Las luchas de los estatales y de los docentes ocupan el escenario político en la provincia, en medio de los choques y chicanas entre De la Sota y el kirchnerismo.
Desde la aprobación de la ley 10.078 (que posterga los aumentos a los jubilados), las movilizaciones, paros y medidas de lucha de los trabajadores estatales están en el orden del día. El jueves 23, se realizó la tercera movilización frente a los Tribunales, donde la dirigencia sindical fue a presentar un pedido de inconstitucionalidad de la ley. En la concentración, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, lo que fue utilizado por el gobierno para lanzar una fuerte represión y lograr la desconcentración de los 3 mil estatales que habían concurrido (sólo pararon los docentes).
El gobierno provincial acusó al nacional por los “incidentes”; el kirchnerismo local salió a acusar al gobierno de represor.
Crisis económica y política
El gobierno de Córdoba reclama los fondos que desde los años 90 viene aportando a la Anses. El gobierno nacional se niega, porque con el dinero de la Anses paga la deuda externa y subsidia a los capitalistas.
De la Sota necesita fondos para sostener un régimen de subsidios y exenciones a los grandes capitalistas y los negocios de la patria contratista. Pero las suspensiones y despidos encubiertos -cada vez más frecuentes en la industria automotriz, como resultado de la caída del mercado brasileño y de la recesión en la Argentina- revelan el fracaso de esta política. Huyendo para adelante, De la Sota se dispuso a meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los jubilados. La respuesta de los estatales fue inmediata; y la aprobación de las otras dos leyes de su “paquete” -impuestos a los combustibles y suba del valor de las cuotas de los planes sociales de vivienda- está despertando reacciones por todos lados. El control de la Legislatura no le asegura salir indemne. Hasta que no discipline a los cordobeses, sus aspiraciones políticas nacionales de liderar una oposición a los K quedarán en suspenso.
Al responder a De la Sota, el gobierno nacional mostró toda su vocación ajustadora. Por todos los medios, salió a reclamarle la “armonización” jubilatoria con la nación, lo que implica llevar los haberes al 40% del sueldo en actividad. Pero con este planteo, el kirchnerismo abrió una crisis con sus menguados apoyos en la provincia, como las directivas de Luz y Fuerza y del Suoem. Son estos gremios los que cuentan con las jubilaciones más altas y, por lo tanto, pasibles de recortes. En su momento, esos sindicatos encabezaron la feroz resistencia a un ensayo anterior de “armonización”, que emprendió Schiaretti en 2008 y que llevó el haber inicial al promedio de los últimos cuatro años (la nación exige que sea de los últimos diez). Al rechazar la pretendida armonización, las burocracias sindicales terminaron haciendo frente común con el otro ajustador -De la Sota- y a solidarizarse con sus reclamos ante la Corte y con la renuncia del Pacto Fiscal. Pero el gobierno provincial se los retribuyó con una escalada represiva.
Los K fogonean el desgaste de De la Sota y quieren llevarlo a una búsqueda desesperada de recursos que, incluso, lo enfrente a su base social: los sojeros y los pulpos automotrices. El “atraso” del inmobiliario rural -que se cobra a valores de 1995-, que el Frente de Izquierda denunció durante toda la campaña electoral, ahora es ventilado abiertamente en los debates políticos.
Luego de la represión, la diputada nacional ultra K Carmen Nebreda -ex secretaria general de la UEPC- salió con un galimatías para explicar lo imposible, a saber: “armonización” significaba mejoras para los jubilados. El kirchnerismo busca recomponer sus relaciones con los sindicatos que le eran afines. La intervención de los K apunta a dividir el frente de los gremios estatales y desarmar la movilización en curso.
Salto político. Por un congreso de delegados de base
Las maniobras de delasotistas y de kirchneristas no se desenvuelven en el vacío, sino frente a una extraordinaria respuesta de los trabajadores.
No sólo existe voluntad de lucha, sino que también se revelan conclusiones políticas. Las recientes elecciones de juntas en la docencia media -votan todos, afiliados y no- significaron un durísimo golpe para la burocracia celeste, la que perdió abrumadoramente en la capital a cuenta de la lista antiburocrática de la izquierda. En un plenario de delegados del SEP (empleados públicos), la propuesta hecha por un delegado para que el secretario general del gremio y legislador del oficialismo, Pihén, rompiera con el bloque legislativo del gobierno, fue aclamada. Las burocracias sindicales se columpian entre los dos gobiernos, pero la lucha contra el ajuste empuja a los trabajadores a conclusiones de independencia política.
Desde la Legislatura, el Frente de Izquierda señaló que, si la pelea por los fondos lanzada por De la Sota no era una pantalla para reventar el 82% móvil, el gobierno debía garantizar que no tocaría el régimen jubilatorio. Naturalmente, lo hizo: a los diez minutos de aprobado el reclamo contra la nación, vino la ley del recorte de las jubilaciones. El FIT denunció a ambos gobiernos por su política de trasladarles a los trabajadores la crisis fiscal. También presentó un proyecto de ley para que se deroguen todas las leyes de recorte a las jubilaciones y que cese la intervención a la Caja.
Impulsamos un plan de lucha de todos los estatales hasta la derogación de las leyes de ajuste y por un programa obrero frente a la crisis.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
