Las contradicciones insalvables del ‘congelamiento’

El “congelamiento” de precios fue la respuesta que encontró el gobierno al salto espectacular que registró el costo de la canasta familiar en enero -correspondiente a una tasa anual superior al 30%. El ‘rasero’ de Moreno se aplicó sobre valores altísimos. “Hoy -señala La Nación- los precios de la carne superan a los internacionales” (16/2). El congelamiento llega cuando la curva de la economía y del consumo popular apuntan hacia abajo: si se descuenta el efecto inflacionario, las ventas en supermercados se estancaron en 2012, e incluso cayeron en otro tipo de comercios. El ‘congelamiento’, en este caso, opera como una suerte de ‘cártel’ que busca evitar una competencia de precios o de descuentos por la captura de un mercado que recula. Entra aquí otro factor: la capacidad de endeudamiento por compras de consumo personal ha llegado a un límite. Al mismo tiempo, el ‘cepo cambiario’ dificulta refinanciar las ventas en cuotas en el exterior: muchos comercios grandes ya están cobrando tasas de interés elevadas. El congelamiento apunta, por último, al llamado ‘costo laboral’, lo que significa presionar hacia abajo los acuerdos paritarios.

El control de precios, circunscripto a los supermercados o a la canasta de alimentos, tiene contradicciones insalvables -en primer lugar porque no plantea congelar precios de los abastecedores e industriales. El control debería extenderse a estos sectores y más allá del período de 60 días. Pero existe, asimismo, otra contradicción de peso: la tasa de interés de los bancos, que pasa de negativa a positiva en relación con la inflación. Un crecimiento cero del costo de vida convierte a la tasa de préstamos bancarios -del orden del 30%- en usuraria y confiscatoria, o sea un gran negocio. Bajarla al nivel del congelamiento de precios, sin embargo, desataría una demanda de créditos de un monto tal que destruiría al peso frente al dólar.

Las señales en relación con los salarios están a la vista. El gobierno ha aplicado un decretazo sobre la paritaria docente, mientras aprieta a los sindicatos ‘amigos’ a aceptar una pauta de aumentos en torno del 20%. La versión de un ‘congelamiento prolongado’ le servirá de coartada a la burocracia sindical. Pero una estabilidad de precios se da de cabeza con los aumentos de tarifas y de combustibles y los impuestazos de diversa naturaleza, y con el pago serial de la deuda externa. En los últimos dos años se ha registrado un fuerte aumento de la deuda financiera privada con el extranjero. También ha crecido la deuda dolarizada de las provincias, que se contrae a tasas usurarias.

El gobierno, para colmo, quiere servirse del congelamiento para gastar dinero a rolete en la campaña electoral, con la pretensión de que esto no afecte los precios.

No es posible salir del crecimiento de la carestía sin un congelamiento de precios, pero el control debe tener otro alcance y otro método. Es necesario que se abran los libros de las empresas a la supervisión de los trabajadores; el control debe extenderse a los bancos mediante una nacionalización integral bajo el control de la clase obrera. La economía de una nación se resume en una contabilidad general de recursos y gastos, y de inversión reproductiva y consumo personal.

El manejo de esta contabilidad por parte de los trabajadores permitirá una planificación en beneficio de la gran mayoría, que supera la anarquía del mercado y su sistema histórico de precios.

Es con este concepto estratégico que los sindicatos deben rechazar cualquier reglamentación de los aumentos salariales, y dar la pelea contra el impuesto al salario, la desaparición de las asignaciones salariales y el 82% móvil para los jubilados. Es necesario oponer al ‘libre mercado’ y al ‘congelamiento’ K, un plan económico obrero. Moyano acaba de decir que el esquema económico del oficialismo “está agotado”, pero no ofrece nada a cambio ni convoca a un congreso de bases del movimiento obrero para oponer una alternativa a este derrumbe.

Dar la pelea significa plantear la huelga general.

Miguel Briante