Entre las medidas, se envía un proyecto de ley a la Legislatura provincial prohibiendo whiskerías y cabarés, y sancionando con arresto por sesenta días a quienes los regenteen, porque, dice el gobierno, encubren el funcionamiento de prostíbulos. Pero esos establecimientos, encubiertos o no, están prohibidos desde hace más de ochenta años y está tipificado como delito, que cuenta ya con penas más elevadas. En Córdoba, como en todo el país, esos locales funcionan a la vista de todos y con habilitación oficial, incluso pagando impuestos. Sólo para la Justicia y la policía se encuentran ‘encubiertos’.
Por otro lado, se crea una división especial de la policía y una Secretaría de Prevención de Trata. Pero no hay una sola investigación en la provincia que apunte a la participación policial en el delito organizado, siendo que en junio de 2011, el por entonces jefe de policía (hoy ministro de Seguridad de De la Sota) decidió el retiro de 58 comisarios.
De la misma forma, la Ley Nacional de Trata aprobada por el kirchenrismo no ha servido para desmantelar hasta el momento ni una sola red mafiosa. El caso Marita Verón, desaparecida en la provincia de Tucumán, puso al desnudo el estrecho vínculo entre el juego, la droga y la trata, pero también la imprescindible participación y complicidad de sectores del poder. Sin ir más lejos, en la provincia tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre, sobre los cuales el gobierno todavía no ha dicho una sola palabra.
Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos los anuncios del gobernador como un reforzamiento de las redes de trata y del negocio de la prostitución. Asimismo, levantamos un programa independiente que termine con este flagelo. Desde esta posición convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, a impulsar un gran movimiento de lucha contra la trata, el narcotráfico y la impunidad.
Soledad Díaz García
