio) y el Nación (con algún bono que se ajuste por inflación). La reducción de la comisión que hoy cobran los bancos será bancada por las finanzas públicas. La conclusión que se saca de aquí es que el gobierno va de improvisación en improvisación, y que se gasta los últimos cartuchos para evitar que la inflación se desmadre en una hiper.

La financiación de la compra de alimentos pretende que no caiga el consumo, como consecuencia de la desvalorización que ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios. El oficialismo pretende compensar este deterioro mediante la facilitación del endeudamiento de las familias. En lugar de estos mamarrachos confiscatorios, que refuerzan las ganancias de los supermercados, es necesario incrementar el poder adquisitivo de los salarios, con aumentos generales superiores a la inflación y un mínimo igual al costo de la canasta familiar. Asimismo, es necesario poner fin a la confiscación de la riqueza social por parte de los sectores financieros, mediante la nacionalización de la banca y de las compañías de seguro. Es fundamental, asimismo, que los grandes proveedores y los supermercados abran sus libros y se establezca un control de sus operaciones por parte de los trabajadores. El manejo extraordinario de dinero efectivo por parte de las cadenas comerciales facilita las operaciones que se realizan en los mercados paralelos de divisas, donde se especula contra el peso.

El anuncio de la tarjeta se produce cuando el congelamiento de precios está naufragando. Las estimaciones siguen arrojando aumentos del 2 al 2,5% mensual en los alimentos y bebidas. La lista de precios que debería servir de base para el congelamiento no existe. La prolongación del dudoso ‘congelamiento’ apunta a presionar contra las paritarias.

La Moreno-card es un recurso último del gobierno frente al desmadre de la inflación y de la devaluación del peso, pero no resuelve la carestía ni la caída del empleo de los trabajadores, así como tampoco resuelve la crisis generada con los inversores capitalistas en la minería, el petróleo y el agronegocio sojero, los que constituyen el esquema de sustentación del gobierno K.

Marcelo Ramal

La Iglesia, la dictadura, Bergoglio y Francisco

Según parece, el papa Francisco se propone canonizar, el primero, al cura Carlos Murias, secuestrado, torturado y asesinado por los militares el 18 de julio de 1978. Murias había sido colaborador del obispo Enrique Angelelli, también asesinado por la dictadura cuando regresaba, precisamente, del entierro de su discípulo.

Cuando aún era Bergoglio (no es un dato menor que se lo presente como si se tratara de dos personas distintas), el actual obispo de Roma ya había tenido actitudes parecidas. En el año 2000 pidió perdón porque la Iglesia “no hizo lo suficiente” durante el terrorismo de Estado. En 2008, en el aniversario del asesinato de Angelelli, dio una misa en su homenaje, en La Rioja, y dijo de él que había “removido piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio”, y añadió: “La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”.

Es una operación si se quiere similar a la que el general Martín Balza hizo en el Ejército, cuando era jefe del Estado Mayor en tiempos de Menem. También él pidió disculpas por el genocidio, como si se hubiera tratado de un pisotón en el bondi.

La maniobra de Bergoglio, como antes la de Balza, tiene el respaldo mediático decidido de la Corpo y de la Korpo. Clarín, por ejemplo, dijo el 24 de marzo que el martirio de Murias constituye “un ejemplo del sufrimiento padecido por un sector importante de la Iglesia católica argentina bajo la dictadura militar”. Los medios K, unánimemente, celebran la canonización de una víctima del terrorismo de Estado.

Todo es mentira. La “sangre de los mártires” y “el sufrimiento padecido” por obispos y curas víctimas de la represión no es “la semilla de la Iglesia”, sino el taparrabos que pretende ser utilizado para disimular el papel orgánico, institucional, que la jerarquía eclesiástica cumplió durante la represión, de la cual no fue cómplice sino parte integrante.

La represión con mitra

Pío Laghi, nuncio apostólico (embajador del Papa) en la Argentina durante la dictadura, representante directo de Juan Pablo II, dijo de Angelelli que era “un extremista de la Teología de la Liberación”, lo cual, en esos tiempos, alcanzaba y sobraba para explicar y justificar el homicidio, el secuestro, la tortura, la desaparición. El cardenal primado en aquellos tiempos, Juan Carlos Aramburu, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, no sólo adornaban con su presencia cada acto o ceremonia de Videla y los otros facinerosos del régimen militar; además, por lo menos en el caso de Primatesta, visitaban personalmente los campos de concentración.

María Chorobik de Mariani, una abuela de Plaza de Mayo, declaró en el juicio “por la verdad”, en 1999, ante la Cámara Federal de La Plata, que el obispo Claudio Celli, actual presidente de Comunicación Social del Vaticano y secretario de Pío Laghi en tiempos de la dictadura, le dijo, cuando ella fue a pedirle por sus nietos desaparecidos, que las criaturas habían sido apropiadas por gente que había pagado mucho dinero por ellas, por gente de recursos, y añadió: “Los chiquitos jamás padecerán las privaciones que impone la pobreza. Están en buenas manos”. En otras palabras: el obispo conocía desde adentro el mecanismo de las apropiaciones, de los secuestros, del robo de bebés. Ahora, Sergio Rubin, de Clarín, amigo de Bergoglio y autor de su biografía, le hace a ese canalla notas edulcoradas.

Una denuncia parecida, que en este caso involucra personalmente a Bergoglio, la formuló la primera presidenta de Abuelas, Licha de la Cuadra. Cuando Licha fue a pedirle por su nieta desaparecida, el actual Francisco le dijo: “A la criatura la tiene una persona de bien y no hay marcha atrás”. Si Bergoglio, como dicen ahora varios perseguidos de aquella época, protegió gente y salvó algunas vidas, fue precisamente porque formaba parte, desde adentro, de aquel aparato criminal. Bergoglio, militante de Guardia de Hierro -una agrupación de la derecha peronista, de excelentes vínculos con Eduardo Emilio Massera-, jamás se aproximó a los pocos obispos que efectivamente lucharon contra la represión, a pesar y en contra de la Iglesia, como el citado Angelelli, Alberto Devoto, Jaime de Nevares, Jorge Novak o Miguel Hesayne. Sólo ahora, cuando intenta lavarle la cara a la Iglesia argentina y al Vaticano, hace una reivindicación mísera y a cuentagotas de algunos de ellos, y dispone canonizaciones que alegran a los K. Si así no fuera, haría como le pide el ex juez español Baltasar Garzón y abriría los archivos vaticanos en lo referido a la dictadura argentina.

Los dobleces

La periodista Marie-Monique Robin (autora de Escuadrones de la muerte y El mundo según Monsanto) dice en su blog que Osvaldo Yorio -uno de los jesuitas secuestrados, torturados y luego liberados en 1977- contó, poco antes de morir, que Bergoglio lo presionó a él y al otro cura villero secuestrado, Francisco Jalics, para que abandonaran la Compañía de Jesús, porque no quería darles él, personalmente, la orden de hacerlo.

Esto es: los haya entregado o no (posiblemente no), haya hecho gestiones o no para que los liberaran (posiblemente sí), lo cierto es que les quitó todo respaldo institucional. Los dejó, en ese sentido, a merced de sus captores.

Rodolfo Yorio, hermano de Osvaldo, declaró tiempo atrás: “Conozco gente a la que Bergoglio la ayudó. Eso es lo que revela sus dos caras y su proximidad con el poder militar. Era un maestro de la ambigüedad”.

Ahora, las dos caras de Bergoglio han dado paso a una tercera: el papa Francisco. Horacio Verbitsky no se explica, por ejemplo, por qué Adolfo Pérez Esquivel ha cambiado de posición respecto de sus dichos de 2005, cuando acusaba directamente a Bergoglio y rogaba “al Espíritu Santo” para que el cónclave cardenalicio de aquel año no lo eligiera Papa.

Es muy simple: no se trata del mismo personaje. El obispo Bergoglio es ahora Papa, “el santo padre”, el jefe de una Iglesia que se cae a pedazos, que se hunde en su propia podredumbre de pedofilia, escándalos financieros, asesinatos y pérdida masiva de adherentes. Y Pérez Esquivel es, ante todo y sobre todo, un hombre de esa Iglesia. Y el que antes era Bergoglio y ahora es Francisco carga sobre sí una misión pesada: la que, según la leyenda cristiana, Jesús le encomendó al santo de Asís cuando le dijo “corre, Francisco, ve a salvar mi Iglesia que se derrumba”.

No es fácil, porque esa Iglesia, desde hace mucho, es un trasto histórico.

A. Guerrero

Que se investigue realmente el secuestro de Yorio y Jalic

Que el Estado y la Iglesia abran los archivos

La persistencia en denunciar la complicidad de Bergoglio en la desaparición de los sacerdotes jesuitas Osvaldo Yorio y Francisco Jalics en 1978, le ha valido a Horacio Verbitsky una andanada de fuego tanto amigo como enemigo. Lo desmintieron Alicia Oliveira, Pérez Ezquivel y el pianista Miguel Ángel Estrella, y lo atacaron con munición pesada representantes de la corporación clerical y de los medios. Desde las páginas de Clarín, Jorge Lanata se despachó con acusaciones sobre el papel de Verbitsky en las dictaduras de Onganía y de Videla. En el primer caso, como destacado redactor de la revista golpista Confirmado. En el segundo, por la colaboración en un libro del comodoro Juan José Güiraldes, integrante del lobby militar de la época y redactor de los discursos políticos del jefe de la fuerza aérea, que fue editado por el Círculo Aeronáutico. Lanata y Verbitsky convivieron, durante una década, en el staff jerárquico de Página/12. Verbitsky reconoce haber colaborado con Güiraldes, “en un libro técnico sobre aviación comercial”, y relata, en otro contexto, cómo se paseaba por Buenos Aires, sin ser incomodado, durante el Mundial del 78 (no necesitaba seudónimo). Lanata dice que Verbitsky abandonó Montoneros en 1977, cuando era su segundo jefe de inteligencia, y que permaneció en el país con su nombre y documento real.

Verbitsky se ha quedado solo, especialmente en el campo K, después de que CFK partió en peregrinación a Roma. El “Chino” Navarro, Pérsico, Moreno, Feinmann -la ‘flor y nata’ del cristinismo- se sumaron a la euforia ‘destituyente’ por la elevación de Bergoglio al papado. Hasta Página/12 ha publicado una desmentida oficiosa contra Verbitsky por medio de una columna de opinión del periodista Santiago O’Donnell. El aislamiento de Verbitsky en su propia redacción recuerda al que sufriera hace siete años el gran periodista Julio Nudler, por parte del propio Verbitsky, cuando Nudler denunció los manejos del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, bajo el gobierno de Menem, en la Superintendencia de Seguros. Según los K, Fernández ha sido siempre un hombre de la Corpo.

La polémica, por estos días, ha reflotado varias otras cosas. Por ejemplo, que Verbitsky está ligado a la Fundación Ford y que el CELS, que lo tiene por dirigente, está patrocinado por una entidad de la CIA Endowment for Democracy, que presidió durante mucho tiempo el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. La entidad norteamericana encabeza una campaña contra el ‘cepo mediático’ que atribuye al chavismo.

La nominación de Bergoglio se ha convertido en el accidente histórico que ha dejado al desnudo la inconsistencia del kirchnerismo, otro accidente de la historia. Pero no zanja la veracidad de la denuncia de Verbitsky. Luis Zamora, con un pasado opuesto por completo al de Verbitsky, ha expuesto en forma minuciosa la responsabilidad que habría tenido Bergoglio en aquellos secuestros -más allá del respaldo de la Iglesia en su conjunto a la dictadura. Ninguno de los impugnadores de la trayectoria de Verbitsky exige una investigación de lo ocurrido con los dos curas jesuitas, lo que demuestra que sus ataques al escriba del oficialismo son funcionales a un encubrimiento de los hechos.

Exigimos una investigación independiente del secuestro de Yorio y Jalics, así como la apertura de los archivos secretos del Estado, las fuerzas armadas (valga la redundancia), la Iglesia y el propio Vaticano. La curia vaticana ha jugado un rol decisivo en la política argentina, por lo menos desde el armado del retorno de Perón y la promoción del genocida Massera.

Marcelo Ramal

Crisis en Carta Abierta

Bergoglio se encargó de que Horacio González y José Pablo Feinmann no pudieran presentar su libro reciente en un programa de televisión al que habían sido invitados. Feinmann, fiel a su carácter, se travistió al clericalismo en menos de lo que canta un gallo, sin dar siquiera un pito de atención a las denuncias de su correligionario Vebitsky, ni a las carpetas voluminosas sobre la complicidad de la Iglesia local con la dictadura. El menemista del primer día ahora salió a “ganarse al Papa” -la línea que bajó el controlador de precios. Por eso se apresuró a festejar los carteles celebratorios del papado que se colgaron en el Mercado Central. No nos equivocamos frente a la posición que tomó este personaje en ocasión del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, cuando lo caracterizamos como un objeto descartable.

González, a diferencia del charlatán que funge de ‘filósofo’, alertó contra la reivindicación de Bergoglio. La pretensión de “pensar el todo” no duró. González advirtió contra el peligro de reconstruir la “nación católica”, el planteo genético del peronismo, aunque no haya ilustrado el punto con el aliento que dio Perón a fascistas como Jordán Bruno Genta, la designación del integralista Mario Amadeo como candidato del Frejuli en las elecciones ‘camporistas’ de 1973, o la designación de Oscar Ivanissevich, otro facho de las Tres A, a la rectoría de la UBA. González, de todos modos, recordó a los neo-papistas que su nuevo ícono “viene a cerrar con rostro conservador, astuto y de un modo oscuro, los grandes debates de los años ’70… Bergoglio pertenece a esta saga política del ‘encuadramiento de lo popular’ actuando en el ‘interior’ de esquemas estatales o militares”. Días más tarde, González atenuó considerablemente lo que al final no parece que vaya a pasar de una queja. Es que se rumorea un despido de González de su cargo oficial en la Biblioteca Nacional.

El efecto disolvente que ha provocado el ‘papazo’ en el kirchnerismo desnuda a todos los charlatanes que se ‘comieron’ la “victoria cultural” del kirchnerismo y se atrevieron a anunciar una “Argentina kirchnerista”. Ningún movimiento nacional puede adquirir envergadura sobre la base del precio elevado de la soja en el mercado internacional.

Otro revés ante los fondos buitres

Financian fuga de capitales con plata de los jubilados

A sólo horas de que Argentina realice su oferta de pago a los fondos buitre, la Corte de Nueva York rechazó el recurso presentado por el gobierno para que un plenario de toda la Cámara revise la sentencia a favor de los fondos buitre. El caso queda, entonces, circunscripto a los tres jueces que darán su veredicto sobre la oferta y modo de pago de los 1.330 millones de dólares que reclaman los fondos que rechazaron los canjes de deuda de 2005 y 2010. Se trata de la suma del capital original -440 millones- más los intereses acumulados.

La resolución de la Corte, que rechaza la convocatoria a un plenario de jueces, provocó la disparada de los precios de los seguros contra un ‘defol’, así como una nueva caída de los precios de los títulos bajo legislación de Nueva York. A pesar de ofrecer rendimientos altísimos en dólares (del 18% anual), estos títulos son vendidos a precios de remate. Por otro lado, una nueva corrida en el mercado de cambios paralelo, en sus diversas versiones, llevó nuevamente el dólar a una cotización superior a los 8,50 pesos.

Vaciamiento de la Anses

El gobierno financia esta fuga de capitales con fondos de la Anses. Financia al Tesoro Nacional sin necesidad de usar las reservas del Banco Central, mediante la venta de títulos en dólares en poder de la caja de los jubilados (Estudio Bein, Clarín). En los últimos días, ha intentado contener la escalada del paralelo utilizando “fondos procedentes de entidades gubernamentales (…) se sacan plazos fijos en dólares de la Anses (…) se cursan por intermediación de algunos agentes de cambio al mercado blue” (Orlando Ferreres, Infobae). En la cola de los fondos buitres que litigan en Nueva York, se encuentran otros 14.000 millones de dólares en ‘defol’ de otros acreedores que rechazaron los canjes; más 9.000 millones de dólares en ‘defol’ con el Club de París y diversos juicios en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

El gobierno vacía la Anses en un intento vano por detener el alza del dólar y la fuga de capitales, lo cual solamente podría ser parado mediante el desconocimiento de la deuda externa usuraria, la nacionalización de los bancos y la reorganización de la economía nacional sobre nuevas bases sociales.

Sergio Szulman

“La licitación del transporte en Córdoba Capital es un negociado escandaloso”








Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y candidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda, en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, afirmó que la licitación del sistema de transporte urbano que impulsa el intendente Mestre implica un “negociado escandaloso” a favor de las empresas que, en virtud de esa licitación, logren quedarse con los recorridos más rentables.

En tal sentido, Salas reivindicó el proyecto de ordenanza presentado por el Partido Obrero en el Concejo Deliberante y que plantea que los recorridos que actualmente presta la Tamse sean retirados de los pliegos licitatorios, ya que su inclusión -señaló- "en definitiva obligará al municipio a hacerse cargo de los recorridos deficitarios que sean descartados por los empresarios del transporte. De este modo -aseguró- la perspectiva es que sectores enteros de la población se queden sin colectivos”. Y continuó: “La privatización del sistema de transporte supondrá vaciamiento del servicio y despidos de choferes, cuando los subsidios y tarifazos por la famosa fórmula polinómica para el precio del boleto no satisfagan el apetito de ganancias de los empresarios”.

En función de lo anterior, el candidato del Frente de Izquierda exhortó a los concejales que dicen oponerse a esta iniciativa del ejecutivo municipal en materia de transporte urbano a “que tomen en sus manos la defensa en el Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza presentado en mesa de entradas por el Partido Obrero, que plantea la vigencia de una Tamse estatal, de gestión pública, bajo control de trabajadores y usuarios, ya que expresa el interés popular en relación a esta importante cuestión”.


Eduardo Salas -> (0351) 155-477025


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

26 de marzo de 2013

PROYECTO DE ORDENANZA CONTRA LA PRIVATIZACION DE TAMSE

Fue presentado en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba un proyecto de ordenanza elaborado por el Partido Obrero que plantea el retiro de los recorridos que presta la empresa municipal de colectivos (Tamse), de los pliegos de licitación para el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros.

25 de marzo de 2013

Un planteo sobre la inseguridad

A propósito de la “ley de cascos”

Por Eduardo Salas (*)












La legislatura de Córdoba, con el voto del oficialismo y la UCR, acaba de aprobar una modificación al Código de Faltas agregando la facultad de la policía de penar con multa o hasta 20 días de cárcel a aquellos motociclistas que no lleven ellos y/o sus acompañantes cascos con el número de dominio visible a través de un sticker. 

La iniciativa fue presentada como un aporte a la lucha contra la inseguridad ante la constatación de que hay un número creciente de delitos (arrebatos, robos, etc.) cometidos por “motochorros”. La patente grabada en el casco permitiría, según los funcionarios del Ministerio de Seguridad, identificar a la distancia o en videocámaras a quienes perpetren estos ilícitos.

Según los propiciantes, se trata de una medida que si bien no resuelve el tema de fondo sería de ayuda para poner un límite a esos delitos.

¿Es efectivamente así?

En las comisiones y en el recinto de la Unicameral señalamos que no podíamos votar a favor del proyecto porque no sólo no va a frenar la inseguridad sino que por el contrario la va a acrecentar.

En los últimos años el presupuesto para seguridad fue aumentado en un porcentaje mayor que otros rubros vitales, como es el caso de salud o educación. Córdoba, según señala el propio gobierno, es la provincia cono mayor cantidad de policías per capita. Cualquiera que recorra la ciudad y la provincia podrá corroborar que es así. De la Sota dio carácter de ministerio a lo que era una secretaría. El gobierno propagandiza que aumentó sustancialmente el número de efectivos, de armas y patrulleros. En los últimos tiempos helicópteros de la policía sobrevuelan la ciudad capital e iluminan con focos potentes las villas de emergencia o los llamados “barrios calientes” (El alumbrado público brilla por su ausencia en casi la mitad de la ciudad). En el terreno de las leyes Córdoba cuenta con un Código de Faltas que otorga a la policía amplios poderes para detener ciudadanos bajo decena de pretextos, sin ningún ilícito evidente. Gracias a este Código el 45% de los jóvenes de Córdoba, sobre todo los de los barrios obreros, ya pisó una comisaría o precinto y tiene una “ficha”. Recientemente se aprobó una ley llamada “antidrogas”, por la cual un delito que estaba en el ámbito de la justicia federal pasa al fuero provincial si se trata de una comercialización en pequeña escala. Esto ya sirvió para operativos sobre consumidores, etc.

Ahora bien toda estas “herramientas” que el gobierno y la legislatura le dieron a las fuerzas de represión, ¿significaron una merma de la inseguridad? No, todo lo contrario (En estos primeros meses del año la cantidad de homicidios en la provincia creció exponencialmente, acercándose a las cifras de Rosario que lideraba el ranking).

¿Se trata de una contradicción? No.

Los propios funcionarios del gobierno y algunos de la justicia reconocen que el Código de Falta habilita un abuso policial, sería la consecuencia “negativa” de una medida necesaria. El Código de Faltas, el fuerte armamento, las leyes “estilo Blumberg” fortalecen un aparato y por lo tanto la posibilidad de impunidad de sus acciones. Los delitos que invaden la vida cotidiana de la población no podrían realizarse sin la intervención de un fuerte aparato, es lo que sucede con la droga, la trata y el robo de automotores por ejemplo. En estos delitos están fuertemente metidos funcionarios policiales, políticos y judiciales que pudren la vida de la juventud y que reclutan en las barriadas arreciadas por la desocupación la mano de obra barata para sus negocios de la que luego se desprenden (muchas veces con un tiro); son una fábrica de delincuentes. El gatillo fácil es la emergencia visible de esta pudrición.

Es el aparato estatal podrido la fuente de la inseguridad, y todas las medidas y leyes que fortalezcan ese aparato, su impunidad, su poder represivo sobre la población, provocan mayor inseguridad. Y esto es lo que sucederá con la llamada ley de los cascos.

La salida es desarmar (legalmente y materialmente) ese aparato podrido. La función de una acción represiva sobre el delito tiene que tener como único sentido cuidar la vida y la propiedad de los trabajadores, por lo que debe estar en manos de personal sin ninguna vinculación con el aparato que aún hoy es una continuidad del existente bajo la dictadura militar, y cuya designación debe hacerse con el control y el poder de veto de las organizaciones de DDHH y de la clase obrera.

Más aun, la acción de una fuerza de represión del delito debe estar sujeta al control de la población (Los libros de las comisarías y precintos son propiedad privada de los funcionarios policiales cuando debieran estar abiertos al control de los vecinos de las barriadas donde están asentados). Los funcionarios policiales y jueces deben ser elegidos, con la posibilidad de revocatoria, por el voto popular.

Este programa de medidas transitorias es el que puede garantizar una disminución de la inseguridad y actuar sobre los verdaderos generadores de los delitos. Estas medidas complementan la lucha por el salario igual a la canasta familiar, la eliminación de los impuestos sobre los ingresos, contra la desocupación, por la salud y la educación.

Los políticos patronales usan el argumento de la inseguridad que sus gobiernos provocan para obtener mayor impunidad y poder para quienes evidentemente están atrás de la misma. No es más que la confesión de la definitiva pudrición del capitalismo, cuyos funcionarios sostienen a costa de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

La alternativa es por izquierda y es socialista.

(*) Dirigente del Partido Obrero de Córdoba en el Frente de Izquierda; candidato a Diputado Nacional.

Declaraciones de Jorge Altamira durante la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires


El Partido Obrero en el Frente de Izquierda participó de la multitudinaria marcha convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia con motivo del 37 aniversario del golpe militar de 1976. Desde la cabecera, Jorge Altamira señaló: “Tengo la firme opinión que este 24 de marzo no es como los otros 24 de marzo. Delante de la columna del EMVyJ hay sectores oficialistas que también conmemoran este día, pero lo hacen en el marco de un gobierno que acaba de realizar un pacto con la Iglesia que es cómplice de la dictadura militar. Entonces, el sentido que tiene para el Partido Obrero y para mí y supongo para todo el Frente de Izquierda es que esta es una manifestación contra la impunidad de ayer y de hoy, por los 30.000 desaparecidos pero es una ratificación de la denuncia de la colaboración política de la Iglesia, de los partidos de la clase capitalista, de los empresarios, de los capitalistas mismos, con la dictadura militar”.

“Aquí, en esta columna hay una claridad, se mantiene viva la memoria, la concepción y la caracterización del golpe militar. Delante de nosotros hay una manifestación que medra en la confusión porque el gobierno que apoyan ya no tienen más un discurso coherente sobre el tema derechos humanos, desde el momento que ha pasado a un pacto con la Iglesia argentina que ha jugado un rol absolutamente decisivo en el golpe por la propia guerra civil que se libraba en su seno contra los curas que realmente estaban con los trabajadores, que reclamaban una emancipación de América latina y que desde un ángulo teológico se acercaban con sus reivindicaciones a los intereses del pueblo”.

23 de marzo de 2013

Conversaciones con el Partido Obrero

Vení a discutir el proyecto de ley contra la precarización laboral

El sábado 23 de Marzo se realizará una mateada con Eduardo Salas, candidato a Diputado Nacional por el FIT, y Cintia Frencia, legisladora provincial electa, para discutir junto a trabajadores estatales un proyecto de ley contra la precarización laboral, que próximamente presentará el Frente de Izquierda en la Unicameral.

La actividad se realiza en el marco de la campaña “Conversando con el Partido Obrero” lanzada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, de cara a las elecciones de octubre, a fin de desarrollar una alternativa de izquierda que lleve los intereses de los trabajadores al Congreso Nacional.

La cita es el sábado 23, a las 17 hs., en Jamais Vu Arte Bar (Marcelo T. de Alvear 690).


* Eduardo Salas, Candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, Legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA


21 de marzo de 2013

Vení a conversar con el PO: Encuentro con Eduardo Salas

Sábado 23/03 - 17 Hs. - M. T. de Alvear 690 esq. Laprida, B° Güemes


El Partido Obrero presentó hoy en el Concejo Deliberante un proyecto contra la privatización de la TAMSE























El candidato a Diputado nacional por el Frente de Izquierda, Eduardo Salas, junto a José Zarate y Manuel D’Alessandro, todos dirigentes del Partido Obrero, presentaron hoy en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece la exclusión de los corredores que actualmente explota la empresa municipal TAMSE del pliego de licitaciones del servicio de transporte público. 

“Desde el Partido Obrero ya hemos expresado, en innumerables oportunidades, nuestro rechazo a la privatización de la TAMSE, puesto que significaría un retroceso de 10 años. No olvidemos que esta empresa municipal fue creada frente al vaciamiento de las empresas privadas de las líneas de transporte que no les resultaban rentables, lo que generó una importante crisis dejando a los sectores más empobrecidos de la población sin un servicio esencial”, declaró Eduardo Salas en una radio local. Y continuó: “Hoy, frente a la crisis fiscal del municipio y el vaciamiento de la TAMSE, pretenden hacernos pagar una vez más a los usuarios y trabajadores del transporte con una privatización, que significará, por un lado, un deterioro aun mayor del transporte en la ciudad, en la pretensión de hacer un negocio de un servicio público; y por el otro, un ataque a las condiciones laborales de los choferes”.

Salas finalizó: “El proyecto que presentamos apunta a defender los intereses de los usuario y trabajadores, quienes ya sufrimos impuestazos y tarifazos en función de que ‘los números cierren’. Planteamos una Tamse estatal, de gestión pública, bajo control de trabajadores y usuarios".


* Eduardo Salas, Candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Manuel D’Alessandro, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155078317


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

24 de MARZO: Marchamos por los derechos humanos de ayer y de hoy.

Conferencia de Prensa

El día viernes 22 de marzo, las organizaciones que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Partido Obrero, Izquierda Socialista y PTS), junto al Nuevo MAS y el PSTU, realizarán una conferencia de prensa a fin de convocar a la movilización del próximo domingo 24 de marzo.

A 37 años del golpe, tenemos miles de razones para movilizarnos. Al día de hoy sólo una ínfima minoría de los responsables del golpe militar ha sido sentada en el banquillo de los acusados, mientras la mayoría de los militares condenados gozan de prisión domiciliaria. Por eso saldremos a las calles en todo el país bajo el pedido del juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos del golpe genocida. Pero también salimos en reclamo de los derechos humanos de hoy, que son sistemáticamente violados mediante la Ley Antiterrorista, Proyecto X, la tercerización de la represión, y en nuestra provincia mediante el Código de Faltas. Esto ha tenido como saldo miles de procesados por luchar a nivel nacional, jóvenes desaparecidos y más de 20 luchadores populares asesinados desde Mariano Ferreyra hasta el momento. Es por esto que exigimos también el juicio y castigo a los responsables de estos asesinatos, y la perpetua para Pedraza y sus socios, asesinos de Mariano Ferreyra.

Invitamos participar de la conferencia de prensa a realizarse en Art-Decó (Humberto Primo y Sucre), a las 11 horas, a fin de convocar a la movilización independiente, tanto de la convocatoria oficialista impulsada desde las organizaciones ligadas al gobierno nacional, como de la oposición patronal.


CONFERENCIA DE PRENSA: VIERNES 22 - 11 hs. - Art-Decó (Humberto Primo y Sucre)

MARCHA: Domingo 24 de MARZO - 17: 30 hs. - Colón y Cañada



* Eduardo Salas, Candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, Legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

La pascua de los devaluadores











Entre la asunción del Papa y Semana Santa, los pulpos financieros e industriales se han lanzado a la faena (nada santa) de correr contra el peso.

El dólar paralelo trepó, en menos de lo que canta un gallo, hasta superar en un 80% al cambio oficial.

La devaluación que quieren arrancar tiene sus beneficiarios.

Los que fugaron dólares durante los últimos años, incluidos los amigos del gobierno y bajo sus propias barbas.

Los monopolios exportadores, que esperan reducir el valor de los salarios que pagan en “moneda dura”.

Las mineras y petroleras, que quieren multiplicar los beneficios de la expoliación del suelo.

La corrida deja ver la impotencia del gobierno y sus aparentes “controles”.

¡Pero los K también esperan sacar lo suyo con un derrumbe de la moneda!

Desvalorizando los salarios y gastos sociales.

Sacando tajada impositiva de la carestía, a través del IVA y otras cargas.

Licuando la deuda pública en pesos, que acumulan la Anses y los bancos oficiales.

En la ‘puja distributiva’, la devaluación del peso inclina la balanza en contra de los trabajadores.

Una devaluación aumentaría los beneficios de los capitalistas, a costa de los que trabajan.

Ninguna devaluación.

Nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Investigación y no pago de la deuda usuraria.

Apertura de los libros de las empresas y control de los trabajadores.

Salario mínimo de 7500 pesos, ajustable por la inflación. Ningún tarifazo.

Que las CGT y las CTA convoquen a asambleas en todos los lugares de trabajo, por un plan de lucha para impedir el ‘Rodrigazo’ y arrancar nuestras reivindicaciones.

Medios: lo que la justicia no da, los K lo toman

El “affaire Tinelli”, la aprobación del Afsca del traspaso a manos del magnate del juego Cristóbal López de los medios televisivos y radiales comprados a Daniel Hadad el año pasado y los ideologizados “pases” en las principales radios son los últimos episodios que muestran las intenciones de regimentación mediática del gobierno kirchnerista, objetivo que intentan cumplir más allá de las posibilidades de la Ley de Medios. También señalan la pusilanimidad de la progresía centroizquierdista local, convertida en alfil de esta regimentación aún a costa de deber quitarse la máscara que portaban y que los mostraba como capitanes de la lucha contra las corporaciones -convertidos en arietes de la corporación mediática K.

Los vaivenes de Marcelo Tinelli, el hiperexitoso conductor televisivo, para decidir la pantalla que cobijaría durante 2013 a su programa Showmatch fueron fruto de una precisa operación digitada desde la Casa Rosada. Cristóbal López (cuándo no) le propuso a Tinelli la compra de parte de su productora Ideas del Sur -de la que es socia la Corpo Clarín- con el objetivo de que su programación pase de Canal 13 a Telefé, cuyo dueño es la española Telefónica y que se ha mostrado afín al gobierno para preservar en paz sus negocios y negociados. Una de las cláusulas del trato implicaba que no debía salir el segmento “Bailando” en el que participarían imitadores de políticos, sketch que en 2009 fuera muy favorable a Francisco De Narváez, que terminó derrotando al mismísimo Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Finalmente las arduas negociaciones quedaron en la nada, pero con el “logro” de sacar a Tinelli de canal 13, un duro golpe comercial para la Corpo. Las últimas novedades dan cuenta de un año sabático por parte del conductor o de la posible compra de Tinelli de Canal 9, un negocio redondo para el empresario mediático y showman y un pase de manos de un canal repetidor de la esfera de informaciones estatal. Los planes de la Rosada, sin embargo, revelan que la pontificada “pluralidad de voces” es sobre todo un chamuyo, incluso al precio de una tinellización general de las programaciones televisivas.

Un peldaño que ya lograron con la compra del multimedios Hadad por parte del millonario del juego, el petróleo, la recolección de residuos y la obra pública Cristóbal López. La kirchnerización de la programación de C5N o Radio 10 no pasa inadvertida para nadie ya que las otroras cloacas de la derecha local se han traspasado a las loas del gobierno -lo cual demuestra, además, que un sector del periodismo editorial no se diferencia del soldado pago a la hora de rendir pleitesía a sus mandantes-. A tal punto llegó la uniformación del discurso del multimedios que hasta el inefable Eduardo Feinmann -exponente de lo más degradado de la reacción- se ha vuelto kirchnerista y hasta se ha comenzado a lavarle la cara en los medios oficiales presentándolo como un personaje “cool”. Debe remarcarse que la transferencia de los medios de Hadad a López es irregular pero que de todos modos fue aprobada por el Afsca, organismo de aplicación de la ley de Medios comandado por el progre Martín Sabatella… No es el único holding de medios que pervive en situación irregular: no habría que dejar de mencionar que canal 9 pertenece al mexicano Ángel González, algo explícitamente prohibido por la susodicha ley.

Así las cosas, el mercado de pases de las radios responde más a la uniformidad de trincheras que a la “democratización” del discurso radiofónico. De este modo, la Corpo queda cada vez más derechista con las incorporaciones de Marcelo Longobardi y Pepe Eliaschev a su programación diaria (mientras continúa con su alto poder de fuego con los informes periodísticos de la segunda mañana de Jorge Lanata) y Radio 10, Del Plata y América -entre otras- profundizan su marcado discurso oficialista. Todo esto mientras en los pasillos de tribunales se anuncia un nuevo fallo favorable al pulpo empresarial de Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.

Sin embargo, lo que la ley no da, lo procura el dinero. Esa es la moraleja de las distintas operaciones empresariales, pases y pases frustrados realizados a través de empresarios oficialistas con el fin de que el arco mediático masivo sirva como base del discurso comunicacional favorable a un gobierno que lo precisa cada vez más ya que, cada vez más, se muestra como un gobierno en crisis. La zanahoria del treinta por ciento para organizaciones sociales sigue siendo una quimera (incluso a pesar de que los grupos de medios alternativos que reclaman por su aplicación hayan realizado muestras de kirchnerismo explícito como cuando, por ejemplo, se movilizaron el 7D para escrachar a Clarín, actividad de la que participaron grupos filo kirchneristas e incluso los miembros del PCR que luego pasarían a engrosar su fracción disidente, el CRCR).

A tres años de la aprobación de la ley de medios, se puede afirmar que su principal logro ha sido el entusiasmo provocado en cierta progresía académica de las facultades de comunicación y la posibilidad de negocios mediáticos para el empresariado kirchnerista

Ariel Schraiber

Martínez de Hoz

José Alfredo Martínez de Hoz, muerto en su casa aunque con prisión preventiva por el secuestro de dos empresarios, es, casi, casi, una leyenda argentina. A él acuden “demócratas” de los pelajes más diversos para atribuirle todos los males del país: la destrucción de la industria (“da lo mismo acero o caramelos”, diría uno de sus compinches), la deuda, la dichosa “tablita” y otra lista larga. Como si el hombre hubiera surgido de un repollo.

Conviene recordar, sin embargo, que el plan económico que aplicó Martínez de Hoz ya era el del gobierno peronista, el de Celestino Rodrigo (el meneado Rodrigazo), que no pudo prosperar porque lo frenó la huelga general de junio-julio de 1975. Martínez de Hoz llegó para ejecutar el programa que el peronismo no podía llevar a la práctica, porque para eso hacían falta Videla y el terrorismo de Estado.

Estanciero, miembro del directorio de Pan American Airways y de la International Telegraph & Telephone (ITT), Martínez de Hoz era también asesor del Chase Manhattan Bank y ejecutivo de Acindar -subsidiaria de la USS Steel-, de Bracht, del grupo Soldati, de Braun Boveri y de la banca Roberts, lo cual da, aproximadamente, una idea de los intereses que impulsaron el golpe.

José Ignacio López era columnista entonces en el diario golpista La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, y escribió: “El ministro se ubica entre aquellos que han advertido que el hombre de negocios no puede permanecer recluido en el estrecho círculo de sus negocios, sino que debe participar crecientemente en la solución de los problemas de la sociedad contemporánea” (28/3/1976).

Martinez de Hoz fue, además, un gángster activo, pues impulsó el secuestro de capitalistas rivales para quedarse con sus empresas. Por eso está preso ahora, y no por el secuestro, tortura y asesinato de activistas obreros en Acindar, la empresa que dirigía.

La burguesía nacional

La pertenencia de Martínez de Hoz a corporaciones imperialistas alimentó otra leyenda, repetida hoy hasta el cansancio por medios oficialistas: el “superministro” de la dictadura habría sido un simple representante de intereses extranjeros que operaban en contra de la burguesía.

La realidad es menos nítida. Durante la dictadura se acuñó la expresión “capitanes de la industria”, para denominar a la gran burguesía industrial de Argentina. Sus nombres principales eran Rocca (Techint), Pérez Companc, Franco Macri, Santiago Soldati, el papelero-petrolero Bulgheroni o el azucarero Blaquier. La dictadura intentó hacer lo mismo que buscaba Pinochet y, desde antes, las dictaduras de Corea del Sur, Taiwan o Brasil: generar una burguesía capaz de desarrollar una acumulación de capital de características ‘multinacionales’. Por eso los militares le pusieron obstáculos al remate de empresas del Estado, cosa que les acarreó choques varios con el FMI. No se tiene en cuenta que la privatización masiva tuvo lugar bajo el peronista Menem, precisamente porque no se habían producido bajo los militares. Cuando Menem dispuso las privatizaciones, entregó una fuerte participación en ellas a los ‘capitanes de la industria’ que habían hecho su agosto con Martínez de Hoz, Videla y compañía. Hace apenas un par de semanas, esa estrategia fue reivindicada por Axel Kicillof, que ofreció como prueba de su éxito los casos de los países mencionados, en especial Corea del Sur…

Los Kirchner, por su parte, se muestran desagradecidos cuando vituperan a Martinez de Hoz, autor, con Cavallo, de la circular 1050, que asfixió y expropió a los deudores hipotecarios. Con esas ejecuciones, propiciadas por la 1050, ellos se enriquecieron en Santa Cruz, acumulando una fortuna amasada por un saqueo social.

Por otra parte, los K han sido los más puntuales pagadores de la deuda externa que dejó el extinto. Martínez de Hoz ha muerto, pero su política, con diversas variantes y en circunstancias muy distintas, sigue aquí.

A. Guerrero

Democratización de la Justicia: maniobras de un gobierno en crisis

Los temores que podían existir en la “corporación judicial” a una transformación que afectase los intereses que manejan desde la trastienda fueron disipados por la propia presidenta. Por boca de sus elementos más locuaces, el kirchnerismo había amenazado con la bandera de la elección popular de los jueces, lo cual hubiese sido un paso democratizador incluso con los límites que dicha medida tiene cuando los recursos de pode están concentrados en una clase social explotadora y su Estado. Lejos de las amenazas previas, la presidenta sólo propuso la elección popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura (sólo de 6 sobre un total de 13), un órgano rosquero como pocos, que tiene por función elevar una terna para la elección de jueces. La decisión final seguiría estando como hasta ahora en el Senado y el propio poder Ejecutivo. Cristina no se animó siquiera a anunciar un proyecto para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Prefirió pasarle la pelota a la propia Corte, con la intención manifiesta de provocarle un desgaste político.

A la medida del Estado y las patronales

Cuando se deja de lado la demagogia oficial, los anuncios de CFK van en un sentido contrario al que se proclamó. La creación de Cámaras de Casación en los fueros previsional y laboral demorarían aún más la llegada de las causas a la Corte Suprema. Ello traerá aparejado, en primer lugar, una mayor tardanza en la resolución de los juicios de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Una medida elemental de democratización de la Justicia supondría que la Corte haga extensivo a todos los afectados los alcances de los fallos que imponen los reajustes a los haberes no aplicados en los últimos años. Pero a pesar de las peleas entre ellos, la Corte y el gobierno actúan juntos contra esa posibilidad. Otro tanto ocurre en la relación a los casos de accidentes laborales. La nueva ley de ART, redactada por la UIA, condiciona el acceso a la Justicia por parte del trabajador accidentado a la renuncia a la indemnización de la ART. La creación de una Casación en este fuero sumaría mayor demora, y por lo tanto, menor interés en iniciar un proceso judicial. Los patrones tienen motivos para apoyar el proyecto del gobierno.

El proyecto “democratizador” limitará la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en relación con los daños que cause su accionar a particulares. En el país de la masacre de Once, Cromagnón y de los asesinatos por `gatillo fácil`, es un programa de encubrimiento a favor de la burocracia estatal.

Reforma constitucional

Es cierto que CFK dijo que no pensaba modificar la Constitución, aunque el “operativo clamor” lanzado por sus chupamedias en las últimas semanas parece mostrar por donde pasan sus verdaderas intenciones. Pero sin esa reforma, difícilmente pueda avanzarse en una elección parcial de los miembros del Consejo de la Magistratura. jueces. SI incluso a pesar de estas objeciones la iniciativa cobra forma de ley, se iniciarían presentaciones judiciales reclamando su inconstitucionalidad. Se crearía, así, un escenario similar al de la Ley de Medios. La última palabra la tendría la Corte.

De esto surge que el gobierno busca darse una bandera progresista para la campaña electoral de este año. C umpliría la función que tuvo la Ley de Medios, y que terminó siendo un recurso para los negocios de un puñado de capitalistas amigos. Si logra avanzar en la reforma, el paquete de leyes sobre la Justicia servirá para darle una envoltura democrática al re-reeleccionismo.

Alternativa

Los anuncios oficiales han servido para mostrar no sólo el carácter reaccionario que anima al kirchnerismo sino también la orientación conservadora de la oposición tradicional, que rápidamente cerró filas con la corporación judicial, defendiendo su carácter de casta no electa ni controlada por el pueblo. La Justicia, en el régimen actual, está controlada por los grandes estudios jurídicos, los que a su vez tienen vínculos estrechísimos con las grandes empresas. Hablar de “justicia legítima” sin modificar este fundamento es una contradicción en término.

Frente a los proyectos del oficialismo y la defensa del estatus quo de la oposición tradicional planteamos el acceso gratuito del pueblo a la Justicia, la elección popular y la revocatoria de los jueces, como parte de una transformación social bajo la dirección de los explotados.

Gabriel Solano

Un hombre de Estado

La versión de que su condición humilde y austera encumbró a Bergoglio al papado no puede ser tomada en serio. Se trata de un hombre de Estado (de la monarquía absolutista vaticana). Bergoglio fue un hombre del aparato de la Iglesia colaboracionista de la dictadura. Antes de eso fue un enemigo activo de la Teología de la Liberación y de los curas tercermundistas. En el juicio de la Esma, no pudo responder en forma clara sobre su participación en el secuestro y tortura de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. Las hijas de Emilio Mignone, ministro de Educación de Onganía y activo militante por los derechos humanos bajo la dictadura de Videla, acaban de ratificar esa acusación. Esto no desmiente su participación personal en la protección de algunos perseguidos, como lo hicieron otros personajes aliados de la dictadura.

Bergoglio declaró en el juicio de la Esma, aun a sabiendas de que no era cierto que el episcopado no tenía archivos sobre desaparecidos y robos de bebés en el final de los setenta. Hoy todavía, el sátrapa Von Wernich (el capellán militar que participaba en las torturas, amigo del genocida Camps, que pedía dinero a los familiares de desaparecidos a cambio de informaciones falsas) sigue protegido en algún exilio parroquial. Lo mismo se ha hecho con el pedófilo obispo Edgardo Storni o el sentenciado cura Julio Grassi, quienes, por supuesto, no han sido excomulgados por sus “pecados mortales”. De manera reiterada, Grassi aseguró también (aunque haya que tomarlo con pinzas) que contaba con la protección de quien dirigía el arzobispado de Buenos Aires.

Los gestos de Bergoglio hacia los curas villeros, los familiares de Cromañón o la campaña contra la trata, no contradicen en absoluto su lealtad a la cúpula vaticana, responsable de dictaduras y violaciones de todo calibre. La Nación, en una infografía gigante sobre las posiciones de Bergoglio respecto de cuestiones candentes, destaca en el rubro “pedofilia” que el hoy Francisco “nunca se pronunció al respecto”. Es aquí donde toman todo su sentido sus palabras acerca de la ‘misericordia’, con los violadores y con los violentados. En el programa de Grondona, un cura criticó la justicia que no va acompañada de la misericordia -en una sociedad que asegura la impunidad para los opresores y poderosos. Bergoglio está advirtiendo que no será inmisericorde con la mafia vaticana, o sea que enarbola un programa de compromiso y encubrimiento. El curriculum de Bergoglio incluye sus coqueteos con la agrupación derechista Guardia de Hierro, así como su labor al frente de la Compañía de Jesús para poner en vereda a los curas tercermundistas partidarios de la Teología de la Liberación.

Pablo Rieznik

Francisco dividió a los K


Ni el ‘modelo’, ni el ‘proyecto nacional’, salvaron al kirchnerismo del ‘papazo’. La homogeneidad del discurso nac&pop no resistió el ‘romanazo’. Quien hasta ayer era el aliado ‘espiritual’ de Magnetto, se ha convertido, religiosamente, en un ícono del ‘populismo’. El campo oficial, poblado de camarillas, recibió la designación de Bergoglio con una crisis política en todos los niveles. La reacción inicial de pánico fue seguida por un ‘sálvese quien pueda’, y al final hasta el talibán D’Elía se hincó en el piso. Los Verbitsky, Horacio González y compañía, quedaron colgados del pincel, aunque con el paso de los días Página/12 fue ‘reequilibrando’ sus columnas de opinión.

La división que provocó el obispo ‘destituyente’ se manifestó en el chavismo latinoamericano -con Maduro y Correa a la cabeza tomando la hostia. Los “nacionales y populares” de toda América le han servido al Vaticano un arma de intervención política con la que la curia no contaba.

De acuerdo con varias versiones, los K operaron abiertamente para evitar la designación de Bergoglio. El embajador en el Vaticano, ‘Juampi’ Cafiero, habría recurrido a los servicios de un ex menemista para hacer llegar a los cardenales la carpeta con las denuncias acerca del papel de Bergoglio en el secuestro de dos curas jesuitas (Yorio y Jalics). Cafiero tuvo tiempo, siempre según esas versiones, de advertir a la cancillería que el “carpetazo” no habría producido efecto. Ante el hecho consumado, la propia CFK encabezó el giro pro-Vaticano. Del carpetazo fracasado pasó al regalo de un equipo de mate que le llevó al monarca (producido por una cooperativa trucha sin derechos laborales).

Si el gobierno creyó, siquiera por un momento, que el Vaticano podía rechazar un candidato por haber colaborado con una dictadura, debería despedir por lo menos a todo su servicio exterior. Bajo la dictadura, como cuando cayó por la derrota en Malvinas, la Iglesia local y el Vaticano demostraron ser cabales instituciones de Estado -un recurso último para salvar al sistema social capitalista y a su aparato político. Lo volvió a demostrar en la bancarrota de 2002, y vuelve a hacerlo ahora, cuando le tira una soga a la ahogada.

La derecha cristinista, encabezada por el barrabrava Moreno, apreció mejor la encrucijada que la ‘inteligentzia’ nac&pop. Moreno inundó el Mercado Central con fotos -el “Papa peronista”- de su ex compañero de Guardia de Hierro. Lo siguieron los gobernadores, uno tras otro. D’Elía, puntero histórico de la Pastoral Social, hizo un giro de 360 grados: compañero de Bergoglio en el “diálogo social” de 2002, lo acusó, ahora como cristinista, de entregador de sacerdotes bajo la dictadura, para volver al punto de partida de un modo desorbitado, pues lo comparó a los “cristianos primitivos”. La Cámpora se persignó con una misa de ‘acoglienza’ al nuevo Papa. Cuánta razón tenía Cervantes: “¡Cosas vederes, Sancho!” Verbitsky quedó aislado, en la compañía de Carta Abierta; Carlotto y Bonafini, sin margen para una retirada. El “Chino” Navarro -la izquierda de la izquierda K- los dejó en orsai al declarar que las denuncias de Verbitsky eran infundadas.

El cambio de frente del oficialismo no es una salida al paso. El kirchnerismo busca una transacción con Bergoglio. Ya insinúa mandar al archivo las modificaciones laicistas que fueron anunciadas para el Código Civil. Esto archivaría también el pretexto de modernizar la Constitución para amparar la convocatoria a una Constituyente. Ahora bien, lo último que va a entregar el cristinismo es la re-re, con la especulación de que la política argentina no tiene mesa de ofertas para el Papa. Se olvida, lamentablemente, del ‘peronismo’: gobernadores, intendentes y burócratas sindicales ya están notificados de que tienen que preparar la sucesión de una papisa. Viviani sonríe entre Francisco y Cristina.

La división producida en el cristinismo (y en el chavismo) es la expresión circunstancial de un impasse definitivo del actual régimen político. Para la izquierda es un aliciente adicional para producir, mediante una campaña política enérgica, un principio de reagrupamiento histórico de los trabajadores.

Gabriel Solano

Diabetes K

El discurso presidencial -la diabetes, según CFK, es una enfermedad de ricos- contradice el conocimiento científico.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa (azúcar) en sangre. De acuerdo con su forma de presentación más común se las denomina diabetes tipo 1 y tipo 2.

Cerca del 5por ciento corresponde al tipo denominado 1, cuyo origen es auto-inmune. Mayormente esta forma de diabetes ocurre en edades más tempranas de la vida y es de aparición brusca.

La diabetes 2 constituye casi el 90 por ciento de los casos existentes.

Se trata de una epidemia melliza con la obesidad y hasta considerada trilliza cuando se suma el sedentarismo.

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del año 2009 en mayores de 18 años, señala que en Argentina la prevalencia (es decir el número de casos) alcanza a 9,6 por ciento, señalando un incremento respecto del 2005 que se hallaba en 8,4 por ciento.

La misma encuesta establece que las personas con menos ingresos y menores recursos realizan menos controles de glucosa, ya que no se someten a exámenes de salud preventivos, aumentando el diagnóstico tardío con la aparición en forma temprana de las complicaciones de la enfermedad. El 50 por ciento de los enfermos de diabetes ignoran su padecimiento y un tercio de las que la conocen no la controlan ni la tratan, o lo hacen en forma deficiente.

Por su gravedad y carácter invalidante, la progresión de las complicaciones disminuye la calidad y la expectativa de vida de los enfermos, y aumentan el costo socioeconómico de la misma.

El volumen de gastos generados por la diabetes es significativo en todo el mundo y continúa incrementándose debido a diversas causas, entre las que se señalan el costo del diagnóstico y tratamiento y la pérdida de la productividad de las personas enfermas, así como las causas socioeconómicas y la crisis de los sistemas de salud de la seguridad social.

En conjunto, las enfermedades no transmisibles explican más del 60 por ciento de las muertes y están en mayor ascenso en países en vías de desarrollo. La posibilidad de evitarlas está en relación directa con las políticas implementadas para la prevención y control.

En su 9ª edición (2002), “Nutrición en salud y enfermedad”, de M.E. Shils, de seriedad indiscutida en la materia, señala que ya sea que la estratificación social se mida por distintas variables, ejerce un efecto notable sobre la salud en relación con la nutrición. Las personas de nivel social más alto viven más tiempo y tienen menor morbilidad que la de niveles inferiores. Las clases sociales más altas tienen acceso a dietas de alta calidad, poseen mejor instrucción y cuidados de salud, así como empleos mejor remunerados y que no implican riesgos físicos.

La obesidad afecta más a mujeres de menor nivel educativo y de bajos ingresos; la estratificación social del estado nutricional se relaciona con el mayor costo de las dietas de alta calidad y con oportunidades limitadas para acceder a la actividad física en los barrios pobres.

La pobreza, los precios de los alimentos y el atraso económico reducen la seguridad alimentaria de la población.

Mal que le pese al discurso oficial, la diabetes es una enfermedad que afecta mucho más a los sectores sociales más desprotegidos.

María Fenizoy – Luis Trombetta (Tribuna de Salud)

20 de marzo de 2013

Más cerrada que cónclave vaticano

Tras seis años de gobierno, el autoproclamado progresismo universitario no avanzó un milímetro en un proceso de democratización.

Por Cintia Frencia (Integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y dirigente de la UJS-Partido Obrero)

La Asamblea Universitaria que elegirá al próximo rector de la Universidad Nacional de Córdoba desató una fuerte lucha entre diferentes fracciones, las que no sólo disputan el manejo de la caja universitaria sino también el control de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) en un año electoral.

Pero, ¿somos los estudiantes y trabajadores universitarios los protagonistas del debate que colocará al próximo rector? ¿Acaso se han presentado propuestas por parte de los candidatos? La comunidad universitaria está al margen. La disputa se da a puertas cerradas, y se limita a una rosca entre camarillas.

Tras seis años de gobierno, el autoproclamado progresismo universitario no avanzó un milímetro en un mínimo proceso de democratización que haga partícipes a docentes, estudiantes y no docentes del destino de la Universidad. (Anótese como balance de la gestión de Carolina Scotto.)

Los grandes ausentes seguimos siendo quienes padecemos a diario las consecuencias de las pésimas condiciones de cursado, salarios de miseria (Scotto es despedida con un fuerte paro de los preuniversitarios), desvalorización de nuestro título, flexibilización y tercerización laboral, trabajo gratuito, etcétera. (Esto también anótese como balance.)

Sin embargo, estas prácticas heredadas del viejo rectorado menemista no son caprichosas: responden a la necesidad de llevar adelante una política de ajuste y privatización que no podría avanzar si no es de la mano de un gobierno concentrado en dos o tres camarillas que digiten los negociados en la Universidad.

Es así como durante seis años el “progresismo” filo-K cogobernó con la “derecha” radical, haciendo avanzar los convenios con las empresas a costa de los planes de estudios y la currícula de las carreras, recortando los salarios docentes y descargando un ajuste en el presupuesto universitario.

Hoy, esta alianza gobernante se ha roto y pretenden presentarnos una falsa polarización en la próxima Asamblea Universitaria, por medio de dos candidatos: por un lado, el scottista Francisco Tamarit; por el otro, el radical Alfredo Blanco.

¿Qué hay detrás de esta ruptura? La ruptura de Cambio Universitario (la alianza gobernante) no se da por diferencias programáticas, pues han gobernado en conjunto durante años, haciendo avanzar como nunca la orientación privatista fijada por la ley menemista de educación. Dicha ruptura está sin duda atravesada por la crisis política nacional y la disputa de oficialistas y opositores por quedarse no sólo con la segunda caja más importante de la ciudad sino también con el control de los SRT en un año marcado por las elecciones nacionales. Advertimos que, mediante esta polarización falsa, el seudoprogresismo K intentará cooptar votos con el argumento de “el mal menor”, que puede terminar siendo el peor de los males; con ese argumento, durante seis años el kirchnerismo justificó su alianza con los radicales. La inmensa mayoría de la comunidad universitaria, hoy excluida del debate, necesita una voz en la asamblea, que coloque a discusión los profundos problemas por los que atraviesa nuestra Universidad.

Desde la UJS-Partido Obrero venimos desenvolviendo una fuerte campaña de cara a la Asamblea Universitaria, mediante plenarios, asambleas y reuniones, que hagan parte a los estudiantes, docentes y no docentes, para colocar una voz independiente.

Queda planteada la tarea de profundizar este camino durante la última semana, para fortalecer una perspectiva independiente que enfrente las políticas privatistas y de ajuste a la educación.

SE VIENE LA HOSTIA DE LA DEVALUACIÓN PARA SEMANA SANTA

Los trascendidos acerca de un desdoblamiento cambiario crecen a medida que se acerca el feriado de Semana Santa. Una devaluación del peso, que beneficiaría a los que fueron acaparando divisas mediante la fuga de capitales, sería un auténtico ‘voto de pobreza’ para la mayoría de la población. Ahora que los K recibieron la bendición papal, sería una suerte de ‘agua bendita’ para exportadores industriales, como Techint y las automotrices, y para quienes compiten con productos extranjeros. El tipo de cambio se desdoblaría en tres o cuatro, para atender a las necesidades de cada sector capitalista y las urgencias fiscales del Estado. La devaluación reduciría el ‘costo laboral’ medido en dólares, y de este modo incrementaría los beneficios patronales. En los precisos momentos en que los doctrinarios del oficialismo insisten en que la inflación es una consecuencia de lo que llaman “la puja distributiva”, la devaluación inclinaría la pulseada pesadamente hacia el lado de los capitalistas. Para las mineras y para YPF sería un maná del cielo (siempre en el espíritu de la resurrección). Un dólar alto eliminaría los obstáculos para remitir ganancias al exterior, lo cual cerraría los litigios con Vale do Río Doce, que volvería a invertir en el yacimiento de potasio, y con Chevron y otras petroleras, que se animarían a hacer lo mismo con la veta de gas no convencional en la localidad neuquina de Vaca Muerta. La exportación de soja también tendría un beneficio, precisamente en vísperas del comienzo de los despachos de la cosecha. El gobierno ganaría con un incremento de lo que cobra por retenciones y con un ingreso fuerte de dólares; sin la devaluación, correría el peligro de que ocurra lo contario –que el ingreso de divisas por la exportación se convierta enseguida en fuga de capitales. Una devaluación desvalorizaría los ahorros ‘pesificados’; como las tasas de interés ya son altas, servirían para atraer dinero del exterior, que se cambiaría por un peso devaluado. Para ‘tranquilizar’ a los mercados, los K utilizarían el feriado largo de Cristo y el aniversario de Malvinas. Una semana para ‘meditar’. La devaluación haría saltar por los aires el congelamiento de precios de Moreno y las negociaciones paritarias y pondría al país ante un nuevo ‘rodrigazo’. Por ‘necesidad y urgencia’, los salarios se ajustarían por decreto. El gobierno supone que la recesión industrial que desataría la devaluación ayudaría a poner en caja la llamada “presión gremial”, incluso si es por poco tiempo, dado que los precios de la exportación argentina siguen altos.

El abandono más o menos completo del cepo cambiario, que acompañaría a la devaluación, debería provocar una suba de los bonos de la deuda pública de Argentina, tanto en pesos como en dólares. Sería un buen ‘incentivo’ para llegar a un arreglo con los ‘fondos buitres’ que litigan en Nueva York, precisamente cuando un tribunal de apelaciones de esa ciudad debe fallar sobre una demanda por la deuda externa que no entró en los canjes de 2005 y de 2010. De acuerdo a los chimentos, Argentina la ofrecería pagar con nuevos bonos, con vencimientos hasta 2045.

Consumado este ajuste contra los trabajadores, el Papa Francisco se encargaría de convocar a los argentinos a la misericordia. Más adelante – en julio – vendría al país. Como cuando Juan Pablo II vino, en 1982, a predicar la rendición de Malvinas, Buenos Aires volvería a “vale(r) una misa”.

Jorge Altamira

Nos movilizamos el 24 de Marzo




TAMSE: EL PARTIDO OBRERO PRESENTA UN PROYECTO DE ORDENANZA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN

Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, junto a José Zarate, Jorge Navarro y Manuel D’Alessandro, todos ellos dirigentes del Partido Obrero, presentarán este jueves 21 de Marzo, a las 11 horas, ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, un proyecto de ordenanza por el cual los corredores que actualmente explota la empresa municipal de transporte son retirados de la licitación para la concesión del servicio de transporte público de pasajeros.

La privatización de la Tamse constituye un enorme retroceso para las ya deterioradas condiciones del servicio, y coloca a éste en las puertas de un nuevo abandono por parte de los futuros prestadores, como ya ocurrió hace una década, cuando la Tamse tuvo que ser creada de urgencia ante el abandono del servicio por parte del capital privado. 

En un cuadro de profundos desequilibrios fiscales, donde se anuncian de manera sistemática el “fin de los subsidios”, las patronales, con la complicidad del intendente, deberán proceder a nuevos y más profundos tarifazos y ajustes en la calidad del servicio, o simplemente abandonarlo cuando “los números no den”.

El Partido Obrero rechaza esta nueva pretensión privatista; por eso el proyecto de ordenanza está en el marco de la defensa de los intereses de los vecinos y de los trabajadores del transporte.


JUEVES 21 DE MARZO – 11 hs. - CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA


* Eduardo Salas, Candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Manuel D’Alessandro, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155078317



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA