30 de septiembre de 2013

REPUDIAMOS DECLARACIONES DE CRISTINA KIRCHNER SOBRE MARIANO FERREYRA



En la entrevista con Jorge Rial, Cristina Kirchner volvió a intentar la usurpación política de la figura de Mariano Ferreyra con burdos fines electorales. Para eso, mintió descaradamente. Por un lado, presentó a su gobierno como una víctima del crimen de Mariano, cuando todo su gabinete era cómplice de Pedraza en el vaciamiento ferroviario y la tercerización de trabajadores. Por el otro, se atribuyó el esclarecimiento del crimen, ello por un supuesto “testigo protegido”, que también integraba la patota criminal y que, en ese carácter, terminó procesado.

Cristina Kirchner asoció el crimen de Mariano al de Kosteki y Santillán. Pero los autores y cómplices políticos del asesinato de Darío y Maxi, como Soria o Aníbal Fernández, se terminaron integrando al riñón del kirchnerismo.

El juicio y la condena a Pedraza fueron el resultado de una intensa movilización popular. Mientras ésta se desarrollaba, el gobierno continuaba apañando a la burocracia sindical ferroviaria, como lo demostraron las escuchas telefónicas de Tomada y Rial con Pedraza, posteriores al crimen de Mariano. La condena de Pedraza es un triunfo de esa movilización, no del gobierno.

Repudiamos las mentiras de Cristina Kirchner, y ratificamos la lucha por el castigo y la prisión perpetua a los asesinos de Mariano Ferreyra.


PARTIDO OBRERO en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

El Partido Obrero contra Monsanto



Este lunes 30/9, a las 7:00 horas, el Partido Obrero de Córdoba, con sus dirigentes Eduardo Salas, Cintia Frencia y Jorge Navarro, se movilizará hacia la planta de Monsanto para apoyar la lucha que vienen desarrollando la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida y otras organizaciones sociales, ambientales y políticas contra la instalación de esta multinacional.

Esta lucha enfrenta la provocación e intento de desalojo por parte de la patota del sindicato de la UOCRA y la policía provincial al bloqueo que se viene desarrollando hace más de diez días. La burocracia que conduce UOCRA, que jamás ha realizado acción alguna en defensa de sus afiliados ante los cientos de accidentes laborales y las deplorables condiciones de trabajo que afrontan cotidianamente, no sólo actúa con su patota en defensa de Monsanto, sino que además amedrenta con despidos a los propios trabajadores, para que estos se enfrenten a los manifestantes.

Denunciamos a De la Sota y al intendente radical Arzani, que mediante la tercerización de la represión hacen uso de la burocracia sindical para garantizar la instalación de esta multinacional que viene a quedarse con la renta agraria de la provincia mediante el monopolio de las patentes de semillas, a costa de la salud de la población y de los recursos naturales de nuestro territorio.

Asimismo, repudiamos la acción de la conducción de UOCRA y exigimos que Monsanto se haga cargo del salario de todos los trabajadores, en su mayoría tercerizados, que cumplen función en sus predios, puesto que este pulpo tiene pleno conocimiento de su ilegalidad e igualmente comenzó a construir.

Llamamos al conjunto de las organizaciones sindicales, sociales y políticas de Córdoba a solidarizarse con la lucha contra la instalación de Monsanto.


* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025 

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272

* Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

26 de septiembre de 2013

LLEVEMOS a LA IZQUIERDA AL CONGRESO








“En las elecciones de agosto, el Frente de Izquierda, conformado por el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista alcanzó casi el millón de votos y se consolidó como la cuarta fuerza nacional, superando además el piso proscriptivo en los 18 distritos que se presentó. Quedamos a un paso de obtener diputados nacionales, legisladores y concejales en octubre.

Luego de agosto, el gobierno kirchnerista terminó tomando la agenda de los Macri y el resto de la oposición patronal. Realizó un pacto secreto con la multinacional Chevron, y la reapertura del canje de la deuda para los fondos buitre. Un gobierno que se declara “pagador serial” de una deuda que viene de la dictadura no defiende la soberanía nacional.

Todos los políticos de la oposición patronal, por más que se peleen en público, gobiernan o se preparan para hacerlo al servicio de los mismos intereses capitalistas. Y comparten las políticas de techos salariales y pactos con la burocracia sindical.

Una gran franja de trabajadores y jóvenes consideró “útil” votar al Frente de Izquierda. Porque nos unimos en el rechazo a ser furgón de cola de los partidos y experiencias políticas patronales.

Porque impulsamos la lucha por un programa anticapitalista. “La izquierda tiene que estar” en el Congreso y las Legislaturas. Cada voto que logre el FIT será para ponerlo al servicio de las luchas, del sindicalismo combativo y por impulsar una alternativa política de los trabajadores y la izquierda. ¡Sumate al Frente de Izquierda!”


Frente de Izquierda

Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista


(Extractos del volante aprobado por las fuerzas del Frente de Izquierda)

Deuda pública y Presupuesto 2014

Esta nota resume la información y el análisis de Héctor Giuliano, en un artículo que publicó Argenpress el 24 de septiembre.

Según el proyecto de ley de Presupuesto, está previsto que el stock de deuda pública aumente 12.700 millones de dólares; 57 mil millones de nuevo endeudamiento menos 44.300 millones de amortizaciones de deuda. “O sea que la totalidad de los vencimientos de capital se refinancia y, además, se toma más deuda”. De este modo, la deuda de 209 mil millones de dólares, a fines de 2012, subiría a 221 mil millones de dólares, en 2013, y a 223.800 millones, en 2014. “A diferencia de los vencimientos de capital, que no se pagan, sino (que) se refinancian íntegramente, los intereses sí se pagan y forman parte del gasto público corriente. El pago de intereses es fuertemente creciente dentro del gasto total: “su incremento contra 2013 es del 73,2% (44.500 millones de pesos versus 77.300), lo que supera ampliamente el aumento general de gastos del Presupuesto 2014, que es del 19,2% (721.200 millones de pesos versus 859.500 millones de pesos).

“Estrictamente hablando, una parte de los intereses no se paga, sino que se capitaliza por anatocismo -esto es, se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Se trata de una suma que está en los mil millones de dólares anuales, aunque ya se capitalizaron más de diez mil millones de dólares en función del megacanje 2005″.

Por los cupones del PBI, “ya se habrían pagado unos 9 mil millones de dólares -sin contar los compromisos de recompra efectuados- y ahora se estima que los pagos para el bienio 2014/5, en base a proyecciones de crecimiento del PBI de 5,1 y 6,2%, serían del orden de los 4.300 y 7 mil millones de dólares”.

El 58% de la deuda pública es ‘intra-Estado’, con la Anses y el Banco Central. Esta modalidad se mantiene según las previsiones del Presupuesto 2014; “toda esta deuda acumulada no tiene capacidad de pago demostrada por parte del gobierno”. “El esfuerzo fiscal para seguir pagando la deuda externa compromete la posición financiera del Banco Central”. El stock de letras y notas que se emiten para absorber el incremento de la emisión monetaria, con la que se compran los dólares para pagar la deuda pública, es de 22.500 millones de dólares. Estas letras y notas le cuestan al Banco un 18% de interés anual, en tanto que las reservas depositadas en el extranjero sólo reportan el 0,5% de interés por el mismo período.

El proyecto de ley autoriza la utilización de reservas del Banco Central, para 2014, por 9.900 millones de dólares. Si al stock actual de reservas -36.700 millones de dólares- se le restan 8.300 millones de cuentas corrientes en otras monedas y 4.600 millones en otros pasivos, más los 9.900 millones que quedan afectados por el Presupuesto, el stock de reservas quedaría reducido a 13.900 millones de dólares.

“No se tiene idea ni informaciones parciales o provisorias respecto a la ‘deuda pública indirecta’, que es la tomada por empresas del Estado, organismos nacionales y fondos fiduciarios”. Está deuda “constituye una suerte de ‘agujero negro’”. El proyecto de ley autoriza al Estado nacional a otorgar avales o garantías por los financiamientos obtenidos para obras de infraestructura o equipamiento por 37.580 millones de dólares.

El ‘pecado’ de la pedofilia es un delito penal














“La Conferencia Episcopal Argentina encomienda la realización de un dictamen al profesor Sancinetti, consistente en un estudio del procedimiento en el que fue perseguido penalmente, enjuiciado y condenado respecto de dos hechos de abuso sexual (referidos a un denunciante) y absuelto por muchos otros (referidos a otros dos denunciantes) el reverendo padre Julio César Grassi”.

Esta frase fue escrita en 2010, se encuentra en la contratapa de uno de los tomos del libro “Estudios sobre el caso Grassi” y corre por cuenta de un organismo que por entonces presidía Bergoglio, actual Papa.

El ‘caso Grassi’, y otros similares de menor repercusión, estuvo presente en los seis años en que Bergolgio fue presidente de la Conferencia Episcopal.

Sobre el libro encargado por Bergoglio para defender a Grassi y hacer lobby frente a la Suprema Corte bonaerense, el abogado querellante Juan Pablo Gallego señaló: “Lo más grave es que, sin base jurídica alguna, se expone una negación rotunda de la existencia misma del abuso sexual infantil y hasta se llega a decir que los que alientan condenas judiciales por abuso sexual buscan para sí mismos la imagen de que ellos no son abusadores sexuales” (Página/12, 12/11).

En el año 2009, luego de la primera condena, Grassi sostuvo que Bergolgio era su confesor.

El libro del abogado Sancinetti no fue el primero que hacía por encargo. Antes escribió otras mil páginas para absolver a Alfredo Yabrán y a Gregorio Ríos como responsables del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. El libro fue encargado al jurista por la familia Yabrán, por un millón de pesos.

La gestión de Bergoglio a la cabeza del episcopado (2005-2011) estuvo atravesada por varios casos de denuncias de abusos contra niños por parte de autoridades de la Iglesia, acompañadas de amenazas de muerte y de otras denuncias como la de tráfico de niños -Basseotto en Santiago del Estero- o de participación directa en sesiones de torturas bajo la dictadura, como fue el caso de Von Wernich. También de otros abusadores, como Picciochi en el Colegio Marianista de Caballito. El caso de Napoleón Sasso se inscribe entre aquellos en los que la cúpula clerical, conociendo antes que la Justicia los abusos del cura, trasladó al pederasta para ser tratado como “un sacerdote en crisis”, lo que le permitió abusar de niñas en el nuevo destino. En 2007, fue condenado a 17 años de prisión y desde 2012 volvió a tener salidas. Los abogados de las víctimas incluso denuncian que Bergoglio se negó a recibirlas.

El arzobispo santafecino Storni murió en 2012 en una residencia de Córdoba, sentenciado por abuso y luego absuelto. El Estado continuó pagándole una pensión equivalente a la dieta de un diputado nacional. La etapa del episcopado de Bergoglio estuvo signada por la protección de varios curas violadores.

Para la Iglesia católica, la pederastía no es un delito penal sino un “pecado”.

Los niños abusados no piensan lo mismo. En todo el mundo, existen miles de denuncias contra quienes, desde un lugar de poder, se abusaron de ellos. El actual papa Bergoglio fue parte de la cúpula que, aquí y en el mundo, intentó preservar la institución clerical por sobre la integridad de millares de niños. Esa acusación no se lava con un nuevo relato y con cambio de autoridades vaticanas.

Vanina Biasi

25 de septiembre de 2013

“Ahora en la Justicia: la pudrición es de todo el Estado”








“El enfrentamiento entre los fiscales federales y el Tribunal Oral se produce por el mismo motivo por el que cayó la cúpula policial: el uso de la droga incautada en los procedimientos. Así como las denuncias de Viarnes hicieron público el manejo que hacían de la droga los jefes policiales, quedando implicados en el narcotráfico, las aseveraciones del Tribunal Oral colocan a los fiscales bajo la sospecha del mismo delito. Como se ve, primero saltó a luz en la policía, ahora en la Justicia; ya hay algunos políticos acusados: la pudrición es de todo el Estado. El mismo Estado al cual los trabajadores de la salud le reclaman personal, infraestructura y salarios”, declaró Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda.

Salas continuó: “Cualesquiera sean las razones que llevaron al enfrentamiento entre el tribunal y los fiscales, lo que se ha puesto de manifiesto es que el delito `pesado´ cuenta con la participación indispensable del conjunto del aparato estatal. Esto es lo que venimos denunciando reiteradamente, por eso reclamamos la derogación de las leyes como el Código de Faltas y las llamadas antitrata y antinarco, que dan protección jurídica a este aparato corrompido”.

Para finalizar, el dirigente del Partido Obrero planteó: “El único camino es desmantelar este aparato, empezando por la policía. La seguridad de la población no puede estar en manos de los que manejan el delito en gran escala; la seguridad debe establecerse sobre otros principios y otra organización. La investigación de todos estos hechos no puede quedar en manos de quienes son parte de la cadena delictiva; es necesaria una investigación independiente sin los partidos que son y han sido parte del Estado”.


* Eduardo Salas (0351) 155-477025


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

24 de septiembre de 2013

DESMANTELAN LOS HOSPITALES PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LOS CAPITALISTAS PRIVADOS DE LA SALUD















Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, se refirió a la situación de los hospitales provinciales y lo hizo en estos términos: “Los trabajadores de la salud, con sus reclamos, están poniendo sobre el tapete el vaciamiento de los hospitales públicos. Ningún hospital escapa a la falta de personal y a los bajos salarios, a lo que ahora se agrega la situación de la infraestructura hospitalaria y el estado de la aparatología, que se encuentra desmantelada; y lo que es de un cinismo inaceptable es que en algunos hospitales, modernos aparatos llevan meses sin instalarse y sin siquiera desembalarse. ¿Adónde apunta todo esto? Es evidente que si esta situación se ha convertido en una constante en todos los hospitales y no en una excepción, es porque hay beneficiados con este estado de cosas”.

“Desde el Frente de Izquierda queremos llamar la atención a la población de Córdoba, que desde el gobierno provincial llevan esta política de manera deliberada; están usando los fondos de salud para favorecer a los grupos privados de la salud. Los pacientes son derivados a estos grupos, ya sea que deban pagarlos en forma particular o que el propio estado asuma los costos. Han armado un negociado sobre la base del crecimiento de la necesidad de atención en los hospitales públicos, que crece a la par del trabajo en negro y precario y del aumento permanente de la cuota de las prepagas. Negocian con la salud de los trabajadores”, continuó Eduardo Salas.

Salas finalizó expresando el planteo del Frente de Izquierda: “Es necesario terminar con estos negocios a expensas de la salud del pueblo. La defensa de la salud requiere un sistema único de salud fundado en la asistencia gratuita, integral y universal, sobre la base de la consolidación de todos los recursos sanitarios bajo la dirección de trabajadores electos; la creación de un segundo turno hospitalario con jornadas de trabajo de seis horas, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud, que deben ser efectivizados”.


* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272

* Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

"Narcocrisis" y Código de Faltas en Córdoba / Baja en la Edad de Imputabilidad en el plano nacional: Charla Debate con Eduardo Salas








Miércoles 25 de septiembre - 19 hs. - Facultad de Psicología (Pabellón Nuevo, Ciudad Universitaria)

“ABAJO LA MANO DURA Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD”:

Narco-crisis, Código de Faltas, Ley Antiterrorista, Baja de la Edad de Imputabilidad


El día miércoles 25/09, a las 19 hs., se realizará en la Facultad de Psicología una charla debate con el candidato a diputado nacional, Eduardo Salas.

La misma tiene por objetivo abordar el debate que atraviesa la población cordobesa, luego de la crisis abierta por los estrechos vínculos entre la cúpula policial, funcionarios públicos y las redes de narcotráfico en la provincia.

Eduardo Salas declaró sobre el tema: “Esta crisis ha desnudado la total putrefacción del aparato policial, quién no sólo ampara el funcionamiento de las redes delictivas en nuestra provincia, sino que actúa como socio en sus negociados”.

Salas continuó: “Esta situación tiene su correlato a nivel nacional, y la respuesta de oficialistas y opositores ha sido la de impulsar leyes que fortalecen este aparato represivo, como la Ley Antiterrorista, el Código de Faltas, la Ley de Trata y la Ley de Narcotráfico; colocar al represor Milani a la cabeza del Ejército, mientras exigen la baja de la edad de imputabilidad a los niños de 14 años”.

El candidato finalizó: “Para terminar con la inseguridad que vive el pueblo trabajador en necesario comenzar por el desmantelamiento del aparato policial, para poner en pie otro tipo de seguridad ciudadana que parta del principio de la defensa de los bienes comunes de la población trabajadora, terminando a su vez con la represión policial hacia la juventud y los sectores sociales que reclaman por sus derechos”.


JUEVES 26/09 - 18 hs.: MARCHA por la Derogación del Código de Faltas, desde Colón y Gral. Paz


- Eduardo Salas, candidato a diputado nacional; 0351- 155477025

- Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272

- Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

Spot Salud Pública / Partido Obrero de Córdoba en el Frente de Izquierda

Presentación legislativa del FIT contra el Código de Faltas y las normas sobre Trata y Narcotráfico

El Frente de Izquierda presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto para la derogación del Código de Faltas y de las leyes provinciales de Trata y de Narcotráfico.

19 de septiembre de 2013

Votemos contra el ajuste - Votemos al Frente de Izquierda


















El gobierno ha presentado el presupuesto 2014.

Hay algo que está claro: van a destinar casi la tercera parte de las reservas del Banco Central -10.000 millones de dólares- a pagar la deuda externa.

Mientras tanto, los gastos aumentarán sólo la mitad de lo que lo hará la inflación.

Entonces, preparan un ajuste sobre la educación, la salud pública y los gastos sociales.

Con impuestazos y recortes salariales, quieren que los trabajadores nos hagamos cargo de una deuda usuraria, la que el país ya ha pagado varias veces.

La oposición critica los poderes especiales que se adjudicó el gobierno para manejar el presupuesto a su antojo.

Sin embargo, coinciden en el objetivo que el gobierno le dará a esas medidas de excepción: aumentar la hipoteca de la deuda externa sobre la economía nacional.

¿O no votaron todos juntos (los K, el PRO, los de Massa y el Unen) reabrir el canje de deuda en favor de los fondos buitre?

Para traspasarnos a los trabajadores esta nueva y pesada mochila, irán por una devaluación en regla de la moneda.

O sea, una desvalorización aún mayor de nuestros salarios y jubilaciones.

La misma devaluación que la oposición que está en el Congreso le viene exigiendo a los K.

Lo que se viene refuerza, como nunca, la necesidad de votar al Frente de Izquierda el próximo 27 de octubre.

Ampliar la importante votación alcanzada en agosto permitirá, por un lado, que diputados de izquierda levanten bien alto la agenda de los trabajadores en el Congreso y las legislaturas.

Pero, además, una fuerte votación al Frente de Izquierda será también un pronunciamiento popular contra el ajuste.

Un señalamiento claro de que los trabajadores no estamos dispuestos a pagar la crisis que han causado los capitalistas, sus gobiernos y partidos.

-Por un salario que cubra el costo de la canasta familiar.

-Por la abolición definitiva del impuesto al salario.

-Por el 82% móvil y la dirección de la Anses a cargo de trabajadores y jubilados.

-Por el fin de la precarización laboral.

-Por la reconstrucción de la salud y la educación públicas.

-Por la gestión de la economía nacional por parte de los trabajadores.

En octubre, votemos contra el ajuste.

Votemos al Frente de Izquierda.

“Narcocrisis”














Un informante extraoficial de la división drogas de la policía provincial, Juan Viarnes, deschavó por televisión al jefe de esa división y a otros cinco oficiales por manejar droga, que utilizan como parte de pago a los narcos que les pasan información. A su vez, el informante reveló que los oficiales protegen a estos elementos, y que se quedan con una parte de lo que incautan. En definitiva: que la policía actúa como narcotraficante.

Viarnes es un personaje ligado a la inteligencia militar, según él mismo proclama, y ya actuó como buchón en hechos resonantes, como el secuestro y asesinato del joven correntino Cristian Schaerer. Detenido por el uso de dólares falsos (donde según él estaban implicados oficiales de la policía), Viarnes ya había declarado al fiscal federal Senestrari sobre los operativos donde la división de Lucha contra el Narcotráfico fraguaba pruebas y se quedaba con estupefacientes. Pero su aparición en la televisión precipitó las cosas. En un allanamiento al Departamento Central de Policía y a las dependencias de la División Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal encontró droga no declarada y armas sin número de identificación. El fiscal sostiene que son elementos para fabricar causas.

A partir de esta situación, la crisis se precipitó y llegó al seno del gabinete. Sosa y otros cuatro oficiales fueron detenidos. Uno de los acusados en el programa apareció muerto a los pocos días de emitido, y no llegó a estar preso.

Según la Justicia provincial se habría suicidado, pero el fiscal federal desconfía de esa versión y pidió asumir la causa. Ahora, también aparece implicado un anterior jefe de drogas de la época de Schiaretti. El delasotismo y el jefe de policía acusaron al kirchnerismo de armarles la denuncia y la emprendieron contra el fiscal, que es miembro declarado de Justicia Legítima.

Cualquiera sea su origen, la denuncia no tomó por sorpresa a nadie. Hace apenas unas semanas, una banda de policías fue implicada en robos a propiedades; todos ellos eran parte de telecomunicaciones y del servicio 101, donde la población denuncia los ilícitos. La liberación de zonas era el modus operandi. En los últimos dos años, hubo más de 30 policías denunciados por delitos en los juzgados federales.

La contundencia de los hechos estableció una línea directa con De la Sota, quien debió pedirle la renuncia al jefe de policía y al ministro de Seguridad. En el lugar de éste último puso a una funcionaria de ese mismo ministerio, una “técnica” que actuó en el área de seguridad en Colombia.

Luego, el jefe de gabinete anunció el envío de un proyecto para que el jefe de drogas sea avalado por la Legislatura, con el mismo mecanismo que se eligen los jueces. Así, abrió la posibilidad de que la función quede en manos de un civil. La medida, sin embargo, tiene el mismo límite que la actual selección de los jueces: la elección del ‘jefe antidrogas’ quedará en manos del mismo elenco político y estatal que hoy protege al aparato policial y sus negocios.

Un aparato podrido

No se pueden predecir aún los alcances de la crisis desatada, en la medida que es la confesión de la pudrición que corroe a todo el aparato estatal y a su principal cuerpo de represión, por un negocio que progresa a costa de la salud y la vida de la población, sobre todo de la juventud. La acción judicial nunca va más allá de los implicados directos. Si buceara en el conjunto del Estado, haría saltar una red de complicidades y asociaciones ilícitas que incluyen a funcionarios políticos, a grupos bancarios y, también, a funcionarios judiciales.

Radicales y juecistas han tratado de explotar la situación, aun cuando ella reproduce la misma crisis que estalló meses atrás en Santa Fe (incluso De la Sota llamó a Bonfatti para pedirle consejos). De todas maneras no han hecho ningún planteo de fondo, sólo señalaron la preocupación por el “daño que representa para la credibilidad y la confianza en las instituciones de seguridad de la democracia”.

Nuestro planteo

Nuestro partido reclamó el desmantelamiento de este aparato descompuesto. En el mismo sentido acaba de salir una declaración del Frente de Izquierda, anunciando a su vez la presentación de un proyecto de ley para derogar las disposiciones que dan más poder e impunidad a la policía, como son el Código de Faltas y las llamadas leyes “antinarco” y “antitrata”.

El involucramiento policial con el delito “mayor” (narcotráfico, trata de personas, robo de automotores, secuestros, etc.) plantea la disolución del actual aparato de represión y la investigación de los lazos que lo unen al poder político, al judicial e incluso a los bancos (¿dónde va la plata del narcotráfico?). Este entrelazamiento es la causa fundamental de la inseguridad, incluso de los arrebatos, y de la cooptación de jóvenes, vía la droga, como mano de obra barata y luego descartable, a través del gatillo fácil; son los mismos jóvenes a los cuales se condena a la pobreza vía la precarización laboral, la desocupación, las limitaciones para acceder a la educación y la falta de viviendas.

El cuidado de la vida y los bienes de la población tiene que estar en manos de un cuerpo cuidadosamente elegido, con miembros electos por los organismos de derechos humanos y las organizaciones obreras. A su vez, la acción de los mismos tiene que ser sometida al control popular efectivo, con jefes elegidos por el voto popular y revocables, y los libros de las dependencias de seguridad abiertos al control de las asambleas vecinales.

Nuestra planteo de la nacionalización de la banca bajo control obrero es también una respuesta para la liquidación del narcotráfico y del delito, porque en los bancos se lava el dinero de la delincuencia.

Eduardo Salas

¿Por qué se incendió Córdoba?














Más de 25.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, en lo que ha sido el mayor incendio de la provincia en los últimos tiempos. Rápidamente, De la Sota caracterizó al desastre como inevitable. El kirchnerismo y los intendentes de las zonas afectadas coincidieron con el gobernador. Así, quisieron encubrir la responsabilidad que les correspondía en la producción y expansión del desastre y, a la vez, justificar la completa inacción de los gobiernos.

Desde 2005 rige el impuesto al fuego, que paga toda la población y le deja al gobierno cerca de 60 millones de pesos anuales. No obstante, la prevención no existe en la provincia. En las zonas críticas no se abren caminos para contener el avance del fuego. La provincia no cuenta con brigadas forestales, las pocas que existen están conformadas por voluntarios que no reciben ningún apoyo; es decir, no hay especialistas. Los cuarteles de bomberos en las ciudades del interior se nutren de voluntarios sin la capacitación adecuada. Tanto los brigadistas como los bomberos no tienen seguro ni cobertura médica, y tienen que dejar de trabajar y perder su salario para acudir a los siniestros. Los cuarteles no cuentan con el equipamiento necesario, casi no hay autobombas especiales, y la provincia tiene apenas dos avionetas hidrantes.

Desde el comienzo de los incendios, distintos cuarteles de bomberos, vía las redes sociales, apelaron a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando agua en botellas, medicamentos y frutas. La perfidia de De la Sota llegó al extremo cuando llamó a la población a no acercarse a los cuarteles, porque, supuestamente, se encontraban aprovisionados.

Con los incendios salió a la luz que Córdoba no tiene de dónde sacar agua para sofocarlos. La población de las sierras y de otras localidades viene reclamando desde hace mucho en contra de la deforestación impulsada por los capitalistas del agro y los especuladores inmobiliarios, que cuentan con el aval del gobierno provincial y de los intendentes. El gobierno no ha realizado las obras hídricas para resolver esta cuestión, que ahora se agrava, pero habilitó la instalación de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, para que haga uso y abuso del acuífero subterráneo más grande del país. La instalación de Monsanto está ligada a la industria del biodiesel, asociada a una mayor extensión de los monocultivos. La destrucción del bosque que producen los incendios será aprovechada por los grandes capitalistas inmobiliarios y agrarios.

Días después del desastre, tuvo lugar en Malvinas Argentinas una asamblea provincial que reunió cerca de 150 representantes de organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la instalación del pulpo agroquímico, los desmontes y por el agua. En la misma se resolvió una movilización provincial a la Casa de Gobierno para el 9 de octubre próximo, con un pliego unificado.

Ahora, De la Sota promete “reparación”, pero ello dará lugar a un nuevo impuestazo. Córdoba se incendió porque tiene un gobierno que resguarda los intereses de los capitalistas y no los de la población trabajadora.

Desde el Partido Obrero planteamos: reparación económica integral para las familias damnificadas; aprovisionamiento de todos los cuarteles y que el gobierno provincial cubra salario y seguro de los voluntarios mientras prestan servicios; remediación del suelo y reforestación del 100 por ciento de las áreas afectadas; obras hídricas que garanticen el acceso al agua de toda la población y las reservas necesarias; por un plan de prevención provincial, bajo control de los trabajadores, bomberos y organizaciones ambientalistas; derogación de la ley de bosques provincial. Fuera Monsanto.

Jorge Navarro

Se agrava la crisis automotriz en Córdoba

Nuestro planteo

“El panorama es incierto. Hoy no podemos decir que vemos algo hacia delante (…) no hay que confundir el patentamiento con producción. Que se vendan más autos no quiere decir que haya más producción” (Clarín, 6/9).

Las declaraciones corresponden al ministro de Industria de Córdoba, Jorge Lawson -el mismo que hace unos meses, en la Comisión de Industria de la Legislatura, dijo ante la requisitoria del bloque del Frente de Izquierda que “tenemos todo monitoreado día a día y no hay por qué preocuparse”.

“Unos 16 mil trabajadores se verán afectados por suspensiones y el adelantamiento de vacaciones”, declaró el secretario general del Smata, Dragún, ex ministro de Trabajo de De la Sota.

En Córdoba, Fiat (la más ligada al mercado brasileño) ya viene aplicando suspensiones desde julio y ahora las ha incrementado; VW inició las suspensiones en un sector -en este caso, el problema es el mercado mexicano y europeo. Los informes, hasta hace apenas unos días, hablaban del crecimiento de la producción gracias a Renault, pero esta empresa es la que ha salido a blanquear el adelantamiento de vacaciones como salida.

Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles, en agosto, la baja interanual fue del 21,6%; a esto se agrega una caída del patentamiento de autos en el 1,2% respecto del año pasado.

La razón que todos esbozan es la caída de las exportaciones a Brasil como consecuencia de la reducción del mercado en ese país.

Brasil está devaluando el real, el acuerdo automotriz entre ambos países está vencido y la renegociación del mismo está en crisis, en parte porque Brasil está mirando hacia el Mercado Común Europeo y abandonando el Mercosur. El “atraso cambiario” es el otro problema resaltado.

Dragún y Lawson se suman al carro de las patronales que reclaman la devaluación, mientras están preparando el terreno para hacer pasar las suspensiones y los adelantos de vacaciones.

La devaluación no traerá aparejado un desarrollo industrial, sino exactamente lo contrario. Metida en la guerra devaluatoria con los demás productores, la industria metalmecánica argentina lleva las de perder, fundamentalmente por el fuerte retroceso sufrido: es una simple armaduría o ensambladora de autopartes importadas.

Lo que la devaluación sí implica es una confiscación a los trabajadores por la vía de la liquidación de sus salarios y, luego, de los puestos de trabajo.

La salida pasa exactamente por desprenderse de la política de las patronales y defender los puestos de trabajo impidiendo las suspensiones. Estas y el adelantamiento de las vacaciones son el anticipo de la segunda fase: los despidos, para lo cual lo conveniente es tener a los trabajadores alejados de las plantas de producción. Los burócratas sindicales y gobierno saben que es así.

Para preservar los puestos de trabajo, el ingreso de los trabajadores y su presencia en las plantas: ni suspensiones ni despidos; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el cual debe ser sostenido por las patronales que embolsaron grandes ganancias en la “década ganada”, como la misma Cristina lo reconoció. En este sentido, relanzaremos la campaña por la aprobación del proyecto de ley prohibiendo despidos y suspensiones que el Frente de Izquierda presentó en la Legislatura.

El segundo aspecto clave es reorganizar la industria bajo gestión obrera, porque las patronales automotrices están bloqueando la industrialización y el empleo, ya que no saldrán del estadio de ensambladoras.

Eduardo Salas

Discuten el ‘modelo sindical’ para salvarlo


















La crisis de la burocracia sindical (que alcanzó un punto explosivo con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y la condena a Pedraza) y su atomización, al ritmo de las fracturas del PJ, ha instalado en la agenda política la cuestión del régimen de los sindicatos. El ascenso del activismo en empresas y sindicatos ha sido uno de los factores principales de esta crisis. Varias decisiones de la Corte Suprema, las que reconocen la capacidad de representación colectiva a los sindicatos simplemente inscriptos, han convencido a la burocracia de que el viejo régimen ha entrado en contradicción con los trabajadores y con el régimen político. Por eso, han comenzado a pronunciarse en favor de cambios parciales, que les permitan conservar el monopolio de las organizaciones. También dio lugar a que Massa y el moyanismo hayan comenzado a plantear “democratizar algunos aspectos” y “perfeccionar el modelo sindical”. Facundo Moyano anunció un proyecto de ley para “terminar con la reelección indefinida y algunos aspectos de los estatutos que impiden la presentación de listas opositoras”. Ante los respingos de Caló, Facundo tuiteó que “la falta de democracia obliga a algunos laburantes a crear sindicatos paralelos en vez de disputar internamente”.

Según Julián De Diego, la atomización de los sindicatos ha creado preocupación en la UIA, que alega el peligro de una proliferación de interlocutores sindicales. El agotamiento de la experiencia de liderazgo de Moyano fue, no casualmente, el síntoma más fuerte del derrumbe del arbitraje del gobierno K. Está en debate un aspecto clave del régimen político en la Argentina: la regimentación de los sindicatos.

La burocracia ha estado de espaldas a los reclamos contra la ‘precariedad laboral’ que sostuvo la salida a la crisis de 2001. Las huelgas obreras( como los petroleros, Dragones, las empresas de la alimentación, Cables Lear, Impresores, Kromberg, Masccardi, docentes neuquinos, las ocupaciones del Ingenio en Orán, por citar algunos ejemplos) escaparon a los sindicatos formales. Lo sufrió hasta Moyano, cuando mil compañeros de Aesa y Cliba pararon al margen de la dirección camionera ante el descuento confiscatorio de ganancias en el último medio aguinaldo.

Los convenios y acuerdos salariales no son aprobados en asambleas de gremio, los paritarios son elegidos a dedo y no tienen mandato previo. La única paritaria de base ha sido protagonizada por el gremio de prensa, precisamente por la oposición antiburocrática.

La seudo “democratización” que plantea un sector de la burocracia busca neutralizar el proceso de lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero. Facundo Moyano explica que el “modelo sindical argentino es el mejor del mundo, pero eso no indica que no sea perfectible”. El propio moyanismo tiene sindicatos simplemente inscriptos en gremios de sindicatos rivales. Quiere cambiar algo para que nada cambie. Remover algunas caras, sin embargo, no hace al fondo de la cuestión.

Massa ha recogido el problema que plantea la próxima etapa del postkirchnerismo; por eso ha tomado la iniciativa de ‘reunificar’ a la CGT, sobre la base de un pacto político -en esencia, una tregua de medio año para ‘aguantar’ la devaluación del peso. Una reorganización económica con eje en la devaluación requiere algún tipo de pacto social. Binner también ha planteado la necesidad de un “consenso social”.

El aprovechamiento de esta crisis para avanzar en la independencia y democracia en los sindicatos, y en el ascenso de direcciones clasistas plantea una lucha integral -sindical y política-; o sea, una fusión de la izquierda revolucionaria en ascenso con el activismo obrero y el movimiento obrero en su conjunto. El primer punto de esta agenda estratégica es la lucha por los aumentos de salarios y jubilaciones ajustados según la inflación, y la reapertura de las paritarias. Es necesario desarrollar la conciencia contra la tregua postkirchnerista que están tejiendo, en estos mismos momentos, las burocracias sindicales con el oficialismo y con Massa, Binner, De la Sota y las patronales. La derogación de la ley de asociaciones sindicales, que consagra la estatización de los sindicatos, no debe entenderse en clave legislativa sino de lucha, como una rueda auxiliar para cuestionar a la burocracia y reunir las condiciones para expulsarla de los sindicatos.

Néstor Pitrola

Presupuesto 2014: “pagadores seriales”… hasta el final


















No es un hecho nuevo que el gobierno manipula los índices de precios y el presupuesto. Los K decían que, de ese modo, el país se ahorraba pagar varios miles de millones de pesos por los bonos que ajustan por la inflación. ¿Qué van a decir ahora, cuando el presupuesto 2014 apela nuevamente a un dibujo, cuya consecuencia es un aumento importante en el pago de la deuda?

El presupuesto supone un aumento de más del 6 por ciento en el crecimiento del PBI. Pero ese supuesto incremento sólo se producirá como resultado de la falsificación en el índice de precios, el cual, al subestimar la inflación real, sobredimensionará el crecimiento de la economía. Mediante este artilugio, le asegura a los tenedores del cupón PBI -el cual se cobra cuando la economía argentina crece más del 3 por ciento- embolsar la friolera de 4.000 millones de dólares. Incluso, por el efecto arrastre, algunos especialistas proyectan que se garantiza otro tanto para 2015. Los ‘mercados’ lo celebraron con una fuerte alza de ese título. Semejante anuncio en favor de los bonistas adheridos a los anteriores canjes de deuda se produce en medio del litigio con los fondos buitre.

No es de extrañar que, con estas jugosas concesiones, el gobierno argentino busque ganarse el favor de una parte del capital financiero internacional, para al menos dilatar en el tiempo el desenlace de aquel juicio.

Quiebra del Banco Central, la Anses y el Nación

Para asegurar que esto va en serio, el gobierno ha previsto casi 10.000 millones de dólares para el “fondo de desendeudamiento”, los cuales saldrán de las reservas del Banco Central. Ni más ni menos que el 28 por ciento de esas reservas.

En el año 2013, con cepo cambiario incluido, el Banco Central perdió más de 12.000 millones de dólares. En la actualidad, las reservas han quedado reducidas a 35.000 millones. Si a eso le sumamos el pago de los 10.000 millones previstos en el presupuesto 2014 y la enorme factura del vaciamiento energético (otros 15.000 millones de dólares), no son descabellados los pronósticos que señalan que las arcas del Banco Central estarían virtualmente en cero a principios de 2015. Las reservas actuales representan apenas seis meses de importaciones. Es una relación inferior a la de diciembre de 2001, cuando se dispuso el corralito y se entró en cesación de pagos.

El Banco Central ya tiene en sus manos el 33 por ciento de la deuda pública. En lugar de los dólares originales que han ido a parar a manos de los acreedores, el Central tiene certificados del Tesoro que no cobrará nunca. Para el Banco Central, previsionar como incobrables esas acreencias implicaría su quiebra, pues cuadriplican su patrimonio y representan el 58 por ciento de sus activos. Del mismo modo, los títulos públicos representan el 60 por ciento del fondo de garantía de la Anses y el 45 por ciento del activo Banco Nación. El sistema previsional y la banca pública marchan a un default.

Ajuste

Mientras honran a los especuladores, el pago de las sentencias judiciales desfavorables al Estado seguirá condicionado. La previsión (que nunca se cumple) es pagar 40.000 juicios en 2014. Pero el número de juicios por la jubilación aumenta a razón de 100.000 nuevos casos por año. El ajuste irá más lejos, pues los ingresos crecerán al 27% -un valor cercano a la inflación real- y los gastos sólo lo harán en un 16%, anticipando una nueva baja en el salario real de los estatales. Un blanco de la poda serán las provincias: en el presupuesto no se contempla el refinanciamiento de sus deudas. En cambio, aumentan los subsidios en favor de los privatizadores.

El gobierno se ha reservado los poderes especiales de la emergencia económica para reasignar partidas y manejar el presupuesto a su arbitrio. Aunque es lo mismo que viene haciendo desde 2003, en esta oportunidad los superpoderes tendrán que vérselas con un escenario de bancarrota.

La oposición denuncia al presupuesto 2014 como un “dibujo”. Pero lo que disimula ese “dibujo” son las medidas antipopulares que se preparan para cerrar las cuentas: aumentos de tarifas y una devaluación -algo que también reclaman los opositores. Cuando piden el “fin de la emergencia económica”, le exigen al gobierno que esas medidas de ajuste sean explicitadas en el presupuesto.

Por eso mismo, ya han adelantado que no privarán al gobierno de “contar con un instrumento para gobernar” -una forma sibilina de dar un guiño a la política oficial. Esa misma oposición consintió -con votos a favor o abstenciones- la reapertura del canje de deuda. Por lo tanto, comparten la orientación estratégica del presupuesto oficial.

El debate del presupuesto vuelve a colocar la cuestión de quién paga la crisis, cuando el país vuelve a estar bajo la amenaza de un defol. En lugar de salvar a los usureros, hay que rescatar las reivindicaciones apremiantes del pueblo. Es necesario un impuesto extraordinario al capital, de modo de reconstruir el patrimonio vaciado de la Anses y del Banco Central, para utilizar esos recursos en beneficio de los trabajadores, los jubilados, la reconstrucción de la salud y la educación, y la reorganización del país sobre nuevas bases sociales.

Pablo Heller

HAY QUE TERMINAR CON LOS NEGOCIADOS DEL GOBIERNO Y ELECTROINGENIERÍA



Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, opinó sobre la salida de servicio de una de las turbinas de la Central del Bicentenario de Pilar: “Luego de un negociado escandaloso a favor de Electroingeniería, como lo fue la repotenciación de la Central de Pilar y que significó un sobreprecio de más del 70% en los costos de la obra, hoy asistimos a otro desfalco a los cordobeses, por parte de la misma empresa y el gobierno de la provincia. La rotura y salida de servicio de una de las dos turbinas de ciclo combinado, va a costarle al presupuesto público más de 25 millones de pesos. Es un hecho que la responsabilidad en esta rotura le cabe a la empresa Electroingeniería, a cargo del mantenimiento de la central, que a su vez recibió un contrato por diez años con un porcentaje sobre el costo total de la obra. Estamos en presencia de una cadena de desfalcos a las finanzas públicas”.

“Desde el inicio mismo del proceso licitatorio el Partido Obrero había advertido de estos negociados, y con el transcurso del tiempo no sólo se confirman, sino que se vuelven cada vez mas gravosos para los intereses de los cordobeses. La salida de servicio de una de las dos turbinas –la TG11– va a acarrear pérdidas por diferentes aspectos, que vamos a pagar los cordobeses”,
continuó Salas.

Salas, para finalizar, propuso: “Hay que terminar con estos negociados; deben intervenirse inmediatamente las cuentas de la empresa Electroingeniería, confiscar los fondos necesarios para cubrir las pérdidas que estos negociados le han ocasionado al presupuesto público, y procesar penal y patrimonialmente a todos los funcionarios de gobierno que han actuado. Por último, hay que colocar a la Epec y al conjunto del sistema de generación y distribución de energía bajo control de los trabajadores”.


* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272

* Jorge Navarro, candidato a Diputado Nacional: 0351 – 155469014




PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

17 de septiembre de 2013

El Frente de Izquierda presentará proyecto para la derogación del Código de Faltas y de las leyes provinciales de Trata y de Narcotráfico



En conferencia de prensa, el día 18 de septiembre, Eduardo Salas, Liliana Olivero y Hernán Puddu, del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentarán un proyecto en la Legislatura de Córdoba para la derogación del Código de Faltas y de las leyes provinciales de Trata y de Narcotráfico.

Eduardo Salas, candidato a diputado nacional declaró: “Luego de la crisis política abierta por los vínculos de la cúpula policial y funcionarios públicos con las redes de narcotráfico, ha quedado en evidencia que los principios que rigen el accionar de las fuerzas de seguridad no son la preservación de los bienes y la vida de la población, sino por el contrario, la organización de las redes delictivas en la provincia”.

Salas continuó: “Es necesario terminar con este entramado criminal; por eso, desde el Frente de Izquierda presentaremos un proyecto para derogar una serie de leyes que constituyen las herramientas legales que le otorgan a la policía poderes para ejercer una represión permanente sobre la juventud, a la vez que regentear los negociados del narcotráfico y la trata de personas”.

“El primer paso para terminar con esta corrupción es eliminar estas herramientas legales que amparan su actuar impune, y avanzar hacia el desmantelamiento del aparato policial, para establecer otro tipo de organización para la seguridad de la población, cuyos principios sea el cuidado del bien común de los trabajadores y los sectores populares”, concluyó el dirgente del Partido Obrero de Córdoba.


CONFERENCIA DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE PROYECTO POR LA DEROGACIÓN DE:

CÓDIGO DE FALTAS, LEY DE TRATA PROVINCIAL, LEY DE NARCOTRÁFICO

Miércoles 18/09, 10 hs. - Legislatura Provincial



* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272

* Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014




PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

16 de septiembre de 2013

“Las designaciones de Monteoliva y de Almada están al servicio de la preservación del aparato policial”








“Las designaciones de Monteoliva y del comisario Almada para el Ministerio de Seguridad y la policía provincial, respectivamente, están al servicio de la preservación del actual aparato policial. En el mismo sentido va la propuesta de nombrar al jefe de la dirección de lucha contra el narcotráfico con el aval de la Legislatura, porque finalmente deja en manos del partido gobernante el control de la misma. Con estos supuestos cambios la policía de De la Sota se mantiene en pie y controlando el narcotráfico en la provincia”, declaró Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda.

“Aguad y Juez han salido a criticar al gobierno pero se han cuidado de pronunciar una salida. Sus planteos 'críticos' al gobierno provincial se cuidan siempre de destacar que hay una crisis institucional en marcha. Es claro que la policía maneja el delito y sin embargo ellos se preocupan por refuncionalizarla. Ni radicales ni juecistas quieren ir a fondo. En Santa Fe, donde son gobierno de la mano de Binner, actuaron igual que De la Sota”, continuó Salas.

Para luego agregar: "La policía de Córdoba tiene dos funciones: el manejo del delito y la represión a las luchas sociales. La única salida a la descomponían del aparato policial es su desmantelamiento, su disolución y su reemplazo por una nueva organización que tenga en cuenta otros principios: a) el objetivo central es el cuidado y preservación de la vida y los bienes de la población; b) la prohibición de extender la acción en defensa de la seguridad a la represión, el control o el seguimiento de las acciones de reclamos o protestas de los trabajadores y vecinos; c) el control directo de los vecinos sobre los libros y las dependencias de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, así como la elección directa y la revocabilidad de los responsables de la misma".

"Llevaremos al terreno legislativo estas propuestas como medidas de transición hasta la liquidación de la inseguridad y el desmantelamiento de los organizadores de la misma. En principio, este miércoles el bloque del FIT presentará una proyecto para derogar las leyes llamadas antitrata y antinarco y el Código de Faltas, para quitar a la policía los elementos jurídicos que le dan impunidad y poder discrecional sobre la población”, finalizó Eduardo Salas.


- Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

- Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT/ candidata a Diputada Nacional: 0351- 155466272

- Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

A 37 años de La Noche de los Lápices: Vamos por una jornada de lucha


































Este 16 de septiembre se cumplirá el 37 aniversario de “La Noche de los Lápices”. Esta fecha, emblema del movimiento estudiantil, particularmente secundario, es histórica no sólo por el recuerdo constante de los compañeros caídos y el reclamo de juicio y castigo, sino también por el constante esfuerzo que los estudiantes hacemos año tras año por proseguir su lucha.

Una vez más el gobierno kirchnerista, con sus agrupaciones a la cabeza, quieren limitar el 16 de septiembre a un acto de conmemoración, de pura “memoria”, presentando la continuidad de la pelea por la educación por las vías del apoyo al “modelo”. Pretenden vaciar la jornada de cualquier planteo de lucha, para ello los K, a través de la intervención de la “Mesa de Trabajo”, han montado una maniobra quebrando la posibilidad de una marcha unificada. Organizan una movilización sin programa y sin referencia a los problemas del presente. 

Pero este 16 de septiembre estará atravesado por una fuerte crisis educativa; los reclamos por los que peleaban los pibes de la “Noche de los Lápices” siguen pendientes y se han multiplicado. Las reivindicaciones y las banderas de los jóvenes de aquel entonces siguen completamente vigentes. El abandono presupuestario y el desmantelamiento educativo, que se ven explícitos en el deterioro edilicio, en la falta de becas y los salarios de miseria, también son parte de nuestra realidad. Mientras tanto, los gobiernos nacionales y provinciales destinan millones al pago de la deuda externa usuaria, ilegítima y fraudulenta, que, en gran medida, ha sido generada por la misma dictadura sangrienta.

La política de ajuste que se descarga, golpea muy fuerte al conjunto de la juventud, quienes formamos parte del sector más precarizado.

El gatillo fácil y la persecución policial son moneda corriente; se mantienen intactas las leyes represivas, como el Código de Faltas, y se profundizan aún mucho más, como es el caso de la Ley Antiterrorista, que les permitió al gobierno kirchnerista y a sus aliados neuquinos imponer el acuerdo secreto entre Chevron e YPF, con una represión brutal a la enorme movilización de trabajadores y jóvenes que se plantó en rechazo a ese pacto. 

Los respectivos gobiernos no tienen ni un reparo en reprimir, si de hacer pasar políticas antipopulares se trata. El aparato represivo, brazo ejecutor de la dictadura militar, hoy sigue intacto. El Proyecto X dejó al descubierto que éste actúa con total impunidad en defensa de los intereses económicos dominantes. Pero no sólo eso, si no que intenta ser reforzado. La designación de Milani como jefe del ejército saca esto a la superficie; el rescate de un militar comprometido con delitos de lesa humanidad, al mando de la causa “Nacional y Popular”. Mientras tanto, los genocidas son condenados a cuentagotas, muchos de ellos purgando sus condenas en prisión domiciliaria (en sus mansiones y barrios cerrados).

Frente a los intentos del gobierno nacional de dividir la movilización y desvirtuar la jornada del 16 convirtiéndola sólo en una efeméride, llamamos a todas las agrupaciones y estudiantes a sumarse al planteo de una marcha unificada, que defienda un programa independiente y enfrente la política ajustadora de oficialistas y opositores.

Levantemos nuestra propia agenda en defensa de cada una de nuestras banderas.

¡A 37 años de la noche de los lápices la juventud sigue luchando!


UNIÓN DE JUVENTUDES POR EL SOCIALISMO (Ujs-Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores).

PLANTEO DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES ANTE LA GRAVE SITUACIÓN DE LA POLICÍA PROVINCIAL

DE LA SOTA DEBERIA HABER DESTITUIDO INMEDIATAMENTE A PAREDES Y A FRIAS

1) La denuncia de un narcotraficante colaborador de la policía provincial señalando el papel activo de la jefatura de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha derivado en una grave crisis política. Ha quedado expuesta ante la población la descomposición que corroe al principal organismo de represión del estado provincial: la policía. Esta descomposición viene de larga data. Las denuncias vinculando a policías con el delito organizado han sido noticia habitual en los últimos años. Al mismo tiempo, la connivencia de los tres poderes del Estado con esta situación indica mucho más que negligencia u omisión; por el contrario, plantea que la organización delictiva supera al aparato policial.

2) Los resultados del allanamiento realizado por la justicia federal a la dirección denunciada son una prueba contundente del involucramiento de altos jefes de la fuerza policial con el narcotráfico y el uso de las dependencias policiales para ese fin. Por acción u omisión, y nos inclinamos más por lo primero, tanto el jefe de policía como el ministro de seguridad son responsables de los delitos cometidos por estos cinco jefes que hoy están presos en Bower. Incluso el propio De la Sota viene realizando una millonaria publicidad electoral, pagada con fondos públicos, resaltando una supuesta lucha contra el narcotráfico. En esta grave situación el gobernador debería haber destituido inmediatamente al comisario Frías y al ministro Paredes; sin embargo hizo todo lo contrario y los ratificó en sus puestos. Pero el repudio social es tan grande, que éstos se vieron obligados a renunciar.

3) Exigimos el cese de las amenazas e intimidaciones a periodistas y a aquellos que realicen denuncias que afecten a funcionarios de cualquier nivel. Responsabilizamos al gobierno de la provincia de la vida de los denunciantes y de sus familias.

4) Llamamos la atención sobre el hecho de que la situación de la policía de Córdoba es reflejo de una situación generalizada en el país. Está aún intacto el accionar delictivo de la policía de la provincia de Santa Fe, gobernada por el FAP de Binner y la UCR, y la ligazón de la misma con el negocio de la droga, que llevó al jefe de la policía de esa provincia a la cárcel. Se produce en el mismo momento en que el kirchnerismo ha virado públicamente hacia una política de “mano dura” colocando a la cabeza de las fuerzas de represión a personajes denunciados por ser parte del delito organizado desde el Estado, y en momentos en que el principal candidato del kirchnerismo, Insaurralde, ha planteado su proyecto de bajar a 14 años la edad de imputabilidad de los menores.

5) El Bloque del Frente de Izquierda presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para anular el Código de Faltas y las leyes llamadas “antinarco” y “antitrata”, ya que estos elementos jurídicos -que fueron votados en contra por nuestra legisladora Liliana Olivero y votados a favor por los oficialistas y todo el resto de los “opositores”-, sirven para garantizar el accionar y la impunidad de un aparato represivo organizador del delito. También plantearemos la revisión de todos los procedimientos judiciales surgidos como resultado de la aplicación de las mismas.

6) La seguridad de la población está en peligro si perdura esta policía, que se reveló como elemento controlador y organizador del “delito mayor”. Planteamos el desmantelamiento del aparato represivo, el inmediato despido de toda la oficialidad involucrada en la denuncia y la formación de una Comisión Investigadora Independiente, integrada por representantes de organizaciones obreras, populares y de los derechos humanos, entre otros, que se aboque a separar de las filas policiales a todos los elementos ligados al delito, al terrorismo de estado y a la persecución y represión a luchadores populares. Dicha comisión debe tener, además, plenos poderes para ejercer el control directo sobre los libros y las dependencias policiales. Exigimos la cárcel efectiva para todos aquellos funcionarios policiales, políticos y judiciales cuya complicidad o participación en ilícitos sea dictaminada por dicha comisión.



- Liliana Olivero 0351-154036389
- Hernán Puddu 0351-155148622
- Eduardo Salas 0351-155477025

14 de septiembre de 2013

Para los docentes, “CÓRDOBA NO PAGA”.













Anabel Allochis, delegada docente y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, se refirió a la falta de pago al personal educativo por parte de la administración provincial, en los siguientes términos: "El gobierno de De la Sota retrasa más de 6 meses el pago de horas cátedra, cargos, jornadas extendidas o materiales didácticos y antigüedad, a miles de profesores y maestros. Lo mismo hace con los jubilados estatales, aunque para ello estableció la Ley 10078”.

“Esta demora es la forma que el gobierno delasotista ha establecido para descargar sobre los trabajadores la crisis de las finanzas provinciales. Lo más grave es que mientras miles de maestros no perciben su salario, De la Sota prioriza los compromisos con los sojeros y industriales, y despilfarra cifras millonarias en su propaganda política. 'Cordoba no paga' a trabajadores y jubilados”, agregó.

Allochis dijo también: "Se trata lisa y llanamente de un ajuste sobre los salarios docentes, al que De la Sota le atribuye causas administrativas. El 'caos en el sistema', que no es más que una reducción presupuestaria, lo trasladó a las escuelas, ya que descentralizó allí la atención de la administración pública. Quiere, de este modo, que las quejas recaigan sobre los propios docentes y provocar un enfrentamiento entre pares. Para todo esto, cuenta con la complicidad de la conducción kirchnerista de UEPC".

Y para finalizar, planteó lo siguiente: “Desde el Frente de Izquierda denunciamos que el gobierno hace trabajar a miles de maestros sin pagarles y que con esto genera un gran conflicto, del cual pretende desresponsabilizarse. Exigimos que De la Sota y Grahovac den solución inmediata a este reclamo y paguen los salarios en tiempo y forma".


* Anabel Allochis -> 3515466272


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

13 de septiembre de 2013

“El gobierno está preservando un aparato podrido responsable del narcotráfico y el delito mayor”



“Las renuncias de Paredes y Frías tienen como objetivo preservar al aparato policial cada vez más implicado en graves delitos, desde el narcotráfico al robo y la trata de personas. La lista de implicados se extiende ahora al anterior jefe de drogas durante el gobierno de Schiaretti, Nieto, y a más delitos, como el secuestro del dueño de Palmira. El anuncio de De la Sota de un proyecto de ley para que la Legislatura avale la designación de los jefes de drogas va en el mismo sentido: dejar en manos de la facción política que domina el gobierno el control del negocio de la droga; busca con esto un compromiso con la UCR y el Frente Cívico para frenar la crisis que puede terminar con el gobierno y con el Estado”, declaró Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda.

“Lo que aquí está en juego es la seguridad de la población, que no puede quedar en manos de quienes están metidos en el delito organizado, como se vio hace poco con los robos que fueron efectuados por responsables de comunicaciones de la policía provincial, que fue uno más de los muchos episodios que incluyen personal policial en los hechos de inseguridad. La denuncia del 'buchón' y los resultados de los allanamientos realizados por la justicia federal confirman lo que era un secreto a voces: el involucramiento del propio aparato del Estado en el narcotráfico, única explicación al crecimiento exponencial del mismo; los cada vez mayores recursos materiales y jurídicos derivados al área de seguridad terminaron aumentando la delincuencia, como los denunciamos en reiteradas oportunidades”, continuó el dirigente del Partido Obrero.

“La única salida es el desmantelamiento de este aparato podrido, responsable de la inseguridad. Reclamamos la abolición del Código de Faltas y las llamadas leyes contra la trata y la droga, porque son utilizadas para dar mayor impunidad al aparato policial, y establecer la seguridad sobre los siguientes principios: a) el objetivo central es el cuidado y preservación de la vida y los bienes de la población; b) la prohibición de extender la acción en defensa de la seguridad a la represión, el control o el seguimiento de las acciones de reclamos o protestas de los trabajadores y vecinos; c) el control directo de los vecinos sobre los libros y las dependencias de los organismos responsables de la seguridad ciudadana, así como la elección directa y la revocabilidad de los responsables de la misma”, finalizó Salas.


* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

* Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

Sábado 14/09 - 18 hs.: Asamblea Abierta con Eduardo Salas en el local del PO Ruta 20

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12 de septiembre de 2013

REUNIÓN ABIERTA del PLENARIO DE TRABAJADORAS

Viernes 13 de septiembre - 19 horas - Catamarca 374 (Centro)

Ante el desafío que enfrenta la izquierda en Córdoba y en todo el país de consagrar Diputados de Izquierda, las mujeres nos reunimos a debatir para organizarnos en torno a nuestro programa, reforzando dicha perspectiva.

Las consecuencias de la crisis capitalista se agudizan a diario; las mujeres trabajadoras lo pagamos caro, con trabajo precario, topes salariales, la privación del derecho a la maternidad y, en consecuencia, miles de muertes por aborto clandestino. También somos las principales víctimas de las redes de trata, cuya descomposición se agudiza a la par de la crisis.

Necesitamos, entonces, organizarnos en torno a un pliego de reivindicaciones que dé respuesta a esta situación, de modo de poner en pie una alternativa política propia.

Convocamos a participar de esta reunión abierta y, con los reclamos de la mujer trabajadora, sumarse a la campaña del Frente de Izquierda.

Organización de Mujeres "PLENARIO DE TRABAJADORAS"











DE LOS “DERECHOS HUMANOS” A LA MANO DURA
















Después de haber denunciado tantas conspiraciones “de la derecha”, el gobierno kirchnerista no ha encontrado mejor remedio que parecerse a ella.

Es sabido que detrás de la inseguridad cotidiana está la unión entre el delito organizado y los aparatos policiales, los punteros y sus jefes políticos.
Pues bien: en nombre de la inseguridad, el gobierno ha decidido reforzar esos mismos aparatos sospechados y nefastos.

Es la receta de los Blumberg, De Narváez, Macri… o Massa.

Un partidario de la “mano dura”, el intendente Granados, ha sido colocado al frente de la seguridad bonaerense.

Insaurralde, el candidato kirchnerista en el distrito, quiere someter al régimen penal carcelario a los jóvenes desde los catorce años.

Ello, cuando todos sabemos que el actual sistema carcelario es una verdadera escuela del delito.

¿Dónde quedaron los “derechos humanos”?

Los “garantistas” del gobierno miran para otro lado.

Dejarán que Insaurralde y Scioli avancen con sus planteos derechistas.

Le han entregado a ellos -los hijos políticos de Menem, Duhalde y la Ucedé- la sucesión del “modelo”.

Para que no queden dudas, uno de los grandes patoteros del conurbano y de la burocracia sindical, Hugo Curto, celebró en estas horas el uso de las armas.

Es claro que, en nombre de combatir el delito, la “mano dura” habilitará a otras licencias: amedrentar al movimiento popular con represión y con patotas.

La entrega de la seguridad a verdaderos matones es una demostración más de la bancarrota política del kirchnerismo.

El pueblo que ha defendido con enormes luchas el derecho a expresarse y a luchar, la juventud que quiere un futuro y trabajo -no palos ni gatillo fácil- tienen que deliberar y pronunciarse.

Abajo la “mano dura” y la criminalización de los jóvenes.

La inseguridad viene de arriba: por el desmantelamiento de las redes de trata y de narcotráfico, por la investigación de sus vínculos con todo el aparato estatal.

Basta de represión, zonas liberadas y “gatillo fácil”.

La lucha por las libertades democráticas y por el derecho de organización tiene en octubre una clara alternativa: el voto al Frente de Izquierda.

La cárcel a los niños, motivo de crisis política.













El giro derechista del kirchnerismo tuvo varias facetas: la designación de Granados, el emplazamiento de la Gendarmería en el conurbano y del Ejército en las fronteras (ver artículos) y el desatino repugnante de Isaurralde de bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años.

Pero se trata de una improvisación fascistizante con vistas a disputar las banderas electorales de la “opo”: sólo en el 4,3% de los delitos hay participación de menores, según los estudios de la Suprema Corte bonaerense. De ellos, el 60% son riñas entre barras y sólo el 17% de ellos fueron cometidos como parte de robos (investigación Zaffaroni). O sea que el 17% del 4,3% (0,7% del total) tiene algo que ver con la inseguridad de la población.

Mucho antes que pensar en la penalización de los niños, se debieron abrir investigaciones a fondo sobre las denuncias del Juez Luis Arias y el defensor penal juvenil Julián Axat sobre el reclutamiento de menores por parte de la policía bonaerense en La Plata, para delinquir en las zonas de Avellaneda y Lomas de Zamora. La misma operatoria que llevó a la desaparición de Luciano Arruga y uno de los motivos más frecuentes de gatillo fácil.

El tema ya desató una crisis política. Baradel y la defensora del Pueblo, Stella Maris Martínez, salieron en contra -ésta última señalando que la propuesta implica la violación de los tratados internacionales sobre los derechos del niño. Sin embargo, Sileoni -quien también tomó distancia de la propuesta- abogó por una muletilla que vienen agitando todos los sectores “progres” del kirchnerismo: el tratamiento de un nuevo “régimen penal juvenil”. En el mismo sentido, se manifestó recientemente Diana Conti y, más atrás, Eugenio Zaffaroni.

Este sector “garantista” propugna un régimen especial, fuera de las cárceles comunes y los reformatorios que se conocen hasta ahora. Se trataría de un régimen acotado y específico, pero que en definitiva penalizaría a los menores.

Pero si se quiere excluir a los menores de la trituradora humana de las actuales cárceles y reformatorios punitivos, lo que hay que disponer no es nuevo régimen penal, sino una salida social para los jóvenes. En nombre del rechazo a los reformatorios, se dispone para ellos otra variante carcelaria. El remedio será peor que la enfermedad.

Lo que necesita el menor marginalizado es capacitación, inserción educacional y laboral. En una salida de este tipo deberían intervenir las organizaciones obreras como parte de una lucha general por la juventud -el sector con más desocupación y sometido a trabajo informal, jornadas extendidas, precariedad o tercerización laboral. El trabajo del joven que estudia debe tener una jornada apropiada y ser un apoyo de su formación profesional.

La marginalización de la juventud y la niñez es el eslabón último de una cadena de explotación social; la penalización, su desbarranque fascista.

Néstor Pitrola

Ferrocarriles: La "Estatización" es un nuevo rescate a los privatizadores‏








La ‘reestatización’ de los ramales del Mitre y del Sarmiento no altera, de ningún modo, al núcleo del saqueo ferroviario. Como ya ocurriera en el Roca o el San Martín, el Estado aparta a los privatizadores de una concesión en ruinas, para hacerse cargo de los platos rotos. La reestatización no resarce al poder público con el patrimonio de los vaciadores. Al contrario: les cubre la retirada, en momentos en que se encuentran cuestionados por causas penales y por la indignación popular. Los K le cargan al presupuesto nacional la factura que dejaron los concesionarios y preparan el camino de una nueva privatización. Mientras tanto, esos mismos privatizadores continúan al frente de los talleres de mantenimiento ferroviario, y seguirán lucrando como contratistas del Estado.

La sociedad estatal que pasa a operar estas líneas -SOFSE- tiene en su directorio a personeros de la burocracia sindical, los socios de los privatizadores. Es el caso de Juan Araya, el cajero de Pedraza, y del propio Sasia, de la Unión Ferroviaria. Los personeros del régimen de desvío de subsidios y precarización laboral montado en el sistema ferroviario siguen en sus puestos.

En oposición a estas salidas ruinosas para los trabajadores y para el país, planteamos la expulsión de los privatizadores y la burocracia sindical del ferrocarril; la incautación del patrimonio de los vaciadores (ampliamente expandido con el desvío de los subsidios), y la gestión integral del sistema ferroviario -ramales de pasajeros, de carga y talleres- por parte de sus trabajadores. Unimos este planteo a la gestión de la economía nacional por parte de los trabajadores, que aportará los recursos para una reconstrucción integral del sistema ferroviario.


PARTIDO OBRERO en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Ante los incendios: Exigimos un plan inmediato de los gobiernos provincial y nacional



Ya hay más de veinticinco mil hectáreas arrasadas por el fuego. Estamos en presencia de un desastre que asola a toda la provincia de Córdoba. Sin embargo, el gobernador nos dice que se trata de una catástrofe inevitable y que nada puede hacerse hasta que llueva o se queme todo lo que se pueda quemar. Es repudiable la pasividad que tienen tanto el gobierno provincial como los intendentes de las zonas afectadas. Desde el propio gobierno se ha deslizado la idea de que estaríamos en presencia de incendios provocados, y ya habría cerca de diez detenidos.

Desde el gobierno nacional, que envió una ayuda limitada y tardía, se ha coincidido en la caracterización desplegada por De la Sota.

Esos planteos pretenden encubrir la responsabilidad que les cabe en la producción y expansión del desastre, y a la vez justifican la completa inacción para aminorar las consecuencias del mismo.

La cuestión del fuego no es nueva en la provincia. Hace años, ante desastres similares aunque de una magnitud inferior, el oficialismo provincial impuso el impuesto al fuego para financiar un supuesto plan de prevención que directamente no existe.

La provincia casi no cuenta con brigadas forestales; las pocas que existen están conformadas por voluntarios que no reciben ningún apoyo del gobierno. Es decir, no hay especialistas para abordar una situación como la que enfrentamos. Los cuarteles de bomberos en las ciudades del interior están conformados por voluntarios y no cuentan con la capacitación necesaria. Tanto los brigadistas como los bomberos no cuentan con seguro ni cobertura médica y tienen que dejar de trabajar y perder su salario para acudir a los siniestros, puesto que el gobierno no compensa sus ingresos.

Los cuarteles que existen no cuentan con el equipamiento necesario para afrontar estas situaciones; no hay autobombas especiales ni avionetas. El gobierno no aporta ni siquiera la vestimenta, y las viandas que envía no cubren las necesidades mínimas.

Desde el comienzo, distintos cuerpos de bomberos, vía redes sociales, han apelado a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando agua en botellas, medicamentos y frutas. Por el contrario, De la Sota llama a la población a no acercarse a los cuarteles. Son numerosos las denuncias y reclamos de los bomberos al gobierno, sin que ninguna respuesta llegue.

Es evidente que los 60 millones anuales recaudados por el impuesto al fuego no han sido destinados a los objetivos que tenían que cubrir.

El otro gran problema que ha salido a la luz, es que Córdoba no tiene de dónde sacar agua para apagar los incendios. La ciudadanía de la sierras y de otras localidades viene reclamando desde hace mucho en contra de la desforestación impulsada por los capitalistas del agro y los especuladores inmobiliarios, que cuentan con el aval del propio gobierno provincial y de los intendentes.

El gobierno no ha realizado ni una sola obra hídrica para resolver esta cuestión, que ahora se agrava; pero habilitó la instalación de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, para que haga uso y abuso del acuífero subterráneo más grande del país. La instalación de Monsanto está ligada a la industria del biodiesel, la que provocará una mayor extensión de los monocultivos.

La destrucción del bosque que producen los incendios será aprovechada por los grandes capitalistas inmobiliarios y agrarios.

Ante el desastre, desde el Partido Obrero exigimos:

1. Inmediato aprovisionamiento de todos los cuarteles de bomberos según las exigencias efectuadas por los propios voluntarios.

2. Que el gobierno provincial cubra el salario de los voluntarios mientras prestan servicios para sofocar los incendios, y que también contrate para ellos cobertura médica y seguro personal.

3. Que el gobierno nacional decrete la emergencia nacional y acuda con todos sus recursos y los del resto de las provincias para apoyar el sofocamiento de los incendios.

4. Plan de remediación del suelo y reforestación del 100% de las áreas afectadas y no del 20% como se establece en la Ley de Bosques delasotista.


5. Reparación económica integral para las familias damnificadas.

6. Obras hídricas que garanticen el acceso al agua de toda la población y las reservas necesarias para hacer frente a esta clase de desastres.



* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025

* Jorge Navarro, candidato a diputado nacional: 0351 – 155469014

* Cintia Frencia, legisladora electa por el FIT / candidata a diputada nacional: 0351- 155466272



PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA

11 de septiembre de 2013

Presentación del libro “La Revolución Clausurada”



Los días 11 y 12 de septiembre se presentará en Córdoba el libro “La Revolución Clausurada”, de Christian Rath y Andrés Roldan.

El libro significa un importante aporte teórico y político a la hora de develar la nebulosa que cubre parte de nuestra historia Argentina, como la Revolución de Mayo y el período inmediatamente posterior. Se presta una atención detallada al contexto internacional de las rivalidades interimperialistas y neocolonialistas, que facilitaron u obstaculizaron el movimiento independentista.

Esta preocupación rigurosa no se limita a la política de las clases dominantes de las potencias colonialistas sino también al examen de los movimientos populares dentro de las sociedades coloniales.

La presentación se realizará con la presencia de uno de sus autores, Christian Rath, acompañado de varios panelistas, entre ellos Eduardo Salas, candidato a Diputado Nacional por el FIT.


Miércoles 11 de septiembre / Feria del Libro:

19:30 hs. - Sala 2, Cabildo histórico de Córdoba

Panelistas:

- Christian Rath, autor

- Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda

Coordina: José Barraza

 

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Jueves 12 de septiembre / Facultad de Filosofía y Humanidades:

19:00 hs. - Aula 9 - Francia Anexo, Ciudad Universitaria

Panelistas:

- Christian Rath, autor

- Daniel Gaido, historiador y docente de la UNC

 


* Christian Rath, autor del libro: 011- 1556901827

* Eduardo Salas, candidato a diputado nacional: 0351- 155477025


PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA en el FRENTE DE IZQUIERDA