31 de mayo de 2012

EL AGUINALDO EN PELIGRO

Cuando falta todavía un mes largo, los gobiernos de las principales provincias ya están anunciado que ‘desdoblarán’ el pago del medio aguinaldo. La dilación en el pago de los salarios, quincenales o mensuales, ha comenzado de todos modos -incluso en numerosas empresas.

No es casual, entonces, que el ministro Tomada le haya ‘pegado’ a su vice por el anuncio de que el gobierno reduciría el impuesto al salario mediante una elevación del mínimo no imponible.

Esa elevación sería, de cualquier modo, por un porcentaje ridículo. Los salarios financiarán cada vez más el ‘modelo’ bajo el disfraz de la pesificación.

La política para que los trabajadores paguen la crisis fiscal y la fuga de capitales se manifiesta ahora en un enfrentamiento intra K: la burocracia sindical de la Afip, ultra K, denuncia al ultra K Echegaray por ‘pisar’ las paritarias del sector.

Los capitalistas y los terratenientes son tratados de otro modo.

En la provincia de Buenos Aires hay una pelea ruidosa, es cierto, pero porque Scioli quiere aumentar la valuación fiscal de las tierras agrícolas en un 50 por ciento, cuando su precio de mercado aumentó, desde el último revalúo, un 500/600 por ciento.

Los ruralistas salieron a quejarse para conseguir que el aumento se aplique de a poco, como ocurre en la provincia de Santa Fe, gobernada por la coalición de Binner y la CTA de Lozano y De Gennaro.

Los K van a otra ‘pelea’ contra ‘el campo’ por una recaudación anual de dos mil millones de pesos -una gota en el océano del déficit fiscal de la Nación y las provincias.

Si es como dijo la Presidenta que los empresarios se han llevado dinero con palas, entonces, que ellos paguen la crisis.

Paritarias libres, abajo el impuesto al salario y a las jubilaciones, recuperación de las asignaciones familiares, cobro de los salarios (y del medio aguinaldo) en fecha, ajuste por inflación.

Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; 82% móvil para las jubilaciones.

Ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario de bolsillo.

Que la CGT lance un plan de lucha y que convoque a un congreso de trabajadores para elaborar un plan alternativo a la fraudulenta pesificación oficial.

AJUSTAN A LOS NIÑOS PARA PAGARLE A ELECTROINGENIERÍA

“El gobierno de De la Sota, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ha descargado un brutal ajuste a los programas de ayuda social, fundamentalmente en el sostenimiento de los comedores y guarderías comunitarias. Mientras dice que ha aumentado un 25% el valor de las raciones, ha impuesto una poda de más del 40% en los beneficiarios asistidos”. Así se expresó Manuel D’Alessandro, dirigente del Polo Obrero.

“Este ajuste, que alcanza también a las raciones que reciben los niños en el Paicor, produce un 'ahorro' que tendrá el triste destino de sostener los enormes subsidios a los grupos capitalistas o a pagar los negociados con Electroingeniería en Epec. El gobierno provincial pretende que las organizaciones sociales proveamos un servicio de desayuno y almuerzo con $6,00”, continuó D’Alessandro.

Para finalizar, el dirigente del Polo Obrero sostuvo que “el gobierno debe dejar de sostener, con los fondos públicos, los negociados capitalistas y el pago de deudas usurarias. Por el contrario, en el marco de una creciente inflación, salarios de miseria, suspensiones y desocupación, debe volcar esos fondos a la ayuda social”.

POLO OBRERO

Manuel D’Alessandro: (0351) 155-078317

29 de mayo de 2012

NO AL CERCENAMIENTO DEL DERECHO DE HUELGA. INVESTIGUEMOS A LA FETAP Y AL MUNICIPIO

“La pretensión del intendente Mestre de atacar el derecho de huelga de los trabajadores por medio del marco regulatorio del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, es la punta de un iceberg donde el objetivo final, en acuerdo con los parásitos de la Fetap, es marchar a un ataque al convenio colectivo y una mayor precarización del trabajo de los choferes”, señaló Manuel D’Alessandro, dirigente del Partido Obrero.

“Es sorprendente que Mestre quiera declarar servicio esencial a los corredores centrales, cuando los vecinos sufren el colapso del sistema de transporte por la falta de unidades, malas frecuencias, y mientras la Fetap amasa fortunas de la mano de los subsidios nacionales y municipales”, continuó el dirigente del Partido Obrero.

“Desde el Partido Obrero rechazamos cualquier intento de coartar el derecho de huelga. Para sacar al transporte de la crisis en que se encuentra es necesario terminar con los parásitos de la Fetap, colocar el transporte urbano bajo control de los trabajadores y usuarios, y conformar comisiones de trabajadores y técnicos para investigar el destino de los enormes subsidios recibidos por las empresas”, finalizó D’Alessandro.

Para comunicarse con Manuel D'Alessandro: (0351) 155-078317

27 de mayo de 2012

28 de Mayo: Día Internacional de la Salud de las Mujeres

ABORTO LEGAL Y ACCESO INTEGRAL A LA SALUD

CFK acaba de reunir a la Comisión Interpartidaria que armó para reformar el Código Penal. Junto al Pro, la Ucr y el FAP acordaron sin chistar colocar un solo punto fuera de la agenda de la reforma: los artículos referidos a la penalización de la práctica del aborto. Esto sucede luego de que el kirchnerismo presentara una propuesta de modificación del Código Civil y Comercial que sostiene la defensa de la vida desde la concepción.

En el ámbito parlamentario, la cuestión no es muy diferente: en el mes de diciembre, cuando había que sesionar en el congreso -en comisión- para tratar los proyectos de aborto legal, se ausentaron todos los diputados K menos una diputada. Es importante señalar que el bloque K representaba el 70% de las dos comisiones reunidas en ese momento.

Tampoco las mujeres que quieren tener hijos tienen derecho al acceso a tratamientos de fertilización; allí donde las leyes referidas al tema se han votado, el sistema restrictivo que han impuesto no funciona como para que una mujer trabajadora pueda seguir el tratamiento: se lo practica sólo en cuatro puntos de la enorme Provincia de Buenos Aires y al ritmo del vaciamiento de la salud pública.

Con relación a la “muerte materna”, que alcanza niveles muy altos en nuestro país, el gobierno no hizo nada en especial. Con los altos índices de muertes de mujeres por cáncer de útero y mamas, el kirchnerismo convirtió al reclamo en un negocio farmacéutico: armó un negocio con la vacuna contra el HPV (virus que da origen al cáncer de útero) y no montó ninguna campaña para que las mujeres se lleguen a hacer el Pap y la colposcopía, la forma más efectiva de detectar a tiempo estos tipos de cáncer y de evitar la muerte.

La Ley de Violencia de Género, aprobada en 2009, que CFK tardó un año y medio en promulgar, no había abordado formas de la violencia de género que provienen del propio estado, como la penalización del aborto, los partos en terribles condiciones, la identidad de género (ahora aprobada por otra ley) o la desigualdad en el acceso a la salud, y los aspectos positivos de dicha ley nunca se aplicaron.

La oposición de la presidenta a avanzar con el aborto legal está ligada a una política que pretende tender un puente con la Iglesia Católica, institución a la que se sigue subsidiando sin ningún control y a la que los punteros políticos kirchneristas siguen apoyando aun cuando se trata de las peores atrocidades, como ocurre en el caso del cura violador Grassi, el que es apoyado por punteros K en la zona de Hurlingham a través de pintadas que dicen “Grassi inocente, Clarín Miente”. Aunque Grassi fue condenado en dos instancias judiciales, aún permanece en libertad por su fuerte llegada a la corporación judicial y por el respaldo que recibió de Bergoglio y el episcopado en su conjunto, todos encubridores de la pedofilia dentro de la Iglesia, todos subsidiados “religiosamente” por el estado.

Frente al fallo de la Corte Suprema dictando jurisprudencia sobre la despenalización del aborto en casos de violación, el gobierno nacional no realizó una sola acción en favor de establecer una reglamentación de dicha práctica en el sentido del fallo, igualitaria para todo el país, y sólo hizo oir su voz a través de gobernadores clericales como Urtubey de Salta o Paco Pérez de Mendoza, quienes declararon, y pusieron por escrito incluso, su oposición a dar cabida al fallo de la Corte Suprema en sus provincias.

La lucha por el aborto legal, por el derecho a la maternidad y por el derecho al acceso integral a la salud debemos darla en la calle, en los gremios y en todos lados, actuando de forma independiente del estado.

- Triplicación del presupuesto en Salud.

- Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todos los hospitales y en las obras sociales.

- Acceso a tratamientos de fertilización asistida en cada hospital público y en todas las obras sociales.

- Incorporación de profesionales para la atención de la parte ginecológica y para la atención del embarazo, ampliación de horarios de atención y campañas que lleguen a las mujeres más necesitadas para reducir efectivamente las cifras de mortalidad de mujeres embarazadas y el nivel de cáncer de útero y mamas.


Organización de Mujeres
“PLENARIO DE TRABAJADORAS”

24 de mayo de 2012

Grecia, Argentina, la cuestión del poder

Lo que sigue son las ideas centrales expuestas por Jorge Altamira en la presentación del libro “El ascenso de la izquierda”, el pasado 10 de mayo en Avellaneda. Altamira, que compartió la mesa con el compañero Víctor Grossi, del Sitraic, ubicó las cuestiones centrales que estarán en discusión en el próximo Congreso del Partido Obrero.

Este libro está pensado como el balance de una experiencia política, pero con vistas a un debate que se va a desarrollar en el Congreso del Partido Obrero. Nuestro partido no puede desarrollar un congreso de estas características sin un intercambio de ideas con la clase obrera. Si no tiene lugar ese intercambio, pasan dos cosas: son las conclusiones de una minoría, que no están ligadas a la experiencia general de la clase obrera y, además, no ayudamos a que los obreros vean cómo se construye un partido obrero, y entonces no van a participar de su construcción.

En estas presentaciones he procurado señalar distintos aspectos, siempre vinculados con el desarrollo de la crisis mundial en la cual se inserta la lucha que estamos protagonizando. Hay un banco muy importante: el cuarto banco de España que está quebrado. El Estado le da 10 mil millones de euros para que siga funcionando. Al lado de esta información, nos enteramos que el gobierno de España recortó 8 mil millones de euros en gastos de salud. ¿De dónde salieron estos 10 mil millones para salvar a un banco? De los 8 mil millones de euros sacados a la salud. “Que la crisis la paguen los capitalistas”, es sacarle los 10 mil millones al banco y aumentar el presupuesto de la salud, y no seguir alimentando parásitos, porque este banco, a su vez, intervenido por el Estado, tampoco va a poder funcionar. La crisis capitalista es el mecanismo por medio del cual se arrebatan conquistas de los trabajadores para financiar el rescate de un puñado de parásitos. Tiene que existir un Estado con un poder de coacción, que haga que los que tienen que atenderse por problemas de salud reciban 8 mil millones de euros menos y se transfieran a los bancos. Para hacer que la crisis la paguen los capitalistas, los obreros necesitan un Estado que le imponga la completa nacionalización de los bancos y la pérdida de sus capitales, para salvar los derechos de los trabajadores. Para conseguir ese Estado, necesitamos un partido que luche por ese poder político. Entonces, el problema de la política obrera es el de la lucha por el poder del Estado.

Grecia

Este fin de semana hubo elecciones en numerosos países de Europa, y los resultados de estas elecciones han provocado una descomunal crisis política. Los partidos tradicionales de esos países fueron masacrados. En Grecia, los que allá serían los justicialistas y los radicales, que han reunido siempre el 80 por ciento de los votos, sacaron el 30 por ciento. ¿Por qué cayeron? Porque Grecia es uno de los países más golpeados por la crisis capitalista. Grecia está viviendo una masacre social. ‘Bancarrota de la sociedad capitalista’ quiere decir que el capitalismo, que explota al obrero, es incapaz de darle de comer al mismo que él explota. El límite de la sociedad capitalista, como experiencia histórica, ha sido alcanzado.

En estas elecciones, el fenómeno principal es que el segundo lugar lo ocupó un partido de izquierda que es ajeno a los partidos tradicionales, y lo que plantea por primera vez en Grecia la posibilidad de que gobierne la izquierda que actúa fuera de los partidos tradicionales. Este solo hecho, sin todavía emitir una opinión sobre qué carácter tiene este frente de izquierda (Syriza), ha colocado en la cabeza de los griegos el tema de qué pasa si gobierna la izquierda. El conjunto de los partidos y frentes de izquierda han reunido cerca del 35 por ciento de los votos, y estarían a un paso, en las nuevas elecciones en junio, de tener mayoría para gobernar a Grecia contra los partidos tradicionales.

Pero la izquierda que podría gobernar Grecia enfrenta el siguiente problema: quiere nacionalizar los bancos, postergar el pago de la deuda externa, que se anulen todas las rebajas de sueldos y jubilaciones y que se suspendan los despidos, pero seguir formando parte de la Unión Europea, integrada por 27 países capitalistas; es decir, quiere contrarrestar las medidas antipopulares, pero, bajo ninguna circunstancia, salir del marco capitalista. Incluso en sectores de la izquierda revolucionaria existe una hostilidad hacia el planteo de romper con la Unión Europea. Aquí aparecen los límites de muchos de estos partidos y frentes; unos, que creen que se puede mezclar el agua con el aceite; otros, que pretenden evadir el problema político concreto del momento: la ruptura con la UE. La izquierda revolucionaria tiene una gran oportunidad, pero a condición de que entienda que se ha abierto un gran campo de acción, en la que está en juego la construcción imperialista de la UE y, con ello, del capitalismo en una escala nunca vista. La izquierda revolucionaria en Grecia está atomizada y carece de homogeneidad política.

Hay una conexión estrecha entre el desarrollo de la bancarrota capitalista y la lucha de los obreros, de los estudiantes y los jóvenes. En Grecia ha habido como doce huelgas generales de 24 horas, a lo sumo 48. Si hubiera una dirección no burocrática, ya se habría largado una huelga indefinida y desarrollado un doble poder, capaz de remplazar al estado capitalista por el estado de los trabajadores. Debido al comportamiento vacilante e incluso traidor de esas direcciones, las crisis se prolongan. Lo que la burguesía no logra evitar es que se abra camino la discusión acerca del poder.

Argentina

¿Cómo se manifiesta esto en la Argentina?

La estatización parcial de YPF fue votada por los justicialistas, los radicales; la abstención de Elisa Carrió, Prat Gay y Estenssoro equivale también a un voto a favor, incluso más fuerte que el de todos los del Frente para la Victoria. Votaron a favor porque es un proyecto de reprivatización; ante el fracaso de Repsol, el Estado interviene para convocar a otras empresas capitalistas, como Exxon. Repsol es intervenida porque quebró, como el banco español que mencionamos al principio o como los bancos griegos. Esta quiebra se manifiesta en que nos ha dejado sin gas y sin petróleo; un escenario de crisis capitalista.

Cuando la Presidenta de la Nación anuncia que va a intervenir YPF, dice dos cosas: “esto no es una estatización”, es decir que adelanta la privatización, y dice algo mucho más importante: “está amenazada la viabilidad de Argentina”, porque sin energía, sin petróleo ni gas el país es inviable. Ésta es la definición crucial: está amenazado el Estado capitalista. La viabilidad del país es, para los capitalistas, el país organizado en beneficio de ellos, no de la Argentina como nación. En el momento en que sienten que este sistema está amenazado, todos, los de derecha y los de izquierda (Lozano, Solanas, Binner) corren a apoyar al gobierno.

¿Qué tiene que ver esto con Grecia? Que al igual que en Grecia, pero con mucha menos agudeza, por ahora, se plantea la cuestión del poder. El voto favorable al proyecto reprivatizador del gobierno, relativo a YPF, representa una salida política capitalista a una crisis de poder, que pagarán los trabajadores. A este voto de rescate del capital, el Partido Obrero opuso la expropiación sin pago de la industria petrolera, bajo control obrero; una reivindicación que plantea el gobierno de los trabajadores. La izquierda tradicional es la rueda auxiliar del capitalismo, que cobra actualidad cuando el neumático se pincha. La izquierda revolucionaria desarrolla una alternativa de poder al agotamiento del capitalismo, tal como se expresa en la crisis mundial, y como se expresa en la bancarrota económica que se presenta en Argentina de un modo cada vez más manifiesto. Esto es lo que va a discutir el Congreso del Partido Obrero.

Un partido y una organización no es una estructura: es, en primer lugar, la conciencia política de sus militantes. Nuestro próximo congreso apunta a desarrollar una conciencia clara de los desafíos revolucionarios que plantea la bancarrota capitalista. Desde hace más de una década que somos el único partido que señaló esta situación. Esa conciencia tiene que estar en la cabeza de los que van a formar ese comité nuevo, ese círculo nuevo, esa actividad sindical renovada. La gran cuestión que va a dominar por entero la política mundial y Argentina en los próximos tres o cuatro años, es la cuestión del poder. La cuestión del momento es la preparación de la clase obrera para remplazar el poder político en desintegración de la burguesía, por un poder político de los trabajadores.

La pregunta es: ¿los trabajadores tienen la capacidad para ello? El problema es puramente político. Un trabajador del subte, ¿no sabe manejar el subte?; un obrero de la construcción, un albañil, ¿no sabe cómo construir?; un ferroviario, ¿no sabe cómo manejar los ferrocarriles? Entonces, si el trabajador sabe manejar los subtes, el otro sabe cómo construir, el otro maneja los ferrocarriles, podemos remplazar a los capitalistas, con una gran ventaja para todos, porque dejaremos de alimentar parásitos corrompidos. La fuerza de trabajo reúne la capacidad productiva, no el capital. El problema político es arrancar de la conciencia del trabajador el velo que oculta esta realidad y que somete el obrero al capital. La bancarrota capitalista pone en contradicción mortal a este sistema de explotación con el desarrollo de las fuerzas productivas, que encarna la clase obrera. La bancarrota capitalista viene preñada de una revolución social. Lo prueba el desarrollo político mundial de los últimos años.

Le quitan TBA a Cirigliano para entregársela a sus socios

El gobierno retira la concesión a TBA sólo después de que el grupo Cirigliano dejara al ferrocarril Sarmiento en ruinas, y sin poder asegurar los servicios más elementales. Antes, pasaron las 51 muertes de la Plaza Once y los más de 1000 muertos que acumula TBA en veinte años. En los últimos diez, el kirchnerismo alimentó a Cirigliano-TBA con miles de millones de pesos de subsidios, los que el grupo destinó a la compra de líneas de colectivos en toda la zona oeste y hasta inversiones fuera del país. Mientras tanto, los delegados obreros que denunciaban el vaciamiento o la precarización de sus trabajadores eran acusados de ´sabotaje´, y procesados o encarcelados.

La quita de la concesión, sin embargo, no es ningún viraje en la política oficial, sino otra tentativa de rescate de los privatizadores. El gobierno reemplazará a Cirigliano con una “unión empresaria de emergencia” integrada por Ferrovias (Romero ) y Roggio(Metrovías). Ellos son los socios de Cirigliano en otra ”unión de emergencia”, la UGOFE, que maneja el ferrocarril Roca desde que el gobierno le retiró la concesión al grupo Taselli, la cual realiza el servicio en condiciones igualmente ruinosas. Esa UGOFE habilitó las licencias laborales para que una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria perpetrara el crimen de Mariano Ferreyra.

El desastre de Once había puesto en crisis al tarifazo anunciado para todo el transporte público. Con toda seguridad, el retiro de la concesión a TBA servirá de coartada para poner en marcha esos aumentos, en nombre de que ahora “inician otra etapa”.

La retirada de Cirigliano, en medio del derrumbe del servicio y juicios millonarios, será cubierta por sus socios vaciadores y los funcionarios cómplices de éstos.

Denunciamos esta nueva reprivatización y planteamos: renacionalización integral de todo el sistema ferroviario –de carga y pasajeros, bajo gestión de los trabajadores. Que el grupo Cirigliano responda por sus activos por el vaciamiento incurrido. Fuera Luna del ferrocarril. Juicio y castigo a los empresarios y funcionarios cómplices de todos los desastres ferroviarios. Juicio ya y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.

PAREMOS UN ‘RODRIGAZO’

El gobierno dice que la corrida sobre el dólar es una pompa de jabón. Pero la historia argentina cuenta otra cosa: que es la expresión de una crisis de fondo y la antesala de un ‘ajustazo’ contra los trabajadores.

El país entero sabe que el gobierno K no tiene la plata para pagar la deuda externa de este año, tampoco para los subsidios a los parásitos del transporte y los servicios, ni la enorme factura de la importación petrolera.

Tampoco tiene los recursos para financiar la fuga de capitales, como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años, la que ahora se acentúa como consecuencia de la crisis capitalista mundial.

Los sojeros acaparan la cosecha a la espera de la devaluación y los exportadores desvían sus ingresos en divisas.

No alcanza ya la plata de la Anses para cubrir el déficit fiscal.

Las provincias anuncian la reaparición de las cuasi monedas de triste memoria.

Brasil, el primer socio comercial de Argentina, ya ha devaluado su moneda en un 30% en lo que va del año.

Además, registra desde diciembre una recesión.

China, el otro socio comercial, viene disminuyendo las importaciones, también afectada por la bancarrota internacional.

La formación de un mercado paralelo, incluso reprimido por la Afip, acentúa la inflación ya elevada e incita a una salida de depósitos de los bancos.

Si dejamos el manejo de esta crisis en manos de los K, se viene un ‘Rodrigazo’: devaluación, tarifazo, hiperinflación.

Los despidos y las suspensiones ya han comenzado.

El movimiento obrero tiene que fijar su posición, pero los burócratas sindicales están entretenidos en la disputa por la jefatura de la CGT y en firmar paritarias con salarios a la baja.

El Partido Obrero plantea:

Ningún despido ni suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Indexación salarial y de las jubilaciones de acuerdo con la inflación. Cese del pago de la deuda externa usuraria. Nacionalización integral de la banca, el comercio exterior y las privatizadas, sin compensación, bajo el control de los trabajadores.

Serruchan al muerto

La disparada del dólar a seis pesos es un síntoma inequívoco del derrumbe irremediable del ‘modelo’ y el anticipo de un volantazo político. Los ‘cerebros’ oficiales subestiman -para la tribuna- la magnitud de la crisis, con el argumento de que el dólar paralelo representa a un mercado insignificante, pero no explican por qué, si ese es el caso, no liberan el mercado oficial o atenúan los controles. El desborde del mercado de cambios se manifiesta, del mismo modo, en otro mercado que no es ya tan despreciable: el que negocia títulos de la deuda pública que se paga nen dólares, donde también la cotización se fue a seis pesos. La política oficial tiene los trazos del “lecho de Procusto”: en lugar de adecuar el cajón al tamaño del muerto, serrucharon el muerto para acomodarlo al cajón. Lo que todavía es peor: a pesar de que compra los dólares de exportadores, que no puede vender en el paralelo, el Banco Central sufrió en los últimos días una caída en su stock de reservas, a causa del retiro de depósitos en dólares de los bancos (que alcanzó los 400 millones). Se trata de un retiro de esos dólares del circuito económico. La escalada del dólar deberá provocar, también, un retiro de depósitos en pesos hacia la compra de moneda extranjera u otros refugios de valor, con la consiguiente desestabilización del sistema bancario.

Es claro que la crisis en curso es el resultado de la explosión de los desequilibrios engendrados por el ‘modelo’ oficial. La economía ha perdido las fuentes de financiamiento. En primer lugar, se encuentra por supuesto el déficit fiscal, el cual ya no puede ser cubierto por los fondos de la Anses o los habilitados para el Banco Central por la reciente reforma de la Carta Orgánica. Se ha llegado al extremo de que el Central está haciendo lo contrario de lo que se esperaba a partir de esa reforma, porque está contrayendo la masa monetaria que emite para financiar el déficit público por temor a desatar una hiperinflación (lo hace a través de títulos del Central que compran los bancos). La consecuencia, a corto plazo, será encarecer el crédito y acentuar la tendencia a la recesión que ya ha comenzado a manifestarse. Los detractores del oficialismo atribuyen el déficit fiscal a lo que llaman “exceso” de gasto público, para evitar señalar la cuenta de 15 mil millones de dólares que corresponde a la deuda externa del Estado -y la aún mayor del conjunto de la deuda pública (externa e interna) y de la deuda privada con el exterior. Otro rubro -unos 80 mil millones de pesos- registra los subsidios a la energía y el transporte, cuyos beneficiarios desvían hacia otros negocios, como se acaba de demostrar en TBA y en Metrovías. TBA, según la Cipec, recibió subsidios por 600 millones de dólares a lo largo de la década, pero solamente invirtió 50. La factura de importación de gas y derivados de petróleo ha sido ocasionada por el vaciamiento energético propiciado por el kirchnerismo a lo largo de su gobierno.

Brasil, China

La presidenta Kirchner añadió a lo enumerado el desplome del mundo sobre Argentina, en una demorada referencia a la bancarrota capitalista mundial. Brasil, el principal socio de comercio de Argentina, ha comenzado un proceso recesivo desde diciembre, según informa su Banco Central (O Estado de Sao Paulo, 22/5). Influye en el retroceso brasileño la caída de la demanda mundial, pero -por sobre todo- la demanda interna, la que sufre una incobrabilidad creciente de los créditos otorgados al consumo. El endeudamiento medio de las familias, en Brasil, ha alcanzado el 25% de los ingresos. Un especialista habla de “señales de agotamiento del modelo” y denuncia que “el nivel de impagos subió de manera preocupante”. Otro observador señala la reversión operada en el ingreso de capital a corto plazo, la que ahora elige la puerta de salida. El resultado ha sido una desvalorización de la moneda brasileña, el real, del 30% en un par de semanas. Según un tercer economista, “hay un agotamiento del ciclo del crédito”; “la tasa de inversión cayó de 23 al 18%, y este año crecerá a una tasa inferior al PBI”. Atribuye esa tendencia “a una reducción de la rentabilidad de la economía”, que ya no puede ser alimentada por “ese patrón de crecimiento liderado por el consumo”.

La conclusión que sale de esta caracterización es clara: Brasil apunta para un ajuste. Un desarrollo similar se puede hacer con China, donde hay un retroceso espectacular en la tasa de crecimiento del PBI en lo que va de 2012 -mucho más abajo del 8% (para algunos especialistas, del 3%) que le atribuyen las estadísticas mentirosas de China. Hay un derrumbe de la importación de carbón para usinas térmicas y de cobre; hay una fuerte reducción del consumo de electricidad y un desplome de la inversión inmobiliaria.

Más allá de la reversión de las tendencias que alimentaron el crecimiento de las exportaciones de Argentina y de los llamados ‘emergentes’ en general, el “desplome” al que alude CFK tiene que ver con lo que los economistas llaman, en lenguaje deformado, “la aversión al riesgo” -o sea, el retiro de capitales de toda forma de inversión productiva y de la mayor parte de las inversiones especulativas, ante el derrumbe del sistema bancario europeo y la perspectiva de un derrumbe del euro.

Quiebra de una organización social

Estamos, en Argentina, en los umbrales de una explosión de la economía, que el método aplicado al pobre Procusto no hace más que acentuar. Las crisis abiertas con Scioli y con Macri están directamente ligadas a este final de modelo. Mientras los charlatanes oficiales se empeñan en disimular el derrumbe, la versión de que numerosos municipios y algunas provincias habrán de recurrir a cuasi monedas es cada vez más verosímil. Esto solo ya constituye una devaluación espectacular de la moneda.

Lo que oficialistas y opositores coinciden en llamar ‘modelo’ no es otra cosa que la organización capitalista del país. Es esta organización la que se encuentra en quiebra, con mayor evidencia todavía cuanto que el derrumbe es internacional. Los que nos denunciaban antes de la crisis en curso como catastrofistas deberían hacer un repaso de los adjetivos que agota la prensa internacional: catástrofe, colapso, bancarrota, derrumbe, armagedón, situación desesperante. Es decir que una salida real a la crisis debe tener un carácter de conjunto y un contenido anticapitalista.

La gravedad de la situación encuentra a la burocracia sindical y a las corrientes que medran con este sistema fuera de foco, anestesiando al movimiento obrero. Las paritarias cierran en forma ficticia, porque -además de establecer aumentos de salarios inferiores a la inflación- ignoran el desarrollo del colapso financiero. Los ‘opositores’ desfilan por Tribunales o el Cabildo, para reclamar independencia judicial y acceso a la información -una coincidencia que tiene poco ver con reclamos democráticos y tiene sí las características de un movimiento preparatorio para la posibilidad de un derrumbe político. La Mesa de Enlace se ha vuelto a poner en movimiento para que la derrota del proyecto de revalúo agrario en la Legislatura bonaerense se convierta en un golpe político contra la camarilla cristinista. Con el colapso económico, se van reuniendo los factores que procuran adelantar o canalizar un derrumbe político.

Nosotros, el Partido Obrero, llamamos a una urgente deliberación política del movimiento obrero, para que la que crisis no la paguen los trabajadores, sino los capitalistas.

Los puntos básicos a atender son, desde este punto de vista, los siguientes:

ningún despido o suspensión, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario -o sea, nada de ‘repros’;

indexación de los salarios y jubilaciones de acuerdo con la inflación, con carácter mensual;

cese del pago de la interminable deuda externa; nacionalización integral de los bancos, bajo control de los trabajadores. Defensa de los ahorristas pequeños;

nacionalización de todas las empresas subsidiadas, apertura de los libros, reorganización financiera e industrial bajo la gestión de los trabajadores;

por un Congreso obrero y de los trabajadores para elaborar un plan de reorganización social en función de los intereses de los explotados.

Jorge Altamira

SMATA CORDOBA: Pignanelli, al ritmo de las patronales

En febrero, Pignanelli, del Smata, sostenía que estaba dispuesto a aceptar el 18% de aumento salarial para el año. Finalmente, se acomodó a una prórroga de la modalidad de negociación trimestral acordada a fines del año pasado, con lo que los trabajadores recibirán un 6% para el trimestre abril-junio. Los trabajadores no fueron consultados. Se verifica una caída de las horas extras, que golpea duramente el salario de bolsillo. La producción retrocede, aumentan las suspensiones y los despidos hormiga, sobre todo entre los trabajadores tercerizados o contratados.

La actividad en Fiat cayó un 31% en el primer cuatrimestre. Según Anfavea (la asociación de fabricantes de ese país), en abril las ventas de vehículos cayeron 13,8 por ciento”.

Las burocracias del Smata nacional y el local ocultan los planes de reducción de personal, disfrazan las suspensiones, así como permitieron la mayor precarización laboral, mientras en las fábricas existe una gran deliberación y los trabajadores tercerizados buscan organizarse.

La situación impone una deliberación colectiva, la actuación de los paritarios con mandatos de asambleas y un programa para impedir que las patronales descarguen la crisis sobre los trabajadores.

Una asamblea en VW planteó el reclamo del 30% de aumento y la convocatoria a un plenario de delegados del gremio. Es un punto de partida para organizar la lucha.

Eduardo Salas

¿De la Sota contra la trata?

A una semana de que la movilización por la aparición de Yamila Cuello que, con gran repercusión social, realizaron sus familiares, el Plenario de Trabajadoras y organizaciones de mujeres y políticas, el gobierno de De la Sota anunció un programa de ‘lucha’ contra la trata de personas, el cual ligó a la presencia del cartel de Sinaloa en Córdoba. Sin embargo, lejos de luchar contra la trata, la iniciativa estatal refuerza a las redes mafiosas que actúan impunemente en la provincia.

Entre las medidas, se envía un proyecto de ley a la Legislatura provincial prohibiendo whiskerías y cabarés, y sancionando con arresto por sesenta días a quienes los regenteen, porque, dice el gobierno, encubren el funcionamiento de prostíbulos. Pero esos establecimientos, encubiertos o no, están prohibidos desde hace más de ochenta años y está tipificado como delito, que cuenta ya con penas más elevadas. En Córdoba, como en todo el país, esos locales funcionan a la vista de todos y con habilitación oficial, incluso pagando impuestos. Sólo para la Justicia y la policía se encuentran ‘encubiertos’.

Por otro lado, se crea una división especial de la policía y una Secretaría de Prevención de Trata. Pero no hay una sola investigación en la provincia que apunte a la participación policial en el delito organizado, siendo que en junio de 2011, el por entonces jefe de policía (hoy ministro de Seguridad de De la Sota) decidió el retiro de 58 comisarios.

De la misma forma, la Ley Nacional de Trata aprobada por el kirchenrismo no ha servido para desmantelar hasta el momento ni una sola red mafiosa. El caso Marita Verón, desaparecida en la provincia de Tucumán, puso al desnudo el estrecho vínculo entre el juego, la droga y la trata, pero también la imprescindible participación y complicidad de sectores del poder. Sin ir más lejos, en la provincia tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre, sobre los cuales el gobierno todavía no ha dicho una sola palabra.

Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos los anuncios del gobernador como un reforzamiento de las redes de trata y del negocio de la prostitución. Asimismo, levantamos un programa independiente que termine con este flagelo. Desde esta posición convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, a impulsar un gran movimiento de lucha contra la trata, el narcotráfico y la impunidad.

Soledad Díaz García

Basta de dilaciones: Juicio ya a Pedraza, su patota y los policías

El Tribunal Oral N° 21 tiene el camino procesal despejado para fijarle fecha de inicio al juicio por el crimen de Mariano. Por ese motivo, hemos presentado una solicitud, en ese sentido, a la que los jueces deberán responder en los próximos días.

Los acusados

El juicio tendrá lugar contra 15 imputados: José Angel Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz, principales dirigentes de la Unión Ferroviaria y de la Comisión de Reclamos de la Línea Roca; Jorge González, Guillermo Uño, Juan Carlos Pipito y Gabriel Sánchez, afiliados de la UF que fueron parte de la patota; Cristian Favale, barrabrava contratado para la ocasión; y los policías Luis Osvaldo Mansilla, Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Rolando Garay, David Villalba, Luis Echavarría y Gastón Conti.

Todos ellos se encuentran acusados por los representantes de las víctimas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, para que se aplique el art. 8º, inc. 6 del Código Penal, el cual prevé una pena de prisión perpetua.

Castigo a todos los responsables

En el juicio, probaremos que el 20 de octubre de 2010 existió un plan criminal para ‘aleccionar’ a los tercerizados del ferrocarril Roca; para lo cual, los jefes de la Unión Ferroviaria convocaron y reclutaron una patota para atacar con armas de fuego a los trabajadores. Como resultado de esa agresión, fue asesinado Mariano Ferreyra y fueron heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. El móvil de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue garantizar el negocio que implicaba la contratación, con subsidios estatales, de ‘cooperativas’ regenteadas por el mismo sindicato para realizar obras en las líneas ferroviarias, con trabajadores que percibían un tercio del salario de un obrero ferroviario de planta permanente.

Las pruebas contra los imputados son contundentes. Los intentos de la defensa para presentar los hechos como un ‘enfrentamiento’ quedaron desvirtuados por las pericias, las que determinaron que los disparos provinieron exclusivamente del lado de la patota. Por otro lado, la pretensión de que no existió intención de matar por parte de los agresores terminó con el perito de los imputados, Roberto Locles, procesado por alterar la bala que causó la muerte de Mariano Ferreyra.

La ‘espontaneidad’ de la movilización de la patota se derrumbó por los numerosos cruces telefónicos y testimonios que dieron cuenta del reclutamiento previo, así como por el permiso otorgado por los empresarios de Ugofe para que más de 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada abandonaran su lugar de trabajo y se plegaran al grupo agresor.

Asimismo, los cruces ubican juntos a Pedraza y Fernández mientras monitoreaban con Díaz el ataque. Pedraza reconoce en su declaración que le ‘preocupaba’ la influencia de la izquierda entre los tercerizados -y, por ese motivo, su ingreso a planta permanente del ferrocarril. Pedraza también se encuentra imputado en otra causa por intentar sobornar al Tribunal de Casación, el cual debía confirmar la prisión preventiva de los primeros miembros de la patota que fueron detenidos.

La patota contó con el apoyo de la policía, la que liberó la zona, garantizó su retiro sin intentar ninguna detención y cubrió su retirada. El accionar doloso de la policía quedó plasmado en las grabaciones en las que sus jefes ordenan pasar a otra frecuencia sus comunicaciones, para evitar que quede registro del intercambio que mantenían mientras ocurría la agresión. La policía no tomó ninguna medida para resguardar el lugar de los hechos y tardó en poner en conocimiento de lo actuado al juez interviniente y al fiscal. Los policías se encuentran procesados por ‘abandono de persona’, acusación que la fiscalía mantuvo. En el curso del juicio, las partes querellantes solicitaremos su condena como partícipes del homicidio y de la tentativa de homicidio en tres ocasiones.

Juicio ya

A pesar de estar agotadas todas las instancias procesales previas, el juicio aún no tiene fecha. El tribunal aduce que la Corte Suprema no ha dispuesto de una sala con suficiente espacio como para albergar a todas las partes intervinientes (jueces, secretarios, fiscalía, querellas y defensas) y conservar su carácter público. No se nos escapa que estas dilaciones son explotadas por el gobierno en sus operaciones para digitar la sucesión de Moyano al frente de la CGT.

El Tribunal 21 debe fijar fecha inmediatamente para el inicio del juicio y la Corte disponer los recursos necesarios para garantizar su desarrollo. El Partido Obrero se movilizará a la Corte Suprema de la Nación y ante todas las instancias que sean necesarias para garantizar el inmediato inicio del juicio.

Alicia Castro anuncia la entrega de Malvinas

La mayor parte de los diarios informaron acerca de un “coloquio” que tuvo lugar el viernes pasado en el London School of Economics. Pero solamente La Nación dio a conocer la afirmación extraordinaria que efectuó la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, de que Argentina está dispuesta a modificar la Constitución Nacional para llegar a un acuerdo que pueda ser aceptado por los ingleses sobre Malvinas. Los diarios del oficialismo ocultaron en forma miserable la información. “Cuando hay negociaciones y se firman tratados internacionales -dijo Castro-, los países involucrados modifican su legislación doméstica para incorporarlos. La Argentina está dispuesta a hacerlo”. Este compromiso político sin precedentes fue la respuesta de la embajadora a la objeción el ex embajador británico en Argentina, John Hughes, que había señalado la valla insalvable para un acuerdo que significaba la disposición constitucional que establece que la recuperación de Malvinas es “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Como lo hemos escrito en forma reiterada en estas páginas, los K están operando para llegar a un régimen transitorio prolongado de ‘soberanía compartida’ con Gran Bretaña, que asegure, en especial, la protección de las inversiones internacionales (inglesas) en el círculo marítimo de las islas, o sea petróleo y pesca. Cuando en Argentina se ventila la posibilidad de reformar la Constitución para habilitar re-reelecciones, nos enteramos que los K tienen en mente, además, eliminar la cláusula acerca del carácter “irrenunciable” de la soberanía nacional. Los medios de comunicación de Argentina no avanzaron en el desarrollo de esta declaración sin precedentes, ni los oficialistas ni los opositores. Lo anunciado en Londres es, sin embargo, lo más importante de todo lo ocurrido en una semana política que fue abundante en conflictos económicos, políticos y sindicales.

Alicia Castro fue tan lejos en el compromiso de abandonar la defensa incondicional de la soberanía nacional, que respondió con un “no estoy aquí para especular”, a la pregunta de un funcionario inglés sobre si “la Argentina contempla en teoría un proceso de negociación que pueda terminar en algo que no sea la cesión de soberanía”. Para justificar la falta de una respuesta negativa rotunda, la embajadora añadió: “Como todo diplomático, yo sigo órdenes. A mí me han dado instrucciones para que diga que queremos abrir el diálogo”. Las órdenes que recibió Castro, como se ve, son la posibilidad de “terminar en algo que no sea la cesión de soberanía” de Malvinas a la República Argentina.

Los K eligieron para emprender esta trapisonda a una militante chavista, para añadir una cuota de cinismo a esta operación diplomática entreguista. Alicia Castro fue embajadora de Argentina en Caracas durante casi una década. Es la vieja táctica de poner el guiño a la izquierda y doblar a la derecha.

Jorge Altamira

Proyecto oficialista sobre riesgos de trabajo refuerza la privatización menemista

Según informa Tiempo Argentino (13/5), el gobierno tiene casi listo para enviar al Congreso un proyecto que, de aprobarse, reemplazaría la ley que implantó el régimen de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) en 1995. Por los anticipos ofrecidos, la nueva legislación no haría sino perfeccionar aquel sistema pergeñado por el menemismo, en cuanto la seguridad laboral de los trabajadores seguirá en manos de pulpos privados.

Una ‘alta fuente gubernamental’ -dice Tiempo- asegura que la nueva legislación introducirá “un cambio integral, como ocurrió con YPF”. Ese “cambio integral”, aquí tampoco se ve por ninguna parte.

La ‘doble vía’, un chantaje

Distintos fallos de la Corte han dejado fuera de discusión el derecho del obrero accidentado a recurrir a la Justicia ordinaria si no le satisface la indemnización recibida de las ART. La nueva ley, sin embargo, intenta, chantaje dinerario mediante, retaceárcelo al accidentado o a sus deudos si se tratara de un accidente mortal.

El proyecto establece que la víctima de un accidente laboral recibirá, además de la indemnización fijada por la ART (o por una mutual), un 20 por ciento adicional si renuncia explícitamente a ir a Tribunales con su reclamo. Si no acepta eso, se verá obligado, como ahora, a un larguísimo peregrinaje por los juzgados.

Las ART, según cálculos oficiales, recaudan de sus clientes-empresas unos 10 mil millones de pesos anualmente, de los cuales unos 7 mil millones se destinan a atender gastos prestacionales (indemnizaciones más una previsión del pasivo contingente de juicios, es decir de lo que estimativamente deberán pagar por accidentes futuros). Otra masa de unos 3 mil millones de pesos se va, según las aseguradoras, en gastos de comercialización y gestión administrativa. El gobierno pretende que se reduzcan esos gastos en un 5 ó 6 por ciento, es decir entre 500 y 600 millones de pesos anuales, para constituir el fondo que pagará aquel 20 por ciento ‘adicional’. La variable de ajuste, en medio del ajuste, serán las escasas inspecciones que realizan las ART en los lugares de trabajo.

Negocio in itinere

Un 11 por ciento de los siniestros registrados está compuesto por los accidentes in itinere; es decir los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo. Son los más resistidos por las patronales y, por lo tanto, los más difíciles de cobrar.

El proyecto de ley oficialista intenta remediar esto liberando a las ART de una parte importante del costo de esas indemnizaciones. Con ese propósito se establece un régimen de seguros especiales mediante un clearing integrado por las ART y las compañías de seguros que cubren riesgos viales, ya que la mayoría de los siniestros in itinere son accidentes de tránsito.

Si el proyecto se aprueba, las ART y las compañías de seguros deberán destinar el uno por ciento de su facturación para atender el financiamiento de ese tipo de accidentes.

En otro orden de cosas, las actuales comisiones médicas que determinan el nivel de incapacidad sufrido por un trabajador accidentado han sido declaradas inconstitucionales hace ya bastante tiempo. El proyecto del gobierno viene a remediar eso con la constitución de nuevas comisiones integradas por la empresa, la ART y la burocracia sindical. Véase en qué manos queda la seguridad de los trabajadores.

Por otra parte, el proyecto nada dice del 40 por ciento de trabajadores en negro, desamparados de toda protección, mientras refuerza y perfecciona la privatización menemista de la seguridad laboral; es decir, de la completa inseguridad.

Resulta indispensable que los trabajadores tomen el asunto en manos propias, que se organicen comisiones de trabajadores, independientes de la patronal, del Estado y de la burocracia, en cada lugar de trabajo, para imponer normas de seguridad adecuadas. La vida del obrero exige la eliminación lisa y llana del régimen de las ART, de la privatización de la seguridad, y la estatización del sistema bajo control de los afectados; es decir, de los trabajadores. Y debe exigirse que las indemnizaciones por accidentes de trabajo se resuelvan en juicios sumarios y se paguen de inmediato conforme a derecho.

A. Guerrero

Huelga de UTA paralizó Córdoba

Que se reincorporen los activistas despedidos

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo la ciudad de Córdoba se paralizó por la huelga de la UTA debido a la falta de pago del aumento salarial.

La paritaria cordobesa de los choferes estiró a 1.370 pesos (22%) el miserable 18% que firmó la UTA nacional. La diferencia se debió a una presión de las bases mediante varias asambleas autoconvocadas e incluso hubo un paro en la empresa Ciudad de Córdoba.

Al momento de abonar el aumento, las patronales de Córdoba sólo depositaron los 1.000 pesos subsidiados íntegramente por Nación, sin adicional ni retroactivos. Ante ello la UTA Seccional decretó el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque sin asamblea alguna. Las empresas cerraron los portones y no permitieron el ingreso de los trabajadores, lo que ya dejó a la vista su real intención: extorsionar, montados en el paro, para que la Municipalidad cubriera la diferencia.

Logrado el objetivo, las empresas comenzaron con amenazas de sanciones y despidos. El Ministerio de Trabajo provincial dictó en ese momento la conciliación obligatoria, a los fines de que la UTA aceptara el pago en negro de la diferencia y la convocatoria de una mesa de diálogo para discutir los retroactivos. Finalmente se levantó la huelga en esas condiciones.

El intendente radical Mestre tenía como plan de gobierno un tarifazo (28% de aumento, que estableció el boleto más caro del país) y un ataque a los puestos de trabajo y condiciones laborales. Para ello anunció que no otorgaría más subsidios a las privadas y que privatizaría la empresa municipal Tamse. La huelga ha golpeado fuertemente estos planes, y ahora este ‘noventista’ se encuentra de gira por Buenos Aires en busca de subsidios.

La situación tiende a agravarse porque las empresas no invierten ni un peso, a pesar de haber sido beneficiadas con un aumento de subsidios del 240% desde 2010. El vaciamiento es frecuentemente denunciado y enfrentado por los trabajadores.

Despido de activistas

La capacidad de acción de los trabajadores ha quedado de manifiesto, y ello ha llevado a un ataque generalizado del establishment, incluidos los kirchenristas, contra la huelga por su carácter ‘salvaje’. Sobre esa base apuntaron al despido de activistas: así fueron censanteados los compañeros Cesano, Tuero y Brian. La conducción ha dejado correr los despidos y sus delegados; acusan a los despedidos de ‘cortarse’ solos, porque fueron impulsores de la lucha salarial. Durante los tres días de paro el compañero Cesano, integrante de la agrupación Ortuta, se encadenó a las puertas de la sede gremial.

Está en marcha el ajuste kirchnerista, al cual se han sumado De la Sota y Mestre. Los trabajadores, mediante un despliegue de fuerzas fenomenal, han conseguido una victoria, pero se enfrentan a nuevos desafíos, en primer lugar la reincorporación de los compañeros despedidos. Es vital arrancar una asamblea general para impulsar realmente esa lucha. Al mismo tiempo colocar el conflicto por los despidos como una causa popular en la ciudad, entre todas las organizaciones populares.

La crisis del transporte cordobés pone en debate la necesidad de la municipalización del transporte bajo control de los trabajadores.

Jorge Navarro

CFK impone mordaza al aborto legal

La Presidenta convocó a un equipo de juristas para reformar el Código Penal, que incluye a las representaciones parlamentarias. La agenda tiene un solo tema vedado: la cuestión del aborto. CFK impuso ese criterio cuando reunió, a principios de año, a los juristas que abordarán el tema. El conjunto del arco político acompaña el criterio presidencial.

Para CFK, el aborto debería incluirse en el marco de una ‘ley especial’. Sin embargo, en diciembre, cuando el tema estaba en tratamiento en una reunión de comisión conjunta, los K se negaron a dar dictamen. En lo que va del año tampoco ha tenido tratamiento. La Presidenta ha bloqueado desde 2007 todas las instancias legislativas sobre el derecho al aborto.

La Comisión de Reforma del Código Penal ha reafirmado el gran acuerdo nacional con el clericalismo sobre la cuestión.

El 28 de mayo, en el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, nos movilizaremos al Congreso para reclamar el tratamiento del aborto legal, la aprobación del tratamiento de fertilización asistida para todas las mujeres de forma gratuita y sin impedimentos burocráticos en todo los hospitales públicos del país, para denunciar la injerencia de los sectores clericales en la salud, la política y la Justicia, y el silencio del gobierno nacional ante el fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de los abortos para mujeres violadas.

Vanina Biasi

22 de mayo de 2012

CONVOCATORIA CONTRA LA TRATA

Miércoles 23/05 - 10 Hs. - En la puerta de la Legislatura Provincial

En el marco de la posición dada a conocer el día de ayer (ver aquí), a 2 años de la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello y en relación al debate legislativo en torno al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial referido al tema de la trata de personas, el Plenario de Trabajadoras de Córdoba convoca a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de DDHH, y a la población en general, a manifestarse mañana miércoles 23 frente a la Legislatura Provincial, a las 10:00 hs., a efectos de rechazar la inciativa oficial, por tratarse de una impostura del gobierno que pretende garantizar el marco legal para la impunidad de las redes de trata en la provincia.

Plenario De Trabajadoras Córdoba

Para comunicarse:

* Cintia Frencia
(Legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores)
Cel. 3515477903

* Soledad Díaz García
(Abogada de la familia de Yamila Elizabeth Cuello)
Cel. 3515484495

21 de mayo de 2012

¿DE LA SOTA CONTRA LA TRATA?

Ante el comienzo del debate por parte de la Legislatura Provincial del proyecto de ley de “lucha” contra la trata de personas enviado por el gobierno de De la Sota, desde el Plenario de Trabajadoras decimos que la iniciativa estatal se encuentra muy lejos de dar una respuesta a la creciente repercusión social que tiene este flagelo, que se vio reflejada en las calles del centro de la ciudad el pasado 10 de mayo cuando familiares de Yamila Elizabeth Cuello y organizaciones se movilizaron exigiendo su aparición inmediata; por el contrario, la referida iniciativa legislativa refuerza las redes mafiosas que actúan impunemente en la provincia.

El proyecto de ley en cuestión, que prohíbe whiskerías y cabarets y sanciona con arresto por 60 días a quienes los regenteen porque encubren el funcionamiento de prostíbulos, no es otra cosa que una impostura por parte del gobierno, desde que estos establecimientos, encubiertos o no, están prohibidos hace más de 80 años, y el ilícito está tipificado como delito, contando con penas más elevadas que las que aquí se quiere imponer. La calificación de “falta” del regenteo de prostíbulos, legalmente favorece la trata y el negocio de la explotación de la prostitución ajena. En Córdoba, como en todo el país, esos locales funcionan a la vista de todos y con habilitación oficial, incluso pagando impuestos. Sólo para la justicia y la policía se encuentran “encubiertos”.

Por otra parte, en el mismo sentido se establece la creación de una división especial de la Policía y una Secretaría de Prevención de Trata (con la misión de “difundir” la existencia del flagelo), por cuanto no dispone ni una sola medida que apunte a la participación policial en el delito organizado, manteniendo intacto al aparato de seguridad partícipe y cómplice de estos viles negocios.

El caso Marita Verón ha desnudado que la complicidad del estado es necesaria para la existencia del delito de trata, y De la Sota va en ese camino. En la provincia tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre, sobre los cuales el gobierno todavía no ha dicho una sola palabra.

De esta forma, desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos las medidas oficiales como un reforzamiento de las redes de trata y del negocio de la prostitución. Asimismo, levantamos un programa independiente que termine con este flagelo. Impulsamos un gran movimiento de lucha contra la trata, el narcotráfico y la impunidad. Planteamos una investigación independiente, a cargo de familiares de las víctimas, organizaciones de mujeres y organismos de DDHH, sobre cada comisaría, para establecer la ruta de la coima que permite el libre funcionamiento del negocio de la esclavitud sexual.

PLENARIO DE TRABAJADORAS

19 de mayo de 2012

También en Córdoba docentes y estudiantes marcharon el viernes 18/05 en defensa de la educación

















La movilización del 18 en Córdoba concentró una vez más en las calles a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, junto a los trabajadores docentes en defensa de la educación. A pocos días de los grandes festejos por los 400 años de la UNC, donde se reivindicó la política educativa del gobierno, los estudiantes movilizados contrapusimos otra realidad.

Córdoba no es la excepción, y el ajuste sobre la educación tiene expresiones concretas. Los bajos salarios docentes impulsaron un plan de lucha con paros y asambleas masivas. Las condiciones de cursado en colegios y facultades son cada vez peores, la falta de becas y la escasa planta docente atentan cotidianamente contra el ingreso y la permanencia de miles de estudiantes.

La marcha fue preparada por una fuerte agitación en las facultades, en los colegios secundarios, mediante radios abiertas e instancias de debate en asambleas que votaron impulsar la movilización, desplegando todo el programa de reivindicaciones pendientes en cada lugar de estudios. En la marcha se hicieron presentes varios centros de estudiantes, agrupaciones docentes y organizaciones de izquierda.

El documento leído al finalizar el acto denunció por igual la política educativa del gobierno nacional y del gobierno provincial, responsabilizando a los mismos del estado actual de la educación. Exigimos el cumplimiento inmediato de los planes de obra conquistados en la lucha educativa de 2010, el aumento del presupuesto y el salario docente, rechazamos los fondos de la megaminería contaminante y las leyes antieducativas (LES-LEP); a su vez, denunciamos la política de persecución a los activistas mediante la instalación de cámaras en los colegios por parte del gobierno provincial.

La importante movilización ha sido una referencia para todos los reclamos y las luchas en curso. Es necesario, entonces, profundizar este camino organizando a los estudiantes y docentes en cada casa de estudios para conquistar las reivindicaciones pendientes.

Cintia Frencia

17 de mayo de 2012

Festival por Justicia para Mariano Ferreyra

Sábado 19 de mayo - 23 Hs. - Comedor Universitario


Todos a la Marcha Nacional Educativa

Viernes 18/05 - 18 Hs.:

· No al ajuste contra la educación pública
· Triplicación del presupuesto educativo
· Reapertura de las paritarias
· Fueras las Leyes Antieducativas K
· Salario igual a la canasta familiar
· Defensa del 82 % móvil y los derechos jubilatorios provinciales
· Fuera el Impuesto al Salario y los topes a las asignaciones familiares

En Córdoba: Marchamos desde Colón y Gral. Paz hasta Patio Olmos 

TRIBUNA DOCENTE –  LISTA FUCSIA (LISTA ROSA CTERA)





DERROTEMOS EL “CORRALITO” AL SALARIO

Que la crisis la paguen los y las capitalistas

La veda a la compra de dólares es un ‘corralito’ tan ruidoso como ineficaz, porque no impide la fuga de capitales por parte de los grandes especuladores.

Mucho más duro es el ‘corralito’ que los K le han impuesto a las paritarias y a los salarios, cuyos aumentos no son homologados si superan la franja del 18 al 21% de promedio anual.

Este ‘techo’ no afecta a los precios, los que suben a un ritmo de más del 25% al año.

El gobierno acaba de deslegitimar el aumento obtenido por los papeleros.

El ‘corral’ al salario cuenta con el apoyo de las grandes patronales -como se vio en el veto que impuso Techint al reclamo muy modesto de la UOM, o el de la Asociación de Bancos a la reivindicación del sindicato de bancarios.

Esto ocurre cuando todo el país sabe que los K tienen en carpeta un tarifazo generalizado.

El ‘corralito’ más el tarifazo significan que les quieren hacer pagar la crisis a los trabajadores.

En Argentina, la expresión ‘corralito’ se conjuga con “que se vayan todos”.

Los trabajadores están respondiendo al ‘corralito’ al salario con la huelga y la movilización.

Es lo que han hecho los metalúrgicos y los trabajadores del subte; es lo que han hecho los bancarios, los judiciales y los docentes universitarios; es lo que se discute en todos los sindicatos.

Es el camino a seguir.

Que la crisis la paguen los y las capitalistas.

La amenaza de un ‘rodrigazo’

La disparada del dólar a 5,50 y 6 pesos, según los casos, puso en la superficie la magnitud de la crisis financiera que enfrenta el gobierno K. Es, en la historia argentina (y para cualquier economía capitalista), un síntoma ‘clásico’ de un derrumbe anunciado. La Presidenta se vio obligada a desmentir en forma personal la intención de establecer mercados cambiarios diferentes, lo que el viceministro de Economía defendió en un escrito académico el año pasado. Este procedimiento consagraría una devaluación considerable del peso, la cual aceleraría los ya elevados aumentos de precios internos. La desmentida oficial no goza de mucho crédito luego de lo ocurrido hace un mes con YPF, cuando la intención de proceder a una ‘expropiación parcial’ de Repsol fue negada como una maniobra de la prensa ‘destituyente’.

Crisis fiscal

El desarrollo de una bancarrota financiera tiene otras expresiones. La principal de ellas es la crisis fiscal de las provincias, la que no ha sido atenuada por los diversos tarifazos e impuestazos que aprobaron las legislaturas. En las provincias, aunque también a nivel nacional, existe una demora creciente del pago a los proveedores, lo que está produciendo una ruptura de la ‘cadena de pagos’. Esto ocurre a pesar de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que liberó una enorme cantidad de dinero para financiar al Tesoro y el pago de la deuda externa.

Otra expresión de esta bancarrota es la crisis energética. No solamente porque hay una factura de importación de gas y de fuel oil de 12 mil millones de dólares, sino porque el sistema eléctrico se ha declarado en cesación de pagos, lo cual obliga al Estado a reforzar el sistema de subsidios. Esta situación evoca lo ocurrido en junio de 1975, cuando otro gobierno nacional y popular procedió a un naftazo del 400 por ciento y una devaluación muy fuerte del peso. A pesar de la burocracia sindical de entonces, el ‘rodrigazo’ (por Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de aquel momento) desató una huelga general hasta comienzos de julio, la que fue impulsada por las coordinadoras de los cuerpos de delegados de las empresas. La catástrofe de hace casi cuarenta años explica que la mayoría de los economistas rechace cualquier recomendación de tarifazos e hiperdevaluaciones y propugne, en cambio, recorrer esa misma vía en forma gradual. La misma Presidenta avaló el planteo cuando declaró su disgusto con un ‘shock’, o sea proseguir con la ‘sintonía fina’ -la cual es cada vez más difícil de ejecutar.

Fugas y devaluaciones

La magnitud de los desequilibrios en presencia hace difícil el gradualismo. De nuevo ha sido CFK quien subrayó, hace un par de días, que “el mundo se cayó sobre Argentina” (renegando de sus dichos en el pasado acerca de que el ‘modelo’ ‘blindaba’ a la economía nacional). La bancarrota de la Unión Europea viene produciendo una salida sistemática de capitales: de las sucursales de empresas de Europa en los ‘países emergentes’ a sus casas matrices y de los capitales endeudados de Europa hacia Estados Unidos. A pesar de todos los controles dispuestos por Moreno, en este primer cuatrimestre ha continuado la huida de capitales de Argentina, como lo revela la caída abrupta de los plazos fijos en dólares y el drenaje persistente de divisas que viene soportando el Banco Central en sus reservas. Esta ‘fuga’ se manifiesta en forma clara en Brasil, que tiene una descomunal deuda externa privada, la cual se suma a la del Estado. En Brasil hay una mora creciente en la devolución de los créditos personales y comerciales, incluso el ‘defol’. El intento del gobierno Rousseff de contener esta quiebra, con una reducción de la tasa de interés que pagan los deudores, favorece la salida de capitales. La devaluación del real, la moneda de Brasil, ha alcanzado el 30 por ciento en menos de un mes, lo que pone en dificultades al comercio de Argentina.

La disparada del dólar frente al peso ya se manifiesta en el comercio interno: hay acaparamiento de mercancías por parte de las empresas y los capitales agrarios están haciendo lo mismo con la soja (en los silos-bolsa). Los grandes capitales, encabezados por la Unión Industrial y Techint, reclaman un ‘sinceramiento’ de las ‘variables’ de la economía, en referencia a las tarifas y al tipo de cambio, sumándose al reclamo de las petroleras que manejan las concesiones de explotación para el precio del petróleo en boca de pozo, que lo quieren duplicar. Con las paritarias, adoptan la actitud inversa: están en contra de cualquier ‘sinceramiento’ de los salarios y reclaman que el Estado arbitre las paritarias por decreto. Es la misma línea que siguieron esos mismos capitalistas en el ‘rodrigazo’. La bancarrota financiera se manifiesta, desde hace bastante tiempo, en una crisis política. La disputa por el control de la CGT forma parte de esta crisis.

‘Defol’

La desvalorización del peso frente al dólar es una consecuencia de la incapacidad del Estado para pagar la deuda externa -incluso luego de que el gobierno transfirió (y continúa transfiriendo) gran parte de ella al Banco Central y a la Anses. En 2012, la factura es de 15 mil millones de dólares -y sigue creciendo. Dentro de esta factura figura el llamado ‘cupón PBI’, que es una deuda que crece, en forma acumulada, con el aumento de la producción. Este año suma 3.500 millones de dólares, pero tiene obligaciones anuales sucesivas de hasta 20 mil millones de dólares. El ‘cupón PBI’, inventado por Kirchner y Lavagna en 2005, es una bomba de tiempo del tipo de las que desencadenaron la bancarrota mundial en curso. La Anses ha entregado a los especuladores los ‘cupones PBI’ en su poder y ha acumulado títulos en pesos, los cuales se ajustan (es decir, se desvalorizan) por la inflación del Indec.

La Argentina K enfrenta una crisis capitalista sistémica, la que no puede remediar con la ‘sintonía fina’. Está interconectada con la bancarrota mundial. Como ocurre en todo el mundo, los K pretenden que la paguen los trabajadores. A eso responde el tope a las paritarias. También se cortan los subsidios a las empresas recuperadas y se impulsa su reprivatización. Un aspecto fundamental del ‘ajuste’ lo constituyen las jubilaciones, porque solamente pagando 1.660 pesos al 80 por ciento de los jubilados puede la Anses bancar el pago de la deuda externa o absorber las pérdidas que sufren las acciones que tiene en las empresas. Para defender esta expropiación, la intervención K en la Anses ha vuelto a salir con los tapones de punta contra el pago de los juicios por el congelamiento de las jubilaciones a partir de 1996 y 2003.

En el marco de esta bancarrota financiera, ha irrumpido la recesión, que los analistas dan por cierta a partir de marzo. En efecto, en las empresas cesan las horas extras e incluso comienza a aplicarse la reducción horaria. También se producen cierres (como ocurre con varias empresas metalúrgicas, en particular Mecca). Los economistas la valoran como una bendición, porque podría frenar las importaciones y mejorar el saldo comercial. Asimismo, evitaría pagos por el ‘cupón PBI’ el año que viene. Pero una recesión produciría quiebras y defol con los bancos, así como también una caída de la recaudación fiscal. Por eso, esos mismos economistas recomiendan una devaluación: el ‘típico’ ajuste ‘neoliberal’.

Bonapartismo declinante

Este es el cuadro que explica la crisis política, toda ella dominada por el tema del ‘ajuste’. El choque con Macri, con Scioli y con Moyano (o incluso con Peralta, De Vido y Boudou) tiene esa causa básica. El régimen político se hace cada vez más personal y el método de gobierno asume en forma más acentuada el carácter de camarilla. En forma contradictoria, a medida que el gobierno restringe su base de apoyo -es decir que la pierde-, más crece la necesidad de propiciar una re-reelección, que la situación general hace menos probable o inviable. La salida de Scioli, en la que expresó una ‘vocación’ presidencial que hasta ahora se le desconocía, es una señal del ‘establishment’ contra la perpetuación de los K. La negativa de Caló a suspender el paro metalúrgico, que determinó la diatriba inmediata de CFK contra la burocracia sindical, debe interpretarse como un revés del arbitraje presidencial y como una tendencia a la agudización de las contradicciones por las negociaciones paritarias. La disparada del dólar es parte de la crisis del arbitraje presidencial.

La ‘expropiación parcial’ de Repsol no ha cambiado la tendencia de conjunto al deterioro de la economía y la política kirchnerista. Incluso la ha agravado, porque ha acentuado la necesidad de una respuesta de conjunto a la crisis energética, además de haber abultado la factura oficial. Ha reforzado la tendencia del gobierno a atacar a los trabajadores, en este caso los petroleros, para solventar la gestión de YPF.

La amenaza de un ‘rodrigazo’ vuelve a plantear, para los trabajadores, la cuestión del no pago de la deuda externa y, en general, que la crisis la paguen los capitalistas. La lucha por los pliegos salariales en las paritarias, también contra los tarifazos y los impuestazos, plantea una cuestión de conjunto: el desarrollo de una alternativa de poder de la clase obrera frente a la descomposición del régimen político vigente. Vuelve a plantearse la cuestión de recuperar las comisiones internas y los cuerpos de delegados en las empresas, pelear la dirección de los sindicatos y desarrollar las coordinadoras sindicales en las aglomeraciones fabriles.

Jorge Altamira

Exxon arma la “nueva” YPF

Luego de la aparición de un video que muestra a Miguel Galuccio, el nuevo presidente de YPF, publicitando a Repsol en 1998, una fuente de la compañía informó que Repsol no pudo recontratarlo en 2009 por la falta de acuerdo sobre el salario que reclamaba el funcionario ‘recuperado’ por el kirchnerismo. Galuccio está dedicado, ahora, a incorporar en YPF a los gerentes de la gestión menemista.

Mientras tanto, otros operadores del oficialismo están ocupados en negociar el ingreso de Exxon Mobil al mercado petrolero nacional. Según se informa, el pulpo yanqui exige “un conjunto de garantías políticas similares a las que tienen las cuestionadas firmas mineras” (Clarín, 11/5). O sea que piden un compromiso de estabilidad tributaria por cincuenta años, la autorización para girar utilidades al exterior, así como también “un precio del crudo y del gas acorde a la evolución internacional del petróleo” (ídem). Los contratos quedarían sometidos a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. Este esquema se repetiría con Chevron y Total, entre otras.

Clarín asegura que la expropiación de YPF tuvo “el aval de Washington para bloquear la venta de la compañía a la china Sinopec”, lo que Prensa Obrera adelantó en el momento de la “estatización”. La nueva YPF conserva el carácter de sociedad anónima con cotización en la Bolsa. Por lo tanto, no estará sometida a los auditores del Estado nacional, pero sí a la Bolsa. Una delegación de la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) acaba de llegar a la Argentina: quieren impedir , dice La Nación (14/5), “que se lleven a cabo planes que han sido sugeridos por profesionales cercanos o miembros del oficialismo, tales como obligar a YPF a producir al costo para subsidiar a los consumidores domiciliarios o a sectores industriales” (ídem). La ilusión de un precio interno inferior al internacional se disipa y la amenaza del tarifazo se acentúa.

La reprivatización petrolera expone el desbarranque político del centroizquierda y la izquierda democrática, que votaron por la “ley de expropiación” en nombre de una soberanía energética.

Marcelo Ramal

Abajo la estatización de las paritarias

El paro general de la UOM del jueves 10, tuvo un cumplimiento extraordinario: pararon efectivos, contratados, tercerizados. Cristina Kirchner había ordenado levantarlo en la agitada noche del día previo, pero fracasó. Fue un golpe político fuerte al arbitraje oficial; el bonapartismo tardío comienza a deshilacharse. De un plumazo, Caló dejó de ser el candidato digitado por la Rosada y el congreso de la CGT volvió a caer en la incertidumbre, luego de que se diera por hecho la jubilación de Hugo Moyano. Para echar más pimienta al culebrón kirchnerista, Scioli anunció su candidatura para 2015 y recibió enseguida el apoyo del ‘camionero’.

El fracaso del arbitraje descarriló al oficialismo, que va camino de un aterrizaje forzado. Sin embargo, fueron los industriales, encabezados por Techint, los que rechazaron el laudo comunicado a las partes por Tomada, no Caló o la burocracia de la UOM. Caló se manifestó dispuesto a aceptar la propuesta oficialista, que contempla un aumento inmediato del 15% y otro de un 7%, en septiembre, más la incorporación, en cuotas, de los 300 pesos que se cobraban en negro en cuotas, hasta febrero de 2013, cuando el básico metalúrgico pasaría a ser, recién entonces, de 4.000 pesos.

La misma intransigencia patronal se advirtió por parte de los banqueros, que se pararon en el 18% de aumento. Esto disparó una movilización de miles de delegados bancarios. El paro de la UOM y la movilización de La Bancaria coincidieron con la gran huelga del Inti y el paro general de ATE Capital -cercadas por mil efectivos de infantería al mando del viceministro Sergio Berni.

En lugar de denunciar el sabotaje a las paritarias por parte de la patronal, ejecutado en forma concertada, CFK disparó contra los burócratas, con adjetivaciones futboleras que desnudaron la falta de una caracterización política de la situación que enfrenta el gobierno. El planteo de que las sociedades no han prosperado como consecuencia de las luchas de la clase obrera, sino como consecuencia de los ‘modelos’ de gestión del Estado, no solamente es falsa: es completamente reaccionaria. Está a la derecha del liberalismo y se emparenta con el autoritarismo.

Las paritarias están lejos de cerrarse. Los convenios que se han ajustado al tope oficial siguen sin ser homologados en Trabajo. En la Alimentación, seccional interior de Buenos Aires, comenzaron paros de dos horas por turno por el reclamo nacional de 28%. La huelga judicial bonaerense se ha hecho tenaz pidiendo el enganche porcentual, los telefónicos han resuelto en asamblea un reclamo de 31,5%. El sindicato gastronómico decretó un paro de cuatro días en el fin de semana largo del 22 de mayo por un 34% de aumento. Ni hablar de Santa Cruz, donde no se garantizan los salarios.

Algunos “cerebros” de la clase capitalista, como Julián De Diego (Cronista Comercial), sugieren sustituir las paritarias de rama por una “paritaria nacional”, que impondría el tope de aumento salarial por decreto. El gobierno vacila ante estas sugerencias, porque desataría reacciones que no podría controlar. Por eso sigue en la tradicional y logró imponerle a la UOM una conciliación obligatoria que los plenarios del sindicato habían votado rechazar.

Abajo los topes, libertad de negociación colectiva. Que paritarios y convenios se discutan y voten en asambleas.

Néstor Pitrola

Córdoba y las redes de trata

Gran marcha por la aparición de Yamila Cuello

El pasado jueves 10 de mayo, en el marco de la campaña por la inmediata aparición de Yamila Elizabeth Cuello, resuelta e impulsada por el Plenario de Trabajadoras, se realizó una marcha, que contó con la presencia de familias de desaparecidas, numerosas organizaciones y la adhesión de muchísima gente durante todo su recorrido.

Yamila Elizabeth Cuello tenía 19 años al momento de ser secuestrada en su barrio Coronel Olmedo, por las redes de trata.

La familia, desde el primer momento, puso el caso en manos de la Justicia cordobesa, sin encontrar respuestas, sólo el arbitrario allanamiento de su domicilio particular. Después de dos años y medio, la familia ha tomado la firme decisión de actuar por sí misma, por un lado, tomando participación como querellante y ganando las calles.

En la movilización estuvo presente también la familia de Jimena Natalí Arias, de 21 años de edad, y madre de tres niños, desaparecida el 5 de marzo, en barrio Ciudad Evita.

La lucha por la aparición de todas las compañeras desaparecidas, para avanzar en el desmantelamiento de las redes de tratas, y en el juicio y castigo a todos los responsables políticos, judiciales y policiales implicados en ellas, es inseparable de la lucha política de las trabajadoras por la organización independiente de los diferentes gobiernos de turno.

María Celeste

10 de mayo de 2012

Festival por el ¡Juicio y Castigo Ya! a los asesinos de Mariano Ferreyra

Sábado 19 de mayo - 23 Hs. - Comedor Universitario


CRISTINA CONTRA LAS PARITARIAS

El gobierno kirchnerista no ha escondido, en ningún momento, su intención de establecer un techo a los aumentos salariales que deben negociarse en las paritarias.

Lo ha hecho en años anteriores. Ahora estableció que no debían pasar del 20 por ciento anual promedio, a pesar de que la inflación supera el 25%.

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, se ha negado a homologar los convenios que superaron esos topes.

A esto hay que adicionar la vigencia del impuesto al salario, que serrucha gran parte de los aumentos que superan el mínimo no imponible.

La reivindicación que hace el oficialismo de haber restaurado la libre negociación colectiva, es una falacia.

El anuncio de una huelga de la UOM, para hacer valer su reclamo ante la patronal metalúrgica, ha llevado a la Presidenta a dar un paso adicional: convocó a las partes para que aceptaran un arbitraje del gobierno.

Ese laudo oficial fija un aumento en cuotas, que deja al básico de los metalúrgicos muy por debajo de la canasta familiar.

Los congresos de delegados de la UOM habían advertido que no acatarían una nueva conciliación obligatoria.

CFK se ha tomado el derecho de fijar el aumento de salarios.

El arbitraje personal del Poder Ejecutivo es llevado hasta sus últimos extremos.

¿Hará lo mismo con todas las paritarias que se encuentran en fase de negociación?

En oposición a esta intolerable regimentación de los sindicatos por parte del gobierno, reivindicamos la libertad de negociación colectiva y la independencia de los sindicatos.

Queda otra vez al desnudo la política antisindical del gobierno, el cual ha lanzado la reprivatización petrolera y el tarifazo energético, así como la sustitución de la quebrada Repsol por los monopolios yanquis.

En Córdoba también ‘saltan los tapones’

La crisis financiera de la provincia de Córdoba suma nuevos actores y amenaza con convertirse en crisis política que ponga en cuestión al gobierno de De la Sota.

El nuevo acicate a la quiebra de las finanzas provinciales es la crisis energética. En sólo tres años, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa -la empresa de participación estatal dedicada a la comercialización mayorista de energía, comandada por Julio De Vido. Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma. Lo que el gobierno provincial no dice es que esos costos de generación son los más altos de la Argentina, como consecuencia de la pesada carga que significa pagar la amortización de la obra de repotenciación de la Central de Pilar, la que fue ejecutada con sobreprecios que superan en un 70 por ciento a los valores medios del mercado. Ya dimos cuenta de este negociado en las páginas de Prensa Obrera (ver N° 1.213 del 8/3).

Pero lo que antes parecía ser un lugar donde todos abrevaban en los negocios, hoy ha comenzado a mostrar fisuras. Electroingeniería -la empresa que se quedó con la parte del león en la obra de la Central de Pilar y nave insignia de los K en todos los negociados en materia energética- ha comenzado a recibir dardos venenosos desde las trincheras delasotistas, hasta con amenazas de pedir a la Justicia que investigue los sobreprecios de la obra de Pilar. Sin embargo, a Electroingeniería le ha salido un inesperado aliado: el sindicato de Luz y Fuerza que, en Córdoba, comanda la CGT ‘nacional y popular’ kirchnerista.

Este entramado de empresarios y burócratas K ha comenzado a desenrollar la alfombra roja para que el gobierno de De la Sota transite derechito el ingreso de Córdoba al escenario de la bancarrota capitalista mundial. Según un funcionario del gobierno provincial, “Pilar se puede llevar puesta a la Epec”. Y convengamos que la Epec es lo suficientemente grande como para llevarse puesto a un gobierno. De la Sota es consciente de que la reciente pseudoestatización de YPF coloca en el horizonte la posibilidad de un aumento considerable en el precio de los combustibles, lo que haría más inviable aún a Pilar y terminaría por herir de muerte las finanzas de la empresa de energía de Córdoba.

Este desarrollo de la crisis expone cada vez con mayor claridad, que la salida no puede estar detrás de una u otra camarilla gobernante o de la oposición patronal. La deliberación de los trabajadores -mediante reuniones, asambleas y plenarios- es el método para establecer un programa que plantee la anulación de todos los contratos con Electroingeniería, que ponga a la Epec bajo gestión de los trabajadores, conformando comisiones de trabajadores y técnicos independientes para establecer los verdaderos costos de la generación de energía. Este es el programa que el Frente de Izquierda levantó en las últimas elecciones y que ha quedado confirmado por el curso de los acontecimientos.

Manuel D’Alessandro

La Ley de Identidad de Género: una conquista contra el oscurantismo clerical, que es resultado de una lucha

La ley de Identidad de Género, que tuvo su aprobación definitiva en el Senado, plantea una serie de reivindicaciones fundamentales para las personas trans -intersexuales, travestis, transexuales y transgénero- , y debe ser comprendida como un logro de los movimientos LGBTI, activistas y organizaciones que vienen luchando y reclamando históricamente por esos derecho – en particular del, Frente Nacional por la Identidad de Género, que redactó el proyecto original. No se trata, por tanto, de una dádiva de un gobierno y de la oposición patronal que la están votando, que poco ha hecho por transformar la terrible situación de discriminación social y laboral de todos los que han reclamado esta ley, y que está muy lejos de la glamorosa presentación mediática de quienes pretenden usurpar esta conquista. La violencia policial ejercida por el Estado y la criminalización de las sexualidades disidentes son realidades cotidianas. La cifra de mortalidad temprana es altísima, siendo sus tres principales causas las cirugías clandestinas con materiales ilegales, el HIV y los asesinatos a manos de la policía y proxenetas. Entre los travestis, desocupación se acerca al 100%, siendo la utilización y venta de sus cuerpos para el multimillonario negocio de la prostitución, regenteados porpolicía y proxenetas, casi la única salida laboral.

Si bien el cambio registral en el DNI es un requisito que el Estado impone a las personas trans para el paso por las instituciones escolares, de salud y laborales, esto no soluciona cabalmente la discriminación cotidiana y fundamentalmente, las trabas para acceder a un trabajo digno y a una atención médica adecuada. De hecho, la ley no contempla el punto de la inserción laboral y la discriminación de las patronales, que sigue condenando a estas personas a la precariedad y la prostitución. Además, es una tarea fundamental, que dependerá de la iniciativa popular, el lograr, en caso de la sanción de la ley, que el Estado garantice el acceso seguro, libre y gratuito a las operaciones y tratamientos necesarios. Con un sistema de salud colapsado, debido a la falta de inversión estatal, que no garantiza los servicios básicos ni la efectiva distribución de anticonceptivos y medicamentos, esta tarea une necesariamente el reclamo al movimiento de lucha en defensa del sistema hospitalario público.

Para avanzar en estos reclamos es imprescindible luchar por la independencia política del movimiento gay-lesbico transexual. respecto del Estado. Sólo así será posible una real acción por estas reivindicaciones

La votación de los bloques patronales a ley de identidad de género contrasta con la actitud de sus diputados en cada provincia, donde sus policías y disposiciones municipales se dedican a condenar a las personas transexuales, a perseguirlas y a profundizar la discriminación.

Por esto mismo, planteamos: Ley de Identidad de Género ya. No a la heterosexualidad impuesta compulsivamente por el Estado. Separación de la Iglesia y el Estado. Descriminalización y despatologización de la diversidad sexual. Programas de inserción laboral para personas transexuales. Libre expresi ón de la identidad de género y sexual en ámbitos laborales, educativos y de salud. Que el Estado garantice el acceso a tratamientos quirúrgicos y hormonales de cambio de sexo. Aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual laica y científica. Suministro de anticonceptivos gratuitos y de protección contra ETS para todos. No a la persecución policial y la violencia de género a gays, lesbianas y transexuales.

Partido Obrero

La “sintonía gruesa”

El tándem Kicillof, Moreno y Marcó del Pont ha tomado nuevas medidas para intentar detener la disparada del dólar. El alerta rojo se ha prendido ante el fracaso de todas las iniciativas adoptadas hasta ahora -como la restricción a las importaciones y a la compra de divisas, o la obligación de repatriar las divisas generadas por la exportación. La demanda de divisas es creciente. La fuga de capitales por medio de la compra de deuda pública en dólares con pesos se realiza a un cambio de casi 6 pesos por dólar. La distancia entre el oficial y el ‘negro’ o el ‘blue’ es casi del 20 por ciento: un récord. Ante esto, una nueva resolución obliga a ingresar las divisas de exportación en un plazo de quince días y, al mismo tiempo, se estudia extender de 72 horas a 30 días el plazo mínimo para poder revender acciones o bonos al exterior.

La preocupación por la brecha cambiaria determinó una fuerte venta de títulos públicos en dólares por parte de la Anses (“para calmar el mercado”): sucede que un lucro del 25 por ciento estimula la compra de dólares en el mercado oficial para venderlos en el paralelo. La Afip ha aflojado las restricciones para comprar dólares, también para achicar esa brecha, lo que ha dejado a los bancos sin dólares billete. Se desarrolla, de este modo, una pérdida de reservas bajo la presión de la especulación en el mercado de cambios. Con esta política, la especulación contra el peso ha pasado a nutrirse de la oferta oficial. Las concesiones oficiales apenas han achicado la brecha entre el paralelo y el oficial -más que eso: la incentivan.

Bajo estas condiciones, se potencian los desequilibrios que arrastra la economía K. El gobierno necesita 15 mil millones para pagar los vencimientos de deuda externa de 2012 y 13 mil millones para la importación de combustibles. Según datos del BCRA, las compras de divisas por parte del organismo en los primeros meses del año han sumado 4.515 millones de dólares, pero las reservas sólo crecieron 1.222 millones. La diferencia refleja la magnitud de la salida de divisas.

Lo que ocurre en el mercado de cambios refleja la tendencia a una cesación de pagos con el exterior, que complementa la que ya ocurre en el mercado interno: las provincias, en especial, están incurriendo en impagos crecientes con los proveedores y en varias localidades se plantea la emisión de cuasi monedas. El desarrollo de esta crisis muestra los límites insalvables del intervencionismo estatal que inspiran Moreno-Kicillof.

Pablo Heller