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Sergio Massa y Daniel Scioli, no hace mucho tiempo.
Rejuntes y fracturas en la transición política que
impone la sucesión del kirchnerismo. El Frente de
Izquierda plantea una salida de los trabajadores
a la crisis. |
El tramo final de la campaña ha sacado a luz el verdadero rostro de los bloques políticos que pugnan por el primer lugar este domingo. A raíz del robo a la casa de Sergio Massa, la disputa electoral ha tomado la forma de una guerra al interior de los servicios de “seguridad”. En este caso, por la participación de un prefecto de la inteligencia estatal en delitos comunes. Del otro lado del mostrador, Massa quería darle un “perfil bajo” a su denuncia, para no revelar que, en su “municipio modelo”, la inseguridad ciudadana está causada por la misma cuestión que en todo el país: el entrelazamiento entre el aparato represivo del Estado (que Massa reforzó por todos los medios) y el delito organizado.
Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la SI (ex Side) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.
Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas), además de contar con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la Side bajo la dictadura no le impidió operar para el kirchnerismo -al menos, hasta 2010.
La oposición que encarnan Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias”, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.
Disgregación oficial
Pero más allá de la guerra de servicios, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. El brutal enfrentamiento revela que entró en crisis la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o del Unen postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero, en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de las reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente. Ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: basta decir que el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, los bloques capitalistas han disimulado, hasta donde les fue posible, hasta qué punto preparan una salida a la presente crisis que es abiertamente contraria a los intereses populares.
Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.
Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.
La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. Pero esta presentación carecería de fundamento si no se encontrara avalada por una trayectoria política y una experiencia que la población ha recorrido con nosotros. “Todavía me acuerdo cuando usted anticipó que se quedarían con nuestros ahorros”. Expresiones de este tipo fueron escuchadas decenas de veces en el contacto entre Jorge Altamira y la población, durante la campaña en la Ciudad. En este distrito, el alcance y profundidad de este reconocimiento popular no tiene precedentes. Pero también se expresó en la campaña que Néstor Pitrola realizó en buena parte de los 80 distritos donde el Frente de Izquierda presentará lista en la provincia. En la durísima pelea contra la tentativa de polarización electoral entre los K y el post-kirchnerista Massa, el Frente de Izquierda se ha ubicado como la quinta fuerza, con decenas de destacados referentes locales. En Córdoba, también emergen síntomas positivos de votación, en medio de una crisis monumental del juecismo. En Salta, la campaña del PO alcanzó una extensión social y territorial inédita, lo que prepara las condiciones para octubre y para las elecciones provinciales. En Tucumán, la campaña culminó con la presencia del padre de Paulina Lebbos en nuestro acto de cierre, reivindicando la lucha sistemática del Partido Obrero contra la impunidad estatal. Lo mismo puede decirse de los otros catorce distritos donde daremos batalla, en varios de los cuales pelearemos para derrotar el proscriptivo piso electoral impuesto por la reforma política oficial. En todos lados, esta primera fase de la campaña ha dejado núcleos organizados en fábricas, sindicatos, barrios y escuelas, conquistados sobre la base de una lucha de carácter político definido. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.
Marcelo Ramal
