Ley de ética pública: La pelea Corpo vs Korpo deriva en una nueva mordaza

La Presidenta, en una de sus últimas cadenas, anunció que el oficialismo impulsará una ley “de ética pública”, que obligaría a los periodistas a indicar si reciben dinero de empresas o si tienen “una inclinación política”. CFK aclaró, por supuesto, que el Ejecutivo no presentará ningún proyecto en ese sentido porque, si lo hiciera, sería acusado de ejercer la censura. Así, de manera sorprendentemente directa, la señora de Kirchner admite que se trata de una ley de censura. Todo esto deriva, como se sabe, de las imputaciones presidenciales a Marcelo Bonelli, a quien acusó de haber recibido dinero de YPF-Repsol en concepto de “publicidad” (chivos). En ese punto, la ley que seguramente ya se está preparando encontrará no pocos inconvenientes: ¿se sentirán obligados los dueños de los medios oficialistas y sus gerentes a reconocer el dinero que reciben del gobierno? ¿Se van a blanquear los sobres que el Ministerio de Economía reparte desde 2004 -presidencia NK- entre varios de los “periodistas estrella” que ahora denuncia la Presidenta, en lo que el gremio de prensa, irónicamente, llamaba “la cadena de la felicidad? Si fuera cierto que Bonelli estaba contratado para chivear en favor de Repsol ¿lo estaba ya cuando Néstor Kirchner, aún en la presidencia, lo felicitaba porque su programa cumplía veinte años? Esos supuestos sobres ¿ya circulaban cuando NK defendía a Clarín hasta con la guardia de infantería contra los gráficos en huelga de la imprenta donde se confecciona la revista Viva? ¿Recibía sobres del gobierno Héctor Magnetto cuando comía dos veces por semana en Olivos, y “Él” lo llamaba cada tarde para convenir el título de tapa del día siguiente?

El camino de los sobres

Al gobierno no le importa en absoluto que este o aquel periodista reciba sobres. Le importa, en cambio, quién le da el sobre y para decir qué. La Presidenta no ataca a Bonelli porque supuestamente haya cobrado de Repsol: lo ataca porque Bonelli dice cosas que disgustan al oficialismo.

La “ley de ética”, por lo tanto, no apunta contra los lobbistas que cobran dinero -en blanco o en negro- en diversas ventanillas patronales para presentar como si fueran informaciones lo que en verdad son operaciones de prensa de pulpos empresariales. La ley apunta a establecer una regimentación general contra los trabajadores de prensa.

Por otra parte, hay detrás de todo el asunto un conflicto político de fondo.

La ley de medios ya se ha develado como un completo fracaso. Por otra parte, su aplicación estricta afectaría a empresarios periodísticos oficialistas, como el mafioso del escolaso Cristóbal López, o al grupo Vila-Manzano. A esta altura, sólo queda en pie el objetivo básico de todo este armado: la destrucción del grupo Clarín -y, de paso, el amordazamiento general de la prensa- antes del comienzo de la campaña para las elecciones legislativas del año que viene.

La Korpo, con más de 160 medios en su poder, no consigue siquiera niveles aceptables de lectores y de audiencia. El “relato” naufraga porque la realidad lo hunde, porque la llamada “batalla cultural” del kirchnerismo es el verso vacío de un gobierno que rema, impotente, contra una crisis que lo desborda.

Ahora, si se impusiera la “ley de ética”, no impedirá la circulación de sobres entre los lobbistas periodístico-empresariales: sólo hará que los sobres sigan determinada dirección. En cambio, afectará directamente a los trabajadores de prensa, a su ya casi imposible libertad de expresión.

A. Guerrero