Por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito
Entre las posibilidades que ofrece este momento de gran repercusión mediática de las posiciones revolucionarias y del programa de los socialistas, está la de poder expresar de forma pública cuestiones que hasta ahora llegaban a un sector reducido de la sociedad.
La lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es uno de estos temas. Según números oficiales, se producen al año entre 500 y 600 mil abortos. La Iglesia, los funcionarios y los gobernantes son los responsables de la enorme tasa de abortos a los que las mujeres deben recurrir. Las condiciones de vida, la falta de ingresos, las violaciones o la necesidad de preservar una fuente de trabajo son, en la mayoría de los casos, la causa de los abortos provocados. También los que se producen de forma llamada "espontánea" tienen su origen, en muchos casos, en las malas condiciones laborales o las condiciones de angustia que viven las mujeres debido a su condición social, el maltrato intrafamiliar y otras causas similares.
La atención sanitaria, producto de la privatización de la salud y del vaciamiento hospitalario, no está al alcance de extensos sectores de mujeres. Las mujeres son la mano de obra precarizada, sin acceso a obras sociales ni a los beneficios jubilatorios. La Iglesia y una parte de los políticos de la burguesía se encargan de etiquetar de "abortistas" a quienes luchamos para que el Estado garantice que ninguna mujer se muera por la práctica de un aborto y que garantice las condiciones sanitarias y de contención necesarias para su práctica.
En la Argentina, aun en los limitados casos en que la práctica está despenalizada, se obstaculiza el acceso al derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. El sistema de salud está inficionado por la Iglesia y funcionarios, los que en todas las provincias del país bloquean la práctica de abortos terapéuticos o por violaciones, ambos despenalizados. La cuestión está colocada en el terreno de una puja política en la que las iglesias católica y evangélica están embarcadas, para lo cual cuentan con el apoyo de quienes detentan el poder del Estado. La propia Cristina Kirchner explota, sobre todo en épocas electorales, su perfil religioso y cada vez que puede recuerda que es enemiga del derecho al aborto. El reciente caso de Misiones es una nueva prueba de este hecho: dos funcionarios políticos, el director y el gerente asistencial del hospital del Parque de la Salud de Posadas, elegidos por el gobierno del kirchnerista Maurice Closs, fueron los responsables de obstruir el pedido de aborto de la madre y la niña, violada por su tío. Este ejemplo también muestra la imposibilidad de luchar exitosamente por el derecho al aborto, abstrayéndose de las responsabilidades políticas, como pretenden algunos organismos que, finalmente, medran del Estado.
"Abortista" es el Estado que impone las condiciones materiales que hoy provocan los abortos inducidos u espontáneos. “Abortista” es el Estado que se arroga el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Y “abortista” es también el Estado, incluso en los países donde el aborto es legal, porque bajo las condiciones de la explotación social son las clases trabajadoras las que cuentan con menos herramientas para poder planificar su vida -y, en particular, las mujeres. El aborto clandestino opera como un mecanismo más de disciplinamiento social, donde la familia es un ámbito privado en el cual deben ocultarse las frustraciones que se viven en esta sociedad clasista, los atropellos patronales y del Estado, y de tutelaje sobre las mujeres, cuestionando su capacidad personal para decidir sobre su propio cuerpo.
El abordaje de la cuestión en los términos del régimen capitalista ha llevado a supuestas progresistas a transformar el reclamo de aborto legal, en lo que respecta a las mujeres pobres, en un planteo limitado a una cuestión de control de la natalidad: ‘si sos pobre, los parlamentarios burgueses trasformarán un legítimo reclamo democrático en un planteo de control de los pobres: tenemos ligaduras de trompas o abortos legales para que limites la reproducción de la especie de los pobres'. En oposición a este planteo, que termina transformando al control de la reproducción en una de las variantes del ajuste capitalista contra las masas, los socialistas hacemos del derecho a la maternidad, del derecho a poder gozar de una vida material que cubra las necesidades básicas de las mujeres y de la lucha por el aborto legal un planteo y una lucha común.
Ni las "especialistas de género" ni el gobierno pueden imponernos sus criterios de "control de nuestra reproducción". Que jamás una mujer debería verse privada del derecho a la maternidad "por razones económicas" no figura en su lista de derechos, porque su única política de disminución de la pobreza es la disminución de nacimientos de chicos pobres. Nosotras exigimos anticoncepción gratuita y legalización y gratuidad del aborto, de la vasectomía y de la ligadura de trompas. Pero con la misma fuerza con que defendemos nuestro derecho a no ser madres o a decidir cuántos hijos tenemos, exigimos que el Estado provea vivienda, salud y educación para todos los hijos que sí decidamos tener. El capitalismo es incapaz de garantizar ni un derecho ni el otro. Por eso sus políticas de anticoncepción, disociadas del derecho a la maternidad, pierden cualquier carácter progresivo y son puro control de la natalidad. "Control estatal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres", señalaba una nota de Olga Cristóbal en Prensa Obrera (6/7/06), referida a la aprobación de la ligadura de trompas y la vasectomía.
Educación sexual científica y laica. Trabajo en blanco con sueldos acordes a la canasta familiar, vivienda para los trabajadores. Jardines maternales en los barrios y lugares de trabajo. Salud gratuita y de calidad. Para decidir: anticoncepción gratuita y adecuada a cada mujer para prevenir el embarazo no deseado. Aborto legal, seguro y gratuito para que las mujeres no mueran ni deban pasar por vejaciones cuando quieren o necesitan abortar.
Vanina Biasi
REGIONAL CÓRDOBA
