A propósito de la “ley de cascos”
Por Eduardo Salas (*)
La iniciativa fue presentada como un aporte a la lucha contra la inseguridad ante la constatación de que hay un número creciente de delitos (arrebatos, robos, etc.) cometidos por “motochorros”. La patente grabada en el casco permitiría, según los funcionarios del Ministerio de Seguridad, identificar a la distancia o en videocámaras a quienes perpetren estos ilícitos.
Según los propiciantes, se trata de una medida que si bien no resuelve el tema de fondo sería de ayuda para poner un límite a esos delitos.
¿Es efectivamente así?
En las comisiones y en el recinto de la Unicameral señalamos que no podíamos votar a favor del proyecto porque no sólo no va a frenar la inseguridad sino que por el contrario la va a acrecentar.
En los últimos años el presupuesto para seguridad fue aumentado en un porcentaje mayor que otros rubros vitales, como es el caso de salud o educación. Córdoba, según señala el propio gobierno, es la provincia cono mayor cantidad de policías per capita. Cualquiera que recorra la ciudad y la provincia podrá corroborar que es así. De la Sota dio carácter de ministerio a lo que era una secretaría. El gobierno propagandiza que aumentó sustancialmente el número de efectivos, de armas y patrulleros. En los últimos tiempos helicópteros de la policía sobrevuelan la ciudad capital e iluminan con focos potentes las villas de emergencia o los llamados “barrios calientes” (El alumbrado público brilla por su ausencia en casi la mitad de la ciudad). En el terreno de las leyes Córdoba cuenta con un Código de Faltas que otorga a la policía amplios poderes para detener ciudadanos bajo decena de pretextos, sin ningún ilícito evidente. Gracias a este Código el 45% de los jóvenes de Córdoba, sobre todo los de los barrios obreros, ya pisó una comisaría o precinto y tiene una “ficha”. Recientemente se aprobó una ley llamada “antidrogas”, por la cual un delito que estaba en el ámbito de la justicia federal pasa al fuero provincial si se trata de una comercialización en pequeña escala. Esto ya sirvió para operativos sobre consumidores, etc.
Ahora bien toda estas “herramientas” que el gobierno y la legislatura le dieron a las fuerzas de represión, ¿significaron una merma de la inseguridad? No, todo lo contrario (En estos primeros meses del año la cantidad de homicidios en la provincia creció exponencialmente, acercándose a las cifras de Rosario que lideraba el ranking).
¿Se trata de una contradicción? No.
Los propios funcionarios del gobierno y algunos de la justicia reconocen que el Código de Falta habilita un abuso policial, sería la consecuencia “negativa” de una medida necesaria. El Código de Faltas, el fuerte armamento, las leyes “estilo Blumberg” fortalecen un aparato y por lo tanto la posibilidad de impunidad de sus acciones. Los delitos que invaden la vida cotidiana de la población no podrían realizarse sin la intervención de un fuerte aparato, es lo que sucede con la droga, la trata y el robo de automotores por ejemplo. En estos delitos están fuertemente metidos funcionarios policiales, políticos y judiciales que pudren la vida de la juventud y que reclutan en las barriadas arreciadas por la desocupación la mano de obra barata para sus negocios de la que luego se desprenden (muchas veces con un tiro); son una fábrica de delincuentes. El gatillo fácil es la emergencia visible de esta pudrición.
Es el aparato estatal podrido la fuente de la inseguridad, y todas las medidas y leyes que fortalezcan ese aparato, su impunidad, su poder represivo sobre la población, provocan mayor inseguridad. Y esto es lo que sucederá con la llamada ley de los cascos.
La salida es desarmar (legalmente y materialmente) ese aparato podrido. La función de una acción represiva sobre el delito tiene que tener como único sentido cuidar la vida y la propiedad de los trabajadores, por lo que debe estar en manos de personal sin ninguna vinculación con el aparato que aún hoy es una continuidad del existente bajo la dictadura militar, y cuya designación debe hacerse con el control y el poder de veto de las organizaciones de DDHH y de la clase obrera.
Más aun, la acción de una fuerza de represión del delito debe estar sujeta al control de la población (Los libros de las comisarías y precintos son propiedad privada de los funcionarios policiales cuando debieran estar abiertos al control de los vecinos de las barriadas donde están asentados). Los funcionarios policiales y jueces deben ser elegidos, con la posibilidad de revocatoria, por el voto popular.
Este programa de medidas transitorias es el que puede garantizar una disminución de la inseguridad y actuar sobre los verdaderos generadores de los delitos. Estas medidas complementan la lucha por el salario igual a la canasta familiar, la eliminación de los impuestos sobre los ingresos, contra la desocupación, por la salud y la educación.
Los políticos patronales usan el argumento de la inseguridad que sus gobiernos provocan para obtener mayor impunidad y poder para quienes evidentemente están atrás de la misma. No es más que la confesión de la definitiva pudrición del capitalismo, cuyos funcionarios sostienen a costa de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.
La alternativa es por izquierda y es socialista.
(*) Dirigente del Partido Obrero de Córdoba en el Frente de Izquierda; candidato a Diputado Nacional.
