“La agencia de riesgo crediticio Moodys Latin America… colocó las calificaciones de emisor y de deuda de la provincia de Córdoba en ‘revisión para posible baja’” (La Voz del Interior, 30/1).
Está decisión es el resultado de la medida cautelar que dictó un juez a favor de Córdoba en relación a la deuda que la empresa provincial de energía (Epec) mantiene con la Anses por la construcción de la Central Pilar y la exime a Córdoba de responder con los fondos de coparticipación a las obligaciones de Epec (una cuota de 5 millones de dólares mensuales).
El litigio viene de lejos. “En sólo tres años, Epec ha perdido casi 500 millones de pesos como resultado de la venta de energía a Cammesa… Según el gobierno provincial, lo que Cammesa le paga a la Epec por la generación apenas cubre el 50% de los costos de la misma” (PO Nº 1.221).
A pesar de la cautelar, De la Sota decidió pagar la cuota adeudada por Epec, para evitar un “default técnico” de la provincia. Sin embargo, para Moodys esto no alcanza, porque la medida cautelar deja el pago a la “voluntad” del gobierno provincial.
La situación de la empresa provincial de energía arrastra al conjunto de la provincia: “Las derivaciones más serias vienen por los lanzamientos de deuda efectuados por el Banco y la propia provincia de Córdoba…” (MDZonline 25/1). Los bonos cordobeses cayeron un 1,4% en pocos días.
Un viaje de ida
El pago de De la Sota no puede frenar una crisis que coloque a la provincia al borde de la cesación de pagos. El “equilibrio fiscal” depende de un nuevo y mayor endeudamiento cuestionado por la “cautelar”. La recurrencia a la colocación de bonos en dólares para paliar el déficit fiscal (565 millones de dólares a 8 años de plazo, con una tasa de 12,5 % el último año) actúa a su vez como un “seguro de cambio” para los inversores, pero una espada de Damocles para la provincia, una devaluación oficial terminaría por mandar las cuentas públicas al tacho y al gobierno de De la Sota tras ella.
El muerto se ríe del degollado
Cristina ridiculizó el reclamo cordobés diciendo que en Argentina “una cautelar y un vaso de agua no se le niega a nadie”.
Pero, “lo preocupante es que el camino se ha iniciado y que el `efecto Córdoba´ puede terminar afectando al resto de las emisiones efectuadas por diferentes estados provinciales” (ídem). Después de la pesificación de Chaco y Tucumán, la crisis de la deuda cobra un nuevo empuje.
Contrariamente a lo que pretende el kirchnerismo, la situación lo incluye ampliamente. “Ya en octubre pasado había rebajado la calificación de la deuda de Epec junto con otras compañías como TGS, Hidroeléctrica El Chocón y Edesa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta) ante los temores y modas pesificadoras imperantes en ese momento. También las preocupaciones de esa agencia de calificaciones se basaban en la probable traba al acceso de moneda extranjera” (ídem). Es la política K la que está en el centro de la “descalificación”.
Como se ve, provincia y Nación están envueltas en un intrígulis que pone al rojo vivo la crisis fiscal y el peso descomunal de los compromisos de la deuda usuraria.
El juecismo señaló que la provincia es víctima de haber firmado un acuerdo oneroso y extorsivo pero… hay que pagar y aceptar lo que se firmó.
Nosotros planteamos otro camino: El desconocimiento de la usura y el robo.
Los fondos que Electroingeniería y de otros que han esquilmado a la Epec deben servir para restituir los fondos a la Anses, aunque ésta lógicamente debe ser colocada bajo la administración de los trabajadores y jubilados, de otra forma eso fondos irán a los usureros por otro camino.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
