Al asegurar que “cumplirá con compromisos financieros”, el gobierno asume como propia la deuda de 9.000 millones de dólares que dejó Repsol, a los que se suman los casi 2.000 de ‘deuda flotante’ -compromisos con proveedores, de pago casi inmediato. Entre 2008 y 2011, la deuda externa de YPF se triplicó, en coincidencia con el período de mayor desinversión de la compañía. Un vaciamiento típico por medio de autopréstamos, el cual fue autorizado por el gobierno. Ahora el Estado se hace cargo de esos compromisos fraudulentos. La demanda que Repsol impondrá en los tribunales extranjeros y en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, pone de manifiesto que Argentina sigue aceptando la jurisdicción extranjera para litigios en el país. Esto alcanza para definir el status semi-colonial de la gestión kirchnerista. El kirchnerismo nunca denunció los acuerdos inconstitucionales que someten al país a tribunales de jurisdicciones externas.
Un vaciamiento después de otro
Crecen las versiones de que el gobierno estaría considerando ‘expropiar’ las acciones del grupo Ezkenazi -precisamente lo que reclaman los que critican la expropiación ‘discriminatoria’ de Repsol. Pero en ese caso, ‘estatizaría’ también la deuda de los Ezkenazi con un conjunto de bancos internacionales y la propia Repsol, por otros 2.900 millones de dólares. La justificación para este despropósito “es ofrecer después ese paquete a una o varias compañías extranjeras” (La Nación, 29/4). Reconocer la deuda de los Eskenazi implica una revalorización del capital accionario de YPF -si 2.900 millones vale la cuarta parte, el ciento por ciento a expropiar sería de 12 mil millones de dólares, por lo que la mitad de Repsol subiría a 6 mil millones.
El gobierno necesita una recuperación inmediata de la producción de petróleo y de gas. Para eso reflotaría un plan que ya había diseñado Repsol (Héctor Giuliano, en Argenpress, 25/4): conceder el 30% de los pozos relegados a Exxon, Total y Petrobras. Para ello, debería aumentar la remuneración en boca de pozo (los programas “petróleo y gas plus”) y traspasar ese aumento a los precios de surtidor y a la industria petroquímica. Por el lado que se la mire, la reprivatización está atada a un tarifazo.
Crisis política
La intervención de YPF es un recurso de última ante el desmoronamiento energético y la incapacidad de Repsol para levantar el muerto. Ese derrumbe tiene alcances más amplios, como ya se insinúa en Edenor con otro vaciador ‘amigo’, el empresario Mindlin. Todo el sistema de privatizaciones menemistas, al cual los K han intentado rescatar con subsidios, se encuentra en bancarrota -además del propio Estado, que gastó los recursos del fisco en esos subsidios. Estamos en las vísperas de un manotazo eléctrico.
La crisis energética ha creado también una crisis en la tentativa de las provincias de financiar sus déficits fiscales con deuda extranjera. Los empréstitos con el exterior que tramitaban más de diez provincias han debido suspenderse por la suba de la tasa de interés internacional para la deuda de Argentina. El escenario de las cuasimonedas -los ‘patacones’ o ‘lecops’ que precedieron a la crisis de 2001- comienza a sonar en varias provincias y municipios. No habrá una transición indolora a la fundición del ‘modelo’. El Congreso no está votando la expropiación parcial de YPF, sino firmando un cheque en blanco.
La crisis energética tiene dimensiones que superan las soluciones aisladas (y mucho más las capitalistas): reclama una reorganización del país sobre bases anticapitalistas.
Marcelo Ramal
