Hace pocas horas ha muerto electrocutado otro trabajador del subte, del taller Congreso de Tucumán, víctima de las condiciones de inseguridad laboral (hace poco más de un año un compañero fallecía en circunstancias similares en el taller de Constitución).
Estamos frente a otra manifestación de la crisis terminal del transporte público, que se suma a la tragedia ferroviaria de Once y a otras tantas, que siempre terminan costando vidas de trabajadores y usuarios.
Mientras esto ocurre, el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires siguen sin hacerse cargo de la responsabilidad que les cabe por la condiciones de inseguridad del transporte público. Los Cirigliano y los Roggio siguen donde estaban, incluso recibiendo cuantiosos fondos públicos bajo la forma de subsidios. En el caso de Roggio, de Metrovías, fue beneficiado con un tarifazo escandaloso.
La responsabilidad de lo ocurrido recae sobre los dos gobiernos, el de la nación y el porteño. Hay que terminar con las privatizaciones. Fuera los Roggio y los Cirigliano del transporte. Abajo el tarifazo. Control de los trabajadores sobre el transporte público. Juicio y castigo a los responsables de esta nueva muerte y de la tragedia de Once.