El proyecto de ley enviado por el oficialismo y aprobado por la Legislatura provincial, que prohíbe whiskerías y cabarés y sanciona con un arresto de 60 días a quienes los regenteen, termina reforzando las redes de trata y el negocio de la prostitución.
El oficialismo fundamentó el proyecto de ley argumentando el carácter encubierto en que se explota la prostitución ajena así como la trata en esos establecimientos. Asimismo dice que ante la imposibilidad de la Provincia de definir delitos, facultad delegada al Congreso de la Nación, el poder de policía sólo le confiere la facultad de implementar, por medio del Código de Faltas, nuevas contravenciones específicas.
Lo cierto es que el problema de la trata no se encuentra en la ausencia de leyes; por el contrario, eso es lo único que existe desde hace años, entre ellas la ley 12.331, de profilaxis, que prohíbe de manera clara y terminante los prostíbulos, y la Ley de Trata del gobierno kirchnerista desde hace cuatro años, así como en el orden internacional la Convención de la Organización de las Naciones Unidas de 1949, entre otros tratados internacionales a los que la Argentina adhiere.
El crecimiento de este flagelo tiene raíces más profundas, relacionadas con la complicidad y participación de funcionarios y la Policía en el negocio. El carácter de contravención que ahora se quiere dar a una figura que desde hace años es delito, prohibido y penado, terminará garantizando un marco legal favorable para la continuidad de un negocio rentable.
En la provincia, los prostíbulos funcionan a la vista de todos y nada tienen de encubiertos. Si no se ha dado cumplimento a las leyes que los prohíben para clausurarlos, es porque detrás existen intereses económicos.
En este sentido, basta con mencionar que el articulado establece, por un lado: “Invítase a los municipios y comunas a adherir a la presente ley...”, pero por otro establece: “La presente ley es de orden público y ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos...”.
El objetivo de estas menciones es evitar controversia con los municipios que perciben de esta actividad importantes beneficios fiscales. La segunda mención incrementará las facultades del aparato de seguridad coimero y corrupto para perseguir a las mujeres en situación de prostitución, empujándolas aun más a la marginalidad y clandestinidad y favoreciendo a las redes de trata.
No existe por parte del Gobierno, en la ley ni en ninguna de las medidas a adoptarse, una sola palabra que apunte a la investigación sobre la participación policial en el delito organizado. Lejos de esto, se refuerza su actuar.
El caso Marita Verón, desaparecida en la provincia de Tucumán, puso al desnudo el estrecho vínculo entre el juego, la droga y la trata, pero también la imprescindible participación y complicidad de sectores del poder en el negocio millonario que representan, cuyas ganancias se lavan impunemente en los bancos del país y la provincia.
Cabe una sola conclusión: la complicidad del Estado es necesaria para la existencia del delito de trata.
En la provincia de Córdoba tenemos el caso de los desaparecidos Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Allegre, sobre los cuales el Gobierno todavía no ha dicho una sola palabra.
Soledad Díaz García
Fuente: La Voz del Interior
