El 6 de julio, el gobierno prohibió por decreto la publicidad de oferta sexual en los medios gráficos: la más conocida, el rubro 59 de Clarín. Alega el propósito de combatir la trata de personas.
La Presidenta denunció la "doble moral y la hipocresía" de aquéllos en que sus páginas principales reclaman medidas contra la trata de personas "y facturan abultadas cifras por clasificados de comercio sexual" (Página/12, 6/7). Entre el auditorio que recibió el anuncio, se encontraban numerosos intendentes que regentean el enorme negocio de la prostitución que se despliega en sus distritos.
La Presidenta aprovechó la oportunidad para recordar que desde 2008, cuando se aprobó la Ley de Trata, fueron ‘liberadas' 2.221 mujeres y más de 1.000 sólo en los últimos cinco meses. Nuevamente, evitó explicar por qué luego de tres años de aprobada la ley no fue desmantelada una sola red -integradas por funcionarios policiales, de migraciones, banqueros, dueños de hoteles y funcionarios de habilitaciones, entre otros. Sobre las "liberadas", el Ejecutivo también nos ha privado de conocer el destino y los recursos con los cuales las víctimas están ejerciendo su "libertad", quizá porque han debido volver al punto de origen de sus pesares, el barrio, o porque están siendo explotadas en otro prostíbulo, lindero del que fueron "liberadas". Hace apenas unos días, funcionarios de La Cámpora del Ministerio de Seguridad recibían al Centro de Estudiantes de Psicología y a víctimas que denunciaban los intentos de secuestros en la zona de Once y, a la par de la ministra Garré, desestimaban esas denuncias y defendían a la Comisaría 8ª, involucrada en los delitos de la zona hasta el hueso.
Así lucha el gobierno contra la trata. Bajo el imperio de la Ley de Trata, durante junio, fue procesada la primera persona en la provincia de Mendoza, a la cual condenaron apenas a cuatro años de prisión por encontrarla responsable de captar, trasladar y vender personas. Esa es la pena que la ley kirchnerista le aplica a este delito.
A través de un comunicado, las integrantes de Ammar señalan: "Creemos que la prohibición de publicar avisos de trabajo sexual no sólo no acabará con la trata de personas con fines de explotación sexual, sino que esta medida cercena el derecho de nosotras, las trabajadoras autónomas, de publicar nuestros servicios" (sic).
Mientras toma esta medida efectista, el gobierno sostuvo por dos años al denunciado jefe de la división Trata de Personas, el comisario Fernández (acusado de regentear el negocio) y lo colocaba a la cabeza de supuestos eventos contra la trata, organizados por el Ministerio de Seguridad y recién hace dos semanas lo desplazó ante la contundencia de la evidencia. Una mujer policía fue separada de su cargo por denunciarlo.
Con el reemplazo de 52 comisarios de la Ciudad, Garré no llevó adelante ni una investigación sobre la participación policial en el delito organizado, en una ciudad que cuenta con cientos de espacios donde se explota la prostitución -delito condenado por la ley de profilaxis desde hace 80 años.
El FpV ha armado todas sus alianzas electorales con los barones del conurbano, fieles defensores e impulsores de este terrible negocio. Una ONG no ligada al gobierno puso de relieve que Río Gallegos y la provincia de Santa Cruz son un enorme territorio prostibular. La medida ha sido un nuevo golpe del gobierno contra una de las fuentes de recaudación de Clarín, ni la más importante ni la mayor si tenemos en cuenta que el grupo factura alrededor de 6 mil millones de pesos al año, de los cuales este negocio representa 12 millones. En lo relativo al ascendente negocio de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, mientras el gobierno continúe protegiendo a los barones del conurbano y a las patronales de la industria de la indumentaria, del turismo y del campo, que desarrollan su negocio sobre la base de la esclavitud laboral y sexual, estos anuncios no serán más que cortinas de humo, acompañadas y legitimadas esta vez por supuestas representantes de los derechos de las mujeres.
Denunciamos a quienes buscan eliminar la prostitución del espacio público para reforzarla en el privado. Queremos que deje de existir.
Planteamos:
Desmantelamiento de las redes de trata. Subsidios acordes a la canasta familiar para las mujeres rescatadas. Cárcel a todos los funcionarios policiales y políticos, y para todos los integrantes de las redes. Investigación de la industria de la indumentaria y de todas las ramas de la producción que se basan en trabajo en negro y esclavo. Blanqueo de los trabajadores en negro y esclavos. Fuente de trabajo en blanco para todas las mujeres jefas de hogar. Incautación de los bienes de los tratantes y de los capitales adquiridos con trabajo esclavo.
Vanina Biasi
REGIONAL CÓRDOBA
