Es precisamente por esto que el Frente para la Victoria no aceptó ninguna modificación al proyecto de ley, al que los llamados opositores votarán a pesar de todo.
Una vez votada la ley, YPF seguirá sustraída al control del poder público, porque seguirá en su condición de sociedad anónima.
Esa sociedad anónima estará piloteada por funcionarios que participaron del vaciamiento en complicidad con Repsol.
Esta sociedad anónima podrá convocar a asociaciones empresarias con otros pulpos internacionales -como Exxon, Chevron, Total o Petrobras- para explotar los pozos que Repsol dejó inactivos.
Esta misma sociedad anónima podrá vaciar la propia empresa, tomando a su cargo la factura por importación de gas licuado y fuel-oil, la que alcanza a 12 mil millones de dólares.
No se vota una ley: se vota un cheque, un cheque en blanco.
Para reconocerle una indemnización a los vaciadores, así como la fraudulenta deuda de 9.000 millones de dólares que le dejaron a YPF.
Para seguir admitiendo a los tribunales del Banco Mundial como árbitros de los futuros juicios que encare Repsol.
La ley ni siquiera obliga al Estado a conservar la mayoría en YPF; puede ampliar el capital y dejar esa mayoría en los capitales que operan en la Bolsa.
La ficción de que se vota una ley le sirve a Alfonsín, a Binner y a Solanas para decir que se trata de “un paso adelante” o “un cambio de rumbo”; los vaciadores conseguirán así doscientos votos para poder presentar al cheque en blanco como una expresión de la soberanía popular.
El tarifazo que permita reducir la diferencia entre el precio de importación y el precio interno -la que va a ser cubierta con subsidios- será presentado como “la voz del pueblo”.
Es el mismo tarifazo que reclamaba Repsol y que reclaman los pulpos que han sido invitados a asociarse con la ‘nueva’ YPF.
Denunciamos este nuevo atropello y reclamamos la nacionalización integral de los hidrocarburos y las privatizadas, sin compensación alguna, bajo gestión de los trabajadores.
