El "pase a retiro" equivale a una jubilación anticipada. La decisión de Garré les brinda a Mansilla y a Ferreyra una salida "decorosa", cuando se encuentran a las puertas de un juicio oral y público en el que serán acusados por las querellas de las víctimas de haber participado activamente de un planificado ataque criminal. De esta manera, en cambio, ambos oficiales conservarán sus pensiones.
El 20 de octubre de 2010, Mansilla y Ferreyra estuvieron permanentemente sobre las vías del ferrocarril, apostados junto a Pablo Díaz y todo el "comando operativo" de la patota de Pedraza. Tenían a su cargo un dispositivo de 90 efectivos, apoyados por patrulleros y camiones hidrantes, lo cual destruye la coartada de que se vieron "superados".
Cuando el centenar de matones descendió del terraplén para atacar a los tercerizados y militantes que doscientos metros más allá se estaban desconcentrando, los móviles se apartaron para darles paso. Consumado el ataque, la policía permitió que los agresores se deshicieran de las armas ni identificó a ningún atacante; tampoco acordonó la zona (lo cual permitió que se destruyeran pruebas importantísimas) ni informó al fiscal de turno, a pesar de haber habido un muerto y varios heridos por arma de fuego. La policía ocultó deliberadamente las comunicaciones mantenidas aquel día y evitó registrar en video el momento de la agresión de la patota. Mansilla y Ferreyra también están imputados por haber autorizado la presencia de una docena de agentes de civil -algo que se supone expresamente prohibido en el protocolo de la Federal. Justamente mientras Mansilla informaba a la Dirección de Operaciones que estaba "todo tranquilo", policías sin identificación advirtieron al equipo periodístico de C5N presente en el lugar de los hechos que se retiraran "porque va a haber problemas".
Todo esto (y más aún), consta en el expediente judicial. La evidencia de la activa participación policial en el ataque es más que abundante. Sin embargo, la política oficial fue la de apoyar en todo momento a la policía.
Aníbal Fernández -en aquel entonces, jefe de gabinete- calificó de "impecable" la actuación policial. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal -dependiente del ministerio que encabeza Garré- proporcionó defensa gratuita a los policías hasta un año después del crimen de Mariano. En ese lapso, los asesores de la Federal plantaron diversas chicanas jurídicas que demoraron la causa en la que se acusa a los policías.
Finalmente, Mansilla y Ferreyra fueron quienes, dos meses después del crimen de Mariano, firmaron las actas por las cuales un juez federal procesó a los compañeros de "Causa Ferroviaria" que reclamaban el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo con los tercerizados del Roca. La acusación, se sabe, la lanzó Garré en conferencia de prensa desde un estrado oficial.
Repudiamos el encubrimiento oficial sobre los policías y reclamamos el inmediato inicio del juicio que encontrará a Pedraza, sus matones y policías en el banquillo de los acusados.
Jacyn
