No es un secreto que la intervención a la ex Ciccone -y su eventual expropiación- apuntaría a borrar las huellas del negociado que entregó la gráfica a un fondo de origen turbio, comandado por un testaferro del vicepresidente Boudou. La circunstancia jurídica anormal de la medida, impide determinar quién será el beneficiado por la indemnización que establece la ley y quién se hará cargo de las deudas de la ex Ciccone con la Afip y otros organismos del Estado. Se enfrenta la posibilidad de que esta incursión oficial en la propiedad privada se convierta en un negociado. La estatización tiene los trazos de un rescate, tanto económico como político. Los mismos que advierten sobre una maniobra que buscaría desviar la atención sobre la figura del vice de CFK y evitar como consecuencia una crisis política espectacular, reconocen que la expropiación no modificará en nada la situación judicial de Boudou. Para ser más precisos, el hombre tiene el agua muy cerca del cuello. La causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito continúa avanzando. Su cómplice en la transferencia de Ciccone, el titular de la AFIP, ya está procesado por las maniobras impositivas que acompañaron la llegada a la gráfica de Vanderbroele, el sospechado testaferro de Boudou y los suyos. Meses después de que Boudou denunciara las conspiraciones del presidente de la Bolsa en su contra, Cristina Kirchner anunció el pago del Boden 2012 en la Bolsa, sin Boudou. El gobierno, aún con mayoría parlamentaria, necesita evitar el pedido de un juicio político al vice.
¿Alcanzaría la “expropiación” de Ciccone para despegar al gobierno de una inminente citación de Boudou a declaración indagatoria? En lugar de contenerla, todo indicaría que la precipita. Es probable que el propio Boudou incluso esté consensuando su salida. Según el periodista de Clarín que sigue el asunto, Vanderbroele ha sido “el nexo entre el gobierno y la familia Ciccone, que continúan siendo accionistas minoritarios” (8/8). Se convertirían en el taparrabos legal afectado por la expropiación.
El preámbulo de la caída de Boudou se completa con los trascendidos de otra caída en desgracia -la de Guillermo Moreno, en medio del fracaso evidente de los controles de precios o cambiarios.
Para el gobierno, la intervención de Ciccone es un acto de “soberanía monetaria”. Ya es muy tarde para este reconocimiento; la historia del nacionalismo argentino, por otra parte, se ha caracterizado por el recurso de la estatización para encubrir los fraudes. La oligarquía primero, y la burguesía luego, nunca han pagado las consecuencias financieras de las crisis. El monopolio estatal de la impresión de billetes no es una salida para la inflación, como lo pretendió el presidente del Banco Central de Alemania en la hiper de 1923, y lo pretenden ahora los pichones y no tan pichones del kirchnerismo.
El gobierno aspiraba a que la expropiación obtuviera una votación mayoritaria en el Congreso, en vistas de que el radicalismo había anticipado su apoyo. Pero en las últimas horas, ese aval se habría revertido. El gobierno marcharía a una votación solitaria que, en el caso del Senado, podría convertirse en un juicio político no declarado contra su presidente.
El arbitraje oficial ya se había extremado frente al derrumbe petrolero o ferroviario, con estatizaciones de carácter parcial. Esas intervenciones han rescatado, invariablemente, a ciertas camarillas capitalistas a costa del dinero fiscal. Pero, en este caso, la ‘estatización’ es simplemente el rescate de la propia camarilla de gobierno, en medio de una crisis de gabinete en puertas y cuando crujen los monumentales desequilibrios del ´modelo´. Por sobre todas las cosas, la crisis por arriba marcha al galope.
Marcelo Ramal