El jueves 22, cuando se cumplían nueve meses de la masacre de Once, le tocó declarar al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, uno de los máximos responsables por ese desastre, que terminó en la muerte de 52 personas. Su declaración fue breve: se escudó en el hecho de estar procesado en la causa que investiga la masacre, para evitar responder preguntas sobre el manejo de los subsidios al ferrocarril. Respecto del crimen de Mariano, sólo dijo que se enteró de la posibilidad del corte de vías el día anterior, a través de José Pedraza -poniendo de manifiesto, una vez más en el juicio, que los funcionarios, la UF y los empresarios sabían con anterioridad de la movilización. Por su forma y contenido, la declaración de Schiavi despertó la indignación del numeroso público que concurrió a la audiencia.
El funcionario que debió estar imputado
Al estar convocado como testigo, Schiavi se refugió en el derecho que lo asiste de negarse a responder preguntas que podrían autoincriminarlo. Durante la investigación del crimen de Mariano, nuestra querella había solicitado su imputación, justamente por el rol que le cupo en la organización del negociado monstruoso de las tercerizaciones, donde se asociaron el Estado, los empresarios y la burocracia sindical.
En su declaración, Schiavi se limitó a señalar que la operatoria de las tercerizadas “se ajustaba a derecho” porque estaban contempladas en las modalidades de “contratación, que vienen de los años ’90″. Dijo que “el gobierno estaba trabajando sobre el tema (de los tercerizados)”. “Lo que pasó el 20 de octubre no era algo querido por nuestro gobierno, y seguramente por ese hecho se aceleraron los plazos”. Un canalla, porque desde hace una década que ‘el modelo’ banca la tercerización y la precarización laboral. Aún hoy, al margen de la conquista de los ferroviarios del Roca -y de otros movimientos obreros inspirados en esa lucha- que arrancaron el pase a planta, los trabajadores tercerizados se cuentan por centenares de miles. La tercerización ha sido -y sigue siendo- uno de los pilares del gobierno ‘nacional y popular’.
“Yo hablaba con muchachos que eran tercerizados, venían y me mostraban boletas y veía que unos ganaban dos mil quinientos pesos y otros 4 mil. Yo, ante todo, soy peronista, y eso no puede ser”, dijo este ex jefe de campaña de Mauricio Macri hasta 2007 y ex secretario de Transporte del gobierno kirchnerista hasta marzo de 2012.
Schiavi no se hizo cargo de nada de lo que ocurría en su área. ¿Cortes de vías? “No soy experto en seguridad ni policía”. ¿Control de las concesiones? “No me corresponde”. ¿Verificación de inversiones? “De eso se ocupa la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”… y así fue hilvanando sus respuestas.
Dijo que ‘le parecía’ que, alguna vez, la Unión Ferroviaria pidió que se ‘normalizara’ (sic) la situación de los tercerizados, aunque no recordaba “si lo hizo por algún canal formal”. Puro verso. En la documentación reunida para este juicio, incluida la aportada por las partes, no existe un solo documento, volante o acta de la UF que planteara el pase a planta de los tercerizados. Por el contrario, lo que sí consta son las actas en las que la UF acepta la tercerización y deja asentado que ‘los tercerizados no son empleados ferroviarios’. Schiavi hizo lo posible -aunque sea por sus dichos, y sin otro elemento de respaldo- por atenuar la situación de su aliado, José Pedraza. Reconoció que las gestiones, medidas de lucha y audiencias por los tercerizados tenían lugar al margen de la Unión Ferroviaria -”venían a las audiencias con abogados que, como verificamos luego, tenían militancia en partidos de izquierda”. La Unión Ferroviaria desarrollaba, mientras tanto, una brutal campaña contra ellos, que tuvo su pico máximo en el crimen de Mariano.
En referencia a las disposiciones de la Secretaría de Transporte frente al corte de vías anunciado para el 20 de octubre de 2010 (“se planteó la prevención, sobre todo porque se trata de un servicio eléctrico, y cualquier corte puede traer aparejada la posibilidad de que alguien se electrocute”, dijo el muy sinvergüenza), afirmó que, una vez puesto en conocimiento de la medida, se ajustó al ‘protocolo’, dando parte a Ugofe… ¡pero los gerentes de Ugofe declararon exactamente lo contrario: que puestos en conocimiento de la medida, dirigieron notas de aviso a la Secretaría de Transporte! Otra vez, el juego del Gran Bonete…
Una de las funcionarias del área de Transporte que tomó parte en ello fue Graciela Cavazza (“una funcionaria con mucha experiencia, que tomó las riendas”, dijo Schiavi de ella). Cavazza -quien ya declaró en este juicio- se comunicó varias veces con Juan Carlos Fernández, tanto el 19 como el 20 de octubre, para preguntarle ‘si estaba garantizado el servicio’, y que lo hizo por orden expresa de Schiavi. Esto delata que Schiavi contaba con la burocracia para ‘garantizar’ la prestación del servicio. Pedraza y los suyos montaron entonces una agresión criminal que, esperaban, fuese ‘aleccionadora’ contra los tercerizados.
Uno de los jueces le preguntó a Schavi quién era el funcionario a cargo de la Policía Federal en octubre de 2010. “No recuerdo”, dijo primero, y luego agregó: “Creo que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré”. El Ministerio de Seguridad se creó con posterioridad al crimen de Mariano -y a la represión en Parque Indoamericano. El responsable político de la PFA al momento del crimen de Mariano era Aníbal Fernández, quien dijo que la actuación policial había sido “impecable”.
Existe una causa judicial conexa a la que investiga el crimen de Mariano, que versa sobre la trama económica. Está caratulada “posible defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la tiene el juez Lijo. Sus avances son, hasta ahora, de escasos a nulos.
Detrás del crimen de Mariano y de la masacre de Once, el mismo negociado, la misma trama de intereses, los mismos actores. Schiavi, qué duda cabe, es uno de ellos, al igual que Pedraza.
Jacyn
