Los ríos de tinta escritos para celebrar la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -o de "medios"- han ido a parar al tacho de la basura. El gobierno nacional, a través de las resoluciones 865/2011 y 866/2011 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, acaba de llamar a licitación para la adjudicación de una gran cantidad de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT). Aquí se acaba la pretensión kirchnerista de democratizar el espectro mediático.
Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por citar un ejemplo, los pliegos para presentarse a la licitación tienen un costo que va desde los 70 mil a los 140 mil pesos para las organizaciones sin fines de lucro. ¡A precios populares, señores! A esto hay que sumarle el depósito de la "garantía de mantenimiento", el plan de inversiones que se requiere para participar en la licitación y las condiciones que hay que cumplir para ser admitido como posible licenciatario.
Un gran paso adelante -decían- cuando estas organizaciones (donde también entran las fundaciones, la Iglesia y los sindicatos en manos de la burocracia) fueron consagradas dentro de la nueva ley con derecho a ser licenciatarias de frecuencias de radio y televisión. Pero, como en esta sociedad, del derecho al hecho hay un largo trecho, ahora se ven todas las limitaciones de la ley y cuál era el objetivo que estaba detrás de su sanción. Ampliar el espectro de voces, pero sólo para aquéllos que podían solventar estos costos: o sea, la misma clase social a la cual el gobierno le cuida muy bien sus intereses.
En consonancia con la Ley de Reforma Política, la aplicación de la Ley de Medios está dirigida a que las voces opositoras (las que expresan pensamientos alternativos al régimen social imperante) no tengan la posibilidad de expresarse ni de difundir sus ideas, ni en la campaña electoral ni el espacio mediático. Ni democráticas ni populares, ninguna de las dos.
Maximiliano Duquelsky
REGIONAL CÓRDOBA
