Fuera la burocracia sindical
El desbarranque de la muletilla kirchnerista "Moyano es el dirigente que yo quisiera tener en mi gremio", no puede ser más completo. El camionero reunió de urgencia, en horas, a la cúpula de la CGT para defender al "duhaldista" Venegas y al "compañero Zanola", "por encima de las diferencias". La inclusión de Zanola (y su mujer) después de horas de debate no deja dudas de una presión política de conjunto a favor de la impunidad de toda la burocracia sindical. La CGT ha dicho que "los dirigentes sindicales parecieran sufrir la presunción de culpabilidad, no de inocencia", quedando a milímetros de pedir que Pedraza no sea molestado (bien mirado, lo ha planteado por elevación). Duhalde ha dicho que apuntaron al "corazón del peronismo", es decir a la burocracia sindical. Moyano se le unió.
Es que la causa llegó demasiado lejos, hay por lo menos cinco delitos en juego que, bien investigados, ya no abarcarían a las 52 obras sociales involucradas hasta ahora, si no a todas. Troqueles falsos, adulteración de medicamentos, uso del dinero asignado a remedios para otros fines (como serían veinte vehículos de Uatre), lavado de dinero (los cheques para la campaña kirchnerista no habrían provenido de los fondos del empresario importador de efedrina Néstor Lorenzo, sino que se habrían usado para encubrir fondos que venían presumiblemente del tráfico de drogas). El agua llega muy cerca del cuello del propio Hugo Moyano, puesto que la obra social de camioneros está fuertemente involucrada en la cuestión de los medicamentos, con uno de los auditores de su obra social ya procesado en la causa y su propia mujer en la mira de la justicia porque es la gerente de los negocios de salud -y de los otros- de la burocracia camionera.
Patricia Bullrich, que de esto sabe porque fue ministra de Trabajo de De la Rúa y amiga íntima de Santibáñez, jefe de la Side de aquel gabinete, declaró que el lavado de fondos por vía del preso Néstor Lorenzo podría provenir de la caja institucionalmente negra de la Side, que -agreguemos- durante el kirchnerismo ha cuadruplicado sus fondos medidos en moneda constante.
Un resorte clave del moyanismo está bajo la lupa, según se deduce de estos delitos: el manejo de la APE, la administración de fondos especiales que concentra miles de millones para tratamientos de alta complejidad. Una caja formada por el 10% de los aportes que va a este fondo de redistribución y que es administrada por el Estado kirchnerista-moyanista. Moyano está admitiendo que "Cristina presidenta" le debe 6 mil millones de pesos a las obras sociales en este rubro, lo que constituye una confiscación para pago de deuda pública y otros fines. Moyano protesta pero con sordina, porque él maneja discrecionalmente para sus sindicalistas este fondo. De allí, y de su descontrol y transfugueadas, surgen algunos de los desvíos ventilados en la causa.
Venegas tuvo que declarar por el procesamiento en tres causas, pero sabido es que varias de estas causas ya están ligadas al triple crimen de General Rodríguez, cuyas conexiones con cárteles de la droga aparecieron por todos lados. Sabido es también que se estima que el crimen del sindicalista de la Obra Social de Maestranza está siendo vinculado al caso. También sabemos que el asesinato de Beroiz, el tesorero rosarino de la federación camionera, fue resultado de una feroz interna que está saltando cada día más adentro de Camioneros. Si Oyarbide avanzara por algún motivo en el delito de los "retornos", el vaciamiento de clínicas propias, la venta adulterada de activos de las obras sociales, lo manejos a favor de prestadores ligados a las gerenciadoras ligadas a los dirigentes sindicales que regentean las obras sociales, no quedaría títere con cabeza de toda la burocracia sindical.
El Momo Venegas, atacado últimamente por cierto kirchnerismo por tolerar el trabajo esclavo en los campos o haber apoyado a la Mesa de Enlace, antes de la crisis del campo era el ejemplo de "regularización" del trabajo rural para el propio Ministerio de Trabajo de Néstor Kirchner. Es más, el Renatre, un órgano obrero-patronal de regulación del trabajo agrario, formado por la Sociedad Rural y las demás patronales agrarias junto a la Uatre de Venegas, fue creado en 2004. Se trata de una criatura colaboracionista de cuño kirchnerista responsable de que el 60/70% del trabajo agrario sea en negro, de que los peones rurales tengan un salario de pobreza y de que se haya prolongado la exclusión del sector de la ley de contrato de trabajo que rige a todos los trabajadores de la producción. Venegas es un Pedraza, puesto que está asociado como él al negocio de la explotación de sus propios compañeros; por eso, para el duhaldismo, la burguesía agraria, Solá, el degennarista Eduardo Buzzi y hasta Alfonsín "genera dudas el accionar del ejecutivo sobre la justicia". La defensa de Venegas fue una cuestión de Estado.
El kirchnerismo sindical se distanció políticamente de Venegas y Barrionuevo con motivo de la crisis con el capital agrario que los tenía en un mismo frente de clase junto a toda la patria sojera, para la cual el gobierno sigue gobernando como lo demuestra el boom del "yuyo" y de sus exportadores que se multiplica año tras año. El fabuloso cierre de filas operado en horas, ante la detención para indagar a Venegas, es una enorme escuela para los trabajadores acerca de la naturaleza de la burocracia sindical.
Resulta notable que la CGT jamás tuvo reunión ni de urgencia ni de las otras, ni declaración alguna para defender a los miles de procesados por luchas sindicales de decenas de gremios de todo el país, incluidos presos como el compañero Luis Guineo de ATE Santa Cruz o, más recientemente, los cuatro compañeros ferroviarios de Causa Ferroviaria y el PO, por el corte de vías a favor del pase a planta de dos mil tercerizados del Roca y la reincorporación de centenares de despedidos. No se ha pronunciado por la cárcel a los asesinos de Mariano y mucho menos, por la cárcel a Fernández y Pedraza, cuya indagatoria ya está doblemente pedida por dos fiscales diferentes.
Dos centrales irreconciliablemente enfrentadas por las listas de octubre, la de Moyano y de Barrionuevo, se unieron de pronto en torno a la defensa de la corrupción generalizada que caracteriza a la burocracia sindical. El encarcelamiento de las mafias de los medicamentos y la investigación de la caja negra de la APE y de todas las obras sociales son banderas políticas para toda la clase obrera. Los seis mil millones adeudados por el gobierno kirchnerista a las obras sociales tienen que volver a los trabajadores, no al bolsillo de la burocracia sindical. Los trabajadores tenemos que replantearnos a fondo la intervención en los sindicatos y las obras sociales: apertura de libros a comisiones obreras electas en asambleas; independencia de los sindicatos y electividad de los cargos de las obras sociales; sistema único de salud articulado, gratuito y universal para todos los trabajadores.
Néstor Pitrola
REGIONAL CÓRDOBA
