La absolución de los imputados por el secuestro de Marita Verón es una decisión del poder político.
Es cierto que en el banquillo no estaban “todos los que son”, ni mucho menos los principales, pero el poder decidió que fuera absuelto incluso este rango de secuestradores.
Ocurre que el proxenetismo y la trata son un negocio del poder y de las mafias, que ha crecido en forma enorme a lo largo y ancho del país.
En Tucumán, las marchas por secuestros y crímenes de mujeres han sido incesantes.
Susana Trimarco, la madre de Marita, que no es para nada adversaria del kirchnerismo, denunció ante todos los medios la connivencia entre la Justicia absolutoria, las mafias y el gobierno de la provincia.
Alperovich se empeñó en colonizar el Poder Judicial desde su primer día de gobierno, para lograr el aval para la relección indefinida. La Justicia es en la provincia una sucursal del gobernador.
Es imposible avanzar siquiera un paso en el desmantelamiento de las redes de tratas sin desmantelar al poder político que las apadrina.
Fuera Alperovich y todos los gobiernos que protegen el secuestro y prostitución de mujeres y niños, y todos sus cómplices medáticos, políticos, económicos y clericales.
