MALVINAS: LA SOBERANIA NACIONAL SERA POSIBLE CON UN GOBIERNO DE TRABAJADORES

Hace treinta años, la dictadura genocida de Videla-Galtieri ocupaba las islas Malvinas.

Tres días antes, el 30 de marzo, había sentido en la nuca una gigantesca movilización de 50 mil trabajadores, la que anunciaba la caída irremediable de la dictadura.

En nombre del reclamo histórico de la soberanía, quisieron salvar a un régimen en crisis y jaqueado por las luchas obreras.

Querían una componenda con el imperialismo yanqui, que la rechazó.

Los Galtieri fueron brutales con los soldados argentinos, como lo habían sido con los 30 mil compañeros desaparecidos.

Durante el conflicto, no tocaron ni un solo interés económico de los opresores: ¡seguimos pagando la deuda externa!

Muy rápidamente, los mismos partidos que gobernaron el país en el pasado y en los años siguientes pactaron una transición política con el imperialismo.

Treinta años más tarde, la posición de la burguesía argentina es la misma.”Queremos negociar”, dice el canciller.

¿A cambio de qué?

De la entrega de los recursos de la pesca y del petróleo -como ya ocurre en nuestro país con Repsol, Petrobras, Pan American Energy- y se habla de convocar a Esso para la explotación del gas no convencional.

Los grandes beneficiarios de esa ‘salida’ serían los mismos monopolios que nos están dejando sin petróleo y sin gas.

Un emplazamiento de multinacionales en el Atlántico Sur, a cambio de una soberanía distante y pactada de Malvinas, convertiría a toda Argentina en una Falklands.

Los jefes del “modelo” creen que así podrán zafar de la crisis fiscal y poder seguir pagando la deuda externa.Solamente un gobierno de trabajadores, que comenzará por nacionalizar todos los recursos estratégicos bajo control obrero, puede dar una salida nacional.

Para eso, convocará a la clase obrera de todo el mundo a una lucha común por la expulsión del imperialismo de todas las naciones sometidas, y para que la crisis la paguen los capitalistas.

Luchamos por la soberanía nacional en todos los territorios de Argentina, desde el punto de vista internacional de los trabajadores.

Por la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto Rico, y por un mundo socialista que destierre la explotación y las guerras.

Con este planteo luchamos, hace treinta años, para hundir a la flota pirata, y echar al imperialismo de Malvinas con el método de movilización de masas, el cual abría el camino para acabar con la dictadura.

Luego de treinta años de sometimiento ‘democrático’ al imperialismo por parte de justicialistas, radicales, aliancistas y kirchneristas, ésta sigue siendo hoy la posición del Partido Obrero.

Deliberación obrera en las plantas metalmecánicas de Córdoba frente a la crisis

Renault: El año pasado incrementó su producción en un 21% respecto de 2010. Para este año fabricará un 9,1% más que en 2011, en parte gracias a un 5% más en las exportaciones. No piensa sumar personal.

Fiat: En total, para este año, la planta de Ferreyra produciría entre 90 y 100 mil unidades -lo que implicaría, en el mejor de los casos, una reducción del 11,5% en relación al año pasado. No piensa sumar personal.

En lo que va del mes, Fiat ha tenido prácticamente paralizada su producción las dos terceras partes del tiempo. Parte del problema es la falta de insumos, atribuida a las restricciones aduaneras de Moreno, pero lo fundamental es la caída de las ventas por la reducción del mercado brasileño (destino del 80% de la producción de la planta). Dentro de la fábrica, corre un rumor muy firme de que en las próximas semanas se eliminaría un turno. Lo cierto es que ya se ha abierto una lista de retiros voluntarios y se están produciendo despidos hormiga del propio personal de Fiat.

En Renault hay despidos de trabajadores de las tercerizadas (147 declarados) y existe también el rumor de la eliminación de un turno, a lo que se ha sumado un aumento de los ritmos de producción.

Toda esta situación ha llevado, en el último mes, a un agudo proceso de inquietud y deliberación dentro de las plantas, lo que incluyó acciones directas como asambleas espontáneas en punta de línea. La caída salarial es muy fuerte como resultado de la desaparición de las horas extras (que desde 2009 eran permanentes), a lo que hay que sumar la inflación, tarifazos, etc. Aún no se cerró la paritaria del gremio; el aumento de los ritmos de producción es un acicate para la reacción obrera. En los debates aparecen muy fuertemente las perspectivas del sector, la crisis mundial (sobre todo la situación brasileña) y la convicción de que no se trata de una situación aislada. La situación de las plantas automotrices esconde la del sector autopartista. Cada parate en la producción de Fiat arrastra consigo a decenas de proveedores autopartistas locales que son fiatdependientes.

Las deliberaciones incluyen el papel del gremio. La burocracia del Smata no sólo da la espalda a esta situación, sino que además es garante. El secretario general del gremio es, a su vez, ministro de Trabajo de De la Sota, un hombre -sin ningún tipo de dudas- de las automotrices y, sobre todo, de las que tienen enlazados sus negocios con Brasil por vía del Mercosur.

Un programa obrero

Frente a la deliberación, la inquietud y las acciones en las plantas, levantamos la exigencia de la convocatoria de asambleas de fábrica que incluyan a todos los trabajadores (los de las consultoras y tercerizadas), así como plenarios de delegados con mandato, en los cuales también deberían intervenir los representantes de las fábricas autopartistas.

Planteamos:

• Prohibición de despedidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario (incluidas las horas extras, ya que son parte del salario de los últimos dos años).
• Comisiones obreras de control de los ritmos de producción y de insumos, electas en asambleas.
• Elección de delegados que intervengan en la paritaria, sujetos a mandato y resolución de asamblea.
• Exigencia de la prohibición de repatriación de ganancias para las empresas del sector.

Eduardo Salas

A las puertas de grandes desplazamientos políticos

En sólo cuatro meses, las especulaciones de los analistas políticos pasaron de la reforma constitucional releccionista a un eventual adelanto de las elecciones de 2013. Un giro semejante, que ya ocurrió en 2009, daría al traste, por razones de tiempo, con la muy publicitada ‘reforma política’ que dio lugar a las primarias. Las razones, igual que hace tres años, serían la necesidad de anticiparse a un fuerte deterioro en la situación de la economía. Los asesores del oficialismo aseguran que la ‘imagen’ de CFK no fue afectada por la tragedia de la estación Once ni por el derrumbe energético o el ataque presidencial a los maestros y los luchadores ambientales, pero que todo esto podría potenciarse si se combina con recesión y despidos. Confían neutralizar esta posibilidad con la nueva caja del Banco Central y la de la Anses; con préstamos internacionales negociados por las provincias y la Ciudad, y por un éxito en el control de las paritarias.

Los límites del jolgorio

Sin embargo, la caja tampoco puede operar milagros. Reabierto el grifo del Banco Central, los fondos buitres y los que ganaron juicios contra Argentina en el Banco Mundial, han redoblado la presión para cobrar. Para apoyarlos, Obama resolvió aplicarle sanciones comerciales a Argentina. Lo mismo ocurrirá en breve con los acreedores del Club de París. La reforma del Central ha colocado a los especuladores en la cola de cobro.
Otro tanto ocurre con los subsidios y tarifas. El desastre del Sarmiento puso en un impasse a los tarifazos. Pero los monopolios eléctricos y petroleros amenazan con agravar la penuria actual -o congelar los sueldos de sus trabajadores- si no reciben mayores precios o tarifas. El gobierno está estudiando un aumento sustancial del precio del petróleo. Por otro lado, crece el gasto en subsidios, por ejemplo en el transporte, para pagar el aumento de salarios acordado con la burocracia de la UTA. La política oficial navega entre el tarifazo y el aumento indefinido de los subsidios, que serán financiados con la emisión de moneda que autoriza la reforma del Banco Central.

Una cabeza sin cuerpo 

Los rumores sobre un adelantamiento electoral tienen ese telón de fondo. Pero esta vez, las listas de diputados de 2013 no pueden cobijarse detrás de un árbitro presidencial único, como ocurrió en 2011. Los armados de cada provincia, por lo tanto, van a sacar a la luz la inmensa fragilidad del frente oficial. Esto ya se vio allí donde hubieron elecciones desdobladas el año pasado. La mayoría de las provincias están en cesación de pagos, sin socorro del gobierno nacional, el cual, por el contrario, depende de las provincias para conseguir dólares a cambio de nuevas deudas internacionales. El ‘centralismo porteño’ ya no tiene bases económicas para controlar provincias.

Scioli encabeza el pelotón con 1.000 millones de dólares, seguido por Macri, De la Sota, Urtubey y el gobierno de Mendoza, entre otros. Los Estados petroleros -como Salta o Río Negro- garantizarán estas operaciones con las regalías. O sea que mientras rescinden concesiones sobre pozos inactivos, los gobernadores atan su destino al de los pulpos petroleros. Un reciente informe de Página/12 -con el contundente título de “Los gobernadores las prefieren privadas”- revela que su “intención no es reestatizar, sino (avanzar) hacia un cambio de operadores y de condiciones contractuales” (25/3), o sea que van por la entrega para salir de la cesación de pagos. En este cuadro, comienzan a sonar candidaturas “con portación de apellido” para 2013 -Alicia o Máximo Kirchner en los principales distritos. ¿CFK pretende convertir a la elección intermedia de 2013 en un pseudo plebiscito, por la vía del apellido? La maniobra podría pulverizar al PJ y hasta forzar una ruptura, que algunos juzgan suicida, con Scioli.

Oposición 

Lo único que supera al declive oficial es el de la ‘oposición’. La UCR se encuentra dividida entre los que aspiran a un acuerdo con el PRO y los que lo impulsan con el FAP. En el debate por la transferencia del subte, el Peronismo Federal desairó al PRO, agravando el aislamiento de Macri con vistas al 2015. El FAP ha votado y actuado dividido en el Congreso, en todas las cuestiones recientes. El gobernador santafecino del FAP, Antonio Bonfatti, se arrima al kirchnerismo. Gerardo Morales (UCR) no cuestionó el “manotazo” a las reservas, sólo exigió “criterios” o “topes” para los adelantos del Tesoro. Lozano se abstuvo con argumentos similares, o sea que prestó un semi aval al “manotazo” para pagar la deuda. Mario Blejer, un representante de los acreedores, apoyó la reforma del Banco Central. El debate sobre el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda externa, y sobre los adelantos al Tesoro para seguir con los subsidios, puso de manifiesto que la oposición no tiene una alternativa a las medidas desesperadas del gobierno.

Frente de Izquierda 

El “enfrentamiento” entre los ‘nacionales y populares’, de un lado, y los ‘destituyentes’ del otro, ha quedado caduco. Pasó mucha agua desde la ‘crisis del campo’. Nunca tan vigente como ahora aquello de que no los une el amor sino el espanto -es decir, una bancarrota provocada por la crisis mundial que no da respiro. Transitamos un periodo de alumbramiento de un nuevo cuadro político, en el cual la izquierda revolucionaria puede convertirse en uno de sus polos. Esta tendencia se expresó, en el plano subjetivo, en la colosal demostración de fuerzas el sábado pasado, el 24 de marzo.

La agenda política inmediata del Frente de Izquierda está determinada por estas circunstancias, que tienen un relieve cada vez más excepcional.

Marcelo Ramal

“Las condiciones son únicas”

Entrevista con Víctor Spicogna, de Utatec, única agrupación opositora en el gremio telefónico de Córdoba.


-Víctor, han sido invitados a participar de la Conferencia Sindical, ¿cómo te estás preparando?

-Entendemos que las condiciones son únicas en este marco histórico. En el caso especial nuestro, en Córdoba, luego de estar a punto de ganar el sindicato en 2007 (perdimos por 20 votos), tuvimos una experiencia, si no de derrota, pero sí de aprendizaje. Hoy estamos en condiciones de desarrollar la organización del movimiento obrero en una escala magnífica. No sólo por la crisis internacional, sino por la propia situación nacional.

En nuestro caso, hay un debate particular que se está dando sobre el carácter de la empresa del Estado, donde nosotros intervenimos con el planteo de una empresa estatal, pero conducida por trabajadores y usuarios. En este marco, marchamos a la Conferencia Sindical donde los trabajadores privados tenemos mucho que decir porque los índices de precarización laboral, de tercerización -tanto en el marco de la telefonía como de las telecomunicaciones en general- es de una escala increíble: se han incrementado las 90 horas. Entel se privatizó con 43 mil empleados y hoy existen 15.000 trabajadores en las dos empresas oligopólicas en que fue dividida, Telecom y Telefónica. Creemos que hay posibilidades de desarrollo y de llevar adelante un planteo como trabajadores privados hacia la conferencia sindical. Hay una necesidad inevitable de organizarse, los trabajadores privados estamos viendo cada vez más los choques directos de la crisis internacional. No solamente en el marco de las tercerizaciones, sino también del vuelco al bolsillo, del salario: desde 2003, tenemos las paritarias con techos y los gremios excusándose de que el techo es puesto por el gobierno. Cunden los ejemplos de lucha contra esto, hay un vuelco después de la lucha de alimentación de hace dos años. Creo que estamos en condiciones, este año, de plantear una lucha y un planteo de conjunto de la clase obrera, en los gremios privados en particular. Hago hincapié en eso porque pertenezco a ellos.

-¿Cómo piensan extender la conferencia al lugar de trabajo, de militancia de ustedes?

-Desde la agrupación, la invitación la vamos a tomar con el planteo simple de la necesidad de organizarse. Hacia el interior de la agrupación, en la medida en que muchos compañeros pertenecen a diversos movimientos políticos y no a otras agrupaciones sindicales -ya que en el caso nuestro, te recuerdo, somos la única agrupación de oposición en el gremio telefónico en Córdoba-, por lo tanto, hacia adentro, el debate y la tarea es plantear qué tipo de organización queremos: si queremos una organización cooptada por la burocracia sindical o el gobierno, o si queremos una alternativa obrera ante el embate de la crisis internacional.

Alejandro Roqueiro

En Londres diseñan la futura ‘soberanía’ de Malvinas

Uno de los ocho consejeros que integran la asamblea legislativa de las Islas Malvinas declaró al enviado de El Cronista: “Vamos a invitar a las empresas argentinas a que vengan a invertir en la exploración de petróleo. No hay ningún impedimento legal para hacerlo. Las necesitamos” (16/3). Pero aclaró: “hasta que Argentina no nos reconozca como una nación soberana, democrática e independiente no vamos a sentarnos a dialogar” (ídem).

The Economist plantea que “Un liderazgo argentino más maduro debería considerar la explotación de petróleo en las Falklands como una oportunidad económica, no política. Argentina podría ser la mayor base continental para la industria petrolera de las Islas (…) Una Argentina amigable podría obtener grandes beneficios de la cooperación con sus vecinos sudamericanos. Y el petróleo podría constituir una base económica para que los falklanders se declaren independientes, algo a lo que Gran Bretaña seguramente no se opondría” (25/2/10).

“Un liderazgo argentino más maduro” es precisamente la condición que pone Gran Bretaña, aunque ya tuvo ese gobierno bajo el mandato de Menem. La concesión velada del gran semanario británico es que admitiría la independencia política de Malvinas, las que hoy tienen un autogobierno bajo soberanía británica. The Economist está diciendo que la independencia podría ser una transición hacia otra forma de integración política, como la de Hong Kong con China y hasta la de Puerto Rico con Estados Unidos. Por boca de los principales voceros del capital financiero internacional, la autonomía nacional de ‘los isleños’ -a quienes han estado defendiendo liberales y supuestos izquierdista- se identificaría, oportunamente, con sus intereses principales. Las petroleras necesitan, después de todo, un vínculo con el territorio continental de Argentina, una normalización de relaciones políticas con los países de Sudamérica y -por último, pero no menos fundamental- salir del conflicto que les crea a las petroleras que explotan esa zona la imposibilidad de hacerlo en las aguas continentales y el territorio de Argentina.

Lo descripto es también la posición del gobierno de Obama, el cual volvió a aclarar que “no tiene ninguna posición sobre las pretensiones de soberanía de ninguna de las dos partes” y pide “una resolución pacífica” (Clarín, 17/3). Timmerman saludó la posición norteamericana.

Es la posición también de la burguesía argentina, como lo explicitó Montamat, uno de sus voceros: “bajo el paraguas de la soberanía, las negociaciones deberían orientarse a la discusión de la renta del petróleo que puede extraerse de la zona del conflicto. La dificultad logística que impone la restricción argentina (si ésta no ofrece su territorio como base de operaciones de la industria) afecta los costos y disminuye la renta (diferencia entre precios y costos) por barril explotado” (Clarín, 29/2).

Los ritmos

Según algunos informes, la expansión de los negocios petroleros en la plataforma del Atlántico Sur estaría dejando de ser sólo una perspectiva. El gobierno británico ha confirmado el hallazgo de crudo en Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas y ha anunciado el inicio de la explotación en regla dentro de los próximos 24 meses. Una vez más -según El Cronista- centenares de profesionales desembarcan en las islas, en las que se está produciendo un acelerado desarrollo inmobiliario, financiado por las petroleras. “Las estimaciones que se manejan en Malvinas muestran que la firma a cargo de la explotación podría extraer mucho más que los 1.200 millones de barriles estimados en un comienzo, ya que posteriormente han declarado otros yacimientos productivos” (16/3). Las expectativas están puestas ahora en la exploración en el flanco sur del archipiélago, a cargo de la Falkland Oil, la cual acaba de hacer una emisión récord de acciones en la Bolsa de Londres. La administración de las Islas ha planteado la constitución de un fondo con las ganancias de los pozos con explotación confirmada, cuyo piso -al día de hoy- estaría en los 10.000 millones de dólares: una caja fiscal inmensa y apetecida.

Aunque lucen diferentes, la cuestión de Malvinas se liga a la crisis del gobierno con Repsol, que hasta ahora hubiera debido ser la carta de los K en cualquier negociación para ingresar a las operaciones petroleras costas afueras de Malvinas. ¿Acaso el gobierno pretende pseudo-estatizar YPF para incorporar a los capitalistas K en el negocio petrolero nacional -e incluso a chinos y algún grupo ruso- para convertirlos en los protagonistas de una negociación sobre la soberanía del conjunto del archipiélago que, en definitiva, no sería otra cosa que un reparto de áreas petroleras y gasíferas? Por esto mismo, sin embargo, un acuerdo de los K con Repsol es inevitable, toda vez que ésta es una operadora de los fondos de inversión anglo-yanquis y porque se encuentra asociada, en diversos territorios, con sus rivales de distintas ‘nacionalidades’.

La conmemoración del 2 de abril es la pantalla de una burguesía que se ha acordado de sus ‘deberes nacionales’ muy raramente -y siempre en forma episódica, para negociar mejores tajadas en sus negocios.

Juan Carlos Crespo

¿Del campo nacional al enano fascista?

Graves agresiones de punteros “K” en la jornada del 24

Los dirigentes de Libres del Sur acaban de difundir pruebas fotográficas de las agresiones sufridas en el marco de la marcha del 24 por parte de una columna perteneciente al movimiento Evita. Las imágenes muestran a una persona que emerge de las filas del Evita con un revólver en la mano y amaga disparar. El hecho se produjo durante el paso de la marcha de Memoria, Verdad y Justicia por la avenida 9 de Julio, mientras los contingentes kirchneristas comenzaban a concentrarse en las calles aledañas.

El hecho, demás grave, no fue sin embargo único. En Viedma, jóvenes compañeros del Partido Obrero, quienes realizaban una agitación en la jornada del 24, sufrieron una patoteada por parte de militantes K, la que fue repudiada incluso por otros oficialistas que se encontraban en la zona. En Tucumán, la columna de la marcha independiente también fue hostigada por elementos del movimiento Evita, para impedir la llegada a la Plaza Independencia.

El aparato de ex piqueteros y burócratas rentados ha resuelto erigirse él mismo en patota represiva.

Repudiamos todos los aprietes y agresiones de las patotas oficialistas. Exigimos la investigación y el castigo a sus responsables.

M. R.

Maldita impunidad: A UN MES DE LA MASACRE DE ONCE

Nada ha desnudado más las contradicciones políticas del kirchnerismo que la masacre de Once. Inmediatamente después de proclamar que esperaría el resultado de la Justicia, la Presidenta nombró a Raúl Baridó interventor por quince días, recientemente prorrogados. Baridó no hizo más que profundizar el desguace de formaciones, separando la mitad de las que operaban en el Sarmiento para reparar las que quedan en servicio. Esto redujo la frecuencia de trenes, lo cual se compensó con la contratación de micros al mismo Cirigliano, responsable principal de la masacre.

Como esta situación no tiene salida sin una fuerte inversión, a Baridó no se le ocurrió otra idea que reclamar un nuevo subsidio al Estado, ya en plan de testaferro directo de TBA. ¡Son los hermanos Cirigliano quienes deben reponer el dinero estatal que invirtieron en dólares o depositaron en las islas Caimán!
Los trabajadores denuncian que no ingresó un solo repuesto. Sólo una formación del Roca que demostró estar en una situación tan precaria como las del Sarmiento fue puesta fuera de servicio. Para colmo, el interventor sufrió una multa de 1.000 pesos diarios por parte del juez Bonadío, que entiende en la causa, por no cumplir con el sellado de cabinas intermedias para impedir el acceso de pasajeros.

Si hablamos de la causa judicial, tenemos el operativo más evidente de impunidad que podía pergeñar este gobierno. Bonadío es un juez conocido por integrar la lista de los ‘confiables’ del menemismo y ya desprocesó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en varias denuncias por corrupción. En la causa por la masacre de Once, sólo mantiene imputado al maquinista de la formación siniestrada, aunque tuvo que prohibir la salida del país y embargar a Schiavi, Luna, los hermanos Cirigliano y a diecisiete gerentes de TBA. Esto último lo hizo por exigencia del fiscal, quien denunció en el expediente que el juez retenía las actuaciones para impedirle impulsar la investigación de las responsabilidades en la masacre.

El magistrado ordenó un peritaje sobre la formación, el cual se hizo con personal de Emfer (Emprendimientos Ferroviarios), empresa de los Cirigliano, y sin participación de la parte querellante que representa a los familiares de las víctimas. Por supuesto que el Estado, reconocido como querellante, sí presentó peritos de la Secretaría de Transporte. Es decir que a los peritos de Cirigliano se sumaron los peritos de Schiavi y Luna.

¡Los embargados que tienen prohibida la salida del país no sólo no son imputados, sino que dirigen la investigación!

Esto explica que el juez dictaminara el secreto de sumario, con el fin expreso de evitar que “la propagación de resultados parciales generen confusión y sean utilizados en campañas periodísticas, resultando perjudicadas las víctimas y la población en general”. Es obvio que, cuando los resultados del peritaje se difundan, tratar de impedir la indignación popular será como pretender tapar la luz del sol con una mano.

El juez caratuló la causa como “estrago doloso”, pero la abogada María del Carmen Verdú, que representa a algunos familiares de víctimas, pidió investigar el caso bajo la figura de homicidio e imputó por ello al ministro de Planificación, Julio De Vido, a Schiavi, Luna y otros funcionarios, y a los directivos de TBA. Se encuentra a resolución de la Sala II de la Cámara Federal la recusación contra Bonadío por parte Gregorio Dalbón, abogado de otros familiares.

En el medio, Cristina K echó lastre con la renuncia de Schiavi, disfrazada de problema de salud para que no se lea como una autoimputación. Pero ¿por qué el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna, no siguió el mismo camino? Es que el hombre pertenece a La Fraternidad y la Presidenta debe proteger la pata sindical, que aporta a la impunidad desde su silencio y con la postergación de la discusión salarial y paritaria -la que debió tratarse en estos días. Los propios trabajadores denuncian que TBA empezó un apriete del personal en cada sector y esto no ha merecido respuesta gremial alguna.

Hay motivos para que los Cirigliano gocen de impunidad. Prensa Obrera ya informó que, a través de Cometrans, el grupo tiene contratos con el Estado para importar gas a nuestro país desde Qatar. Además, por medio de Corporate Corp provee netbooks y decodificadores de televisión digital.

El cuerpo principal de los negocios de los Cirigliano, sin embargo, es el transporte. TBA recibió subsidios por las concesiones ferroviarias por 980 millones de pesos en 2011. Entre 2006 y 2010, había obtenido 1.925 millones según la Auditoría General de la Nación. También reciben subsidios por los colectivos: tienen 20 de las 135 líneas de la ciudad, además de líneas de media y larga distancia. Son más de 100 millones de pesos mensuales.

Ese estudioso de los ferrocarriles argentinos que fue Raúl Scalabrini Ortiz escribió que el sistema ferroviario es “una inmensa tela de araña metálica, donde está aprisionada la República”. Parafraseándolo, la masacre de Once “es una inmensa tela de araña de impunidad, donde están aprisionados el kirchnerismo y la República”.

Jorge Hospital

DECLARACIONES DE NESTOR PITROLA ANTE EL CONGRESO DE LA CGT

“El Congreso de la CGT es una rosca para asegurar la continuidad de Moyano, no para luchar por el salario”

“Cuando el país entero está conmocionado por la magnitud de la inflación, los tarifazos que planean sobre nuestros ingresos y el gobierno exhibe una política de hierro en cuanto a topes salariales en las paritarias, Hugo Moyano se limita a convocar un Confederal de la CGT para el 12 de julio, con el único propósito de asegurar su continuidad”, aseguró Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero.

Y agregó: “Moyano se hace el distraído cuando a los docentes les impusieron el 20% contra su voluntad y ahora el 18% a los choferes de UTA. Por otro lado, orienta sus trenzas hacia los herederos de Pedraza que formaron la Federación Ferroviaria y con Luis Barrionuevo, que ayer se declaró a favor de la libertad del jefe de la patota que mató a Mariano Ferreyra”.

“El gobierno pretende una CGT sometida al ajuste. Pero Moyano no le garantiza al movimiento obrero un rumbo independiente de esa política. El quiere la unidad de la burocracia sindical para defender sus prebendas, no la unidad de la clase obrera para quebrar el ajuste y lograr un salario equivalente a la canasta familiar”.

“El voto secreto de los congresales que implementará Moyano sólo expresa a los dos mil burócratas que componen el Confederal. Luchemos por un Congreso de la CGT, mediante delegados electos y mandatados por asambleas de trabajadores”, concluyó Pitrola.

INFORME SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

PRESENTACIÓN DEL INFORME

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.

Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros.


Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.

En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?

La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.

La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.

La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.

Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.

Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.

¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?

Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.

Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.

Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sin! dical y los intereses empresariales.

A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.

Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genoci! das procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.

En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores.

Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.

Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta.

La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.

Por todo ello decimos:

- CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES PROCESADOS.

- DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.

- CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR.

- BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD

Asociación de Profesionales en Lucha - APEL

Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI

Liberpueblo

ARGENTINA, MARZO DE 2012

Garré, la extorsión de la "seguridad democrática"

El gobierno respondió al reclamo de aumento para todos los trabajadores del plan Argentina Trabaja con el anuncio, por parte de la Presidenta, de un premio a la “productividad” y al “presentismo”. El gobierno estableció de antemano que sólo el 20% de esos 150 mil trabajadores cobrará el adicional. Los favorecidos serán seleccionados por los punteros oficiales. Un caso ‘ejemplar’ de “sintonía fina”.

La acusación de Garré de “extorsión” a los piqueteros y de “desestabilizadores” a los dirigentes políticos de las agrupaciones en lucha encubre esa confiscación. La ministra ya había acusado de extorsivas las huelgas de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Por la huelga petrolera, todavía está preso el delegado Víctor Oñate.

En diciembre de 2010, la ministra acusó de igual modo a los dirigentes ferroviarios del PO del Roca, Hospital y Merino, cuando luchaban por el pase a planta de 1.500 tercerizados de ese ferrocarril. Por este motivo tienen una causa penal y estuvieron varios días presos -como ocurriría más adelante con Sobrero. En aquella oportunidad, Garré ensayó una vieja práctica oficial: sentar a las víctimas en el banquillo de los acusados.

Garré acusó a los tercerizados -y al PO- por una provocación armada por la burocracia sindical en la plaza Constitución. Lo mismo habían intentado los voceros oficiales con el crimen de Mariano Ferreyra, al que calificaron como “un enfrentamiento”. El país volvió a erizarse cuando la misma Garré acusó al pibe Lucas Meghini Rey, otra víctima, por el accidente ferroviario que llevó a la muerte a 51 personas. Con los mismos métodos de la represión, además, actuó la policía de Corpacci en Catamarca, que allanó las casas de pobladores ambientalistas bajo la acusación de supuestos “atentados”.

Espionaje, criminalización

La autodenominada “seguridad democrática” se completa con el espionaje oficial. El propio comandante de la Gendarmería confirmó, ante la Justicia, la existencia de una base de datos cosechada por agentes encubiertos que actuaron en la causa Kraft. También en este caso, los antecedentes vienen de lejos. En la causa a Luis Antón (2007), dirigente del PO de Tigre, la jueza Arroyo Salgado tuvo que impugnar enteramente el proceso por estar basado en informes de agentes encubiertos de la Gendarmería. O sea que este modus operandi está instalado en todos los estamentos del Estado, antes y después de Garré. Los sindicatos de Santa Cruz denunciaron el mismo accionar por parte de la dirección de Inteligencia Policial de esa provincia. Los estudiantes de Ingeniería de la UBA acaban de destapar otro caso de espionaje sobre los dirigentes de su centro de estudiantes.

Las acusaciones de Garré contra los piqueteros y los dirigentes políticos de izquierda encuadran a la perfección con los tipos penales de la ley antiterrorista. Está claro, por lo tanto, que existe una política de criminalización de las luchas.

En sus advertencias, Garré incluyó -aunque de manera diferenciada- a Solanas y a Binner. Fue un llamado de atención al centroizquierda para que cierre filas con el gobierno. Binner respondió en consecuencia: se pronunció contra los piquetes y la lucha -que por estas horas están realizando docentes y municipales en su provincia.

El discurso presidencial en el Congreso -en el que cerró filas con petroleras, mineras y concesionarios de los ferrocarriles-, en contra de los maestros y de todos los luchadores, marca el contenido social de la “seguridad” kirchnerista, que no tiene nada de democrática. La victoria de las enormes reivindicaciones planteadas por trabajadores, desocupados, maestros y quienes combaten a los pulpos mineros está crucialmente unida a la defensa del derecho a luchar, contra la represión y la criminalización de las luchas obreras y populares.

Con ese objetivo, movilicémonos masivamente el 24 de Marzo.

Néstor Pitrola

El gobierno y la "justicia" contra los jubilados

Por enésima vez, los jueces de los tribunales de la Seguridad Social dijeron que el sistema judicial previsional está “en colapso”.

Los datos que ofrecen son claros: “En el año 2009 se sortearon 128.650 expedientes; en 2010, 132.981; y (finalmente) en 2011, 133.741″. Agregaron que “el sorteo a Sala desde 2009 a 2011 aumentó en un 77,41% (25.036 expedientes en 2009 y 44.137 en 2011), cuya derivación es la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia ésta que afecta a un universo de litigantes con edad avanzada” (Diario Judicial).

“Como en todo el fuero, esto está en una situación de colapso por la inmensa cantidad de juicios. Es una situación patológica, porque hay una gran cantidad de procesos que, en realidad, no deberían existir. Se están haciendo arqueos en las tres salas de la Cámara, todavía falta arquear la Sala II. Yo calculo que deben existir en la Cámara entre 40.000 y 50.000 causas en trámite”, aseguró Martín Laclau, vicepresidente de la Cámara Federal de Seguridad Social, a Diario Judicial.

La Auditoria General de la Nación calculó que hay 500.000 juicios en trámite. Tres años atrás, la Corte Suprema tuvo que disponer de una “feria judicial” por el peligro de derrumbe del edificio del Fuero de la Seguridad Social en la calle Lavalle al 1200, por el peso de los expedientes, luego de una inspección del Inti.
Mientras la Anses gasta y gasta en costosas publicidades falsas, ésta es la realidad del sistema jubilatorio.

Medio millón de juicios porque el gobierno no cumple con los fallos de la Corte Suprema. Es la mayor “movilización” de jubilados, que se renueva todos los meses a razón de unas 9.000 nuevas demandas por mes. Pero la Corte Suprema y los jueces también incumplen con sus fallos porque la Anses no está pagando en término las sentencias firmes y eso obliga al jubilado a iniciar otro juicio que puede demorar otros tres años.

Lógicamente, la Anses no computa esta enorme deuda en sus cuentas, de tal manera de seguir pagando jubilaciones paupérrimas y beneficios y gastos que no le pertenecen, como la asignación por hijo o las computadoras, que deberían pagarse y ampliarse con impuestos al capital y no a costa del sistema jubilatorio.

Obligar a un jubilado a iniciar un juicio de reajuste de haberes, juicio que puede demorar diez años más otros cuatro años para eventualmente cobrarlo, cuando ya la Corte Suprema se expidió, es un “crimen de lesa humanidad”.

El gobierno “nacional y popular” de los “derechos humanos” especula con la muerte de litigantes para “ahorrar” fondos para “honrar” el pago de la deuda.

La solución es sencilla: extender automáticamente a todos los jubilados los fallos de la Corte y establecer el 82% móvil.

Ceferino Rivas

Crisis petrolera: Los gritos de la tribuna y los susurros de vestuario

Mientras los choques verbales entre el gobierno y Repsol subían de tono, el vocero oficial Verbitsky salió a poner paños fríos: “La Presidenta preferiría que YPF hiciera las inversiones que no ha hecho hasta ahora” (Página/12, 18/3). O sea que los cruces entre el gobierno y la petrolera transitan dentro del marco jurídico y económico establecido. Hay quienes sostienen que la reversión de áreas favorece al monopolio, porque se trata de yacimientos agotados. Argentina importará entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en energéticos, una cifra que supera el superávit comercial. En la escalada contra Repsol YPF, el gobierno actúa bajo la presión de un descalabro económico. Lo mismo Repsol, que quiere que se reponga la ruta del aumento progresivo del precio de las naftas.

Endoso a las provincias

Después de las presiones ejercidas por el rey de España, el gobierno le endosó a las provincias el fardo de subir los decibeles con Repsol. El ministro de industria de España “valoró en forma positiva que no haya sido el gobierno (nacional) el que haya quitado las licencias, y que el tema se maneje a nivel provincial” (Ambito Financiero, 16/3). Hasta ahora, las rescisiones sólo afectaron al 7 por ciento de las concesiones de Repsol, y se relacionan con pozos exhaustos o con muy baja producción. Jorge Sapag reclama “precios justos”, en consonancia con la petrolera, para la extracción de petróleo en su provincia (La Mañana de Neuquén, 18/3). Las limitaciones sociales y políticas de los gobernadores petroleros para poner en caja a YPF están a la vista.

“Interés público” o nacionalización

Por lo pronto, la primera consecuencia de las estocadas aisladas contra Repsol será una “profundización de la caída en la producción y las reservas” y “la sobreexplotación de las áreas en operación”, según señala el Instituto Mosconi. O sea que los escarceos con Repsol agravarán la crisis. De cara a esa realidad, los funcionarios camporistas estudian la posibilidad de una declaración de “utilidad pública” de los hidrocarburos. Pero los Estados no tienen los recursos para invertir.

Otra alternativa es retomar el control público de las concesiones petroleras y remplazar la concesión por contratos de obras y servicios. Se compara esto con lo realizado en Bolivia, pero Evo Morales, en 2006, puso en pie un régimen de “producción compartida”, donde los pulpos se quedan con el 50% de los beneficios. Andrés Soliz Rada, ex ministro boliviano de Hidrocarburos, denunció que esa modalidad le permitió a Petrobras y a otros pulpos “anotar nuevamente en Bolsa las reservas de Bolivia” (revista Pueblos, 25/10/11), que es el principal beneficio de un régimen de concesión. La “producción compartida” condenó a su población a la penuria energética y a los ‘gasolinazos’.

En oposición a la política oficial, defendemos una nacionalización sin resarcimiento a los vaciadores de las reservas, y bajo control de los trabajadores.

Marcelo Ramal

De la pluralidad de voces a la defensa de la Barrick Gold, Schiavi y Hadad

Bastaron menos de dos años para que los medios oficialistas, tanto los privados como los públicos, se olvidaran de la pluralidad de voces y el supuesto espíritu progresista de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lejos de prestar el micrófono o las páginas de sus diarios a los pueblos que enfrentan la megaminería, o a las familias de la masacre de Once y a los trabajadores del Sarmiento o a los docentes de todo el país, la vasta red de medios K se ha dedicado a la defensa de los intereses oficiales y de las camarillas empresariales, atacando a los luchadores desde sus tribunas.

Durante enero y hasta la fecha, estuvieron volcados a la defensa de la minería a cielo abierto, mediante el intento de dibujar los supuestos beneficios y ocultar los perjuicios que denunciaban los ambientalistas. Parte de esta defensa, fue la pantomima montada en cadena nacional, sacando a un dirigente del PJ como trabajador “independiente” para que defenestrara a quienes luchaban contra las mineras. Sumado a esto, en Andalgalá, fue interferida y sacada del aire la radio comunitaria “El Algarrobo”, único medio de comunicación que se mantenía independiente del gobierno y las mineras, el cual era una canal de comunicación fundamental para los luchadores.

Por su parte, la masacre de Once permitió observar crudamente la censura en los medios oficialistas. En la Revista Veintitrés, propiedad del ultra-K Szpolsky, fue censurado un artículo del periodista Tomás Eliaschev que reproducía las denuncias de los trabajadores ferroviarios contra el grupo Cirigliano y el Estado nacional. A su vez, “6,7,8″ volvió a poner todos sus recursos y panelistas al servicio de despegar al gobierno de cualquier responsabilidad (de la misma manera en que ya lo había hecho con el asesinato de Mariano Ferreyra), exculpándose en TBA, los trabajadores del Same, el chofer y ¡hasta “la gente”! -al mejor estilo Clarín. Las mismas palabras eligieron los funcionarios de gobierno, quienes cargaron -¡en Cadena Nacional!- contra la costumbre de viajar en los primeros vagones o en lugares no permitidos.

Sin ir más lejos, hace pocos días, en el canal C5N del menemista y ahora filo K Hadad, se sacó del aire -por orden del gobierno nacional- al oficialista y ex funcionario Alberto Fernández quien, entrevistado por Longobardi, realizaba algunas críticas a la “sintonía fina” de CFK. No es de extrañar que si censuran a los amigos, la voz de los trabajadores no exista en los medios oficiales.

Así, el ‘periodismo militante’, el cual junto a la ley de medios pondría fin a la censura y al terror de las patronales de los multimedios sobre los trabajadores de prensa y garantizaría la libertad de expresión, así como la pluralidad de voces y la democratización de la palabra, termina su corto recorrido con la emulación de los métodos de ‘la Corpo’.

Tomás Cío

Causa Mariano Ferreyra: No más dilaciones, queremos juicio ya

Las dos causas abiertas por el crimen de Mariano -la que tiene por imputados a Pedraza, a la patota y a los jefes del operativo policial, y la que investiga el intento de soborno sobre el tribunal que integraba la Sala III de Casación- se encuentran demoradas en la Cámara Nacional de Casación, actualmente presidida por Pedro David.

La defensa de los policías, por la senda de Garré

El rol de la Policía Federal aquel 20 de octubre fue de vital importancia para garantizar el accionar de la patota asesina. Desde el gobierno sostuvieron durante meses en sus cargos a los jefes del operativo, a quienes les brindaron una defensa gratuita a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal, dependiente del ministerio que conduce Nilda Garré, hasta un año después del asesinato de Mariano.
Esa defensa otorgada por el Estado (sustituida luego por defensores particulares a causa de nuestras denuncias al respecto) fue la que dejó sembrada una línea de defensa que tiene como principal objetivo dilatar el expediente y evitar el juicio oral.

Como consecuencia de las chicanas jurídicas que plantaron en la causa, resulta que si bien la mayoría de las partes -fiscalía, querellantes y defensas- dimos por concluido el ofrecimiento de prueba en el tramo referente a la imputación de los policías, el Tribunal no podrá fijar una nueva fecha para el inicio del juicio oral hasta que Casación no resuelva los recursos pendientes interpuestos por las defensas de los policías.

Hay dos cuestiones fundamentales sobre las que la Cámara Nacional de Casación Penal debe expedirse en forma previa al inicio del juicio: uno, el recurso interpuesto ante el rechazo de la Cámara de Apelaciones al planteo de nulidad de los procesamientos por incompetencia del tribunal, y dos, el recurso de nulidad de la elevación a juicio por no haberse resuelto en forma previa los recursos de casación interpuestos. Ambos recursos están en manos de la Sala III.

Los sobornos

La causa que investiga el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación se encuentra empantanada. En ella están imputados José Pedraza; el ex juez federal y abogado Octavio Aráoz de Lamadrid; el contador de la Unión Ferroviaria y actual vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el secretario de la Cámara, Luis Ameghino Escobar (h) y el agente de inteligencia José Riquelme.

Las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López luego del crimen de Mariano fueron las que dieron lugar a esta investigación paralela. La sospecha consiste en que pretendían “comprar” la excarcelación de los primeros detenidos en la causa de Mariano para mejorar la situación procesal de Pedraza. Una eventual condena a Pedraza por el intento de coima reforzaría los elementos que ya existen en la causa principal sobre su rol de instigador y autor mediato del ataque de la patota.

Al día de hoy, sin embargo, los acusados aún no fueron ni siquiera indagados. Primero, porque el fiscal solicitó el llamado a indagatoria en mayo del año pasado, pero el juez Rodríguez demoró ocho meses en fijar fecha para la audiencia. Luego, en diciembre y pocos días antes de tener que comparecer, Aráoz de Lamadrid recusó al juez y al fiscal e inició una serie de planteos que continúan pendientes de resolución en diversas salas de la Cámara de Apelaciones y en la Cámara de Casación. De este modo, su indagatoria y la de todos los imputados han quedado postergadas indefinidamente.

Si bien ninguno de los jueces del tribunal que Pedraza y los suyos pretendían coimear está imputado en la causa, el escándalo que generaron las escuchas fue una de las razones que influyeron en la renuncia de Gustavo Mitchell y en la salida de Mariano Palazzo (Ambito Financiero, 16/3). El único de ellos que todavía reviste como camarista es Eduardo Riggi, un hombre del Opus Dei que fue nombrado juez por Videla en 1978 y está muy vinculado con dos de los imputados: Aráoz de Lamadrid y José Riquelme.

Los querellantes en la causa principal también estamos interviniendo en ésta, en la que Pedraza y sus socios deben ser condenados por cohecho y tentativa de soborno.

Juicio ya

Los jueces del tribunal deben resolver inmediatamente, rechazando por improcedentes y dilatorios, los recursos interpuestos, para permitir que se fije una nueva fecha para la realización del juicio oral y habilitar el llamado a indagatoria de los acusados por el intento de soborno.

Juicio ya a Pedraza, a la patota y a los policías federales responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

Claudia Ferrero (Apel)

MARCHEMOS CON EL FRENTE DE IZQUIERDA

Este 24 de Marzo, en un nuevo aniversario del golpe militar contrarrevolucionario de 1976, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, junto a miles de luchadores, estará nuevamente en las calles.

Vamos a reclamar, en primer lugar, cárcel común y efectiva para los militares genocidas y sus cómplices civiles, a quienes los gobiernos posteriores a 1983 intentaron salvar en esos años con la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos. También denunciaremos que, cada año que pasa, se hace más evidente el verdadero carácter reaccionario del gobierno kirchnerista.

El genocidio de 1976, perpetrado al servicio de los grandes capitalistas y el imperialismo, tuvo como víctimas a la clase obrera y a los explotados, así como a todos los luchadores y militantes de las organizaciones combativas y de la izquierda.

Pero la clase social que impuso la dictadura hoy sigue dominando los designios del país, y el gobierno K, que usurpa la bandera de los ‘Derechos Humanos’, gobierna para esos mismos intereses. Durante casi una década, rescataron al andamiaje neoliberal impuesto durante los noventa: los privatizadores de la energía y el transporte, el pago de la deuda externa usuraria, la megaminería en manos de pulpos imperialistas.

Hoy, el sometimiento a esos intereses lleva al país a una nueva crisis social y política, que el kirchnerismo pretenderá trasladar a los trabajadores y al pueblo. El crimen de 51 trabajadoras y trabajadores en Once y los más de 700 heridos, pese a las denuncias y advertencias del Cuerpo de Delegados del Sarmiento y demás compañeros trabajadores, ha puesto al rojo vivo el fracaso de este ‘modelo’ al servicio de los Roggio, Cirigliano y otros.

En la campaña electoral, los candidatos del Frente de Izquierda denunciaron que el kirchnerismo se preparaba para hacer un ajuste contra el pueblo. Para asegurarlo, el gobierno quiere reforzar la regimentación de los sindicatos, con el concurso de la burocracia sindical. Al mismo tiempo, impuso (con el apoyo del ‘progresismo’ de Sabbatella y Heller) la llamada “ley antiterrorista”, la cual refuerza en todos sus términos la aplicación del Código Penal a los que luchan -como ya lo han comenzado a hacer contra los que enfrentan la megaminería y las represiones avaladas por el gobierno nacional en Tinogasta y Andalgalá. En los últimos dos años, hubo catorce asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado o a través de la “tercerización” de las patotas: en el Ingenio Ledesma (en complicidad con los golpistas empresarios Blaquier) y en el Parque Indoamericano, en Bariloche contra la represión policial, en Formosa contra la comunidad Qom que reclamaba por sus tierras en manos de la burguesía sojera.

El vil asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por parte de una patota sindical, la que se reivindicaba kirchnerista, se cometió con la necesaria participación de miembros de la Policía Federal -quienes liberaron el terreno para que se cometa el crimen- y de los empresarios del ferrocarril privatizado, en el marco de una histórica lucha de los trabajadores contra las tercerizaciones.

Hace cuatro meses, nuestros compañeros de la Interna de Kraft, con el apoyo del FIT y otras organizaciones, denunciaban penalmente a la Gendarmería por el espionaje y la infiltración en la histórica lucha de Kraft contra la mayoría de los miembros de esa Interna antiburocrática y combativa, sus trabajadores y los dirigentes políticos que habían participado solidariamente de las acciones de lucha. Tres meses después, la ministra Nilda Garré salió a defender el accionar ilegal de sus subordinados. La misma ministra atacó, durante la semana pasada, a los cortes y las protestas sociales por “extorsivas”, mencionando a referentes políticos para criminalizarlos, en un lenguaje similar al utilizado durante las gestiones de De la Rúa (del que la ministra fue funcionaria) y Duhalde. Las más de 5.000 causas penales contra los luchadores obreros y populares -entre los que se encuentran cientos de militantes del Frente de Izquierda- están signadas por el espionaje, la infiltración y testigos de las mismas fuerzas represivas, como lo hemos visto en la escandalosa detención de nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, hecha en base a “inteligencia” de la Policía Federal.

Desde que asumieron los Kirchner en mayo de 2003, más de 1.800 personas (en su mayoría jóvenes pobres) fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado por el llamado “gatillo fácil”.

Más temprano que tarde, los señalamientos del Frente de Izquierda se hicieron realidad, como también la necesidad de imponer un programa de los trabajadores y anticapitalista para enfrentar a la crisis del “modelo oficial”. De cara a esa crisis, los Macri, por un lado, o los Binner, por el otro, no tienen un programa diferente al del gobierno: ajuste, impuestazos y ataque a los que se movilizan en defensa de sus reivindicaciones.

Este 24 de Marzo, la Plaza debe ser de los que luchan y no de los que quieren utilizar la memoria para mantener el mismo orden social que impusieron los genocidas, legalizando la represión y el espionaje.

Este 24, te invitamos a marchar en la columna del Frente de Izquierda:

Cárcel a los asesinos de ayer y de hoy, y a sus cómplices civiles. Contra la ley antiterrorista y el espionaje oficial; por el desprocesamiento de todos los luchadores; por el juicio y la condena a todos los asesinos de Mariano Ferreyra. Por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de la masacre de Once: comisión investigadora independiente, que se vaya TBA y por la reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de sus trabajadores y usuarios. Por un salario igual a la canasta familiar, por paritarios electos en asamblea, por el fin de las tercerizaciones; por la recuperación de nuestros sindicatos contra la burocracia y sus patotas. Para acabar con la minería a cielo abierto. Contra los tarifazos e impuestazos.

¡Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión!

¡30.000 compañeras y compañeros desaparecidos: PRESENTES!


Partido Obrero – Partido de los Trabajadores Socialistas – Izquierda Socialista

po.org.ar
pts.org.ar
izquierdasocialista.org.ar

Frente de Izquierda y de los Trabajadores

ESTAMOS BUSCANDO A YAMILA ELIZABETH CUELLO

Desapareció el 23 de octubre de 2009, aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Al momento de desaparecer tenía 21 años. Salió de su casa de barrio Coronel Olmedo Ampliación Las Magdalenas, de Córdoba capital, y nunca más se supo nada de ella. Sus familiares lograron asentar la denuncia recién a las 72 horas, como posible caso de TRATA DE PERSONAS (art. 145 bis del CP).

Desde el primer momento la justicia aconsejó guardar silencio para no entorpecer la investigación, pero después de más de 2 años de su desaparición no ha dado ninguna respuesta, ni siquiera indicios que aproximen a dilucidar su paradero.

El caso de Yamila Cuello no es un caso aislado, es uno más de los cada vez más frecuentes casos de víctimas de las redes de trata que amenazan los barrios de Córdoba actuando con la complicidad de las fuerzas de seguridad y la justicia, que no toma cartas en el asunto.

Por eso, familiares y amigos nos organizamos para lograr la aparición inmediata de Yamila, y convocamos a los vecinos, organizaciones de mujeres, escolares y barriales en general a formar parte de esta búsqueda y a desarrollar una fuerte campaña pública para que no haya una desaparecida más.

El 3 de abril a las 18 hs., a 10 años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, nos juntamos en la explanada del Cabildo, en plaza San Martín, para exigir: 

* ¡INMEDIATA APARICION DE YAMILA ELIZABETH CUELLO!


* Desmantelamiento de las redes de trata.


* Basta de complicidad de las fuerzas de seguridad y el Estado. 

PLENARIO DE TRABAJADORAS

Partido Obrero,

en el Frente de Izquierda y los Trabajadores

Una nueva muerte, ahora en el subte. Fuera Roggio y Cirigliano del transporte público

Hace pocas horas ha muerto electrocutado otro trabajador del subte, del taller Congreso de Tucumán, víctima de las condiciones de inseguridad laboral (hace poco más de un año un compañero fallecía en circunstancias similares en el taller de Constitución).

Estamos frente a otra manifestación de la crisis terminal del transporte público, que se suma a la tragedia ferroviaria de Once y a otras tantas, que siempre terminan costando vidas de trabajadores y usuarios.

Mientras esto ocurre, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires siguen sin hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe por la condiciones de inseguridad del transporte público. Los Cirigliano y los Roggio siguen donde estaban, incluso recibiendo cuantiosos fondos públicos bajo la forma de subsidios. En el caso de Roggio, de Metrovías, fue beneficiado con un tarifazo escandaloso.

La responsabilidad de lo ocurrido recae sobre los dos gobiernos, el de la nación y el porteño. Hay que terminar con las privatizaciones. Fuera los Roggio y los Cirigliano del transporte. Abajo el tarifazo. Control de los trabajadores sobre el transporte público. Juicio y castigo a los responsables de esta nueva muerte y de la tragedia de Once.

Por un 24 de marzo de lucha

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1976 24 DE MARZO 2012

Convocatoria unitaria para Córdoba capital desde la Coordinadora Independiente por el 24 de Marzo

Sábado 24/03 - 18 Hs. - Av. Colón y la Cañada

(Ver imagen en su tamaño original haciendo clic sobre ella)

El 24 de marzo marchamos

* Por el juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy

* Contra el ajuste, el saqueo ambiental, la LEY ANTITERRORISTA y la represión

A 36 años del golpe genocida y tras 10 años de gobierno de los “derechos humanos” hay tan sólo 260 de los 1800 represores procesados; otros 280 fallecieron impunes y sólo la mitad recibió la pena máxima de reclusión perpetua, y 23 de ellos fueron absueltos.

No existen juicios a los responsables políticos e intelectuales, ni a los intereses económicos que respaldaron el golpe, quienes siguen haciendo negocios en nuestro país al día de hoy. Por eso este 24 nos movilizamos por el juicio y castigo a los responsables del golpe genocida, por la unificación de todas las causas y la investigación y judicialización de los responsables intelectuales y políticos del golpe, lucha que está más vigente que nunca.

Pero en este nuevo aniversario, las calles de nuestro país son testigos de grandes movilizaciones populares contra la megaminería, contra el ajuste y por el salario docente, por la exigencia de justicia a los muertos en el crimen de Once. El pueblo explotado rechaza en las calles las políticas de ajuste y un régimen de concesiones y entrega de los recursos naturales que financia los negociados de las empresas a costa de nuestros bolsillos y condiciones de vida.

Como contracara, el gobierno avanza en medidas represivas y de persecución a los luchadores para hacer pasar esta política; es así como la ley antiterrorista se estrenó judicializando a quienes cortaban las rutas contra las mineras contaminantes, y el Proyecto X sale a la luz en el proceso de judicialización de los luchadores de Kraft y tantos otros.

Por eso este 24 de marzo, desde la UJS, junto a los diferentes espacios organizados en la Coordinadora Independiente por el 24 de Marzo, levantamos también las banderas que defendieron nuestros compañeros desaparecidos, y nos movilizamos por el conjunto de las luchas en curso, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Llenemos las calles diciendo NO a la ley antiterrorista, por la anulación del código de faltas, por el desmantelamiento del Proyecto X y para terminar con la persecución y judicialización a los luchadores, por el desmantelamiento del aparato represivo y contra la tercerización de la represión.

Marchemos por el juicio y castigo a los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra, por perpetua a Pedraza, la patota asesina y cárcel a todos los responsables, así como también por justicia para los compañeros Quom, los trabajadores de Soldati, los 51 trabajadores muertos en el crimen de Once y para Cristian Ferreyra.

Desde la UJS convocamos a participar e impulsar un 24 de marzo independiente del gobierno y la oposición patronal, que enfrente la política de ajuste y represión oficial y por el desarrollo de una salida de los trabajadores a la crisis.


Viernes 23/03: Festival en Ciudad Universitaria

Sábado 24/03: MARCHA DESDE COLÓN Y CAÑADA, 18 HS.


EL MURO
OKTUBRE
FRENTE DE ACTIVISTAS MARIANO FERREYRA
LA 23
OJO OBRERO
PRAXIS

Unión de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero en el FRENTE DE IZQUIERDA

Hacia el 24 de Marzo en Río Ceballos

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Este 24 de Marzo

En los últimos años, los esfuerzos oficiales para convertir al 24 de Marzo en una efeméride fueron en aumento. En contrapartida, este mismo gobierno nos dio razones de sobra para desarrollar una jornada contra la impunidad y el derecho a la lucha. Así volverá a ser este año.

La “ley antiterrorista” refuerza en todos sus términos la aplicación del Código Penal y los delitos comunes a la protesta social. Se trata de la legalización de los ataques (muchas veces a cargo de patotas) a docentes, petroleros, ferroviarios o políticos, dirigidos o avalados desde la tribuna presidencial. El engendro reaccionario ya se aplicó contra los luchadores de Famatina, Andalgalá o Belén. El gobierno ha montado, también, un sistema regular de espionaje interno a cargo de la Gendarmería Nacional, pero no sólo de ella. Es lo que el kirchnerismo -y muchos de sus opositores- han bautizado como “seguridad democrática”, la cual incluye el procesamiento judicial de los luchadores.

La masacre de Once y el crimen de Mariano

El 24 va a transcurrir a sólo un mes de la masacre social de la plaza Once. Centenares de trabajadores pagaron con sus vidas el régimen de las privatizaciones ferroviarias, el cual malversa los fondos públicos para beneficiar a los Roggio, Cirigliano y compañía, así como a los funcionarios que hacen de ‘intermediarios’. La ‘burguesía nacional’ receptora de subsidios es la misma que sostuvo a los Videla y también a Alfonsín, Menem y De la Rúa. No sorprende, entonces, el férreo operativo de impunidad que cubre el crimen de Once. La salida de Schiavi es funcional al encubrimiento a Cirigliano. El 24 vamos a la Plaza de Mayo a reclamar el fin de la impunidad y el juicio a castigo a los responsables de este crimen.

Luego de la masacre, los personeros de la burocracia sindical del ferrocarril siguen “atornillados” a la gestión.

El control por parte de la burocracia continúa siendo el principal instrumento de regimentación estatal de los sindicatos. La burocracia canjea los salarios y la precarización laboral -que el kirchnerismo nunca bajó del 40%- en beneficio de sus prebendas económicas. Estas, por su parte, son defendidas por patotas criminales. En este 24 vuelve a ocupar un lugar central el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra, quienes también causaron graves daños a Elsa Rodríguez. La Justicia acaba de denegar un nuevo pedido de excarcelación a Pedraza y la Corte hizo lo propio con uno de los miembros de su patota: es el resultado de la presión popular que no ha decrecido desde el 20 de octubre de 2010. Pero el juicio a todos ellos y a los policías involucrados aún no tiene fecha de inicio. En ese tribunal, los Cirigliano y otros (Ugofe) ni siquiera estarán en el banquillo, mientras sus laderos siguen en el gerenciamiento del ferrocarril. Reclamamos el inicio inmediato del juicio a los asesinos de Mariano, y la cárcel y el castigo a todos los responsables: burócratas, policiales, estatales y empresarios.

Crisis política

La movilización del 24 transcurre en medio de una inocultable crisis política; la ciudadanía advierte de quién es la responsabilidad de los muertos de Once. El gobierno, por un lado, agotó todas sus cajas y, por el otro, dejó al descubierto la enorme crisis energética -resultado directo de sus negociados con Repsol y compañía. Ahora, con la complicidad de gobernadores propios y ajenos, quiere arreglar el entuerto con tarifazos e impuestazos. En este cuadro, ha estallado una guerra al interior de la camarilla oficial.

La marcha de este 24 contra la ley antiterrorista y el espionaje oficial; por el desprocesamiento de todos los luchadores; por el juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once; por el juicio y la condena a los asesinos de Mariano; por el salario; por el fin de las tercerizaciones; por paritarios electos por las bases; por la recuperación de nuestros sindicatos contra la burocracia y sus patotas. Todo esto servirá para reforzar la lucha por una alternativa política propia, obrera, de izquierda y socialista, en oposición al Estado capitalista que ejecutó el genocidio dictatorial y mantiene el gatillo fácil.

Marcelo Ramal