Pero, se sabe, un matrimonio de conveniencia se disuelve cuando la conveniencia entra en crisis, cosa que sucedió cuando los K respaldaron los intereses de los pulpos telefónicos contra los de la "corpo" en el negocio del triple play. Ahora, el trámite de divorcio ha ingresado en una etapa particularmente conflictiva, aunque también en este caso hay más ruido que nueces.
En principio, la ley regulatoria del mercado de papel para diarios declara "de interés público" la producción de ese insumo. A diferencia de lo que ocurriría con una declaración de utilidad pública (una herramienta constitucional), el llamado "interés público" no abre las puertas a expropiaciones, y ni siquiera a una injerencia estatal extraña a la empresa.
Sin embargo, al obligar a Papel Prensa a abastecer la totalidad del consumo nacional de papel para diarios, el Estado se permite aumentar su participación en el capital accionario de la empresa, que hoy es del 27 por ciento. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Monopolio privado, monopolio estatal
La Argentina consume anualmente 225 mil toneladas de papel, y Papel Prensa produce 175 mil (el 74 por ciento). El resto se importa con arancel cero, de modo que el papel importado resulta más barato que el ofrecido por la sociedad de Clarín, La Nación y el Estado. Es más: el precio internacional del papel tiende a bajar porque es una commodity sobreofertada, debido a que la crisis ha hecho disminuir la tirada de los grandes diarios en el mundo.
Como se ve, la ley no tiene el propósito de asegurar la provisión de papel, disponible para todo el que pueda pagar algo más de 3 mil dólares la tonelada. Como ha dicho el diputado kirchnerista Agustín Rossi, la nueva norma no pone en peligro los derechos de propiedad de Clarín y La Nación sobre Papel Prensa. La posibilidad de que el Estado amplíe su parte en el paquete accionario (siempre que los dos socios privados no incrementen sus inversiones) abre una pugna comercial dentro de la empresa, pero en modo alguno coloca en cuestión a la empresa misma ni a sus propietarios, ni la provisión de papel para Clarín y La Nación.
Por eso Clarín invirtió algo más de 300 millones de dólares en 2011 y anuncia "fuertes inversiones en la tecnología HD para Canal 13 y TN, en Cablevisión y para contenidos y publicidad digital" (Perfil, 3/12). No es la política de una empresa en retirada, así la "desinversión" a que lo obliga la llamada "ley de medios" (discutida en sede judicial) lo haga desprenderse de parte de sus marcas.
En otras palabras: el peligro grande lo sufren todos los demás, no el grupo Clarín ni La Nación. Si el Estado efectivamente avanzara hasta equiparar el número de acciones de Clarín en Papel Prensa, o aun si adquiriera una posición dominante, el pulpo de Magnetto no tendría problemas para aprovisionarse de papel. Por el contrario, sería el resto el que quedaría sometido al arbitrio energúmeno de Guillermo Moreno, transformado en "autoridad de aplicación" de la norma regulatoria. Entonces se vería hasta qué punto el monopolio estatal puede ser mucho peor que uno privado.
La "supervisión parlamentaria" que se anuncia, a cargo de una comisión bicameral, es una superchería. Para que fuera efectiva debería suprimirse el secreto comercial, pero en ese caso sí quedaría en tela de juicio no sólo la propiedad de Clarín y La Nación en Papel Prensa sino, además, la propiedad capitalista en general. Los "observadores" parlamentarios no pueden afectar la posición dominante de los accionistas mayoritarios ni los pactos societarios, aun los secretos, permitidos por la ley y por los estatutos de las empresas.
Así, aún en el momento más álgido del divorcio entre los K y el grupo Clarín, el bochinche triunfalista del oficialismo y los chillidos histéricos de la oposición, de Magnetto y de la familia Mitre, esconden una capitulación del gobierno ante la "corpo", que se apropió de Papel Prensa durante la dictadura, de manera ilegítima, ilegal y criminal. Para cualquier demócrata consecuente no puede haber legalidad bajo una dictadura militar, y todas sus normas y todos los contratos -públicos o privados- firmados bajo sus condiciones son insanablemente ilegales y están, por eso mismo, sujetos a revocación. Pero está a la vista que resulta imposible ser un demócrata consecuente sin poner en cuestión todo el régimen político y social imperante.
Asegurar la libertad de imprenta y, con ella, la de pensamiento y de expresión, obliga a disolver Papel Prensa SA, para que la producción de papel para diarios pase a manos de las fuerzas políticas efectivamente existentes, que operarían bajo control de organizaciones de periodistas, de la cultura y ambientales, y de trabajadores gráficos y papeleros -todo lo cual supone la expropiación del monopolio capitalista y la exclusión del Poder Ejecutivo del manejo de la prensa.
A. Guerrero
