Según informa Tiempo Argentino (13/5), el gobierno tiene casi listo para enviar al Congreso un proyecto que, de aprobarse, reemplazaría la ley que implantó el régimen de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) en 1995. Por los anticipos ofrecidos, la nueva legislación no haría sino perfeccionar aquel sistema pergeñado por el menemismo, en cuanto la seguridad laboral de los trabajadores seguirá en manos de pulpos privados.
Una ‘alta fuente gubernamental’ -dice Tiempo- asegura que la nueva legislación introducirá “un cambio integral, como ocurrió con YPF”. Ese “cambio integral”, aquí tampoco se ve por ninguna parte.
La ‘doble vía’, un chantaje
Distintos fallos de la Corte han dejado fuera de discusión el derecho del obrero accidentado a recurrir a la Justicia ordinaria si no le satisface la indemnización recibida de las ART. La nueva ley, sin embargo, intenta, chantaje dinerario mediante, retaceárcelo al accidentado o a sus deudos si se tratara de un accidente mortal.
El proyecto establece que la víctima de un accidente laboral recibirá, además de la indemnización fijada por la ART (o por una mutual), un 20 por ciento adicional si renuncia explícitamente a ir a Tribunales con su reclamo. Si no acepta eso, se verá obligado, como ahora, a un larguísimo peregrinaje por los juzgados.
Las ART, según cálculos oficiales, recaudan de sus clientes-empresas unos 10 mil millones de pesos anualmente, de los cuales unos 7 mil millones se destinan a atender gastos prestacionales (indemnizaciones más una previsión del pasivo contingente de juicios, es decir de lo que estimativamente deberán pagar por accidentes futuros). Otra masa de unos 3 mil millones de pesos se va, según las aseguradoras, en gastos de comercialización y gestión administrativa. El gobierno pretende que se reduzcan esos gastos en un 5 ó 6 por ciento, es decir entre 500 y 600 millones de pesos anuales, para constituir el fondo que pagará aquel 20 por ciento ‘adicional’. La variable de ajuste, en medio del ajuste, serán las escasas inspecciones que realizan las ART en los lugares de trabajo.
Negocio in itinere
Un 11 por ciento de los siniestros registrados está compuesto por los accidentes in itinere; es decir los que se producen en el trayecto hacia o desde el lugar de trabajo. Son los más resistidos por las patronales y, por lo tanto, los más difíciles de cobrar.
El proyecto de ley oficialista intenta remediar esto liberando a las ART de una parte importante del costo de esas indemnizaciones. Con ese propósito se establece un régimen de seguros especiales mediante un clearing integrado por las ART y las compañías de seguros que cubren riesgos viales, ya que la mayoría de los siniestros in itinere son accidentes de tránsito.
Si el proyecto se aprueba, las ART y las compañías de seguros deberán destinar el uno por ciento de su facturación para atender el financiamiento de ese tipo de accidentes.
En otro orden de cosas, las actuales comisiones médicas que determinan el nivel de incapacidad sufrido por un trabajador accidentado han sido declaradas inconstitucionales hace ya bastante tiempo. El proyecto del gobierno viene a remediar eso con la constitución de nuevas comisiones integradas por la empresa, la ART y la burocracia sindical. Véase en qué manos queda la seguridad de los trabajadores.
Por otra parte, el proyecto nada dice del 40 por ciento de trabajadores en negro, desamparados de toda protección, mientras refuerza y perfecciona la privatización menemista de la seguridad laboral; es decir, de la completa inseguridad.
Resulta indispensable que los trabajadores tomen el asunto en manos propias, que se organicen comisiones de trabajadores, independientes de la patronal, del Estado y de la burocracia, en cada lugar de trabajo, para imponer normas de seguridad adecuadas. La vida del obrero exige la eliminación lisa y llana del régimen de las ART, de la privatización de la seguridad, y la estatización del sistema bajo control de los afectados; es decir, de los trabajadores. Y debe exigirse que las indemnizaciones por accidentes de trabajo se resuelvan en juicios sumarios y se paguen de inmediato conforme a derecho.
A. Guerrero
REGIONAL CÓRDOBA
