La multinacional Monsanto puede atribuirse un milagro político: haber unido a Cristina, de la Sota y la UCR en la defensa de sus negocios en la Argentina y particularmente en Córdoba.
En marzo del año pasado el matutino ultrakirchnerista sacaba un artículo denunciando la protección de Clarín y La Nación a los negocios de Monsanto, tres meses después debieron tragarse sus palabras: CFK desde Nueva York daba la bienvenida a la instalación de Monsanto en Córdoba.
En marzo del año pasado el matutino ultrakirchnerista sacaba un artículo denunciando la protección de Clarín y La Nación a los negocios de Monsanto, tres meses después debieron tragarse sus palabras: CFK desde Nueva York daba la bienvenida a la instalación de Monsanto en Córdoba.
Desde el gobierno de De la Sota mientras tanto se dedicaron a facilitar la instalación de las plantas violando incluso leyes y disposiciones. En el día de ayer una jueza no tuvo más remedio que poner un poco de “orden” y obligar a que presenten un estudio de impacto ambiental para poder funcionar.
Sin embargo, la multinacional puede seguir construyendo su planta gracias a las autorizaciones del intendente de Malvinas Argentinas, el radical Arzani, que para esto desconoció el repudio popular y los reclamos de una consulta popular para aceptar o rechazar la instalación del a planta.
Kirchneristas, delasotistas y radicales defendiendo a un monopolio repudiado mundialmente debido al peligro real de sus productos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Desde hace décadas en América Latina, principalmente en Argentina, Monsanto produce y comercializa de manera desmesurada sus productos dejando en evidencia un modelo extractivista que fomenta el “crecimiento económico” mediante la extracción, por empresas mayoritariamente extranjeras, de materias primas que se exportan sin control, con nula o escasa elaboración (soja, maíz, minerales metalíferos, etc) y que conlleva la utilización de productos sumamente tóxicos producidos por la misma empresa. En 2003 Monsanto anunció que interrumpía su “programa de mejoramiento de soja” en el país debido a la baja rentabilidad del negocio. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le garantice mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones. En respuesta a esta exigencia el gobierno nacional pone en discusión la modificación de la ley de semillas llevando adelante esta negociación a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos. Dicha ley limita el llamado “uso propio” por parte de los productores, que hoy pueden resembrar su propia semilla sin comprar una nueva bolsa. A su vez, pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas multinacionales e implica la pérdida de derechos de nuestro pueblo al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas. El proceso de concentración de estas empresas provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas encareciendo la producción agrícola en general y de los alimentos en particular. Repudiamos la “unidad nacional” en contra del pueblo argentino, de los habitantes de Malvinas Argentinas.
Exigimos fuentes de trabajo dignas, que no comprometan la salud de la población y de quienes posteriormente se vean afectados en la cadena de producción y consumo (semillas transgénicas, patentamiento de la misma y control absoluto de su siembra, ampliamente de las fronteras agropecuarias con el desplazamiento forzado de los pueblos campesinos, incremento de fumigaciones con agro-tóxicos que ya hoy nos están “matando”, enriquecimiento de pocos a costa de la vida de todas/os).
Fuera Monsanto.
PARTIDO OBRERO
