Mientras denuncia a los “agoreros del rodrigazo”, el kirchnerismo asiste al colapso de las privatizadas. Edesur y Edenor se encuentran en cesación de pagos, que el gobierno atribuye a los desvíos de fondos de sus accionistas. A pesar de la alharaca, la plata para los aumentos de los trabajadores de Luz y Fuerza sale directamente del Tesoro. Por su parte, Metrogas también avisó que “después de octubre, entraría en cesación de pagos” (Ambito Financiero, 7/6). British Gas, su principal accionista, confía en “un aumento de tarifas o una suba de los subsidios” (ídem, 13/6). Metrogas carga el fardo de una deuda externa “establecida en paraísos fiscales, que fueron quedándose con la deuda de la empresa a precio de incendio” (ídem). Quizá por eso CFK se reunió con fondos buitres en Nueva York el fin de semana pasado. Es que la capacidad de seguir rescatando a los privatizadores con fondos públicos choca con la crisis fiscal creciente.
No sorprende, entonces, que los diarios anticipen un retome de la “sintonía fina” (ajuste) para la segunda mitad del año. Tratarían de “no hacer cambios antes de que se cierren las negociaciones salariales de los principales gremios, ya que se teme que un ajuste de las tarifas pueda ponerle más presión al reclamo de los trabajadores” (La Nación, 16/6). Se trata del rumbo que habían anunciado Boudou y De Vido en noviembre pasado, pero que está en una impasse “desde que el accidente del Sarmiento obligó a cambiar de planes” (ídem). El retiro del desprestigiado De Vido del área de Transporte y la rescisión a los Cirigliano apuntarían a “preparar políticamente” el tarifazo en puerta. El mismo paquete incluiría “acelerar la devaluación, una vez finalizadas las paritarias” (ídem). El gobierno prepara un viraje en la línea de lo que exigen los Prat Gay o los Lavagna.
Marcelo Ramal
