De la Sota irrumpió en la noche del miércoles 8 en la legislatura provincial con tres leyes bajo el brazo; las tres implican un ajuste contra los trabajadores. Transformada la sesión en un escándalo, y con la sola presencia del oficialismo, se aprobó un ajuste contra los jubilados, quienes cobrarán los aumentos que reciban los trabajadores activos seis meses después. Quedaron pendientes un impuesto sobre los combustibles “para obras viales” y un aumento del 500% en las cuotas de las viviendas sociales.
Las medidas fueron presentadas como inevitables ante la negativa del gobierno nacional de enviar a la provincia los más de 2.000 millones de pesos que le adeuda por la Caja, por obras públicas y otros rubros.
El gobierno había juramentando que no iba a tocar las jubilaciones ni aumentar impuestos, y que la provincia estaba en condiciones de esperar que la Corte Suprema fallara a favor en un reclamo por los fondos para la Caja (ver Prensa Obrera 1.233). Esta política de demandas judiciales a la Nación se completó, un poco más temprano, en esa misma sesión de la Legislatura. Allí, y con el voto de la UCR y Juez, se aprobó una ley que “denuncia” el pacto fiscal firmado en 1992, por el cual las provincias ceden el 15% de los fondos coparticipables para la Anses.
La posición del bloque del Frente de Izquierda
Desde el bloque del Frente de Izquierda, en reuniones de comisiones y en los medios, señalamos que esa denuncia del pacto fiscal pretendía justificar un posterior ataque a las jubilaciones y al régimen previsional.
A sabiendas de esto, y en el escaso debate legislativo sobre la denuncia del pacto, planteamos que si no se preparaba una estocada jubilatoria, entonces el proyecto debería incluir una cláusula asegurando que no se iba a proceder a un ajuste sobre jubilaciones, ni se iba a ‘armonizar’ el régimen previsional de acuerdo con las exigencias del gobierno nacional, lo que naturalmente no ocurrió. En el recinto, caracterizamos que la denuncia del pacto era la pantalla de un ataque a las jubilaciones. Luego de denunciar el carácter expropiador de ese pacto, votamos en contra. Diez minutos después, De la Sota en persona nos daba la razón.
La decisión del gobernador de tocar las jubilaciones y meter un impuesto obedece al derrumbe de las finanzas públicas como resultado del alto endeudamiento, de la política de subsidios y eximiciones impositivas a sojeros y pulpos industriales, y por la caída de la actividad económica.
Las conducciones sindicales, a la deriva
La respuesta de los trabajadores fue muy fuerte (el viernes hubo un paro unánime y una multitudinaria movilización de más de 10 mil trabajadores). A la cabeza de ella está una burocracia en crisis, que quedó a la deriva en su sometimiento al kirchnerismo o a De la Sota. Los gremios que abrevan en el kirchnerismo debieron repudiar públicamente a la Nación y apoyar los reclamos ante la Corte y la denuncia del pacto, en el mismo momento en que le hacían un parazo al gobierno provincial.
La bronca es muy profunda, y madura la perspectiva de la huelga general hasta que deroguen la ley. Para acabar con el ajuste, es necesario un congreso de los 22 gremios estatales que aportan a la Caja, que se vote la huelga y un programa de salida al derrumbe del gobierno.
El Partido Obrero y todas sus agrupaciones estatales trabajarán fuertemente por esa tarea. Se realizará un plenario de estatales el 25 de agosto en ATE Córdoba, con el desafío de agrupar y unificar a todos los trabajadores estatales con el siguiente programa: Abajo el ajuste. Inmediata derogación de la ley sancionada en la madrugada. Defensa incondicional del 82 % móvil, la vuelta a la 8024 y la no armonización. Fuera la intervención de la Caja, que la dirijan los trabajadores y jubilados. Reapertura de paritarias. Por un congreso de base de los gremios estatales. Por una alternativa de los trabajadores.
Anabel Allochis
(Dirigente de Tribuna Docente y del Partido Obrero)
