Hugo Chávez

La muerte de Hugo Chávez ha provocado, como era previsible, una emoción popular enorme en Venezuela. También ha conmovido a la opinión pública internacional. Es la consecuencia natural de la atención que suscitó en la política mundial durante la mayor parte de su gestión política. Lo mismo ya ha ocurrido en el pasado con otros líderes de naciones de mediano desarrollo, desde el indio Ghandi, Perón, el egipcio Nasser o el indonesio Sukarno, así como también por Fidel Castro durante la segunda mitad del siglo pasado. Este lugar excepcional se explica por la naturaleza universal de los problemas históricos que han dejado al descubierto. Es la expresión del carácter mundial de los conflictos nacionales.

El parto del chavismo se produjo a finales de febrero de 1989, cuando una rebelión popular -el Caracazo- contra el programa fondomonetarista del gobierno que acababa de asumir, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, fue masacrada por una represión ejecutada por el ejército. Fue el final del ciclo histórico del nacionalismo civil pequeño burgués, que encarnó durante cincuenta años el partido Acción Democrática. Tres años más tarde, desde las propias fuerzas armadas emergió una reacción contra los represores del Caracazo, bajo la sublevación de oficiales de menor rango, conducidos por Hugo Chávez, quienes esgrimieron un planteo nacionalista. La sublevación sacó de nuevo al pueblo a las calles -aunque de un modo incipiente- y convirtió a ese golpe militar peculiar (contra el gobierno y los mandos de las fuerzas armadas) en una semi-sublevación popular. En la conciencia del pueblo se alojó la idea de que podría contar a su favor con las armas del país. El chavismo no nace de una combinación parlamentaria ni de un enjuague entre camarillas de partido, sino de una conjunción del nacionalismo uniformado con una parte de las masas. El Caracazo y la sublevación del ’92 son el repique de campanas que anticipa el derrumbe del proceso de privatizaciones y endeudamiento que han caracterizado a la etapa neoliberal. Curiosamente, el menemismo habría de debutar cuando en Venezuela se ponía de manifiesto que éste estaba condenado a acabar en crisis semi-revolucionarias.

Nacionalismo

El nacionalismo militar chavista entronca con la historia de su propio país y de toda América Latina. Es el caso de Perón y de los nacionalismos militares, por ejemplo, en Perú (Velazco Alvarado) y en Bolivia (Juan José Torres), a finales de los ’60, los que nacionalizaron a las compañías petroleras extranjeras y las haciendas azucareras -en algunos casos sin indemnización. Todos estos movimientos, como luego el chavismo, hicieron alarde de alguna particularidad de alcance excepcional, en especial en lo relativo a su líder. El caudillismo refleja la escasa diferenciación social del movimiento de masas y el empeño del nacionalismo de presentar al pueblo como un bloque unido por intereses exclusivamente nacionales. Distorsionan, con este procedimiento, las razones históricas de su emergencia: el protagonismo de las masas, que con acciones y sacrificios repetidos, pusieron en evidencia el callejón sin salida de las relaciones sociales vigentes; por último, la conexión de la crisis social y política en un país con la declinación histórica del conjunto del sistema nacional dominante. La pretensión de representar a la nación o el slogan de la unidad nacional apuntan a justificar el sometimiento político de la clase obrera a lo que se bautizaría “la comunidad organizada”. Es la justificación ideológica del maniatamiento de los sindicatos por parte de una burocracia integrada al Estado.

El movimiento nacional -civil o militar- es una expresión del cepo que la dependencia del capital financiero internacional pone al desarrollo de las fuerzas productivas en los países de la periferia capitalista. Es la expresión de una lucha por defender la parte del ingreso nacional en los recursos que genera el conjunto de la economía mundial. El chavismo no se limitó a utilizar la renta petrolera de Venezuela para el desarrollo de programas sociales de gran alcance; antes de esto, chocó en forma abierta con el capital internacional y sus agentes internos para evitar la internacionalización de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, a manos de las bolsas extranjeras. Esta crisis fue la razón que impulsó el golpe militar que volteó a Chávez, en abril de 2002, y el sabotaje petrolero a finales de ese año. En esas fechas, el precio del barril de petróleo todavía se encontraba apenas por encima de los diez dólares, de modo que no es cierto que en la crisis jugara un papel determinante la captura de la renta minera extraordinaria que surgiría luego, debido al alza internacional de precios. La movilización popular que derrotó al golpe de abril y luego al sabotaje petrolero fueron los ’17 de Octubre’ del chavismo, el cual ya se esbozó con el levantamiento de 1992. Una ironía: Hugo Chávez despidió a las masas que se habían movilizado para liberarlo del golpe fascistoide con una llamada a “volver a casa”.

Chavismo y relaciones de propiedad

La derrota del golpe ‘cívico-militar’ convirtió a las fuerzas armadas en chavistas, una consistencia que atravesó la prueba del sabotaje petrolero. El arbitraje político de Chávez encontró en la chavización de las fuerzas armadas un asiento sólido. Este maridaje se fortaleció cuando Chávez resolvió a su favor un enfrentamiento con el general Baduel, el paracaidista que lo rescató en 2002 y que luego se convirtió en la autoridad máxima del ejército. Otra cosa importante es que, incluso en el momento más recio del sabotaje petrolero, la banca internacional no interrumpió el financiamiento a Venezuela, ni Chávez dejó de pagar la deuda externa. Por eso, la nacionalización de algunos bancos -una medida fundamental para cualquier transformación social y para la industrialización- no se produciría hasta muy recientemente, cuando -irónicamente- el Banco Santander consiguió ser comprado por el Estado para hacer frente a la crisis bancaria internacional con el dinero de la jugosa indemnización. En los momentos más duros de sus enfrentamientos recíprocos, el capital financiero internacional tuvo muy claro que el chavismo no tenía interés en romper con las Bolsas, ni era -mucho menos- enemigo de la propiedad privada. Las nacionalizaciones generosamente indemnizadas pierden su contenido anticapitalista, donde el Estado canjea dinero fiscal por capital, y el capital se canjea en dinero privado.

La propaganda antichavista, en especial la del sionismo, imputa a Chávez intereses siniestros a su alianza con Irán. Se trata de otra cosa: el eje Venezuela-Irán es fundamental para contrarrestar la presión de Arabia Saudita y los emiratos del Golfo, instigados por las petroleras anglo-franco-yanquis para que la Opep reduzca los precios del petróleo. Chávez y los ayatollahs defienden la parte de sus países en el ingreso económico mundial -incluso si esto perjudica a naciones no petroleras de la periferia. En compensación, Chávez ha otorgado a varias de ellas precios preferenciales, por lo que ha fortalecido con ello la autoridad de Venezuela en la disputa energética.

El chavismo proclama un “socialismo de siglo XXI”, pero es un socialismo de reparto parcial de la riqueza social, no de la transformación del capital en propiedad pública, ni del Estado en dirección colectiva de las masas. La llamada “redistribución del ingreso” ha mejorado considerablemente, a partir de niveles miserables, pero ese ingreso sigue siendo el de la renta petrolera. Chávez ha procedido a numerosas nacionalizaciones, las principales a cambio de indemnizaciones generosas para los grandes capitales: Verizon, la norteamericana de telecomunicaciones; Sidor, la siderúrgica de Techint, pagada con extrema generosidad; lo mismo las cementeras del mexicano Slim. En el campo no ocurrió lo mismo, porque se comprobó que los títulos de propiedad de los expropiados eran fraudulentos. Estas nacionalizaciones no respondieron a un plan; fueron improvisadas por la propia crisis. La planificación requiere el concurso consciente del proletariado, su independencia política de clase. Por ejemplo, cuando faltó cemento para los planes de vivienda o cuando el gobierno no logró conciliar el choque de Techint con los obreros de Sidor, se nacionalizaron las cementeras y las siderúrgicas -pero no cambió, por eso, en forma sustancial la producción de unas y otras, sino la importación. Los grandes capitales hicieron los petates cuando concluyeron que no les interesaba el escenario económico prevaleciente. Pero Venezuela no se transformó en país industrial; sigue siendo monoproductor de combustible. La redistribución de ingresos se hizo con la caja de PDVSA, la cual se encuentra muy endeudada y con un fuerte desequilibrio económico debido al congelamiento del valor del bolívar en un contexto inflacionario. Los límites de PDVSA se manifiestan en el lugar protagónico del capital extranjero (con la única exclusión de Exxon) en la explotación de la Franja del Orinoco. La crisis de PDVSA es la razón principal de la decisión reciente de devaluar el bolívar fuerte (darle más moneda nacional por dólar exportado).

Al igual que las experiencias nacionalistas del pasado, la de Venezuela ha fracasado en el objetivo de asegurar un desarrollo nacional autónomo. Esto no es posible en el estadio de declinación del capitalismo mundial. Pero del mismo modo, Venezuela emerge de esta experiencia con un Estado más centralizado, con el retroceso relativo de los sectores más parasitarios del capital nacional y, por sobre todo, con una presencia más activa de las masas. Cualquier cambio de frente del proceso económico contará con estos factores como herramientas de trabajo.

Perspectivas

El chavismo ha combatido el desarrollo de un sindicalismo independiente. El Código de Trabajo introduce conquistas importantes para trabajadores tercerizados, pero impone el arbitraje obligatorio y la facultad del Presidente para decidir la legalidad de cualquier huelga. Las paritarias no se convocan cuando vencen los convenios; los salarios en la gran industria no han mejorado. Hay una estatización de los sindicatos.

La muerte de Chávez bloquea la posibilidad de que las masas de Venezuela agoten la experiencia política con su tentativa nacionalista. Las críticas o decepciones que pueda provocar la nueva gestión dejarán a salvo a esta experiencia histórica tomada en su conjunto. Desde el punto de vista del desarrollo de la conciencia de clase, la muerte de Chávez representa un bloqueo.

La muerte de Chávez crea, objetivamente, una crisis de régimen político, el del poder personal. Los sucesores deberán encontrar una salida alternativa. Gran parte del círculo que gobierna representa lo que el mismo pueblo chavista llama la “derecha endógena”. Una alternativa es que, luego de las próximas elecciones, el sistema político se ‘kirchnerice’ (algo irónico cuando se acusa a los K de ‘chavizarse’). Consistiría en una cierta parlamentarización del sistema en detrimento del verticalismo actual y de las organizaciones paralelas a las oficiales -como es el caso de los consejos comunales. El chavismo no está unido por un programa ni es homogéneo en términos sociales; aunque bullen las críticas en su seno, funciona como un aparato de Estado e incluso paraestatal. El nuevo gobierno deberá hacer frente, sin la autoridad de Chávez, a la desestabilización económica que crece y a devaluaciones aún mayores de las monedas. Sería un ajuste sin anestesia, en medio de un cambio de régimen. La última devaluación fue presentada por el equipo actual como una decisión que Chávez habría tomado en La Habana. Existe una fuerte crítica interna a la gestión distorsionada de la información sobre la enfermedad de Chávez, la que se ha interpretado como funcional al equipo que está al mando.

Después de las nuevas presidenciales, deberán tener lugar las elecciones municipales, las cuales han sido postergadas varias veces. Aquí, la oposición de derecha podría incrementar su representación. La división de la derecha, como lo observó hace poco Diosdado Cabello -presidente de la Asamblea nacional y presumible líder de la ‘derecha endógena’- “ustedes están más divididos que nosotros”. Es cierto. Acicateada por el uribismo colombiano, por los republicanos de Estados Unidos y por financieros venezolanos, una minoría activa impulsa la desestabilización. Parece encabezarla el alcalde de Caracas, Ledezma. Capriles sería la cabeza de la fracción conciliadora. En esta crisis de conjunto, las fuerzas armadas constituyen la carta de reserva para bloquear una disgregación política.

Se ha hablado hasta el hartazgo del liderazgo continental de Chávez. Cuando se mira con más cuidado es ese liderazgo el que operó, al menos en los últimos años, a la sombra del empuje de las mineras y contratistas brasileñas, las que han impuesto su agenda a través del ‘gobierno de los trabajadores’ de Lula y Dilma Roussef. La Unasur es un satélite de la diplomacia brasileña. Desde las ‘reformas’ en Cuba a las negociaciones con las Farc o los acuerdos con Irán, el operador fundamental ha sido Brasil, no Chávez -o sea la Bolsa de San Pablo (un santuario de los grandes bancos de inversión). No es casual que el Banco del Sur haya muerto a manos de los intereses del BNDES -el banco de desarrollo de Brasil (el cual financiará las obras hidroeléctricas de las contratistas brasileñas en la patria chica de CFK).

Se ha creado una situación nueva en América Latina. El desafío principal que ella representa es para la izquierda, la que es marginal a todo este proceso.

Sin embargo, debería ser la protagonista histórica principal. Debería abrirse un debate continental para caracterizar esta nueva situación y sacar de ella todas las conclusiones revolucionarias.

Jorge Altamira

La Fragata Libertad, el naufragio del pseudo antiimperialismo

¿La Unasur dónde está, que nadie la puede encontrar?

En una mesa sobre “el genocidio”, hace tres años, en el auditorio de la Facultad de Derecho, interpelé a Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte, acerca de por qué ese tribunal no recuperaba la jurisdicción nacional para “la deuda externa” de Argentina. La callada por respuesta puso de manifiesto la condición colonial del país. El ‘status’ de Malvinas domina el núcleo de relaciones internacionales de Argentina; la Fragata Libertad fue secuestrada, a pesar de que, al igual que una embajada, equivale para el derecho internacional a un territorio nacional. Aunque el gobierno denuncie correctamente que se trata de un acto de piratería, no se puede omitir que, en los últimos días, como consecuencia de la decisión de Capitanich de pagar en pesos la deuda dolarizada de la provincia, el mismo gobierno nacional ha ratificado los derechos de los piratas, al insistir en que seguiría pagando la deuda internacional de Argentina de acuerdo con lo establecido por las leyes, normativas y tribunales extranjeros -en resumen, Nueva York y Londres, la capilla Sixtina de los fondos buitres. Ghana, el país predador, está lejos de ‘rankear’ con los países del ‘eje del mal’, porque ocupa el segundo lugar en el Indice de Estado de Derecho, en la Africa sub-sahariana, del Proyecto de Justicia Mundial 2011 (Financial Times, 20/10), que aplica las normas de la jurisdicción que reconoce Argentina.

Para Jorge Castro, columnista de Clarín, el secuestro de la Fragata Libertad demostraría que “para la comunidad internacional, Argentina sigue siendo un país en ‘defol’”. El Financial Times, que recoge el planteo, añade que “Las cortes de justicia de Estados Unidos y el Reino Unido han reconocido reclamos por 1.600 millones de pesos a favor del fondo NML…”. La réplica de un Estado soberano a este atropello debería ser la nacionalización de la jurisdicción de la deuda externa y la suspensión indefinida de su pago -por lo menos hasta que se verifique su legitimidad, intensamente cuestionada. Los nac&pop no han cuestionado legalmente siquiera que la deuda externa sea una acumulación de intereses sobre intereses.

La Unasur no se ha pronunciado sobre este acto de piratería, ni siquiera en ocasión de la ‘jubilosa’ visita de Lula a Argentina. Tampoco ha hecho nada, como es obvio; CFK no le ha pedido que lo hiciera. ¿Cómo se explica esto, de parte de incansables patrioteros? El bolivariano Evo Morales, que acaba de contraer un empréstito internacional con jurisdicción de Nueva York, oficiado por el JP Morgan, mal podría denunciar a los ‘fondos buitres’. Toda la deuda de los países de la Unasur está atada a la jurisdicción extranjera. El caso de Lula es, en todo esto, el más interesante, porque en enero de 2003, a poco de asumir la presidencia de Brasil, negoció con W. Rhodes, el entonces presidente del Citigroup, la reanudación de los créditos extranjeros al comercio exterior brasileño a cambio del nombramiento de un funcionario del Banco de Boston, Henrique Meirelles, a la presidencia del Banco Central de Brasil (columna de Rhodes en Financial Times, 24/6/04).

Argentina obtuvo la aceptación del 96% de los acreedores cuando renegoció la deuda en ‘defol’, en 2005, con excepción de la contraída con el FMI, el BID, el Banco Mundial y, controvertidamente, el Club de París, que alegan que los organismos oficiales no aceptan quitas. Los que quedaron afuera (‘hold out’) del acuerdo (4%), lo hicieron a sus expensas, porque no habría sido posible otorgarles ventajas sobre los demás. Es precisamente en estos términos que se renegoció la deuda de Grecia (un 50% de quita, aproximadamente) a principios de año, donde no se aceptó que ningún acreedor privado ‘quedara afuera’ -una condición exigida por el FMI y el BCE, que además impusieron el cobro de la totalidad de los créditos otorgados por ellos.

El planteo del arco patronal antiK es muy ilustrativo, porque reclama que el gobierno argentino rescate a la fragata por medio del pago de la fianza que estableció el juez ghanés. A la ‘dignidad’ de la fragata planteada por los opositores, CFK le opuso la ‘dignidad’ del país -que es, en realidad, la de su gobierno. Estamos ante una pelea típica de los súbditos ante un atropello imperial. El ejemplo más claro de esta conciencia colonizada ha sido la disputa adentro del gobierno, para cargar el muerto del secuestro a la oficina que autorizó el atraco en Ghana. La carnicería interna ante el atropello imperial fue encabezada por Horacio Verbitsky, quien busca operar como el Rasputín de la zarina. La derecha quiere ‘pagar’, esto porque su política es “volver a los mercados internacionales”; los K se oponen, porque la de ellos es valerse de la pesificación para licuar la deuda pública con la Anses y el Banco Central, y confiscar a jubilados y contribuyentes, incluida la posibilidad de un ‘rodrigazo’. Después de recordar el arrojo del grupo encabezado por el futuro montonero Dardo Cabo, en el aniversario de su desembarque simbólico en Malvinas (1966), los K han tenido que tomar un avión de línea para implorar la solidaridad de Ban Ki Moon (el secretario general de la ONU, que tuvo que hacer Córdoba-Buenos Aires en bañadera, debido a las cenizas sureñas).

El conventillo jurídico está enfrascado, en este momento, en determinar la admisibilidad del ‘per saltum’ (recurso directo a la Corte) para obtener una declaración de vigencia de la ley medios y desplumar a la Corpo Clarín. Se podría aprovechar la bolada para que la Corte anule la jurisdicción extranjera en materia de deuda contraída por el Estado nacional, y que el gobierno suspenda por tiempo indefinido el pago de la deuda externa.

De lo contrario, como hay que esperar, el secuestro de la Fragata Liberad será otra evidencia del naufragio nac&pop.

Jorge Altamira

Malvinas, un asunto fiscal

Nacionalismo y socialismo frente a la cuestión nacional

Ya en la guerra de 1982, la cuestión de Malvinas estuvo ligada a las posibilidades de la explotación petrolera y pesquera. Un informe oficial de aquella época, elaborado en Gran Bretaña, advertía sobre la importancia de estos recursos y recomendaba un acuerdo con Argentina. Las dilaciones para poner en práctica esta orientación fueron uno de los factores que se usaron para justificar la ocupación del archipiélago por parte de la dictadura. Hasta ese momento, Malvinas era un tema de soberanía confinado a los manuales de escuela o, esporádicamente, un motivo de distracción política -como ocurrió en septiembre de 1966, cuando un futuro militante montonero saludó con un aterrizaje en la isla el arribo al gobierno de Juan Carlos Onganía.

La cuestión económica torna ahora insoslayable la reaparición del tema Malvinas. El factor distraccionista -en especial en tiempos de ajuste- ocupa en la actualidad un lugar importante, pero secundario. Ninguna de las concesiones que hicieron Menem-Di Tella en su momento permitieron avanzar en la solución del conflicto siquiera un milímetro. Los K acompañaron al menemismo sin chistar, al extremo de apoyar la privatización de YPF en beneficio de Repsol, la cual no es más que una agencia de la City de Londres. El oficialismo emprendió a mitad de mandato un nuevo rumbo ante la evidencia palpable del fracaso.

¿Qué reclama Argentina? No la soberanía de las islas, sino el establecimiento de una mesa de negociación -como ya lo reclamaron Galtieri y Menem. Negociación quiere decir toma y daca -en la mejor hipótesis, el reconocimiento, sólo en principio, de la soberanía argentina a cambio de un régimen económico y jurídico (o sea político) que contemple los intereses británicos y norteamericanos. Este planteo ya se encuentra inscripto en acuerdos precedentes, los que descalifican "los deseos" de los 'falklanders', pero reconocen sus "intereses". Esta población, que ha obtenido ciudadanía británica, ejerce el derecho de propiedad sobre las tierras de Malvinas (por lo que solamente puede ser desapropiada por la legislación británica) y su administración legisla sobre las aguas adyacentes (a cuenta de los ingleses). En una negociación, Argentina recibiría el reconocimiento formal de la soberanía como canje a la privatización del archipiélago malvinense.

En eso ha consistido, precisamente, el acuerdo que cedió Honk Kong a China. "Un país, dos sistemas" fue la síntesis que circunscribió la soberanía de China a su conformidad con un régimen político 'sui generis'. El acuerdo, por sobre todo, consagró la dominación financiera de la Bolsa de Hong Kong, que la convirtió en cabeza de puente de la restauración capitalista de China. La signataria de la renuncia de la soberanía británica a Hong Kong fue Margaret Thatcher. El coloso chino, que había derrotado al ejército de Mac Arthur en Corea, no pudo (ni quiso) sacarle mucho más a los ingleses. Un cuarto de siglo después, la satisfacción de los protagonistas es completa -a excepción de una parte significativa de la población de la isla, que debe sufrir la explotación económica del capital y la opresión política del aparato de la burocracia.

El planteo de 'negociemos' es simplemente entreguista. Por eso lo apoya Estados Unidos -hoy por parte de Obama, como en el '82 por parte de Reagan. El problema es que en las conversaciones puertas adentro, que tienen lugar desde hace mucho tiempo, domina el impasse. Estados Unidos y Gran Bretaña no logran imponer las subidas garantías que reclaman, ni encuentran en Argentina una estabilidad política que asegure el cumplimiento de las garantías que se acuerden. Sin un pelo de zonza, Hilary Clinton apoyó la variante negociadora, porque de ese modo condiciona al gobierno argentino a hacer 'buena letra' en su política general para conservar el supuesto apoyo norteamericano a la salida negociada.

El saludo de los Timmerman al apoyo de circunstancia de Obama retrata la vocación colonial de los funcionarios. En lugar de esto, habrían debido denunciar las segundas intenciones de estos apoyos vacíos de contenido, los que ni siquiera buscan 'congraciarse' con Argentina, sino con otros gobiernos latinoamericanos. El planteo de 'negociación' o 'salida negociada' significa la disposición para establecer un derecho compartido sobre la explotación de las aguas de Malvinas. Argentina obtendría su parte como nación concesionaria, o sea las regalías y otros ingresos fiscales que podrían llegar a ser cuantiosos. ¿O al cabo de una década de kirchnerismo alguien duda de que la política oficial se resume en aumentar la caja fiscal y manejarla en forma discrecional? No pasan de aquí los ideales nacionales de los gobernantes actuales ni de la clase que los sustenta.

Para algunos comentaristas, el impasse en que se encuentra el 'diferendo' por Malvinas promete que éste se seguirá arrastrando, con picos y pozos de ruidos, por otro siglo o dos más. Depende. Si las posibilidades de explotación petrolera son reales, en un momento en el cual el precio del petróleo podría subir aún más como consecuencia de las aventuras militares norteamericanas en el Medio Oriente y Africa, el ritmo de una confrontación podría acelerarse. Los ingleses dilatan las iniciativas diplomáticas hasta asegurar que las compañías internacionales establezcan los derechos adquiridos en la región, para ir a una negociación necesaria desde una posición de fuerza. Después de todo, la logística de la explotación petrolera exige el acceso a un territorio continental. ¿El territorio de Malvinas será acaso suficiente para asegurar esa logística? Por otro lado, Estados Unidos -que será el beneficiario último de la apertura de una frontera petrolera y pesquera en Malvinas- necesitará armonizar estos nuevos intereses con el conjunto de los que tiene establecidos en América Latina. La conversión de Malvinas en un territorio compartido con el capital internacional, bajo garantías acordadas en tratados internacionales, daría una base poderosa de sustentación a gobiernos argentinos de filiación entreguista.

Como se ve, le otorgamos un lugar fundamental a los intereses nacionales, pero de ningún modo para subordinar a ellos la lucha de clases. Rechazamos la unidad nacional sobre Malvinas: no solamente no postergamos ninguna reivindicación social para apoyar esa unidad, también denunciamos que la unidad nacional es el taparrabos de una capitulación ante los intereses fundamentales del imperialismo -que en Malvinas es convertir a Argentina en un satélite del capital petrolero y bancario internacional, incluso si tiene que adornarlo con el reconocimiento de una soberanía sin contenido. No solamente los problemas nacionales de Argentina, sino del conjunto de las naciones dependientes y sometidas, únicamente tienen solución bajo un gobierno de trabajadores y la acción común de la clase obrera de todos los países por la emancipación social -en primer lugar de los obreros y campesinos de América Latina, incluido Puerto Rico.

Para resumir, digamos que en oposición al pseudo-nacionalismo de alcance fiscalista del gobierno de turno, planteamos la conquista de la independencia nacional mediante una salida anticapitalista a la crisis histórica de la dominación burguesa.

Jorge Altamira