El gobierno de Córdoba acaba de celebrar la colocación de un bono por algo más de 100 millones de dólares a un tasa del 9.5%, una tasa muy alta, aunque inferior a las colocaciones anteriores. El bono es un muy buen negocio para la especulación financiera y la fuga hacia el dólar por eso ha tenido una rápida aceptación. De la Sota festeja haber salido del abismo de tener que reconocer la quiebra de las finanzas públicas para quedar en la orilla
Las finanzas provinciales están en rojo como resultado del brutal endeudamiento de la provincia que DLS sigue incrmeentando, por la caída de la actividad económica y por las deudas, sobre todo con la Caja de Jubilaciones, que el gobierno nacional no reconoce. Por eso amenazó con recurrir a la Corte Suprema para que el gobierno nacional cumpla con el envío de fondos de la Anses (entre otros). El gobierno cordobés reclama 1.200 millones de pesos correspondientes a la asistencia que ese organismo debía enviar en 2011 a la Caja Provincial de Jubilaciones como parte de acuerdos firmados. Si a esto se le suma deudas por planes de viviendas, obras, sostenimiento de presos federales, etc., la suma se eleva a 2 mil millones.
De la Sota recorre el camino de su antecesor, Schiaretti, que llegó a la Corte y luego retiró la demanda ante un nuevo acuerdo, que el gobierno nacional incumplió. Por eso De la Sota sostuvo que presentará la demanda como parte de las negociaciones.
Sin embargo a renglón seguido circuló la información de que el peronismo cordobés presentaría lista propia para las elecciones de 2013, es decir, que no iría con un armado acordado con el kirchnerismo. El “costado político” del conflicto está muy claro: los K pretenden encumbrar a la actual rectora de la UNC, Carolina Scotto, en su lista de diputados en la perspectiva de la gobernación en 2015. La intención es que fuera acompañada por el actual secretario general de Luz y Fuerza, pero éste terminó subido al palco de Moyano a cambio de que no rodara su cabeza al frente del gremio. La guerra entre DLS y el gremio, que actúa en defensa de los negocios de la ultra K Electroingeniería, tiene como trasfondo esta maniobra política del gobierno nacional.
El no envío de los fondos de la Anses a la Caja de Jubilaciones no tiene sólo el objetivo de esmerilar a DLS, bien que sostener el déficit de la Caja es uno de los problemas más serios ante la evidencia cada vez más clara del derrumbe la de las finanzas provinciales como resultado del brutal endeudamiento y los siderales subsidios a los capitalistas que desenvuelven su actividad en la provincia.
El gobierno nacional presiona para una modificación sustancial del actual régimen jubilatorio en la provincia, reclama una “armonización total”, esto significa fundamentalmente la modificación del cálculo del haber jubilatorio, “nacionalizándolo” para que se calcule sobre el promedio de los últimos 10 años y que sea actualizado dos veces al año como sucede con las miserables jubilaciones nacionales. Ya en 2008 Schiaretti llevó el cálculo al promedio de los últimos 4 años lo que provocó una rebelión de los trabajadores estatales que tuvo como centro a Luz y Fuerza y municipales de la Capital.
DLS ha dejado trascender que no piensa modificar el actual régimen, sin embargo desde hace 4 meses tienen en su poder un pedido de informes, que el Frente de Izquierda presentó en la legislatura provincial sobre el punto, y no lo contesta. DLS se sumará a la modificación presentándola como último recurso para sostener la Caja. Los estatales cordobeses aportan 7 puntos más que los nacionales a la Caja justamente para sostener el 82%, pero ese fondo compensador despareció, y 2.000 jubilaciones de privilegio (jueces, ex legisladores, etc.) se comen una parte sustancial de los fondos. Mientras, la Caja sigue intervenida por el menemista Giordano (autor de las leyes de la ARTs y de “solidaridad previsional”).
Los diputados K, por Córdoba, y el actual secretario de DDHH de la Nación, el “Hijo” Martín Fresneda, defienden las exigencias “armonizadoras” de la Nación. Como se ve la pelea CFK-DLS no tiene un costado progresista, por el contrario es una disputa entre dos fracciones que sustentan un planteo reaccionario: liquidar la conquista del 82%.
La situación ha puesto en alerta a los trabajadores del sector. Las agrupaciones sindicales orientadas por el Partido Obrero están planificando una convocatoria para poner en marcha un plan de acción en defensa del 82% y la ley 8524 anulando la modificación de 2008.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
