30 de abril de 2013

Libertad a los detenidos por la toma de tierras en Cuesta Blanca: Basta de Estado de Sitio

Los 12 manifestantes detenidos hoy en Villa Carlos Paz se suman a otras 5 detenciones producidas a los dirigentes de la toma de tierras en Cuesta Blanca en días previos.

Estas detenciones se realizan en el marco de todo un accionar represivo desenvuelto por la policía provincial, quien somete a todo el municipio a un Estado de Sitio de hecho. Los vecinos son sometidos a controles y pesquisas permanentes por parte de la policía, y a un bloqueo a las tierras que habían sido tomadas hace 8 meses por más de 150 familias, quienes se disponían a construir sus viviendas en ese lugar.

El derecho de los vecinos a tierra y viviendas dignas tiene como respuesta por parte del gobierno provincial y municipal la violación de los más básicos derechos democráticos. Esta política se corresponde con la defensa de los grandes negocios de especulación inmobiliaria que se desarrollan en la provincia.

Desde el Partido Obrero rechazamos la represión y las detenciones a los manifestantes y exigimos:

· Inmediata libertad a los detenidos.

· Por el derecho a tierras y viviendas dignas a los vecinos de Cuesta Blanca.

· Basta de represión y persecución policial.

· Basta de especulación inmobiliaria.



* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025 

* Cintia Frencia, legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda

PARO DE UTA: UNA RESPUESTA NECESARIA








“El paro decretado por los trabajadores de UTA es la respuesta organizada que dan los trabajadores a la desorganización de la vida social que pretenden un grupo de capitalistas y el intendente Mestre con esta licitación del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y con la pretensión de privatizar Tamse”. Así se expresó Eduardo Salas, candidato a diputado nacional y dirigente del Partido Obrero, después del acto de licitación del servicio de transporte en el palacio municipal.

Salas continuó: “Con este paro los trabajadores no sólo defienden sus fuentes de trabajo, sino que además se colocan en la defensa de la calidad de vida de los usuarios, que serán víctimas, nuevamente, de un negociado cuyo objetivo es la ganancia para un grupo de tres o cuatro empresarios y no el mejoramiento del servicio de transporte”.

“Al igual que los trabajadores de UTA, vamos a seguir batallando por un servicio público de transporte de gestión pública y bajo el control de los trabajadores y usuarios, por el congelamiento de la tarifa, y por la conformación de una comisión independiente para investigar el uso de los subsidios al transporte por parte de los empresarios y el municipio”, finalizó Eduardo Salas.


* Eduardo Salas -> (0351) 155-477025

PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda

29 de abril de 2013

LICITACIÓN DEL TRANSPORTE: VAN A CONSUMAR UNA ESTAFA CONTRA LOS VECINOS Y LOS TRABAJADORES








"Con la licitación, prevista para mañana, del servicio de transporte público de pasajeros, el gobierno municipal de Mestre está a punto de consumar una estafa de envergadura contra los vecinos de la ciudad y contra los trabajadores del transporte. El gobierno municipal no ha podido ofrecer ni una garantía real de la continuidad laboral del total de los trabajadores incluidos en el Anexo III del pliego de licitación y de los incorporados con posterioridad". Así se expresó Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero.

Salas continuó: "Por eso la conciliación obligatoria dictada por Dragún, a instancias del gobernador De la Sota, es trucha, ya que obligó a los trabajadores a suspender sus acciones, mientras que a la otra parte, la municipalidad, no la obligó a nada, es decir, estamos ante una conciliación obligatoria funcional a la licitación y a la privatización de Tamse y que fue parida por igual por Mestre y De la Sota".

"Por el lado de los vecinos, la estafa es sin precedentes, porque mientras tratan de venderles que se viene 'un transporte innovador', en realidad vamos derechito a un negociado que está parado sobre las líneas troncales, donde no sólo que no mejorarán las frecuencias sino que empeorarán, ya que esos recorridos serán cubiertos por unidades de gran porte y de gran porte articuladas. Es decir que lo único que van a mejorar es la rentabilidad por unidad; negocio sólo para los capitalistas del transporte y penurias para los vecinos",
prosiguió Salas.

Para finalizar, señaló: "El Partido Obrero estará mañana desde las 11 horas en el Palacio 6 de Julio para manifestar su rechazo a la licitación, y por añadidura a la privatización de Tamse. Invitamos a todos los vecinos y trabajadores del transporte a movilizarse contra este ataque a las condiciones laborales de los trabajadores y de vida de los vecinos".


Eduardo Salas -> (0351) 155-477025


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

30 de abril: Acto del Frente de Izquierda por el Día Internacional de los Trabajadores‏








En vísperas del 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, desde el Frente de Izquierda levantamos una tribuna de lucha para desarrollar una alternativa política de la clase obrera.

Los referentes provinciales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Eduardo Salas, Liliana Olivero y Hernán Puddu (en la foto), participarán del acto público que realizará el FIT, el martes 30 de abril, frente al Patio Olmos.


En el marco de una inflación creciente, de topes en las paritarias, impuestazos y tarifazos que liquidan nuestros salarios; con un impuesto al salario que ya afecta a más de dos millones de trabajadores; cuando todavía se sufren las consecuencias del temporal en Bs. As. que pusieron al descubierto la desinversión en áreas básicas para la población, en el día del trabajador nos sobran los motivos para movilizarnos.

Este martes 30 de abril salimos a las calles a exigir un salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en $8.000, contra el impuesto al salario y por un plan de lucha nacional para la conquista de estos reclamos. Convocamos a los trabajadores a participar de este acto, para levantar una alternativa política propia de los trabajadores.


MARCHA: 18 hs. - Colón y Gral. Paz

ACTO: 19 hs. - Patio Olmos



* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

25 de abril de 2013

1° de Mayo: Con el Frente de Izquierda, por una alternativa de los trabajadores.








Este 1° de Mayo, desde el Frente de Izquierda levantamos en Córdoba y en todo el país una alternativa de los trabajadores. Convocamos al pueblo trabajador, a la juventud y a los vecinos de Córdoba a participar del acto que realizaremos el día 30 de abril, partiendo de una concentración a las 18 hs. en Colón y General Paz.

Llegamos a este 1° de Mayo con salarios que no alcanzan a fin de mes; con topes a las paritarias impuestas de manera mancomunada por el gobierno, los empresarios y las burocracias sindicales; con un impuesto al salario que come nuestros ingresos como si fueran ganancias; con crecientes precarización y tercerización laborales; con la pretensión de los gobiernos de avanzar en impuestazos, tarifazos y privatizaciones, como es el caso de la TAMSE en Córdoba.

Llegamos a este 1º de Mayo, cuando aún están presentes las drásticas consecuencias de las inundaciones; y cuando la movilización popular que exigía justicia por Mariano Ferreyra redobla su compromiso luego de la sentencia para conquistar la perpetua a Pedraza y avanzar hacia los responsables políticos.

Oficialistas y opositores se ven envueltos en la crisis política que deja al descubierto esta situación, incapaces de dar una salida a los trabajadores. Es por esto que desde el Frente de Izquierda convocamos a los trabajadores en su día, a levantar una alternativa política propia, que dé curso a todos sus reclamos.

El acto se realizará el día 30 de abril, a las 19 hs. frente al Patio Olmos, donde hablarán los referentes políticos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Córdoba: Eduardo Salas (dirigente del Partido Obrero), Liliana Olivero (dirigente de Izquierda Socialista) y Hernán Puddu (dirigente del PTS).




































* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

El PRIMERO, A LA PLAZA, CON EL FRENTE DE IZQUIERDA.













El día internacional de los trabajadores será una jornada de lucha y de movilización política.

Porque los salarios de las dos terceras partes de los trabajadores no cubre la canasta familiar.

Porque el impuesto al salario castiga ya a más de dos millones de trabajadores.

Porque la desorganización económica golpea a la clase obrera con suspensiones, recortes de horas extras, mayor flexibilización y precarización laboral.

Las burocracias sindicales están metidas a fondo en el cepo del gobierno y las patronales contra las paritarias.

Esto también vale para Moyano y Micheli, que dedican sus mayores esfuerzos a los armados políticos con Macri, en un caso, y con Binner en el otro.

A pesar de ello, la clase obrera delibera y lucha por sus reclamos. Las oposiciones clasistas y antiburocráticas los encabezan.

Este 1º transcurrirá cuando todavía están presentes las secuelas de las inundaciones.

Quedó de manifiesto el vaciamiento de los recursos para vivienda y otras obras esenciales.

Los mismos que se destinan a la deuda usuraria y a sostener a los privatizadores. O engordar a Báez, Cristóbal López y la camarilla oficial.

Pero la indefensión del pueblo frente al desastre corrió por igual donde gobiernan Macri, los socios de Massa en La Plata o de Binner en Santa Fe.

La crisis nacional, por lo tanto, envuelve por igual a oficialistas y a opositores tradicionales.

Unos y otros delatan su intención de endosarle la crisis a los que viven de su trabajo.

En oposición a ellos, plantearemos en la Plaza una alternativa política.

Para colocar en primera fila la lucha por un salario igual a la canasta familiar, hoy en 8.000 pesos; por la anulación del impuesto al salario y por un plan de lucha de las centrales obreras para imponer esos reclamos.

Para luchar por la expulsión de la burocracia sindical y por la independencia de los sindicatos frente al Estado y a los capitalistas.

Para continuar la lucha por condenar a perpetua a Pedraza y avanzar en las complicidades de empresarios y funcionarios en el crimen de Mariano Ferreyra.

Para terminar con la carestía infernal, mediante la apertura de los libros de los monopolios alimentarios e industriales, y el control obrero sobre sus costos y precios.

Para denunciar la devaluación de la moneda (y del salario) a la que nos conducen oficialistas y opositores. Y luchar por una reorganización económica a costa de los capitalistas, mediante la nacionalización de la banca, el comercio exterior, el petróleo y las privatizadas.

En este 1º de Mayo, el Frente de Izquierda reivindicará la lucha y la unidad de la clase obrera mundial contra la crisis capitalista, y por su organización socialista y revolucionaria.


PARTIDO OBRERO
en el Frente de Izquierda
y de los Trabajadores

TERCER PARO DE UTA CORDOBA: Los trabajadores se plantan ante la privatización

















El lunes 22, y por tercera vez consecutiva, el gremio de la UTA marchó a un paro contra la privatización de la empresa municipal de transporte, Tamse. Esta vez no sólo adhirió la división buses de Tamse, que concentra casi al 40% del servicio, sino que lo harán la totalidad de las empresas.

El intendente radical Mestre busca por todos los medios evitar lo inevitable: que los trabajadores vayan a la huelga. En un acto de desesperación por frenar el paro, el secretario de Transporte, Cardeilhac, llegó a declarar que “aquellos trabajadores que eventualmente no sean incluidos en el nuevo esquema, continuarán en la Tamse residual, que tiene a cargo los trolebuses”. Lo cual no hace más que fundamentar la denuncia pública que hizo el Partido Obrero: el “nuevo sistema” que pregona Mestre no sólo no garantiza la estabilidad de los compañeros de Tamse, tampoco la de los compañeros de las otras empresas privadas que entrarán en proceso de licitación, como Ciudad de Córdoba y Coniferal. El fracaso de las empresas “residuales” tiene larga data en Córdoba.

La lucha de los trabajadores contra la privatización tuvo su preparación del lado de la agrupación clasista Ortuta y del Partido Obrero, que hace meses viene interviniendo y denunciando el proceso de privatización y sus consecuencias. Esto nos dio una fuerte autoridad entre los trabajadores: la conducción de UTA, que realizó una fuerte campaña de hostigamiento a nuestros compañeros, debió pasar a un reconocimiento público a nuestro partido y sus dirigentes por ser el “único que enfrenta la privatización”. El sábado 13 vinieron a una charla del PO los principales referentes de la oposición, para discutir con Eduardo Salas una orientación para enfrentar la privatización.

Hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza contra la privatización de la Tamse que ha generado mucha simpatía entre los trabajadores y nos ha permitido una importante presencia pública para desarrollar nuestra posición. La agitación del Partido Obrero apunta a sumar al conjunto de los trabajadores cordobeses a esta lucha.

Alejandro Roqueiro

Un estado de excepción contra la clase obrera

El artículo 17 de una de las leyes de la reforma judicial, que fulminaba el derecho de huelga, salió del Senado con un agregado. Pero la corrección otorga superpoderes al Ministerio de Trabajo de Tomada, nada menos, quien tendrá en sus manos la calificación que habilite o no la aplicación del artículo antiobrero.

En su primera parte, el artículo 17 con media sanción dice: “Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público (…) el Estado nacional o sus entidades (…) estarán legitimados para requerir (…) todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar la prestación de tales servicios”.

Como se ve, las cautelares que le quitan al pueblo frente al Estado, se las dan al Estado contra los trabajadores en lucha. El artículo 17 no se refiere a los trabajadores de “servicios públicos”, tampoco de servicios “esenciales” como salud, donde históricamente se garantizan guardias mínimas al ejercer el derecho de huelga. El artículo indica actos que produzcan cualquier tipo de afectación a esos servicios o bienes o cualquier otra actividad de “interés público”, vengan de donde vengan -por ejemplo, como consecuencia de una huelga o piquete de cualquier otro sector de trabajadores.

Entonces, es muy claro que la Justicia, antes o durante, puede impedir el accionar obrero para “cautelar” otros derechos afectados. Se acabaron acá las disquisiciones de Zaffaroni sobre la superioridad de los derechos de los movilizados -o al menos se le da al juez el arma para liquidarlos- en defensa, por ejemplo, del “interés público” de circular.

Ante la polvareda que levantó el punto, vino el parche: “No será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo”.

Es gravísimo, porque la cautelar “antilucha” permanece intacta para cualquier conflicto o protesta social que no sea laboral y ante una huelga propiamente dicha, el ministerio tendrá la llave de la calificación como conflicto laboral o no. ¿El paro del 20N era un “conflicto laboral”? ¿Una huelga fabril no avalada por el sindicato lo es? ¿Y las movilizaciones de los tercerizados sin representación sindical? ¿Y una huelga que continúa a pesar de una conciliación obligatoria, como ha ocurrido tantas veces?

El artículo 17, aun reformado, ataca el derecho de huelga y de protesta, además del “blindaje” que le otorga al Estado frente a las cautelares destinadas a proteger las demandas de trabajadores o jubilados. Esta disposición se suma a un paquete jurídico legal del kirchnerismo contra el movimiento obrero y a las libertades públicas, que el movimiento obrero necesita más que nadie.

Néstor Pitrola

La reforma judicial, un episodio de la crisis política

Aunque el gobierno haya reunido los votos necesarios para aprobar los proyectos de reforma judicial, eso no significa que haya obtenido un triunfo político. A último momento -y ante el temor de una deserción de varios diputados oficialistas- debió retroceder en su intención de quitarle a la Corte el manejo del presupuesto judicial, así como el nombramiento de los secretarios de juzgados. De ese modo, la “corpo judicial” logró una primera victoria sin tirar un solo disparo: retuvo una caja de 7.000 millones de pesos y el manejo de su personal.

Si el gobierno pensaba que la campaña por la “democratización” de la Justicia le iba a permitir salir de su impasse, se equivocó grueso. En vez de palmas, cosechó un cacerolazo masivo en su contra y revitalizó a una oposición, la cual estaba más cerca de quedar desahuciada que de convertirse en alternativa de poder. Tampoco le sirvió para cohesionar sus propias fuerzas, como lo probaron las deserciones que surgieron dentro del oficialismo, desde el CELS de Verbitsky, pasando por sectores de Carta Abierta y de “justicia legítima” hasta la CGT-Balcarce, que se vio obligada a denunciar el evidente intento de limitar el derecho a huelga. En buena medida, ocurrió lo contrario que con la “ley de medios”, cuando el gobierno se valió de esa campaña para conquistar apoyo popular y dividir a la oposición. Acá se dividió el gobierno y en la opinión pública el retroceso de CFK alcanza los 10 puntos en sólo un mes.

El costo que pagó el gobierno por esta reforma tampoco lo habilita a disfrutar de sus beneficios. Es que aún deberá atravesar por las presentaciones judiciales que, como han anticipado, realizarán decenas de organizaciones de jueces y de abogados, las que dejarían a la reforma en el limbo de la inconstitucionalidad. El pronóstico es negativo, si se tiene en cuenta el fallo desfavorable que acaba de sufrir el gobierno por la “ley de medios” y en favor de Clarín. La palabra final la tendrá la Corte, cuyo presidente fue denunciado por Carrió por un supuesto pacto con el gobierno. Aunque las maniobras delincuenciales no deberían sorprender a nadie, no alcanza con darle a la Corte lo que ya tenía -el manejo de su presupuesto- para ganarse un fallo favorable a la constitucionalidad de estas leyes. La Corte tiene sobre sí la presión de la corpo judicial que rechaza las reformas, así como también el miedo a convertirse en el foco de un cacerolazo que coloque a Plaza Lavalle como uno de sus objetivos. La Corte Suprema se va transformando en el árbitro de una crisis que envuelve a todo el régimen.

La reforma judicial ni siquiera le asegura al kirchnerismo una bandera para enarbolar en las elecciones ante un eventual rechazo judicial. Esto, porque ha quedado de manifiesto su naturaleza reaccionaria, si se tiene en cuenta el intento de eliminar el sistema de cautelares contra las arbitrariedades del Estado, el cercenamiento del derecho a huelga y el alargamiento de los procesos judiciales para trabajadores y jubilados. La reforma judicial tampoco le ha servido para granjearse el apoyo de la clase capitalista, que ve en ella un intento de la camarilla gubernamental para acentuar aún más el intervencionismo.

Retroceso de conjunto

Sería equivocado, sin embargo, atribuir este retroceso sólo a los proyectos de reforma judicial. Antes estuvieron las inundaciones y las revelaciones de corrupción de la camarilla oficial. Mediante la anulación de la Justicia como poder independiente del Ejecutivo, el gobierno pretende establecer un régimen de emergencia que le permita descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y protegerse de las causas que apuntan a los negociados de la propia camarilla. De este modo pretende proseguir con el saqueo de la Anses para pagar la deuda, forzar negociaciones paritarias a la baja o sostener el cepo cambiario para cubrir el agujero negro creado por el vaciamiento energético. Pero es justamente este régimen de emergencia el que hace agua por todos lados, como lo prueban la permanente fuga de capitales y la trepada del dólar paralelo, lo que amplía el alcance de la desorganización económica.

La oposición tradicional enfrenta la situación con la esperanza de obtener, en esta crisis, un desgaste del gobierno. La misma crisis, sin embargo, ha acentuado su división. Si el “mensaje de la cacerolas” era la unidad de la oposición, lo que tenemos es una mayor fragmentación. Es lo que ocurre con el centroizquierda en la Ciudad, que ya se ha partido en tres bloques. Detrás de las banderas republicanas, la oposición enarbola la defensa de un régimen judicial corrompido hasta la médula, defensor de los intereses capitalistas. El centroizquierda participa alegremente de este “circo republicano”, porque le da la excusa perfecta para dejar de lado cualquier reivindicación social y nacional. Pero los límites de esta oposición son justamente los del propio gobierno: la crisis capitalista y el agotamiento del “modelo”, que ponen de manifiesto su incapacidad para ofrecer una salida. Los Macri, los Scioli, los De la Sota sufren en carne propia la crisis, que actúa como un factor de socavamiento de sus propios gobiernos.

Afrontamos una crisis de fondo, cuyas causas son comunes tanto para el gobierno como la oposición. En este cuadro, el Partido Obrero lucha por construir una salida anticapitalista a la crisis, que tiene por sustento el proceso de descontento popular que crece como consecuencia de la descomposición económica y política.

Gabriel Solano

Esta lucha sigue: Por el castigo a TODOS los responsables















El fallo del tribunal que juzgó a Pedraza y otros 16 acusados por el crimen de Mariano y las heridas de Elsa y otros compañeros absuelve al Estado, a los funcionarios políticos a cargo de la Secretaría de Transporte y del comando de la policía, a los empresarios y gerentes de Ugofe, e incluso a otros patoteros y policías implicados en el crimen o en su encubrimiento. A pesar de contar con pruebas abrumadoras, el tribunal las consideró “insuficientes” para iniciar una investigación sobre empresarios y funcionarios.

Las importantes penas aplicadas a Pedraza y otros nueve acusados -que son el resultado de la vigorosa movilización popular desarrollada durante dos años y medio- no pueden soslayar este hecho fundamental.

Los fundamentos del tribunal

Los jueces rechazaron la versión infame del ‘homicidio en riña’, sostenida por los defensores. Para los jueces, los acusadores probamos las motivaciones políticas y económicas de Pedraza para atacar a los tercerizados: el temor de la burocracia a la formación de un sindicato ‘paralelo’ y la explotación de la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur. Los jueces sostuvieron que, a pesar de no existir pruebas ‘directas’ sobre Pedraza, los indicios recabados resultaban harto suficientes para probar su responsabilidad. Entre otros, el intento de soborno a los jueces de Casación, su interés por silenciar a Favale, el manejo discrecional de fondos del Belgrano Cargas y sus declaraciones en la entrevista que le hizo Diego Rojas.

Los jueces también declararon que “cortar las vías no siempre es delito” y definieron como “agresión ilegítima” la pretensión de la patota de sustituir a “jueces y policías” para reprimir un corte. El tribunal citó textual la frase de Pablo Díaz, recogida en la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”: “Si el Estado no libera las vías, nos ocupamos nosotros”, y atribuyó su autoría a Pedraza y Fernández. Los jueces afirmaron que los patoteros actuaron en acuerdo con los policías y, por lo tanto, “con la seguridad de que no serían detenidos”.

Pero, a la hora de las conclusiones, contradijeron sus propios argumentos, para acotar responsabilidades y negar la existencia del plan criminal que involucra a funcionarios y empresarios.

Policías

Los jueces condenaron a los comisarios Mansilla y Ferreyra como partícipes, pero absolvieron al subcomisario Garay -que abrió paso a los patoteros y garantizó su huida- y repartieron penas insignificantes entre los policías de la DGO. Los jueces decidieron hacer caso omiso de nuestro pedido de investigación sobre Aníbal Fernández. Aquí hay todavía mucha tela para cortar. El entonces jefe de ministros tenía a su cargo el comando político de la policía: desde las primeras horas posteriores al asesinato de Mariano, Fernández reivindicó el accionar policial en el hecho y lo continúa haciendo hasta ahora. ¿Debemos recordarle al tribunal que el sumario iniciado por Asuntos Internos de la Policía Federal absolvió a todos los involucrados? ¿Y que el Ministerio de Seguridad conducido por Nilda Garré proporcionó durante un año defensa gratuita a los policías acusados y que esa defensa presionó, primero, para que la causa quedara en el fuero contravencional, y luego para que no se unificara con la de los patoteros? Lompizano fue ascendido con posterioridad al crimen de Mariano, y tiempo después apartado de la jefatura pero por razones diferentes a este crimen.

Empresarios y funcionarios

Los jueces afirmaron no haber encontrado pruebas suficientes respecto de la participación de funcionarios y empresarios, como solicitamos en nuestro alegato. Es un encubrimiento burdo. Los gerentes de Ugofe explicaron con pelos y señales cómo consumaban la estafa de la tercerización: mediante ‘licitaciones privadas’ subcontrataban (con fondos públicos) empresas que pertenecían a su mismo grupo económico, además de Unión del Mercosur, la ‘cooperativa’ a través de la cual Pedraza explotaba obreros para llenarse los bolsillos. Los jueces tampoco tomaron nota de la detallada denuncia del ex gerente José Luis García sobre el desvío de fondos destinados al pago de salarios. También resolvieron ignorar la presencia del jefe de seguridad de Ugofe y otros gerentes sobre las vías el mismo 20 de octubre, acompañando a la patota, y los ‘permisos’ dispuestos por la empresa para que se retiraran de los talleres ferroviarios de Escalada los empleados convocados por los delegados.

Algo similar ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Juan Pablo Schiavi quedó ‘borrado’ del asunto. Los jueces sostuvieron que Pedraza dio su respaldo político a los atacantes. Eso fue exactamente lo que obtuvo Pedraza de Schiavi el día previo a la agresión, durante una reunión donde obtuvo el compromiso de que la policía colaboraría con su cometido. Toda la operatoria fraudulenta en la administración ferroviaria se desarrollaba bajo el amparo de Schiavi y de Antonio Luna (luego del crimen de Mariano, Luna llamó a Pedraza para solidarizarse con él y convocarlo a permanecer en silencio.)

Repercusiones

El gobierno y sus alcahuetes llaman ahora a ‘conformarse’ con el fallo. Verbitsky lo calificó de “histórico” y “positivo” y “valoró que se haya condenado a un miembro de la burocracia sindical cómplice del desmantelamiento de los servicios públicos de la década del ‘90” (Página/12, 20/4). Evidentemente, para Verbitsky, Pedraza no tuvo ni tiene nada que ver con la tercerización K…

Varios elementos kirchneristas -como Andrés Larroque y María José Lubertino- que repudiaron la lucha de Mariano y la de su organización para lograr la condena de todos los responsables, se hicieron presentes el día de la sentencia para ensayar un operativo ‘clamor’ a favor del fallo. Ahora, desde las redes sociales, atacan al Partido Obrero por denunciar la impunidad de empresarios y funcionarios. Mientras tanto, los chicos -no tan chicos- de La Cámpora que promovían cursos de formación sindical con José Pedraza, organizan ahora mesas redondas con la participación de Tomada y Rial junto a Gerardo “Batallón 601” Martínez, líder de las patotas de la Uocra, en Tecnópolis.

Pedraza fue un aliado privilegiado del gobierno. Los Kirchner le permitieron designar funcionarios en la administración ferroviaria y quedarse con el Belgrano Cargas. Desde la cárcel, recordemos, Pedraza digitó el voto de la Unión Ferroviaria a favor de la constitución de la ‘CGT Balcarce’. Con Pedraza desahuciado, el gobierno se empeñó en el rescate de la lista Verde y en la reorganización del ‘pedracismo sin Pedraza’. Esto quedó formalizado recientemente, de manera ceremoniosa, con la presencia del actual secretario de Transporte, Alejandro Ramos, en el acto de asunción del nuevo secretario general de la UF, el pedracista Sergio Sasia.

Con todo, la condena a Pedraza impactó entre la burocracia alineada en el campo oficial, como lo expresó Oscar Lescano (Luz y Fuerza) apenas conocerse el fallo. Lescano se declaró “consternado” y lo calificó de “injusto” (La Nación, 21/4). Toda la burocracia se ve reflejada en Pedraza. En la próxima etapa, que estará signada por la evolución general de la crisis política nacional -incluida por supuesto la crisis con el Poder Judicial- deberemos enfrentar incluso los intentos por revertir estas condenas acotadas.

Esta lucha sigue…

Esta lucha sigue. Continuará en las calles y en los estrados judiciales, contra los intentos de absolución de la patota que formularán las defensas y por nuestra apelación. No se trata, para nosotros, sólo de ‘mejorar’ las condenas y agregarles algunos años más sino de llevar hasta el final nuestra acusación: el crimen de Mariano fue un crimen político que entrelaza a burócratas, capitalistas y Estado.

Insistiremos con el pedido de condena (calificación del hecho como homicidio agravado) y la ampliación de las investigaciones. También continuaremos batallando en las causas anexas: las que investigan el intento de soborno a los jueces de Casación, los vínculos comerciales entre Unión del Mercosur y Ugofe, los intentos de la defensa por destruir pruebas de este juicio (‘perito’ Locles) y las amenazas que sufrieron varios compañeros en el curso de este proceso.

El día de la sentencia, en las afueras de los tribunales, la escena era impresionante. Divididos por un vallado, una concentración multitudinaria, en la que se encontraban el Partido Obrero y los compañeros de Mariano junto a las organizaciones políticas y populares que acompañaron esta lucha. Del otro, un puñado de kirchneristas, de espaldas a los compañeros de Mariano, seguía la audiencia por medio de una costosa pantalla gigante provista por la Secretaría de Derechos Humanos. Al conocerse el veredicto, de un lado del vallado hubo una explosión de bronca y consternación; del otro, un fútil intento de aplauso seguido por un silencio vergonzante.

De la mano de una reacción popular extraordinaria, y armados de una orientación política, llegamos a esta instancia y no nos fuimos con las manos vacías. Dimos una lucha tenaz y nos abrimos paso contra todos los intentos por sellar una impunidad absoluta. Combatimos las operaciones que por medio de la fiscalía, tanto en la instrucción como en el juicio, apuntaron a limitar sus alcances. Advertimos y combatimos todas esas maniobras -las de los defensores y las de los fiscales- en cada fase de esta lucha y las expusimos sistemáticamente ante los ojos del pueblo.

A través de Mariano, maduró una nueva generación de revolucionarios. Su nombre quedará sellado en la victoria definitiva de los explotados contra este régimen de parásitos y cínicos.Castigo a TODOS los culpables.

Viva Mariano Ferreyra.

Jacyn

24 de abril de 2013

LA EMERGENCIA EN SALUD MENTAL DEBE COMENZAR CON LAS RENUNCIAS DE GONZALEZ Y SIMON








Eduardo Salas, candidato a diputado nacional y dirigente del Partido Obrero, se refirió a la situación de la salud mental en la provincia: “Tanto el sistema de salud mental como el conjunto del sistema sanitario provincial se encuentran en estado de derrumbe. Lo que ha saltado a la luz en el hospital de Bell Ville es la confirmación de un estado de deterioro que lleva años en nuestra provincia y en el cual tiene responsabilidad el gobierno provincial”.

“Los últimos tres períodos de gobierno han tenido un denominador común y es el actual Jefe de Gabinete, Oscar González. Por estos días, un encuentro auspiciado por la APDH ha solicitado que se declare la emergencia en salud mental, pero cualquier declaración de emergencia debe comenzar con la inmediata renuncia de González y del ministro de salud, Carlos Simon”, continuó Salas.

“En el mismo estado se encuentra el sistema sanitario de la ciudad de Córdoba. Se plantea, por lo tanto, la necesidad de la triplicación del presupuesto de salud y el establecimiento de un sistema sanitario único en toda la provincia, bajo control de los trabajadores de la salud”, concluyó.


Eduardo Salas: (0351) 155-477025


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda

Rechazo a la conciliación en el conflicto de Tamse


El bloque del Frente de Izquierda en la Unicameral presentó ayer un proyecto de declaración (11431/L/13), por el cual se rechaza la conciliación obligatoria decretada por el ministro Dragún y el proceso licitatorio del servicio de transporte masivo de pasajeros de la ciudad de Córdoba.

A pocos días de que el bloque del oficialismo votara y aprobara la ley que envió el Poder Ejecutivo para la estatización de la estación Terminal de Ómnibus de la Provincia, ese mismo Ejecutivo declara la conciliación obligatoria en el conflicto de los trabajadores afectando el reclamo de los mismos, y se coloca objetivamente del lado de un proceso licitatorio que significará pérdida de puestos de trabajo, cierre de recorridos y, por lo tanto, un grave costo social y laboral para todos los cordobeses. 

El discurso estatizador de hace una semana sobre la Terminal de Ómnibus, se derrumbó con esta medida que favorece la privatización que los trabajadores de la UTA rechazan y que todas las organizaciones gremiales, sin excepción, con las centrales sindicales a la cabeza, acompañaron participando de las movilizaciones, comprometiendo su apoyo al reclamo de los choferes.

Por otro lado, la conciliación es un avasallamiento a los derechos del trabajador. Esto es así ya que sólo obliga a los trabajadores a suspender sus medidas de fuerza, y no obliga en absoluto al municipio y a las patronales a suspender la licitación, cuyos plazos se vencen en estos días. Se maniata a los trabajadores pero se dejan libres las manos de los capitalistas, los mismos que han llevado a la ruina el servicio público de pasajeros de esta ciudad durante décadas, para la continuidad de un proceso licitatorio perjudicial para la población.


* Guillermo Torrent -156177469
* Eduardo Salas - 155477025
* Liliana Olivero - 154036389 


Frente de Izquierda y de los Trabajadores

23 de abril de 2013

ABAJO LA REFORMA JUDICIAL REACCIONARIA: Defendamos los derechos de los trabajadores








Bajo la bandera de una supuesta “democratización", el gobierno ha enviado al Congreso una reforma judicial que es reaccionaria de cabo a rabo.

Su propósito es proteger al Estado contra los trabajadores, y a la propia camarilla gobernante frente a las numerosas causas en su contra, como el Lazaro Gate, Boudou Ciccone y otras. Veamos:

- La reforma suprime las medidas cautelares frente a actos arbitrarios del Estado. De ese modo, le asegura vía libre a los tarifazos, fallos antiobreros y otras resoluciones que afecten intereses populares. Pero al mismo tiempo, habilita al mismo Estado a presentar cautelares contra “actos que entorpezcan el funcionamiento de los servicios públicos”, una claúsula que podrá ser empleada contra cualquier medida de lucha obrera o popular.

- Crea nuevos tribunales intermedios (Casación), para demorar, todavía más, los procesos judiciales. Es algo que perjudica a los sectores populares, que carecen de los recursos para litigar. El perjuicio mayor será para los jubilados, que tienen decenas de miles de causas iniciadasc ontra la Anses por mala liquidación de haberes. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores accidentados, que ante la demora del juicio serán empujados a aceptar las indemnizaciones bajas de las ART.

- La parte del Consejo de la Magistratura (otra seguirá siendo nombrada por el poder Ejecutivo y Legislativo) que será electa deberá integrar las listas de los partidos políticos, siendo sólo un cuerpo de una sábana inmensa. El Consejo seguirá siendo un ámbito de las camarillas judiciales y los partidos del régimen.

- La “reforma” también ataca a los trabajadores judiciales, habilitando a la precarización laboral, a la imposición del impuesto al salario y a la desaparición de otras conquistas.

El “estado de excepción” que quieren imponer tiene un claro objetivo: eliminar cualquier obstáculo a la política de trasladarle a trabajadores y jubilados la crisis del `modelo' oficial. Es lo que quiere hacer Macri, que prepara en la Ciudad una reforma judicial con iguales atropellos que la reforma kirchnerista.

La oposición tradicional de los Macri, Carrió y Binner rechaza los proyectos oficiales pero lo hace en nombre de la defensa de la “Justicia”, omitiendo que se trata de un poder corrompido por los grupos empresariales, a quienes finalmente responde. ¿O no es esta Justicia responsable de que no haya ni un funcionario preso a pesar de la corruptela imperante? ¿O las cárceles no estánl lenas de pobres mientras los empresarios que evaden impuestos andan libres sin problemas? ¿O no es ésta la Justicia que avaló el corralito y tantas confiscaciones contra el pueblo?

La pretensión de una justicia "democrática” es incompatible con un régimen social y político que gobierna para una minoría. En oposición a los planteos de ambos bloques capitalistas, planteamos la elección y revocabilidad de los jueces, en el marco de un gobierno de trabajadores.

Llamamos la atención de toda la población sobre una crisisde fondo, que envuelve a oficialistas y opositores. La declinación del kirchnerismo no puede dar lugar a los herederos políticos de Menem o de la Alianza. Luchemos para darle a esta crisis una alternativa propia de los que trabajan. En este 2013, la salida es por izquierda.

Partido Obrero

Conciliación obligatoria en la Tamse: "De la Sota con la privatización, contra trabajadores y vecinos”.

"Con la conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo, Dragún, en el conflicto del transporte urbano, De la Sota se suma a la privatización de la Tamse. Hace una semana el PJ posaba de estatizador con la terminal de ómnibus; hoy `vuelve al neoliberalismo´ y le da una mano a Mestre, acosado por la lucha de los choferes”, expresó Eduardo Salas, candidato a diputado nacional y dirigente del Partido Obrero. Y agregó: “Es falso que la conciliación pretenda salvar los puestos de trabajo o el derecho de los usuarios; el proceso licitatorio es claro: dejará choferes en la calle y terminará liquidando ramales enteros. El apoyo de De la Sota a Mestre está al servicio de un negociado capitalista”.

“Pero, además la conciliación es trucha, es un avasallamiento a los derechos del trabajador. Esto es así ya que sólo obliga a los trabajadores a suspender sus medidas de fuerza, y no obliga en absoluto al municipio y a las patronales a suspender la licitación, cuyos plazos se vencen en estos días. Maniatan a los trabajadores para dejar las manos libres a los capitalistas, los mismos que han llevado a la ruina el servicio público de pasajeros de esta ciudad durante décadas”, continuó Salas.

Salas señaló además: "El conflicto del transporte no es una cuestión sólo de los trabajadores del sector, sino de todos los trabajadores. Corresponde que las centrales sindicales y los dirigentes que juraron frente a los choferes su solidaridad en la lucha contra la privatización de la Tamse, dejen las palabras y pasen a los hechos, repudiando la conciliación y convocando a la lucha”.
Para finalizar el dirigente del Partido Obrero recordó que “hicimos una presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante contra esta privatización; con el mismo objetivo el Frente de Izquierda presentará en la Legislatura el rechazo a la conciliación y a la privatización”. 


* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Manuel D'Alessandro, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155078317



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

RAMON FRIAS DEBE SER SEPARADO DE SU CARGO‏

Las vinculaciones familiares del Jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, con el funcionario policial responsable de la muerte del niño Andrés Fuentes, de 10 años de edad, hacen necesario que el Jefe de Policía sea separado de su cargo hasta que finalice la investigación.

Desde que ocurrió el hecho pudo verse con toda claridad la pretensión por parte de las autoridades y funcionarios de establecer un cerco informativo destinado a garantizar una suerte de impunidad, en un nuevo caso aberrante de abuso de arma de fuego por parte de un funcionario policial. El Jefe de Policía puede actuar como un importante obstáculo en la investigación si no es apartado de su cargo.


* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Manuel D'Alessandro, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155078317



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

Charla Debate: LA IZQUIERDA COMO ALTERNATIVA POLÍTICA 2013


































Eduardo Salas, candidato a Diputado Nacional por el Frente de Izquierda, dará una charla en la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco la campaña electoral que viene desarrollando el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Esta actividad busca desenvolver la alternativa política y programática de la izquierda, ante un escenario de profunda crisis política y también de crisis económica, que golpea el bolsillo de los trabajadores.

Hoy el gobierno nacional aparece como el principal responsable de una grave realidad que atraviesa a la población, expresada en la masacre de Once, en las inundaciones en Bs. As., en las jubilaciones y salarios de miseria, en los miles de trabajadores precarizados o en negro y tantos que pagan impuesto a las ganancias, y en el propio juicio por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el que confirmó un armado criminal para defender el negocio de la tercerización, siendo así incapaz, dicho gobierno, de darle respuestas a esta realidad acuciante.

Por su lado, la oposición patronal de los De la Sota, los Macri, los De Narváez o el FAP plantea la “normalización de la economía”, que no es otra cosa que la liberación de las tarifas, una devaluación de la moneda y un nuevo endeudamiento. En definitiva, un nuevo golpe al pueblo trabajador.

Las grandes luchas contra el impuesto al salario, contra los techos salariales; la batalla de los jubilados por el 82%, etc., que se vienen desarrollando, deben tener una expresión política que dé salida, y esta salida es por izquierda.

Invitamos a participar de la charla para profundizar el rumbo que ha marcado el Frente de Izquierda, y desenvolver a fondo un programa de salida de los trabajadores ante la crisis.


CHARLA DEBATE: Jueves 25/04 - 19 hs.- Facultad de Psicología - UNC (módulo viejo) - CIUDAD UNIVERSITARIA


*  Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT: 0351-155477903



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

Caso Mariano Ferreyra: Rechazamos la sentencia del Tribunal Oral y Público Nº 21

La apelación que presentaremos obedece a que la sentencia dictada por el Tribunal Oral y Público N° 21 rechaza la evidencia de que el crimen de Mariano Ferreyra, y las heridas sufridas por Elsa Rodríguez y los otros compañeros, fue planificado y organizado con la participación de los empresarios, burocracia e instituciones del Estado. Esta caracterización, que sostuvimos desde el inicio, ha sido probada en la investigación judicial e incluso admitida en los fundamentos del fallo del Tribunal. Hubo un crimen político contra el conjunto de la clase obrera, que lucha contra las diversas formas de la superexplotación capitalista, en este caso la tercerización, o sea la exclusión del convenio colectivo de trabajo de la rama correspondiente.

El monto menor de las penas adjudicadas, así como las absoluciones, son un emergente de la distorsión que ha producido el Tribunal en la caracterización del delito cometido.

El fallo de los 17 imputados condena a penas importantes a 8 de los 10 imputados integrantes de la patota ferroviaria; a Pedraza y Fernández, a 15 años, como partícipes necesarios del homicidio y de la tentativa de homicidio; a Pablo Díaz como partícipe necesario a 18 años; a Favale y Sánchez, como coautores del crimen, a 18 años, a Pipito y González los condenó a 11 años por coacción y participes necesarios, y a Alcorcel, como partícipe secundario, a 8 años. Uño y Perez fueron absueltos.

Las penas a los funcionarios policiales fueron mucho menores; los comisarios de la División Roca, Mansilla y Ferreyra fueron condenados como partícipes necesarios a 10 años, una pena menor a la que recibieron el resto de los condenados con la misma figura penal. Absuelve, en relación al homicidio y la tentativa de homicidio, a todos los policías de la Dirección General de Operaciones, a los cuales sólo responsabiliza penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos años en suspenso, y al camarógrafo Villalba a multa e inhabilitación. Al subcomisario Garay, responsable de los patrulleros de la seccional 30 y presente en el lugar, lo absuelve de toda responsabilidad.

Si bien recién el 17 de junio estarán los fundamentos del fallo, y éste fue por unanimidad, el presidente del Tribunal desarrolló una introducción plagada de contradicciones, que sólo pueden explicarse por la necesidad de absolver la responsabilidad del Estado y del Gobierno actual.

Horacio Días pretendió fundar su fallo en el sentido común, en contraposición a la visión ideológica que atribuyó a la querella, pero lo que logró fue precisamente violentar todas las leyes de la lógica. A medida que avanzaba su exposición, se daba de bruces con todas las premisas del propio fallo.

Para fundar en que los condenados no tenían una intención de matar en forma directa ( por lo cual no se configuraba el homicidio calificado, y se estaba ante un homicidio simple por dolo eventual) sino que sólo se representaron ese resultado como una probabilidad, se basó en que la muerte no garantizaba a la patota la posibilidad de perpetuar sus intereses. En este punto, el juez deja de lado su propia denuncia de un pacto entre la patota y la policía (“convergencia intencional”, dice) para asegurar, precisamente, la impunidad del delito criminal, lo que quedó desbaratado por la presencia de un medio de comunicación en el lugar y la inmediata comparecencia de los testigos. Admitió que se habían probado los intereses políticos y económicos que buscaban protegerse con este crimen, pero rechaza que ese fuera el propósito objetivo de los acusados, con el argumento falaz de que el asesino obtiene un perjuicio de su propio asesinato. En esta línea curiosa de “sentido común”, el juez Días sostiene que “Bulacio terminó con las razzias, Carrasco con la colimba, Kosteki y Santillán con el gobierno de Duhalde”. Al doctor Días se le soltaron dos eslabones del razonamiento: uno, que la derrota de los victimarios aludidos fue el resultado del desenmascaramiento de la tentativa de encubrimiento de sus responsables, no de su conciencia acerca del resultado final que tendría su acción; dos, que nada terminó, pues el gatillo fácil sigue; Jorge Julio López sigue sin aparecer; las patotas siguen reprimiendo luchas y huelgas; el espionaje a las organizaciones sociales se ha intensificado (Proyecto X), y hasta el propio Estado ha decidido legitimar este accionar mediante la ley antiterrorista. El crimen de Mariano prueba que los antecedentes que invoca Días no han tenido el efecto ‘pedagógico’ que les atribuye. A Duhalde lo desenmascaró un fotógrafo de Clarín, no la Justicia, la cual por el contrario encubrió a sus autores políticos, que han podido continuar sus carreras a costa del presupuesto; y la autoría del asesinato de Mariano fue revelada por un móvil de C5N, no por las autoridades de los organismos seguridad, que, por el contrario, eran parte del complot criminal, como lo reconocen los fundamentos del propio fallo. El asesinato de Bulacio sigue impune.

Acordemos que fundar la ausencia de intención de matar porque se sabe que las consecuencias serían perjudiciales para los asesinos, es una falacia que no pasaría un concurso judicial y convertiría en alarmista el mandato bíblico de “no matarás”, recogido tempranamente por el derecho penal.

La elaboración conceptual del Tribunal desconoce que la mayoría inmensa de los casos de asesinatos de militantes populares ha quedado en la impunidad. El enfoque del Tribunal implica una grave irresponsabilidad institucional, porque alegaría como perjuicio, en el caso del asesinato del militante Carlos Fuentealba, que truncó la carrera del ex gobernador Sobisch, como si se pudieran equiparar una cosa y la otra. Pero es precisamente lo que implica el Tribunal cuando correlaciona los asesinatos de Kosteki y Santillán con la renuncia de Duhalde, quien, lejos de perder ‘plafond’ político, acabó digitando a su sucesor. El responsable político de la policía que asesinó a campesinos Qom, en Formosa, sigue gozando de salud política.

De la prueba del expediente queda claro que, además de Sánchez y Favale que fueron dos de los tiradores identificados, por lo menos existieron dos más, uno con una 22, y otro con una escopeta. Quien convoca a varias personas para disparar contra un grupo determinado ¿no tiene intenciones de matar? Ni siquiera usando su mejor oratoria podrá Dias explicar esto al común de la gente. Estamos ante una construcción dogmática para diferenciar el dolo directo del eventual, alejada incluso de la letra de la ley, que sólo exige como elemento constitutivo del homicidio agravado que éste se lleve a cabo con el concurso premeditado de dos o más personas.

El presidente del Tribunal desarrolló en sus propios argumentos que la convocatoria fue sindical y no espontánea, que el grupo llevado por Favale lo hizo en un colectivo que obviamente no fue abonado por los que fueron llevados en él. Por lo cual, su propia valoración de la prueba no deja en duda la premeditación.

Las contradicciones de la introducción llevada a cabo no quedan aquí. Luego de explicar que los tiradores, tras perpetuar el crimen, volvieron hacia donde se encontraban las fuerzas policiales, porque tenían asegurado no iban a intervenir, pasa a absolver al sub-comisario Garay que era el encargado de la “fuerza disuasiva”, y que cumplió ese efecto para los manifestantes pero no para los agresores, en referencia a los patrulleros de la comisaría 30.

La responsabilidad del Comisario de la Dirección de Operaciones de la Policía Federal, Hugo Lompizano, quien también fue responsable de la muertes en el Indoamericano, (una muestra más de la impunidad reinante) y de sus subordinados Echeverría y Conti, es probada por la secuencia de las modulaciones. En ellas, y ante el pedido de ayuda de Garay que da cuenta de que los ferroviarios bajaron para agredir a los tercerizados, le ordena hablar por una vía que no quede registrada. Es evidente que esa llamada fue suficiente para convertir a Garay en un protector de los tiradores, cuando éstos regresaron de su faena criminal. Durante los cinco minutos desde la primera llamada, hasta que Garay da cuenta de la existencia de un herido de bala, el silencio desde la DGO por los canales registrados es absoluto.

La absolución en relación al homicidio de los miembros de la DGO tiene un sólo objetivo: presentar al indudable aporte de la Policía Federal en el crimen como una acción marginal de los comisarios de la división Roca, sin relación con una orden institucional.

Pero esta querella mostró y demostró, por más que le pese al Tribunal, que, en la indagatoria, Echeverría reconoció que la actuación de la DGO respondía siempre a una orden política superior, y las fuerzas se movían en relación a esa orden. El largo silencio en las modulaciones, cuando la movilización de Barracas era el hecho más importante del día, muestra claramente que existía una orden a la policía de “no intervenir”.

El responsable directo de la Policía Federal en el momento de los hechos era Aníbal Fernández, a quien en definitiva se pretende proteger con estas absoluciones.

El propio Pedraza admite una reunión con Schiavi, también mencionada por su segundo, Fernández, el día anterior a la acción criminal. En esa reunión, el Secretario de Transporte de entonces rechazó la propuesta de la Unión Ferroviaria de realizar un paro contra el corte de vías de los tercerizados, pero no cuestionó la decisión de reemplazar el paro (para que las fuerzas de seguridad impidan los cortes) por la formación de una fuerza de choque. Estamos ante una manifiesta tercerización de la represión. Si Schiavi podía vetar un paro también podía vetar que la Unión Ferroviaria se arrogara la defensa de las vías mediante la utilización de la fuerza directa contra los tercerizados. Sea como fuere, la estructura del negocio tercerizado y el desvío del dinero de los subsidios estaba respaldado por el mando de esa Secretaría.

El silencio sobre Schiavi es significativo, cuando quedó claramente establecido que quien era el encargado de aprobar las licitaciones escandalosamente ilegales de las cuales dieron cuenta sin rubor los empresarios de UGOFE, y de los contratos en que se utilizaban trabajadores tercerizados, eran tanto la Subsecretaría de Transporte Ferroviario como la Secretaría de Transporte.

En sus fundamentos, el doctor Dias destaca que los trabajadores asistieron convencidos de que no se les iba a descontar el día – nunca se les descontaba cuando eran sacados por los delegados – algo que, si no sucedió en esta oportunidad, sólo fue para desvincular a los concesionarios de la trama criminal. Pero ello demuestra a las claras la complicidad de los empresarios, que el Tribunal volvió a dejar de lado.

En su afán de desligar al gobierno de cualquier responsabilidad en lo ocurrido, Días incurre en un verdadero furcio cuando se refiere a la conversación telefónica entre Tomada y Pedraza. Allí, donde todo el país interpretó que el tenor de la conversación demostraba una trama fenomenal entre la burocracia y el gobierno, el doctor Días descubre un ‘distanciamiento’. Para eso, se vale de la expresión “te atiendo después de tus 40 llamadas”, como si lo de 40 no fuera una expresión corriente y no un dato, y como si no pudiera ser interpretado como una disculpa, ¡tres meses después del crimen! Parece que Días y compañía no prestaron suficiente atención al resto de la comunicación en la que Tomada aconseja a Pedraza cómo ‘hacerle la cabeza’ a esos ‘tipos’ para que no los ganen ‘los quilomberos’. Estamos ante un lenguaje de rufianes, con el cual Tomada pretende hacerle entender a Pedraza que’ hay vida’ para la burocracia después de las incorporaciones a planta permanente. Doctor Días: después de este distanciamiento tan peculiar, la subsecretaría de Tomada, Noemí Rial, llamó a Pedraza para transmitirle su solidaridad, cuando la policía estaba allanando el domicilio del imputado. ¿Qué le dice todo esto, doctor Días, a su sentido común y su visión desideologizada del mundo? ¿No le enseñaron, señor Juez, que el prejuicio está anidado en el sentido común, y que la función de la ciencia es, precisamente, el desarrollo de la crítica al sentido común, para superar el espejismo de la apariencia y devolverle a la apariencia toda la riqueza de sus determinaciones?

¿No escuchó o no quiso escuchar cómo el Ministro conspira contra los tercerizados y presta su colaboración a Pedraza para que recupere el Sarmiento por medio de infiltrados y se perpetúe en el poder de la Unión Ferroviaria?. La infiltración, señores jueces, que se realiza con la colaboración clandestina del Estado y los concesionarios, es una acción pre-criminal.

¿Qué persona con sentido común puede interpretar que dicho diálogo refleja un intento de “sacarse de encima” a Pedraza? Incluso si fuera cierta la tesis judicial, ¿no es precisamente lo que hacen los delincuentes, entre ellos, cuando son detenidos por delitos en banda?

En su afán de deslindar de cualquier responsabilidad al Estado, al gobierno y a los empresarios, los fundamentos de la sentencia redefinen a los jueces como “técnicos”. Preguntamos: ¿cómo puede ser ‘técnico’ un poder del Estado? El ‘técnico’ asesora, no sentencia. ¿La Constitución política del Estado es de naturaleza ‘técnica’? El Tribunal ha caído en la grosería ideológica, al despojar de contenido social y político a la labor judicial, y al darle carácter absoluto a lo que no es más que una construcción transitoria en el desarrollo histórico de la humanidad.

Estamos, señores del Tribunal, obligados a apelar este fallo, para no incurrir, nosotros mismos, en complicidad con tanta deformación, planteo sesgado, omisiones interesadas y falacias. La condena que pronunció el Tribunal es el resultado de la lucha, de ningún modo de su capacidad de administrar justicia, que los dislates que hemos enumerado, demuestran que es harto limitada. Somos de la firme opinión de que la calificación del crimen contra Mariano Ferreyra como homicidio simple y no como homicidio calificado; y la exculpación de la superioridad jerárquica y política de la Policía y de los ministros vinculados al transporte y a los sindicatos, tipifican una sentencia sesgada por los condicionamientos del poder político de turno.

La lucha continúa.


Claudia Ferrero
Jorge Altamira


PARTIDO OBRERO

22 de abril de 2013

Razones para no privatizar

El nuevo proceso licitatorio y la consecuente privatización de Tamse van a significar un pésimo negocio para los vecinos.

Desde hace décadas, los cordobeses sufrimos la decadencia sistemática del servicio de transporte público. Pagamos el boleto más caro del país y, sin embargo, las condiciones en las que viajamos son cada vez más insoportables: pésimas frecuencias, unidades en mal estado, barrios enteros que carecen de servicios.

Todo esto bajo la administración del capital privado. Es un proceso de liquidación del transporte público con el objetivo de dejar en pie sólo aquello que es redituable en términos de los intereses capitalistas del transporte.

En los últimos 20 años, las sucesivas licitaciones redujeron en casi un 30 por ciento el número de colectivos en circulación. Lo justifican señalando que usan unidades de mayor porte, lo que implica más tiempo de espera ya que disminuyen las frecuencias y no acompañan el crecimiento demográfico (18 por ciento en igual período) en la ciudad.

El resultado está a la vista: crecimiento descomunal de autos y motos (con los consecuentes accidentes) en las calles. Al erario público le sale caro el mayor beneficio que hacen los empresarios.

En 2002, nació Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse), como consecuencia del abandono del servicio por parte del capital privado, luego de una licitación como la que hoy quiere ejecutar el intendente Ramón Mestre. Es decir que Tamse es la prueba más irrefutable del fracaso de la gestión capitalista en el transporte.

Mestre nos “promete” que con la licitación estos problemas van a desaparecer y vamos a tener “el transporte más innovador del mundo”.

¿Por qué el intendente quiere hacernos creer que la fórmula que ya lleva décadas fracasando ahora va a dar resultados? Simplemente porque lo que Mestre, los empresarios del transporte y los concejales, tanto oficialistas como opositores, defienden es un negocio. Con el agravante de que ahora ese negocio quiere quedarse con Tamse, que representa el 40 por ciento del servicio.

El nuevo proceso licitatorio y la consecuente privatización de Tamse van a significar un pésimo negocio para los vecinos. Porque para el capital privado su negocio es la ganancia, el lucro, y no la calidad del servicio.

El proceso licitatorio está armado de forma tal que las empresas no se verán forzadas a sostener una frecuencia obligatoria, con lo cual, como lo han venido haciendo, privilegiarán los recorridos rentables (en Tamse, sólo un 25 por ciento); el resto morirá de “muerte natural”, dejando aislados a barrios enteros.

Luego el municipio, con fondos públicos, saldrá a recoger lo que los empresarios dejen y volveremos al punto de partida; en manos de gobiernos que actúan según los intereses capitalistas, la privatización lleva a la estatización y vuelta a la privatización.

Desde el Partido Obrero, hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que sean retirados de la licitación los corredores pertenecientes a Tamse. Desde ese lugar, invitamos a las centrales obreras, a los concejales que se oponen a la privatización y a las organizaciones de vecinos a tomar este proyecto u otros similares que puedan surgir y llevarlos adelante.

Nuestra propuesta: sistema de transporte público de pasajeros integral, de gestión pública y bajo control de los trabajadores y usuarios; plan de inversiones para llegar al piso histórico de 1.200 unidades (hoy existen casi 800); congelamiento inmediato de la tarifa; apertura de los libros de las empresas para su investigación; constitución de una comisión integrada por trabajadores y técnicos independientes para investigar el destino de los subsidios otorgados.

Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

http://www.lavoz.com.ar/opinion/razones-para-no-privatizar

21 de abril de 2013

EL PARTIDO OBRERO MARCHA JUNTO A LOS CHOFERES Y LLAMA A TODOS LOS TRABAJADORES A APOYAR LA MOVILIZACIÓN








Denunciamos la impostura de Mestre

“El intendente Mestre lanzó una cruzada contra el paro de los choferes de colectivos y amenaza con apelar a rompehuelgas para impedir su concreción, no importando si con esto viola derechos constitucionales. Denunciamos la impostura del intendente que justifica semejante atropello diciendo que actúa en defensa de los usuarios del transporte público de pasajeros; al organizador del carnereaje no se le ve semejante ahínco para obligar a los empresarios a que presten un servicio decente, o controlarles el cumplimiento de las ya escasas frecuencias. Mestre actúa así para defender un negocio de un puñado de capitalistas, en una nueva vuelta de tuerca sobre el proceso de liquidación del transporte público, con el objetivo de dejar en pie sólo aquello que es redituable en términos de los intereses capitalistas del transporte. Denuncio a la oposición que sólo cuestionó la intención de quebrar la huelga por 'impracticable'”. Así se expresó Eduardo Salas, candidato a diputado nacional y dirigente del Partido Obrero, en un plenario de militantes gremiales del Partido Obrero.

“El lunes estaremos junto a los trabajadores de UTA porque tienen razón: sus puestos de trabajo peligran; lo confirmó esta semana el secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba cuando dijo que los trabajadores del transporte que no sean absorbidos por las empresas que obtengan la concesión del servicio, quedarán incorporados en la Tamse residual, que tendrá como función hacerse cargo de los recorridos que los nuevos concesionarios vayan abandonando si no les resultan rentables”, prosiguió Salas. “Pero también estaremos porque la causa que defienden los choferes con su huelga es una causa general de todos los trabajadores; es la lucha por un sistema público de pasajeros que funcione de acuerdo a las necesidades de la población y no de tres empresarios. Llamamos a los trabajadores y vecinos de Córdoba a apoyar esta lucha”, concluyó.


Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025

Manuel D'Alessandro, dirigente del Partido Obrero: 0351- 155078317



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

18 de abril de 2013

JUICIO POR MARIANO FERREYRA: SEGUIMOS LA SENTENCIA EN VIVO EN PLAZA SAN MARTIN








Mañana, viernes 19 de abril, en oportunidad de dictarse la sentencia en el juicio que se sigue a los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el Partido Obrero levantará una radio abierta en Plaza San Martín, desde las 10 horas, desde donde transmitiremos en vivo la lectura del veredicto.

La actividad será preparatoria de la movilización que junto a otras organizaciones sociales y políticas desarrollaremos desde Av. Colón y la Cañada a partir de las 18 horas.

PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda

Justicia por Mariano Ferreyra


En Córdoba, la campaña marcha.
















Las diversas reuniones y charlas convocadas por el Partido Obrero de Córdoba, en el marco de la campaña política, dieron lugar a iniciativas y resoluciones de gran importancia luego de intensos y concurridos debates.

Una mateada con trabajadores estatales, a la cual concurrieron Eduardo Salas y Cintia Frencia, resolvió un plan de acción contra la precarización laboral en el Estado y contra al impuesto a las ganancias. Nuestros compañeros presentaron el proyecto de ley para terminar con la precarización y se resolvió impulsar reuniones en los lugares de trabajo. El siguiente paso será convocar a un plenario de activistas y delegados de los gremios del Estado, para gestar una movilización al momento de presentar el proyecto y resolver un plan de acción.

En una concurrida reunión de Eduardo Salas con los principales activistas de la empresa Tamse, se evaluó la marcha de la lucha de los trabajadores de esa empresa municipal de transporte contra la privatización que impulsa el intendente Mestre. Se tomaron resoluciones sobre la campaña que el Partido Obrero está desarrollando, la que incluyó la presentación de un proyecto de ordenanza para impedir la licitación de los recorridos de la empresa. La agitación que viene desarrollando el partido ha sido apreciada por los trabajadores como un factor clave en la lucha que están llevando adelante.

En Río Ceballos, una reunión con Salas contó con una importante delegación del movimiento obrero zonal y resolvió una campaña frente a la crisis del agua que azota a la zona como resultado de los negociados inmobiliarios y el desmonte. A su vez, se preparó una agitación centrada en el impuesto al salario y la miseria salarial.

En José Ignacio Díaz, barrio de la capital, Cintia Frencia participó de una nutrida reunión con mujeres del barrio, las que resolvieron un plan de acción por las condiciones barriales (asfalto, iluminación) y la inseguridad.

Eduardo Salas y Manuel D’Alessandro participaron de otra reunión barrial en Villa El Libertador. En Río Cuarto, Eduardo Salas participó de varios programas de radio y televisión, donde fue consultado sobre el proyecto presentado por el Frente de Izquierda en la Legislatura para impedir la instalación de Monsanto en la provincia. Una de las tres plantas proyectadas por el pulpo estará en la ciudad de Río Cuarto. Luego, se reunió con activistas que están organizando la lucha contra esta instalación.

F. R.

Córdoba: triunfo de los docentes preuniversitarios

Luego de más de 15 días de huelga, los docentes de los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat obtuvieron el compromiso, por parte del rectorado, de pagar el bono adeudado desde fines del año pasado, que la rectora Scotto desconocía.

Con esta conquista, los preuniversitarios han salido fortalecidos para avanzar en el resto de los reclamos. Es así que la asamblea, la que resolvió aceptar el acuerdo y volver a clases, se declaró en alerta por las paritarias nacionales, plegándose a las medidas de lucha para rechazar la irrisoria propuesta salarial del 20% que ofreció el gobierno nacional y exigiendo un 30% de aumento. También fijó la convocatoria a nueva asamblea para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el rectorado.

El rol del gremio docente (Adiuc), conducido por la oficialista Naranja, fue lamentable. Convocó a un paro aislado de 24 horas, luego de una semana de huelga de los preuniversitarios. La respuesta de la docencia en lucha fue contundente: continuar el paro hasta la victoria.

El gremio no puede ser un apéndice de las políticas del rectorado. Por el contrario, es necesario preparar -mediante asambleas en las facultades y colegios- la defensa del salario y -tomando el camino iniciado por los preuniversitarios- avanzar hacia una asamblea unitaria de la docencia, que vote un plan de lucha por el 30% y la reapertura de las paritarias locales para atender los reclamos pendientes. Hay que tener en cuenta que la Conadu Histórica ha rechazado la paritaria por 16 meses, que sí firmó la burocracia de Conadu -donde está Adiuc ¿Cuál es la posición de Córdoba?

El recientemente electo rector, Francisco Tamartit, sucesor de Scotto, viene a dar continuidad a la gestión K que hasta hoy gobierna la UNC. El triunfo de los preuniversitarios debe ser tomado por el conjunto de la comunidad universitaria para rechazar el ajuste en marcha de manera organizada, independiente y combativa.

Cintia Frencia

La clase obrera y la crisis política












El desbarajuste del ‘modelo’ golpea con fuerza a la clase obrera. La inflación del año pasado no ha sido inferior al 25%. A ello, se suma la carga creciente del impuesto al salario: la corrección del mínimo no imponible -de sólo el 16,6% para el año 2013-sumará a nuevos trabajadores al pago del impuesto.

En las paritarias se juega el destino de los ingresos obreros.

Congelamiento trucho

El gobierno tendió sobre la mesa el congelamiento de precios para justificar la imposición de acuerdos salariales a la baja. Pero los precios aumentaron más de un 3% en los meses ‘congelados’. En el caso de los combustibles, el anuncio fue seguido por un naftazo.

A esta altura, el congelamiento sólo le sirve de excusa a la burocracia sindical para redoblar su cepo sobre las paritarias.

La paritaria en La Bancaria fue postergada a cambio de un acuerdo precario de tres meses. En la UTA, el sindicato reclama reabrir la discusión en seis meses. En Luz y Fuerza se impuso un plazo de 18 meses, con un aumento del 20% anual. Algo similar pactó la burocracia adicta en los docentes universitarios. Es muy clara la intención de conseguir un “pacto social” no escrito.

El inmovilismo envuelve también al sindicalismo opositor, el cual aisló a las grandes huelgas docentes de Buenos Aires, Neuquén y Chaco.

Contra estas tentativas, afloran luchas fundamentales como las de los metalúrgicos y los mecánicos (Lear). Los plenarios de la UOM no quieren migajas, los gráficos se han movilizado masivamente reclamando parar por el 35% y han vuelto las asambleas masivas de los petroleros santacruceños. En la UTA crece un movimiento en las internas antiburocráticas para reclamar un básico de 10.000 pesos. La Conadu Histórica ha rechazado el aumento oficial, pactado por las centrales adictas. El paro judicial será fortísimo por abajo, a partir de los ataques de la “reforma” al trabajador judicial.

La burocracia opositora dedica sus esfuerzos a una alianza político-electoral con Lavagna, De La Sota y los restos del duhaldismo.

La CTA Micheli le da la espalda a la huelga docente neuquina y a la de los estatales bonaerenses.

Nuestro partido plantea:

Autoconvocatorias y movilizaciones en reclamo de paritarias libres, por un mínimo de 8.000 pesos, contra los techos salariales oficiales, por la anulación del impuesto al salario, por el 82% móvil, por un plan de lucha de las centrales obreras para conseguir estos reclamos.

A la “democratización” judicial le salió un forúnculo













El tratamiento de los proyectos de ley que componen la llamada “democratización” de la Justicia ha generado una crisis en uno de los sectores de la camarilla oficial. A los disidentes del espacio Justicia Legítima, quienes expresaron sus cuestionamientos a boca de jarro, se han agregado Página/12, el CELS y Verbitsky. Dicen, nada menos, que los proyectos son inconstitucionales y que afectan las garantías individuales. ¿En qué estaban pensando, entonces, CFK y su asesor Zanini?

Deliberadamente, sin embargo, la crítica oficialista al proyecto oficial se detiene cuando debía llegar al hueso. Omite el artículo 17 del proyecto sobre las medidas cautelares, el que le otorga al Estado la posibilidad de frenar -por vía judicial- cualquier medida que afecte “el interés público”. O sea que se adjudica el derecho de judicializar cualquier medida de lucha popular, desde los trabajadores estatales hasta el subte, petroleros y docentes. El Estado invoca la protección de los ciudadanos cuando se trata de liquidar una lucha popular -incluida la atribución de militarizar los servicios. En la Comisión donde se debatió el tema, el camporista Alvarez, secretario de Justicia, no sólo ratificó este artículo, sino que agregó que el Estado recurrirá a las cautelares contra los sindicatos que no avisen con una debida anticipación sus medidas de lucha y/o no acaten la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Exactamente lo mismo que Macri quiso introducir en la ley del subte en la Ciudad. Se prueba, así, que la juventud militante del kirchnerismo es profundamente antiobrera, algo que ya se había revelado cuando Recalde y Kicillof pidieron el quite de personería a los gremios ‘díscolos’ en Aerolíneas Argentinas. No es casual que estos camporistas realizaran cursos de formación política con Pedraza.

El proyecto limita el alcance de las acciones de amparo contra medidas del Estado, incluso establece que alcanza con la mera apelación del Estado para que el amparo pierda su carácter suspensivo. La Justicia debería rechazar, en tal caso, un amparo de docentes universitarios contra las jubilaciones compulsivas (cesantías de hecho) de la UBA (las limitaciones drásticas del amparo son extensibles a los organismos descentralizados del Estado). Con semejantes prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo, las leyes dejarán de ser necesarias para la función de gobierno. Quedaría establecida la burocracia -el dominio político de los funcionarios.

De la 125 a esta parte

Para la ‘opo’ patronal, la pelea contra los proyectos K se reduce a lo siguiente: la defensa de los intereses establecidos. Su programa es la defensa del derecho al amparo para Clarín y la Sociedad Rural y, más allá, para todos los accionistas privados en las empresas donde interviene la Anses como socio capitalista. La ‘opo’ no objeta el cercenamiento del derecho de huelga en los servicios: el ‘terco’ Mujica, un centroizquierdista admirado por sus congéneres de este lado, lo aplica en forma sistemática.

Los llamados opositores aseguran que los proyectos, una vez aprobados, serán detenidos cuando lleguen a cualquier sede judicial. Aun así, juran que los K han instalado un régimen totalitario. Ya son numerosísimas las presentaciones de inconstitucionalidad que prometen las asociaciones profesionales. Ante un percance de este tipo, el gobierno -dicen algunos analistas- tiene prevista la supresión de las primarias y el adelantamiento de las generales para agosto.

La clase obrera

A pesar de los derechos fundamentales que están en juego para los trabajadores, no solamente la burocracia sindical de Caló ha mantenido la boca cerrada; tampoco se ha pronunciado la dirección del subte. Los ‘opositores’ van a la cola de los carcamanes de la vieja política, los que defienden los derechos individuales del capital y no los derechos individuales y colectivos del proletariado. Este es el aspecto realmente negativo de la situación presente.

La intervención del Partido Obrero en la llamada crisis judicial apunta a destacar la importancia que tiene el asunto para los trabajadores y a impulsar una movilización en defensa de los derechos de la clase obrera.

Gabriel Solano

Los directores de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” visitan Córdoba


Julián Morcillo y Alejandro Rath, realizadores de “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”, estarán hoy, jueves 18 de abril, en el estreno de esta película en Córdoba.

Martín Caparrós interpreta a un comprometido periodista que encara una profunda investigación sobre el asesinato de Mariano Ferreyra, en la búsqueda de develar el trasfondo de este crimen. En su afán de encontrar la verdad, deberá enfrentar una serie de trabas y contradicciones que se le presentan en su propio trabajo.

La película invita a una reflexión sobre la problemática de la tercerización laboral, que afecta a gran parte de los trabajadores en nuestro país, abordando el asesinato de Mariano como un punto clave para entender el entramado de intereses, responsabilidades y complicidades detrás de este negociado, que en el afán de su defensa terminó con la vida del joven militante, Mariano Ferreyra.

Los directores participaron en varias entrevistas en los medios locales, destacando a la película como un aporte más a la causa, buscando desentramar el armado existente detrás del negocio de la tercerización laboral, contado desde un lenguaje tan popular y masivo como es el cine.

Invitamos a participar masivamente del estreno de la película “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” a realizarse hoy, jueves 18 de abril, a las 21.30 hs., en el cine Gran Rex, que contará con la presencia de los directores de la película y dirigentes del Partido Obrero. Asimismo convocamos a marchar masivamente el día 19 de abril, día en que se dicta la sentencia del juicio por el asesinato de Mariano, que partirá a las 18 hs, desde Colón y Cañada.

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Página de la película: http://www.filmmarianoferreyra.com/ 

Mirá el avance de la película: http://vimeo.com/63968540

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* Eduardo Salas, candidato a Dip. Nacional: 0351- 155477025 

* Cintia Frencia, legisladora electa por el Frente de Izquierda: 0351-155477903


 Directores de la película:

Julián Morcillo: 011-1560174848
Alejandro Rath: 011-1550016155


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA