La crítica principal que dirigimos al memorando con Irán, que ha ingresado en el Congreso, es que apunta a desviar la atención pública respecto a la conexión local que ejecutó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel. En este último caso, el expediente está paralizado desde la época de la Corte menemista.
La sospecha de que el gobierno de Irán ha estado implicado en el atentado no encuentra sustento en el expediente judicial, que solo tiene como elemento probatorio las declaraciones de un desertor de ese país. De ser así, la llamada “comisión de la verdad” se vería obligada a exonerar de cualquier responsabilidad al gobierno persa.
Para remontar a la responsabilidad externa, hay que arrancar de la conexión local. Existe un interés manifiesto de la diplomacia norteamericana e israelí por involucrar a Irán, por razones ajenas a los atentados perpetrados en Argentina. Es llamativo que los gobiernos de Estados Unidos e Israel nunca se haya interesado, en forma pública al menos, por el atentado a la embajada, en una conducta que coincide con la de la Corte Suprema de Argentina.
Las autoridades de las instituciones judías en Argentina se han mostrado igualmente desinteresadas por la conexión local, y es claro que se mueven por los intereses de la diplomacia yanqui-sionista. Bajo la dirección de Rubén Beraja, las autoridades oficiales judías colaboraron en dificultar las investigaciones locales, en complicidad con el gobierno menemista. La historia registra una conducta similar bajo la dictadura militar, un cliente preferido, al igual que el Chile de Pinochet, de la industria armamentista israelí.
Los partidos opositores y las autoridades comunitarias, que denuncian el memorando por la falta de credibilidad del gobierno de Irán, están animadas por el propósito de mantener la llama de la ofensiva bélica internacional que animan las grandes potencias y el sionismo contra Irán. Denunciamos que esta conducta fogonea otra guerra en el Medio Oriente. Reclaman que los supuestos acusados se hagan presentes ante los tribunales de Argentina, con la misma finalidad guerrera que impulsan las grandes potencias.
El Congreso nacional debe rechazar el memorando ‘de la verdad’, porque es un acto de encubrimiento de la complicidad del Estado argentino con los responsables locales de la ejecución de los atentados. En la misma sesión debería elegir una comisión investigadora realmente independiente, para investigar la conexión local de los atentados y sus ligazones internacionales.
Jorge Altamira
