Cuando al secretario general del gremio municipal de Córdoba, Rubén Daniele, le preguntaron por qué un ultrakirchnerista como él apoyaría una candidatura de Juez a la gobernación de Córdoba, no dudó en responder que "el programa del Frente para la Victoria y el del Frente Cívico son más o menos lo mismo" (La Voz del Interior, 23/1).Al día siguiente, el mismo matutino entrevistó a varios referentes del agro y de otros sectores económicos para saber sus preferencias para la gobernación de Córdoba. En la nota, dos voceros ruralistas, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, Néstor Roulet, y Agustín Pizzichini, titular del Consejo Córdoba de la Federación Agraria, dijeron que apoyarían la candidatura de Juez. El primero lo hace porque dice que tiene "mucho aprecio por Juez, porque en los momentos difíciles de la resolución 125 nos dio una mano, igual que Aguad"; el segundo coincidió: "nos apoyó totalmente en la lucha del campo" (La Voz del Interior, 24/1).
Sin embargo, como esta gente no se caracteriza por la melancolía de estar recordando tiempos pasados, lo que los une a Juez son lazos actuales aún más fuertes.
La mitad de sus legisladores hace un par de meses votaron junto a las bancadas del PJ y la UCR un verdadero banquete para los sojeros: la Ley de Bosques. Esa ley, entre las principales modificaciones que introduce, reduce las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas, habilitándose un millón de hectáreas para el desmonte (¡en una provincia con crisis hídrica!); se cambia el concepto de "bosque nativo": se incluye en él sólo a los árboles maduros o viejos y no los tres estratos (hierbas, arbustos y árboles); se permite el rolado y la siembra de exóticas como el forraje para la ganadería; se elimina la obligación de convocar a audiencia pública para autorizar desmontes o cambios de uso del suelo categoría "roja" y se elimina la creación de un cuerpo voluntario de cuidadores del bosque nativo.
Por otro lado, a pesar de presentarse como el paradigma viviente de la anticorrupción, defiende el principal fraude que ha quebrado y endeudado a la provincia durante los gobiernos de De la Sota y Schiaretti: el desfinanciamiento del Estado mediante la evasión impositiva de 1.000 millones de dólares anuales en impuestos al agro y los 1.000 millones de pesos en subsidios anuales que se llevan las multinacionales automotrices y de la informática.
El candidato de Pino
Como se ve, Juez ha mostrado tanto a las patronales del campo como a las industriales que es un hombre de Estado, cuyo gobierno va a defender sus negocios a costa de lo que sea. A tal punto que, en plena lucha salarial de los estatales, se pronunció por tranquilizar no a docentes y médicos sino a los capitales especulativos, ya que él es partidario de un "Estado austero" que permita pagar religiosamente la fraudulenta deuda cordobesa.
Estas coincidencias del juecismo con la política de la derecha no le quitó el apoyo de Pino Solanas; más aún, de la mano de Solanas, Juez recuperará un viejo aliado: los (no tan) Libres del Sur, y sumará al MST.
La única salida es la independencia política
La pretensión de presentar al juecismo como una salida ante un posible nuevo gobierno de De la Sota está al servicio de la confiscación política de las aspiraciones y luchas del pueblo cordobés.
Los movimientos ambientalistas, las comunidades campesinas (sobre todo del norte cordobés), el movimiento estudiantil que enfrentó la ley de educación clerical y privatista, los trabajadores que han dado fuertes luchas por el salario y contra la precarización laboral tienen, en la política cotidiana actual del juecismo, el anticipo de la orientación de un hipotético gobierno de Juez.
Las energías de ese activismo hay que volcarlas en poner en pie una alternativa política propia, desenvolver las luchas por las reivindicaciones y darles una expresión electoral. Esa es la tarea que aborda el Partido Obrero.
Alejandro Roqueiro
