Inviabilidad provocada
El jefe de gabinete, González, dijo textualmente que “no iban a armonizar”, ni a declarar ninguna emergencia ni a afectar las actuales jubilaciones. González dejó para el futuro una definición sobre qué hacer si el fallo de la Corte no favorece a la provincia y si el régimen actual sigue siendo deficitario.
¿En qué consiste el déficit de la Caja? Los aportes de los trabajadores activos no alcanzan a cubrir el pago de las jubilaciones; con ese fin se incrementó hace diez años el aporte de trabajadores -18%- y del Estado. Aun así sigue dando pérdidas, que debieran ser cubiertas por los aportes nacionales; a cambio de ello, las provincias cedieron un 15% de la coparticipación de los impuestos nacionales para la Anses.
Esta situación es la que lleva a oficialistas y a opositores a declarar la “inviabilidad” del actual régimen jubilatorio.
Pero la “inviabilidad” es el resultado de un desfinanciamiento decidido por indicación del propio Banco Mundial, en 1995. La Caja viene siendo desfinanciada desde hace más de 15 años, por lo siguiente: a) trabajadores que realizan tareas inherentes a la gestión estatal son aportistas de la Anses, por medio de la privatización de servicios, de las tercerizaciones y de las formas de precarización salarial -monotributistas, cesión de servicios, entre otros-, o sea, una armonización directa; b) pago durante muchas años de sumas en negro, “no remunerables”; c) vaciamiento de la salud y de la educación -hoy se sufre una grave carencia de personal-; d) pérdida de puestos de trabajo; e) tendencia a la baja del salario; f) jubilaciones anticipadas y otras formas de desprendimiento de personal en actividad.
La presentación anual del informe del interventor de la Caja de Jubilaciones en la comisión de Trabajo de la Legislatura fue la oportunidad para que el gobierno de De la Sota anunciara su decisión de ir a la Corte, sumando el apoyo de Luis Juez y de los radicales. Al convite faltaron los cinco diputados K, que apoyan las exigencias del gobierno nacional.
La reunión en la Legislatura también sirvió para que todos blanquearan la necesidad de “hacer algo” frente a la “inviabilidad”. Algunos legisladores juecistas, por ejemplo, plantearon como salida un impuesto al agro.
Legisladores oficialistas -incluido el secretario general de empleados públicos- dijeron que había que encarar las modificaciones, y cargaron contra bancarios, lucifuercistas y municipales de Córdoba, como responsables del déficit. Se trata, justamente, de los trabajadores que ganan los mejores salarios.
Tanto hablar de la “inviabilidad”, tanto agitar impuestos, están preparando las condiciones para que la armonización termine apareciendo como el “mal menor”. El kirchnerismo ausente verá caer en sus manos la medida reclamada como una fruta madura.
La salida
El bloque del Frente de Izquierda presentó un documento con estas caracterizaciones y estableció un planteo de salida: que la Nación transfiera los fondos adeudados sin ninguna condición, que se termine la intervención y que se devuelva la Caja a sus legítimos dueños; que se derogue la 9.504 -que instrumentó los cuatro años de promedio- y que se establezca la plena vigencia de la 8.024; que se elimine el aporte adicional del 7% y que se establezca un plan para que el aporte sea íntegramente patronal; que se termine con toda forma de precarización, de tercerización o de privatización de los servicios que debe garantizar el Estado; que se cobre impuestos a los pools sojeros y a las grandes industrias, para garantizar los servicios esenciales que debe prestar el Estado; que cese el pago de la deuda usuraria que los capitalistas dejaron a los bancos provinciales y que gobiernos de la UCR y del PJ estatizaron.
Eduardo Salas
