El martes 6, los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -entre los cuales nos encontramos el Partido Obrero y Apel- denunciamos penalmente al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, por la detención ilegal que ordenó el 30 de agosto, después de haber reprimido en la Panamericana a compañeros que reclamaban por el aumento de los planes Argentina Trabaja. En esa oportunidad, gendarmes fuertemente armados y con perros entrenados rodearon los micros donde se encontraban los compañeros que habían participado de la movilización y que se aprestaban a retirarse. Se subieron a los vehículos -sin orden judicial alguna- y condujeron a los compañeros a Campo de Mayo; todo bajo la supervisión, orden y participación directa de Berni.
En la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Campo de Mayo, 67 personas estuvieron detenidas ilegalmente e incomunicadas durante 20 horas. Entre estas, varios menores. Esta unidad judicial -ubicada donde funcionó uno de los centros de detención clandestinos de la dictadura- no está habilitada para mantener personas detenidas. Los compañeros debieron permanecer dentro de los micros, bajo estricta vigilancia -incluso, hasta para ir al baño- y fueron permanentemente hostigados por sus captores.
Por todo lo anterior, el Colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunció a Berni por delito de acción pública, la que se inscribe con claridad en la criminalización de la protesta social. Enmarcamos esta denuncia en la lucha contra la ley Antiterrorista y contra el espionaje del propio gobierno mediante el Proyecto X, la tercerización de la represión por medio de patotas y la exigencia de juicio y castigo por los más de 20 asesinados en protestas sociales en los últimos dos años.
Liliana Alaniz
